Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00022-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00022-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2009-00022-02
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
23 de septiembre de 2024
Radicado: 25000-23-26-000-2009-00022-02 (55736)
Demandante: Vigilantes Marítima Comercial Ltda., hoy Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación
25000-23-26-000-2009-00022-02 (55736)
número:
Demandante: VIGILANTES MARÍTIMA COMERCIAL LTDA. (VIMARCO
LTDA.), hoy PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA LTDA.
Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA,
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y VIGILANCIA Y
SEGURIDAD LTDA.
Referencia: Controversias contractuales.
Tema 1: Caducidad de la acción contractual de nulidad absoluta. Subtema 1.1. Pretensión de
nulidad del contrato basada en la nulidad del acto de adjudicación. Tema 2: Legitimación de la
acción contractual. Subtema 2.1. Contrato de fiducia pública. Subtema 2.2. Coadyuvancia.
Tema 3: Principio de igualdad precontractual. Tema 4: Facultad de rechazo de la oferta
presentada a la administración. Subtema 4.1. Buena fe precontractual. Subtema 4.2. validez del
documento.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia desestimatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el
veintitrés (23) de julio de dos mil quince (2015).
SÍNTESIS
La oferta de una unión temporal de la que formaba parte la sociedad demandante fue
rechazada, en un proceso de selección para la prestación del servicio de esquemas de
seguridad a cargo de la dirección de derechos humanos del —entonces— Ministerio del
Interior y de Justicia, de acuerdo con una causal de rechazo prevista en el pliego de
condiciones, al comprobar que uno de los documentos presentados con su propuesta,
con el que buscaba acreditar su experiencia como requisito habilitante, no había sido
emitido por la persona que figuraba como su autora. Viene a la jurisdicción la aludida
sociedad para demandar la condena en perjuicios previa declaración de la nulidad del
acto de adjudicación y del subsiguiente contrato. La sentencia desestimatoria viene en
apelación de la demandante, argumentando, en línea con los motivos de la demanda
que la convocante violó el principio de igualdad, porque no se le dio el mismo trato a un
acta aportada por otra sociedad que formaba parte de la misma unión temporal que
aquella; y que, con las demás certificaciones que anexó, había dado cuenta de la
experiencia mínima requerida como requisito habilitante.
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Radicado: 25000-23-26-000-2009-00022-02 (55736)
Demandante: Vigilantes Marítima Comercial Ltda., hoy Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada
Ltda.
I. ANTECEDENTES:
1. El dieciséis (16) de enero de dos mil nueve (2009), Vigilantes Marítima Comercial
Limitada (“Vimarco Ltda.” o “Vimarco”)1 —hoy, Prosegur Vigilancia y Seguridad
Privada Ltda.2— como integrante de la Unión Temporal S.A.V. y B.I.G Seguridad (“UT
SAV-BIG”)3, presentó demanda4 contra la Nación–Ministerio de Interior y de Justicia, la
Fiduciaria la Previsora Ltda. (“Fiduprevisora”), y Vigilancia y Seguridad Limitada (“Vise
Ltda.”), con la que, en síntesis, pretende que: (i) se declare la nulidad del acto
administrativo proferido el 10 de noviembre 2008, con el que fue adjudicado el contrato
para la prestación de 180 esquemas de seguridad, que tenía por objeto el procedimiento
de selección núm. 1 de 2008; (ii) se declare el restablecimiento del derecho de Vimarco;
(iii) se declare la nulidad del contrato así adjudicado a Vise Ltda.; (iv) se declare que ese
contrato debió ser adjudicado a la UT SAV-BIG; (v) se declare que (sic) el Ministerio de
Interior y de Justicia, y la Fiduprevisora son solidariamente responsables de los
perjuicios a esta ocasionados; (vi) se condene al Ministerio de Interior y de Justicia, y la
Fiduprevisora a pagarle mil quinientos treinta y nueve millones seiscientos noventa y tres
mil doscientos cuarenta y un pesos con ochenta y siete centavos ($1.539.693.241,87) a
Vimarco, por concepto de daño emergente, correspondiente al 23,33% de su
participación en la UT SAV-BIG; y que (vii) por concepto de lucro cesante se condene al
pago de intereses bancarios corrientes.
1.1. Como fundamentos de hecho de sus pretensiones, Vimarco enunció, en síntesis,
que:
1.1.1. La Fiduprevisora adelantó un proceso de selección para la tercerización de
esquemas de seguridad a cargo de la dirección de derechos humanos del
Ministerio del Interior y de Justicia, en el que el comité evaluador determinó que
la oferta de la UT SAV-BIG sería rechazada, de acuerdo con el numeral 2.12.20
del pliego de condiciones, por haber aportado una certificación de experiencia que
no correspondía a la realidad.
1.1.2. Ante ello, Vimarco presentó escrito fechado el 4 de noviembre de 2008, en
el que adujo que cumplía con lo establecido en el pliego de condiciones (numeral
3.3.3), de acuerdo con la modificación introducida en la adenda núm. 4, puesto
que debía aportar cinco (5) certificaciones de experiencia y había allegado siete
(7) constancias que no fueron cuestionadas y, consecuentemente, la
Administración no sufriría perjuicio alguno al excluir el documento que no
correspondía a la realidad.
1.1.3. Sin embargo, el rechazo de su oferta se mantuvo, puesto que, de acuerdo
con lo manifestado por la Administración en la audiencia de adjudicación del 6 de
1 Certificado de existencia y representación, con matrícula núm. 09-005432-03, a folios 6 a 9 del cuaderno 2; y poder
otorgado por su representante legal, Rafael Ignacio Pretelt Román, a folios 1 y 2 del cuaderno 1.
2 De acuerdo con el certificado de existencia y representación que obra a folios 222 a 226 del cuaderno 1.
3 Compromiso de conformación de la UT SAV-BIG a folios 54 a 58 del cuaderno 2.
4 Folios 3 a 58, 62 y 63, cuaderno 1.
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noviembre de 2008, pese a que no se comprobó que la certificación hubiera sido
“adulterada”, sí se había verificado que su contenido no era cierto.
1.1.4. La UT SAV-BIG presentó dos memoriales más, el 7 y el 10 de noviembre
de 2008, en los que arguyó que la Administración no era competente para
determinar que la certificación hubiera sido adulterada, pues ello le correspondía
a la jurisdicción penal; que no se le había solicitado aclaraciones o explicaciones
por escrito, conforme al numeral 1.16.12 del pliego de condiciones; y que no se
podía presumir su mala fe ni imponérsele una sanción por responsabilidad
objetiva.
1.1.5. En respuesta a lo anterior, la Administración manifestó que se había
garantizado el debido proceso y, particularmente, el principio de publicidad, puesto
que el informe de inhabilitación había sido publicado en el SECOP.
1.1.6. Vimarco replicó que se le estaba dando un trato discriminatorio, ya que en
respuesta a una observación formulada sobre la oferente GMV Security Car Ltda.,
la Administración dijo que “mientras no se demuestre la falsedad de la copia del
acta, según lo contemplado en el artículo 189 del Código de comercio, citado por
la representante de la Unión Temporal Cobasec-Expertos-Guardianes-Socovig,
no puede producirse una manifestación en este sentido”.
1.1.7. “El acta de la audiencia de adjudicación fue publicada en la página web del
portal de contratación, pero inexplicablemente se omitió la transcripción de las
constancias y solicitudes señaladas por parte del suscrito” representante de la
sociedad; circunstancia que lo llevó a presentar una solicitud formal, en la que
requirió que esta omisión fuera aclarada, sin recibir respuesta de ello.
1.1.8. El contrato que tenía por objeto el proceso de selección en comento fue
adjudicado, en audiencia pública que se desarrolló el 10 de noviembre de 2008,
pese a que la oferta de UT SAV-BIG tenía un valor inferior, por lo que era la más
favorable para la Administración.
1.2. A modo de concepto de la violación, para sustentar sus pretensiones de nulidad
del acto de adjudicación, Vimarco formuló, en resumen, los cargos de:
1.2.1. Violación del debido proceso, puesto que la UT SAV-BIG “jamás fue objeto
de llamamiento dentro del trámite procesal de selección, a [sic] que rindiera
siquiera aclaración alguna frente a la mencionada certificación respecto de su
existencia”. Agregó que, de acuerdo con el numeral 1.16.12 del pliego de
condiciones, debería habérsele solicitado por escrito las aclaraciones y
explicaciones pertinentes; y que, al no haberse aplicado dicha disposición en
igualdad de condiciones a los demás proponentes, la Administración desconoció
el principio de igualdad. De esta forma, se le habría impuesto “una sanción por
responsabilidad objetiva”, proscrita en el ordenamiento colombiano.
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1.2.2. Ausencia de lesividad en razón a la existencia material del documento
aludido en la oferta, ya que, si fuera cierto que el documento cuestionado no
correspondía a la realidad, la Administración no sufriría perjuicio alguno, puesto
que la UT SAV-BIG había allegado siete (7) certificaciones más de experiencia,
superando así el mínimo requerido de cinco (5) constancias. Por lo tanto, la
suscripción del contrato en ciernes con la UT SAV-BIG “no podr[ía] discurrirse de
punibilidad o sanción de rechazo”.
1.2.3. Pérdida de competencia funcional, debido a que funcionarios del Ministerio
del Interior y de Justicia dijeron que la entidad no era competente “para dilucidar
la adulteración o no del documento, precisamente por estar radicada ésta
[competencia] en cabeza de la jurisdicción penal, aceptando de esta manera
consecuencialmente su incompetencia, por lo que sus facultades se limitan
conforme a las específicas funciones otorgadas por la ley, a no tener dicho
documento como presentado, rechazando en consecuencia el mismo y
continuando con los que no son objeto de cuestionamiento alguno”. Agregó que
la presunción de inocencia solo podría ser desvirtuada mediante un fallo
condenatorio, incluso en materia sancionatoria.
1.2.4. Violación del principio de buena fe, que se produjo con el rechazo de su
propuesta, “pues a pesar de las evidencias allegadas, con la ausencia de
necesidad de adulterar o modificar la certificación objeto de discusión, pues no lo
necesitaba, parte de la mala fe de quien ofertó y procede a determinar en cabeza
de [Vimarco] la responsabilidad que no le ha sido declarada”.
1.3. La demanda fue admitida, con auto del 22 de octubre de 20095, el cual fue notificado
a la Fiduprevisora6, al entonces Ministerio del Interior y de Justicia7, y a Vise Ltda.8. El
Ministerio del Interior y de Justicia presentó escrito de contestación de la demanda9,
en el que propuso las excepciones de “inexistencia de violación al debido proceso”,
“legalidad del rechazo de la oferta por documentos no acordes con la realidad, como
causal establecida en el pliego de condiciones”, “ineptitud de la demanda por falta del
requisito formal ‘no individualización del acto administrativo demandado’”, “indebida
acumulación de pretensiones” y de “indebida legitimación por activa”. Vise Ltda.10, por
su parte, adujo en su contestación a la demanda11 que el rechazo de la propuesta de la
UT SAV-BIG, que contrariaba la buena fe, se ajustaba a lo previsto en el pliego de
condiciones, y planteó la excepción de caducidad. La Fiduprevisora12 contestó13 la
5 Folio 70, cuaderno 1.
6 Folios 77 a 82, cuaderno 1.
7 Folio 83, cuaderno 1.
8 Folios 94 y 95, cuaderno 1.
9 Folios 96 a 112, cuaderno 1.
10 Certificado de existencia y representación, con matrícula núm. 00171944, y poder conferido por su representante
legal a folios 136 a 139, cuaderno 1.
11 Folios 119 a 135, cuaderno 1.
12 Certificado existencia emitido por la Superintendencia Financiera y poder conferido por uno de sus representantes
legales a folio 157 y 158, cuaderno 1.
13 Folios 140 a 157, cuaderno 1.
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demanda mediante escrito en el que propuso la excepción de falta de legitimación en la
causa por activa y por pasiva, de “improcedencia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho”, de caducidad de la acción, y de “inexistencia de la
obligación indemnizatoria por falta de nexo causal”.
1.4. Por medio de autos del 6 de mayo de 201014, el despacho sustanciador decretó las
pruebas pedidas por Vimarco, por el Ministerio del Interior y de Justicia, y por la
Fiduprevisora, pero negó los testimonios pedidos en la demanda por inconducentes;
decisión esta que fue confirmada en apelación15, a instancias de la demandante. La fase
probatoria fue cerrada, con auto del 5 de mayo de 2015 16, en el que se corrió traslado
para alegar y conceptuar en primera instancia; oportunidad que fue aprovechada por el
Ministerio del Interior17 y por Vimarco (ya entonces, Prosegur Ltda.)18.
1.5. Mediante sentencia de veintitrés (23) de julio de dos mil quince (2015)19, el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones. Como razón para
decidir, consideró en resumen que:
1.5.1. De acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, las
entidades pueden rechazar las propuestas presentadas en procesos licitatorios,
por la ausencia de documentos referentes a la futura contratación o al proponente,
que sean necesarios para la comparación de las propuestas, garantizando en ello
el debido proceso de la proponente excluida, con el traslado de los informes de
evaluación, para que esta pueda pronunciarse al respecto20. Aparte, el pliego de
condiciones preveía que, en los eventos en los que los documentos aportados con
las ofertas no correspondieran a la realidad, las propuestas serían rechazadas, y
que la presentación de certificaciones de experiencia constituía un requisito
habilitante.
1.5.2. En este asunto, el comité evaluador consideró que la UT SAV-BIG no estaba
“habilitada” para contratar, al verificar que el certificado de experiencia de
Telefónica Móviles de Colombia S.A., que aquella había allegado con su
propuesta, no había sido expedido por dicha empresa. Mediante escritos
radicados el 5 y 6 de julio de 2008, la UT SAV-BIG ejerció su derecho de defensa
y contradicción, argumentando que sí estaba habilitada para contratar, pues el
pliego de condiciones exigía cinco (5) certificaciones de experiencia y había
aportado ocho (8) de ellas. Luego, en la sesión de la audiencia de adjudicación
que se desarrolló el 6 de noviembre de 2008, fueron desestimados los anteriores
argumentos, al considerar que, de acuerdo con las reglas de la licitación, su oferta
debía rechazarse “de plano” y, en todo caso, se había garantizado el derecho de
14 Folios 185 a 188, cuaderno 1.
15 Auto de 19 de agosto de 2011, folios 242 a 246, cuaderno 7.
16 Folio 323, cuaderno 1.
17 Folios 324 a 236, cuaderno 1.
18 Folios 333 a 381, cuaderno 1.
19 Folios 397 a 435, cuaderno principal.
20 Como fundamento de ello, citó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera el 14 de marzo de
2013, exp. 24059.
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defensa y contradicción de la proponente UT SAV-BIG. De acuerdo con ello, el
contrato que tenía por objeto el concurso público núm. 1 de 2008 fue adjudicado
en la sesión de la audiencia de adjudicación que tuvo lugar el 10 de noviembre de
2008.
1.5.3. Así, al haber controvertido la UT SAV-BIG el informe del comité evaluador
de acuerdo con el cual el certificado de experiencia allegado por aquella no
correspondía a la realidad, mediante los escritos radicados el 5 y 6 de julio de
2008, así como en la audiencia de adjudicación llevada a cabo el 10 de julio del
mismo año, aquella proponente ejerció su derecho de defensa, sin haberse
“tomado el trabajo pertinente para demostrar que el documento objeto de
discusión, es decir, la certificación de experiencia aportada a nombre de
Telefónica Móviles S.A. sí le había sido expedido por dicha entidad, y no como se
había determinado por el Comité de Evaluación al momento de verificarlo siendo
este el motivo del rechazo de la oferta”. Aparte, la actora no alegó ni probó que
otra oferente en las mismas condiciones se hubiera encontrado en una situación
similar, para concluir que se hubiera vulnerado su derecho de igualdad. En
consecuencia, el tribunal desestimó el cargo por violación del debido proceso.
1.5.4. El principio de transparencia, que vincula tanto a los proponentes como a la
Administración, se manifestó en el pliego de condiciones, el cual fue conocido por
todos los proponentes a lo largo del proceso de contratación en cuestión, quienes
tuvieron la oportunidad de solicitar su aclaración. De acuerdo con el pliego, la
proponente que aportara una certificación de experiencia que no correspondiera
a la realidad estaría “inhabilitada”, no que la Administración debiera concentrarse
en las certificaciones restantes. Por lo tanto, el argumento de UT SAV-BIG, de
acuerdo con el cual debían tenerse en cuenta las demás certificaciones allegadas,
no era un argumento válido, pues no desvirtuó la razón del rechazo de su oferta.
Agregó que, en caso de que el contrato le fuera adjudicado a UT SAV-BIG, con
base en una certificación que no coincidiera con la realidad, este debería haber
sido revocado, conforme al artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, porque habría sido
obtenido por medios ilegales. En consecuencia, concluyó, el cargo por ausencia
de lesividad no estaba llamado a prosperar.
1.5.5. La aducida pérdida de la competencia funcional del ente adjudicatario,
porque la jurisdicción penal sería la llamada a determinar la autenticidad de la
certificación glosada, no está llamado a prosperar, pues la Administración se limitó
a aplicar el pliego de condiciones, de acuerdo con la función de verificación que
en este se le asignaba, sin entrar a calificar la punibilidad de la conducta de la UT
SAV-BIG.
1.5.6. Tampoco resulta válido afirmar que el ente licitante hubiera desconocido el
principio de buena fe, pues este impone un comportamiento fiel, leal, sincero, con
intención recta y positiva, que no resulta opuesto al proceder de la Administración,
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en este asunto, quien tampoco presumió la mala fe de la UT SAV-BIG, al verificar
que la certificación presentada por esta última no correspondía a la realidad.
1.6. El diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015), Vimarco, hoy Prosegur
Ltda., interpuso recurso de apelación21 contra la anterior sentencia, en cuyo sustento
adujo:
1.6.1. Que en la demanda manifestó que, al responder a una observación sobre
un acta de la sociedad GMV Security Car Ltda., el Ministerio de Interior y de
Justicia dijo, en la audiencia de adjudicación, que “mientras no se demuestre la
falsedad de la copia del acta, según lo contemplado en el artículo 189 del Código
de Comercio, citado por la representante de la Unión Temporal Cobasec-
Expertos-Guardianes-Socovig, no puede producirse una manifestación en este
sentido”. Por ende, al no haber recibido este mismo tratamiento la UT SAV-BIG,
se habría violado el principio de igualdad, lo cual habría sido soslayado por el
tribunal.
1.6.2. Que la videograbación de la audiencia pública de adjudicación no fue
aportada por la demandada, contrario a lo afirmado en la sentencia impugnada,
pese a que en ese documento “reposa el análisis de la violación al principio de
igualdad al haberse tratado hechos similares de manera diferente”. Aparte, la
Fiduprevisora no habría enviado la oferta presentada por la UT SAV-BIG, que
formaba parte de los antecedentes del procedimiento de contratación en cuestión,
que debía haber allegado
1.6.3. Que el pliego de condiciones fue modificado, mediante la adenda núm. 4,
para establecer que “[e]l oferente deberá presentar mínimo cinco (5)
certificaciones de contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2000”, como
acreditación de la experiencia “para efectos habilitantes”, el cual habría sido
cumplido por la UT SAV-BIG, al aportar siete (7) certificaciones válidas. En razón
a ello, no sería procedente la hipotética revocación del acto de adjudicación
referida por el tribunal.
1.7. La apelación fue concedida22 y admitida23, tras lo cual el despacho sustanciador
ofició al Ministerio del Interior y de Justicia, para que allegara la videograbación de la
audiencia pública de adjudicación mencionada como sustento de la apelación24.
Como respuesta a los oficios remitidos a los Ministerios de Justicia y del Derecho25, y de
Interior26, aquel respondió27 que el documento requerido reposaba en el Ministerio del
Interior, el cual contestó28 que no había encontrado dicha grabación, pero sí el acta que
21 Folios 439 a 445, cuaderno principal.
22 Auto de 29 de septiembre de 2015. Folio 447, cuaderno principal.
23 Auto de 9 de diciembre de 2015. Folio 456, cuaderno principal.
24 Auto de 3 de agosto de 2016. Folios 458 a 461, cuaderno principal.
25 Folio 663, cuaderno principal.
26 Folio 462, cuaderno principal.
27 Folio 464, cuaderno principal.
28 Folio 465, cuaderno principal.
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de esta se levantó, la cual aportó. Ante el reproche que formuló la actora a la denegación
del envío de la videograbación solicitada29, el despacho sustanciador ordenó oficiar
nuevamente al Ministerio del Interior30, cuyo apoderado requirió a la oficina de asesoría
jurídica para que cumpliera dicho requerimiento31; ministerio que remitió nuevamente, el
23 de enero de 2017, el acta de la audiencia en cuestión32, y envió un oficio a la Unidad
Nacional de Protección (“UNP”)33, para que respondiera a la solicitud probatoria, porque
la competencia correspondiente objeto del trámite contractual en cuestión había sido
transferida a esa entidad, la cual manifestó que no había hallado la grabación
requerida34. La demandante protestó35 la negativa de dichas entidades, ante lo cual el
despacho sustanciador ofició36 al Ministerio del Interior y, tras ello, a la UNP, advirtiendo
que su incumplimiento daría lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo
39 del Código de Procedimiento Civil. Finalmente, la UNP remitió, el 7 de noviembre de
2018, un CD con 878 folios que —dijo— contienen la documentación del procedimiento
de contratación en cuestión37, de lo cual se corrió traslado a las partes38. Al respecto, se
pronunció únicamente la actora39, para manifestar que la documentación contenida en el
CD ya había sido allegada al expediente en formato físico, sin que en dicho medio se
encontrara la videograbación solicitada.
Al punto, observa la Sala que la documentación remitida en medio digital no corresponde
a la decretada como prueba, en esta instancia, razón por la cual su valoración no es
procedente, de acuerdo con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, pues no
fue regularmente allegada al proceso. Además, se advierte que una parte de esa
documentación ya había sido regularmente allegada al expediente, como lo refirió la
demandante, y la demás documentación versa sobre la ejecución del contrato cuya
nulidad es deprecada en este contencioso y, como tal, es ajena a la materia de este
proceso, por lo que, en todo caso, su práctica habría de ser rechazada conforme al
artículo 178 del Código de Procedimiento Civil.
1.8. Mediante auto de 23 de abril de 201940, se corrió traslado para alegar y conceptuar
en esta instancia.
1.8.1. La Fiduprevisora41 aprovechó esta oportunidad para reiterar las excepciones de
caducidad y, particularmente, de falta de legitimación en la causa por pasiva, por ser esta
una entidad de servicios financieros, que ejecutaba un contrato de fiducia pública,
celebrado con el Ministerio del Interior y de Justicia y un consorcio del cual formaba parte,
en virtud del cual estaba a cargo del proceso de contratación en el que fue expedido el
29 Folio 533, cuaderno principal.
30 Auto de 3 de noviembre de 2016. Folio 541 a 542, cuaderno principal.
31 Folio 546, cuaderno principal.
32 Folios 547 a 568, cuaderno principal.
33 Folio 572, cuaderno principal.
34 Folio 571, cuaderno principal.
35 Folios 585 a 587, cuaderno principal.
36 Folios 588 a 591, 597, 599, 600, 602, 606, 608 cuaderno principal.
37 Folio 613, cuaderno principal.
38 Folios 614 y 615, cuaderno principal.
39 Folios 616 a 617, cuaderno principal.
40 Folio 624, cuaderno principal.
41 Folios 625 a 631, cuaderno principal.
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acto de adjudicación demandado, pero el comité evaluador que lo expidió había sido
designado por el Ministerio de Interior y de Justicia. Agregó que, en dicho proceso, se
limitó a verificar la veracidad de un documento, de conformidad con lo establecido en el
pliego de condiciones, el cual preveía que debía rechazarse la oferta de quien aportara
documentos que no correspondieran a la realidad, sin que ello fuera refutado por la UT
SAV-BIG.
1.8.2. Vise Ltda.42 reiteró asimismo lo argumentado en la contestación de la demanda,
es decir, que el procedimiento de contratación fue válido y que se comprobó que la UT
SAV-BIG incurrió en una causal de rechazo de su propuesta, así establecida en el pliego
de condiciones, que contrariaba además los principios de buena fe, trasparencia y
legalidad que rigen la contratación pública, sin que pudiera esto ser soslayado con las
demás certificaciones de experiencia que aportara. Agregó que, “en el caso hipotético
[de] que hubiera un caso similar con una respuesta diferente, eso no puede considerarse
como un precedente, primero porque los precedentes son jurisprudenciales y segundo
porque el principio de igualdad en este caso sería en el mismo proceso y no un proceso
totalmente diferente y tercero, porque si la administración resolviera en contra de la ley
a favor de un particular, esto no le[s] daría derecho a los demás particulares a obtener el
mismo tratamiento”.
1.8.3. Vimarco, hoy Prosegur43, reiteró en esta oportunidad —en la que no es válido
agregar cargos de la apelación contra el fallo impugnado44— lo aducido en sustento de
la alzada. Agregó que no cabía afirmar que su propuesta no era la más favorable para el
ente contratante, pues nunca fue abierto el sobre que presentó con su oferta; y que, al
no aportar la videograbación de la audiencia requerida, la Administración quiso “ocultar
la verdad” y “pretermitió la normativa que la obliga a preservar los documentos “durante
un determinado lapso [sic] de tiempo”, por lo cual sus pretensiones deberían ser
estimadas. Además, manifestó que “del contenido del acta de adjudicación, se puede
observar a [sic] prima facie la cantidad de cuestionamientos jurídicos no absueltos de
manera razonable y conforme a derecho, lo que deja en entredicho el actuar de la
administración pública”.
1.8.4. El Ministerio Público guardó silencio45.
II. CONSIDERACIONES
2.1. La Sala es competente para conocer del presente caso en razón de la cuantía, dado
que el monto de las pretensiones indemnizatorias ascendió a mil quinientos treinta y
nueve millones seiscientos noventa y tres mil doscientos cuarenta y un pesos con
ochenta y siete centavos ($1.539.693.241,87), cifra que, al momento de la presentación
de la demanda, superaba el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio
42 Folios 684 a 688, cuaderno principal.
43 Folios 663 a 683, cuaderno principal.
44 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 9 de marzo de 2016, exp. 39160; Sección Primera,
sentencia de 14 de abril de 2016, rad. núm. 25000-23-24-000-2008-00265-01.
45 Folio 689, cuaderno principal.
9
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Ltda.
de la acción de controversias contractuales fuera conocido en segunda instancia por esta
Corporación, en los términos del artículo 132.5 del Código Contencioso Administrativo
(“CCA”)46.
2.2. La acción de controversias contractuales procede en este asunto, conforme al
inciso segundo del artículo 87 del CCA47, pues la nulidad del contrato celebrado con Vise
Ltda. fue deprecada como consecuencia de la nulidad del acto con el que fue adjudicado.
No resulta válido, sin embargo, plantear pretensiones de restablecimiento del derecho,
como consecuencia de la nulidad del acto adjudicatario, a través de la acción de
controversias contractuales, razón por la cual el término de caducidad de dichas súplicas
debe computarse de acuerdo con la regla prevista para la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto de adjudicación.
La jurisprudencia administrativa reiterada ha precisado, al respecto, que en los asuntos
en los que se formule la pretensión de nulidad de un contrato como consecuencia de la
nulidad del acto con el que fue adjudicado pueden presentarse tres escenarios, a saber:
«- La primera hipótesis se refiere a aquellos casos en los cuales el contrato estatal no
se ha celebrado aun para la fecha en que, dentro de los 30 días siguientes a la
comunicación, notificación o publicación del correspondiente acto administrativo de
adjudicación, se demanda ese acto administrativo previo en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho, caso en el cual y sin mayor discusión se tiene que
el interesado podrá pretender e incluso obtener tanto la declaratoria judicial de nulidad
del aludido acto administrativo, como el restablecimiento de sus derechos, cuestión ésta
que de ordinario se concreta en el reconocimiento de los perjuicios ocasionados por el
acto nulo y la consiguiente condena para repararlos.
• Una segunda hipótesis dice relación con aquellos casos en los cuales hubiere
transcurrido el término de 30 días sin que se hubiere celebrado el correspondiente
contrato estatal pero igual sin que se hubiere formulado demanda contra el acto
administrativo previo dentro de ese mismo término, cuestión que, como resulta apenas
natural, da lugar a la configuración de la caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo cual priva definitivamente al interesado de la posibilidad
de revivir ese plazo y/o de acudir en una nueva oportunidad ante la Jurisdicción en
procura de obtener el reconocimiento de los derechos que le habrían sido desconocidos
con la expedición del correspondiente acto administrativo.
[…]
• La tercera hipótesis corresponderá a los eventos en los cuales la entidad estatal y el
adjudicatario proceden a celebrar el contrato estatal antes de que expire el término
de los 30 días siguientes a la notificación, comunicación o publicación del acto de
adjudicación, según fuere el caso, sin que para esa fecha el proponente vencido
46 Para el año 2009, año de presentación de la demanda, el salario mínimo ascendía a $496.900, según el Decreto
4868 de 2009, cifra que, multiplicada por 500, arrojaba un producto de $248.450.000.
47 CCA. Artículo 87. Modificado por el artículo 17 del Decreto 2304 de 1989 y por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998.
“Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan
las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y
condenas. || Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán
demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de
los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no
interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de
los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato. […]”.
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hubiere ejercido la correspondiente acción de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra del acto previo, situación que si bien determina que el interesado ya no podrá
ejercer la mencionada acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la ley
expresamente le dejó abierta la opción para ejercer válidamente la acción contractual,
dentro de la cual deberá pretender la nulidad del contrato estatal y la declaratoria de
ilegalidad de los actos previos48, pretensión que -según ya se indicó- incluso servirá de
fundamento para que prospere aquella de nulidad del contrato, con la anotación de que
en estos casos y siempre que la acción contractual se ejerza dentro del mencionado
término de 30 días, el interesado también estará legitimado para solicitar el
restablecimiento de los derechos que le fueron desconocidos como resultado de la
indebida adjudicación, puesto que resultaría ilógico y contrario a los más elementales
conceptos de justicia y de equidad, que se asumiere que dicho interesado no pudiere ya
formular pretensiones económicas o resarcitorias dentro de la acción contractual que será
la única que en este caso tendrá a su disposición, aunque la ejerza dentro del plazo que
inicialmente se le fijó para la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuya
desaparición sobrevino por razón de la celebración del correspondiente contrato estatal.
Ahora bien, si en el marco de esta tercera eventualidad se ejerce la correspondiente
acción contractual con posterioridad al vencimiento de los mencionados 30 días
siguientes a la notificación, comunicación o publicación del acto de adjudicación, según
fuere el caso, necesariamente habrá de concluirse de nuevo que en este específico
contexto las únicas pretensiones que podrían abrirse paso serán aquellas encaminadas
a obtener las correspondientes declaratorias de nulidad del acto administrativo previo de
adjudicación y la consiguiente o consecuencial nulidad absoluta del contrato, sin que
resulte posible para el Juez de lo Contencioso Administrativo considerar y menos aún
estimar las pretensiones económicas resarcitorias del restablecimiento del derecho por la
no adjudicación del contrato estatal correspondiente49”50 (negrillas del original, subrayado
añadido).
Ahora bien, en el presente asunto, el acto de adjudicación fue proferido el diez (10) de
noviembre de dos mil ocho (2008)51 y el contrato cuya nulidad se depreca fue celebrado
el trece (13) de noviembre de dos mil ocho (2008)52. En consecuencia, nos encontramos
en el tercer escenario referido en precedencia, en el cual el término, previsto en el artículo
87 del CCA, de treinta (30) días —hábiles53— para el ejercicio de la acción de nulidad y
«48 De acuerdo con la sentencia C-712 de 2005 se advirtió que la posibilidad de demandar en forma separada los
actos precontractuales cesa a partir de la celebración del contrato respectivo, interpretación en la cual se siguió la
jurisprudencia del Consejo de Estado en auto de 13 de diciembre de 2001, expediente 19.777 y que se ha respetado
en diversos pronunciamientos de la Sección Tercera de esta Corporación, según se relacionó anteriormente en el
cuadro resumen de jurisprudencia».
«49 Esta conclusión se apoya también con un argumento a contrario sensu, que se utiliza para cuidarse de no extender
la consecuencia de la norma a casos no previstos en ella, como sería la de permitir a la acción que se incoa después
de vencido el término de 30 días un alcance distinto del establecido explícitamente en la parte final del párrafo segundo
del artículo 87, cual es el de obtener la nulidad del contrato celebrado; en este sentido, el argumento que soporta la
hipótesis consiste en señalar que la norma dispone que antes del vencimiento del término de los 30 días sí no se ha
celebrado el contrato, procede demandar el acto en forma separada con el objeto de obtener su nulidad o la nulidad y
el restablecimiento del derecho y en sentido contrario una vez vencido el término mencionado sólo procede la
impugnación conjunta de ambos actos y con el objeto exclusivo de la declaratoria de nulidad del contrato, lo cual
excluye el restablecimiento del derecho no impetrado oportunamente».
50 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 29 de enero de 2014, exp. 30.250. En
sentido análogo: Subsección B, sentencia del 29 de octubre de 2015, exp. 34801; Subsección B, sentencia de 5 de
mayo de 2020, exp. 46282; Subsección A, sentencia de 5 de febrero de 2021, exp. 61220; Subsección C, sentencia
de 17 de septiembre de 2021, exp. 50636; Subsección A, sentencia de 22 de abril de 2022, exp. 50127; Subsección
A, sentencia de 30 de agosto de 2022, exp. 40173; Subsección C, sentencia de 22 de septiembre de 2022, exp. 65630;
Subsección B, sentencia de 30 de noviembre de 2023, exp. 66862, entre otras.
51 Folios 514 a 520, y 553, cuaderno 2.
52 Folios 557 a 580, cuaderno 2.
53 LEY 4 DE 1913. “Artículo 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden
suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según
el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”.
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restablecimiento del derecho concluía el veinticuatro (24) de diciembre de dos mil ocho
(2008). Pero, por tratarse de una fecha comprendida dentro del período de vacaciones
colectivas de, entre otras, esta jurisdicción54, las pretensiones de restablecimiento de
derecho podían ser formuladas oportunamente hasta el trece (13) de enero de dos mil
nueve (2009), que era el primer día hábil siguiente a dicho período. Por tanto, como la
demanda fue radicada el dieciséis (16) de enero de dos mil nueve (2009)55, dentro del
término bienal previsto en el artículo 136.10.e) del CCA, las pretensiones de nulidad del
acto de adjudicación y del contrato adjudicado fueron planteadas oportunamente, pero
no cabe la misma prédica sobre las pretensiones de restablecimiento del derecho, cuya
caducidad será declarada en esta providencia.
2.3.1. Vimarco, hoy Prosegur Ltda., está legitimada en la causa por activa, pues
formó parte de la UT SAV-BIG56, que fungió como proponente57 dentro del procedimiento
de selección que concluyó con el acto de adjudicación cuya nulidad es deprecada en
este proceso como fundamento de la nulidad del contrato adjudicado, por lo que le asiste
interés para formular las pretensiones planteadas oportunamente en este contencioso,
sin que ello genere consecuencias sobre los demás integrantes de dicha unión temporal,
que debieran resolverse de manera uniforme58.
2.3.2. Pasando ahora al análisis de la legitimación en la causa por pasiva, resulta
oportuno tomar en consideración que el proceso de contratación en el que se produjo el
acto de adjudicación y el contrato cuya nulidad pretende Vimarco, hoy Prosegur, fue
adelantado en ejecución del contrato de fiducia pública núm. 187 de 2007 59, suscrito
entre la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia (en adelante, “Ministerio del Interior”),
como fideicomitente, y el Consorcio Programa Protección 200760, representado por la
Fiduprevisora —conforme a lo estipulado en el acuerdo de conformación de dicho
consorcio61— el cual tenía por objeto “la entrega por parte del fideicomitente a la
Fiduciaria de los recursos para que se encargue de la administración, manejo, inversión,
destinación, contratación y pagos de los recursos financieros de carácter público
destinados al Programa de Protección que lidera la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior y de Justicia […]”.
54 LEY 31 DE 1971. “Artículo 1°. El artículo 20. del Decreto número 546 de 1971, quedará así: Para todos los efectos
legales, los días de vacancia judicial son los siguientes: ‘b) Los días comprendidos entre el 20 de diciembre de cada
año y el 10 de enero siguiente, inclusive, lapso en el cual los funcionarios y empleados de la rama civil, contencioso
administrativo, laboral y los de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Tribunal Superior de Aduanas y Salas
Penales de los Tribunales de Distrito, así como los respectivos agentes del ministerio público que corresponden a
tales despachos, disfrutarán colectivamente de la prestación social de vacaciones anuales. […]’”.
55 Folio 3, cuaderno 1.
56 Compromiso de conformación a folios 581 a 585 del cuaderno 2.
57 Hechos 2.5.1 a 2.5.8.
58 En sentido similar: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 19 de marzo de 2021,
exp. 61363,
59 Folios 588 a 600, cuaderno 2.
60 Conformado por la Fiduprevisora, Fiducoldex y Fiduagraria.
61 “CLÁUSULA SEXTA. REPRESENTACIÓN: Parar todos los efectos a que haya lugar, las fiduciarias que integran el
consorcio programa protección 2007 designan como representante del mismo al Representante Legal de la
Fiduprevisora S.A., el cual queda facultado para ejercer las siguientes funciones: […] 4. Realizar todos los actos para
el perfeccionamiento, ejecución, prórrogas, adiciones, terminación y liquidación del contrato de Fiducia Pública que
llegare a suscribir el CONSORCIO con el MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA. || 5. Las demás que surjan
en los Términos de la Licitación, de la propuesta que se presente y del contrato de Fiducia Pública que se suscriba
con el MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA”. Folios 622 a 625, cuaderno 2.
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Ahora, de acuerdo con el pliego de condiciones definitivo de la convocatoria pública núm.
01 de 2008 (numerales 1.7 y 1.8)62, la dirección de derechos humanos del Ministerio del
Interior y de Justicia era la “entidad contratante”, “obrando a través de la Fiduprevisora
S.A., como responsable del manejo del contrato de Fiducia No. 187 de 2007”; y tanto el
ministerio como la fiduciaria eran “responsables de la presente selección objetiva”.
Dentro de las obligaciones que el Ministerio del Interior contrajo con el contrato de fiducia
pública núm. 187 de 200763, figuraban las de: (i) “disponer lo necesario para que los
recursos que conforman el fideicomiso sean abonados a la cuenta bancaria del
fideicomiso que se constituye”; (ii) “definir […] los parámetros técnicos, económicos y
financieros de selección y evaluación relacionados con los procesos de contratación
sobre los cuales LA FIDUCIARIA prestará su apoyo y colaboración”; (iii) “instruir a LA
FIDUCIARIA acerca de la elaboración de los contratos con cargo a los recursos
administrados”; y (iv) “adelantar las funciones de supervisión y seguimiento sobre la
gestión que realice LA FIDUCIARIA en desarrollo del presente contrato”.
Por su parte, el Consorcio Programa Protección 2007 se obligó64, entre otros, a: (i) “llevar
a cabo el proceso precontractual y de contratación integral de acuerdo con las
metodologías que se definan en coordinación con el Ministerio del Interior y de Justicia”;
(ii) “elaborar los términos de referencia para realizar las diferentes contrataciones”; (iii)
“atender y ser interlocutor ante los proponentes en los procesos de contratación”; (iv)
“realizar con el apoyo del Ministerio de Interior el proceso de calificar y habilitar las ofertas
jurídicas, financiera y técnica, verificando los documentos y soportes que se le remitan
para la calificación y determinar que tengan total correspondencia con los términos de
referencia”; y (v) “elaborar y suscribir los contratos requeridos, una vez el Ministerio del
Interior y de Justicia Dirección de Derechos Humanos, así lo instruya de acuerdo al orden
de elegibilidad de las propuestas presentadas”.
En el referido contrato de fiducia pública núm. 187 de 2007 se pactó además que la
“Fiduciaria en el cumplimiento de las obligaciones que por el presente contrato adquiere,
responderá hasta por culpa leve”65. A su vez, en el acuerdo de constitución del Consorcio
Programa Protección 200766 se estipuló que, pese “a la solidaridad existente entre los
consorciados, en caso de imposición de sanciones al Consorcio Programa 2007 por
incumplimientos imputable[s] a uno o más de sus miembros, tal actuación le dará
derecho a los demás consorciados no incumplidos a repetir contra el incumplido o los
incumplidos”; y se acordó asimismo que, en caso de que, por dicha circunstancia, un
integrante del consorcio “sufra perjuicios de cualquier naturaleza tendrá derecho a
reclamar la correspondiente compensación frente al consorciado”.
62 Folios 403 a 441, cuaderno 2.
63 Folios 588 a 600, cuaderno 2.
64 Ibidem.
65 Ibidem.
66 Folios 622 a 627, cuaderno 2.
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2.3.2.1. En este orden de ideas, la Nación-Ministerio del Interior y de Justicia —hoy,
Ministerio del Interior67— se encuentra legitimada en la causa por pasiva, pues fue el
órgano de la entidad que, de acuerdo con la ley68, con el pliego de condiciones y con lo
estipulado en el contrato de fiducia pública núm. 187 de 2007, emitió el acto de
adjudicación cuya nulidad es deprecada en este contencioso, y suscribió, representada
por la Fiduprevisora, el contrato cuya nulidad pretende la demandante.
2.3.2.2 La Fiduprevisora, a su vez, se encuentra legitimada como coadyuvante69 de la
demandada, en este proceso, puesto que entre esta y aquella existe una relación jurídica
a la que no se extienden los efectos de la sentencia, pero podría afectarse
desfavorablemente si dicha parte es vencida, por virtud de la responsabilidad que por el
incumplimiento de las obligaciones contractuales70, referidas en precedencia, podría
imputársele a dicha sociedad fiduciaria.
2.3.2.3. Así mismo, está legitimada en la causa por pasiva Vise Ltda., pues suscribió
el contrato71 cuya nulidad fue deprecada en este proceso.
2.4. Ahora, de acuerdo con los dos primeros cargos de la alzada72 y lo alegado en esta
instancia73, en línea con el concepto de la violación y los hechos de la demanda 74, que
definieron la causa petendi en este contencioso, le compete75 a la Sala dar respuesta al
siguiente problema jurídico:
67 LEY 1444 DE 2011. “Artículo 2°. Reorganización del Ministerio del Interior y de Justicia. Reorganícese el Ministerio
del Interior y de Justicia, el cual se denominará Ministerio del Interior y continuará cumpliendo los objetivos y funciones
señalados por las normas vigentes, salvo en lo concerniente a la escisión de que trata el artículo 1° de la presente
ley”.
68 LEY 80 DE 1993. “Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho
privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a
título enunciativo, se definen a continuación: […] 5o. Encargos Fiduciarios y Fiducia Pública. […] Los encargos
fiduciarios y los contratos de fiducia pública sólo podrán celebrarse por las entidades estatales con estricta sujeción a
lo dispuesto en el presente estatuto, únicamente para objetos y con plazos precisamente determinados En ningún
caso las entidades públicas fideicomitentes podrán delegar en las sociedades fiduciarias la adjudicación de los
contratos que se celebren en desarrollo del encargo o de la fiducia pública, ni pactar su remuneración con cargo a los
rendimientos del fideicomiso, salvo que éstos se encuentren presupuestados. […]”. DECRETO 679 DE 1994. “Artículo
23. De la celebración de contratos en desarrollo de encargos fiduciarios o contratos de fiducia. En ningún caso las
entidades públicas fideicomitentes podrán delegar en las sociedades fiduciarias la adjudicación de los contratos que
celebren en desarrollo del encargo fiduciario o de la fiducia pública. No obstante podrán encomendar a la fiduciaria la
suscripción de tales contratos y la ejecución de todos los trámites inherentes a la licitación o concurso”.
69
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. “Artículo 52. Quien tenga con una de las partes determinada relación
sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente
si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado
sentencia de única o de segunda instancia. […]”.
70 RENGIFO GARCÍA, Ernesto, La Fiducia Mercantil y Pública en Colombia, 2ª edición, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 2006, pp. 214 a 219. ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto, Los Negocios Fiduciarios y la Fiducia en
Garantía, Temis, Bogotá, 2018, pp. 247 a 249.
71 Folios 557 a 579, cuaderno 2.
72 Aptados. 1.6.1 y 1.6.2.
73 Aptado. 1.8.3.
74 Aptados. 1.1.6, 1.1.7 y 1.2.1.
75 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. […] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. […]”.
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¿El acto de adjudicación con el que concluyó la convocatoria pública núm. 01 de
2008 es nulo, por haber sido emitido con violación del principio de igualdad, debido
a que el ente demandado dio un trato diferente a un documento presentado por la
proponente GMV Security Car Ltda. y no aportó la grabación de la audiencia en la
que se habría dado esa situación?
2.4.1. Como lo ha precisado la Sala76, el derecho a la igualdad no prohíbe el trato
desigual sino el trato discriminatorio, cuya constatación se produce a través de un
examen que, “aplicado a casos concretos impone establecer si los supuestos son
susceptibles de ser comparados, si fáctica o jurídicamente existe tratamiento desigual
entre iguales o igual entre disímiles, y si dicho tratamiento está jurídicamente justificado”.
Estas exigencias se derivan de la carga que impone a las partes la labor de demostrar
las afirmaciones fácticas enunciadas en el proceso para erigir su acción o su defensa 77;
carga que, en el contexto del juicio concreto de igualdad, supone que quien alega la
violación “arrime los medios de convicción suficientes para identificar cada uno de los
elementos necesarios del juicio concreto de igualdad o, cuanto menos, un principio de
prueba”. Es decir que el actor debe probar que la discriminación, a partir de las pruebas
aportadas o practicadas en el proceso, es como mínimo verosímil o creíble78.
2.4.2. Al punto, advierte la Sala que, en virtud de la carga que pesa sobre el demandante
de acreditar la situación discriminatoria que adujo como sustento de las pretensiones,
este debió solicitar en la demanda, como mínimo, que se oficiara a la demandada o a su
coadyuvante, para que remitiera la videograbación con la cual, según lo aducido en esta
instancia, se constataría dicha circunstancia. Sin embargo, la actora omitió solicitar dicha
prueba en la demanda79, razón por la cual no cabe afirmar que, al no allegar dicho
documento al expediente, la demandada o su coadyuvante hubieran incurrido en una
conducta procesal80 de la cual pudiera derivarse algún indicio de violación del principio
de igualdad.
Aparte, el Ministerio de Interior y de Justicia le remitió a la firma demandante la
videograbación que ha reclamado en esta instancia, antes de que esta presentara la
demanda. Mediante escrito fechado el 15 de diciembre de 200881, Vimarco presentó
petición formal ante el Ministerio del Interior y de Justicia, con la que, entre otros, solicitó
copia de las videocintas de la audiencia de adjudicación. El Ministerio del Interior y de
Justicia dio respuesta a la petición formal presentada por Vimarco, con escrito del 6 de
76 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 28 de febrero de 2022, exp. 53147;
sentencia de 4 de octubre de 2023, ex. 57988; y sentencia de 19 de febrero de 2024, exp. 57907.
77 Ver: CPC, Artículo 177; CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (Ley 1564 de 2012, “CGP”), Artículo 167, y CÓDIGO
CIVIL, Artículo 1757.
78 El principio de prueba es definido por la doctrina como un “[e]lemento de convicción que, sin persuadir eficazmente
acerca de la verdad de un hecho, lo hace verosímil”: COUTURE, Eduardo J. “Vocabulario Jurídico”. Ediciones
Depalma. Buenos Aires, 1983, p. 476. Igualmente en: Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de Español
Jurídico. Pág. Web: https://dpej.rae.es/lema/principio-de-prueba (consulta: 1-nov-22)
79 Folios 55 y 56, cuaderno 1.
80 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. “Artículo 249. La conducta de las partes como indicio. El juez podrá deducir
indicios de la conducta procesal de las partes”.
81 Folios 521 a 522, cuaderno 2.
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enero de 200982, en el que manifestó que “[s]e adjuntan cuatro (4) discos compactos,
que contienen la grabación de la audiencia pública de adjudicación”, sin que Vimarco
protestara al respecto. Por lo tanto, como dicho documento estaba en poder de la actora,
esta tenía la carga de aportarlo con la demanda, de acuerdo con el artículo 139 del
CCA83; razón por la cual no es válido afirmar84 que, como el Ministerio del Interior no
aportó la videograbación de la audiencia requerida, se imponga la estimación de las
pretensiones de la demanda.
2.5. Descartada así la hipotética prosperidad de las pretensiones por la ausencia de la
grabación de la audiencia de adjudicación, procede la Sala a determinar si, de acuerdo
con las pruebas regularmente practicadas en el proceso, el Ministerio del Interior habría
incurrido en una violación del principio de igualdad, en detrimento de la UT SAV-BIG,
que conlleve la nulidad del acto de adjudicación demandado. Para el estudio de este
cargo, es pertinente tomar en consideración los siguientes hechos85:
2.5.1. En septiembre de 2008, la dirección de derechos humanos del Ministerio
del Interior y de Justicia elaboró el pliego de condiciones definitivo86 para la
convocatoria pública núm. 01 de 2008, que tenía por objeto “la contratación de
ciento ochenta (180) esquemas de protección para el servicio de seguridad”, “para
ser utilizados en los esquemas protectivos [sic] de la población objeto del
Programa de Protección de EL MINISTERIO–DDH, con el propósito de
salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de su población objetivo”.
Con respecto a la información inexacta de las ofertas presentadas, se consignó
en el pliego de condiciones, que:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, EL
MINISTERIO–DDH presume que toda la información que el oferente allegue al proceso
de selección es veraz, y corresponde a la realidad. En caso de que compruebe que la
información suministrada o los documentos aportados no coinciden con la realidad o son
contradictorios, las razones serán expuestas en el informe de evaluación. || El Comité
evaluador podrá designar funcionarios con el fin de verificar la información que los
oferentes han consignado en sus ofertas”.
El pliego de condiciones previó además, en su numeral 2.12.20, que las ofertas
serían rechazadas, cuando “se compruebe que la información suministrada por el
oferente o los documentos allegados no coincidan con la realidad o sean
contradictorios en los aspectos jurídicos, financieros, económicos o técnicos, entre
82 Folios 523 a 525, cuaderno 2.
83 CCA. Artículo 139. “A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de
su publicación, notificación o ejecución, si son del caso; y los documentos, contratos y pruebas anticipadas que se
pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder. […]” (subrayado añadido).
84 Aptado. 1.8.3.
85 De acuerdo con lo establecido en sentencia de unificación proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo el 30 de septiembre de 2014 [radicación número 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV)], se reconoce
el mérito de los documentos aportados en copias simples. Los documentos referidos a continuación que fueron
suscritos por funcionarios públicos en ejercicio de su cargo o con intervención son, consecuentemente, documentos
públicos que “hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que
los autoriza”, de acuerdo con los artículos 251 y 264 del Código de Procedimiento Civil.
86 Folio 403 a 442, cuaderno 2.
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otras circunstancias. Mientras, en el numeral 3.3.3 del pliego de condiciones,
relativo a la información sobre la experiencia del oferente como requisito
habilitante, que fue modificado con la enmienda núm. 487, se estableció que el
“oferente deberá presentar mínimo cinco (5) certificaciones de contratos
celebrados a partir del 1° de enero de 2000 hasta la fecha de cierra de esta
convocatoria, en las que se haga constar el desarrollo de contratos con el objeto
de protección a personas, cuyo valora sume como mínimo el diez por ciento (10%)
del presupuesto oficial asignado a este proceso”.
2.5.2. En el acta de habilitación definitiva del Comité Evaluador88,
correspondiente a la sesión que se desarrolló el 31 de octubre de 2008, se lee:
PROPONENTE HABILITACIÓN OBSERVACIONES
[…]
U.T. S.A.V & B.I.G. Seguridad No habilitado La Dirección de Derechos Humanos
del Ministerio de Interior y de Justicia
dio traslado a Telefónica Móviles de
Colombia, con copia de la certificación
aportada por el oferente en su
propuesta, a lo que le respondieron:
“En atención a sus comunicaciones de
la referencia, respecto del documento
cuya copia nos remite mediante los
citados oficios (anexo No. 1), me
permito informa[r] que esa constancia
no ha sido expedida por Telefónica
Móviles de Colombia S.A.”. En
consecuencia, de conformidad con el
numeral 2.12.20, del punto 2.2
Causales de Rechazo, la propuesta
será rechazada.
[…]
2.5.3. El 5 de noviembre de 2008, la UT SAV-BIG radicó escrito89 en el Ministerio
del Interior y de Justicia, en el que formuló las siguientes “observaciones” sobre la
evaluación de habilitación:
2.5.3.1. Que existía el contrato que tenía por objeto la certificación glosada en la
evaluación de habilitación, así como dicha certificación. Sin embargo, como
sustento de ello aportó únicamente una oferta de servicios de seguridad para el
personal de Telefónica Móviles de Colombia S.A., suscrita por el representante
legal de Vimarco90, y unos correos electrónicos internos91, en los que un empleado
de Vimarco decía remitir la certificación correspondiente.
2.5.3.2. Que cumplía con lo dispuesto en el numeral 3.3.3 del pliego de
condiciones, ya que había aportado más de cinco (5) certificaciones válidas de
87 Folios 444 a 446, cuaderno 2.
88 Folios 480 a 481, y 671 a 673, cuaderno 2.
89 Folios 818 a 826, cuaderno 5.
90 Folios 831 a 853, cuaderno 5.
91 Folios 828 a 830, cuaderno 5.
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contratos celebrados a partir del año 2000, por lo que, al rechazar su propuesta,
se le estaba aplicando una “sanción de plano”.
2.5.3.3. Que, con el rechazo de su propuesta se habría violado el debido proceso,
puesto que la comprobación de que las certificaciones aportadas no
correspondían a la realidad exige “[…] una carga al Estado y es la de realizar una
actividad probatoria, que esté precedida, del respeto a las formas procesales de
vinculación, de ser escuchado, de probar, de controvertir, de presumir la inocencia
del cuestionado mientras no se le haya declarado culpable, por lo que, una simple
averiguación y una respuesta de un tercero, sin la intervención efectiva del
inculpado, viola de manera flagrante el derecho fundamental del debido proceso”.
Por tanto, como la UT SAV-BIG no había sido llamada a que aclarara la
certificación en mención, se habría violado su debido proceso.
2.5.3.4. Que, como había presentado siete (7) certificaciones que daban cuenta
de la experiencia requerida, la presentación de una certificación que no
correspondiera a la realidad no perjudicaba a la administración y, en
consecuencia, “no podrá discurrirse de punibilidad o sanción de rechazo”.
2.5.4. El 6 de noviembre de 2008, la UT SAV-BIG radicó un escrito92 adicional
en la Fiduprevisora, con el que buscó poner en conocimiento del ente adjudicatario
cuestiones relacionadas con otro proceso licitatorio al que habrían concurrido la
UT SAV-BIG y Vise Ltda., además de rechazar que se le “endilgara la autoría” de
la certificación glosada anteriormente.
2.5.5. En el acta de la sesión de la audiencia de adjudicación que se desarrolló
el 6 de noviembre de 200893 consta que, en respuesta a la observación realizada
por la UT SAV-BIG, el comité evaluador aclaró que su propuesta era rechazada
de acuerdo con la causal prevista en el numeral 2.12.20 del pliego de condiciones,
al verificar que una certificación que provendría de la directora jurídica de
Telefónica Móviles de Colombia S.A. no había sido expedida por dicha empresa.
2.5.5.1. A modo de réplica a la anterior respuesta de la Administración, el
representante legal de la UT SAV-BIG dijo que, de acuerdo con los numerales
1.16.12 y 1.16.13 del pliego de condiciones, Vimarco debería haber sido requerida
para que aclarara y subsanara el “factor de inhabilitación” glosado en su
propuesta. Agregó que, al haber aportado siete (7) certificaciones de experiencia,
su propuesta cumplía con el requisito habilitante exigido en el pliego de
condiciones; y que, al manifestar que la verificación de la adulteración del
documento no era de su competencia, la Administración se estaba “despojando
de la competencia funcional para comprobar el hecho que se está aduciendo hoy
en día que es causal de rechazo […] precisamente porque sale del campo de la
administración pública y entra al campo de la jurisdicción penal”.
92 Folios 854 a 857, cuaderno 5.
93 Folios 484 a 513, y 633 a 663, cuaderno 2.
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2.5.5.2. Como contestación a lo anterior, la Administración anexó el documento
en el que Telefónica Móviles Colombia S.A. había manifestado que no había
expedido la certificación aportada por la UT SAV-BIG. Agregó que el derecho de
defensa de esta proponente no había sido vulnerado, puesto que el rechazo de
su oferta se había publicado en el SECOP, y en los portales electrónicos del
Ministerio de Interior y de Justicia, y de la Fiduprevisora, con lo cual había dado
cumplimiento al principio de publicidad. Finalmente, se mantuvo la decisión de
acuerdo con la cual la UT SAV-BIG estaba “inhabilitada”.
2.5.5.3. Refirió el acta, por demás, que:
“[…] frente al tema relacionado con el Acta No. 004 de la empresa GMV Security Car Ltda.,
aportado por la Unión Temporal S.A.V. & B.I.G. Seguridad, el día 15 de octubre de 2008 en la que
se modificó la palabra limitada por ilimitada, a lo largo de todo el texto, en primer lugar, la entidad
reconoce la inobservancia formal de la numeración consecutiva de las actas aportadas. No
obstante, mientras no se demuestre falsedad de la copia del acta, según lo contemplado en el
artículo 189 del Código de Comercio, citado por la representante de la UNIÓN TEMPORAL
COBASEC – EXPERTOS – GUARDIANES -SOCOVIG, no puede producirse una manifestación
en ese sentido. Es perfectamente válido corregir un acta mediante su transcripción completa,
efectuando las aclaraciones pertinentes” (subrayado fuera del texto original).
Finalmente, fueron abiertas y leídas las ofertas que no habían sido rechazadas,
se determinó que el precio de la oferta de Vise Ltda. no era artificialmente bajo y
fue levantada la sesión de esta audiencia.
2.5.6. La audiencia de adjudicación fue reanudada el 10 de noviembre de
200894, sesión en la que “[…] el ordenador del gasto, comprobado el cumplimiento
de todos los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, y aceptado el
concepto emitido por el Comité Evaluador, adjudica el contrato a: VISE
LIMITADA”.
2.5.7. El 31 de diciembre siguiente, Vimarco radicó ante el Ministerio del Interior
y de Justicia un escrito95 en el que reclamó, porque no habrían sido consignadas
en el acta de la audiencia de adjudicación las protestas que el abogado Carlos
Soto habría planteado frente a las respuestas dadas por el adjudicatario. Agregó
que, “al querer intervenir se le coartó [al abogado Carlos Soto] el derecho con el
objeto de defender la propuesta de la cual fuimos constituyentes [sic], que no
obstante ello, se le tomó la palabra y dejó constancias y solicitudes, las que no
fueron respondidas, sino las que se omitieron transcribir al trasladar de las cintas
al escrito”. En todo caso, refirió que su protesta se contraía a solicitar el mismo
tratamiento que se le había dado a la empresa GMW Security Carl Ltda., al
responder a la observación sobre su propuesta, que transcribió de la forma
referida anteriormente (hecho 2.5.5.3).
94 Folios 514 a 520, y 664 a 670, cuaderno 2.
95 Folios 526 y 527, cuaderno 2.
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2.5.8. Con oficio de 16 de enero de 200996, el Ministerio del Interior y de Justicia
respondió a la anterior petición en los siguientes términos:
“Tal cual puede constatarse en la videograbación de la audiencia, la intervención de[l] abogado
SOTO RIVERO fue encontrada fuera de orden por la administración, toda vez que la intervención
de los presentes durante la continuación de la audiencia de adjudicación, solamente se limitaba al
uso de la palabra para efectuar algún tipo de precisiones finales, sin que ello mediara dentro de
las decisiones ya tomadas en el comité de contratación. […] se reitera que la intervención del Dr.
SOTO RIVERO, adicionalmente, estuvo fuera de orden y excedió los límites de tiempo para su
intervención, adicionalmente haciendo apreciaciones fuera de tono, tal como se evidencia en la
grabación.
[…] En primer término, el derecho de ninguno de los intervinientes en la audiencia fue coartado.
Es claro que dentro del procedimiento de una audiencia, sea esta de la naturaleza que sea, no
puede pensarse en una cadena indefinida de réplicas y contra réplicas, toda vez que ello atentaría
[…] contra los principios de celeridad y economía, además de que ya todos los oferentes conocían
la posición de la administración, se dio amplia participación, SOLO POR ESA VEZ EN ESOS
TÉRMINOS A TODOS y cada uno de los interesados en la adjudicación del contrato en cuestión.
[…] Las solicitudes del Abogado SOTO RIVERO estuvieron fuera de lugar y de tono, y deber
recordarse que el artículo 23 de la Constitución Nacional establece que las peticiones deben ser
‘respetuosas’ para efectos de convalidar su legitimidad.
En cuanto a la afirmación del Dr. SOTO de que se trataba de iguales hechos y por tanto había que
darle igual tratamiento, nada más alejado de la realidad. El primer caso del Acta de GMW
SECURITY RENT A CAR, es un caso en el que la creación del documento proviene de la misma
empresa que lo está presentando, mientras que el caso de la certificación de Vimarco, es otra
empresa la que produjo el documento, y es esa empresa creadora de la certificación la que
manifiesta expresamente que el allegado a la Dirección de derechos Humanos diverge del creado
por la empresa Telefónica Móviles de Colombia S.A.”.
2.6. Al hilo de los hechos referidos en precedencia, advierte la Sala que la UT SAV-BIG,
de la que formaba parte Vimarco en el proceso de selección cuestionado en este
contencioso, aportó con su propuesta el acta núm. 004 de GMV Security Car Ltda. 97 —
que también formaba parte de la UT SAV-BIG98—, razón por la cual cabe afirmar que
Vimarco tenía en su poder dicha acta o, cuanto menos, tenía acceso a dicho documento.
En razón a las imprecisiones en la numeración del acta y a la referencia que esta
contenía a la sociedad GMV Security Car como “ilimitada”, en lugar de limitada, Vimarco
afirmó en el proceso de selección —y reiteró en este contencioso— que no se le estaba
dando un trato igualitario. Como Vimarco fundó así sus pretensiones en un documento
que tendría en su poder o, cuanto menos, tendría acceso a él, porque formaba parte de
su propuesta, encuentra la Sala que, al no allegarlo al expediente, Vimarco desatendió
nuevamente la carga de adjuntar a la demanda los documentos que están en su poder,
impuesta por el artículo 139 del CCA, que, junto a la videograbación cuyo aporte también
omitió, podrían permitir concluir que el trato discriminatorio que aduce como fundamento
de sus pretensiones fuera creíble99.
Aparte, resulta cuanto menos inconsecuente que Vimarco aduzca un trato discriminatorio
en detrimento suyo, en razón al tratamiento que el ente demandado le hubiera dado a
una sociedad que también formaba parte de la UT SAV-BIG, como parte de la cual
96 Folios 891 a 894, cuaderno 5.
97 Hecho 2.5.5.3.
98
99 Aptado. 2.4.1.
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Vimarco acudió al proceso licitatorio en cuestión. GMW Security Rent a Car Ltda. era
una sociedad mercantil inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, en el momento en
el que fueron presentadas las propuestas100, que, junto a la firma demandante, formaba
parte de la UT SAV-BIG101, la cual, con su propuesta, aportó el acta núm. 4 de la junta
de socios de aquella firma102, suscrita el 18 de septiembre de 2008, en la que su
representante legal fue autorizado para participar en la convocatoria pública núm. 01 de
2008, y a comprometer a la sociedad en caso de que el contrato que tenía por objeto
dicho procedimiento de contratación le fuera adjudicado. Por ende, si el reproche que
formuló al acta núm. 4 de la junta de socios de GMW Security Rent a Car Ltda. hubiera
sido admitido con base en el numeral 2.12.20 del pliego de condiciones103, la propuesta
de la UT SAV-BIG, de la que formaba parte la actora, hubiera sido también rechazada.
No cabe así argüir un juicio discriminatorio frente a actuaciones de la misma unión
temporal a través de la cual acudió la firma demandante al proceso de contratación
cuestionado.
Le asiste razón, por demás, al Ministerio del Interior y de Justicia, en cuanto afirmó, en
su momento104, que son disímiles las situaciones que se presentaron con la
documentación allegada por Vimarco y GMW Security Rent a Car Ltda. como
fundamento de la oferta presentada por la UT SAV-BIG. Dentro de su experiencia, la UT
SAV-BIG hizo referencia105 al contrato C-0684-07 firmado con Telefónica Móviles
Colombia S.A. con un plazo de 36 meses, que iniciaba el 1 de junio de 2007, y tendría
un precio de $4.236.560.411. Como constancia de ello, anexó a la propuesta de la UT
SAV-BIG una certificación106 que habría sido suscrita por la directora jurídica de
Telefónica Móviles Colombia S.A., María Clemencia Mesa Gómez, el 12 de septiembre
de 2008, de acuerdo con la cual, a la fecha, habrían sido ejecutados $4.236.560.411 y
las prestaciones del contrato vendrían siendo cumplidas por la contratista Vimarco;
certificación que, de acuerdo con lo manifestado por escrito por la quien aparecía como
la autora del documento107, ella no expidió. Mientras que, como se entrevé a partir de lo
consignado en el acta de la audiencia de adjudicación108 y en la respuesta a la petición
formal presentada por Vimarco109, el acta de la junta directiva de GMW Security Rent a
Car Ltda. glosada por Vimarco únicamente tendría erratas en su nomenclatura y en la
razón social de la sociedad, que en lugar de aparecer como “limitada” figuraba como
“ilimitada”; situación que, a diferencia de lo ocurrido con la documentación aportada por
Vimarco, podría ser corregida por los miembros de la junta directiva de GMW Security
Rent a Car Ltda., sin que, con ello, alterara el contenido sustancial del acta, con la que
buscaba acreditar que tenía “la capacidad jurídica para contratar conforme a lo previsto
en el artículo 6 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 56 de la Ley 1150 de 2007”, que exigía
100 Copia auténtica del certificado de existencia y representación con matrícula 01318948 a folios 44 a 45, cuaderno
3.
101 Copia auténtica del compromiso de la unión temporal a folios 52 a 56, cuaderno 3.
102 Folios 46 y 47, cuaderno 3.
103 Hecho 2.5.5.
104 Hecho 2.5.8.
105 Folio 340, cuaderno 3.
106 Folio 342, cuaderno 3.
107 Hecho 2.5.5.2.
108 Hecho 2.5.5.3.
109 Hecho 2.5.8.
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el numeral 2.3.4 del pliego de condiciones110. No hay, pues, razón alguna para afirmar
que el Ministerio del Interior y de Justicia incurrió en un trato discriminatorio al rechazar
la oferta de la UT SAV-BIG, al corroborar que Vimarco aportó una documentación que
no coincidía con la realidad.
Adicionalmente, no cabe reprochar que el Ministerio del Interior y de Justicia no hubiera
consignado en el acta de la audiencia de adjudicación el hipotético desconocimiento del
principio de igualdad referido por Vimarco111, puesto que su intervención no tenía lugar
de acuerdo con las reglas del proceso de selección, en el que se establecían las
oportunidades para hacer uso de la palabra en la audiencia de adjudicación. Conforme
a lo establecido en el pliego de condiciones112 —que contiene una preceptiva de
obligatorio cumplimiento para la administración y los oferentes113-114— en la audiencia de
adjudicación se podría “conceder el uso de la palabra por una sola vez al oferente que
así lo solicite, con el objeto de replicar las observaciones que sobre la habilitación de su
oferta hayan presentado los intervinientes”; en su intervención, cuya duración estaría
limitada al tiempo fijado por el Ministerio del Interior, debería observarse “una conducta
respetuosa hacia los servidores públicos y los demás presentes”; y se podría “conceder
el uso de la palabra por una sola vez al oferente que así lo solicite, con el objeto de
replicar las observaciones que sobre la habilitación de su oferta hayan presentado los
intervinientes”, tras lo cual serían abiertos los sobres de las propuestas de los oferentes
“habilitados”. Vimarco, sin embargo, pretendió hacer uso de la palabra, con términos
descomedidos115, después de haber agotado el derecho a réplica que le asistía,
contrariando así las reglas del proceso de selección fijadas en el pliego de condiciones,
motivo por el cual, al ser inoportuna su intervención, podía ser omitida en el acta de la
audiencia.
De acuerdo con las razones expuestas precedentemente, se impone una respuesta
negativa al primer problema jurídico de esta instancia.
2.7. Ahora bien, de acuerdo con el tercer cargo de la alzada116, en línea con el concepto
de la violación y los hechos de la demanda117, que definieron la causa petendi en este
contencioso, le compete118 a la Sala dar respuesta al siguiente problema jurídico:
110
Folio 415, cuaderno 2.
111 Aptado. 1.8.3.
112 Folio 43, numeral 1.16.15, cuaderno 2.
113 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias de 3 de febrero de 2000, exp. 10399, y de 30 de noviembre
de 2006, exp. 18059, entre otras.
114 LEY 80 DE 1993. “Articulo 30. De la estructura de los procedimientos de selección. La licitación o concurso se
efectuará conforme a las siguientes reglas: […] 6o. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de
los puntos contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia. […]”.
115 Hechos 2.5.5 a 2.5.5.3, y 2.5.8.
116 Aptado. 1.8.3.
117 Aptados. 1.1.1 a 1.1.5, y 1.2.2.
118 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO. “Artículo 320. Fines de la apelación. El recurso de apelación tiene por objeto
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. […] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de
segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. […]”.
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¿Al rechazarse la oferta presentada por la UT SAV-BIG en la convocatoria pública
núm. 01 de 2008, por haber aportado una certificación que no correspondía a la
realidad, la adjudicación del contrato con el que dicho procedimiento concluyó es
inválida, puesto que, con ello, la oferente no ocasionó lesión alguna a la
Administración, ya que había aportado siete (7) certificaciones con las que
acreditaba estar habilitada para contratar?
2.7.1. Para dar respuesta a este problema jurídico, resulta oportuno recordar que, en
ejercicio de la facultad de configuración de los pliegos de condiciones, la Administración
está habilitada para exigir el cumplimiento de requisitos que resulten pertinentes para la
consecución del fin público que se pretende satisfacer con el contrato en ciernes, de
acuerdo con los principios que orientan la contratación estatal119. En todo caso, según el
artículo 25.17 de la Ley 80 de 1993120 y el parágrafo 1° del artículo 4 de la Ley 1150121,
la Sala122, en línea con el criterio seguido por esta Corporación123, ha precisado que “no
es admisible el rechazo de propuestas en licitaciones públicas, por la ausencia de
documentos que no comprometan la parte sustantiva de la propuesta o sean
intrascendentes para la determinación de la favorabilidad o comparación de las
propuestas. De esta forma, se desarrolla el principio de economía y el deber de selección
objetiva, así como los principios de igualdad y libre concurrencia en la licitación pública”.
En este orden de ideas, la jurisprudencia ha concluido que el rechazo de una propuesta
resulta válido, «i) cuando el respectivo proponente se encuentre incurso en una o varias
de las causales de inhabilidad o de incompatibilidad previstas en la Constitución Política
o en la ley; ii) cuando el respectivo proponente no cumple con alguno(s) de los requisitos
habilitantes establecidos, con arreglo a la ley, en el pliego de condiciones o su
equivalente; iii) cuando se verifique “la ausencia de requisitos o la falta de documentos
referentes a la futura contratación o al proponente” que en realidad sean necesarios, esto
es forzosos, indispensables, ineludibles, “para la comparación de las propuestas” y, claro
está, iv) cuando la conducta del oferente o su propuesta resultan abiertamente contrarias
a Principios o normas imperativas de jerarquía constitucional o legal que impongan
119 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 27 de marzo de 2014, exp. 24845.
120 LEY 80 DE 1993. “Artículo 25. Del principio de economía. En virtud de este principio: […] 17. Las entidades no
rechazarán las solicitudes que se les formulen por escrito aduciendo la inobservancia por parte del peticionario de las
formalidades establecidas por la entidad para su tramitación y oficiosamente procederán a corregirlas y a subsanar
los defectos que se adviertan en ellas. Igualmente, estarán obligadas a radicar las actas o cuentas de cobro en la
fecha en que sean presentadas por el contratista, procederán a corregirlas o ajustarlas oficiosamente si a ello hubiere
lugar y, si esto no fuere posible, las devolverán a la mayor brevedad explicando por escrito los motivos en que se
fundamente tal determinación”.
121 LEY 1150 DE 2007. Artículo 4. “Parágrafo 1°. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la
futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta
que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados
por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de
selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema
de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la
documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado. || Durante el término otorgado
para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del
proceso”.
122 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de febrero de 2018, exp. 41198.
123 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 1988, exp. 11192; sentencia de 23 de abril
de 1992, exp. 6224; sentencia de 30 de noviembre de 1994, exp. 9652; sentencia de 18 de noviembre de 1997, exp.
10402; sentencia de 26 de abril de 2006, exp. 16041; sentencia de 11 de mayo de 2011, exp. 17113; sentencia de 11
de octubre de 2011, exp. 20811.
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deberes, establezcan exigencias mínimas o consagren prohibiciones y/o sanciones»124.
No cumplió, sin embargo, la UT SAV-BIG con uno de los requisitos que la habilitaban
para participar en el proceso de contratación en cuestión, pues en el pliego de
condiciones se establecía que las ofertas serían rechazadas, cuando “se compruebe que
la información suministrada por el oferente o los documentos allegados no coincidan con
la realidad o sean contradictorios en los aspectos jurídicos, financieros, económicos o
técnicos”, siendo justamente la experiencia, que dicha unión temporal pretendía acreditar
con la certificación que no fue expedida por quien figuraba como su suscriptor, uno de
los requisitos habilitantes exigidos en el pliego125.
Al punto, recuerda la Sala que, de conformidad con la Constitución126, el Código de
Comercio127 y la Ley 80 de 1993128, las actuaciones de los particulares en las distintas
fases de la contratación deben ceñirse al postulado de buena fe. Como lo ha explicado
la doctrina129, la buena fe entraña la confianza en que el particular que se relaciona con
la Administración adopte un comportamiento leal en la fase de constitución de los
negocios jurídicos, por lo que la oferta debe ser elaborada con base en información
verídica. Así, esta Corporación ha considerado que no es válido sostener que un contrato
debiera ser adjudicado a una determinada oferta basada en “información errónea,
inexacta o falaz, tal como no resultaría válida, de ninguna manera, la adjudicación que
se quisiera hacer recaer en un oferente que se encuentre incurso en una causal de
inhabilidad o de incompatibilidad, por lo cual resulta plausible que en estos casos la
entidad decida rechazar o excluir esa clase de ofertas, independientemente de que así
lo haya previsto, o no, el correspondiente pliego de condiciones”130. No cabía, pues, la
adjudicación a la UT SAV-BIG del contrato que tenía por objeto el proceso de selección
en cuestión, pues su propuesta se fundaba en una certificación falaz131, o cuanto menos
inexacta132, de su experiencia, en cuanto pudo acreditarse, en el proceso de selección,
que dicha certificación no había sido expedida por quien aparecía como su suscriptora.
Con mucha más razón, resulta así válida la exclusión de una oferta basada en
información errónea, inexacta o falaz cuando así lo haya previsto el pliego de
condiciones, sin que quepa afirmar que, de esa forma, la oferta estaría siendo rechazada
124 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de marzo de 2013, exp. 24059.
125 Hecho 2.5.1.
126 “Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.
127
“Artículo 863. Las partes deberán proceder de buena fue exenta de culpa en el período precontractual, so pena de
indemnizar los perjuicios que se causen”.
128 “Artículo 5o. De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo
3o. de esta ley, los contratistas: […] 2o. Colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que
el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatarán las ordenes que durante el desarrollo del
contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse” (subrayado añadido).
129 DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo, Régimen Jurídico de la Contratación Estatal, 3ª edición, Legis, Bogotá 2016,
pp. 6-4.
130 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 14 de marzo de 2013, exp. 24059
131 “falaz. Del lat. fallax, -ācis. || 1. adj. Embustero, falso. || 2. adj. Que halaga y atrae con falsas apariencias”.
132 “inexacto, ta. || adj. Que carece de exactitud”; “exactitud. || 1. f. Cualidad de exacto”; “exacto, ta. Del lat. exactus. ||
1. adj. Igual o que se asemeja en un grado muy alto a algo o alguien que es tomado como modelo. Copia exacta.
Retrato exacto. Eres exacta a tu madre. || 2. adj. Dicho de una cosa: Perfectamente adecuada. Has colocado la
sombrilla en el lugar exacto. || 3. adj. estricto. Exacto cumplimiento de la ley. || 4. adj. Rigurosamente cierto o correcto.
[…]”. RAE. Diccionario de la lengua española, Edición del Tricentenario, 2023.
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Radicado: 25000-23-26-000-2009-00022-02 (55736)
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Ltda.
por aspectos que no comprometan la parte sustantiva de la propuesta o sean
intrascendentes para la determinación de la favorabilidad, puesto que el requisito así
establecido se funda en el principio de buena fe, que encauza la relación jurídica desde
la fase previa a su constitución hasta su fin.
2.7.2. De esta forma, al aportar un documento que no correspondía a la realidad, en la
convocatoria pública núm. 01 de 2008, la oferente UT SAV-BIG incurrió en una conducta
que, por sí misma, lesionó el principio de buena fe, además de la fuerza vinculante del
pliego de condiciones, razón por la cual para la exclusión de su oferta no se requería
que, adicionalmente, la oferente no se encontrara habilitada para contratar por no reunir
la experiencia mínima requerida, como ocurrió en el asunto de marras, conforme a los
hechos referidos anteriormente133, sin que Vimarco, en las múltiples circunstancias en
las que ejerció el derecho de defensa en el proceso de selección134, hubiera
argumentado ni, menos aún, probado que el documento que aportó fuera auténtico.
2.7.3. No existía, pues, una mera sospecha sobre la falta de autenticidad del documento
aportado por la UT SAV-BIG como fundamento de su oferta, sino una evidencia seria,
sustentada, ostensible y contundente que acreditaba de forma inequívoca la ausencia de
veracidad de la información contenida en el documento adjuntado con la propuesta,
puesto que la persona que aparecía como su suscriptora refirió de forma expresa que no
había firmado dicho documento, sin que ello fuera rebatido por la proponente que lo
allegó, en el procedimiento de contratación, ni en este proceso. De esta forma, al aportar
el documento glosado como fundamento de su oferta, la UT SAV-BIG no desplegó
únicamente una conducta contraria a la buena fe, sino que trasgredió también el principio
de selección objetiva, puesto que, como lo ha referido la jurisprudencia, la descalificación
de las propuestas por presentar documentos o información no veraz o que no
correspondan a lo afirmado por el proponente, constituye una previsión que “halla
cimiento en la estricta observancia del deber de selección objetiva, en cuanto
materialmente no resultaría posible concluir sobre la existencia de la oferta más
favorable, si la misma se estructura en información espuria e inconcordante con la
realidad”135.
2.7.4. Por lo tanto, como el aporte de un documento que no correspondía a la realidad
lesionó el postulado de la buena fe y lo dispuesto en el pliego de condiciones de la
convocatoria pública núm. 01 de 2008, se impone una respuesta negativa al segundo
problema jurídico planteado a esta instancia, de acuerdo con el último cargo de la alzada.
En consecuencia, la sentencia de primera instancia será confirmada en la denegación
de las pretensiones de la demanda.
133 Hechos 2.5.1 a 2.5.8.
134 Hechos 2.5.3 a 2.5.4, 2.5.5.1 y 2.5.5.3.
135 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 10 de noviembre de 2017, exp. 52733. Al
punto, resulta oportuno precisar que, si bien, en el caso abordado en la sentencia referida podía existir alguna duda
sobre los periodos de ejecución contractual que fueron certificados con el documento aportado por la demandada y
que fue glosado en el procedimiento de selección en cuestión, sin que existiera duda alguna sobre su autenticidad, en
el asunto de autos no existió nunca duda sobre la falta de autenticidad del documento que la UT SAV-BIG aportó con
su propuesta.
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Ltda.
III. COSTAS
No hay condena en costas, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a su imposición, cuando alguna de las partes hubiere
actuado temerariamente136-137 y, como en este caso no se vislumbra que se hubiese
actuado de esa manera, no se hará condena alguna en ese sentido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el veintitrés (23) de julio de dos mil quince (2015) por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en este proceso, para declarar la caducidad de las pretensiones de
restablecimiento del derecho, de acuerdo con lo razonado en esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR, en lo demás, la sentencia proferida el veintitrés (23) de julio
de dos mil quince (2015) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en este
proceso, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta sentencia.
TERCERO: Sin costas.
QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez esta providencia esté
en firme.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Subsección
Firmado electrónicamente
WILLIAM BARRERA MUÑOZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
136 CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 1999, exp. 10775.
137 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-043 de 2004.
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