Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00566-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: por privación injusta de la libertad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00566-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2008-00566-01
Consejero ponente: Stella Conto Díaz del Castillo
25 de mayo de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - De persona sindicada de delitos de favorecimiento, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios./ MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Detención preventiva / DETENCIÓN PREVENTIVA - Por presunta participación delitos endilgados / PRECLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN - Por delito que no cometió el investigado / DAÑO ANTIJURÍDICO - Privación injusta de la libertad del 7 de enero al 27 de febrero de 2006
Se encuentra probado que los señores Carlos Alberto Moreno Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa estuvieron privados de la libertad entre el 7 de enero y el 27 de febrero del año 2006, en razón de las medidas adoptadas en el curso del proceso penal seguido en su contra por su presunta participación en la comisión de los delitos de favorecimiento, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
RECURSO DE APELACIÓN - Competencia / COMPETENCIA - DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - Por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia / COMPETENCIA TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS - Conocen en primera instancia procesos de reparación directa por privación injusta de la libertad / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO - Conoce de procesos de privación injusta de la libertad en segunda instancia
Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, en los términos del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, y acorde con la interpretación sobre la materia de la Sala Plena de la Corporación, a cuyo tenor la primera instancia de los procesos en ejercicio de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y error jurisdiccional se tramitan ante los Tribunales Contenciosos Administrativos, sin sujeción a la cuantía. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa en casos de reparación directa por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad y defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, consultar auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 34985, MP. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73
CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término de dos años para instaurar la demanda / CONTEO TERMINO EN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Se cuenta a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado
Cuando la citada acción se formula con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el día siguiente al de la ejecutoria de la providencia que absuelve al sindicado y pone fin al proceso penal, toda vez que es a partir de ese momento en que se conoce que la privación fue injusta. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de privación injusta de la libertad, consultar sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp. 13392, CP. Ricardo Hoyos Duque; de 14 de febrero de 2002, Exp. 13622, CP. María Elena Giraldo Gómez de 23 de junio de 2010, Exp. 17493, CP. Mauricio Fajardo Gómez
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL - Fundamento constitucional / DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL - Inviolabilidad por parte de los particulares o del Estado / DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL - - Garantías de protección contra detención arbitraria y de reparación en casos de su afectación por los agentes del Estado
La Constitución Política, fiel a la filosofía liberal que la inspira, consagra un modelo de Estado que tiene su pilar fundamental en la inviolabilidad de la dignidad humana y de la libertad como uno de sus valores fundantes (Preámbulo) y como principio normativo básico (artículo 1). La dimensión axiológica y principialista de la libertad humana se concreta, a su vez, previsiones constitucionales, en virtud de los cuales la autonomía humana ha de ser protegida de toda coacción ilegítima por parte de los particulares o del Estado. Entre este catálogo de libertades fundamentales, se destaca la garantía contra la retención arbitraria por parte de las autoridades que detentan el poder coactivo, que la Carta Política recoge en su artículo 28. (…) Por otra parte, el personalismo acogido por la Constitución Política da lugar a que ésta contemple una salvaguarda especial contra la afectación de los derechos e intereses legítimos de los particulares por parte del Estado, que es su garante, así el artículo 90 lo dispone. (…) En concordancia con estos dos mandatos constitucionales, surge el deber estatal de responder patrimonialmente en los casos en los que la privación de la libertad por parte de las autoridades constituya un daño antijurídico, esto es, una lesión de un derecho, un interés o una situación legítima que el afectado no está en obligación de soportar.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 28 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90
DAÑOS DERIVADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Por privación injusta de la libertad / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - En casos de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, error jurisdiccional y privación injusta de la libertad”.
El artículo 65 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, dispone que el Estado responde por los daños antijurídicos causados por “el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”. Puntualmente, sobre el error judicial y la privación injusta de la libertad, los artículos 66 y 68 de la misma ley, en su orden, señalan que es “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley” y que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 66 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 68
RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Imputación objetiva / IMPUTACIÓN OBJETIVA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Cuando se comprueba que el hecho no existió, sindicado no lo cometió y la conducta es atípica / IMPUTACIÓN OBJETIVA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD -Aplicación de los supuestos señalados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991
La jurisprudencia de esta Corporación, en punto de la responsabilidad por privación injusta de la libertad, viene señalando que quien es sujeto de detención preventiva y finalmente es exonerado porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal. (…) Si bien los supuestos en comento fueron estatuidos por el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, la Sala ha considerado su plena aplicación, en tanto aquellos son desarrollo del artículo 90 constitucional, de este modo la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 y de la Ley 906 de 2004, aplicable al caso en estudio, no inhiben su aplicación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, consultar sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 21653, CP. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 414 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / LEY 906 DE 2004
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - No es procedente si se evidencia dolo o culpa grave de la víctima en la comisión del daño censurado / HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA - Cuando se comprueba que el daño se produce con culpa grave o dolo del afectado
A la luz de los artículos 2, 83 y 95 constitucionales, la víctima no puede alegar a su favor su propia culpa. Así, la conducta del imputado es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad. Subregla que además goza de plena compatibilidad con lo consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, numeral 6 del artículo 14. (…) Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. (…) Esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas; empero incumplieron sus deberes constitucionales y legales de manera que su conducta puede considerarse dolosa o gravemente culposa, a la luz de los modelos de comportamiento previstos en el ordenamiento. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la culpa grave y el dolo de la víctima en la comisión del hecho dañoso como causal eximente de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, consultar sentencias de 2 de mayo de 2007, Exp. 15463, CP. Mauricio Fajardo Gómez; de 18 de febrero de 2010, Exp. 17933, CP. Ruth Stella Correa Palacio; de 9 de junio de 2010, Exp. 37722, CP. Mauricio Fajardo Gómez (E); de 11 de julio de 2013, Exp. 27463, CP. Enrique Gil Botero; de 30 de abril de 2014, Exp. 27414, CP. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 83 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 95 / PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS - ARTÍCULO 14 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 63
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Existente por delito que no cometió el investigado / DAÑO ANTIJURÍDICO Carga que el sindicado no se encontraba en el deber jurídico de soportar
La Sala debe apartarse de la decisión de primera instancia que coligió que la privación de la libertad de los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias no podía considerarse como injusta e imputarse a las entidades demandadas, en tanto el análisis integral de los antecedentes del proceso penal revelan que su conducta no puede calificarse como gravemente culposa. (…) La privación de la libertad de los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa es injusta y es imputable a las entidades demandadas, toda vez que la investigación adelantada en su contra por los delitos de ocultamiento de medios materiales de prueba y favorecimiento concluyó con una decisión absolutoria debido a que no se logró desvirtuar su presunción de inocencia. Concretamente, porque sus actuaciones no constituían un delito como enfáticamente lo puso de presente la Fiscalía. (…) Bajo este contexto, la Sala estima que los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa no cometieron los delitos de ocultamiento de medio material de prueba o favorecimiento, por lo que no tenían que soportar la privación de su libertad como efectivamente ocurrió
FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN - Entes competentes / FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN - Regulación legal / FUNCIÓN INVESTIGATIVA - En cabeza de la Fiscalía General de la Nación / FUNCIÓN JURISDICCIONAL - Radicada en la rama judicial / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Decisión restringida a los jueces de conocimiento o en función de control de garantías
Con la expedición de la Ley 906 de 2004, el legislador, al estatuir en nuestro ordenamiento jurídico el Sistema Penal Acusatorio, distinguió de manera clara y precisa en cabeza de quién recae las funciones de investigar y acusar -Fiscalía General de la Nación- y sobre quién radica la función de juzgar -Rama Judicial-. En este sentido, a la luz de las disposiciones consagradas en la normativa procesal penal vigente, la facultad jurisdiccional se encuentra radicada única y exclusivamente en cabeza de la Rama Judicial, razón por la cual, los únicos que pueden tomar la decisión de privar a una persona de su libertad son los jueces, ya sean de conocimiento o en función de control de garantías. En otras palabras, son los jueces quienes, actualmente, pueden restringir la libertad y en esa medida sus decisiones en principio son la causa determinante de los daños, en eventos como el que ahora se analiza. (…) es decir de la radicación de las funciones jurisdiccionales en la Rama Judicial, la Sala considera que en cada caso debe analizarse la incidencia que puede tener la Fiscalía General de la Nación en la causación del daño, toda vez que es a ella a quien en ejercicio de sus competencias corresponde solicitar la medida de aseguramiento y llevar los elementos de probatorios y de juicio para determinar su viabilidad y necesidad, como responsable de la investigación, los que, pueden llegar a incidir en el juicio del juez de manera definitiva.
FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Deben ser reconocidos en igual medida a víctima directa del daño y sus familiares por afectación, congoja y angustia que el hecho dañoso les ocasiona / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES DE FAMILIARES MAS CERCANOS - Para su procedencia basta con la prueba del parentesco o relación marital
De acuerdo con la jurisprudencia actual de la Sala, con apoyo en las máximas de la experiencia, es posible inferir que la privación injusta de la libertad genera angustia y aflicción, tanto en las personas que han visto limitada su libertad como sus allegados más cercanos, por eso la acreditación del parentesco con el competente registro civil de nacimiento, es suficiente para tener por acreditado este tipo de perjuicios. Al tiempo, se ha señalado que el dolor de los padres es tan grande como el del hijo privado, padecimiento que se ha considerado, también sufren en igual intensidad el cónyuge, compañera o compañero permanente y los hijos del privado de la libertad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el daño moral proveniente de la privación injusta de la libertad, consultar sentencia de 1° de marzo de 2006, Exp. 15440, CP. María Elena Giraldo Gómez.
PERJUICIOS MORALES - Criterios reiterados jurisprudencialmente para su tasación en casos de privación injusta de la libertad
Para el establecimiento del quantum la Sala Plena de Sección Tercera tiene establecidos unos baremos definidos en función del tiempo por el que se prolonga la privación de la libertad, recientemente reiterados en sentencia del 29 de junio del 2014. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los criterios jurisprudenciales para tasación de perjuicios morales por privación injusta de la libertad, consultar sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, MP. Hernán Andrade Rincón (E).
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES - Procede su reconocimiento a favor de grupos familiares demandantes / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES - Conforme a los criterios retirados por la jurisprudencia
Para la Sala es procedente reconocer a favor de los demandantes indemnización por concepto de perjuicio moral con fundamento en los registros civiles aportados al proceso. En ese sentido, de acuerdo con el tiempo de privación de la libertad de aproximadamente dos meses, la intensidad, la extensión y la gravedad de la afectación en la que se incluyen las afectaciones al buen nombre por la difusión de la noticia en los medios de comunicación, se asignarán las sumas de dinero tasadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los grupos familiares demandantes.
DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN - Se entiende resarcido por vía del reconocimiento de los perjuicios morales
En la demanda se concretaron los daños a la vida de relación en el hecho de que los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa se tuvieron que alejar forzosamente del nucleó familiar por cuenta de las medidas impuesta en su contra por las entidades demandadas, situación que privó a sus seres queridos de su afecto y compañía. (…) Sin perjuicio de otras categorías de perjuicios inmateriales que pudieren acreditase, procederá a negar las pretensiones por este concepto, bajo el entendido de que perjuicios como las que ahora se solicitaron a título de daño a la vida de relación deben entenderse resarcidos por vía del reconocimiento de los perjuicios morales, incluido el dolor que comprende la ausencia de los seres queridos para el grupo familiar.
PERJUICIOS MATERIALES POR DAÑO EMERGENTE - Por pago de honorarios de abogado para representación en proceso penal / INDEMNIZACIÓN POR DAÑO EMERGENTE - Procede por acreditarse mediante contrato de prestación de servicios y recibos de pago
Para acreditar el pago de honorarios obra en el expediente un contrato de prestación de servicios profesionales calendado el día 12 de enero de 2006 suscrito entre el señor Carlos Alberto Morales Nieto y el abogado Carlos Efrén Salamanca Morales con el objeto de que este último lo represente dentro de la investigación que se adelantaba en su contra por el delito de favorecimiento por ocultamiento o cualquier otro que se le llegare a imputar en el que se fijó unos honorarios de $10.000.000. Así mismo, los recibos de pago suscritos por el profesional del derecho por ese mismo valor. En este sentido, acreditada como se encuentra la anterior erogación y que el mencionado profesional, a diferencia de lo manifestado por la Fiscalía General de la Nación, fue quien lo asistió durante parte del procedimiento, concretamente durante la audiencia de preclusión de la investigación, se procederá al reconocimiento de dicho valor, previa su actualización.
PERJUICIOS MATERIALES POR DAÑO EMERGENTE - Por pérdida del establecimiento de comercio / INDEMNIZACIÓN DE DAÑO EMERGENTE - No se probó el daño alegado
En lo que respecta a la pérdida del establecimiento de comercio Industrias Metálicas Nieto que presuntamente se cerró y perdió sus clientes, para la Sala no resulta suficiente para tener por acreditado dicho perjuicio el testimonio del señor Holguer Garibello Cespedes, en el que puso de presente:“…estando Carlos encerrado les tocó cerrar el taller y eso le afectó en el cumplimiento de sus compromisos y empleados…a pesar de todas la dificultades Carlos volvió abrir el taller, pero ahora lo tiene ubicado en el sector de Bosa y Wilson le trabaja a él”… toda vez que de esa afirmación no se puede tener por establecida que la causa del supuesto cierre del establecimiento de comercio fue la privación de la libertad del señor Morales Nieto, si se tiene en cuenta que la privación de la libertad fue por un periodo inferior a dos meses y que, según los propios demandantes, era un negocio familiar, lo que permite inferir que no necesariamente dependía de él.
PERJUICIOS MATERIALES - Lucro cesante / LUCRO CESANTE - Por lo dejado de percibir por la víctima durante su privación a la libertad / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES POR LUCRO CESANTE - Liquidada con base en el salario mínimo legal mensual vigente por no encontrarse probado cuantía de ingresos mensual / LIQUIDACIÓN DE LUCRO CESANTE - Debe contener tiempo que se presume una persona demora en conseguir trabajo / PRESUNCIÓN DE CESACIÓN LABORAL DESPUÉS DE RECUPERAR LA LIBERTAD - 35 semanas
En el expediente se encontró probado que los antes nombrados estuvieron privados de la libertad, entre el 7 de enero y el 27 de febrero del año 2006, por lo cual se reconocerá los salarios dejados de percibir durante dicho periodo (1.6 meses). Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, “una persona puede tardar hasta 35 semanas” (8,75 meses) en conseguir empleo, después de que recupera la libertad, cuando ha sido privada de la misma, en razón de una orden judicial. De este modo, ha dicho la Sala que, en casos como el sub judice, la indemnización por lucro cesante debe abarcar lo dejado de percibir “desde el día en que se produjo (…) la privación injusta de la libertad hasta pasadas 35 semanas después de que la persona ha sido nuevamente puesta en libertad”. En este sentido, el periodo a indemnizar será de 10,35 meses. Como se advirtió, para la liquidación se tendría en cuenta el salario mínimo legalmente mensual vigente ($737.717), el que se debe incrementar en un 25% correspondiente al factor prestacional ($922.146,25).
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejera ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00566-01(41784)
Actor: CARLOS ALBERTO MORALES NIETO Y OTROS
Demandado: RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de mayo de 2011 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de noviembre de 2008, en ejercicio de la acción de reparación directa, prevista en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, por intermedio de apoderado judicial, los señores Carlos Alberto Morales Nieto, Flor Ángela Vargas Jiménez quien actúa en su nombre y en representación de sus hijos menores Carlos Brandon y Haider Leandro Morales Vargas y Ana Francisca Nieto Morales; Wilson Ernesto y Blanca Cecilia Arias Roa, esta última en nombre y representación de su hijo Ricardo Bernal Arias presentaron demanda contra la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación, con base en las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Declarar que LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN son administrativamente, extracontractualmente y solidariamente responsables de los perjuicios de orden material y moral causados a los demandantes CARLOS ALBERTO MORALES NIETO, FLOR ÁNGELA VARGAS JIMÉNEZ, CARLOS BRANDON MORALES VARGAS, HAIDER LEANDRO MORALES VARGAS, ANA FRANCISCA NIETO DE MORALES, WILSON ERNESTO ARIAS ROA y BLANCA CELILIA ARIAS ROA a consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fueron objeto CARLOS ALBERTO MORALES NIETO y WILSON ERNESTO ARIAS ROA, durante el periodo comprendido entre el 7 de enero de 2006 y el 28 de febrero de 2006, con base en la injusta imputación que realizara la Fiscalía Novena 9 Seccional de Bogotá, consistente en la medida de aseguramiento de detención preventiva ordenada por el Juzgado 17 Penal Municipal de Bogotá en Función de Control de Garantías y quien fuera vinculado al proceso penal radicado con el No. 1100160000492006-05249 NI:26526 por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y favorecimiento por encubrimiento; habiéndose precluido la investigación en su favor el 7 de noviembre de 2006, fecha (sic) por el Juzgado 20 Penal del Circuito de Conocimiento, providencia que quedó ejecutoriada posteriormente.
SEGUNDA: Declarar que LA NACIÓN-RAMA JUDICIAL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y LA NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN son administrativa, extracontractualmente y solidariamente de los perjuicios morales y a la vida de relación familiar causados a los demandantes CARLOS ALBERTO MORALES NIETO, FLOR ÁNGELA VARGAS JIMÉNEZ, CARLOS BRANDÓN MORALES VARGAS, HAIDER LEANDRO MORALES VARGAS, ANA FRANCISCA NIETO DE MORALES y a los demandantes WILSON ERNESTO ARIAS ROA y a su hermana BLANCA CECILIA ARIAS ROA y sobrino RICARDO BERNAL ARIAS, a consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fueron objeto el señor CARLOS ALBERTO MORALES NIETO y WILSON ERNESTO ARIAS ROA, durante el periodo comprendido entre el 7 de enero de 2006 y el 28 de febrero de 2006 con base en la injusta imputación que realizara la Fiscalía Novena 9 Seccional de Bogotá, consistente en la medida de aseguramiento de detención preventiva ordenada por el Juzgado 17 Penal Municipal de Bogotá con Función de Control de Garantías, y quien fuera vinculado al proceso penal radicado con el No. 1100160000492006-05249 NI: 26526, os (sic) daños morales se presumen en los casos de la privación injusta de la libertad de conformidad con la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, en este caso se agravaron dado que el (sic) CARLOS ALBERTO MORALES NIETO y WILSON ERNESTO ARIAS ROA fueron sometidos a escarnio público, siendo presentados ante los medios de comunicación como delincuentes que habían incurrido en el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, relacionándolos con el caso en investigación de homicidio de cuatro personas en el barrio Modelia de Bogotá, el equivalente en salarios mínimos legales mensuales, vigentes a la fecha de ejecutoria de la conciliación si la hubiere y/o la sentencia que ponga fin al presente proceso.
(por el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales prabatorios y favorecimiento por encubrimiento; quien fue presentado ante los medios de comunicación televisión City TV, prensa El Tiempo, como integrante (sic) de una banda que cometiera (sic)).
TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones (sic) condenar solidariamente a la Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura y la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales, el equivalente en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la conciliación si la hubiere y/o la sentencia que ponga fin al presente proceso así:
Para CARLOS ALBERTO MORALES NIETO
La suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su condición de directo perjudicado, por haber sido injustificadamente privado del derecho de libertad y sometido a un proceso penal por un delito que no cometió y vinculado a un proceso penal por espacio de 10 meses.
La suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en su condición de directo perjudicado, por la afectación al buen nombre (sic) haber sido presentado ante los medios de comunicación como integrantes de una banda de asesinos siendo como persona bastante conocida en Garagoa-Boyacá y como comerciante, también en Bogotá.
Para WILSON ERNESTO ARIAS ROA
La suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su condición de directo perjudicado, por haber sido injustificadamente privado del derecho de libertad y sometido a un proceso penal por un delito que no cometió y vinculado a un proceso penal por espacio de 10 meses.
La suma de cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en su condición de directo perjudicado, por la afectación al buen nombre (sic) haber sido presentado ante los medios de comunicación como integrantes de una banda de asesinos siendo como persona bastante conocida en Garagoa –Boyacá y como comerciante, también en Bogotá.
Grupo familiar de CARLOS ALBERTO MORALES NIETO: Para FLOR ÁNGELA VARGAS JIMÉNEZ, su esposa, CARLOS BRANDÓN MORALES VARGAS, HAIDER LEANDRO MORALES VARGAS, sus hijos menores, y ANA FRANCISCA NIETO MORALES, madre, quienes integran su grupo familiar, la cantidad de (100) salarios mínimos legales mensuales para cada uno de ellos, en razón a que se (sic) sufrieron un intenso dolor moral y aún sufren las consecuencias de tales perjuicios.
Para BLANCA CECILIA ARIAS ROA cien (100) salarios mínimos legales mensuales y PARA SU HIJO RICARDO BERNAL ARIAS, cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
CUARTA: Condenar solidariamente a la Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura y la Nación-Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar a cada uno de los demandantes a título de indemnización por los perjuicios y daños a la vida de relación de acuerdo a la sentencia del M.P. Alier Hernández E. del 19 de mayo de 2000, expediente 11.842, como consecuencia del hecho antijurídico, equivalente en salarios mínimos legales mensuales, vigentes a la fecha de ejecutoria de la conciliación si la hubiere y/o la sentencia que ponga fin al presente proceso.
Para CARLOS ALBERTO MORALES NIETO, directo perjudicado la suma de DOCIENTOS (200) salarios M.L.V.
Para FLOR ÁNGELA VARGAS JIMÉNEZ, su esposa, CARLOS BRANDON MORALES VARGAS, HAIDER LEANDRO MORALES VARGAS, sus hijos menores, y ANA FRANCISCA NIETO DE MORALES, madre, la suma de cien (100) salarios M.L.V.
Para WILSON ERNESTO ARIAS ROA, directo perjudicado la suma de DOCIENTOS (200) salarios M.L.V.
Para BLANCA CECILIA ARIAS ROA, la suma de cien (100) salarios M.L.V. y para su hijo cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
QUINTA: Condenar a la Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación a reconocer y a pagar a favor del señor CARLOS ALBERTO MORALES NIETO, por los perjuicios materiales causados correspondientes al lucro cesante y el daño emergente, al no poder volver a desarrollar su trabajo, labores habituales, perder credibilidad ante los comerciantes, proveedores, negársele crédito, como consecuencia de la privación injusta de la libertad y del posterior descrédito en que quedó al ser sindicado de un delito que no cometió, teniendo en cuenta para la liquidación las siguientes fuentes:
-LUCRO CESANTE: Está constituido por las sumas de dinero dejadas de percibir a consecuencia de estar privado de la libertad y no poder volver a desarrollar su trabajo y labores habituales, perdiendo la credibilidad ante los comerciantes, proveedores, al negársele el crédito fue necesario cerrar el negocio de su propiedad -Industrias Metálicas Nieto- del cual generaba la fuente de sostenimiento para él y para su familia, los cuales se demuestran en las facturas de venta y de compra de materia prima para la fabricación de mercancía, constitución ante Cámara de Comercio.
Se estiman provisionalmente estos perjuicios en la suma de $30.000.000.oo.
-DAÑO EMERGENTE:
SUFRIDO POR CARLOS ALBERTO MORALES NIETO
Esta constituido (sic) los daños surgidos directamente de la injusta detención sufrida por el señor CARLOS ALBERTO MORALES NIETO, constituido por:
El valor de los honorarios que el señor CARLOS ALBERTO MORALES NIETO y su familia tuvieron que sufragar para contratar el abogado penalista Dr. CARLOS EFRÉN SALAMANCA MORALES, a quién le cancelaron la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/Cte.($10.000.000.oo) para que lo representara en el proceso penal. Anexo copia del contrato de prestación de servicios y recibos de pago.
Pérdida de clientes y proveedores de su reconocido negocio.
Pérdida del establecimiento de comercio fuente de empleo para él y su esposa.
DAÑO EMERGENTE SUFRIDO POR WILSON ERNESTO ARIAS ROA
Para el señor WILSON ERNESTO ARIAS ROA la suma que devengaba que era de un millón de pesos mensuales, pero dado que, por su actividad de comercio informal, no puede demostrar los recursos de subsistencia, al menos debe reconocerse el salario mínimo mensual según la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado.
SEXTA: La Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura y la Nación-Fiscalía General de la Nación, por intermedio de los funcionarios a quienes corresponda la ejecución de la sentencia y/o conciliación dictarán dentro de los treinta (30) días siguientes de la comunicación, la resolución correspondiente en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento y pagará intereses moratorios a partir de su ejecutoria, según lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
SÉPTIMA: Condenar en costas a la parte demandada, si se opone a las pretensiones de la demanda, dada la palmaria falla en el servicio de administración de justicia…” (fls. 6 a 10, c.1 - negrillas originales).
2. Fundamentos de hecho
Como fundamentos fácticos de las pretensiones deprecadas se plantearon:
2.1 El día 7 de enero de 2006, los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa, mientras colaboraban a la señora Francy Helena Gutiérrez a mudarse de una casa ubicada en el barrio Castilla de esta ciudad, fueron capturados por miembros de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación.
En ese momento y mientras se los puso a disposición de la autoridad competente, no se les dio información ni se les permitió comunicarse con su familia, las que se enteraron de lo sucedido por los medios masivos de comunicación.
2.2 El día siguiente fue realizada la audiencia preliminar ante el Juzgado 17 Penal Municipal de Bogotá con funciones de control de garantías, en la que se legalizaron las capturas y los elementos incautados, se formuló la imputación, para el caso de los señores Morales Nieto y Roa Arias por los delitos de ocultamiento de medio material de prueba y favorecimiento y se les impuso medida de aseguramiento, en centro carcelario tal como lo solicitó la Fiscalía, pues el juzgado consideró que podía obstruir la acción de la justicia.
Esta última decisión fue impugnada.
2.3 El día 24 de febrero de 2006, se surtió audiencia de sustentación y decisión del recurso de apelación ante el Juzgado 52 Penal del Circuito de Bogotá. En la audiencia, se evidenció que los elementos trasladados en realidad no eran elementos materiales de prueba por lo que el despacho judicial tuvo que ordenar la revocatoria de la medida impuesta, lo que valió para que los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa recuperaran su libertad a partir del día 28 de febrero siguiente.
2.4 El 7 de noviembre de 2006 a solicitud de la Fiscalía, el Juzgado 20 Penal del Circuito resolvió, en audiencia, precluir la investigación a favor de los imputados por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales de prueba y favorecimiento. Se destaca de la decisión:
“La Fiscalía manifiesta que frente a las imputaciones por los punibles de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio y favorecimiento por encubrimiento se aplique el artículo 332 del C.P.P. Por atipicidad de los hechos investigados, ya que el hecho de que se estuviera haciendo un trasteo en nada toca con los hechos sucedidos en el caso del barrio Modelia.
La defensa manifiesta estar de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía coadyuvando a la misma.
El despacho considera que la conducta era aislada en relación con los hechos principales de homicidio. No se tienen elementos de juicio para asumir que los aquí mencionados tuvieran una clara orientación de favorecer u ocultar lo intereses de quien cometió los homicidios.
El despacho señala entonces que procede la preclusión a favor de los imputados…”.
2.5 La privación injusta de la libertad de los demandante generó daños materiales, morales y a la vida de relación, estos últimos agravados por la difusión de la noticia por los medios masivos de comunicación (fls. 10 a 14, c.1).
3. Oposición a la demanda
3.1 La Nación-Rama Judicial señaló que no podía pasarse por alto que el proceso penal se tramitó conforme lo dispuesto en la Ley 906 de 2004, en esa medida debía tenerse en cuenta que la medida de aseguramiento fue solicita por la Fiscalía General de la Nación con fundamento en las evidencias que esta misma recaudó para la satisfacción de lo dispuesto en el artículo 308 de ese estatuto.
De esta forma, concluyó que el juez de control de garantías procedió conforme a lo señalado y puesto de presente por dicha entidad a imponer medida de aseguramiento, pues las evidencias daban cuenta que los imputados podían obstruir la investigación, en esa medida solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Sin perjuicio de lo anterior, puso de presente la sujeción de sus funcionarios al principio de legalidad y al debido proceso penal, al punto que fue el Juez 52 Penal del Circuito, quien, al resolver la alzada contra la medida de aseguramiento, finalmente, retornó a la libertad a los demandantes (fls. 86 a 94 y 114 a 118, c.1).
3.2 La Fiscalía General de la Nación con fundamento en las normas que regulan las competencias de la entidad y el proceso penal señaló que sus actuaciones, en todo se ciñeron al principio de legalidad, de donde, de ninguna de ellas se podía derivar un error judicial. Advirtió que pese a que el proceso terminó con una decisión absolutoria la vinculación de los encartados, la imputación y detención preventiva se hizo con fundamento en las evidencias que daban cuenta de su compromiso con los hechos investigados (fls. 70 a 75 y 120 a 124, c.1).
4. Alegatos
4.1 La Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos de la contestación. Adicionalmente, manifestó que conforme a la Ley 906 de 2004, la Fiscalía no es quien impone la medida de aseguramiento, sino el juez de control de garantías, una vez encuentre satisfechos los presupuestos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal. En esa medida señaló que sería a la Nación-Rama Judicial sobre quien cabria algún reproche de considerarse la privación de los demandantes injusta.
No obstante lo anterior, manifestó que las pruebas recaudadas dan cuenta de la justificación de la medida, si se tiene en cuenta que los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa fueron sorprendidos rompiendo los sellos impuestos por la institución y colaborando a la señora Francy Helena Gutiérrez, imputada por el delito de homicidio, a realizar una mudanza, lo que denotaba que estaban incursos en el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios y favorecimiento por encubrimiento, lo que condujo a la entidad a presentarlos ante el juez de control de garantías, quien finalmente ordenó su detención.
Por otra parte, puso de presente que los perjuicios reclamados no se encuentran acreditados. Especialmente, los honorarios de abogado que se solicita a título de daño emergente, si se considera que el profesional del derecho que supuestamente asistió en defensa de los inculpados no registra actuaciones en el proceso.
Finalmente, advirtió que el señor Ricardo Bernal Arias, para el momento de presentación de la demanda era mayor de edad, por lo que debió conceder poder para su representación y no actuar a través de su madre, de donde no es posible acceder a reconocimiento alguno en su favor de llegarse a proferir una sentencia condenatoria (fls. 162 a 171, c.1).
4.2 La parte actora manifestó que los elementos de prueba allegados, especialmente el CD en el que se registra la audiencia de apelación de la medida de aseguramiento, se puede constatar la privación injusta de la libertad, ya que quedó en evidencia que la Fiscalía se limitó a señalar que los señores Morales Nieto y Arias Rojas incurrieron en los delitos de ocultamiento de medios materiales de prueba y favorecimiento, sin señalar y aportar prueba alguna que ilustre porque el trasteo que realizaron los dejaba incursos en dichas conductas penales.
En su opinión, si las entidades demandadas no tenían evidencia de que en la casa existían medios materiales de prueba, era su obligación ahondar en la investigación para determinar si en realidad los demandantes infringieron la ley penal y no proceder como en este caso, a privarlos de la libertad y a tenerlos sujetos a un procedimiento por un lapso aproximado de 11 meses.
Por último, indicó que demostrada como se encuentra la responsabilidad de las entidades demandadas, se debe proceder al reconocimiento de los perjuicios, porque existe suficiente material probatorio que los acreditan (fls. 187 a 190, c.1).
5. La sentencia
En sentencia del 25 de mayo de 2011, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones.
Luego de tener por acreditado el daño, esto es la privación de la libertad de los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa, el a quo señaló que la decisión en que se impuso la medida de aseguramiento no puede ser considera como constitutiva de error judicial, toda vez que, finalmente, fue revocada en razón del recurso de apelación, momento en que los imputados recuperaron su libertad.
Por otra parte, señaló que, en todo caso, la privación de la libertad no podía ser considera injusta e imputarse a las demandadas, toda vez que los antes nombrados actuaron con culpa grave, si se tiene en cuenta que los sellos oficiales impuestos sobre el inmueble y su contenido no les generó ningún reparó, cuando cualquier persona puede inferir que unos objetos sellados están a disposición de la autoridad. Así razonó el tribunal:
“…En efecto, de lo probado se tiene que los indiciados no fueron privados de la libertad de manera injusta, pues como bien lo explica la Fiscal de conocimiento y la Juez que impuso la medida de aseguramiento, no es entendible como este grupo de personas, no se percataron de los sellos impuestos por parte de la Fiscalía General de la Nación, al inmueble con el fin de resguardar el material probatorio o evidencia física que pudiera ayudar a la investigación por el múltiple homicidio ocurrido en el barrio Modelia de Bogotá. Con este lineamiento, era más que entendible, sin importar el grado de escolaridad de los indiciados inferir que los elementos que ellos estaban trasladando al camión se encontraban a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por tanto, debían primero no haber ingresado a esta residencia, y segundo, no haber movido ninguno de los elementos que se encontraban dentro de aquella residencia; pues no se entiende, que a sabiendas de los sellos y rotulaciones que tenía la vivienda y los elementos que se encontraban dentro de ella, estas personas procedieran a ingresar y mover los elementos que se encontraban dentro de ella. Ahora bien, bajo este entendido, debieron los indiciados reflexionar, y no tomar o emprender las acciones que en ese momento tomaron.
Si bien, cuando se desató el recurso de apelación contra la imposición de la medida de aseguramiento ante el Juez 52 Penal del Circuito de Conocimiento, en sus consideraciones, explicó que no se encontraba ninguno de los indiciados bajo los parámetros del delito de favorecimiento, argumento que “no era la pretensión de amparar o resguardar evidencia, elementos probatorios, eso ha dicho la señora Fiscal en la diligencia del día de hoy, si ello es cierto, es decir si el sello que se impuso en la casa, no era para resguardar evidencia, no tenía pretensiones de aseguramiento de la prueba”.
Está claro, en un primer momento, que con el fin de asegurar los elementos probatorios que pudieran tener conexidad con el múltiple homicidio, la Fiscalía, rotuló cada uno de los elementos que se encontraban dentro de la residencia de la señora FRANCY HELENA GUTIÉRREZ, como presunta coautora del delito de homicidio, ya tantas veces mencionado; ya con el transcurrir de la investigación los elementos que se encontraban dentro (sic) dicha residencia se debilitaron probatoriamente, en el sentido de que ya no eran útiles para la investigación. Ahora bien, esta situación no era un justificante para que los señores CARLOS ALBERTO MORALES NIETO y WILSON ERNESTO ARIAS ROA, actuaron de la manera como lo hicieron.
Trascendental resulta en primer lugar realizar la observación, que si bien los señores MORALES NIETO y ARIAS ROA no fueron los que quitaron los sellos, si vieron que la señora FRANCY HELENA GUTIERREZ lo hizo; situación esta que cualquier personas hubiera podido advertir que la actuación por ella realizada era errónea toda vez, como ya quedó dicho, no se entiende como estos dos señores a pesar de observar como la señora Gutiérrez quitaba los sellos ingresaron a la residencia que se encontraba allanada y debidamente sellada por orden de la Fiscalía General de la Nación; en segundo lugar, es extraño como éstas personas, sí iban a hacer un trasteo (mudanza), por qué estacionaron el camión en la parte de atrás del conjunto residencial, y no frente a la casa, situación que se deja entrever sospechosa…”.
Adicionalmente, el tribunal aclaró que a los asociados les corresponde soportar la carga pública que implica participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación a fin de esclarecer casos oscuros o que presentan duda, aunque al final no se encuentre demostrada la responsabilidad del sindicado, como ocurrió en este caso en que se ordenó la preclusión de la investigación (fls. 192 a 211, c.1).
6. Recurso de apelación
La parte actora impugna la decisión. Señala que el tribunal concluyó una culpa de la víctima que no existe si se tiene en cuenta que los señores Morales Nieto y Arias Roa, simplemente, estaban colaborando a la señora Francy Helena Gutiérrez a realizar una mudanza. Situación con la cual no incurrieron en ningún delito, tal como lo puso de presente la propia Fiscalía cuando solicitó la preclusión de la investigación, al señalar “el hecho de que se estuviera haciendo un trasteo en nada toca con los hechos sucedidos en el caso del barrio Modelia”. Y que de la misma forma entendió el Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá al decretar la preclusión: “El Despacho considera que la conducta era aislada en relación con los hechos principales del homicidio. No se tiene elementos de juicios para asumir que los aquí mencionados tuvieran una clara orientación de favorecer u ocultar los intereses de quien cometió los homicidios. El despacho señala entonces que procede la preclusión a favor de los imputados…”.
En estos términos, cuestiona cómo no considerar que la privación fue injusta cuando sin que hubiesen variado las circunstancias probatorias la Fiscalía en un primer momento solicita la imposición de medida de aseguramiento y luego la preclusión de la investigación.
Por otro lado, señala que el tribunal hizo una indebida apreciación de las pruebas, pues no de otra forma se podría explicar que se haya concluido que los demandantes rompieron unos sellos, cuando la única cinta encontrada estaba en manos de la señora Francy Helena Gutiérrez, pero, especialmente, cuando se demostró que los elementos que trasladados no eran elementos materiales de prueba.
Bajo estas circunstancias, concluye que demostrado que los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa fueron privados de la libertad y luego absueltos porque el hecho que cometieron no era delito, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación deben ser indemnizados, al margen de que se constaten o no fallas en la administración de justicia.
Por último, advierte que el tribunal debió valorar el CD que contenía la audiencia de preclusión, ya que el mismo fue obtenido a través del Centro de Servicios del Sistema Penal Acusatorio, a través del procedimiento establecido para el efecto, otra cosa es que no se haya relacionado en el oficio inicial con el que se entregaron los primeros medios magnéticos porque en ese momento no se encontraba disponible. Advierte, que en todo caso, dicho documento no fue tachado de falso por las entidades demandadas a instancias de quien fue realizado (fls. 214 a 220, c.ppal.).
7. Alegatos de conclusión
La Fiscalía General de la Nación y la parte actora, esencialmente, retomaron los planteamientos que formularon en sus distintas intervenciones (fls. 230 a 245, c.ppal.).
8. Nulidad parcial
El 26 de septiembre del presente año, se puso en conocimiento del señor Ricardo Bernal Arias la configuración de la nulidad consagrada en el numeral 7 del artículo 140 del C.P.C, para que proceda a solicitar su declaración o saneamiento.
Lo anterior, dado que se advirtió su mayoría de edad, a tiempo de presentación de la demanda, de acuerdo con su registro civil de nacimiento (fl. 9, c.2) y la representación de su madre.
Con fecha 17 de noviembre del presente año, la Secretaría de la Sección informó que, dado que se desconocía el lugar para notificaciones del señor Bernal Arias, el 21 de octubre le entregó aviso a la señora apoderada de la parte demandante, con el fin de lograr la notificación del señor Ricardo Bernal Arias, quien señaló que desconocía el paradero del grupo familiar demandante.
En esos términos, el día 22 de noviembre de este año, se decretó la nulidad de lo actuado en relación al señor Bernal Arias lo que significó su desvinculación de la litis, al ser patente que, tampoco quien instauró la demanda estaba en la capacidad de proceder a su saneamiento.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Presupuestos procesales
1.1 Competencia
Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, en los términos del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de Administración de Justicia, y acorde con la interpretación sobre la materia de la Sala Plena de la Corporación, a cuyo tenor la primera instancia de los procesos en ejercicio de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y error jurisdiccional se tramitan ante los Tribunales Contenciosos Administrativos, sin sujeción a la cuantía.
1.2 Caducidad
El artículo 136 del C.C.A. preceptúa:
(…)
8. La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.
(…)
Cuando la citada acción se formula con fundamento en la privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta desde el día siguiente al de la ejecutoria de la providencia que absuelve al sindicado y pone fin al proceso penal, toda vez que es a partir de ese momento en que se conoce que la privación fue injusta.
Entonces, como la presente demanda se formuló el 10 de noviembre de 2008, resulta claro que el término de caducidad no se completó, en tanto la la decisión de preclusión de la investigación dictada en audiencia por el Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá quedó ejecutoriada el 7 de noviembre de 2006, en tanto los intervinientes no propusieron recursos (fls. 44 y 45, c.2 – acta de audiencia de preclusión).
Sobre el particular, la Sala debe aclarar, tal como se hizo en primera instancia, que el día 8 de noviembre de 2008 fue sábado, de donde la demanda podía presentarse el día hábil siguiente, por tratarse de un término de años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal.
1.3 Legitimación
La parte demandante, integrada por los señores Carlos Alberto Morales Nieto, Flor Ángela Vargas Jiménez quien actúa en su nombre y en representación de sus hijos menores Carlos Brandon y Haider Leandro Morales Vargas y Ana Francisca Nieto Morales; Wilson Ernesto y Blanca Cecilia Arias Roa y Ricardo Bernal Arias, está legitimada en tanto aduce que fue afectada por la privación injusta de la libertad de los precitados Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa y acreditaron la condición con la que dijeron comparecer al proceso.
La Nación-Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación están legitimadas por pasiva, habida cuenta que en el marco de sus competencias adelantaron las actuaciones que condujeron a la captura, vinculación y detención preventiva de los antes nombrados.
2. Problema jurídico
Debe la Sala resolver el recurso de apelación con miras a determinar si los demandantes sufrieron un daño antijurídico en virtud de que los señores Carlos Alberto Moreno Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa estuvieron privados de la libertad, entre el 7 de enero y el 27 de febrero de 2006 y, de ser ello así, si este es imputable a la Nación-Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación o a las propias víctimas como lo concluyó el tribunal.
3. Análisis del caso
3.1 El daño
3.1.1 Se encuentra probado que los señores Carlos Alberto Moreno Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa estuvieron privados de la libertad entre el 7 de enero y el 27 de febrero del año 2006, en razón de las medidas adoptadas en el curso del proceso penal seguido en su contra por su presunta participación en la comisión de los delitos de favorecimiento, ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
Del periodo de privación de la libertad da cuenta: el acta de audiencia preliminar en la que se les impuso la medida de aseguramiento en la expresamente se estableció que fueron capturados el día 7 de enero de 2006; el acta de la audiencia de preclusión en la que se anota que la medida de aseguramiento fue revocada el 24 de febrero de 2006 y las certificaciones emitidas por el director y asesor jurídico de la cárcel Modelo de Bogotá que dan cuenta que los antes nombrados estuvieron en ese centro carcelario entre el 11 de enero y el 28 de febrero de 2006 (fls.16 a 22 y 37 a 45, c.2).
3.1.2 De lo anterior se desprende, claramente, el daño alegado, derivado de la limitación del derecho a la libertad.
3.1.3 Igualmente, obran documentos y un testimonio encaminados a demostrar los perjuicios causados, las cuales se analizarán, al momento de abordar el reconocimiento de perjuicios.
3.2 La imputación
3.2.1 La responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad
3.2.1.1 El Estado, para el cumplimiento de sus cometidos, tiene facultades que le permiten someter a los asociados y a su patrimonio a investigaciones con diferentes propósitos, verbigracia la necesidad de definir su compromiso en la ejecución de conductas que comprometan bienes jurídicos de trascendencia social, previamente tipificados en el ordenamiento penal, dentro del marco de la presunción de inocencia, que solo de llegar a ser desvirtuada legitima la privación de la libertad.
En esa medida, si bien en principio todas las personas están en la obligación de soportar investigaciones de carácter penal, en aras de que se protejan bienes superiores y con el fin de que las autoridades puedan establecer la responsabilidad de los autores o participes de las infracciones, de eso no se sigue que tengan que soportar la pérdida de su libertad. De donde si no se desvirtúa la presunción de inocencia pueden presentarse daños resarcibles al tenor del artículo 90 constitucional.
3.2.1.2 Ahora, si bien la privación de la libertad en el curso de la investigación o juicio, pretende asegurar la comparecencia al proceso del sindicado, la preservación de la prueba y la protección de la comunidad (artículo 3 Ley 600 de 2000, vigente para el momento de ocurrencia de los hechos), de no llegarse a establecer la responsabilidad penal genera para el Estado la obligación de reparar.
3.2.1.3 Nótese que la Constitución Política, fiel a la filosofía liberal que la inspira, consagra un modelo de Estado que tiene su pilar fundamental en la inviolabilidad de la dignidad humana y de la libertad como uno de sus valores fundantes (Preámbulo) y como principio normativo básico (artículo1).
La dimensión axiológica y principialista de la libertad humana se concreta, a su vez, previsiones constitucionales, en virtud de los cuales la autonomía humana ha de ser protegida de toda coacción ilegítima por parte de los particulares o del Estado. Entre este catálogo de libertades fundamentales, se destaca la garantía contra la retención arbitraria por parte de las autoridades que detentan el poder coactivo, que la Carta Política recoge en su artículo 28.
“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.
Por otra parte, el personalismo acogido por la Constitución Política da lugar a que ésta contemple una salvaguarda especial contra la afectación de los derechos e intereses legítimos de los particulares por parte del Estado, que es su garante, así el artículo 90 dispone:
El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.
En concordancia con estos dos mandatos constitucionales, surge el deber estatal de responder patrimonialmente en los casos en los que la privación de la libertad por parte de las autoridades constituya un daño antijurídico, esto es, una lesión de un derecho, un interés o una situación legítima que el afectado no está en obligación de soportar.
3.2.1.4 En ese orden, el artículo 65 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, dispone que el Estado responde por los daños antijurídicos causados por “el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad”. Puntualmente, sobre el error judicial y la privación injusta de la libertad, los artículos 66 y 68 de la misma ley, en su orden, señalan que es “aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley” y que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.
3.2.1.5 La jurisprudencia de esta Corporación, en punto de la responsabilidad por privación injusta de la libertad, viene señalando que quien es sujeto de detención preventiva y finalmente es exonerado porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal. De esta forma se ha razonado:
“…En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente, con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.
En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél”.
Al respecto, es importante señalar que si bien los supuestos en comento fueron estatuidos por el derogado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, la Sala ha considerado su plena aplicación, en tanto aquellos son desarrollo del artículo 90 constitucional, de este modo la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 y de la Ley 906 de 2004, aplicable al caso en estudio, no inhiben su aplicación.
3.2.1.6 No obstante lo anterior, a la luz de los artículos 2, 83 y 95 constitucionales, la víctima no puede alegar a su favor su propia culpa. Así, la conducta del imputado es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad. Subregla que además goza de plena compatibilidad con lo consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece en el numeral 6 del artículo 14:
Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido - se destaca-.
Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión de 18 de febrero de 2010 dijo la Sala:
Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo -se destaca-.
De igual modo, la jurisprudencia de esta Corporación ha estudiado los conceptos de culpa grave y dolo al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición y la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema al resolver diversos cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 77 y 78 del C.C.A., y de la Ley 678 de 2001. Así, señaló que:
(…) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Agregó que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia.
Esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas; empero incumplieron sus deberes constitucionales y legales de manera que su conducta puede considerarse dolosa o gravemente culposa, a la luz de los modelos de comportamiento previstos en el ordenamiento.
3.2.1.6 Con base en las normas expuestas y la jurisprudencia referenciada, procede la Sala a determinar si la privación de la libertad de los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa fue injusta o si conforme a lo expuesto incurrieron en culpa grave o dolo; pues de ser ello así al marcen del proceso penal, no tendrían derecho a la reparación.
3.2.2 El caso concreto
3.2.2.1 De entrada, la Sala debe advertir que a diferencia de lo considerado por el tribunal valorará el CD que contiene la audiencia de preclusión de la investigación, pues se trató de una prueba decretada y, que, como lo puso de presente la parte impugnante, estuvo a disposición de las demandadas, quienes no tacharon de falso su contenido estando en plena posibilidad de hacerlo, pues la diligencia fue surtida a instancia suya.
Igualmente, será apreciada porque concuerda en todo con los demás elementos de juicio que se aportaron al plenario y porque las entidades demandadas la pusieron de presente para realizar su defensa.
Una decisión diferente desconocería los principios de prevalencia del derecho sustancial, de libertad de medios probatorios, de contradicción y de libre valoración racional de la prueba, en armonía con el principio de acceso a la justicia, el cual no comporta una posibilidad formal de acudir a la jurisdicción, en pos de cualquier decisión que ponga fin a sus reclamaciones, sino que exige al juez acudir a distintas fuentes de información que le permitan la convicción sobre la verdad de los hechos en procura de una decisión justa. De modo que las normas procesales deben ser aplicadas con criterios racionales y flexibles, de cara a la utilización de cualquier medio probatorio, sin restricciones más allá de las que expresamente prevé el ordenamiento.
3.2.2.2 Ahora bien, los antecedentes revelan que la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que en el inmueble donde fueron asesinados los señores Luis E. Contreras, Luz Esperanza Calderón Daza, Oscar E. y Orfa S. Contreras Calderón se encontró un maletín con unos elementos pertenecientes a la señora Francy Helena Gutiérrez solicitó su captura y un primer allanamiento de una vivienda de su propiedad, ubicada en el barrio Castilla, con el fin de encontrar elementos materiales de prueba para el esclarecimiento de los hechos, diligencia que se surtió el día 19 de diciembre del año 2005.
Se sabe que el día 7 de enero de 2006, se hizo efectiva la captura de la señora Gutiérrez mientras intentaba, en colaboración de los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa, mudar los muebles de la casa. En el hecho, los antes nombrados, también, fueron capturados.
El 8 de Enero de 2006, la Fiscalía 9 Seccional de la Unidad de Vida presentó a los capturados ante el Juzgado 17 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías con el fin de i) legalizar la orden de captura de la señora Francy Helena Gutiérrez; ii) legalizar la captura en flagrancia de los señores Morales Nieto y Arias Roa; iii) legalizar la incautación de varios celulares; iv) formular imputación y v) solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario (fls. 38 a 41, c.2 - acta de audiencia preliminar).
En el marco de la audiencia y una vez agotadas las demás actuaciones procesales. La Fiscalía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 306 del C.P.P., solicitó la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario en contra de los demandantes. Para el efecto, adujo que los imputados llegaron hasta el inmueble de propiedad de la señora Francy Helena Gutiérrez, es decir a la casa que se había allanado y sellado y procedieron a romper las cintas oficiales, tanto las colocadas sobre las puertas; como las puestas sobre los muebles previamente identificados y rotulados. Advirtió que la medida era necesaria porque estas personas estaban encubriendo y obstruyendo la acción de la justicia, si se tiene en cuenta que colaboraban con la señora Francy Helena Gutiérrez a ocultar elementos materiales de prueba. Situación evidente, dado que estas personas actuaron con pleno conocimiento y voluntad, pues no de otra forma se puede entender cómo pese a que observaron a la señora Gutiérrez quitando los sellos, no hicieron reparo alguno y continuaron con el traslado de los elementos. Adicionalmente, la Fiscalía señaló que no se podía desconocer que una de las cuatro personas, era hermano de la señora Gutiérrez y los otros provenían de la misma zona en Garagoa y Muzo, es decir se trataba de personas que se conocían y que seguramente se encontraban a su servicio y el de su pareja o ex pareja el señor Alejandro Montoya, persona que se encuentra huyendo de la justicia. Por otra parte, señaló que los testigos que declararon sobre los hechos podían estar en peligro, concretamente señaló a la señora María Helena Ramírez quien era compañera sentimental del comerciante asesinado y quien señaló al señor Alejandro Montoya como la persona con que el fallecido iba a cerrar un negocio por las joyas que fueron hurtadas, el día de ocurrencia de los hechos. Finalmente, señaló que la medida de aseguramiento, también, resultaba procedente, por la concurrencia de un elemento objetivo, es decir la pena del delito de favorecimiento establecida por el legislador en 5 años (minuto 33: 16 a 45:00 - CD audiencia preliminar).
Surtido el traslado de la anterior petición, la defensa pidió al juzgado la aplicación estricta del artículo 308 del CPP, normativa que exige para la imposición de la medida la existencia de elementos materiales probatorios y evidencia física de la que se pueda inferir razonablemente que los imputados son autores o participes de las conductas punibles, pues en el presente caso no existía ningún elemento de prueba que permitiera inferir que aquellos cometieron un delito, si se tiene en cuenta que el sustento de la petición es, únicamente, el dicho de la Fiscalía, concretamente un informe de los hechos elaborado por el CTI en el que no se precisó ni siquiera quien o quienes fueron las personas que sacaron los elementos de la casa, pero del que se puede inferir que a quien se encontró con los sellos en la mano fue a la señora Francy Helena Gutiérrez. De otra parte, señala que el lugar de procedencia de los imputados no puede considerarse como un indicio para derivar su peligrosidad o de su afán de obstruir la justicia o de evadirse de la investigación, por lo que solicitó que se niegue la medida de aseguramiento o de accederse a ella el beneficio de la detención domiciliaria (minuto 46 a 49 - CD audiencia preliminar).
Para resolver la solicitud, el Juzgado, por una parte, puso de presente que la Fiscalía allegó como sustentó de la medida: el informe de la captura, documento donde se señalan las circunstancias en que se realizó la detención, las actas de derechos del capturado y la declaración del investigador que participó en el operativo y que da cuenta de la actividad que cada uno de los imputados cumplía. Por otra parte, fue enfático en señalar que, si bien los imputados no retiraron los sellos de la entrada de la casa, no podía decirse lo mismo en relación a los que se habían impuesto en los muebles y enseres y si ello ocurrió así no podía sino concluirse que se cometió la conducta ilícita investigada. De este modo, el juzgado señaló que era procedente la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva, porque era claro que los imputados podían obstruir la acción de la justicia, pues precisamente eso era lo que hacían cuando fueron capturados. Eso sí, dejó en claro que no estaba demostrado peligro alguno para la testigo, ya que en su relato no señaló que haya sido objeto de amenazas o alguna otra situación que permitiera inferir el mínimo riesgo para su integridad (minuto 49: 45 a 1: 06: 19 - CD audiencia preliminar).
La defensa formuló recurso de reposición y en subsidio apelación contra la anterior decisión. Para sustentar la reposición, señaló que el juzgado hizo una indebida apreciación del informe de la Fiscalía, toda vez que no era cierto que en este aparezcan detalladas cada una de las actividades que realizaron los imputados, pues en realidad se limitaba a indicar de manera genérica que se rompieron los sellos, pero en ningún parte señala quien lo hizo y que estaba hacienda cada persona cuando fue capturada. De otra parte, advierte que, tampoco es cierto que el investigador Robinson Herrera haya precisado que estaba haciendo cada una de los encartados, pues el juzgado únicamente le preguntó a quién pertenecía cada uno de los celulares incautados. Además, señaló que la Fiscalía no aportó medio probatorio alguno para acreditar que los muebles y enseres estaban sellados y rotulados, pese a que dijo contar con unos videos para demostrarlo (minuto 1:06:28 a 1:11:57 - CD audiencia preliminar).
Surtido el traslado del recurso, la Fiscalía puso de presente, nuevamente, el presupuesto objetivo para la imposición de la medida de aseguramiento fundado en que el delito de favorecimiento por tratarse el delito principal de homicidio tiene una pena de entre 5 y 18 años. Adicionalmente, señaló que, si bien no se contaba en ese preciso momento con las grabaciones de los videos para demostrar el sellamiento de los bienes muebles, lo cierto es que estaba acreditado que los imputados estaban obstruyendo la justicia, pues fueron encontrados trasladando elementos materiales de prueba, razón suficiente para sostener la decisión (minuto 1:12 a 1:14:20 - CD audiencia preliminar.
El Juzgado 19 Penal Municipal de Bogotá negó el recurso. Precisó que cuando se refirió al informe fue para señalar que en aquel aparecen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjeron las capturas, (minuto 1:16:00 a 1:20:45), mismo que da cuenta que los imputados estaban moviendo a un camión elementos de prueba cuando fueron capturados. Adicionalmente, señaló que efectivamente el investigador si bien no pudo precisar a quién pertenecía cada celular si dio cuenta que todos estaban actuando de manera mancomunada en los hechos, situación que permitía sostener la medida.
El día 24 de febrero de 2006, el Juzgado 52 Penal de Conocimiento realizó la diligencia de sustentación y decisión del recurso de apelación. Para sustentar la impugnación, la defensa señaló que sostendría la tesis de que ninguna de las pruebas aportadas a la investigación permitía hablar de la comisión de un hecho delictivo, y no lo permitían, en tanto, los hechos ocurridos el 7 de enero de 2006 no tenían ese alcance. Inicialmente, precisó que la Fiscalía apoyó la existencia del delito de favorecimiento en la ocurrencia de otro hecho delictivo, pues consideró que ocultar una prueba implica favorecer, lo que en su criterio era erróneo, ya que con un solo hecho no se pueden tipificar dos hechos penales. Precisado lo anterior, señaló que no se puede hablar del delito de ocultamiento de medio material de prueba, sustento de la imputación, pues para que se configure, los elementos que se pretendieron ocultar precisamente debían ser elementos materiales de prueba. Sobre el particular, puso de presente que el literal d) del artículo 275 del C.P.P. señala que son elementos materiales de prueba aquellos descubiertos, recogidos y asegurados en el marco de una diligencia de allanamiento, de donde el menaje de la casa, como la vajilla y el televisor que se pretendían trasladar no pueden considerarse medios de prueba, además nada aportan para el esclarecimiento del delito de homicidio. Tan es así, que la misma Fiscalía en el acta de la diligencia de allanamiento realizada en el inmueble, el 20 de diciembre de 2005 señaló cuales fueron los elementos de prueba que se aseguraron y recogieron, anotó: algunos fragmentos de huellas dactilares, un recibo de televisión por cable y un video realizado durante la diligencia. De otra parte, puso de presente que el sellamiento de un inmueble es una facultad de carácter administrativo ajena a la Fiscalía, de donde terminada la diligencia de allanamiento, los bienes vuelven a estar a disposición de sus legítimos tenedores. Sumado a lo anterior, manifestó que, dada la insistencia de la Fiscalía en la existencia de sellos sobre los muebles, indagó ante la propia entidad y pudo constatar que el día 29 de diciembre de 2005, se llevó a cabo un segundo allanamiento en el que se retiraron los sellos, se recogieron otros elementos de prueba, los que se rotularon y deben estar guardados en los respectivos almacenes de evidencia. En gracia de discusión, manifestó que aún si se hubiese olvidado algún medio de prueba, aquel no serviría como tal, porque se habría roto la cadena de custodia (minuto 5:05 a 30:20 - CD audiencia de sustentación y decisión de recurso apelación).
Por su parte, la Fiscalía admitió que la defensa tenía razón al señalar que no se acreditó la ocurrencia del delito de ocultamiento de elementos materiales de prueba, pues si bien la Fiscalía puede limitar la propiedad, ninguna determinación tomó con ese propósito, en esa medida la propietaria podía disponer libremente de los bienes de su propiedad, ya que, como lo señaló la defensa, no habían elementos materiales de prueba en la casa, si se tiene en cuenta que la Fiscalía en asocio del CTI, previamente, la inspeccionó y recogió las pruebas que contribuían a la investigación. Aclaró que en realidad los sellos que se pusieron junto con un oficio dirigido a la administración, que aportó en la audiencia, tuvieron como fin impedir que personas ajenas a sus propietarios pudieran sustraer elementos del inmueble, es decir lo que se pretendía era proteger el derecho de dominio a sus legítimos titulares. No obstante lo anterior, solicitó que la medida de aseguramiento sea mantenida porque el delito de favorecimiento, en todo caso debía ser investigado si se tiene en cuenta que el delito principal que se trata de esclarecer, el de homicidio, es una conducta punible de la más alta gravedad, misma que fue la que motivo la captura e imputación de los ahora encartados. En criterio de la Fiscalía las personas que ayudaban a trasladar los bienes a la señora Francy Helena Gutiérrez, debieron conocer sobre la investigación del delito de homicidio y que aquella era una de las presuntas responsables, situación de público conocimiento, de donde se puede inferir que pudieron estarle ayudando a evadir la acción de la justicia (minuto 55:06 a 1:13:49 - CD audiencia de sustentación y decisión de recurso de apelación).
El Juzgado 52 Penal de Conocimiento revocó la medida de aseguramiento, para el efecto señaló (minuto 00:00 a 18:53 - CD audiencia de sustentación y resolución de recurso de apelación) que la Fiscalía no tenía fundamentos para hablar de la ocurrencia del delito de ocultamiento de elementos materiales de prueba, de una parte, porque para la época de las capturas, la entidad había recaudado la prueba existente en el inmueble y, de otra, porque el sello que colocó tuvo como fin resguardar los bienes en beneficio de sus legítimos propietarios o tenedores. Por otra parte, señaló que para tener por configurado el delito de favorecimiento la Fiscalía debió probar que los procesados tenían un conocimiento particular del delito de homicidio, no solo del que se adquiere por la difusión de la noticia en los medios de comunicación, como al parecer consideró. Además, probar que los imputados estaban entorpeciendo o ayudando a eludir la acción de la justicia, lo que no ocurrió si se tiene en cuenta que, por el contrario, se demostró que los muebles y enseres que se pretendía trasladar nada tenían que ver con la investigación, al tiempo que, resultaba dudosa la idoneidad de dicha conducta para la tipificación del delito.
El 22 de marzo de 2006, en el marco de la diligencia de acusación de la señora Francy Helena Gutiérrez, el Juzgado 20 Penal del Circuito declaró la ruptura de la unidad procesal de la causa, entre otros de los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa, dada la solicitud de preclusión en su favor realizada por la Fiscalía. Advirtió que duplicada la actuación la Fiscalía debía solicitar nueva fecha para resolver sobre la mentada petición (fls. 42 y 43, c.2 - acta de diligencia de acusación).
El 7 de noviembre de 2006, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 20 Penal del Circuito realizó audiencia de preclusión de la investigación. La Fiscalía puso de presente que según el informe suscrito por el sub intendente Debia Atacuma Oscar y los miembros del laboratorio de criminalística Grupo Coral VI del CTI, el día 19 de diciembre de 2005, se encontró en un inmueble ubicado en el barrio Modelia cuatro personas muertas. Además, se encontró un maletín que contenía un recibo de administración de un inmueble del barrio Prados de Castillo de propiedad de la señora Francy Helena Gutiérrez, las llaves del inmueble, un recibo de un vehículo de su propiedad, un control remoto de un radio para carro, entre otros. En este punto, la Fiscalía puso de presente que el juicio contra el señor Alejandro Moncayo había concluido, escenario en el que se estableció que el móvil de los homicidios fue el hurto de las joyas. La Fiscalía señaló que en cumplimiento de orden de allanamiento, el día siguiente, integrantes del mencionado laboratorio de criminalística fueron al inmueble del barrio de Prados de Castillo; al llegar notaron que tenía un vidrio roto y al constatar que no estaban sus residentes ingresaron con las llaves encontradas. En el inmueble encontraron unos recibos a nombre del señor Moncayo y la señora Gutiérrez, hicieron exploración dactiloscópica, dichos elementos se embalaron y rotularon; al salir en el vidrio roto colocaron una cinta con logotipo de la Fiscalía General de la Nación para que no se violentara. El 29 de diciembre de 2005, la Fiscalía ordenó un nuevo registro con el fin de buscar caletas donde se ocultarán joyas u armas, en la misma orden se indicó que de no haber moradores se hiciera el ingreso con las llaves que tenía la Fiscalía. El investigador Robinson Herrera Acosta en el informe levantado con ocasión de la diligencia de allanamiento puso de presente que ingresaron al inmueble con las llaves que tenían y que inspeccionado el lugar los resultaron fueron negativos, es decir no se encontró nada. El 7 de enero siguiente el grupo de tareas especiales, investigadores Robinson Herrera y Guillermo Moreno en cumplimiento de la orden de la Fiscalía 9 Seccional, se desplazó, nuevamente al referido inmueble, al llegar observaron fuera del conjunto un camión al que se estaban cargando los muebles de la casa; encontraron a la señora Francy Helena Gutiérrez sobre quien hicieron efectiva orden de captura, así mismo, capturaron a quienes le estaban ayudando en la mudanza. Bajo estas circunstancias, la Fiscalía señaló que si bien el 8 de enero formuló imputación, entre otros, contra los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa por los delitos de ocultamiento de medios materiales de prueba y de encubrimiento por favorecimiento, ahora debe solicitar la preclusión en su favor por atipicidad de la conducta, pues los anteriores antecedentes y medios de prueba dejan en claro que la mudanza que llevaban a cabo en nada entorpecía la investigación por homicidio, pues en realidad en el inmueble no existía elementos materiales de prueba, sumado a que la cinta que se colocó en el vidrio roto en realidad no tenía como fin sellar el inmueble, es decir no tenía como fin limitar el derecho de dominio, de donde sus tenedores o propietarios podían disponer libremente de todo lo que se encontraban en aquel (minuto 6 a 19:28 – audiencia de preclusión de la investigación).
El Juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá accedió a la solicitud de preclusión de la investigación. Inicialmente, volvió sobre los antecedentes que motivaron la vinculación de los encartados por el delito de ocultamiento de medio probatorio y favorecimiento, esto para señalar que cuando la Fiscalía realizó la imputación se pensaba que estaban procurando desviar y entorpecer la acción de la administración de justicia, si se tiene en cuenta que se dio por establecido que los elementos que existían en el inmueble eran elementos materiales de prueba, de donde su traslado se hacía con fines de ocultarlos, destruirlos o favorecer a la señora Francy Helena Gutiérrez. No obstante, señaló que la Fiscalía en este estadio procesal ha concluido que antes de la captura, en el marco de dos diligencias de allanamiento, se recogieron los elementos de prueba necesarios para la investigación por homicidio de donde las actuaciones que realizaron los encartados, en realidad no tenían trascendencia. Precisado lo anterior y previa advertencia de que la petición de preclusión se fundó en los artículo 331 y 332 numeral 4 del C.P.P, es decir en la atipicidad de la conducta, señaló que en efecto las posibilidades de utilidad que hubiesen tenido los muebles de la casa de habitación de la señora Francy Helena Gutiérrez eran inciertos, pese a que habían otros elementos que podían ser de utilidad para la actuación procesal, en tanto tenían valor económico y eventualmente podían servir como garantía de las víctimas, sin embargo lo cierto era que en el curso de la investigación nunca se pudo establecer qué relación tenían los actos que realizaba la señora Francy Helena Gutiérrez con su ex esposo o compañero responsable del delito de homicidio. En esa medida, para el Juzgado resultó claro que, si los imputados no conocían si alguno de los elementos que trasladaban tenía trascendencia para la investigación y siendo incierto que aquellos pudiesen tener valor probatorio o de garantía, la Fiscalía no podía continuar con la investigación con presunción de verdad hacía una acusación y un juicio oral, de donde se imponía aplicar el numeral 6 artículo 332 del C.P.C., ya que lo que en realidad ocurrió es que no se pudo desvirtuar la presunción de inocencia de los encartados. Por último, el juzgado advirtió que, dado que la imputación se fundó en los mismo hechos, entonces debe concluirse que las mismas consideraciones valen para los dos punibles, ya que no se puede considerar que los imputados pretendían favorecer al sindicado de homicidio (minuto 00:00 a 15:11-CD audiencia de preclusión).
3.2.6.2 Bajo este contexto, la Sala debe apartarse de la decisión de primera instancia que coligió que la privación de la libertad de los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias no podía considerarse como injusta e imputarse a las entidades demandadas, en tanto el análisis integral de los antecedentes del proceso penal revelan que su conducta no puede calificarse como gravemente culposa, como pasa a explicarse:
3.2.6.2.1 Para el tribunal no resultó comprensible que los señores Morales Nieto y Arias Roa hicieran caso omiso a los sellos que la Fiscalía impuso sobre las puertas de la casa de la señora Francy Helena Gutiérrez y su mobiliario con el fin de asegurar estos últimos elementos, como medios materiales de prueba, y sin reflexión alguna procedieran a transportarlos a un camión, extrañamente estacionado a las afueras del conjunto residencial.
3.2.6.2.2 Sin embargo, para la Sala dicha apreciación desconoce que, la Fiscalía expresamente reconoció que para el momento de la captura de los demandantes se habían recogido todos los elementos de prueba que requerían para la investigación por homicidio y que el sello que se colocó en la ventana rota del inmueble, solo tenía como fin salvaguardar los derechos de la propietaria.
En otras palabras, ni en la casa existían elementos materiales de prueba, ni aquella, ni los muebles y enseres tenían alguna limitación a la propiedad con fines de conservación, de donde la señora Francy Helena Gutiérrez podía disponer libremente de ellos, como en efecto, lo hizo el día de la mudanza.
En efecto, la Fiscalía cuando presentó ante el Juzgado 19 Penal Municipal con funciones de control de garantías a los señores Morales Nieto y Arias Roa aseguró que aquellos fueron sorprendidos transportando a un camión pruebas previamente selladas y rotuladas, aseveración con la que sustentó la imputación y la petición de medida de aseguramiento de detención preventiva. Sin embargo, la misma entidad, tanto en la audiencia de apelación de la medida de aseguramiento, como de preclusión de la investigación, con fundamento en los informes de los allanamientos aceptó que en las diligencias practicadas los días 19 y 29 de diciembre de 2005 se recogieron los elementos de pruebas que resultaban útiles para el esclarecimiento del delito de homicidio, de donde no era cierto que el mobiliario restante de la casa constituyera prueba y menos que se hubiese sellado para su protección.
Adicionalmente, la Fiscalía precisó que la cinta que se colocó en el vidrio roto del inmueble, junto con un oficio que se dirigió a la administración de la copropiedad tuvieron como único fin prevenir que el vidrio fuera violentado nuevamente y, en esa medida, garantizar el patrimonio de la señora Francy Helena Gutiérrez, lo que resultaba lógico si se tiene en cuenta que los elementos de prueba que se requería ya habían sido recogidos.
Bajo estas condiciones, no se podía derivar de lo sucedido una conducta gravemente culposa, es decir absolutamente descuidada frente a los deberes de colaboración ciudadanos, pues en realidad ni siquiera se impusieron las cintas oficiales sobre la puerta de entrada al inmueble y sobre los objetos que se intentaban transportar, como lo concluyó el a quo. Pero, además, cuando no se demostró que los imputados tuvieran conocimiento de los hechos principales de homicidio y por tanto que pudieran inferir que los elementos trasportados pudiesen servir para la investigación.
Es que bajo las circunstancias evidenciadas los encartados no hacían otra cosa que una mudanza ordinaria, dado que, en realidad, ninguna restricción a la propiedad se había impuesto con fines de aseguramiento probatorio, lo que implica que ningún deber de corrección incumplieron.
3.2.6.2.3 Aclarado lo anterior, para la Sala la privación de la libertad de los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa es injusta y es imputable a las entidades demandadas, toda vez que la investigación adelantada en su contra por los delitos de ocultamiento de medios materiales de prueba y favorecimiento concluyó con una decisión absolutoria debido a que no se logró desvirtuar su presunción de inocencia. Concretamente, porque sus actuaciones no constituían un delito como enfáticamente lo puso de presente la Fiscalía.
Como se evidenció de manera precedente los delitos que se imputaron a los señores Morales Nieto y Arias Roa fueron los delitos de ocultamiento de elementos materiales de prueba y favorecimiento, delitos en los que presuntamente incurrieron por cuando colaboraron a la señora Francy Helena Gutiérrez a realizar una mudanza de unos elementos previamente asegurados. No obstante, quedó plenamente establecido que no incurrieron en dichas conductas porque el mobiliario que se pretendía transportar no constituía elemento material de prueba y, si ello era así, tampoco podían favorecer al autor del delito de homicidio, más si se tiene en cuenta que ninguna relación se estableció entre dicha actuación y el ex compañero de la señora Gutiérrez, responsable de los homicidios de acuerdo con lo informado por la Fiscalía en la audiencia de preclusión.
De la anterior, también se desprende que de las pruebas e información obtenida no se podía inferir razonablemente que los imputados podía ser autores o participes de los delitos que se investigaban, para proferir medida de aseguramiento, en la modalidad de detención preventiva, según lo señalaba el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, no solo porque los encartados no estaban realizando conducta punible alguna, sino porque de haberse tratado de elementos de prueba los que se pretendía trasladar ni el informe que aportó la Fiscalía sobre la captura, ni las actas de derechos de capturado o la declaración del detective sobre la pertenencia de los celulares permitían inferir su participación en el delito de ocultamiento de medio material de prueba o favorecimiento.
Bajo este contexto, la Sala estima que los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa no cometieron los delitos de ocultamiento de medio material de prueba o favorecimiento, por lo que no tenían que soportar la privación de su libertad como efectivamente ocurrió. En consecuencia, la sentencia impugnada en cuanto negó las pretensiones será revocada.
3.2.6.2.4 Ahora bien, en relación con la responsabilidad que les cabe a las entidades demandadas debe decirse que en este caso cada una responderá por el 50% de la condena que se impondrá de manera subsiguiente, sin perjuicio de la solidaridad, es decir de que los demandantes puedan cobrarle el 100% a cualquiera de las dos entidades y de que la entidad que efectué el pago haga el recobro correspondiente. Decisión que se funda en las siguientes razones:
Con la expedición de la Ley 906 de 2004, el legislador, al estatuir en nuestro ordenamiento jurídico el Sistema Penal Acusatorio, distinguió de manera clara y precisa en cabeza de quién recae las funciones de investigar y acusar -Fiscalía General de la Nación- y sobre quién radica la función de juzgar -Rama Judicial-.
En este sentido, a la luz de las disposiciones consagradas en la normativa procesal penal vigente, la facultad jurisdiccional se encuentra radicada única y exclusivamente en cabeza de la Rama Judicial, razón por la cual, los únicos que pueden tomar la decisión de privar a una persona de su libertad son los jueces, ya sean de conocimiento o en función de control de garantías. En otras palabras, son los jueces quienes, actualmente, pueden restringir la libertad y en esa medida sus decisiones en principio son la causa determinante de los daños, en eventos como el que ahora se analiza.
Al respecto, los artículos 2 y 306 de la Ley 906 de 2004, disponen:
“ARTÍCULO 2 Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.
El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada…”.
(…)
“ARTÍCULO 306. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente”.
“Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión.
“La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia.
“La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal.
“En dicho caso, el Juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición”. (Se destaca).
No obstante lo anterior, es decir de la radicación de las funciones jurisdiccionales en la Rama Judicial, la Sala considera que en cada caso debe analizarse la incidencia que puede tener la Fiscalía General de la Nación en la causación del daño, toda vez que es a ella a quien en ejercicio de sus competencias corresponde solicitar la medida de aseguramiento y llevar los elementos de probatorios y de juicio para determinar su viabilidad y necesidad, como responsable de la investigación, los que, pueden llegar a incidir en el juicio del juez de manera definitiva, como en este caso.
En el sub lite, la Fiscalía General de la Nación para el día 7 de enero de 2006, el día de la presunta captura en flagrancia de los demandantes, tenía pleno conocimiento de que sobre la casa de la señora Francy Helena Gutiérrez no se había impuesto ninguna medida restrictiva y de que en allí no existían elementos materiales de prueba, pues todos habían sido asegurados, rotulados y recogidos en las diligencias de allanamiento realizadas los días 19 y 29 de diciembre de 2005.
No obstante, en el marco de la audiencia preliminar aseguró lo contrario, pues de manera tajante señaló que la casa y especialmente su mobiliario estaba sellado, dado que este último contenía elementos materiales de prueba tendientes al esclarecimiento del delito de homicidio, de donde el levantamiento fraudulento de los sellos y el traslado de dichos elementos constituía los ilícitos de ocultamiento de medio material de prueba y favorecimiento.
Es decir, fue la misma Fiscalía, quien otorgó ante el juez el carácter de medios materiales de prueba al mobiliario de la casa y con ello carácter de autores y participes en la comisión del delito a los ahora demandantes.
No se desconoce que las pruebas que fundamentaron la solicitud eran prácticamente inexistentes, sin embargo, la Sala considera que la aseveración de la Fiscalía fue determinante si se tiene en cuenta que la hizo en su condición de entidad encargada de la investigación y del aseguramiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, según lo establecido en el numeral 4 del artículo 144 del estatuto en comento.
Siendo así y dado que el delito que se investigaba y sobre el que se solicitó la medida de aseguramiento era el de ocultamiento de medio material de prueba y favorecimiento, para la Sala no tiene duda que el hecho de que haya afirmado que el mobiliario se había sellado como medio material de prueba, tal como se podía apreciar en los videos de las diligencias, así no se hayan aportado, no era una afirmación sin trascendencia para el juez de control de garantías, pese a que después, la Fiscalía haya aclarado la situación.
4. La indemnización por perjuicios
Establecida la responsabilidad de las entidades demandas se procede a la liquidación de los perjuicios solicitados.
4.1 Perjuicios morales
4.1.1 Por este concepto se solicitó 100 s.m.l.m.v. para cada uno de los integrantes de los grupos familiares demandantes.
4.1.2 De acuerdo con la jurisprudencia actual de la Sala, con apoyo en las máximas de la experiencia, es posible inferir que la privación injusta de la libertad genera angustia y aflicción, tanto en las personas que han visto limitada su libertad como sus allegados más cercanos, por eso la acreditación del parentesco con el competente registro civil de nacimiento, es suficiente para tener por acreditado este tipo de perjuicios. Al tiempo, se ha señalado que el dolor de los padres es tan grande como el del hijo privado, padecimiento que se ha considerado, también sufren en igual intensidad el cónyuge, compañera o compañero permanente y los hijos del privado de la libertad.
Ahora bien, para el establecimiento del quantum la Sala Plena de Sección Tercera tiene establecidos unos baremos definidos en función del tiempo por el que se prolonga la privación de la libertad, recientemente reiterados en sentencia del 29 de junio del 2014 en los siguientes términos:
Ahora bien, en los casos de privación injusta de la libertad se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de 28 de agosto de 2013, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa –radicación No. 25.022– y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:
4.1.3 Así las cosas, para la Sala es procedente reconocer a favor de los demandantes indemnización por concepto de perjuicio moral con fundamento en los registros civiles aportados al proceso (fls. 1 a 6 y 7 a 9, c.2). En ese sentido, de acuerdo con el tiempo de privación de la libertad de aproximadamente dos meses, la intensidad, la extensión y la gravedad de la afectación en la que se incluyen las afectaciones al buen nombre por la difusión de la noticia en los medios de comunicación, se asignarán las sumas de dinero tasadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los grupos familiares demandantes, así:
Grupo familiar Morales Nieto
Para Carlos Alberto Morales Nieto (privado de la libertad) 35 sm.l.m.v.
Para Flor Ángela Vargas Jiménez (esposa) 35 sm.l.m.v.
Para Carlos Brando Morales Vargas (hijo) 35 sm.l.m.v.
Para Haider Leandro Morales Vargas (hijo) 35 sm.l.m.v.
Para Ana Francisca Nieto de Morales (madre) 35 sm.l.m.v.
Grupo familiar Arias Roa
Para Wilson Ernesto Arias Roa (privado de la libertad) 35 s.m.l.m.v.
Blanca Cecilia Arias Roa (hermana) 17,5 sm.l.m.v.
Ricardo Bernal Arias (sobrino) 12,5 sm.l.m.v.
4.2 Daño a la vida de relación
4.2.1 Por su parte, la demandante solicitó por este concepto el reconocimiento de 200 s.m.l.m.v. para los privados de la libertad y 100 s.m.l.m.v. para sus allegados.
De entrada la Sala debe señalar, como en otras oportunidades que los daños a la vida de relación, actualmente, no hacen parte de las categorías aceptadas por la jurisprudencia para la reparación de los perjuicios inmateriales, de donde no procede reconocimiento alguno bajo esa denominación. Dicha clasificación, se encuentra resumida en los siguientes términos:
La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento
Pues bien, en la demanda se concretaron los daños a la vida de relación en el hecho de que los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa se tuvieron que alejar forzosamente del nucleó familiar por cuenta de las medidas impuesta en su contra por las entidades demandadas, situación que privó a sus seres queridos de su afecto y compañía.
En esa medida, la Sala considera que bajo los parámetros actuales para el resarcimiento de las víctimas en los eventos de privación injusta de la libertad y especialmente por la amplitud con que se viene reconociendo los perjuicios morales no puede proceder a reconocerse de manera autónoma perjuicios como las que ahora se reclaman.
En este orden de ideas y sin perjuicio de otras categorías de perjuicios inmateriales que pudieren acreditase, procederá a negar las pretensiones por este concepto, bajo el entendido de que perjuicios como las que ahora se solicitaron a título de daño a la vida de relación deben entenderse resarcidos por vía del reconocimiento de los perjuicios morales, incluido el dolor que comprende la ausencia de los seres queridos para el grupo familiar.
4.3 Daños materiales
4.3.1 Se solicitó el reconocimiento del daño emergente y el lucro cesante en los siguientes términos:
“..Condenar a la Nación-Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General de la Nación a reconocer y a pagar a favor del señor CARLOS ALBERTO MORALES NIETO, por los perjuicios materiales causados correspondientes al lucro cesante y el daño emergente, al no poder volver a desarrollar su trabajo, labores habituales, perder credibilidad ante los comerciantes, proveedores, negársele crédito, como consecuencia de la privación injusta de la libertad y del posterior descrédito en que quedó al ser sindicado de un delito que no cometió, teniendo en cuenta para la liquidación las siguientes fuentes:
-LUCRO CESANTE: Está constituido por las sumas de dinero dejadas de percibir a consecuencia de estar privado de la libertad y no poder volver a desarrollar su trabajo y labores habituales, perdiendo la credibilidad ante los comerciantes, proveedores, al negársele el crédito fue necesario cerrar el negocio de su propiedad –Industrias Metálicas Nieto- del cual generaba la fuente de sostenimiento para él y para su familia, los cuales se demuestran en las facturas de venta y de compra de materia prima para la fabricación de mercancía, constitución ante Cámara de Comercio.
Se estiman provisionalmente estos perjuicios en la suma de $30.000.000.oo.
-DAÑO EMERGENTE:
SUFRIDO POR CARLOS ALBERTO MORALES NIETO
Esta constituido (sic) los daños surgidos directamente de la injusta detención sufrida por el señor CARLOS ALBERTO MORALES NIETO, constituido por:
El valor de los honorarios que el señor CARLOS ALBERTO MORALES NIETO y su familia tuvieron que sufragar para contratar el abogado penalista Dr. CARLOS EFRÉN SALAMANCA MORALES, a quién le cancelaron la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/Cte.($10.000.000.oo) para que lo representara en el proceso penal. Anexo copia del contrato de prestación de servicios y recibos de pago.
Pérdida de clientes y proveedores de su reconocido negocio.
Pérdida del establecimiento de comercio fuente de empleo para Él y su esposa.
DAÑO EMERGENTE SUFRIDO POR WILSON ERNESTO ARIAS ROA
Para el señor WILSON ERNESTO ARIAS ROA la suma que devengaba que era de un millón de pesos mensuales, pero dado que por su actividad de comercio informal, no puede demostrar los recursos de subsistencia, al menos debe reconocerse el salario mínimo mensual según la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado.
4.3.1 Daño emergente
4.3.1.1 Entendido el daño emergente como una pérdida patrimonial en función de una erogación que se hace con ocasión del daño infligido, debe entenderse que este comprende, esencialmente todas aquellas erogaciones o detrimentos patrimoniales sufridos con motivo de la privación de la libertad.
De este modo, se enmarcan dentro de este concepto los honorarios de abogado, la pérdida del establecimiento de comercio y sus clientes, no así los ingresos dejados de percibir por el señor Arias Roa, que se reconocerán como lucro cesante.
4.3.1.2 Para acreditar el pago de honorarios obra en el expediente un contrato de prestación de servicios profesionales calendado el día 12 de enero de 2006 suscrito entre el señor Carlos Alberto Morales Nieto y el abogado Carlos Efrén Salamanca Morales con el objeto de que este último lo represente dentro de la investigación que se adelantaba en su contra por el delito de favorecimiento por ocultamiento o cualquier otro que se le llegare a imputar en el que se fijó unos honorarios de $10.000.000. Así mismo, los recibos de pago suscritos por el profesional del derecho por ese mismo valor.
En este sentido, acreditada como se encuentra la anterior erogación y que el mencionado profesional, a diferencia de lo manifestado por la Fiscalía General de la Nación, fue quien lo asistió durante parte del procedimiento, concretamente durante la audiencia de preclusión de la investigación, se procederá al reconocimiento de dicho valor, previa su actualización como sigue:
Ra = Rh x Ipc (f)
Ipc (i)
Donde:
Ra: Valor actualizado a obtener
Rh: Valor intereses legales causados
Ipc (f): Último índice de precios conocido (abril de 2017)
Ipc (i): Índice de precios a la fecha del último pago (noviembre de 2006)
Ra = $ 10.000.000 x 137.40
87,67
Ra = $ 15.672.407,89
Se reconocerá a favor del señor Carlos Alberto Morales Nieto la suma de quince millones seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos siete pesos con ochenta y nueve centavos ($15.672.407,89).
4.3.1.3 Ahora, en lo que respecta a la pérdida del establecimiento de comercio Industrias Metálicas Nieto que presuntamente se cerró y perdió sus clientes, para la Sala no resulta suficiente para tener por acreditado dicho perjuicio el testimonio del señor Holguer Garibello Cespedes, en el que puso de presente:“…estando Carlos encerrado les tocó cerrar el taller y eso le afectó en el cumplimiento de sus compromisos y empleados…a pesar de todas la dificultades Carlos volvió abrir el taller, pero ahora lo tiene ubicado en el sector de Bosa y Wilson le trabaja a él”… toda vez que de esa afirmación no se puede tener por establecida que la causa del supuesto cierre del establecimiento de comercio fue la privación de la libertad del señor Morales Nieto, si se tiene en cuenta que la privación de la libertad fue por un periodo inferior a dos meses y que, según los propios demandantes, era un negocio familiar, lo que permite inferir que no necesariamente dependía de él.
Sumado a lo anterior, no puede pasarse por alto que de acuerdo al registro único empresarial de la Cámara de Comercio el 22 de septiembre de 2004 allegado por la propia parte demandante fue la señora Flor Ángela Vargas Jiménez, esposa del encargado, quien inscribió en su calidad de única propietaria el establecimiento de comercio Ornamentación Nieto dedicado a los trabajos de ornamentación, venta de artesanías, comercio de joyas y actividades inmobiliarias (fls. 35 y 36, c.2).
4.3.2 Lucro cesante
Por este concepto se solicitó a favor de los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias el reconocimiento de los ingresos que dejaron de percibir en su condición de comerciantes. Dado que esa condición no se demostró y menos los ingresos que percibían se reconocerá el lucro cesante con fundamento en el salario mínimo legal mensual vigente dado que era personas en edad productiva.
4.3.2.1 En el expediente se encontró probado que los antes nombrados estuvieron privados de la libertad, entre el 7 de enero y el 27 de febrero del año 2006, por lo cual se reconocerá los salarios dejados de percibir durante dicho periodo (1.6 meses).
Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, “una persona puede tardar hasta 35 semanas” (8,75 meses) en conseguir empleo, después de que recupera la libertad, cuando ha sido privada de la misma, en razón de una orden judicial. De este modo, ha dicho la Sala que, en casos como el sub judice, la indemnización por lucro cesante debe abarcar lo dejado de percibir “desde el día en que se produjo (…) la privación injusta de la libertad hasta pasadas 35 semanas después de que la persona ha sido nuevamente puesta en libertad”. En este sentido, el periodo a indemnizar será de 10,35 meses.
Como se advirtió, para la liquidación se tendría en cuenta el salario mínimo legalmente mensual vigente ($737.717), el que se debe incrementar en un 25% correspondiente al factor prestacional ($922.146,25).
Y se aplicará la fórmula actuarial adoptada por la Corporación:
S = Ra (1+ i)n - 1
i
Donde:
S = Es la indemnización a obtener
Ra = Es la renta o ingreso mensual actualizado
i = Interés puro o técnico 0.004867
n = Número de meses que comprende el periodo indemnizable
S = $922.146,25 (1+ 0.004867)10,35 - 1
0.004867
S = $ 9.764.343,58
Entonces, se reconocerá la suma de nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil trecientos cuarenta y tres pesos con cincuenta y ocho centavos ($ 9.764.343,58) para cada uno de los demandantes, señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa.
5. Costas
En atención al artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a la imposición de costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 25 de mayo de 2011, por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios morales y materiales que sufrieron los demandantes, como consecuencia de la privación injusta de la libertad de los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa entre el 7 de enero y el 27 de febrero de 2006.
TERCERO: CONDENAR solidariamente a la Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación a pagar a los demandantes, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero establecidas en salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de ejecutoria del presente fallo:
Grupo familiar Morales Nieto
Para Carlos Alberto Morales Nieto (privado de la libertad) 35 sm.l.m.v.
Para Flor Ángela Vargas Jiménez (esposa) 35 sm.l.m.v.
Para Carlos Brando Morales Vargas (hijo) 35 sm.l.m.v.
Para Haider Leandro Morales Vargas (hijo) 35 sm.l.m.v.
Para Ana Francisca Nieto de Morales (madre) 35 sm.l.m.v.
Grupo familiar Arias Roa
Para Wilson Ernesto Arias Roa (privado de la libertad) 35 s.m.l.m.v.
Blanca Cecilia Arias Roa (hermana) 17,5 sm.l.m.v.
Ricardo Bernal Arias (sobrino) 12,5 sm.l.m.v.
CUARTO: CONDENAR solidariamente a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por concepto de daño emergente a favor del señor Carlos Alberto Morales Nieto la suma de quince millones seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos siete pesos con ochenta y nueve centavos (15.672.407,89).
QUINTO: CONDENAR solidariamente a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación por concepto de lucro cesante a favor de cada uno de los señores Carlos Alberto Morales Nieto y Wilson Ernesto Arias Roa la suma de de nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil trecientos cuarenta y tres pesos con cincuenta y ocho centavos ($ 9.764.343,58).
SEXTO: NEGAR las demás pretensiones formuladas en la demanda.
SÉPTIMO: La Nación-Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación darán cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del C.C.A.
OCTAVO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
Todas las comunicaciones que se ordena hacer en esta sentencia serán libradas por el a quo.
En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.
DANILO ROJAS BETANCOURTH
Magistrado
RAMIRO PAZOS GUERRERO
Magistrado
Con impedimento
STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Presidente
El 29 de julio de abril de 2009, el Tribunal ordenó la notificación personal a los representantes legales de la demandada (fls. 45 a 51, c.1). Dentro del término de fijación en lista además de la intervención de las demandadas, la parte actora presentó escrito de adición a la demanda para aportar un video con la noticia de la captura de los demandantes (fl. 104, c.1).
La Nación-Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio en este estadio procesal (fl. 191, c.1).
La Nación-Rama Judicial y el Ministerio Público, nuevamente se abstuvieron de intervenir (fl. 246, c.ppal.).
“De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”.
En tal sentido, Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente. 11001-03-26-000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de septiembre de 2001, exp. 13392, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 14 de febrero de 2002, exp. 13622, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 23 de junio de 2010, exp. 17493, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.
Se anotó: “…La decisión tomada se pone a disposición de las partes quienes no interponen ningún recurso quedando en firme la misma, ya que hace tránsito a cosa juzgada se dispone que quede constancia en el acta para que se proceda a (sic) de inmediato a su ejecución y vigilancia…”.
La norma en cita dispone: “En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.
Cita original: Sentencia de 7 de abril de 2011, expediente 21.653, M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Cita original: A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, expedientes 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de septiembre de 2015, exp. 36051, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, expediente 27414, C.P.: Danilo Rojas Betancourth. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp.17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 37722, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.
[20] Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, exp. 8483. C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de octubre de 1994, exp. 9.618, C.P. Julio César Uribe Acosta; 12 de abril de 2002, exp. 13.922, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; 5 de diciembre de 2005, exp. 23.218, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y auto de 22 de mayo de 2003, exp. 23.532, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
[21] Sentencia C–100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[22] Corte Constitucional, sentencia C–430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, sentencias C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-423 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis
[24] El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 2 de mayo de 2007; exp.15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 30 de marzo de 2011, exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección “C”, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 13 de abril de 2011, exp. 19889; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 26 de febrero de 2014, exp. 29.541, C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2009; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; exp.17.188; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. 27.463, C.P. Enrique Gil Botero. Pese a que no se cuenta con la integridad del expediente penal las audiencias en las que se definió la situación jurídica, revocó la medida de aseguramiento y la que decretó la preclusión, dan cuenta de los antecedentes de la investigación; así como de las pruebas que se practicaron (fls. 92 a 126, c.2). Se lee la declaración, en la que se pone de presente que ella sostenía una relación sentimental con uno de los fallecidos y comerciante de joyas, el señor “Eduardo”. Entre otros aspectos, puso de presente que en el mes de octubre el señor Eduardo le contó que había aparecido un amigo, el señor Alejandro Montoya, quien le comentó que se iba a separarse de su compañera y que tenía que vender una casa, un carro y un salón de belleza en el barrio Marcella. Por otra parte, puso de presente que su pareja el señor Eduardo tenía una mercancía que no había podido vender y de la que quería salir para comprar un carro con el fin de poder viajar a la finca a fin de año.
Advierte que Eduardo indicó dicha mercancía al señor Montoya, a principio del mes de diciembre del año 2005, quien se mostró interesado y le ofreció un Mazda 323 u otros vehículos como parte de pago y dinero. Adicionalmente, le pidió una esmeralda para hacerse un anillo y concretaron que el negocio lo iban a cerrar el lunes 19 de diciembre de 2005, es decir el día de ocurrencia de los hechos (minuto 39 a 41:36 – CD de audiencia preliminar). En el momento de la legalización de los elementos incautados, el Juzgado indagó al investigador con el fin de que ponga de presente a quien pertenecía cada uno de los celulares. Reproche que a juicio del tribunal no podía justificarse porque los elementos sellados y rotulados fueron perdiendo utilidad con el transcurso de la investigación o porque quien retiró los sellos en realidad fue la señora Gutiérrez, porque, incluso de ser ello así, los demandantes debieron advertir que ese era un comportamiento reprochable y que de ninguna manera los habilitaba para sustraer los elementos de prueba.
Solicitud esta última a la que accedió el juzgado al encontrar que los imputados podían obstruir la acción de la justicia, pues precisamente eso era lo que estaba haciendo cuando fueron detenidos. Eso sí, pese a que se echó de menos la prueba del compromiso penal, en especial de los videos que según la Fiscalía mostrarían que el inmueble y su contenido estaban sellados, la decisión se mantuvo al desatarse la reposición. De conformidad con la Sentencia C-591 del 9 de junio de 2005 de la Corte Constitucional. M.P. Clara Inés Vargas Hernández, se tiene que “(…) En Colombia, la adopción mediante reforma constitucional, de este nuevo sistema procesal penal (Ley 906 de 2004), perseguía en líneas generales las siguientes finalidades: (i) fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, en el sentido de concentrar los esfuerzos de ésta en el recaudo de la prueba; (ii) establecimiento de un juicio público, oral, contradictorio y concentrado; (iii) instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar, con el propósito de que el sistema procesal penal se ajustase a los estándares internacionales en materia de imparcialidad de los jueces, en especial, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica; (iv) descongestionar los despachos judiciales mediante la supresión de un sistema procesal basado en la escritura para pasar a la oralidad, y de esta forma, garantizar el derecho a ser juzgado sin dilaciones injustificadas; (v) modificar el principio de permanencia de la prueba por aquel de la producción de la misma durante el juicio oral; (vi) introducir el principio de oportunidad; (vii) crear la figura del juez de control de garantías; e (viii) implementar gradualmente el nuevo sistema acusatorio (…)”. (Se destaca). Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 1° de marzo de 2006. Expediente 15440. MP: María Elena Giraldo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, M.P. Enrique Gil Botero. En la pretensión tercera expresamente se indicó: “…daños morales se presumen en los casos de la privación injusta de la libertad de conformidad con la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, en este caso se agravaron dado que el (sic) CARLOS ALBERTO MORALES NIETO y WILSON ERNESTO ARIAS ROA fueron sometidos a escarnio público, siendo presentados ante los medios de comunicación como delincuentes que habían incurrido en el delito de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, relacionándolos con el caso en investigación de homicidio de cuatro personas en el barrio Modelia de Bogotá...”. A folio 46 del cuaderno numero 2 obra un recorte de prensa del periódico El Tiempo en el que se relata que los antes nombrados fueron capturados mientras pretendía destruir documentos relacionados con la negociación de las esmeraldas, es decir medios de prueba para el esclarecimiento del delito de homicidio. Además, se aportó un CD con la grabación de la difusión de la noticio por el noticiero CITYTV (fl. 104, c.1)
De acuerdo con los criterios expuestos en Sentencia de Unificación del 14 de septiembre del 2011, sobre la reparación de perjuicios de índole inmaterial, la afectación a la vida de relación se estima correspondiente a la afectación derivada de un daño a la salud . Por tanto, se entiende que cuando se repara una afectación a la salud, esta comprende tanto la afectación sicofísica, como todos los aspectos relacionados con la esfera externa de dicha afectación se deriven. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de agosto del 2014, expediente: 32988, C.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. En los hechos de la demanda se anotó: “…QUINCE:
Durante el tiempo en que estuvieron injustamente detenidos CARLOS MORALES NIETO y WILSON ERNESTO ARIAS ROA, la vida de relación familiar de los aquí demandantes sufrió daños solo imputables a las demandadas, dado que con su actuación antijurídica alejaron forzosamente al núcleo familiar de su afecto y amor filial de padre con sus pequeños hijos y su progenitora y de CARLOS con su hermana”. El salario mínimo de la época actualizado es inferior al actual.
“Cfr. URIBE G., José Ignacio y GÓMEZ R., Lina Maritza, «Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003», en Serie Documentos Laborales y Ocupacionales, Nº 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22”. Sentencia de 25 de febrero de 2009, expediente 25508, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
“Sobre el particular ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 4 de diciembre de 2006, dentro del expediente radicado con el número 13.168, en la cual se precisó: ‘en cuanto al tiempo que, en promedio, suele tardar una persona en edad económicamente activa en encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, la Sala se valdrá de la información ofrecida por el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), de acuerdo con la cual dicho período equivale a 35 semanas (8.75 meses). || Lo anterior quiere decir que el señor Audy Hernando Forigua Panche, como consecuencia cierta y directa de la privación de la libertad de que fue objeto, dejó de percibir los salarios y prestaciones sociales correspondientes al cargo de Adjunto Primero en la Policía Nacional, por un total de 31.75 meses’”. Aceptado mediante providencia del 5 de agosto de 2016 (fls. 198 y 199, c. ppal.).
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