Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00037-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00037-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2009-00037-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
18 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2022
Radicación: 25000-23-26-000-2009-00037-01 (41.658)
Actor: Gersys Peña Contreras
Demandad: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de
la libertad (Ley 600 de 2000) – Falla del servicio - captura ilegal
Síntesis del caso: el demandante fue capturado por la Fiscalía General de la Nación por presunta
comisión de los delitos de hurto calificado agravado y receptación. El ente investigador, al
momento de resolver su situación jurídica, ordenó su libertad inmediata porque no existía ningún
indicio de su participación en la comisión de los delitos y posteriormente precluyó la investigación
a su favor.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la Sentencia proferida el 27 de abril de 2011 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la
cual se negaron las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia, por tratarse de un recurso
de apelación interpuesto en contra de una Sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas
en la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270
de 19961.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
1 De conformidad con lo previsto por la Sala Plena de esta Corporación en Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente
11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).
Radicación: 25000-23-26-000-2009-00037-01 (41.658)
Actor: Gersys Peña Contreras
Demandad: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: revoca Sentencia
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 24 de septiembre de 2008, Gersys Peña Contreras2, presentó demanda, en
ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación –la Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial, con el fin de obtener la reparación de
los perjuicios sufridos con ocasión de su detención por la presunta comisión de los
delitos de hurto calificado agravado en concurso con receptación 3.
2. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones (se trascribe):
“1.- Que se declare administrativamente responsable a la NACIÓN FISCALIA GENERAL
DE LA NACIÓN, por falla en el servicio por la aceptación de diligencias previas
realizadas irregularmente por parte de miembros del Ejército Nacional, apertura de
instrucción, privación ilegal de la libertad y duración injustificada de la investigación
No. 8485, por parte de la Fiscalía General de la Nación, en contra de mi procurado
por la presunta comisión de los punibles de HURTO AGRAVADO Y CALIFICADO EN
CONCURSO CON RECEPTACION, la cual inició en la URI DE CAJICA y posteriormente
continuó y adelantó LA FISCALIA SECCIONAL DELEGADA ANTE EL JUZGADO PENAL
DEL CIRCUITO DE GACHETA, iniciada el 30 de septiembre de 2004 con base en
informe de inteligencia del GRUPO DE CABALLERIA MECANIZADO No. 10
TEQUENDAMA y que culminó con decisión preclusiva a su favor el 28 de septiembre
de 2006, con el fin que se declare a la demandada administrativamente responsable
de los perjuicios causados a mi procurado y a su familia, para que en consecuencia
se condene al pago de los mismos.
2.- Que como consecuencia de lo anterior se condene a los demandados al pago
de las siguientes sumas líquidas de dinero a favor del demandante, así:
POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS:
a) La suma de DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/L. ($18.000.000.00.), por concepto
del daño emergente equivalente a la suma dejada de percibir por la compra de
instalación de una red de 25 computadores, labor que fue encomendada dentro de
2 Si bien, en la pretensión condenatoria de la demanda se incluyó el nombre de otras personas distintas a Gersys Peña
Contreras, la Sala advierte que: 1. En la designación de las partes de la demanda, solo se incluyó como demandante a
Gersys Peña Contreras; 2. No se aportaron poderes otorgados por las personas mencionadas en la pretensión condenatoria
ni tampoco pruebas de la relación de parentesco -salvo por el registro civil de Laura Jimena Peña Mancera, que fue
aportado en la etapa probatoria sin que se hubiera decretado o solicitado como prueba-; 3. Adicionalmente, en la parte
resolutiva del auto admisorio de la demanda se expuso: “CUARTO: Se ADMITE en PRIMERA INSTANCIA la demanda de
Reparación Directa presentada por GERSYS PEÑA CONTRERAS Y mediante apoderado judicial por la parte demandante
CONTRA: la NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN”. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo el parágrafo del
artículo 140 del CPC se trata de una irregularidad subsanada porque no se interpusieron recursos en contra de aquella
decisión (folio 49 del cuaderno No. 1. Del Tribunal.
3 Folios 1 al 12 del Cuaderno No. 1 del Tribunal.
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Actor: Gersys Peña Contreras
Demandad: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: revoca Sentencia
la ejecución del contrato suscrito entre el demandante y la empresa DISCOMPUCOL
E.U. porque por haber sido privado de su libertad, le fue imposible cumplir.
b) La suma de VEINTE MILLONES DE PESOS M/L. ($20.000.000.00.), correspondiente al
pago parcial de la cláusula penal por el incumplimiento del contrato suscrito entre
GERSYS PEÑA CONTRERAS y DISCOMPUCOL E.U., de fecha 22 de agosto de 2004.
c) La suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L.
($144.000.000.00), correspondiente al lucro cesante proyectado con base en el
ingreso mensual dejado de percibir como técnico en computadores y sistemas que
desempeñaba el demandante y que dejó de ejercer, desde la época de los hechos
hasta la fecha, de acuerdo con la constancia expedida por contador público.
Que se ordene que las anteriores sumas de dinero sean liquidadas y canceladas
debidamente INDEXADAS, hasta el momento de su pago”.
POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES:
Solicito que igualmente se condene a los demandados al pago de los perjuicios
morales que les causaron al accionante y a su familia, compuesta por sus padres
ADOLFO PEÑA CASTILLO y TERESA DEL CARMEN CONTRERAS DE PENA, su suegra
BRÍGIDA PRIETO, su cuñado FIDELIGNO PRIETO, su compañera permanente LUZ
INELDA MANCERA PRIETO y su menor hija, que en aquel entonces tenía 5 años de
edad, LAURA JIMENA PEÑA MANCERA, por los allanamientos y registros realizados,
incautación de los bienes del hogar y de trabajo de los mismos, la captura y privación
ilegal de su libertad y por la prolongación injustificada de la investigación por parte
de la Fiscalía.
3. Como hechos que fundamentaron las pretensiones expuso, en síntesis:
4. 1) El 30 de septiembre de 2004, el Ejército Nacional solicitó a la Fiscalía General
de la Nación la “judicialización de la información obtenida en labores de
investigación”, según la cual, el aquí demandante pertenecía a una banda que
contaba con varias armas de fuego con el fin de intimidar a los pobladores de la
Vereda el Salitre del municipio de Guasca, Cundinamarca.
5. 2) En consecuencia, el 1 de octubre de 2004, la fiscalía junto con miembros
del Ejército Nacional realizaron allanamientos a las viviendas de Gersys Peña
Contreras y de Teresa del Carmen Contreras -madre del aquí demandante-. En
las diligencias, incautaron varios elementos, entre ellos, equipos de computación,
un vehículo y, en la residencia de Teresa del Carmen Contreras, hallaron 4
cartuchos y un overol verde.
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Actor: Gersys Peña Contreras
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6. 3) El mismo día, se decretó la apertura de la instrucción y sin que existiera una
orden proferida por autoridad competente, Gersys Peña Contreras fue
capturado.
7. 4) A pesar de que rindió indagatoria el 2 de octubre de 2004, fue dejado en
libertad el 6 de mismo mes y año, cuando se advirtió que no se reunían los
requisitos para imponer medida de aseguramiento.
8. Para la parte demandante, todas las inconsistencias en la investigación
indicaban que no hubo una labor de investigación, sino de persecución, pues el
Ejército visitó en reiteradas ocasiones la empresa Discompucol, empresa donde
era contratista el aquí demandante, y al señor Alfonso Bernal, en su calidad de
representante legal de la mencionada empresa, luego de que el demandante
recuperó su libertad.
1.2. Posición de la parte demandada
9. El 8 de marzo de 2010, la Nación – Fiscalía General de la Nación contestó la
demanda y solicitó que se negaran las pretensiones4. Expuso que no se
configuraban los elementos de la responsabilidad porque actuó en ejercicio de
sus obligaciones constitucionales y legales, con base en las cuales debía
adelantar la respectiva investigación penal de aquellos hechos que pudieran
constituir un delito. Además, señaló que la captura del demandante se produjo
para ser escuchado en diligencia de indagatoria y la preclusión de la
investigación fue decretada en virtud del principio in dubio pro reo.
10. El 15 de marzo de 2010, la Nación – Rama Judicial también presentó escrito
de contestación de la demanda, en el que manifestó que no participó en los
hechos alegados en la demanda5. De tal manera que, propuso las excepciones
de “falta de legitimación en la causa por pasiva” y la “innominada”.
4 Folios 80 al 91 del cuaderno No. 1 del Tribunal.
5 Folios 69 al 79 del cuaderno No.1 del Tribunal.
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Actor: Gersys Peña Contreras
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1.3. Sentencia de primera instancia
11. El 27 de abril de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección B, profirió Sentencia de primera instancia, en la cual declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa de la Nación-Rama
Judicial, debido a que no participó en los hechos alegados en la demanda y
negó las demás pretensiones6. Como fundamento de la decisión sostuvo que, se
encontraba probada la culpa exclusiva de la víctima porque el demandante, de
forma imprudente, almacenó en su residencia material de guerra. A esto se sumó
que en la vivienda habitaba una menor de edad y si bien, con posterioridad,
logró demostrarse que aquellos elementos no le pertenecían, al menos para ese
momento se configuró una situación de flagrancia que justificó su captura y el
trámite de la investigación.
1.4. Recurso de apelación
12. El 18 de mayo de 2011, la parte demandante presentó recurso de apelación,
en el que solicitó que se revocara la Sentencia de primera instancia y, en su lugar,
se accediera a las pretensiones de la demanda7. Para el efecto, indicó que el
tribunal incurrió en varias imprecisiones al proferir la decisión, pues, la investigación
fue adelantada por el delito de hurto calificado agravado en concurso con
receptación, y no por la conducta de tráfico, fabricación y porte de armas.
Además, los cartuchos fueron hallados en la vivienda de la progenitora del
demandante. Finalmente, resaltó que tampoco se presentó una situación de
flagrancia porque de los objetos incautados no se podía inferir que el aquí
demandante hubiera participado en la comisión de un delito.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del
daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la captura; 2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.5.
Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas
6 Folios 212 al 228 del Cuaderno del Consejo de Estado. En la parte resolutiva se ordenó lo siguiente: “PRIMERO: DECLARAR,
probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la NACIÓN-RAMA JUDICIAL-DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, de conformidad con las razones anteriormente expuestas// SEGUNDO: NEGAR las pretensiones
de la demanda conforme a la parte motiva de esta providencia”.
7 folios 315 al 326 del cuaderno del Consejo de Estado.
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2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
13. La parte demandante solicitó la indemnización de los perjuicios que le fueron
causados con ocasión de la detención de que fue víctima. Mientras que, la
entidad demandada sostiene que no se reúnen los presupuestos para declarar
su responsabilidad en este caso, debido a que actuó en cumplimiento de un
deber legal.
14. Se encuentra probado en el expediente que, el demandante Gersys Peña
Contreras estuvo privado de la libertad, desde el 1 hasta el 6 de octubre de 20048,
con ocasión de la captura efectuada por la Fiscalía General de la Nación y la
posterior vinculación al proceso penal adelantado en su contra por la presunta
comisión de los delitos de hurto calificado agravado y receptación, el cual
finalizó con preclusión de la investigación a su favor9.
15. La Sala decidirá el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar, entre ellos, la presentación de la demanda dentro del
término legal. En efecto, la providencia que precluyó la investigación a favor
Gersys Peña Contreras fue proferida el 28 de septiembre de 2006 y, si bien no obra
constancia de la ejecutoria, según las normas procesales, debió quedar en firme
el 13 de octubre de 200610. En consecuencia, como la demanda se presentó el
24 de septiembre de 200811, se concluye que la acción se ejerció dentro del
término de 2 años previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.
16. La Sala advierte que en la pretensión declarativa de la demanda -sin que
fuera desarrollado en ninguna otra parte del escrito- se hizo alusión a la duración
8 Con fundamento en la boleta de encarcelación y detención de Gersys Peña Contreras de 1 de octubre de 2004 (folio 67
del cuaderno No. 2 del Tribunal); providencia proferida el 6 de octubre de 2004 en la que la fiscalía se abstuvo de imponer
medida de aseguramiento (folio 81 al 84 del cuaderno No. 2 del Tribunal); diligencia de compromiso y la boleta de libertad
del demandante (folio 93 y 94 de cuaderno No. 2 del Tribunal).
9 Providencia proferida el 28 de septiembre de 2006 por la Unidad de Fiscalía delegada ante el juzgado penal del circuito
de Gacheta. Folios 133 al 140 del cuaderno No. 1 del Tribunal.
10 Si se tienen en cuenta los artículos 178 y 179 de la Ley 600 de 2000 –norma procesal vigente para el momento en que se
dictó esta decisión-, que regulan las notificaciones, personal y por estado, de una providencia interlocutoria, dicha
resolución debió quedar, por lo menos, ejecutoriado el 13 de octubre de 2006. En efecto, según dicha legislación, primero,
se intentará realizar la notificación personal de la providencia, dentro de los 3 días siguientes a la fecha de su expedición
-en este caso, 29 de septiembre y, 2 y 3 de octubre-. Si los sujetos procesales no concurren, se notificará por estado tres
días después de la fecha en la que se efectuó la citación. Por tanto, la fijación del estado debía hacerse el 10 de octubre
y, después, correría el término de ejecutoria, es decir, 11,12 y 13 de octubre de 2006. En consecuencia, este último día
pudo quedar en firme el auto que decretó la preclusión de la investigación.
11 Folio 12 reverso del cuaderno No. 1 del Tribunal.
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injustificada del proceso, no obstante, este punto no fue analizado en la
Sentencia de primera instancia y tampoco fue objeto de reparo por la parte
demandante, por lo que, la Sala no realizará ningún pronunciamiento al
respecto12. Tampoco se pronunciará sobre la vinculación de la Rama Judicial al
proceso, ni sobre su participación en la producción del daño alegado, como
quiera que se declaró su falta de legitimación pasiva en la causa y este aspecto
no fue objeto de apelación.
17. Así las cosas, se revocará la Sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y se declarará la responsabilidad de la Nación -
Fiscalía General de la Nación, por la captura ilegal Gersys Peña Contreras. En
efecto, la Sala advierte que, el aquí demandante fue capturado sin fundamento
legal y, además, se precluyó la investigación a su favor por atipicidad de la
conducta, de modo que la entidad demandada será condenada a título de falla
del servicio. Por tanto, se condenará a la Nación-Fiscalía General de la Nación al
pago de una indemnización por los perjuicios causados, de conformidad con los
criterios jurisprudenciales. Finalmente, se ordenará restablecer el buen nombre de
la víctima.
18. Con ese fin, identificará la existencia de un daño derivado de la afectación
del derecho a la libertad. Luego analizará la legalidad de la captura y
profundizará en las razones anunciadas por las que no cumplió con los requisitos
de ley. Ante la ausencia de la culpa de la víctima, como causal eximente de
responsabilidad posible en estos casos, atribuirá el daño a la Nación – Fiscalía
General de la Nación. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y
declarará improcedente la condena en costas.
2.2. Identificación del daño
19. En el expediente se encuentra probado que, Gersys Peña Contreras sufrió un
daño consistente en la restricción de su derecho a la libertad, desde el 1 al 6 de
octubre de 2004, esto es, por un período de 6 días.
12 En ese mismo sentido, ver: Sentencia de 5 de marzo de 2020, radicado: 50001-23-31-000-2001-20298-01(40749).
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2.3. Análisis de la legalidad de la captura
20. La Ley 600 de 2000, norma vigente para el momento de los hechos,
establece que una persona puede ser capturada en 3 eventos: 1. Cuando es
sorprendida al momento de cometer una conducta punible o cuando es
sorprendida con objetos, instrumentos o huellas que den cuenta de la comisión
de dicha conducta, es decir, en situación de flagrancia -artículo 345-; 2. Cuando
se trate de una persona cuya captura es públicamente requerida por autoridad
competente -artículo 348-; y 3. Cuando se emita una orden de captura por parte
de autoridad competente a efectos de realizar la diligencia de indagatoria en un
proceso –artículo 336-.
21. Según el informe del Ejército Nacional que dio origen a la investigación
penal, ya que el Ejército solicitó la “judicialización de la información” que había
obtenido en labores de inteligencia13, el demandante pertenecía a una banda
que “intimidaba y amenazaba” a los habitantes del municipio de Guasca, a
través del uso de armas. Como consecuencia de lo anterior, la fiscalía ordenó el
allanamiento de la vivienda en la que residía Gersys Peña Contreras en la vereda
El Salitre del mencionado municipio y también de la vivienda de Teresa del
Carmen Contreras, progenitora del demandante.
22. En la diligencia de allanamiento, realizada en la vivienda de Gersys Peña
Contreras se encontraron varios computadores y elementos relacionados para el
mantenimiento técnico de los mismos14. Elementos similares fueron hallados en la
vivienda de Teresa del Carmen Contreras, donde también encontraron 4
cartuchos y un overol verde.
23. De acuerdo con la decisión de 6 de octubre de 200415, que resolvió la
situación jurídica, el aquí demandante al momento de rendir indagatoria explicó
y acreditó que los computadores le pertenecían16, ya que era técnico en
13 Solicitud de judicialización de 30 de septiembre de 2004, suscrita por el MY Hernán Gilberto Mafla. Folio 1 y 2 del cuaderno
No. 2.
14 Acta de diligencia de registro y allanamiento realizada el 1 de octubre de 2006 a las 5:00 am. Folios 9 al 10 del cuaderno
1.
15 Si bien, se aportó el proceso penal completo al expediente, la indagatoria es ilegible, razón por la que no puede ser
valorada. Folios 22 al 23 del cuaderno No.
16 Para el efecto, aportó el acta de grado como “experto en ensamble mantenimiento de computadores” y varias facturas
que acreditaban que se dedicaba a ese oficio. Folios 24 al 66 del cuaderno No.2.
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sistemas. Y los elementos que fueron hallados en la vivienda de su progenitora,
relativos al armamento militar, pertenecían a familiares que guardaron algunos
uniformes y cartuchos como “recuerdo” de la época en que prestaron servicio
militar.
24. De acuerdo con lo anterior, en la mencionada decisión se concluyó que “no
[había] pruebas que constataran que existió el hurto y/o receptación o que
[indicaran que el demandante] fue sorprendido en flagrancia” razón por la que
se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento.
25. El 28 de septiembre de 2006, la Fiscalía delegada ante el circuito de Gacheta
precluyó la investigación por atipicidad de la conducta, en la medida que, se
demostró que los elementos incautados eran usados por el aquí demandante
como herramientas de trabajo y ninguno se relacionaba con las denuncias de
hurto que se habían presentado en el municipio.
26. Sobre la captura del demandante, la Sala advierte que las circunstancias de
flagrancia no estaban del todo claras, así como tampoco existía una orden previa
emitida por una autoridad competente que ordenara la restricción de su libertad.
Justamente, la captura se produjo sin mediar ninguna circunstancia cierta o
elemento relacionado con los delitos investigados que permitiera estructurar la
figura de flagrancia. De hecho, así lo concluyó la fiscalía al resolver la situación
jurídica del demandante, pues se abstuvo de imponer medida de aseguramiento,
habida cuenta de que, no existían elementos de prueba suficientes que
permitieran inferir su participación en los delitos investigados17.
27. Por otra parte, la Sala observa que una vez el demandante fue capturado la
fiscalía ordenó la apertura de la instrucción18 y mantuvo al demandante detenido
hasta que se resolvió la situación jurídica, sin realizar un estudio de la legalidad de
las actuaciones y con claro desconocimiento de lo señalado en los artículos 38019
17 Folios 81 al 84 del cuaderno No. 2.
18 Folio 16 del cuaderno No. 2.
19 Ley 600 de 2000, Artículo 380. Formalización de la captura. “Cuando el capturado, según las previsiones legales, deba
ser recluido en la cárcel del lugar, el funcionario judicial bajo cuyas órdenes se encuentre, dispondrá de un plazo máximo
de treinta y seis horas para legalizar dicha situación, contadas a partir del momento en que tenga noticia de la captura.
En tal caso, expedirá mandamiento escrito al director del respectivo establecimiento de detención, para que en dicho
lugar se le mantenga privado de libertad. En dicha orden se expresará el motivo de la captura y la fecha en que ésta se
hubiere producido (…)” (Resaltado fuera del texto original).
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y 38320 del C.P.P., según los cuales debía ordenarse la libertad en el evento de
que se tratara de una captura ilegal.
28. La libertad de una persona solo puede restringirse por orden de autoridad
competente, con el cumplimiento de las formalidades legales y por motivos
previamente definidos en la ley21, de modo que, al presentarse una captura ilegal,
la Sala concluye que existió una falla en la actuación estatal.
2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño
29. En este caso, la Sala no advierte la configuración de la culpa exclusiva de la
víctima, causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones
injustas de la libertad. De hecho, la parte demandante, no desplegó ninguna
actuación dentro del proceso penal, de la cual se pudiese predicar su incidencia
en la causación del daño. Por el contrario, sus intervenciones se circunscribieron
a presentar los argumentos y las respectivas justificaciones, tendientes a
demostrar su inocencia en el comportamiento investigado.
30. En este punto, la Sala debe aclarar que, contrario a lo considerado por el a
quo, los únicos hechos o conductas de la víctima aptos para romper el nexo entre
la decisión que pudo generar el daño y el daño, deben suceder en el marco del
mismo proceso penal, no antes de él. De acuerdo con lo previsto por el artículo
70 de la Ley 270 de 1996, se debe valorar, exclusivamente, si la restricción de la
libertad fue causada por la actuación procesal de quien demandó, lo que
excluye el estudio de aquellas conductas preprocesales que ya fueron objeto de
valoración por parte del juez penal y que le permitió concluir que la persona era
inocente o no podía ser declarada responsable de los delitos investigados.
31. Así las cosas, el daño es atribuible a la Nación – Fiscalía General de la Nación
porque, en compañía de integrantes del Ejército Nacional, adelantó la orden de
allanamiento durante la cual el demandante principal fue capturado, esto es, el
20 Ley 600 de 2000, Artículo 383. Libertad inmediata por captura o prolongación ilegal de privación de la libertad. “Cuando
la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales, el funcionario a cuya
disposición se encuentre el capturado, ordenará inmediatamente su libertad (…)” (Resaltado fuera del texto original).
21 Ley 600 de 2000, artículo 3.
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1 de octubre de 200422 y, además, lo mantuvo detenido hasta el 6 de octubre del
mismo mes y año, cuando se abstuvo de imponer la medida de aseguramiento.
2.5. Indemnización de perjuicios
2.5.1. Perjuicios inmateriales
32. En relación con los perjuicios morales, la Sala considera que toda privación
de la libertad causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de
angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, los cuales se presumen respecto a
la persona que sufre la detención, así como también en relación con su núcleo
familiar más cercano, de acuerdo con las experiencias generalizadas en nuestro
entorno.
33. En la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 2021 23, la Sección
Tercera estableció que los perjuicios morales pueden inferirse para la víctima
directa, a partir de la prueba de la privación de la libertad. Para su cónyuge o
compañero/a permanente y para sus parientes hasta el primer grado de
consanguinidad, con la prueba de tal condición. Asimismo, para las demás
víctimas indirectas, aunque la prueba del parentesco puede ser apreciada como
indicio de la existencia de relaciones estrechas con el detenido, los perjuicios
morales deben ser acreditados con otros medios de prueba.
34. Además, en la providencia, se establecieron unos criterios para el cálculo
de la indemnización, según el tiempo de privación de la libertad del afectado
directo. Así, se refirió que, si la privación de la libertad tiene una duración igual o
inferior a un mes se debe indemnizar con una suma fija equivalente a 5 SMLMV,
de ahí en adelante por cada mes adicional transcurrido se suma un monto de 5
SMLMV y por cada día adicional al último mes transcurrido se debe sumar una
fracción equivalente a 0,166 SMLMV, la cual se obtiene de dividir 5 SMLMV entre
22 Esto se pueden constatar con el Auto de 1 de octubre de 2004 que decretó la apertura de la instrucción proferido por
la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía de Cajicá, en el que se dispuso: “Como de la lectura de las presentes
diligencias se desprende que de llegarse a probar la conducta del señor GERSYS PEÑA CONTRERAS a disposición, de esta
Unidad de la Fiscalía, se enmarca en el delito de HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO Y RECEPTACIÓN se Profiere
RESOLUCIÓN DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN […]”. Folio 16 del cuaderno No. 2 del tribunal.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de 2021, exp.
18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681).
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Radicación: 25000-23-26-000-2009-00037-01 (41.658)
Actor: Gersys Peña Contreras
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Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: revoca Sentencia
los 30 días que generalmente tiene un mes. Lo anterior, hasta llegar a un tope de
100 SMLMV, correspondiente a las privaciones de la libertad con una duración
igual o mayor a 20 meses.
35. Por último, la Sección Tercera estableció la forma en que debían
implementarse las reglas establecidas en la Sentencia de unificación de 29 de
noviembre de 2021, según lo cual, esta Sala de Subsección interpreta que, en las
demandas presentadas a partir de la ejecutoria de la sentencia de unificación,
la aplicación de las reglas para el reconocimiento y la liquidación del perjuicio
moral será inmediata. En las demandas presentadas, desde el 28 de agosto de
201324 hasta la fecha de expedición de la Sentencia de unificación, en las cuales
no se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de las víctimas
indirectas sobre quienes no existe una presunción, fundándose en la
jurisprudencia existente en ese momento, el juez puede hacer uso de las
facultades probatorias que le otorga la ley para garantizar su derecho al debido
proceso.
36. Finalmente, en las demandas presentadas antes de 28 de agosto de 2013,
al no existir reglas jurisprudenciales que crearan expectativa sobre el
reconocimiento del derecho, las reglas contenidas en la Sentencia de unificación
deben ser aplicadas sin ninguna reserva. Por otra parte, en relación con la
determinación de los topes máximos por perjuicios morales y la forma de
calcularlos, la sentencia será aplicada de inmediato, dado que sobre ese
aspecto no puede considerarse que exista una expectativa legítima de un
derecho.
37. Según lo anterior, en este caso deberán aplicarse las reglas de unificación
definidas recientemente por la Sección Tercera por tratarse de una demanda
presentada el 24 de septiembre de 2008. En consecuencia, esta Subsección
reconocerá por concepto de perjuicio moral al demandante la suma de 5
SMLMV.
24 Es decir, a partir de la expedición de la anterior sentencia de unificación que estableció los criterios para reconocer una
indemnización por perjuicio moral, en la cual, la prueba del parentesco del demandante con la víctima directa de la
privación injusta de la libertad se consideraba prueba suficiente para acceder al reconocimiento del perjuicio.
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Radicación: 25000-23-26-000-2009-00037-01 (41.658)
Actor: Gersys Peña Contreras
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Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
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38. Por otro lado, la Sala advierte una afectación del derecho al buen nombre
de Gersys Peña Contreras. En este caso, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la Sala encuentra que del daño al buen nombre se deriva siempre
y necesariamente un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la
persona tenían los demás25, un deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto
por la conducta que observaba en su desempeño dentro de la sociedad26. Este
asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido considerado en la jurisprudencia
un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser
reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad27.
39. En relación con este último reconocimiento, la Sala considera que la
adopción de una medida de restablecimiento del derecho al buen nombre de
la demandante es una expresión propia de la justicia restaurativa impuesta a todo
funcionario judicial, con la que se busca volver las cosas al estado anterior a la
ocurrencia del hecho dañoso o, por lo menos, limitar sus consecuencias nocivas.
Por tanto, en este caso procede la reparación de los derechos efectivamente
vulnerados o amenazados, como así se ordenará28.
40. En consecuencia, se ordenará a la Nación-Fiscalía General de la Nación, que
emita un comunicado en el que se disculpe con la víctima por el daño antijurídico
causado. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones
integrales debe concertarse con las víctimas, la fiscalía deberá coordinar con el
demandante si el documento solamente le será entregado en físico a él o si,
además, desea que se publique en sus plataformas de comunicación y difusión,
por lo que así procederá la demandada una vez tenga conocimiento de esa
decisión. De no hacerse ninguna manifestación durante ese lapso, se entenderá
que las víctimas optan porque las disculpas se expresen de forma privada, por lo
que la entidad deberá cumplir esta orden de manera inmediata.
25 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
26 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
27 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial del
28 de agosto de 2014, Exp. 26251. “se reconocerá, aun de oficio, la afectación o vulneración relevante de bienes o
derechos convencional y constitucionalmente amparados. Procederá siempre y cuando se encuentre acreditada dentro
del proceso su concreción y se precise su reparación integral. Se privilegia la compensación a través de medidas
reparatorias no indemnizatorias a favor de la víctima directa y a su núcleo familiar más cercano (…)” subraya agregada
por el despacho.
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Radicación: 25000-23-26-000-2009-00037-01 (41.658)
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2.5.2. Perjuicios materiales
41. El demandante solicitó por concepto de daño emergente la suma
$18.000.000 que tuvo que pagar por la compra e instalación de una red de 25
computadores que requería para la ejecución del contrato de prestación de
servicios suscrito con Discompucol EU el 22 de agosto de 200429, y que fue
terminado por el contratante como consecuencia de la detención del
demandante. Sin embargo, la Sala advierte que no se puede extraer de ninguna
cláusula del contrato que el demandante se comprometió a comprar tal red para
la ejecución de este o que hubiera pagado tal suma por la compra de la aludida
red30.
42. Asimismo, se solicitó la suma de $20.000.000 que tuvo que pagar por concepto
de cláusula penal por el supuesto incumplimiento del ya mencionado contrato.
Para acreditar lo anterior, además del aportar el contrato en el que se incluyó
que por el incumplimiento de las obligaciones pactadas las partes estaban
obligadas a pagar $50.000.000 por concepto de cláusula penal; se encuentra la
declaración rendida en el proceso de reparación directa por el señor Alfredo
González31 donde señaló que recibió del demandante la suma de $20.000.000
por el pago de la cláusula penal.
43. La Sala también negará el reconocimiento de este perjuicio, debido a que,
además de que no se encuentra probado el supuesto incumplimiento del
contrato por parte del demandante; se advierte una inconsistencia entre la
declaración rendida por Alfredo González y el contrato aportado, pues no se
29 Folio 115 al 116 del cuaderno No. 1 del tribunal.
30 La cláusula del contrato estipulaba como objeto contractual “realizar a nivel local y nacional, todas las instalaciones
de redes de computadores, mantenimiento, reparación, actualización y demás labores que sea desarrollo de su objeto
social”.
31 “PREGUNTADO: ESPECIFIQUE AL DESPACHO SI EL SEÑOR GERSIS PEÑA CONTRERAS, CELEBRÓ ALGÚN TIPO DE CONTRATO
CON USTED, Y EN CASO AFIRMATIVO SI RECUERDA LA FECHA Y EL OBJETO DEL MISMO. CONTESTÓ: si señor, recuerdo hace
como 6 años y el objeto era la instalación de redes y el mantenimiento preventivo correctivo de los sistemas de cómputo.
PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO SI EL CONTRATO QUE UD MENCIONA ANTERIOR, SE LE DIO CABAL CUMPLIMIENTO.
CONTESTO: no, empezando fue cuando Gersys no volvió al trabajo. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO POR QUÉ MOTIVO
SE DIO POR TERMINADO EL MENCIONADO CONTRATO Y QUIEN LO DI POR TERMINADO. CONTESTO: lo terminamos nosotros,
porque nos dimos cuenta al tercer día de la ausencia, y fue por un amigo de los exjefes que supimos que lo habían
capturado. PREGUNTADO: DIGA AL DESPACHO SI EL SEÑOR GERSYS PEÑA Pagó ALGUNA SUMA DE DINERO O EN ESPECIE,
COMO INDEMNIZACIÓN POR TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DEPARTE DE USTED. CONTESTO: Sí señor, habíamos
acordado unas cláusulas y las incumplió. Al señor le cobre un aproximado de 20 millones. PREGUNTADO: SABE USTED SI
DESPUÉS TERMINADO EL CONTRATO ARRIBA CITADO EL SEÑOR GERSYS PEÑA CONTINUÓ DESEMPEÑANDO SU PROFESIÓN EN
TÉCNICO DE COMPUTADORES. CONTESTÓ: desafortunadamente no, no volvió a ejercer su oficio en unilago, creo que se
dedicó a los celulares”.
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Radicación: 25000-23-26-000-2009-00037-01 (41.658)
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explica la razón por la cual se pagó una suma distinta a la pactada, ya que en el
contrato aportado se estableció la suma de $50.000.000 y el declarante señaló
que recibió $20.000.000 por ese mismo concepto. Circunstancia que arroja duda
sobre la precisión de sus dichos.
44. En relación con lucro cesante, se solicitó la suma de $144.000.000, por los
ingresos mensuales dejados de percibir, debido a su actividad como técnico en
sistemas. De las declaraciones que obran en el expediente y de las piezas del
proceso penal se desprende que Gersys Peña Contreras se dedicaba al
mantenimiento técnico de computadores. En relación con el valor que recibía
mensualmente por este concepto, ya que era independiente, se aportó un
“certificado de ingresos” suscrito por un contador público el 23 de octubre de
200432 en el que se adujo que el demandante percibía la suma $2.400.000.
45. No obstante, aquella certificación no podrá ser tenida en cuenta como
prueba del monto que devengaba el demandante, porque de acuerdo con el
artículo 69 de la Ley 43 de 199033, no basta que la certificación esté firmada por
un contador34, sino que, el contenido de la misma debe aportar o explicar de
manera detallada, precisa y clara el fundamento de la información. En este caso,
el contador no explicó ni acreditó de ninguna forma el valor certificado, sino que
se limitó a indicar de forma general y abstracta que era producto de la
comercialización y mantenimiento de equipos de cómputo en el establecimiento
“Gersystem”, en consecuencia, de tal documento no se puede concluir si quiera
si el demandante asistía a tal establecimiento como técnico o era el propietario.
46. En consecuencia, la Sala aplicará la presunción del salario mínimo legal
mensual vigente para liquidar el lucro cesante sin incrementar el 25% de las
prestaciones sociales, toda vez que no está acreditado que la víctima tuviera una
relación laboral subordinada al momento de la detención 35.
32 Folio 117 del cuaderno No. 1 del tribunal.
33 Artículo 69. El certificado, opinión o dictamen expedido por un Contador Público, deberá ser claro, preciso y ceñido
estrictamente a la verdad.
34 En ese sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de diciembre de 2020, exp. 48745.
35 El Magistrado Ponente de esta decisión aclaró el voto respecto de este punto. En la aclaración, el ponente cuestionó
que, por medio de una regla unificada en abstracto, se decidiera reconocer la indemnización por las prestaciones sociales
dejadas de percibir por un trabajador que hubiera sido privado injustamente de la libertad, solamente si así lo solicitaba
expresamente en su demanda. Con esa regla, la Sala condicionó la garantía de un derecho constitucionalmente
protegido de los trabajadores, al cumplimiento de una formalidad procesal.
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47. En relación con el período a liquidar, el demandante expuso que el lucro
cesante debía ser “proyectado con base en el ingreso mensual dejado de
percibir como técnico en computadores y sistemas que desempeñaba el
demandante y que dejó de ejercer, desde la época de los hechos […]”; sobre
este punto, la jurisprudencia ha indicado que se puede reconocer un período de
reubicación laboral36, si bien el testigo Alfredo González manifestó que el
demandante “no volvió a ejercer su oficio en Unilago” también manifestó “creo
que se dedicó a los celulares”. Asimismo, la declarante Teresa del Carmen
Contreras -madre del demandante- indicó que “se fue a vivir con nosotros a
trabajar con tarjetas de celulares, y actualmente se dedica a trabajar con
telefonía” razón por la que, para la Sala no está acreditado que a la víctima se
le hubiese frustrado, de manera cierta, la posibilidad de percibir un ingreso
después de recuperar su libertad, por el contrario, los testigos afirman que sí
desarrolló una actividad económica después de la detención.
48. Por tanto, al aplicar la fórmula para liquidar rentas consolidadas empleada
por la jurisprudencia de esta Corporación37, se obtiene por 6 días de privación de
la libertad el valor de $199.611,7738, suma que se reconocerá a favor del
demandante.
2.6. Costas
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019, Exp. 44572.
En la providencia se sostuvo: “Los perjuicios materiales solo pueden decretarse previo estudio motivado y razonado que
tenga en cuenta las pretensiones y las pruebas aportadas por la parte; así, solo se puede conceder al demandante el
perjuicio reclamado, a partir de la apreciación razonada y específica que el juzgador realice de los medios probatorios
obrantes en el expediente, en la que se consideren las circunstancias concretas que permitan deducir que, en efecto, la
detención le generó la pérdida de un derecho cierto a obtener el ingreso que, de no haberse producido el daño, habría
seguido percibiendo o podría haber percibido como producto de la labor que desempeñaba antes de ser privado de la
libertad o que iba a empezar a percibir en razón de una relación existente pero que apenas iba a empezar a cumplirse”.
37 Donde:
S = corresponde a la suma que se va a obtener
Ra= Renta actualizada
i= Interés técnico del 0.004867
n= Número de meses a indemnizar
1= Constante
38 S = Ra (1+ i) n – 1
i
S = $1.000.000 x (1+0,004867)0,2 -1
0,004867
S = $199.611,77
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Actor: Gersys Peña Contreras
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49. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación
procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de
conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A., modificado por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 27 de abril de 2011 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación pasiva en la causa de la Nación-
Rama Judicial.
TERCERO: DECLARAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación responsable por
la privación injusta de la libertad de Gersys Peña Contreras, que ocurrió desde el
1 hasta el 6 de octubre de 2006.
CUARTO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar, por
concepto de perjuicios morales causados, el equivalente en pesos de las
siguientes sumas expresadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes a la
fecha de ejecutoria de la presente providencia:
Demandante Indemnización
Gersys Peña Contreras 5 SMLMV
QUINTO: ORDENAR a la Nación- Fiscalía General de la Nación que, dentro del mes
siguiente a la ejecutoria de esta providencia, emita un comunicado en el cual
reconozca el daño antijurídico que causó y ofrezca disculpas por la afectación
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Radicación: 25000-23-26-000-2009-00037-01 (41.658)
Actor: Gersys Peña Contreras
Demandad: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: revoca Sentencia
al buen nombre de Gersys Peña Contreras, en los términos expuestos en esta
decisión.
SEXTO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar la suma
de $199.611,77 a favor de Gersys Peña Contreras, por concepto de perjuicios
materiales, en la modalidad de lucro cesante.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: NO CONDENAR en costas
NOVENO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código
Contencioso Administrativo.
DÉCIMO: EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a lo
dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el
Tribunal de instancia cumplirá lo previsto por el artículo 362 del C.P.C.
UNDÉCIMO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente a la Corporación
de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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