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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00711-01

Acción de reparación directa: por privación injusta de la libertad

Fecha
22 de febrero de 2017
Consejero ponente
Stella Conto Díaz del Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2008-00711-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E MODIFICAR la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La cual quedará así: PRIMERO: Declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación -Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz. SEGUNDO: Condenar a la demandada a pagar al señor Víctor Manuel Robayo Muñoz las siguientes sumas; El valor de seis millones seiscientos treinta y ocho mil quinientos noventa y ocho pesos ($6.638.598), por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante. El equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, por concepto de perjuicios morales. TERCERO: Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales reconocidos a los afectados con la privación injusta de la libertad de la víctima directa, así: Florinda Talero Gutiérrez ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia. Kimberly Robayo Talero cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia. Néstor Robayo Talero cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia. CUARTO.- NEGAR las demás pretensiones. QUINTO.- No hay condena en costas SEXTO.- Para el cumplimiento de ésta sentencia se dará aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo Y 115 del C.P.C. SÉPTIMO.- En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2008-00711-01

Consejero ponente: Stella Conto Díaz del Castillo

22 de febrero de 2017

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - De conductor de vehículo sindicado del delito de tráfico de sustancias precursoras para el narcótico / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - De detención preventiva / SENTENCIA ABSOLUTORIA - Por aplicación del principio de in dubio pro reo / DAÑO ANTIJURIDICO - Privación injusta de la libertad desde el 20 de mayo de 2002 hasta el 10 de marzo de 2003 y luego fue capturado nuevamente por orden del Fiscal 28 Especializado y dejado en libertad el 26 de septiembre de 2006

El 20 de mayo de 2002, se produjo la primera captura del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, por órdenes de la Fiscalía, quien trabajaba conduciendo un camión de placas AOA020, de propiedad del señor Luís Eduardo Talero Gutiérrez, haciendo acarreos por la ciudad de Bogotá, labor que desempañaba aproximadamente hacía 20 años. El mismo 20 de mayo de 2002 el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, se encontraba junto al vehículo automotor de placas AOA020 en un parqueadero ubicado en la calle 17 con carrera 22 de la ciudad de Bogotá, en donde la policía antinarcóticos dispuso su detención toda vez que los documentos del vehículo y de la mercancía que contenía eran falsos (50 canecas de ácido sulfúrico). El señor Víctor Manuel Robayo Muñoz estuvo privado de la libertad por un lapso aproximado de diez (10) meses (desde el 20 de mayo de 2002 hasta el 10 de marzo de 2003), luego fue capturado nuevamente por orden del Fiscal 28 Especializado y dejado en libertad el 26 de septiembre de 2006, por orden del juez mediante sentencia absolutoria. La Fiscalía al calificar el mérito del sumario, el 5 de enero de 2005 profirió resolución de acusación contra el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, en calidad de coautor, por el delito de tráfico de sustancias precursoras para el narcótico. Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2006 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá, sostuvo que no existía certeza de la participación del demandante en los hechos de juzgamiento y que por ello resultaba forzoso dar aplicación al principio de in dubio pro reo. Decisión que cobró firmeza el 6 de diciembre de 2006.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Dos años contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación o de la sentencia absolutoria / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Presentada dentro del término legal

La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado, en lo que tiene que ver con los asuntos donde se depreca la responsabilidad de la administración por privación injusta de la libertad, que el término de los dos años para contabilizar la caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluye la investigación o que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso. En el sub lite se invoca la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad sufrida por el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz. Ahora, conforme a las pruebas allegadas al plenario, resulta acreditado que el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz estuvo privado de su libertad en dos ocasiones, la primera detención entre el 20 de mayo de 2002 y el 21 de marzo de 2003 y la segunda desde el 1 de febrero de 2005 al 26 de septiembre de 2006. El día 25 de septiembre de 2006 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia absolutoria –folio 7 a 24 cuaderno 2-. Obra en el expediente la constancia secretarial de ejecutoria de la sentencia la cual quedó en firme el día 4 de diciembre de 2006 –folio 26 cuaderno2-. De manera que, como la demanda se presentó el 25 de septiembre de 2008, lo fue en el término establecido en el artículo 136.8 del C.C.A.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8

PRINCIPIO DE LA NO REFORMATIO EN PEJUS - Límites y alcances

El artículo 31 de la Carta Política, en lo que tiene que ver con la competencia del superior para resolver la alzada, dispone que “no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”. Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que los límites materiales y formales del ad quem están determinados por el artículo 357 del C.P.C., a cuyo tenor el recurso debe entenderse interpuesto en lo desfavorable al apelante

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 31 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 357

ERRORES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Por falta de rectitud del juzgador o por su obrar equivocado / ADMINISTRADORES DE JUSTICIA - Están obligados a la observancia de los principios de presunción de inocencia, favorabilidad, defensa, in dubio pro reo, necesidad, excepcionalidad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Conlleva el deber de indemnización y reparación

En tanto ejercida por hombres, la existencia misma de la justicia penal conlleva posibilidad de error, ya sea por falta de rectitud del juzgador o por el hecho simplísimo de que la infalibilidad no es prerrogativa humana. Empero, como la convivencia social sería imposible sin la existencia de la función jurisdiccional, los titulares de ésta última están obligados a adoptar medidas tendientes a i) minimizar los posibles escenarios de privación innecesaria e indebida de la libertad y ii) reparar el daño causado, a quien fue detenido injustamente. El primero de estos deberes se cumple mediante la sujeción rigurosa a los principios de presunción de inocencia, favorabilidad, defensa e in dubio pro reo, así como los de necesidad y excepcionalidad de las medidas de aseguramiento en la etapa de investigación. El segundo da lugar a un deber de indemnizar y reparar, al margen de las conductas de las autoridades comprometidas en la imposición de la medida.

PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Se configura cuando es padecida por quien no está en la obligación de soportarla / LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD - Por la ejecución de un delito

Dado que en el nuevo paradigma constitucional la determinación de la responsabilidad estatal no depende de la ilegitimidad de la actuación estatal o culpa del agente que la ejecuta, sino de la interrogación sobre qué afectaciones del derecho deben ser soportadas por quien las padece y la relación causa a efecto con la acción u omisión de la administración, se impone que para la determinación de la naturaleza de la responsabilidad estatal por privación de la libertad, se plantee previamente la pregunta de cuándo una persona está en la obligación de soportar una medida restrictiva de su libertad. Dentro del marco axiológico de un Estado de derecho, la única respuesta admisible es que alguien está obligado a soportar la restricción de la libertad cuando ésta ha sido impuesta como consecuencia de una acción libre antecedente, esto es, como medio de contención al delito. Tratándose de una pena efectivamente subsiguiente al delito, la restricción indeseada de la libertad, no entra realmente en pugna con la autonomía y la dignidad del hombre sino que de cierto modo, es consecuencia de ellas.

RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL - Delincuente está en la obligación de soportar limitante por su actuar errado en ejercicio de su autonomía

La pena se reputa justa y, con razón, no contradice al principio de dignidad; puesto que no parte de una disposición arbitraria del bien jurídico de la libertad por parte del Estado, sino que, por el contrario, se aviene al delincuente como consecuencia de su autonomía, de modo que, en cierta forma, es exigida por su misma dignidad. No sucede lo mismo cuando la pena o la medida de aseguramiento no pueden correlacionarse de alguna manera, con acto originario de la libertad. En efecto, incluso cuando la privación de la libertad no provenga de la arbitrariedad estatal, pues en el caso concreto se hubiesen seguido sin éxito todas las reglas de la prudencia encaminadas a evitar el error. Esto es así porque negar la injusticia de la detención de quien no es culpable supondría asumir que, de alguna manera, la autonomía y el propio ser de por el solo hecho de la investigación se sujetan a disposición del Estado. Aceptar que el Estado no incurre en injusticia por disponer sobre la libertad de las personas significa, empero, aceptar que la libertad no es derecho y condición preexistente ontológicamente a la asociación sino mera concesión del poder. El todo social es, desde esta perspectiva, el titular de todos los derechos y su gracioso dispensador. Nadie puede reclamar nada al Estado, porque no hay nada anterior a él. Claramente no es éste el Estado de derecho.

OBLIGACIÓN DE SOPORTAR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD - Tesis abandonada por el Consejo de Estado

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha abandonado enfáticamente la tesis según la cual, salvo en el caso de desviación manifiesta de la administración judicial, la eventualidad de ser privado de la libertad se encuentra comprendida dentro de las cargas públicas que todo ciudadano debe soportar. NOTA DE RELATORÍA: Referente al rechazo de la privación de la libertad como carga que deban soportar los ciudadanos, consultar sentencia de 04 de diciembre de 2006, Exp. 25000-23-26-000-1994-09817-01(13168), CP. Mauricio Fajardo Gómez.

DEBER CONSTITUCIONAL DE REPARACIÓN - Por los perjuicios ocasionados por la privación injusta de la libertad

Se ha de insistir, por lo demás, en que el deber de reparación por privación injusta de la libertad es una exigencia constitucional directa y no derivada por ende de una previsión legal (v.gr. el art. 414 del Decreto 2700 de 1991) o jurisprudencial. Esto no solamente queda patente en el hecho mismo de que conceptualmente es imposible no excluir a la privación de la libertad del inocente de la categoría conceptual del daño antijurídico, sino también por la consideración de la voluntad del constituyente, a la luz del método histórico de interpretación

FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 414

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Al acreditarse que la coautoría del delito que se le imputó al actor no existió / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Carga que el sindicado no estaba en la obligación de soportar

[D]e conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado deberá responder por la medida de aseguramiento de detención preventiva a la que estuvo sometido el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, porque, si bien el sindicado fue absuelto por in dubio pro reo, lo cierto es que no se probó su participación en los hechos delictivos investigados, comoquiera que la justicia penal así lo resolvió y la documentación allegada al expediente así lo indica. Esto, en la medida en que no existían pruebas directas en su contra. De ahí que el señor Robayo Muñoz no tenía que soportar la privación de la libertad que le fue impuesta, en cuanto la coautoría que le fue atribuida no existió y, en consecuencia, la sentencia impugnada tendrá que confirmarse, salvo que a la víctima se le atribuya dolo o culpa grave.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO - Alcance

Para empezar, valga reiterar que la absolución con base en el mencionado principio no equivale a una absolución de segundo nivel que deja en el limbo las cuestiones sobre la responsabilidad del acusado. Por el contrario, se ha de afirmar enérgicamente que el absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo no queda en una especie de zona gris en la que el estado debe “resignarse” a prescindir de la aplicación de la sanción penal, en tanto el absuelto no puede ser tenido como inocente, en todos los demás contextos distintos al exclusivamente relativo al proceso penal. Y es que, o se acepta que la absolución con base en el principio in dubio pro reo produce plenos efectos jurídicos o, sencillamente, el principio de presunción de inocencia carece de todo significado. En segundo lugar, es menester precisar que solo cabe considerar que una sentencia se profiere con base en el principio in dubio pro reo, cuando, a pesar de la solidez de las pruebas, éstas no son suficientes para vencer la presunción de inocencia. En este sentido, atañe a la esencia de la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo la existencia de material probatorio con cierto grado de razonabilidad y fuerza de convicción, supuesto que excluye, de raíz, casos en los que la declaración de inocencia se profiere por haberse desestimado por completo la solidez de las pruebas que fundaban la acusación. Así pues, la invocación al mencionado principio, acompañada de la refutación de la prueba se ha de reputar meramente nominal.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Para su procedencia es menester la valoración de la conducta de la víctima / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - No es procedente si se evidencia dolo o culpa grave de la víctima en la comisión del daño censurado / JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Le está vedado pronunciarse sobre el actuar delictivo o la conducta penal del sindicado

Si bien el artículo 90 constitucional impone el deber de reparación del daño antijurídico en términos categóricos, este imperativo puede ser atemperado, en el caso de la privación de la libertad, por la obligación del juez administrativo de verificar la actuación de quien resultó detenido, pues establecida la culpa grave o el dolo a la luz de los artículos 2, 83 y 95 de la Carta Política no procede la indemnización. Significa lo anterior, en consecuencia, que previo al reconocimiento de la indemnización por privación injusta de la libertad debe el juez verificar que la actuación del demandante responda a las previsiones constitucionales. Cabe advertir, eso sí que, en modo alguno puede revisarse el proceso penal, en orden a controvertir la sentencia dictada, por lo que está vedado pronunciarse sobre el carácter delictivo o no de los hechos bajo estudio o el reproche de la conducta del sindicado a la luz de la ley penal. El juicio que corresponde adelantar debe limitarse a determinar la obligación de indemnizar el daño derivado de la privación injusta de la libertad dentro del marco del ilícito civil, construido al amparo de las normas y los principios y valores constitucionales para los que, sin perjuicio del daño antijurídico y el deber de reparación, no hay derechos absolutos desprovistos de compromisos institucionales. Razones que conducen a la separación entre la investigación penal y la absolución y la indemnización que debe ordenar el juez de la responsabilidad del Estado, siguiendo los parámetros del artículo 90 Constitucional bajo los lineamientos de los artículos 2, 83 y 95 del mismo ordenamiento.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 83 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 95

CULPA GRAVE O DOLO - Inexistente. Demandante actuó conforme a los cánones de convivencia exigidos por la ley

[E]l acervo probatorio permite establecer que el 20 de mayo de 2002, el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz resultó implicado en una investigación penal por el delito de tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. Si bien en su injurada aseguró ser conductor del vehículo de placas AOA -020 contentivo de las 50 canecas de ácido sulfúrico, afirmó no tener conocimiento alguno sobre el contenido de las canecas ni la falsedad de los documentos de la mercancía transportada. Afirmaciones ciertas en cuanto la Fiscalía no desvirtuó su veracidad. En cuanto a la forma de actuar del señor Robayo Muñoz frente a la falsedad de los documentos que soportaban la mercancía, no se encuentra actuación reprochable al respecto, toda vez que su labor consistía en transportarla de un lugar a otro y en el expediente se encuentra demostrado que así era, además que al recibir unos documentos que aparentemente no carecen de validez y que su verificación conlleva labores arduas que una persona del común no puede desplegar debido a la carencia de elemento y herramientas que permitirían su confirmación. El hecho de transportar una mercancía, le exige la carga del cumplimiento de la obligación al transportador de llevarla de un lugar a otro en perfecto estado, pero no la verificación de la idoneidad de los documentos de la mercancía transportada, esto sumado a que la Fiscalía no logró endilgarle responsabilidad. (…) Cabe anotar que, si bien en la actuación aparece demostrado que el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz aceptó los cargos y solicitó sentencia anticipada, de ello no puede predicarse culpa grave o dolo, pues en la investigación no fue demostrada su participación en la comisión del hecho punible. Esto es así porque el juez penal, al resolver la petición a la que se alude, no encontró pruebas que lo incriminaran, al punto que llamó la atención del fiscal sobre el mérito y procedencia de la medida de aseguramiento, quien, en últimas, revocó la medida de aseguramiento. Siendo así, al margen de las actuaciones delictuosas de los hechos narrados en el proceso de la referencia, es dable concluir que el actor no quebrantó los modelos de conducta que impone la convivencia social.

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - Fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima. Regla general / DOLO O CULPA GRAVE DE LA VICTIMA - Subregla de carácter especial que exime de responsabilidad estatal en los casos de privación injusta de la libertad

Nótese que las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad ⎯fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima⎯ tratándose de la pérdida de la libertad se subsumen en la culpa grave o el dolo de la víctima, eventos en los que el Estado no resulta obligado a responder administrativa y patrimonialmente. Ahora, como previamente ya se ha referido, la regla general de aplicación de los eximentes de responsabilidad de la administración, cuenta con una sub-regla de carácter especial, cuando la responsabilidad deviene de la privación de la libertad. En efecto, el artículo 414 del C.P.P. estipulaba en su parte final que los supuestos en él señalados y que daban lugar a la indemnización por la privación injusta de la libertad, procedían a favor del actor “siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Así lo consideró la Sala cuando sostuvo que la conducta del individuo, su proceder, es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad. (…) es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. NOTA DE RELATORIA: Referente a la actuación con dolo o culpa grave de la víctima, como eximentes de responsabilidad estatal en los casos de privación injusta, consultar sentencia de 30 de abril de 2014, Exp. 25000-23-26-000-2001-01145-01(27414), CP. Danilo Rojas Betancourth.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 414 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 63

DOLO O CULPA GRAVE DE LA VICTIMA - No probada

[S]i bien el juez administrativo no puede reemplazar al juez natural en el análisis de la comisión del hecho punible, en tanto la decisión adoptada sede penal es cosa juzgada, inmutable y ha surtido efectos jurídicos para la parte interesada, no quiere decir que la reparación opere de manera automática, en tanto debe establecerse el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de dicha indemnización conforme a lo normado en el artículo 90 superior, en la Ley 270 de 1996, en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y en el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de los que se deriva que quien estuvo privado de la libertad no puede exigir reparación en todos los casos. Específicamente cuando se evidencie actuación dolosa o gravemente culposa. En este orden, la Sala no encuentra demostrado la actuación gravemente culposa del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, por lo que habrá de confirmar la sentencia y disponer la reparación del daño a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / LEY 270 DE 1996 / DECRETO 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 414

PERJUICIOS MORALES - Fijados en salarios mínimos legales mensuales vigentes / PERJUICIOS MORALES POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Reiteración de sentencia de unificación / PERJUICIOS MORALES - Reconocidos por diez meses que duró la primera restricción de la libertad / PRINCIPIO DE LA NO REFORMATIO IN PEJUS - Impide modificación de sentencia impugnada

En sentencia de unificación, la Sección reiteró criterios jurisprudenciales según los cuales el perjuicio moral ha de ser tasado en salarios mínimos mensuales legales, el tope indemnizatorio se fija en 100 smlmv y estableció criterios generales de indemnización (…) Es del caso hacer claridad en los tiempos que estuvo recluido el señor Robayo Muñoz en la Cárcel Modelo de Bogotá, diez (10) meses entre el 20 de mayo de 2002 y el 21 de marzo de 2003 y 24 meses y 25 días desde el 1 de febrero de 2005 al 26 de septiembre de 2006. En el caso que nos atañe y teniendo en cuenta que el Tribunal negó los perjuicios ocasionados por la segunda detención, decisión que no fue apelada por la parte actora, la Sala se limitará a la actualización de los perjuicios reconocidos por la primera detención. Así las cosas, dado que el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz estuvo privado de la libertad por un tiempo superior a 9 e inferior a 12 meses, se impone la conclusión de que tanto el como su esposa, Florinda Talero Gutiérrez y sus hijos, Kimberly y Néstor Manuel Robayo Talero debieron haber recibido sendas indemnizaciones equivalentes a ochenta (80) smlmv cada uno. Empero, advierte la Sala que, lo reconocido por el a quo a los antes nombrados no cumple con los parámetros fijados en la jurisprudencia antes citada respecto a la víctima directa; toda vez que reconoció una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, víctima directa y para los hijos cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno. Lo cierto es que, como quedó antes explicado el principio de la no reformatio in pejus impide modificar la sentencia impugnada, por cuanto se agravaría la situación del apelante único. NOTA DE RELATORÍA: Referente al reconocimiento de perjuicios morales por privación injusta de la libertad, consultar sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), CP. Hernán Andrade Rincón.

PERJUICIOS MATERIALES - Lucro cesante / LUCRO CESANTE -Actualización del monto reconocido en primera instancia

El a quo señaló que esta clase de perjuicios se solicitaron a favor del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz por cuanto al momento de su detención y para esa época, devengaba un salario básico mensual de un millón seiscientos mil pesos ($1.600.000.oo). (…) Decisión que se confirmará, en cuanto se encuentra demostrado que la privación ocurrió entre el 20 de mayo de 2002 y 21 de marzo de 2003, lo que corresponde a 10 meses, situación que le impidió el ejercicio de su actividad, previa actualización. Para el efecto se liquidará el lucro cesante con el salario mínimo para la fecha de la sentencia ($515.900) y se actualizará. (…) por cuanto la sola actualización no desconoce el principio de la no reformatio in pejus.

DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN - Compensado a través de medidas no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano / DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN - No fue objeto de apelación

Sobre la reparación de esta tipología de perjuicios inmateriales, la Sala en sentencia de unificación de jurisprudencia de 28 de agosto de 2014, decidió privilegiar la compensación a través de medidas no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano y, en casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral se unificó que podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV. Dicho lo anterior y como la parte actora no impugnó la decisión la Sala mantendrá de decisión tomada y negará los perjuicios solicitados por este concepto. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la reparación del daño a la vida de relación, consultar sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, Exp. 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251), CP. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Bogotá, D. C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00711-01(41724)

Actor: VICTOR MANUEL ROBAYO MUÑOZ Y OTROS

Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Tema: Responsabilidad por privación de la libertad. Autonomía del juicio de responsabilidad. Dolo y culpa grave. Al juez de la reparación no le corresponde desvirtuar la presunción de inocencia, sí analizar la conducta civil de la víctima

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada - Fiscalía General de la Nación- contra la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2010 por el Tribunal Administrativo del Cundinamarca, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda, así:

“PRIMERO: RECONOCER personería para actuar a la Dra. SONIA DEL PILAR MENDOZA BAUTISTA, como apoderada judicial de la NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, conforme al poder que obra a folio 110 del cuaderno principal del expediente.

SEGUNDO: DECLARAR administrativamente responsable a LA NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por los perjuicios ocasionados al señor VICTOR MANUEL ROBAYO MUÑOZ como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que se vio sometido, así como a su cónyuge FLORINDA TALERO GUTIERREZ y a sus hijos KIMBERLY y NESTOR MANUEL ROBAYO TALERO.

TERCERO: CONDENAR a LA NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por concepto de PERJUICIOS MATERIALES la suma de cinco millones ciento cincuenta mil pesos m/cte $5.150.000 a favor del señor VICTOR MANUEL ROBAYO MUÑOZ.

CUARTO: CONDENAR a LA NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por concepto de PERJUICIOS MORALES al pago de:

Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del VICTOR MANUEL ROBAYO MUÑOZ.

Ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de FLORINDA TALERO GUTIERREZ.

Cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a cada uno de sus hijos KIMBERLY Y NESTOR MANUEL ROBAYO TALERO.

QUINTO: CÚMPLASE lo normado en los artículos 176 y 177 del C.C.A., para efectos de ejecución de la presente sentencia.

SEXTO: Sin condena en costas”.

ANTECEDENTES

Pretensiones

El 25 de septiembre de 2008, ante el Consejo de Estado, fue presentada demanda de reparación directa por los señores Víctor Manuel Robayo Muñoz, Florinda Talero Gutiérrez, Kimberly Robayo Talero y Néstor Manuel Robayo Talero, a través de apoderado, contra la Nación-Fiscalía General de la Nación para que se la declare administrativamente responsable por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad, ocurrida entre un “lapso aproximado de diez (10) meses (desde el 20 de mayo de 2002 hasta el 10 de marzo de 2003), luego fue capturado nuevamente por orden del Fiscal 28 Especializado y dejado en libertad el 26 de septiembre de 2006”, de la que fue objeto el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz. El Consejo de Estado remite el proceso a los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá, correspondiéndole por reparto al Juzgado 33, el cual mediante auto de 2 de diciembre de 2008 ordenó remitir al Tribunal de Cundinamarca el proceso de la referencia ppor falta de competencia funcional. En consecuencia la presente acción fue sometida nuevamente a reparto en el Tribunal de Cundinamarca, quien, mediante auto de 28 de enero de 2009, dispuso su remisión al Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá. Ulteriormente, el Juzgado 33 a través de proveído de 14 de julio de 2009 se declaró incompetente para conocer el asunto y como consecuencia procedió a su respectiva remisión al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien decretó la nulidad de todo lo actuado y avocó conocimiento.

Para el efecto se solicitaron las siguientes declaraciones y condenas:

“PRIMERA: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a LA Nación – Fiscalía General de la Nación, de los perjuicios de todo orden, causados a los demandantes, con motivo de la privación injusta de la libertad del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz de que fue objeto por órdenes de la Fiscalía, por espacio aproximado de treinta (30) meses.

SEGUNDA: Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a cancelar por concepto de daños morales las siguientes sumas:

Para Víctor Manuel Robayo Muñoz (Detenido) la suma de CIEN (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para la época de la ejecutoria de la sentencia.
Para Florinda Talero Gutiérrez (Esposa) la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para la época de la ejecutoria de la sentencia.
Para Kinberly Robayo Muñoz (sic) (Hijo) la suma de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para la época de la ejecutoria de la sentencia.
Para Néstor Manuel Robayo Talero (Hijo) la suma de CIEN (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para la época de la ejecutoria de la sentencia.

TERCERA: Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a cancelar a favor de Víctor Manuel Robayo Muñoz, los perjuicios materiales sufridos con motivo de su privación injusta de su libertad, teniendo en cuenta que duró treinta (30) meses detenido, y que al momento de su detención devengaba ingresos mensuales por la suma de un millón seis cientos mil pesos (sic) ($1.600.000), los cuales no pudo seguir percibiendo durante el tiempo que estuvo detenido, para un total de cuarenta y ocho millones de pesos (48.000.000).

CUARTA: Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a cancelar a favor de Víctor Manuel Robayo Muñoz, la suma de cien (100) SMMLV, para la época de ejecutoria de la sentencia, por los perjuicios a la vida de relación que este sufrió y sigue sufriendo, pus haber estado privado de la libertad causa un impacto en la sociedad, que sin duda se ve reflejado en la persona del señor Robayo Muñoz, quien va a ser rechazado y calificado como un supuesto narcotraficante, pues aunque le dicten sentencia absolutoria, hay personas que lo van a seguir considerando como un posible delincuente, lo cual le va a impedir tener una vida normal.

QUINTA: Que se condene en costas a la demandada.

SEXTA: Que las condenas respectivas sean actualizadas de conformidad con el art. 178 del C.C.A. y se reconozcan intereses del tipo a que haya lugar desde la ocurrencia de los hechos hasta la fecha del cumplimiento total de la sentencia.

SEPTIMA: Que se le de cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.”.

Fundamentos de hecho

Como fundamento de sus peticiones, los demandantes expusieron los siguientes hechos:

2.1. El 20 de mayo de 2002, se produjo la primera captura del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, por órdenes de la Fiscalía, quien trabajaba conduciendo un camión de placas AOA020, de propiedad del señor Luís Eduardo Talero Gutiérrez, haciendo acarreos por la ciudad de Bogotá, labor que desempañaba aproximadamente hacía 20 años.

2.2. El mismo 20 de mayo de 2002 el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, se encontraba junto al vehículo automotor de placas AOA020 en un parqueadero ubicado en la calle 17 con carrera 22 de la ciudad de Bogotá, en donde la policía antinarcóticos dispuso su detención toda vez que los documentos del vehículo y de la mercancía que contenía eran falsos (50 canecas de ácido sulfúrico).

2.3. El señor Víctor Manuel Robayo Muñoz estuvo privado de la libertad por un lapso aproximado de diez (10) meses (desde el 20 de mayo de 2002 hasta el 10 de marzo de 2003), luego fue capturado nuevamente por orden del Fiscal 28 Especializado y dejado en libertad el 26 de septiembre de 2006, por orden del juez mediante sentencia absolutoria.

2.4. La Fiscalía al calificar el mérito del sumario, el 5 de enero de 2005 profirió resolución de acusación contra el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, en calidad de coautor, por el delito de tráfico de sustancias precursoras para el narcótico.

2.5. Mediante sentencia del 25 de septiembre de 2006 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá, sostuvo que no existía certeza de la participación del demandante en los hechos de juzgamiento y que por ello resultaba forzoso dar aplicación al principio de in dubio pro reo. Decisión que cobró firmeza el 6 de diciembre de 2006.

Intervención pasiva

3.1. La Nación-Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones fundada en que no existen fundamentos fácticos ni jurídicos que respalden la presunta falla en el servicio de la administración de justicia.

Afirma que en el casi sub lite, resulta evidente que no es posible estructurar una responsabilidad patrimonial en cabeza de la Fiscalía, porque la actuación de la entidad se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los hechos, “actuación de la cual no es justado a derecho predicar un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ninguna clase de error, ni mucho menos privación injusta de la libertad del señor VICTOR MANUEL ROBAYO MUÑOZ”.

Puso de presente, que para el Fiscal de conocimiento se encontraba plenamente demostrada la materialidad del ilícito, así como la responsabilidad del procesado. Para el efecto, obraba informe del Laboratorio de Estupefacientes del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forences que afirmaba que la sustancia encontrada en las canecas, que estaban al interior del camión manejado por el señor Robayo Muñoz, era un precursor de narcóticos. También reposaba en el expediente las declaraciones de todos los funcionarios que participaron en la investigación, pruebas testimoniales y documentales que inferían el serio compromiso de la responsabilidad penal del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz.

Adicional a lo anterior, para el señor Fiscal era sospechoso como el hoy actor, cada vez que era interrogado, incurría en respuestas diferentes y contradictorias en torno a la forma como acaecieron los hechos, razón por la cual surgían en su contra indicios de mentira y falsa justificación, así como de distorsión de la realidad de lo ocurrido.

Finalmente manifestó que “aun cuando la Fiscalía General de la Nación, tuvo los indicios que válidamente le permitieron definir la situación jurídica y proferir resolución de acusación, posteriormente se profirió sentencia absolutoria a favor del señor VICTOR MANUEL ROBAYO MUÑOZ, ello solo se produjo tras la inducción en el convencimiento del juez, quien además agotó la etapa de la causa, para llegar a la conclusión de que no había certeza sobre la participación del señor VICTOR MANUEL ROBAYO MUÑOZ en los hechos objeto de juzgamiento y no cabía otra decisión que la de absolver al procesado en aplicación al principio de in dubio pro reo y así lo dispuso”.

Alegatos de conclusión

La parte actora

La parte actora solicitó acceder a las súplicas de la demanda. Reiteró todo lo dicho en el escrito inicial y manifestó que se podía, de las pruebas allegadas, determinar que el demandante estuvo privado de la libertad sin haber participado y sin tener responsabilidad penal en el ilícito que la Fiscalía le. Se le vulneraron los derechos fundamentales y principalmente el derecho a la libertad.

Señaló que existió una conducta por parte del Estado (Fiscalía General de la Nación) que generó un daño antijurídico al señor Víctor Manuel Robayo Muñoz por su privación de la libertad, pese a que no existían elementos suficientes que condujeran a señalarlo como autor o coautor del delito investigado, como lo afirmó el Juez Segundo Penal del Circuito en el fallo del 25 de septiembre de 2006, providencia por la cual se corrige el yerro de la Fiscalía.

Manifestó que el hecho dañoso conlleva la responsabilidad del Estado en cabeza de una de sus instituciones y nace la obligación constitucional (art. 90) de reparar integralmente los daños causados, que el particular no está obligado a soportar, y por ende, se debe restablecer el equilibrio que debe reinar en una sociedad eregida como Estado Social de Derecho.

Finalmente, el daño ocasionado resulta antijurídico a los demandantes, pues el Estado no logró desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al señor Robayo y la errada adopción de la medida de privarlo de la libertad, que resultó desmedidamente desproporcionada, causó a él y a su familia daños calificados como antijurídicos y cuya configuración determina el reconocimiento de la respectiva indemnización de perjuicios.

Parte demandada – Fiscalía General de la Nación

La Fiscalía señaló que no comparte los fundamentos de derecho de las pretensiones de la demanda, cuando se refiere al artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, antiguo Código de Procedimiento Penal, como quiera que es inaplicable conforme a la época de los hechos y en concordancia con la Ley aplicable en el momento.

Manifestó que en virtud a lo anterior se debería desestimar los supuestos de responsabilidad objetiva del Estado por actividad judicial, referidos por el demandante con fundamento en la derogada disposición, máxime teniendo en cuenta que los hechos que dan lugar a la demanda, sucedieron en vigencia de la Ley 600 de 2000.

Arguyó además que, en el caso concreto, para proferir medida de aseguramiento en contra del sujeto pasivo de la acción penal, se necesita una mínima, dos indicios graves de responsabilidad, siendo mayor exigencia cuando se trate de proferir resolución de acusación. “Requisito que en primer momento la Fiscalía consideró se encontraba presente y era suficiente como proceder a dictar medida de aseguramiento, teniendo en cuenta los resultados de las labores adelantadas por la Policía Judicial, como la certificación de que la documentación con la cual se pretendía soportar la legalidad del transporte de la sustancia, era falsa, lo que demostraba la materialidad de la conducta como el compromiso del sindicado cuyo papel para la escena de los hechos era el conductor del camión donde se pretendía desplazar la mercancía”.

Afirmó, que el fiscal encargado de la instrucción le correspondió pronunciarse jurídicamente de acuerdo con la naturaleza del hecho investigado, las pruebas aportadas, el origen de la acusación y con la observancia en los criterios fijados por la Ley que en ciertos casos permite la retención de personas, el allanamiento, la requisa, la retención de los ciudadanos, etc. En estos casos se causa un perjuicio, pero dadas las circunstancias, la persona tendría el deber de soportarlo.

Finalmente, aseveró que “advirtiendo la omisión de la defensa técnica en el proceso penal, del uso de la figura del control de legalidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva, garantía que tiene el ciudadano de no ser llevado al juicio sin fundamentos probatorios, en donde el juez de conocimiento puede examinar en su integridad tal medida, en orden a establecer un control sobre el debido proceso penal, si se consideraba “injusta”. (Culpa exclusiva de la víctima)”.

Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones. Decidió que, en el asunto de la referencia, la responsabilidad se predica de la entidad demandada, por cuanto, la Fiscalía profirió la medida de aseguramiento en contra del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz.

Afirmó, que la medida de aseguramiento impuesta al señor Robayo Muñoz, se circunscribió como injusta, toda vez que los medios de convicción tenidos en cuenta para su concreción carecieron de carácter de indicios graves, aunado a ello también observó que no se configura causal eximente de responsabilidad, siendo esta, culpa exclusiva de la víctima, por cuanto al tener en cuenta el grado restringido o casi nulo de educación y la actividad a la que se dedicaba –transporte público de carga– era de esperarse bajo tales condiciones, que al hacérsele entrega de los documentos relacionados con la acreditación de la carga, ostentaran apariencia de legalidad, por cuanto en su actividad de transportador, era normal la entrega de los mismos para llevar a término la entrega a su destino la mercancía a transportar, sin presumir su falsedad; así mismo observó que el actuar del aquí demandante no fue el de una persona que estuviera cometiendo un ilícito, pues a pesar de haber sido sometido a una revisión del automotor, no escatimó en quedarse en el vehículo junto con la mercancía, de lo que se infiere que en su razonar no estaba cometiendo un ilícito, pues otra persona que en su entender quisiera llevar a cabo el ilícito hubiera tratado de esconder el automotor lejos de su presencia.

Señaló que “en el caso sub judice, quedó completamente establecido el daño que se le provocó al demandante VICTOR MANUEL ROBAYO MUÑOZ, al habérsele privado de la libertad de manera injusta por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entidad que expidió la medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, sin haber tenido pruebas suficientes para haberlo vinculado a la investigación, toda vez que las pruebas allegadas al expediente se desprende que estas no daban la suficiente fuerza de convicción que permitieran realizar una acusación con plena certeza en contra del encartado”.

Ahora, en lo que tiene que ver con los perjuicios materiales solicitados por el actor, el a quo i) negó el daño emergente por carencia de sustento fáctico y probatorio, ii) en relación a la primera detención (20 de mayo de 2002 a 21 de marzo de 2003) reconoció respecto del lucro cesante con base en el salario mínimo, la suma de cinco millones ciento cincuenta mil pesos ($5.150.000) y iii) en lo concerniente a la segunda detención (2 de febrero de 2005 a 26 de septiembre de 2006) negó las pretensiones por este concepto, en atención al proceder negligente del señor Robayo Muñoz, para el efecto argumentó: “se tiene que abrió paso a ser privado de la libertad, por lo que de ello se deriva que la decisión fue razonable, pues como quedó referenciado anteriormente, las contradicciones en que incurrió, al no determinar con precisión la identidad de la persona que le hizo entrega de la autorización para el cargue del ácido sulfúrico siendo esta Jacqueline Caballero Jiménez, como tampoco el destino al que debía transportar tal carga, tales circunstancias permitieron que el Despacho 25 UNAIM delegado ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados (sic), procediera a revocar la decisión del 21 de marzo de 2003, para con ello afectar nuevamente a Víctor Manuel Robayo Muñoz con decisión limitante de la libertad. En consecuencia, se tendrá que en cuento a esta detención, la misma si se profirió dentro de un ámbito de razonabilidad”.

En cuanto a los perjuicios morales, el Tribunal consideró que conforme a los testimonios obrantes en el proceso se infiere el impacto y afectación moral que sufrieron los demandantes, en consecuencia aplicó el criterio jurisprudencial adoptado en asuntos similares al presente, para tasar los perjuicios por lo que fijó para la víctima directa con una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para su cónyuge Florinda Talero Gutiérrez la suma de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes y para sus hijos Kimberly y Néstor Manuel Robayo Talero la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Finalmente, en lo referente a los perjuicios de daño de vida de relación, el Tribunal consideró:

“Frente a este perjuicio la Sala no accederá a lo solicitado, por cuanto en el plenario no obra prueba o medio de convicción que de certeza de esta circunstancia (…)”.

Recurso de apelación

La Fiscalía General de la Nación impugna la decisión. Sostiene que no se comparten los fundamentos de derecho del fallo por cuanto se refiere al artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, antiguo Código de Procedimiento Penal, “comoquiera que es inaplicable conforme a la época de los hechos y en concordancia con la Ley aplicable en el momento”.

Manifestó que el análisis que se haga sobre la responsabilidad patrimonial del Estado se haga frente a un caso concreto y determinado, no debe hacerse con fundamento en lo que comparativamente sería un Estado ideal, sino teniendo en cuenta las especiales y reales circunstancias de una actuación jurisdiccional, que permitan establecer frente a cada caso que se puede esperar en torno a la prestación del servicio público.

Afirmó que, el daño que pudo sufrir el sindicado al ordenarse su detención, no tenía categoría de antijurídico y la víctima, en este caso, se encontraba en el deber de soportar las consecuencias de la actividad judicial, comoquiera que en la investigación si existían más de dos indicios graves de responsabilidad en su contra, así mismo no se encuentra un error jurisdiccional que pueda conllevar una falla en la prestación del servicio.

Finalmente, arguyó que si el señor Víctor Robayo consideró que la imposición de la medida de aseguramiento no se ajustaba a derecho o era injusta, debió controvertirla haciendo uso de los recursos de Ley y del mismo control de legalidad ante el Juez de conocimiento, lo que configura culpa exclusiva de la víctima.

Alegaciones finales

7.1. La parte actora, reiteró los argumentos esgrimidos en la demanda y las alegaciones finales ante el a quo y solicitó confirmar el fallo de primera instancia. El principal fundamento jurídico lo centra en el artículo 90 de la Constitución y los artículos 65 y 68 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.

Manifestó que está plenamente probado, en especial con la providencia del Juez Segundo Penal del Circuito de Bogotá, que no fue apelada por la Fiscalía, que no existió prueba directa ni contundente de la presunta responsabilidad del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz en la comisión del delito investigado y tan solo existieron sospechas mal fundadas, que nunca pueden dar motivo para vulnerar ese derecho constitucional de la libertad y producir el daño que ocasionó.

Concluyó, que si bien es cierto que a los administrados les corresponde como carga pública el participar, por voluntad de la autoridad, en una investigación, también debe afirmarse que en el momento en que dicha carga quebrante el principio fundamental de la igualdad de las cargas públicas, se verá el ente estatal ante una situación fáctica de responsabilidad.

7.2. La Fiscalía General de la Nación, en esta oportunidad, reiteró los argumentos de defensa señalados en la contestación de la demanda, las alegaciones ante el a quo y los argumentos del recurso de apelación, al tiempo que solicita revocar la sentencia impugnada y negar las pretensiones. Señala que discrepa de la condena impuesta, bajo el entendido que en el sub judice no se encuentran acreditados los supuestos que permitan estructurar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía.

Arguye que “de la resolución que define la situación jurídica del encartado y otros, se evidencia que la imposición de la medida de aseguramiento guarda respaldo con el acervo probatorio legalmente recaudado, el cual llegó a edificar sobre el funcionario instructor el grado de conocimiento la posibilidad y clausurado el término de la instrucción, al calificar infirió razonablemente que se contaba con el grado de conocimiento de la probabilidad, para formular así resolución de acusación, todo en ejercicio de las facultades constitucionales y legales”.

Que si bien es cierto que el Juez de conocimiento al momento de proferir su fallo resolvió que la responsabilidad predicada en cabeza del señor Robayo, no alcanzó el grado de certeza (in dubio pro reo), no deslegitima la medida de aseguramiento que fue ajustada a derecho.

Finalmente, afirma que el señor Robayo con su actuar negligente propicio su vinculación la investigación y abrió paso a ser privado de la libertad. Porque es de resaltar que en el proceso penal adelantado en contra del antes nombrado su defensor hubiese podido perfectamente hacer uso del control de legalidad de la medida de aseguramiento de detención preventiva, estipulada en el artículo 392 del anterior C.P.P., garantía que tiene el ciudadano de no ser llevado a juicio sin fundamentos probatorios, en donde el juez puede examinar en su integridad tal medida, en orden a establecer un control sobre el debido proceso penal, máxime cuando se cuestiona la prueba mínima para asegurar.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

Corresponde a la Sala conocer el presente asunto, pues, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, tal como fue entendida por esta Corporación, la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa, por hechos de la administración de justicia, debe ser conocida por esta Corporación.

Caducidad de la acción

La jurisprudencia de esta Corporación ha precisado, en lo que tiene que ver con los asuntos donde se depreca la responsabilidad de la administración por privación injusta de la libertad, que el término de los dos años para contabilizar la caducidad de la acción de reparación directa se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que precluye la investigación o que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso.

En el sub lite se invoca la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General por los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta de la libertad sufrida por el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz.

Ahora, conforme a las pruebas allegadas al plenario, resulta acreditado que el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz estuvo privado de su libertad en dos ocasiones, la primera detención entre el 20 de mayo de 2002 y el 21 de marzo de 2003 y la segunda desde el 1 de febrero de 2005 al 26 de septiembre de 2006.

El día 25 de septiembre de 2006 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia absolutoria –folio 7 a 24 cuaderno 2-. Obra en el expediente la constancia secretarial de ejecutoria de la sentencia la cual quedó en firme el día 4 de diciembre de 2006 –folio 26 cuaderno2-. De manera que, como la demanda se presentó el 25 de septiembre de 2008, lo fue en el término establecido en el artículo 136.8 del C.C.A.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar el daño antijurídico sufrido por el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, privado de la libertad. Al tiempo se deberá establecer la obligación de reparar, esto es determinar si la víctima actuó con dolo o culpa grave, al margen de su inocencia que no le corresponde a esta Sala controvertir.

Análisis del caso

De la legitimación por activa

4.1.1. Se reconoce como legitimado en la causa por activa al señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, quien conforme a las copias de las actuaciones del proceso penal fue privado de la libertad conforme al i) acta de derechos del capturado fechada 20 de mayo de 2002 –folio 32 del cuaderno 8-, ii) la resolución del 24 de mayo de 2002 proferida por la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá mediante la cual se le impuso medida de aseguramiento como presunto coautor del delito de tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos –folios 55 a 84 del cuaderno 8-, iii) la boleta de encarcelación n.° 12 del 27 de mayo de 2002 –folio 86 del cuaderno 8- y iv) la posterior sentencia absolutoria proferida el 25 de septiembre de 2006 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá –folio 166 a 170 cuaderno 2-.

4.1.2. Obra en el plenario registro civil de nacimiento de Kimberly y Néstor Manuel Robayo Talero de donde se colige su legitimación por activa para acudir al asunto en calidad de hijos de señor Víctor Manuel Robayo Muñoz –folios 2 y 3 del cuaderno 2-.

4.1.3. La legitimación de la señora Florinda Talero Gutiérrez, en calidad de esposa de la víctima directa, se colige del registro civil de matrimonio allegado –folio 4 del cuaderno 2-.

Hechos probados

4.2.1. Miembros de la Policía Judicial – Antinarcóticos – Control de Precursores Químicos el día 17 de mayo del 2002 labores de verificación en diferentes instalaciones que funcionaban como parqueaderos en la ciudad, se encontró en el sector de la avenida 68 con 13 aproximadamente a las 21:30 horas el vehículo de placas AOA020, color verde, marca Fargo de estacas, carpado y en su interior se halló un contenido de 50 garrafas plásticas de un peso aproximado de 100 kilos cada una con una sustancia al parecer ácido sulfúrico, logrando establecer que el conductor era el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, identificado con cédula de ciudadanía n.° 80.260.845 de Bosa, a quien se le solicitó el transporte legal de la tenencia o transporte de dicha sustancia, toda vez que la misma corresponde a sustancia controlada por el Consejo Nacional de Estupefacientes. El señor Robayo atendió la solicitud y presentó copia del certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes correspondiente a la empresa Comercializadora VIGIA –folio 5 del cuaderno 8-.

4.2.2. El día 18 de mayo de 2002 miembros de la Policía Judicial procedió a hacer una inspección a la Comercializadora VIGIA, amparados en la resolución 0031 de 1991 proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, con el fin de verificar la procedencia de la sustancia hallada en el sitio anteriormente mencionado. Se encontró copia auténtica fechada 26 de abril de 2002 de certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes a nombre del señor que realiza la compra Víctor Manuel Alfonso Feliciano, logrando establecer su falsedad, ya que se verificó con el archivo del Grupo de Control Precursores Químicos en donde se registran los datos de las empresas manejadoras de sustancias químicas controladas en el país –folio 4 del cuaderno 8-.

4.2.3. El día 20 de mayo de 2002 siendo las 16:30 horas, miembros de la Policía Judicial-Antinarcóticos, se trasladaron hasta el parqueadero ubicado de la carrera 17 A # 21 de la ciudad de Bogotá, en búsqueda del automotor de placas AOA020, al realizar la requisa se encontró que era conducida por la misma persona, señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, quien portaba la siguiente documentación: certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes n.° 538 de la empresa Comercializadora VIGIA S.A. C.I., con folios 0054230 y 0054231, autorización de cargue de fecha 17 de mayo de 2002 con el consecutivo 4-0156, y guía de despacho con remisión n.° 265085 en la cual se describe que se dirige a Saravena - Arauca y su destinatario el señor Víctor Manuel Alfonso Feliciano –folio 4 del cuaderno 8-

4.2.4. El informe policial rendido el 20 de mayo de 2002 da cuenta de prueba de merciología realizada en la sustancia química hallada en el camión –folio 5 del cuaderno 8-, se lee:

“Se procede a tomar aleatoriamente en frasco de vidrio con capacidad aproximada de sesenta mililitros cinco (5) muestras al duplicado correspondiente a las canecas número 1, 8, 16, 28 y 42 de donde se puede observar una sustancia líquida ligeramente viscosa y de una coloración verdosa, acto seguido se procede a la identificación preliminar para lo cual se hace uso del papel indicador observando que al contacto con la sustancia se torna de un color rojo lo cual no sindica que estamos ante la presencia de una sustancia ácida, seguidamente se toma una alícuota de la sustancia se le agrega cloruro de bario observándose la formación de un precipitado de color blanco, lo cual es positivo preliminar para sustancia ACIDO SULFURICO”.

4.2.5. El conductor del vehículo, señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, quedó en calidad de detenido por no explicar objetivamente el motivo por el cual transportaba esas sustancias químicas controladas y por transgredir el artículo 382 del C.P., tal y como consta en el acta de derechos del capturado –folio 32 del cuaderno 8-.

4.2.6. El día 21 de mayo de 2002 se recibió indagatoria del señor Robayo Muñoz –folios 41 a 46 del cuaderno 8-. El indagado se identificó, explicó los hechos, qué actividades realiza para obtener su sustento y niega haber cometido algún delito por la cual deba ser privado de su libertad, se lee:

“PREGUNTADO: Díganos cómo se originó su captura? CONTESTO: “Ayer como a las 5 de la tarde, yo me encontraba en la TRANSPORTADORA VIGIA S.A., eso queda en la calle 17 con 21, yo estaba solo, estaba entregando una mercancía por la cual había sido contratado para entregar a esa empresa, me manifestaron que quedaba retenido porque llevaba QUIMICOS y porque los papeles eran falsos, en total eran como 5 toneladas de QUIMICOS”.- PREGUNTADO: Cual era la razón para que Ud. Llevara esos químicos a la empresa VIGIA S.A.? CONTESTO; “yo soy conductor del vehículo de placas AOA-020, ti o CAMION 500, modelo 1.955, color verde y de propiedad del señor LUIS EDUARDO TALERO; yo llevo conduciendo ese vehículo hace como 5 años; yo trabajo haciendo acarreos en Puente Aranda y el día viernes 17 de mayo de este año, aproximadamente coko (sic) a las 12 del día, yo estaba solo con el camión buscando trabajo, llegaron tres señores y manifestaron si les hacia un acarreo y yo le dije que claro y que qué había que hacer, entonces ellos me manifestaron que si les hacia un transporte de químicos panamericanos que queda hacia la AUTOPISTA SUR en el MUÑA-QUIMICOS PANAMERICANOS-., yo le dije que si y les cobre la suma de $200.000, ese material tenía que traerlo de QUIMICOS PANAMERICANOS hacia VIGIA S.A., entonces arreglamos en $200.000, entonces me manifestaron que tenía que ir hasta VIGIA por una orden para retirar la mercancía, me pagaron los $200.000, me dieron los papeles doña INGRY BETANCURT DE VIGIA S.A., y me dio todos los permisos de estupefacientes y me dio la orden de retiro para la mercancía y eso fue como a la una de la tarde, yo estaba solo, entonces me fui para QUIMICOS PANAMERICANO y me cargaron dicho producto que fueron 50 canecas de QUIMICOS y de allí me vine para Bogotá y allí me dieron todos los papeles, yo marqué como a las cuatro de la tarde y me entregaron todos los papeles de esa empresa de QUIMICOS PANAMERICANA (sic) y luego me vine para Bogotá y llegué muy tarde y no me recibieron, entonces yo guardé el camión en la calle 13 con avenida 68, allí duró desde el día viernes, sábado y el domingo no me lo recibieron y entonces el día lunes saqué el camión y me fui para VIGIA para que me recibiera esa mercancía y doña INGRID (sic) me recibió los papeles de la mercancía y luego me hizo un papel para SARAVENA -ARAUCA-., y me hizo una planilla para que me fuera hacia allí entonces yo le dije a la señora INGRY que no podía porque el motor se me había dañado y se me pasó el aceite al radiador y entonces yo le dije que consiguiera otro carro y transborda y como a las 5 me dijo que lo parqueara en un parqueadero al lado y cuando lo estaba parqueando me cayeron los de NARCOTICOS DE LA DIJIN, yo les mostré los papeles y ellos me capturaron y eso fue todo”.
(…)
PREGUNTADO: Qué documentos le entregó doña INGRY BETANCURT para retirar esos químicos? CONTESTO; “La autorización y la orden de compra número 3902 de VIGIA, por la suma de $1.508.000. de fecha mayo 14/2002”.- PREGUNTADO: Díganos si Ud. Conoce los documentos que aparecen desde el folio 9 al 30 del c.o.

El despacho deja constancia que se le ponen de presente dichos documentos? CONTESTO: “Al folio 27 aparece la autorización para carga que me entregó la doña INGRY BETANCURT junto con los documentos de folios 28 y 29; el del folio 26 me lo dieron en QUIMICOS PANAMERICANO para traer la carga de VIGIA y en VIGIA me dieron el folio 25 con otros documentos que no están aquí y me lo dio la señora INGRY BETANCURT para llevar ese producto a SARAVENA-ARAUCA y me hizo firmar el documento con mi huella y me entregó ese documento y me dijo que tenía que viajar hasta SARAVENA –ARAUCA para entregar la MERCANCÍA, yo le dije que no podía viajar porque el motor del camión estaba dañado y el carro no llegaba tan lejos, yo fui y dejé el carro en el parqueadero y después llegó la policía y me retuvo.- LA SEÑORA INGRY BETANCURT me manifestó que para transportar esta mercancía me daban para viáticos unos $400.000 y que el resto me lo pagaban allí en SARAVENA cuando descargara la mercancía en carrera 13 No. 12 – 68 de SARAVENA-ARAUCA; referente a los otros documentos no los había visto; reconozco la tarjeta de propiedad y la fotocopia de mi mi cédula que aparece a los folios 30 y 31”.
(…)
PREGUNTADO: De acuerdo con el informe policivo y la sustancia incautada, esta Delegada dispuso abrir investigación penal en su contra por el presunto delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS PARA PROCESAMIENTOS DE NARCOTICOS de que trata el artículo 382 del C.P.- Que tiene que manifestar al respecto? CONTESTO: “Yo soy inocente, yo cumplí con trabajar, pero yo no sabía que llevaba esa sustancia, los señores de la DIJIN deben de encontrar (sic) a la señora INGRY BETANCURT, y al señor CARLOS ARTURO RAMIREZ, quienes pueden dar fé de mi actuación como trabajador que yo soy y me contraron (sic)””.

4.2.6. El mismo 21 de mayo La Fiscalía 309 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá-Unidad de Reacción Inmediata Sede Centro libró boleta de encarcelamiento n.° 2927 a nombre del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz con destino a la Cárcel Nacional Modelo –folio 49 del cuaderno 8-.

4.2.7. El 24 de mayo de 2002, procedió la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá a avocar el conocimiento de las diligencias y a resolver la situación jurídica del sindicado Víctor Manuel Robayo Muñoz y profirió medida de aseguramiento en contra del antes nombrado por el delito de tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos, sin beneficio de excarcelación ––folios 55 a 83 del cuaderno 8-.

El instructor basó la imposición de la medida de aseguramiento en que no obraba prueba unitaria y coherente que permitiera favorecer al sindicado, para el efecto argumentó:

“Se razona que un profesional de la conducción, de la experiencia del sindicado quien se especializa en hacer circular su tarjeta profesional para el transporte de carga (…) no puede ignorar la diferencia que existe entre las notoria y manifiesta sustancias controladas y aquellas de libre movilización, en tiempos tan difíciles y que los medios publicitarios y en los propios del transporte, se suele hablar de esta situación que genera un flagelo para la humanidad, al auspiciarse en el desplazamiento de precursores en las circunstancias que da cuenta el sindicado.
Pretende esgrimir la tesis de la BUENA FE, del principio de CONFIANZA y ante todo del vicio del consentimiento al afirmar… “SOY INOCENTE, YO CUMPLI CON TRABAJAR, NO SABIA QUE LLEVABA ESA SUSTANCIA” o como se refiere a folio 40… “YO NO SABIA QUE SE TRATABA DE ÁCIDO SULFÚRICO, PENSE QUE ERAN QUÍMICOS PARA ABONO”, constituye un indicio grave de mentira, mala justificación, acomodamiento de la prueba en la medida o análisis, que los documentos que el MISMO AVALO CON SU FIRMA para efectuar el transporte, incluyendo la presunta autorización que le extendiera la empresa VIGIA S.A. –folio 23 CO1-, de manera cierta y expresa reza… “ESTAMOS AUTORIZANDO A VÍCTOR MANUEL ROBAYO MUÑOZ PARA QUE RETIRE DE SU PLANTA 5.000 KGS DE ACIDO SULFÚRICO”.
Más extraño y sorprendente que haya sido abordado por TRES SUJETOS, uno de ellos, que posiblemente responde al nombre de CARLOS ARTURO RAMIREZ quien le hizo entrega de “200.000, para proceder al transporte de la sustancia sin mediar un contrato serio o idóneo que permita avalar sus dichos, y lo más aberrante para los fines y efectos de la investigación, que de manera inesperada se elabore planilla para dicho transporte con destino a SARAVENA, ARAUCA –folio 15CO.1- y que inesperadamente se haya cambiado el destino de la sustancia, es decir que no surge de manera idónea y convincente su explicación que de buenas a primera se le ordene por así decirlo, a viajar a SARAVENA.
Que no decir del precio unitario del kilo que aparece en la orden de compra 3902 de VIGIA S.A. remitida por intermedio del sindicado a PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A., en donde se consigna un valor de DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS (260.000), cuando es de público conocimiento que el valor por kilo en el mercado es de CINCO MIL PESOS (5.000.00) y siempre y cuando se obtengan los permisos para su venta y la compra por parte del CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, aunado a lo anterior que esta operación triangulada entre VIGIA S.A., PRODUCTOS QUÍMICOS PANAMERICANOS S.A. resultó inexplicablemente planillada a VÍCTOR MANUEL ALFONSO E, y como da cuenta la tarea investigativa realizada por la Dirección de Antinarcóticos –folios ½ CO.1-, el destinatario no corresponde con el nombre de la razón social FELICIANO VICTOR MANUEL Y/O INDUSTRIAS LEO, a quien en pretérito le extendieron el permiso 0520 del 270401 por 2.000 kilos para ACIDO SULFÚRICO, evidenciándose que el permiso 987 de 030501 y la dirección que registra y la cantidad autorizada SON FALSAS”.

4.2.8. El 27 de mayo de 2002 la Fiscalía libró boleta de encarcelación dirigida al Director de la Cárcel Modelo de Bogotá, con el fin de mantener detenido en ese establecimiento al señor Víctor Manuel Robayo Muñoz –folio 86 del cuaderno 8-.

4.2.9. En diligencia realizada el 28 de noviembre de 2002, el señor Robayo Muñoz solicitó proferir sentencia anticipada, para lo cual aceptó los cargos que por tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos le imputó la Fiscalía. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mediante providencia calendada 11 de febrero de 2002, resolvió negar la solicitud de sentencia anticipada y declarar la nulidad del Acta de Formulación de Cargos suscrita por el procesado Víctor Manuel Robayo Muñoz y en consecuencia remitió la actuación a la Fiscalía Delegada a fin de continuar con el trámite ordinario de la investigación. Para el efecto consideró:

“De la lectura realiza (sic) en este sumario, y del análisis del acervo probatorio aportado por la Fiscalía este despacho concluye que no concurren elementos de prueba que analizados en conjunto y conforme a las reglas de la sana critica generen certeza sobre la responsabilidad del acusado, en este evento si bien VICTOR MANUEL ROBAYO MUÑOZ, desea acogerse al mecanismo de la Sentencia Anticipada, a el (sic) Juez como garante del debido proceso no le es dado proferir una Sentencia sin que concurra la prueba que conduzca a la certeza del hecho punible y la responsabilidad del procesado en este caso. Contrario a lo anterior, múltiples son las evidencias directas e indirectas que comprometen a lo menos en la precaria exigencia que amerita la investigación, la responsabilidad de la empleada YAQUELINE CABALLERO encargada de la venta del producto en la Empresa VIGIA S.A. y que diluyen el pretendido compromiso penal de VICTOR MANUEL ROBAYO MUÑOZ.
(…)
La primera de ellas tiene que ver con la no verificación por parte de la persona encargada de la venta YAQUELINE CABALLERO de los certificados, recuérdese que en el curso de las sumarias se ha establecido que VICTOR MANUEL ALFONSO FELICIANO, se presentó como un cliente nuevo frente a esta y canceló en efectivo el costo de la factura, esta situación pone de presente que una actividad como la desarrollada por COMERCIALIZADORA VIGIA S.A., y frente a la negociación de productos de uso restringido deben verificarse los documentos que avalan la legalidad de tales transacciones para establecer la veracidad de los mismo, más si se trata de clientes desconocidos tal y como lo relata el señor OSWALDO ALFONSO SUAREZ BORBÓN, encargado de la venta de productos de QUIMICOS PANAMERICANOS, sin embargo, también sorprende la prontitud de la operación de venta y de entrega del producto de la especial diligencia de la encargada de ventas de la empresa VIGIA S.A., que en este asunto enmarcó responsabilidad sobre la transacción, si que para ello aparezca justificación.

Téngase en cuenta que no contaban con el producto en su bodega, razón por la cual lo compraron en la planta de Químicos Panamericanos S.A., labor por la cual obtuvo una ganancia del ciento sesenta (160) pesos por kilo, situación que nos lleva a preguntarnos si la COMERCIALIZADORA VIGIA S.A., detectó o no algún impedimento especial para que MANUEL ALFONSO FELICIANO, adquiriera el producto directamente en WUIMICOS PANAMERICANOS, ya que como lo expreso en su testificada el señor OSWALDO BORBÓN SUAREZ, encargado de las ventas de dicha empresa cuando se trata de cliente nuevos:
“… si es un cliente nuevo se le solicita que allegue una información como primera medida esa información consiste en el certificado de Cámara y Comercio actualizado, fotocopia auténtica del permiso vigente, el original del permiso, balance y estado financiero del último año, copia del NIT, y fotocopias de la Cédula de Ciudadanía de cada uno de los autorizados en el permiso por la Dirección Nacional de Estupefacientes, con estos documentos la empresa a través de su representante de ventas procede a comunicarse con LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, y/o la Policía Antinarcóticos, con el ánimo de verificar la veracidad del permiso presentado…”
Todo lo cual nos lleva a considerar en principio, que la función de VIGIA S.A. en esta transacción era la de proporcionar la cantidad de producto requerido por VICTOR MANUEL ALONSO FELICIANO, sin que este tuviera mayor problema, situación que obliga a este despacho necesariamente a compulsar copias para que se investigue ante la unidad de ley 30, la actividad desplegada por la señora YAQUELINE CABALLERO.
(…)
Para concluir debe decirse que la no verificación de lo solicitado por el procesado, en el sentido de averiguar en VIGIA S.A. lo sucedido, actitud que no demandaba mayor esfuerzo ya que la empresa estaba más cerca, y recuérdese que ya los miembros de este grupo habían estado allí – demuestra la intención de proteger a los responsables de la venta ilícita. Por lo anterior el despacho concluyendo la ausencia de supuestos para condenar, declara la nulidad del proceso a partir del acta de Sometimiento a la Sentencia Anticipada, acorde al reiterado pronunciamiento de la Honorable Corte Suprema.
(…)
Dada las diversas anomalías en esta presente investigación se hace imperioso compulsar copias de esta actuación ante la unidad de ley 30, para que se investigue el comportamiento desplegado por la Señora YAUQELINE CABALLERO, vendedora de la empresa VIGIA S.A., dada la connotación que tuvo su actividad dentro de este caso. Si bien en el presente asunto no está presente causal alguna de Libertad Provisional, será del resorte de la Fiscalía General de la Nación considerar la Revocatoria de la Medida de Aseguramiento, en términos de Equidad”.

4.2.10. Mediante resolución de 21 de marzo de 2003, de manera oficiosa el Despacho 36 de la Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializado (Bogotá)-Subunidad de Narcotráfico, revocó la providencia calendada 24 de mayo de 2002, la cual decretó la medida de aseguramiento en contra del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz –folios 259 a 267 del cuaderno 6-. Para el efecto consideró:

“Al analizar una vez más la reunión de requisitos demandados por el Art. 356 del C.P.P., para proferir medida de aseguramiento, encuentra este Despacho que salvo la captura del sindicado en situación de flagrancia no aflora otra prueba o indicios graves que ameriten continuar manteniendo vigente la medida de aseguramiento.

En todo proceso penal, no basta con que una determinada persona haya sido capturada en situación de flagrancia para que automáticamente proceda la imposición de medida de aseguramiento en contra del mismo, ni tampoco proceder de entrada sin fundamento en la prueba regular, legal y oportunamente arrimada al proceso (Art. 232 del C.P.P.), a construir indicios que se apuntalan en apreciaciones meramente subjetivas del instructor en turno, sin que en efecto se encuentren presentes las exigencias del art. 284 y ss., ibídem.

Con respecto a los indicios graves por los cuales la Fiscalía dictó medida de aseguramiento, precisó:

Ciertamente que ha de partirse para el efecto de los hechos probados en este asunto, como lo es el hallazgo en poder del sindicado de la ilegal sustancia, debiendo asimismo tomarse en cuenta la injurada vertida al proceso por el implicado, no siendo tampoco suficiente el que el hallazgo en poder del sindicado de la ilegal sustancia permita soportar una medida de aseguramiento en contra del encartado, pues, una medida de aseguramiento basamentada en esa sola circunstancia de inmediato cae en la responsabilidad objetiva hoy en día no aceptada por el Legislado Penal Colombiano.

Desde dicha perspectiva es pertinente resaltar que el procesado en su diligencia de injurada relató los hechos, poniendo de presente su inocencia frente a los cargos imputados, vale decir, alegó a su favor una negación indefinida, que por lo mismo no se encuentra en posibilidad de probar, siendo del lado del Estado la carga de la prueba, vale decir, la desvirtuación de la susodicha alegación o negación.

En nuestro caso que el procesado sea un profesional del volante que se haya especializado en hacer circular su tarjeta de presentación, más no, ninguna tarjeta profesional (Como se aduce en la resolución cuya revocatoria se analiza) – Los conductores de transporte público urbano de carga, no son profesionales con tarjeta que los acredite como tal- no es suficiente para inferir con apoyo en la lógica que no puede ignorar la diferencia existente entre cargar una sustancia controlada y una no controlada.

Incluso, que el procesado tuviera perfecto conocimiento que tal clase de sustancia por ser controlada, tampoco habilita para fundar indicio alguno en su contra que desvirtúe la presunción de buena fe y por ende de inocencia, pues no se cuenta con la prueba que la desvirtúe, pues, la injurada del procesado debe tomarse en toda su integridad y no en parte y menos aún en cuanto a las partes que interesan para posiblemente fundar medida de aseguramiento con base en ellas.

Para nuestro caso, el sindicado alegó en tal injurada que él no supo que se trataba de sustancia controlada alguna y que pensó que se trataba de químicos para abono, con lo cual, está alegando que en su psiquis existía la perfecta conciencia que no se encontraba transportando un elemento de restringido tránsito, sino uno de no controlado transporte, poniendo así en duda el conocimiento de la ilicitud de su actuar, vale decir, los elementos propios de dolo como parte integrante de la trilogía de la culpabilidad (dolo, culpa o preterintención), suficiente para sostener que mientras tal presunción de inocencia no se desvirtúe con pruebas válidas arrimada al proceso, no es posible entrar a concluir lo contrario, luego tal fundamento de la medida de aseguramiento no encuentra asidero en este asunto.

Mucho menos encuentra fundamento válido alguno la idea en cuestión, por cuanto noes de un razonamiento debidamente construido, si avizoramos que el nivel educativo del sindicado es muy mínimo y por sobre todo que a él le entregaron documentos que le permiten suponer en principio la legalidad del transporte de tal mercancía, más si recordamos que su nivel educativo es por decir lo menos, casi ninguno.

Ahora fundar otro indicio en la inexistencia de contrato serio e idóneo que permita avalar sus dichos, resulta ser una idea extremadamente exigente, pues, debe recordarse que en materia de contratación de transporte público urbano de carga, no existe norma alguna, según la cual, no solo sea admisible como prueba al respecto prueba documental o escrita alguna, evento ante el cual, bien puede tener cabida la contratación verbal como en efecto acá aconteció, por lo tanto, este concepto tampoco es válido, para arribar a la conclusión que con base en dicho concepto aflora indicio alguno en contra del incriminado, pues, las ideas o conceptos no son suficientes para el efecto.

Así mismo, lo relativo al precio fijado en la factura como de venta unitario por kilo, una vez resulta ser asombrosamente desacertado tomarlo en cuenta como indicio en contra del investigado, pues, en primer lugar, se ha aceptado que es una persona habituada al transporte público urbano de carga y no a la compra y venta del tal clase de producto como para sostener que por esta experiencia debía conocer el precio de venta al público del kilo de tal clase de producto, motivo por el cual, esta otra idea, tampoco resulta suficiente para mantener vigente medida de aseguramiento en contra del sindicado.

4.2.11. El 5 de enero de 2005, la Fiscalía Delegada Ante los Juzgados del Circuito Especializados-Unidad Antinarcótico e Interdicción Área y Marítima-Despacho 28 calificó el mérito del sumario profirió nuevamente medida de aseguramiento de detención en contra del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz y su respectiva resolución de acusación, para el efecto consideró:

“De modo, que la deformación de la realidad de lo acontecido, plasmada en el aludido informe de policía, hizo creer que como fruto de labores preventivas de la DIRAN, fue por lo que se hizo posible la ubicación y retención del camión, el decomiso de la sustancia y la captura de ROBAYO MUÑOZ, en la manera y forma que se consigna en dicho documento, siendo esto totalmente desmentido, meses después con las propias declaraciones de los integrantes del Grupo Policivo de la DIRAN que al pedido de la D.N.E. en colaboración con VIGIA S.A. se aprestaron a desarrollar las labores, en la manera y forma que finalmente se estableció, esto es corroborando las informaciones que los funcionarios del ente controlador del gobierno y VIGIA S.A., les proporcionaban hora a hora, y paso a paso hasta la captura del conductor:

Lo anterior, nos indica con claridad, que en manera alguna la señora JACQUELINE CABALLERO JIMÉNEZ, con su actitud comportamental desarrollada durante el acaecimiento de los hechos, vulneró norma penal alguna (sic), como para poder formularle juicio de reproche, y que bien por el contrario, en connivencia con sus patronos y con las directivas de la Dirección Nacional de Estupefacientes, como se demostró en la parte final de la investigación, colaboró en todo sentido con los operadores de policía de la DIRAN, con los resultados finalmente conocidos, harto diferentes en todo caso, a los plasmados acomodaticamente en el informe de la Policía, que sólo pretendía, por su redacción, el reconocimiento irresponsable de un POSITIVO policial.

Por lo anterior, bueno es resaltar, que como fruto del acomodaticio informe policial, no conociendo la verdad de lo acontecido, por el distorcionamiento de los hechos efectuado por los autores del referido documento, fu que la Dra, LESTER M. GONZALEZ ROMERO, en calidad de Juez Segunda Especializada de Bogotá, arribó a la decisión plasmada en su interlocutorio del 11 de Febrero de 2003, en el que ANULO el acuerdo del procesado detenido ROBAYO MUÑOZ con la Fiscalía, al no hallar la certeza necesaria para imputar responsabilidad al reo, como lo manifestara en su proveído, en el que dejó en libertad a la Fiscalía para considerar revocatoria de la medida de aseguramiento de implicado, en términos de equidad, al evidenciar pretendida responsabilidad de JACQUELINE CABALLERO JIMENEZ en los hechos.
(…)
Muy diferente es la situación procesal del señor ROBAYO MUÑOZ pues, en efecto conforme a lo declarado por la CABALLERO JIMENEZ (sic), fue la persona que acudió, “… al segundo día…”, “…él nunca llegó solo a las oficinas de VIGIA, a el lo llevó el señor VICTOR MANUEL ALFONSO FELICIANO dueño del permiso, y lo presentó como el conductor que autorizaba para transportar la sustancia…” desde el Muña, y luego hasta Saravena, no obstante que este asegure que fue abordado el viernes inmediatamente anterior, por el presunto CARLOS ARTURO RAMIREZ, mismo que lo contratara para ir a VIGIA, y luego, hasta Productor Químicos Panamericanos. Amén de lo anterior, surgen en contra del mismo, los indicios de mentira, y mala justificación, así como de distorcionamiento de la realidad de lo ocurrido, por cuanto si bien, precaria es su preparación académica, en su injurada expresó, saber leer y escribir, y firmar, como para pretender hacer creer, que quien elaboró y le entregó, la autorización para el cargue del ácido en la planta de Productos Químicos Panamericanos, fuera INGRID BETANCOURT y no JACQUELINE CABALLERO JIMÉNEZ, quien efectivamente suscribe el mencionado documento, de lo que se deduce, que este en manera y/o momento alguno pretendió ocultar, y/o cambiar cu identidad, siendo por lo demás la misma persona, que para esos días presentaba avanzado estado de embarazo, como para prestarse a alguna confusión, que sólo es el fruto del distorcionamiento (sic) de lo acontecido, elucubrado por el procesado, y mismo que para continuar desdibujando la realidad (…). Aparte de lo antes expresado se tiene que para el momento de la captura, ROBAYO MUÑOZ portaba la PLANILLA PARA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS DE USO CONTROLADO No. 265085, cuya sola tenencia hace presumir cálidamente, no solamente su pleno conocimiento del destino final del producto, si no su aceptación expresa o tácuta (sic), de llevar el mismo a dicho destino y destinatario, que no es persona diferente a quien lo llevara y lo presentara en VIGIA S.A., esto es, VICTOR MANUEL ALFONSO FELICIANO. Si su intención era la de no llevar el producto hasta Arauca, por el pretendido daño del automotor, no se explica el Despacho, por qué razón aseguró en su injurada pretender el pago de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS por este viaje. Válidos entonces fueron los argumentos que tuviera, en el momento procesal oportuno el Fiscal que al resolver la situación jurídica del capturado, profirió en contra del mismo medida de aseguramiento de detención, sin excarcelación, y variando gravemente la prueba, en su disfavor, aunado a esto la flagrancia en la que se sorprendió, y como quiera que la Comercializadora no embodega esta clase de productos, y por el contrario demostró su plena colaboración con las autoridades, administrativas y de policía, se impone entonces revocar nuestra decisión del 21 de Marzo de 2003, para afectar nuevamente a VICTOR MANUEL ROBAYO MUÑOZ con decisión limitante de la libertad (…) y consecuencialmente proferir en contra del mismo Resolución de Acusación como coautor de la infracción investigada al tenor del contenido de la prueba recaudada (…).

Igual suerte procesal correrá el ausente, señor VICTOR MANUEL ALFONSO FELICIANO, vinculado y afectado posteriormente con medida de aseguramiento de detención, en contumacia, al estarse sumarialmente demostrado, que fue la persona que acudió a VIGIA S.A. con sus documentos de identidad y licencias, estas adulteradas, a adquirir la voluminosa cantidad de ácido sulfúrico finalmente incautado, y no haber variado en su favor su situación, con el devenir de la instrucción, sumándose a esto su franco estado de ausencia, pese a los esfuerzos desplegados para ubicársele, por lo que en todo caso se le garantizó en un todo la debida representación dentro del proceso.

4.2.12. Finalmente, el 25 de septiembre de 2006, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió sentencia absolutoria a favor del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz –folios 92 a 109 del cuaderno 10-, señaló:

“Luego del análisis minucioso del material probatorio aportado al proceso, el despacho llega a la conclusión de que no existe certeza sobre la participación de Víctor Manuel Robayo Muñoz en los hechos objeto de juzgamiento y por ende, resulta de forzosa aplicación en su favor el principio penal de in dubio pro reo.
(…)
Este procesado fue acusado como coautor del delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, lo cual implica que debe encontrarse probado dentro del proceso la existencia de un acuerdo común entre el imputado y el comprador de la sustancia química incautada, a partir del cual aquel se comprometiere en la realización de un aporte importante para el éxito de la empresa criminal, elemento estos sobre cuya ocurrencia surgen serias dudas que impiden, como se dijo, proferir sentencia condenatoria. Así, si bien no existe discusión sobre el hecho que Víctor Manuel Robayo Muñoz fue el transportador contratado por Víctor Manuel Alfonso Feliciano para movilizar, inicialmente, la sustancia química incautada desde la fábrica Productos Químicos Panamericanos hasta Comercializadora VIGIA S.A. y luego desde esta última hasta el Depto. De Arauca, no obra dentro del plenario una sola prueba que indique un nexo o relación distinta al contrato de transporte arriba enunciado entre Robayo Muñoz y Alfonso Feliciano; convención que dicho sea de paso en la generalidad de los casos no se efectúa por escrito, pues basta con trasladarse a una d elas denominadas “bahías” de camiones para observar como esos pactos se desarrollan en la más amplia informalidad. De igual modo, si bien como lo anota el representante de la Fiscalía tanto en la indagatoria y las respectivas ampliaciones que rindiera el procesado Victor Manuel Robayo Muñoz, se observan respuestas incoherentes y contradictorias en torno a la forma como acaecieron hechos, de lo cual derivan, en sentir del ente acusador, los indicios de mentira, distorcionamiento de la realidad y falsa justificación, frente a lo cual debe recordarse que la indagatoria del procesado más que un medio de prueba, es un medio de orientación de la investigación, pero sobre todo un mecanismo de defensa, por lo cual no resulta admisible fundar indicios exclusivamente a partir de la misma; eso sin mencionar que la construcción de la prueba indiciaria tiene unos requisitos que deben ser expuestos con claridad, pues no basta con la mera enunciación del hecho indicado sin señalar el hecho indicador (que debe estar completamente probado) y la regla de la experiencia aplicada para arribar a la conclusión; elementos obviados por el acusador y que impiden reconocer la existencia del medio probatorio planteado. De igual modo de manera reiterada la jurisprudencia constitucional ha reconocido el derecho que tiene el imputado para guardar silencio en la indagatoria o en su ampliación, así como el de no autoincriminarse en la misma.
(…)
[N]o puede olvidarse que el señor Robayo Muñoz estaba realizando su actividad normal de transportador la cual aunque fuera de un producto restringido, para él ostentaba apariencia de legalidad, toda vez que le fue entregada una autorización en una empresa legalmente constituida, reclamó el producto en la planta industrial y, regresó a la Comercializadora VIGIA S.A. donde le cambiaron los documentos que acreditaban la carga, para que pudiera viajar a Saravena; es decir, no puede afirmarse que la labor adelantada por Robayo Muñoz fuera ilegal, mucho menos cuando no existe prueba de que este último tuviera conocimiento de que el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes con base en el cual Víctor Manuel Alfonso Feliciano adquirió el ácido sulfúrico incautado era falso; es más, al estudiar los documentos que le fueron encontrados al momento de la captura (folios 25 – 31 C.O. No 1), se observa que aquel no se encontraba en su poder.

Debiendo resaltarse igualmente que la forma como se comportó Robayo Muñoz hace dudar que supiera que se estaba cometiendo un delito al transportar la sustancia tantas veces enunciada, nótese como antes de su captura fue requerido por las autoridades, quienes revisaron minuciosamente el camión, la carga que llevaba y los documentos que la acreditaban, no encontrando nada extraño, procediendo entonces a presentarse en la Comercializadora VIGIA S.A., donde debía reclamar las planillas para viajar hasta Saravena, y lugar donde el día de su captura (lunes 20 de mayo de 2002) permaneció en su camión cargado de ácido, durante más de siete (7) horas, actitud que evidentemente no se corresponde con la de alguien que sabe trasporta (sic) ilícitamente un determinado material.
(…)
Luego de lo expuesto y en vista de que las pruebas aportadas al expediente no son suficientes para obtener la certeza necesaria sobre la participación de Víctor Manuel Robayo Muñoz en los hechos objeto de juzgamiento, el despacho aplicará a su favor el principio de in dubio pro reo y con fundamento en ello, proferirá Sentencia de Carácter Absolutorio, decretándose igualmente conforme lo señalado en el artículo 365 No 3 del CPP, la Libertad Provisional del procesado que en atención a su situación económica se garantizará con una caución juratoria que deberá ser suscrita conforme lo previsto en el artículo 368 ibídem.

Consideraciones generales

Del principio de la no reformatio in pejus. Límites y alcances

El artículo 31 de la Carta Política, en lo que tiene que ver con la competencia del superior para resolver la alzada, dispone que “no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único”.

Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que los límites materiales y formales del ad quem están determinados por el artículo 357 del C.P.C., a cuyo tenor el recurso debe entenderse interpuesto en lo desfavorable al apelante, así:

“Los límites materiales y formales que se tiene en esta instancia están determinados por el contenido de la apelación. Por esta razón, dispone el artículo 357 CPC que este recurso se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante, de manera que no se puede agravar la situación del apelante único. A este principio se le ha denominado como la no reformatio in pejus”

En este orden, para resolver el presente asunto, la Sala atendería dos limitantes, a saber, no puede hacer más gravosa la situación de la Fiscalía y deberá considerar los argumentos de la entidad en lo relativo a su responsabilidad que la misma controvierte.

La responsabilidad de la entidad pública demandada. Privación injusta de la libertad

Debe la Sala considerar la responsabilidad de la administración, dada la privación de la libertad sufrida por el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, no obstante la preclusión de la investigación, para luego resolver sobre la indemnización.

La Constitución Política, fiel a la filosofía liberal que la inspira, consagra un modelo de Estado que tiene su pilar fundamental en la inviolabilidad de la dignidad humana y a la libertad como uno de sus valores fundantes (Preámbulo) y como principio normativo básico (art.1).

La dimensión axiológica de la libertad se concreta, a su vez, en una serie de derechos fundamentales, en virtud de los cuales la autonomía humana ha de ser protegida de toda coacción ilegítima por parte de los particulares o del Estado. Entre este catálogo de libertades fundamentales, se destaca la garantía contra retención arbitraria por parte de las autoridades que detentan el poder coactivo, para el efecto la Carta Política en su artículo 28 preceptúa:

“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

De entrada la norma trascrita prevé, con una alta dosis garantista, que toda persona es libre en su sentido más amplio, pues ninguna persona podrá ser reducida a prisión, sino en virtud al mandamiento escrito de autoridad judicial con competencia y por motivos previamente definidos en la ley.

El artículo antedicho comprende, por una parte, el reconocimiento de la libertad de la persona y, por otra, la aceptación de que ésta puede ser restringida temporalmente (aunque nunca anulada definitivamente, tal como lo sugiere la prohibición de las penas imprescriptibles) en razón de la necesidad social de investigar y sancionar las conductas delictivas. Que el reconocimiento de la libertad física y la previsión de una justicia penal con facultades para restringirla se hallen en la misma norma constitucional no deja de ser significativo y pone de manifiesto que, en el marco del Estado de derecho, el ejercicio de las antedichas facultades no puede entenderse como una prerrogativa omnímoda de las autoridades. Por el contrario, a quien se le confiere la autoridad para restringir la libertad, como salvaguardia del orden social, se lo erige también como garante y guardián de la misma.

Desde las primeras manifestaciones del Estado de derecho, la protección de la libertad individual y la concepción de garantías para asegurarla contra los actos arbitrarios de las autoridades públicas, se han hecho elementos esenciales del sistema normativo y constitucional.

En sentencia C-237 de 2005, la Corte Constitucional precisó que la libertad personal comprende “(..) la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente”.

En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968 se expresa que "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...".

Acorde con la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por la Ley 16 de 1972, "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas".

El respeto a la libertad personal es una conquista del Estado de derecho, reconocimiento que se trasladó al Estado social con mayor envergadura, en cuanto no solo tiene que ver con el principio de legalidad de la pena, sino con la dignidad humana que hace de la presunción de inocencia principio fundante y requisito esencial de quienes invocan la pertenencia a la comunidad internacional. Al punto que, la jurisprudencia ha destacado el proceso de constitucionalización de este derecho fundamental, que, además, ha tenido su inclusión en convenios y tratados internacionales de obligatorio cumplimiento –se destaca-:

“En efecto, en vigencia del Antiguo Régimen existía una confusión de poderes al interior del Estado, lo que permitía que quien detentaba el poder dispusiera a su antojo de los derechos fundamentales de las personas, en especial de la libertad personal. No obstante, fruto de las revoluciones liberales, en especial de la Revolución francesa, dicho poder absoluto fue dividido y se establecieron controles con el propósito de evitar nuevos abusos. Así las cosas, en relación con la libertad personal, se excluyó la posibilidad de que el gobernante decidiera acerca de la libertad personal y dicha facultad, de hacer relativo el derecho fundamental, se trasladó a la rama del poder que administraba justicia”.

Siendo así, la Constitución de 1991 no podía sino reconocer el derecho a la libertad como valor, principio y norma jurídica de inmediata aplicación. En este sentido la jurisprudencia constitucional se ha detenido en el significado transversal de la noción, para admitir con amplitud la obligación general de las autoridades de hacer realidad el principio, esto es, garantizarlo efectivamente.

El Preámbulo de la Constitución señala la libertad como un valor superior del ordenamiento jurídico, en esta proclamación se ha visto el reconocimiento de una directriz orientadora en el sentido que la filosofía que informa la Carta Política del 91 es libertaria y democrática y no autoritaria y mucho menos totalitaria.

En este contexto, en sentencia C-879 de 2011, la Corte anotó:

“Desde esta perspectiva la libertad se configura como un contenido axiológico rector del sistema normativo y de la actuación de los servidores públicos, del cual, en todo caso, también se desprenden consecuencias normativas en la interpretación y aplicación, no sólo del texto constitucional, sino del conjunto de preceptos que conforman el ordenamiento jurídico colombiano, que deben ser leídos siempre en clave libertaria [expresión empleada en la sentencia T-237 de 2004 para hacer referencia a la interpretación de las disposiciones legales de conformidad con el contenido axiológico de la libertad]. Así mismo, la Corte Constitucional ha reconocido la existencia de un principio general de libertad que autoriza a los particulares a llevar a cabo las actividades que la ley no prohíba o cuyo ejercicio no está subordinado a requisitos o condiciones determinadas, el cual estaría reconocido por el artículo sexto, se trataría entonces de la norma de cierre del ordenamiento jurídico, que tendría la estructura deóntica de un permiso. Pero también se ha visto en el artículo 13 de la Constitución, el origen de este principio general de libertad el cual según la jurisprudencia constitucional es el fundamento del derecho de toda persona a tomar decisiones que determinen el curso de su vida. A su vez la Constitución reconoce numerosos derechos de libertad, especialmente en el Capítulo I del Título II, tales como el libre desarrollo de la personalidad (art. 16), la libertad de conciencia (art. 18), la libertad de cultos (art. 19), la libertad de expresión y de información (art. 20)”. Vid. también, la sentencia C-176 de 2007 donde se sostuvo que “la libertad constituye un presupuesto fundamental para la eficacia de los demás derechos y el instrumento “primario” del ser humano para vivir en sociedad. Por esta razón, el constituyente no sólo otorgó a la libertad el triple carácter: valor (preámbulo), principio que irradia la acción del Estado (artículo 2º) y derecho (artículo 28), sino que diseñó un conjunto de piezas fundamentales de protección a la libertad física de las personas que aunque se derivan de ella se convierten en garantías autónomas e indispensables para su protección en casos de restricción. Dentro de estos se encuentran los derechos a ser informado sobre los motivos de la detención, a ser detenido por motivos previamente definidos por el legislador y a ser detenido en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente (artículos 28 y 29 de la Constitución)”.

Ahora bien, en tanto ejercida por hombres, la existencia misma de la justicia penal conlleva posibilidad de error, ya sea por falta de rectitud del juzgador o por el hecho simplísimo de que la infalibilidad no es prerrogativa humana. Empero, como la convivencia social sería imposible sin la existencia de la función jurisdiccional, los titulares de ésta última están obligados a adoptar medidas tendientes a i) minimizar los posibles escenarios de privación innecesaria e indebida de la libertad y ii) reparar el daño causado, a quien fue detenido injustamente.

El primero de estos deberes se cumple mediante la sujeción rigurosa a los principios de presunción de inocencia, favorabilidad, defensa e in dubio pro reo, así como los de necesidad y excepcionalidad de las medidas de aseguramiento en la etapa de investigación. El segundo da lugar a un deber de indemnizar y reparar, al margen de las conductas de las autoridades comprometidas en la imposición de la medida,

Señala al respecto el artículo 90 constitucional:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.

Vale recordar los debates al respecto en la Asamblea Constituyente:

Hay varias novedades dentro de este inciso, varias novedades que vale la pena resaltar por la importancia que tiene, el primero: el de que allí se consagra expresamente la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, en una norma de carácter positivo y de jerarquía constitucional, estamos hablando de los daños antijurídicos, y con esto, vale la pena que la comisión lo tenga en cuenta, porque en esta materia puede considerarse que nuestra propuesta es audaz, tradicionalmente, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad patrimonial del Estado que han venido construyendo nuestros tribunales, como ya lo mencioné, se ha elaborado a partir del juicio que se hace sobre la conducta del ente público, primero estableciendo que si esa conducta podía calificarse de culpable habría lugar a la responsabilidad, luego se fue tendiendo un tanto más a noción de falla en el servicio, que es la que actualmente prima entre nosotros, la falla en el servicio es toda, pues en términos muy generales, es toda conducta de la administración que sea contraria al cumplimiento de su obligación en los términos establecidos por la Constitución y por la ley, lo que nosotros proponemos es que se desplace el centro de gravedad de la responsabilidad patrimonial del Estado, de la conducta antijurídica del ente público a la antijuridicidad del daño, de manera que con esto se amplía muchísimo la responsabilidad y no queda cobijado solamente el ente público cuando su conducta ha dado lugar a que se causen unos daños, sino cuando le ha infringido alguno a un particular que no tenga porqué soportar ese daño.

Dado que en el nuevo paradigma constitucional la determinación de la responsabilidad estatal no depende de la ilegitimidad de la actuación estatal o culpa del agente que la ejecuta, sino de la interrogación sobre qué afectaciones del derecho deben ser soportadas por quien las padece y la relación causa a efecto con la acción u omisión de la administración, se impone que para la determinación de la naturaleza de la responsabilidad estatal por privación de la libertad, se plantee previamente la pregunta de cuándo una persona está en la obligación de soportar una medida restrictiva de su libertad. Dentro del marco axiológico de un Estado de derecho, la única respuesta admisible es que alguien está obligado a soportar la restricción de la libertad cuando ésta ha sido impuesta como consecuencia de una acción libre antecedente, esto es, como medio de contención al delito. Tratándose de una pena efectivamente subsiguiente al delito, la restricción indeseada de la libertad, no entra realmente en pugna con la autonomía y la dignidad del hombre sino que de cierto modo, es consecuencia de ellas. Siguiendo a Kant, se puede decir que lo que realmente ha sucedido es que lo que el delincuente recibe en forma de coacción, es la contracara de su acción libre.

Como se advierte, en estos casos, la pena se reputa justa y, con razón, no contradice al principio de dignidad; puesto que no parte de una disposición arbitraria del bien jurídico de la libertad por parte del Estado, sino que, por el contrario, se aviene al delincuente como consecuencia de su autonomía, de modo que, en cierta forma, es exigida por su misma dignidad. No sucede lo mismo cuando la pena o la medida de aseguramiento no pueden correlacionarse de alguna manera, con acto originario de la libertad. En efecto, incluso cuando la privación de la libertad no provenga de la arbitrariedad estatal, pues en el caso concreto se hubiesen seguido sin éxito todas las reglas de la prudencia encaminadas a evitar el error. Esto es así porque negar la injusticia de la detención de quien no es culpable supondría asumir que, de alguna manera, la autonomía y el propio ser de por el solo hecho de la investigación se sujetan a disposición del Estado. Aceptar que el Estado no incurre en injusticia por disponer sobre la libertad de las personas significa, empero, aceptar que la libertad no es derecho y condición preexistente ontológicamente a la asociación sino mera concesión del poder. El todo social es, desde esta perspectiva, el titular de todos los derechos y su gracioso dispensador. Nadie puede reclamar nada al Estado, porque no hay nada anterior a él. Claramente no es éste el Estado de derecho.

A riesgo de caer en repeticiones, hay que insistir. La suposición de que el bien de la sociedad justifique el sacrificio de la libertad del inocente, es en sí misma una instrumentalización de la persona en favor de la sociedad, incompatible con afirmación básica del carácter del hombre como fin en sí mismo. Por otra parte, la aceptación de que una persona pueda hallarse efectivamente obligada a soportar la restricción de la libertad, siendo inocente, es claramente incompatible con la afirmación del principio de igualdad que tiene carácter de rector y fundante en toda sociedad. En efecto, cuando se afirma que alguien tiene que soportar eventualmente el sacrificio de sus libertades, como consecuencia de que el error o los fallos del sistema penal son un riesgo necesario para el buen funcionamiento de la sociedad, lo que realmente se está diciendo es que algunas personas tienen el deber de asumir el “riesgo” del mal funcionamiento de la administración del justicia, en tanto que otros no han de ver jamás limitada su libertad.

Por las razones antedichas, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha abandonado enfáticamente la tesis según la cual, salvo en el caso de desviación manifiesta de la administración judicial, la eventualidad de ser privado de la libertad se encuentra comprendida dentro de las cargas públicas que todo ciudadano debe soportar. Recuérdese en este sentido lo manifestado por esta Corporación en sentencia de 4 de diciembre de 2006:

…La Sala considera oportuno recoger expresiones en virtud de las cuales algunos sectores de la comunidad jurídica han llegado a sostener, sin matiz alguno, que el verse privado de la libertad ocasionalmente es una carga pública que los ciudadanos deben soportar con estoicismo.

Definitivamente no puede ser así. Lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad personal ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida, pueda considerarse como una carga pública normal, inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Si se quiere ser coherente con el postulado de acuerdo con el cual, en un Estado Social y Democrático de Derecho la persona ⎯junto con todo lo que a ella es inherente⎯ ocupa un lugar central, es la razón de la existencia de aquél y a su servicio se hallan todas las instituciones que se integran en el aparato estatal, carece de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios, sin compensación alguna, por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas.

La afirmación contraria sólo es posible en el seno de una organización estatal en la que la persona ⎯con todos sus atributos y calidades⎯ deviene instrumento, sacrificable, reductible y prescindible, siempre que ello se estime necesario en aras de lograr lo que conviene al Estado, es decir, en un modelo de convivencia en el que la prevalencia de un ⎯desde esta perspectiva, mal entendido⎯ interés general, puede justificar el desproporcionado sacrificio del interés particular ⎯incluida la esfera de derechos fundamentales del individuo⎯ sin ningún tipo de compensación.
Y es que si bien es cierto que en el ordenamiento jurídico colombiano la prevalencia del interés general constituye uno de los principios fundantes del Estado ⎯a voces del artículo 1º in fine de la Constitución Política⎯, no lo es menos que el artículo 2º de la propia Carta eleva a la categoría de fin esencial de la organización estatal la protección de todas las personas residentes en Colombia en sus derechos y libertades. Ello implica que la procura o la materialización del interés general, no puede llevarse a cabo avasallando inopinada e irrestrictamente las libertades individuales, pues en la medida en que la salvaguarda de éstas forma parte, igualmente, del contenido teleológico esencial con el que la Norma Fundamental programa y limita la actividad de los distintos órganos del Estado, esa protección de los derechos y libertades también acaba por convertirse en parte del interés general

Se ha de insistir, por lo demás, en que el deber de reparación por privación injusta de la libertad es una exigencia constitucional directa y no derivada por ende de una previsión legal (v.gr. el art. 414 del Decreto 2700 de 1991) o jurisprudencial. Esto no solamente queda patente en el hecho mismo de que conceptualmente es imposible no excluir a la privación de la libertad del inocente de la categoría conceptual del daño antijurídico, sino también por la consideración de la voluntad del constituyente, a la luz del método histórico de interpretación. En efecto, en los proyectos y ponencias presentados en la Asamblea Nacional Constituyente se advierte una preocupación seria por reparar las consecuencias de la pérdida de la libertad por error judicial. Al respecto es diciente lo manifestado por la Constituyente Helena Herrán de Montoya, el día 7 de marzo de 1991, en la exposición de motivos de un artículo cuyo texto es similar en lo sustancial al actual art. 90 de la Constitución:

Desde hace ya mucho tiempo en Colombia se admite la responsabilidad del Estado, y la más acogida jurisprudencia y doctrina han hecho ingente esfuerzo interpretado para hallar el arraigo normativo de esa responsabilidad en el art. 16 de la Carta vigente.

Con todo, esa misma jurisprudencia ha descartado de plano la obligación del Estado de salir a garantizar indemnización a quienes han sufrido daños por actos de los jueces, incluso en situaciones tan aberrantes como las que reciben el nombre de error judicial; personas que han padecido el viacrucis de un proceso, el oprobio de la detención en nuestras cárceles, la infamia de una sentencia condenatoria y al cabo del tiempo han probado su inocencia.

De ahí que es de capital importancia que desde la Constitución misma se consagre en forma expresa la responsabilidad, extendiéndola a todos los servicios y funciones estatales, pues si quien es víctima, por ejemplo, del atropellamiento ocasionado por un vehículo cuyo conductor es empleado oficial y está ebrio tiene derecho a indemnización y en ello todos concordamos, con mucha mayor razón debe repararse el daño sufrido por quien es víctima del funcionamiento del servicio de justicia.

Aunque muchas constituciones traen una norma expresa para el error judicial o para la administración de justicia en general, consideramos más técnico que un solo artículo se consagre la responsabilidad del Estado por todas sus actividades, del modo que se hace por ejemplo, en la Constitución española (“los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”, art. 106 , segundo apartado), y en la uruguaya (“el Estado, los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y, en general, todo órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”, art. 24).

Es una verdad a gritos que en Colombia reina la impunidad más absoluta. Y sin embargo, cuando se produce una condena, no siempre se logra el acierto y de ahí que nuestra historia judicial registre casos extremadamente dolorosos como relata, entre otros, el profesor Carlos H. Pareja.

Colombia está en deuda con la verdadera justicia, y la presente es la más propicia ocasión para ponerse al día”.

Vale destacar que el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz estuvo privado de su libertad, entre el 20 de mayo de 2002 –folio 86 cuaderno 8- hasta el 21 de marzo de 2003, cuando se resolvió la situación jurídica y se revocó la medida de aseguramiento y dispuso su libertad inmediata –folio 270 cuaderno 6-, para un total de detención de 10 meses.

Es de resaltar, además, que para cuando el actor fue capturado y obtuvo su libertad estaba vigente la Ley 270 de 1996, conforme a la cual “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios” -artículo 68-.

La Sala ha considerado que, en cuanto el artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia no puede recortar el alcance del artículo 90 de la Constitución, se habrá de concluir que la responsabilidad patrimonial del Estado comprende todos “los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas” y, en consecuencia, también mantienen su vigencia todas aquellas hipótesis de responsabilidad objetiva que fueron previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991:

“Respecto del mismo artículo, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o arbitraria. En jurisprudencia reciente, se ha determinado que las hipótesis de responsabilidad objetiva, también por detención injusta, contempladas en el derogado artículo 414 del decreto 2700 de 1991, mantienen vigencia para resolver, de la misma forma, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones de la libertad en las cuales se haya arribado a cualquiera de los tres supuestos a los que hacía referencia la citada disposición. Es decir, que después de la entrada en vigencia de la ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta “porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible”, se configura un evento de detención injusta….”.

De tal manera que, de conformidad con lo previsto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado deberá responder por la medida de aseguramiento de detención preventiva a la que estuvo sometido el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, porque, si bien el sindicado fue absuelto por in dubio pro reo, lo cierto es que no se probó su participación en los hechos delictivos investigados, comoquiera que la justicia penal así lo resolvió y la documentación allegada al expediente así lo indica. Esto, en la medida en que no existían pruebas directas en su contra.

De ahí que el señor Robayo Muñoz no tenía que soportar la privación de la libertad que le fue impuesta, en cuanto la coautoría que le fue atribuida no existió y, en consecuencia, la sentencia impugnada tendrá que confirmarse, salvo que a la víctima se le atribuya dolo o culpa grave, como a continuación pasa a analizarse.

5.3. Connotaciones jurídicas de la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo
Toda vez que uno de los argumentos expuestos por la parte demandada tiene que ver con que la sentencia absolutoria fue proferida con base en el principio in dubio pro reo, la Sala estima pertinente reiterar su jurisprudencia sobre la irrelevancia que tiene esta circunstancia respecto de la responsabilidad estatal.

Ahora bien, salvo aquellos casos en los que las dudas e indicios de responsabilidad son atribuibles de alguna manera al sindicado (v.gr. uso de mentiras, amenazas comprobadas a las víctimas, etc), no tiene sentido alguno suponer que el acusado tenga que ver condicionada la reparación del daño innegable que supone la pérdida de la libertad, al hecho de que sea posible acreditar plenamente y más allá de toda duda razonable la inocencia. Para empezar, lo anterior supondría que el acusado siempre cuenta con los recursos técnicos y humanos (v.gr. investigadores, laboratorios) para responder con éxito a la acusación. En segundo lugar, aceptar la hipótesis anterior supone que en todos los casos el acusado tiene la posibilidad de probar su inocencia, cuando existe toda una serie de hechos cuya prueba negativa es simplemente imposible (v.gr. es imposible probar que jamás se ha tocado indebidamente a una persona). Incluso, desde el punto de vista lógico, se tiene como hecho inconcuso que las afirmaciones y negaciones indefinidas no pueden ser probados y, por lo tanto, su exigencia es absolutamente carente de sentido. En tercer lugar, la duda es un estado subjetivo del sujeto que enjuicia y, en cuanto tal, constituye un factor totalmente externo al acusado. Las mismas pruebas que llevan a un juez a declarar probada la inocencia pueden ser consideradas por otro meramente constitutivas de duda y no es razonable suponer que el sindicado tenga que verse jurídicamente afectado por esta diferencia que, en más de una ocasión obedece a los diversos tipos de personalidad de los juzgadores. Sin embargo, la principal y definitiva razón para sostener que los casos de absolución por aplicación del principio in dubio pro reo no requieren de la acreditación de actuación manifiestamente desviada de las autoridades, radica en que sostener lo contrario sería manifiestamente lesivo de presunción de inocencia. En efecto, quien sostiene que solamente hay responsabilidad al margen de la culpa en los casos en los que se acredita positivamente la inocencia, implícitamente afirma que, al menos en el campo del derecho de daños, la inocencia debe ser probada o, lo que es lo mismo, que persiste una cierta presunción de culpa, cuya desvirtuación corresponde a la parte actora, fundada, así mismo, en una antropología pesimista incompatible con el modelo de estado liberal. Y es que, solo es preciso demostrar la no culpabilidad, cuando se parte de una concepción de la libertad humana como potencia esencialmente desviada y nociva, caso en el cual, lo pertinente no es su garantía (como sucede en cualquiera de los modelos políticos herederos de las revoluciones liberales) sino su contención totalitaria, como sucede, por ejemplo, en la concepción del Estado-Leviathan hobbesiano, diseñado precisamente sobre el infame homo hominis lupus (el hombre es lobo para el hombre).

Se ha de destacar que el argumento antedicho ha sido ratificado por sentencia de unificación de 17 de octubre de 2013 en la que se lee:

Si se atribuyen y se respetan en casos como el sub judice los alcances que en el sistema jurídico nacional corresponden tanto a la presunción constitucional de inocencia como al principio-valor-derecho fundamental a la libertad ─cuya privación cautelar está gobernada por el postulado de la excepcionalidad, según se ha expuesto─, resulta indiferente que el obrar de la Administración de Justicia al proferir la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva y luego absolver de responsabilidad penal al sindicado en aplicación del principio in dubio pro reo, haya sido un proceder ajustado o contrario a Derecho, en el cual resulte identificable, o no, una falla en el servicio, un error judicial o el obrar doloso o gravemente culposo del agente judicial, pues si la víctima no se encuentra en el deber jurídico de soportar el daño que le fue irrogado, devendrá en intrascendente –en todo sentido– que el proceso penal hubiere funcionado correctamente, pues lo cierto será, ante situaciones como la que se deja planteada, que la responsabilidad del Estado deberá declararse porque, aunque con el noble propósito de garantizar la efectividad de varios de los fines que informan el funcionamiento de la Administración de Justicia, se habrá irrogado un daño especial a un individuo.Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta, en la medida en que mientras la causación de ese daño redundará en beneficio de la colectividad ─interesada en el pronto, cumplido y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, en la comparecencia de los sindicados a los correspondientes procesos penales, en la eficacia de las sentencias penales condenatorias─, sólo habrá afectado de manera perjudicial a quien se vio privado de su libertad, a aquélla persona en quien, infortunadamente, se concretó el carácter excepcional de la detención preventiva y, por tanto, dada semejante ruptura del principio de igualdad ante las cargas públicas, esa víctima tendrá derecho al restablecimiento que ampara, prevé y dispone el ordenamiento vigente, en los términos establecidos en el tantas veces aludido artículo 90 constitucional.

5.4. Precisión sobre el alcance del principio in dubio pro reo

Para empezar, valga reiterar que la absolución con base en el mencionado principio no equivale a una absolución de segundo nivel que deja en el limbo las cuestiones sobre la responsabilidad del acusado. Por el contrario, se ha de afirmar enérgicamente que el absuelto en aplicación del principio in dubio pro reo no queda en una especie de zona gris en la que el estado debe “resignarse” a prescindir de la aplicación de la sanción penal, en tanto el absuelto no puede ser tenido como inocente, en todos los demás contextos distintos al exclusivamente relativo al proceso penal. Y es que, o se acepta que la absolución con base en el principio in dubio pro reo produce plenos efectos jurídicos o, sencillamente, el principio de presunción de inocencia carece de todo significado.

En segundo lugar, es menester precisar que solo cabe considerar que una sentencia se profiere con base en el principio in dubio pro reo, cuando, a pesar de la solidez de las pruebas, éstas no son suficientes para vencer la presunción de inocencia. En este sentido, atañe a la esencia de la absolución por aplicación del principio in dubio pro reo la existencia de material probatorio con cierto grado de razonabilidad y fuerza de convicción, supuesto que excluye, de raíz, casos en los que la declaración de inocencia se profiere por haberse desestimado por completo la solidez de las pruebas que fundaban la acusación. Así pues, la invocación al mencionado principio, acompañada de la refutación de la prueba se ha de reputar meramente nominal. Al respecto vale recordar lo dicho en otras ocasiones por esta Sala:

(…)si bien es dable sostener diversas posturas sobre la naturaleza de la responsabilidad estatal, en el caso de las absoluciones proferidas en virtud del principio in dubio pro reo, esta polémica no se refiere a todos los casos en los que el juez o el fiscal invocan la duda en sus decisiones, sino únicamente a aquellos en los que efectivamente cabía la duda, al punto que no procede sino absolver al acusado.

Para entender lo anterior, hay que tener en cuenta que la duda, en cuanto estado subjetivo de la conciencia, no puede ser criterio de determinación de la responsabilidad penal o estatal. Es que en su subjetividad el juez puede llegar a dudar por cualquier motivo, sólido o débil. La mera acusación o la actitud personal del sindicado pueden ser suficientes para generar duda en un juzgador, mientras que en otros casos, quien decide exigirá que una y otras sean reforzadas. Por lo tanto, si la existencia de la duda fuera criterio suficiente de la responsabilidad penal, civil o estatal, los sujetos sometidos a juicio quedarían enteramente a merced de la subjetividad o el grado de suspicacia del juez, esto es, a un factor absolutamente subjetivo y arbitrario.

Siendo así, cabe precisar que la duda per se no es criterio de responsabilidad, pero que sí lo son los datos objetivos en los que la misma se sustenta. Esto porque de su grado de respaldo en datos externos depende que alcance el calificativo de razonable. En el caso de la responsabilidad penal, como se sabe, el umbral de la decisión lo marca el abandono o la presencia de la duda razonable, es decir, tratándose de casos en los que se discute la punibilidad de un acto, es menester que la culpabilidad esté comprobada de tal modo que una afirmación en contrario resulte descabellada. Se necesita, pues, que la explicación más probable del acto sea la de la comisión del delito y que las razones exculpatorias sean significativamente improbables.

Así las cosas, se entiende que hay casos en los que existiendo pruebas sólidas sobre el hecho delictivo y la participación del reo, las mismas se contrastan con otras de igual peso que, en conjunto, impiden afirmar que la hipótesis sobre la comisión del hecho se sitúa más allá de toda duda razonable. En estos casos, la contundencia de las pruebas en uno y otro sentido simplemente impiden arribar a un juicio certero sobre lo ocurrido y en consecuencia, la duda razonable inclina la balanza a favor del acusado.

En otros casos, la duda del juez se asienta sobre fundamentos menos sólidos, uno de los cuales puede radicar en el hecho de que la acusación no haya sido desvirtuada por completo por la defensa, a pesar de que no existan pruebas consistentes sobre el hecho criminal. En este caso, la duda subjetiva del juez no se puede considerar razonable y, por lo tanto, está excluida de los supuestos de aplicación real del principio in dubio pro reo por la simplísima razón de que no pasa de ser un estado psicológico, no fundamentado y, en consecuencia, sin sustento. Sostener lo contrario implicaría aceptar que el acusado tiene el deber de desvirtuar una presunción de culpabilidad en su contra, lo cual contradice el pilar de su inocencia que sostiene la legitimidad del Estado en materia criminal.

Por otra parte, y en ejercicio de la función pedagógica que le asiste, la Sala estima conveniente recordar que los jueces tienen el deber de justificar claramente sus sentencias, evitando, en cuanto les sea posible, las equivocidades. Por esta razón, en aquellos casos en los que lo que se verifica es la ausencia o debilidad de las pruebas, no se tendría que invocar impropiamente el principio in dubio pro reo, no solamente porque ello contraría la verdad y por lo tanto la finalidad del juicio, sino porque, como se ha podido verificar en este y muchos otros procesos, el uso inadecuado de esta terminología puede llegar a perpetuar el daño. Esto último debido a que, desafortunadamente, la idea de que la abolución con base en el principio in dubio pro reo no comporta la declaración de inocencia sigue profundamente enraizada en los imaginarios colectivos, de modo que, de alguna manera, expone innecesariamente al actor a la persistencia del estigma social.

5.5. Análisis del dolo o culpa grave del actor

Si bien el artículo 90 constitucional impone el deber de reparación del daño antijurídico en términos categóricos, este imperativo puede ser atemperado, en el caso de la privación de la libertad, por la obligación del juez administrativo de verificar la actuación de quien resultó detenido, pues establecida la culpa grave o el dolo a la luz de los artículos 2, 83 y 95 de la Carta Política no procede la indemnización.

Significa lo anterior, en consecuencia, que previo al reconocimiento de la indemnización por privación injusta de la libertad debe el juez verificar que la actuación del demandante responda a las previsiones constitucionales. Cabe advertir, eso sí que, en modo alguno puede revisarse el proceso penal, en orden a controvertir la sentencia dictada, por lo que está vedado pronunciarse sobre el carácter delictivo o no de los hechos bajo estudio o el reproche de la conducta del sindicado a la luz de la ley penal. El juicio que corresponde adelantar debe limitarse a determinar la obligación de indemnizar el daño derivado de la privación injusta de la libertad dentro del marco del ilícito civil, construido al amparo de las normas y los principios y valores constitucionales para los que, sin perjuicio del daño antijurídico y el deber de reparación, no hay derechos absolutos desprovistos de compromisos institucionales.

Razones que conducen a la separación entre la investigación penal y la absolución y la indemnización que debe ordenar el juez de la responsabilidad del Estado, siguiendo los parámetros del artículo 90 Constitucional bajo los lineamientos de los artículos 2, 83 y 95 del mismo ordenamiento.

Es de advertir que, así como no se cuenta con elementos de prueba que le atribuyan al actor la autoría de un hecho punible, igualmente nada indica que hubiera actuado con culpa grave o dolo civil. Esto es que infringió deberes de convivencia.

En efecto, el acervo probatorio permite establecer que el 20 de mayo de 2002, el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz resultó implicado en una investigación penal por el delito de tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. Si bien en su injurada aseguró ser conductor del vehículo de placas AOA -020 contentivo de las 50 canecas de ácido sulfúrico, afirmó no tener conocimiento alguno sobre el contenido de las canecas ni la falsedad de los documentos de la mercancía transportada. Afirmaciones ciertas en cuanto la Fiscalía no desvirtuó su veracidad.

En cuanto a la forma de actuar del señor Robayo Muñoz frente a la falsedad de los documentos que soportaban la mercancía, no se encuentra actuación reprochable al respecto, toda vez que su labor consistía en transportarla de un lugar a otro y en el expediente se encuentra demostrado que así era, además que al recibir unos documentos que aparentemente no carecen de validez y que su verificación conlleva labores arduas que una persona del común no puede desplegar debido a la carencia de elemento y herramientas que permitirían su confirmación. El hecho de transportar una mercancía, le exige la carga del cumplimiento de la obligación al transportador de llevarla de un lugar a otro en perfecto estado, pero no la verificación de la idoneidad de los documentos de la mercancía transportada, esto sumado a que la Fiscalía no logró endilgarle responsabilidad.

Como puede observarse, dentro de la regla general consolidada jurisprudencialmente, la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad ha sido desarrollada de tal manera que, a menos que se demuestre culpa grave o dolo civil, la protección del derecho fundamental a la libertad deberá imponerse.

Ahora, en cuanto al argumento esgrimido por la Fiscalía referente a la negligencia del actor, por cuanto no hizo uso del control de legalidad de la medida de aseguramiento, es dable afirmar que dicho instrumento procesal es una herramienta potestativa con la que cuenta aquella persona que se ve sumergida en una investigación penal para que se revise la actuación de la Fiscalía y se puedan llegar a evitar posibles privaciones injustas de la libertad, pero en ningún momento es obligatoria su interposición y no es admisible escudar actuaciones erróneas del ente acusador en imposición de cargas inexistentes.

Cabe anotar que, si bien en la actuación aparece demostrado que el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz aceptó los cargos y solicitó sentencia anticipada, de ello no puede predicarse culpa grave o dolo, pues en la investigación no fue demostrada su participación en la comisión del hecho punible. Esto es así porque el juez penal, al resolver la petición a la que se alude, no encontró pruebas que lo incriminaran, al punto que llamó la atención del fiscal sobre el mérito y procedencia de la medida de aseguramiento, quien, en últimas, revocó la medida de aseguramiento.

Siendo así, al margen de las actuaciones delictuosas de los hechos narrados en el proceso de la referencia, es dable concluir que el actor no quebrantó los modelos de conducta que impone la convivencia social.

Nótese que las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad ⎯fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima⎯ tratándose de la pérdida de la libertad se subsumen en la culpa grave o el dolo de la víctima, eventos en los que el Estado no resulta obligado a responder administrativa y patrimonialmente.

Ahora, como previamente ya se ha referido, la regla general de aplicación de los eximentes de responsabilidad de la administración, cuenta con una sub-regla de carácter especial, cuando la responsabilidad deviene de la privación de la libertad. En efecto, el artículo 414 del C.P.P. estipulaba en su parte final que los supuestos en él señalados y que daban lugar a la indemnización por la privación injusta de la libertad, procedían a favor del actor “siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Así lo consideró la Sala cuando sostuvo que la conducta del individuo, su proceder, es susceptible de valoración para llegar a determinar si efectivamente es viable la responsabilidad de la administración en la privación injusta de la libertad. Subregla que además goza de plena compatibilidad con lo consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establece en el numeral 6º de su artículo 14:

“Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido” (negrilla con subrayas fuera el texto).

Desde esta perspectiva, es relevante recordar que la Sala ha determinado que cuando se trata de acciones de responsabilidad patrimonial, el dolo o culpa grave que allí se considera, se rige por los criterios establecidos en el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión de 18 de febrero de 2010, dijo la Sala:
“Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo” (negrita con subrayas fuera del texto).

De igual modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha estudiado los conceptos de culpa grave y dolo civil al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición y la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema al resolver diversos cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 77 y 78 del C.C.A., y de la Ley 678 de 2001. Así señaló que,

“(…) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Agregó que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia”.

Esta tesis ha sido aplicada por la Sección frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas, actuaron con dolo o culpa grave.

Ahora, si bien el juez administrativo no puede reemplazar al juez natural en el análisis de la comisión del hecho punible, en tanto la decisión adoptada sede penal es cosa juzgada, inmutable y ha surtido efectos jurídicos para la parte interesada, no quiere decir que la reparación opere de manera automática, en tanto debe establecerse el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de dicha indemnización conforme a lo normado en el artículo 90 superior, en la Ley 270 de 1996, en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y en el artículo 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de los que se deriva que quien estuvo privado de la libertad no puede exigir reparación en todos los casos. Específicamente cuando se evidencie actuación dolosa o gravemente culposa.

En este orden, la Sala no encuentra demostrado la actuación gravemente culposa del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, por lo que habrá de confirmar la sentencia y disponer la reparación del daño a cargo de la Fiscalía General de la Nación.

Liquidación de perjuicios

Habiendo comprobado que en el sub lite existen razones para imputar a la Nación los daños sufridos, la Sala debe pronunciarse sobre el monto de la indemnización.

Perjuicios morales

Es preciso determinar si la cuantía reconocida por el a quo, como indemnización por los perjuicios morales, se corresponde con los topes jurisprudencialmente señalados para la compensación del daño moral por privación de la libertad, con la advertencia de que no podrán ser incrementados, pero si revisados. Lo primero en aplicación del principio de la no reformatio in pejus y lo otro en cuanto la Fiscalía apeló la responsabilidad, de donde no queda sino concluir que igualmente apeló la indemnización.

Ahora bien, en sentencia de unificación, la Sección reiteró criterios jurisprudenciales según los cuales el perjuicio moral ha de ser tasado en salarios mínimos mensuales legales, el tope indemnizatorio se fija en 100 smlmv y estableció criterios generales de indemnización, así:

Es del caso hacer claridad en los tiempos que estuvo recluido el señor Robayo Muñoz en la Cárcel Modelo de Bogotá, diez (10) meses entre el 20 de mayo de 2002 y el 21 de marzo de 2003 y 24 meses y 25 días desde el 1 de febrero de 2005 al 26 de septiembre de 2006.
En el caso que nos atañe y teniendo en cuenta que el Tribunal negó los perjuicios ocasionados por la segunda detención, decisión que no fue apelada por la parte actora, la Sala se limitará a la actualización de los perjuicios reconocidos por la primera detención.

Así las cosas, dado que el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz estuvo privado de la libertad por un tiempo superior a 9 e inferior a 12 meses, se impone la conclusión de que tanto el como su esposa, Florinda Talero Gutiérrez y sus hijos, Kimberly y Néstor Manuel Robayo Talero debieron haber recibido sendas indemnizaciones equivalentes a ochenta (80) smlmv cada uno. Empero, advierte la Sala que, lo reconocido por el a quo a los antes nombrados no cumple con los parámetros fijados en la jurisprudencia antes citada respecto a la víctima directa; toda vez que reconoció una suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz, víctima directa y para los hijos cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno.

Lo cierto es que, como quedó antes explicado el principio de la no reformatio in pejus impide modificar la sentencia impugnada, por cuanto se agravaría la situación del apelante único. En consecuencia, la condena en contra de la Fiscalía quedará así:

Para el señor Víctor Manuel Robayo Muñoz la suma equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para su esposa Florinda Talero Gutiérrez la suma de ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes y para los hijos Kimberly y Néstor Manuel Robayo Talero se mantendrá la suma de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes fijados por el Tribunal en aplicación al principio de la no reformatio in pejus.

Perjuicios materiales

Lucro cesante

El a quo señaló que esta clase de perjuicios se solicitaron a favor del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz por cuanto al momento de su detención y para esa época, devengaba un salario básico mensual de un millón seiscientos mil pesos ($1.600.000.oo), según se afirma en la demanda. Resolvió el tribunal:

“(…) Observa la Sala que en el plenario no obra prueba que justifique sus ingresos, ya sea mediante declaración de renta o certificado de ingresos.
Dadas estas circunstancias, la Sala liquidará el monto del lucro cesante consolidado, con base en lo establecido en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la presunción de que mínimamente la persona se gana un salario mínimo legal mensual. Debe tomarse como base para su cuantificación la suma de $515.000, que es el actual salario mínimo legal vigente, suma esta que le favorece más que la actualización del salario mínimo de la época.

Para el caso se liquidará el lucro cesante así:

Periodo de la privación injusta:

Primera Detención: desde el día 20 de mayo de 2002 (fl. 86 c.8) al día 21 de marzo de 2003 (fl 270 c.6)

(…)

En consecuencia, se tendrá como punto de partida para la elaboración de las liquidaciones “histórica, pasada o consolidada)”, sobre el salario mínimo actual de $515.000, un total de 10 meses, más el 25% correspondiente a las prestaciones sociales, visto ello se tendrá:

($515.000 salario mínimo + 25%) x 10 (meses) = $5.150.000

Total lucro Cesante Consolidado: $5.150.000”

Decisión que se confirmará, en cuanto se encuentra demostrado que la privación ocurrió entre el 20 de mayo de 2002 y 21 de marzo de 2003, lo que corresponde a 10 meses, situación que le impidió el ejercicio de su actividad, previa actualización.

Para el efecto se liquidará el lucro cesante con el salario mínimo para la fecha de la sentencia ($515.900) y se actualizará con la siguiente fórmula:
Ipc (f)
Ipc (i)

Ra= Rh

En donde
Ra
=
Renta actualizada a establecer
Rh
=
Valor reconocido en la sentencia de primera instancia, es decir, $5.150.000 para Víctor Manuel Robayo Muñoz por concepto de lucro cesante.
Ipc(f)
=
El índice de precios al consumidor a la fecha de la sentencia de segunda instancia (2016)
Ipc(i)
=
El índice de precios al consumidor a la fecha de la sentencia de primera instancia (2009)

Periodo a indemnizar 10 meses = $5.150.000
Al aplicar esta fórmula al caso concreto se obtiene el siguiente resultado

Ra = $5.150.000 134,77
104,55
Ra = $6.638.598

Lo anterior, por cuanto la sola actualización no desconoce el principio de la no reformatio in pejus.

Daño a la vida de relación

La parte actora pretende el pago del daño a la vida de relación, afirmando que la privación del señor Robayo Muñoz produjo grandes incomodidades, injurias y limitaciones de por vida por estar asociado a un delito como lo es el del narcotráfico y solicitó el reconocimiento de 100 SMLMV. Al respecto el Tribunal resolvió:

“Frente a este perjuicio la Sala no accederá a lo solicitado, por cuanto en el plenario no obra prueba o medio de convicción que de certeza de esta circunstancia”.

Sobre la reparación de esta tipología de perjuicios inmateriales, la Sala en sentencia de unificación de jurisprudencia de 28 de agosto de 2014, decidió privilegiar la compensación a través de medidas no pecuniarias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano y, en casos excepcionales, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral se unificó que podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV.

Dicho lo anterior y como la parte actora no impugnó la decisión la Sala mantendrá de decisión tomada y negará los perjuicios solicitados por este concepto.

Costas

En el caso concreto no habrá condena en costas, por cuanto no se cumplen los requisitos para su causación.

En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

III. R E S U E L V E

MODIFICAR la sentencia proferida el 3 de noviembre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La cual quedará así:

PRIMERO: Declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación -Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad del señor Víctor Manuel Robayo Muñoz.

SEGUNDO: Condenar a la demandada a pagar al señor Víctor Manuel Robayo Muñoz las siguientes sumas;

El valor de seis millones seiscientos treinta y ocho mil quinientos noventa y ocho pesos ($6.638.598), por concepto de perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante.

El equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia, por concepto de perjuicios morales.

TERCERO: Condenar a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales reconocidos a los afectados con la privación injusta de la libertad de la víctima directa, así:

Florinda Talero Gutiérrez ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
Kimberly Robayo Talero cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
Néstor Robayo Talero cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

CUARTO.- NEGAR las demás pretensiones.

QUINTO.- No hay condena en costas

SEXTO.- Para el cumplimiento de ésta sentencia se dará aplicación a los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo Y 115 del C.P.C.

SÉPTIMO.- En firme esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE

RAMIRO PAZOS GUERRERO
Presidente de la Sala
Con impedimento

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Magistrada

DANILO ROJAS BETANCOURTH
Magistrado
“De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la Jurisdicción Contencioso Administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos”. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 3 de marzo de 2010, expediente 36473 C.P. Ruth Stella Correa Palacio; auto de 9 de mayo de 2011, expediente 40324 C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Visible a folios 219 y 220 del cuaderno 3. Visible a Folios 7 a 24 del cuaderno 5. Visible a folios 180 a 206 del cuaderno 3. Dispone el at. 357 –modificado por el decreto 2282/89, art. 1º, num. 175.- que: “Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // “En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, liquidar costas y decretar copias y desgloses. Si el superior observa que en la actuación ante el inferior se incurrió en causal de nulidad que no fuere objeto de la apelación, procederá en la forma prevista en el artículo 145. Para estos fines el superior podrá solicitar las copias adicionales y los informes del inferior que estime conveniente. // “Cuando se hubiere apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando fuere desfavorable al apelante.”
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de octubre de 2008, radicación número: 52001-23-31-000-1994-06078-01(17070) C.P. Enrique Gil Botero. Al respecto, se puede consultar la sentencia de 26 de julio de 2012, exp. 24688 con la misma ponencia del presente fallo. Sentencia C-221 de 1994. Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, Actas de sesiones de las Comisiones, Art. 90, Sesión Comisión 1, Mayo 6, pág. 4. En este sentido vale recordar nuevamente a Kant, quien afirma enfáticamente que “la pena judicial (poena forensis) (…) no puede nunca servir simplemente como medio para fomentar otro bien, sea para el delincuente mismo sea para la sociedad civil, sino que de imponérsele sólo porque ha delinquido; porque el hombre nunca puede ser manejado como medio para los propósitos de otros ni confundido entre los objetos del derecho real” Immanuel Kant, Metafísica de las Costumbres, Bogotá,. Rei Andes, 1995. Pág. 166
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, radicación número 25000-23-000-1994-09817-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Ponencia presentada por la Constituyente Helena Herrán de Montoya el 7 de Marzo de 1991, en Gaceta Constitucional , No. 27, 26 de marzo de 1991, págs.. 10 y 11. Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo, exp. 15463. Sentencia de 2 de mayo de 2007, M.P. Mauricio Fajardo, exp. 15463. En el mismo sentido, sentencias de 23 de abril de 2008, exp. 17534 y de 25 de febrero de 2009, exp. 25508, sentencia de 26 de mayo de 2010, M.P. Ruth Stella Correa Palacio, exp. 19670. Conejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentecia de 17 de octubre de 2013 , rad 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354)., C.P Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2013, rad. 250002232600019990195901 (27536), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 30 de abril de 2014, exp. 27414, C.P.: Danilo Rojas Betancourth.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp.17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 37722, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, exp. 8483. C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de octubre de 1994, exp. 9.618, C.P. Julio César Uribe Acosta; 12 de abril de 2002, exp. 13.922, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; 5 de diciembre de 2005, exp. 23.218, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y auto de 22 de mayo de 2003, exp. 23.532, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Sentencia C–100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez. Corte Constitucional, sentencia C–430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, sentencias C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-423 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis
El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 2 de mayo de 2007; exp.15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 30 de marzo de 2011, exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección “C”, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 13 de abril de 2011, exp. 19889; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 26 de febrero de 2014, exp. 29.541, C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2009; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; exp.17188; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. 27463, C.P. Enrique Gil Botero. Sentencia de 29 de octubre de 2015, exp. 37700, con ponencia de quien elabora el presente fallo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, rad: 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149), C.P. Hernán Andrade Rincón. Visible a folios 219 y 220 del cuaderno 3. Consejo de Estado, sentencia de 28 de agosto de 2014, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa exp. 26.251. Mediante auto del día 22 de septiembre de 2016 se aceptó el impedimento manifestado por el Consejero Ramiro Pazos Guerrero.

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