Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00099-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Responsabilidad del estado por privación injusta de la libertad: posición jurisprudencial. Líneas jurisprudenciales
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00099-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2009-00099-01
Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera
26 de abril de 2017
REPARACION DIRECTA - Condena
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Posición jurisprudencial. Líneas jurisprudenciales / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - Supuestos previstos en el artículo 414 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Criterios de interpretación y aplicación / PRIMERA LINEA JURISPRUDENCIAL - Restrictiva y absoluta / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Por error judicial / ERROR JUDICIAL - Error del juez / INVESTIGACION DEL DELITO - Indicios serios / ABSOLUCION FINAL - Indebida detención
[A] pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política. (…) las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión (…) En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta Corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados. Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 / DECRETO 2700 DE 1991 – ARTICULO 414
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - Supuestos previstos en el artículo 414 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Criterios de interpretación y aplicación / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Preceptos / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Absolución. Acreditación. Supuestos / CRITERIOS DE INTERPRETACION Y APLICACION - Segunda línea jurisprudencial / SEGUNDA LINEA JURISPRUDENCIAL - Responsabilidad objetiva / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Presunción / ERROR JURISDICCIONAL - No se debe demostrar / ILEGALIDAD EN LA ADOPCION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD - No se debe demostrar para que proceda la responsabilidad
Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P. -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible-, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa. Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención. En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos: el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible –, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad. NOTA DE RELATORIA: Sobre la irrelevancia de estudiar la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa, consultar sentencia de 15 de septiembre de 1994, exp. 9391. En relación con la acreditación del error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención, ver sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056.
FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. DECRETO 2700 DE 1991 - ARTICULO 414
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Criterios de interpretación y aplicación / CRITERIOS DE INTERPRETACION Y APLICACION - Tercera línea jurisprudencial / TERCERA LINEA JURISPRUDENCIAL - Moderó la primera línea jurisprudencial / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Ampliación de los tres supuestos / PRINCIPIO DEL IN DUBIO PRO REO - Aplicación
Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo. NOTA DE RELATORIA: Sobre el tema consultar sentencia de 18 de septiembre de 1997, exp. 11754
FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. DECRETO 2700 DE 1991 - ARTICULO 414
PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Código de Procedimiento Penal artículo 414 / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Aplicación del régimen objetivo / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Exoneración por causales distintas a las previstas en el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Configuración del daño / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Causales exonerativas de responsabilidad
En la actualidad, y para aquellos asuntos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la privación de la libertad de una persona durante su vigencia, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia. Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en la sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. (…) Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o –en la opinión mayoritaria de la Sala- a la aplicación de la figura del in dubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla. Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o en el evento de que ésta no haya interpuesto los recursos de ley, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad. NOTA DE RELATORIA: Sobre la causal de justificación de estado de necesidad, consultar sentencia de 20 de febrero de 2008, exp. 15980
FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - DECRETO 2700 DE 1991 - ARTICULO 414
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Vinculación a proceso penal por los delitos de concusión, privación ilegal de la libertad y hurto agravado / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Preclusión de la investigación
Hernando Valarezo Zambrano permaneció privado de la libertad durante 3,96 meses (del 18 de abril al 16 de agosto de 2006), al haber sido sindicado de la comisión de los delitos de concusión, privación ilegal de la libertad y de hurto agravado. La providencia del 5 de septiembre de 2006, mediante la cual el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá le precluyó la investigación por no “tener elementos suficientes de conocimiento o elementos probatorios”, tuvo como base la solicitud de preclusión de la investigación realizada por la Fiscalía, dada la atipicidad de la conducta del señor Valarezo Zambrano. Así, la situación descrita constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, esto es, que la conducta del sindicado no era típica.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Se configura / responsabilidad del estado - Imputable a la Fiscalía General de la Nación / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Medida de aseguramiento
[L]a imposición de la medida de aseguramiento y la consiguiente restricción de la libertad de la cual fue objeto el demandante constituye, a todas luces, un daño antijurídico, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el señor Hernando Valarezo Zambrano se mantuvo intacta la presunción de inocencia que lo amparaba y que el Estado no desvirtuó. (…) en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fueron decisiones de la administración de justicia las que llevaron a que el señor Hernando Valarezo Zambrano estuviese privado de su libertad durante 3,96 meses, término al cabo del cual se le revocó la medida de aseguramiento, porque no se demostró que su conducta fuera típica. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima . Ninguna de estas eximentes fue acreditada en el plenario.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00099-01(44438)
Actor: HERNANDO VALAREZO ZAMBRANO Y OTROS
Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 8 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. El 31 de julio de 2008, los señores Hernando Valarezo Zambrano, Disned Ibed Aponte Parra (actuando en nombre propio y en representación de sus hijos Lorena Lizeth y Sharick Nicole Valerezo Aponte), Florinda Zambrano Solis, Rosa Meire, Daisy, Euclides, María Palmira, David, Gustavo y Nixon Efrén Valarezo Zambrano, a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitaron que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Nación, la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados con la privación injusta de la libertad del primero de ellos, por espacio de 4 meses, al haber sido vinculado a un proceso penal por los delitos de concusión, privación ilegal de la libertad y hurto agravado (folios 4 y 5 del cuaderno 1).
Solicitó que, en consecuencia, se condenara a pagarles, por perjuicios morales, 100 smlmv para cada uno de los demandantes. Para el directamente afectado con la medida, por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, solicitaron $4’000.000 y, por lucro cesante, lo que dejó de percibir mientras permaneció privado de la libertad.
Como fundamento de sus pretensiones narra la demanda que, el 15 de abril de 2006, el señor José Humberto Giraldo Valdés instauró denuncia en contra de los patrulleros Pedro Leonardo Bautista y Hernando Valarezo Zambrano, a quienes acusó de haberle cobrado $500.000 a cambio de “no embalarlo” porque transportaba en su vehículo unos discos compactos piratas.
Luego de 4 meses de privación de la libertad, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá le precluyó la investigación por atipicidad de la conducta, lo que evidencia que ni siquiera se configuró ilícito alguno (folios 8 del cuaderno 1).
2. La demanda fue admitida mediante auto del 13 de agosto de 2009, providencia notificada en debida forma a la parte demandada y al Ministerio Público (Folios 32, 36 y 37 del cuaderno 1).
3. La apoderada de la Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la imposición de la medida de aseguramiento en contra de Hernando Valarezo Zambrano se ajustó a todas las exigencias sustanciales y formales de la ley vigente al momento de los hechos, pues, para entonces, existían indicios graves de responsabilidad en su contra.
Dijo que no incurrió en ninguna infracción a la Constitución ni a la ley, puesto que son ellas, precisamente, las que le imponen la obligación de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando medidas de aseguramiento.
Sostuvo que no existió falla del servicio – error judicial de la que se evidencie alguna conducta anormalmente deficiente, abiertamente ilegal u ostensible y manifiestamente errada por parte de los funcionarios instructores y que se le garantizaron el debido proceso y el derecho de defensa.
Manifestó que la presunción de inocencia no puede esgrimirse como excepción o motivo para deslegitimar la aplicación del ius puniendi por vía de la restricción de la libertad, debido a que es una facultad que le asiste a la Fiscalía, en su gestión de operador judicial.
Propuso las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, con fundamento en que la vinculación al proceso penal ocurrió como consecuencia de la actuación del señor Valarezo Zambrano y en que aquél no interpuso los recursos en contra de las decisiones dictadas en el proceso penal (folios 38 a 44 del cuaderno 1).
Por su parte, la apoderada de la Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no existió error judicial del que se evidencie conducta anormalmente deficiente, abiertamente ilegal u ostensible y manifiestamente errada por parte de los funcionarios instructores.
Dijo que la entidad no incurrió en ninguna infracción a la Constitución ni a la ley, puesto que son ellas, precisamente, las que le imponen la obligación de asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando medidas de aseguramiento.
Dijo que la medida de aseguramiento impuesta a Hernando Valarezo Zambrano se ajustó a todas las exigencias sustanciales y formales de la ley vigente al momento de los hechos, pues, para entonces, existían indicios graves de responsabilidad en su contra.
Sostuvo que la vinculación al proceso penal era una carga que el demandante estaba en la obligación de soportar por el ejercicio del poder punitivo del Estado.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que las decisiones con las que presuntamente se causó el daño alegado fueron proferidas en su totalidad por la Fiscalía y no por la Rama Judicial, con fundamento en lo cual solicitó que, en caso de resultar condenado el Estado por estos hechos, la condena recayera en la Fiscalía General de la Nación, entidad dotada de autonomía administrativa y presupuestal (folios 58 a 66 del cuaderno 1).
4. Mediante auto del 28 de enero de 2010 se abrió el proceso a pruebas y el 29 de septiembre de 2011 se corrió traslado para alegar de conclusión y rendir concepto (folios 68 y 81 del cuaderno 1).
5. En el término del traslado para presentar alegatos de conclusión, el apoderado de la Fiscalía General de la Nación reiteró lo expuesto en la contestación de la demanda, a lo que agregó que, tanto para imponer medida de aseguramiento como para formular acusación, no es necesario que existan pruebas que conduzcan a la certeza sobre la responsabilidad penal del sindicado, pues este grado de convicción sólo es necesario para proferir sentencia condenatoria.
Adicionalmente, propuso las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que con el nuevo estatuto de procedimiento penal, la imposición de la medida de aseguramiento le corresponde al Juez de Garantías, luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía con la solicitud de imposición de la medida, tal como ocurrió en este caso, ii) ausencia del nexo causal entre el daño antijurídico y la actividad realizada por la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en lo anterior y iii) la genérica, esto es, la que el juez encuentre probada (folios 82 a 93 del cuaderno 1).
El Ministerio Público guardó silencio (folio 99 del cuaderno 1).
II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.
La sentencia del 8 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que se configuró la eximente de responsabilidad de la culpa exclusiva de la víctima (Hernando Valarezo Zambrano), por cuanto fue su propia conducta “la que condujo a establecer que los hechos investigados en su contra produjeran el proceso penal en el que se vio involucrado”, pese a que “no se concretó para justificar una acusación en un juicio penal por ausencia de material y evidencia probatoria” y a que “de la decisión de preclusión de la investigación se evidencia que su actuación fue irregular, lo cual determinó la investigación penal adelantada en su contra por su proceder, máxime cuando la decisión de preclusión obedeció a que no se pudo desvirtuar la presunción de inocencia” (folios 102 a 109 del cuaderno principal).
III. EL RECURSO DE APELACIÓN
En el término dispuesto por la ley, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia, con fundamento en que el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá le precluyó la investigación porque no hubo pruebas que demostraran que tenía que ver con las conductas delictivas que se le imputaron, es más, fue la propia Fiscalía la que solicitó la preclusión de la investigación por atipicidad de la conducta, lo que quiere decir que ni siquiera se configuró ilícito alguno.
Sostuvo que, contrario a lo manifestado por el Tribunal, el aquí demandante, en su calidad de agente de la Policía, no actuó de manera irregular, puesto que dentro de sus funciones tendientes a mantener el orden público se encuentra la de realizar requisas a las personas que considere sospechosos, tal como ocurrió con el denunciante, José Humberto Giraldo Valdés, quien instauró una falsa denuncia en contra de aquél, por los delitos de privación ilegal de la libertad, concusión y hurto agravado.
Lo anterior quiere decir que la medida de aseguramiento de detención preventiva que se le impuso durante 4 meses fue una decisión violatoria del debido proceso, ya que se impuso sin los elementos probatorios necesarios para ello (folios 111 a 114 del cuaderno principal).
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 26 de abril de 2012, el Tribunal concedió el recurso de apelación y, mediante auto del 13 de julio del mismo año, se admitió en esta Corporación (folios 121 y 125 del cuaderno principal).
En el término del traslado común para presentar alegatos de conclusión, el apoderado de la Fiscalía General de la Nación reiteró lo expuesto en las demás etapas procesales, a lo que agregó que debía confirmarse la sentencia de primera instancia, pues se configuró la excepción de la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto la vinculación de ésta al proceso penal fue la consecuencia de haber actuado por fuera de las funciones propias de su cargo como servidor púbico (folios 129 a 132 del cuaderno principal).
Por su parte, la representante del Ministerio Público solicitó revocar la sentencia recurrida, por considerar que la privación de la libertad del demandante sí fue injusta, pues la preclusión de la investigación en contra de aquél devino de la atipicidad del hecho investigado (folios 133 a 142 del cuaderno principal).
Las demás partes guardaron silencio (folio 143 del cuaderno principal).
V. CONSIDERACIONES
Competencia
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.
Ejercicio oportuno de la acción
Como se trata de un caso de privación injusta de la libertad, el término de caducidad comienza a contarse desde la ejecutoria de la providencia que absolvió de responsabilidad penal al señor Hernando Valarezo Zambrano, o desde cuando éste hubiera recuperado su libertad –lo último que haya acontecido-, pues solo en ese momento habría podido tornarse injusta la medida restrictiva de la libertad que se le impuso.
Como la audiencia en la que el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá precluyó la investigación se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2006, fecha en la que igualmente quedó en firme y la demanda se interpuso el 31 de julio de 2008, es decir, cuando aún no habían transcurrido los dos años de haberse proferido aquélla, ello ocurrió en tiempo.
El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto
Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la imposición de una medida de detención preventiva a Hernando Valarezo Zambrano, que lo privó del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, entre el 18 de abril y el 16 de agosto de 2006, de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996, que establece:
“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.
“(…)
“ARTÍCULO 68. PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.
Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.
Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:
“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 ⎯y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia⎯, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.
“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado -a la que se hizo referencia en apartado precedente- [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996..” (se resalta).
Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión.
Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente.
En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta Corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados. Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención.
Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P. -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible-, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa. Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención.
En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos: el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible –, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.
Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo.
En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.
Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:
“(…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”.
Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o –en la opinión mayoritaria de la Sala- a la aplicación de la figura del indubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.
Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o en el evento de que ésta no haya interpuesto los recursos de ley, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad.
La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de la entidad demandada por los hechos que se le imputan.
Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (artículo 28 C.P.) y, como certeramente lo anota la doctrina:
“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.
“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad…”.
Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce –sin discriminación alguna- la primacía de los derechos inalienables de la persona (artículo 5 C.P.) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (artículo 2 C.P.), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (artículo 29 eiusdem).
Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:
"Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.
“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.
Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:
• En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...".
• En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas".
De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:
“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”.
La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable" y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado.
Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o –en la opinión de la mayoría de la Sala- porque se le favoreció con la aplicación del indubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.
Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.
En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P. P. -sin que, en cualquier caso, opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima-, las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o –en la opinión mayoritaria de la Sala- por virtud del indubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.
De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a la parte actora, con ocasión de la privación de la libertad de la cual fue objeto el señor Hernando Valarezo Zambrano.
El caso concreto
El 15 de abril de 2006, el Juzgado 52 Penal Municipal en función de Control de Garantías ordenó la captura de Hernando Valarezo Zambrano, con fundamento en la acusación de la Fiscalía que consistió en que “DENUNCIA EL SEÑOR JOSÉ HUMBERTO GIRALDO VALDEZ (sic) QUE PARA EL DÍA 11 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A ESO DE LAS 15:20 HORAS, SE ENCONTRABA PARQUEADO CON SU VEHÍCULO DE PLACAS SEA-911, ESPERANDO A UNA SEÑORA, EN EL MOMENTO HIZO PRESENCIA UNA MOTOCICLETA PERTENECIENTE A LA POLICIA NACIONAL DE PLACAS ASE-66, CON DOS UNIFORMADOS LOS CUALES LO ABORDARON Y LE SOLICITARON QUE SE APEARA DE SU AUTOMOTOR PARA REALIZAR UNA REQUISA, YA QUE SE TRATABA DE UN VEHÍCULO DE LADRONES, FUE ASÍ COMO LOS POLICIALES REALIZARON LA REQUISA Y SOLO HALLARON UNOS DISCOS COMPACTOS LOS CUALES AL PARECER ERAN PIRATAS. POR TAL MOTIVO LE MANIFESTARON QUE TENIA QUE DARLES UN DINERO EFECTIVO (sic) PARA NO EMBALARLO. EL SEÑOR GIRALDO VALDEZ (sic) HIZO ENTREGA DE LA SUMA DE QUINIENTOS MIL PESOS EN EFECTIVO A LOS UNIFORMADOS MENCIONADOS COMO INDICIADOS”.
El 18 de abril de 2006, ante el Juzgado 30 Penal Municipal con función de Control de Garantías se realizó audiencia preliminar de legalización de captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento contra Hernando Valarezo Zambrano, por los delitos de concusión, privación ilegal de la libertad y de hurto agravado, en la cual se declaró la legalidad de la captura y se decidió la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.
El 12 de junio de 2006, la Fiscalía presentó solicitud de preclusión de la investigación a favor del acá demandante, dada la “ATIPICIDAD DEL HECHO INVESTIGADO”.
El 14 de agosto de 2006, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá inició la audiencia de preclusión y, ante la ausencia de la víctima (José Humberto Giraldo Valdés), negó esa solicitud; adicionalmente, revocó la medida de aseguramiento, en los siguientes términos:
“Con la información aportada por el señor fiscal se encuentra que es posible que no este (sic) configurada la situación del artículo 308 de que se pueda inferir razonablemente que el imputado pueda ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, como es un punto que aparentemente esta (sic) en duda no encuentro entonces esa base configurada y por lo tanto menos aún los desarrollos de los números 1, 2 y 3 (sic) del artículo mencionado (sic) por lo tanto decreto la revocación de la medida de aseguramiento impuesta lo cual no implica que no continúe la investigación penal en su fondo, queda así determinado”.
El 16 de agosto de 2006, se libró boleta de libertad 445 con destino al Director de la cárcel Nacional Modelo, donde el señor Valarezo Zambrano se encontraba recluido.
El 5 de septiembre de 2006, el mismo Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá continuó la audiencia de preclusión, en la que accedió a la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía por atipicidad de la conducta, la cual fue coadyuvada por el apoderado del aquí demandante. El fundamento de la decisión fue que “la fiscalía (sic) no puede asumir una acusación sin tener elementos suficientes de conocimiento o elementos probatorios para sostenerla en un juicio”.
Se acreditó, pues, que Hernando Valarezo Zambrano permaneció privado de la libertad durante 3,96 meses (del 18 de abril al 16 de agosto de 2006), al haber sido sindicado de la comisión de los delitos de concusión, privación ilegal de la libertad y de hurto agravado.
La providencia del 5 de septiembre de 2006, mediante la cual el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá le precluyó la investigación por no “tener elementos suficientes de conocimiento o elementos probatorios”, tuvo como base la solicitud de preclusión de la investigación realizada por la Fiscalía, dada la atipicidad de la conducta del señor Valarezo Zambrano.
Así, la situación descrita constituye uno de los eventos determinantes de la privación injusta de la libertad, conforme a la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, esto es, que la conducta del sindicado no era típica.
En este punto, resulta del caso indicar que no le asistió la razón al Tribunal al afirmar en la sentencia recurrida que la vinculación de Hernando Valarezo Zambrano al proceso penal ocurrió por su propia culpa, porque “su actuación fue irregular”, por cuanto es algo que no está probado y más aún si se tiene en cuenta que –se reitera- ni siquiera se demostró la ocurrencia de los delitos endilgados.
Entonces, la imposición de la medida de aseguramiento y la consiguiente restricción de la libertad de la cual fue objeto el demandante constituye, a todas luces, un daño antijurídico, puesto que antes, durante y después del proceso penal al cual fue vinculado el señor Hernando Valarezo Zambrano se mantuvo intacta la presunción de inocencia que lo amparaba y que el Estado no desvirtuó.
Resulta necesario, entonces, indemnizar a quien tuvo que soportar injustificadamente la privación de su derecho a la libertad y la afectación física, real y efectiva de sus derechos del 18 de abril al 16 de agosto de 2006, esto es, durante 3,96 meses.
Al respecto, la Sala insiste en que, en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fueron decisiones de la administración de justicia las que llevaron a que el señor Hernando Valarezo Zambrano estuviese privado de su libertad durante 3,96 meses, término al cabo del cual se le revocó la medida de aseguramiento, porque no se demostró que su conducta fuera típica. En cambio, es a la parte accionada a quien le corresponde demostrar, mediante pruebas legal y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración, a saber: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima. Ninguna de estas eximentes fue acreditada en el plenario.
En consecuencia, se revocará la sentencia apelada para, en su lugar, declarar la responsabilidad de la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto Hernando Valarezo Zambrano.
Liquidación de perjuicios
Perjuicios morales
Por la privación injusta de la libertad de Hernando Valarezo Zambrano, además de él, concurrieron al proceso Disned Ibed Aponte Parra (en calidad de esposa), Lorena Lizeth Valarezo Aponte y Sharick Nicole Valarezo Aponte (en calidad de hijas), Florinda Zambrano Solis (en calidad de madre) y Rosa Meire Balarezo (sic) Zambrano, Daysi Valarezo Zambrano, Euclides Balarezo (sic) Zambrano, María Palmira Balarezo (sic) Zambrano, David Valarezo Zambrano, Gustavo Valarezo Zambrano y Nixon Efrén Valarezo Zambrano (en calidad de hermanos), calidades que se acreditaron con los registros civiles indicados en los pie de página acabados de indicar.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de imposición de medidas privativas de la libertad, se presume el dolor moral, la angustia y la aflicción de la víctima directa del daño y de sus familiares, por la privación injusta de su libertad.
En ese orden de ideas y acatando lo dispuesto en la sentencia de unificación jurisprudencial en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad, proferida el 28 de agosto de 2014 por la Sección Tercera de esta Corporación, en este caso se condena al pago de los siguiente valores a las personas que pasan a mencionarse:
Hernando Valarezo Zambrano 50 smlmv
Disned Ibed Aponte Parra (esposa) 50 smlmv
Lorena Lizeth Valarezo Aponte (hija) 50 smlmv
Sharick Nicole Valarezo Aponte (hija) 50 smlmv
Florinda Zambrano Solis (madre) 50 smlmv
Rosa Meire Balarezo Zambrano (hermana) 25 smlmv
Daysi Valarezo Zambrano (hermana) 25 smlmv
Euclides Balarezo Zambrano (hermano) 25 smlmv
María Palmira Balarezo Zambrano (hermana) 25 smlmv
David Valarezo Zambrano (hermano) 25 smlmv
Gustavo Valarezo Zambrano (hermano) 25 smlmv
Nixon Efrén Valarezo Zambrano (hermanos) 25 smlmv
Perjuicios materiales
Daño emergente
Por este concepto, solicitaron $4’000.000 para el directamente afectado con la medida y, para acreditarlo, aportaron una certificación del 16 de julio de 2008 suscrita por el abogado que lo representó en el proceso penal, en la que hace constar que recibió del señor Valarezo Zambrano la suma de $4’000.000, por concepto de honorarios profesionales.
Acreditado como está este perjuicio, procede la Sala a actualizar ese valor a la fecha de esta sentencia, con la fórmula:
Vp = Vh Índice Final
Índice Inicial
Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.
Vh: valor a actualizar ($4’000.000).
Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (marzo de 2017).
Índice inicial: índice de precios al consumidor de la fecha de la certificación, al no haberse indicado la fecha del pago (julio de 2008).
Aplicando la fórmula:
Vp = $4’000.000 136,75
98,94
Vp = $5’528.603,19
Lucro cesante
Por este concepto se solicitó, para el demandado, lo que dejó de percibir mientras permaneció privado de la libertad.
Obra en el plenario la resolución 4554 del 4 de septiembre de 2006, mediante la cual el Director General de la Policía restableció en el ejercicio de sus funciones y atribuciones a Hernando Valarezo Zambrano como agente de la Policía Nacional y dispuso, adicionalmente, que “la Tesorería General de la Policía Nacional, (sic) se abstenga de devolver los haberes retenidos … durante el periodo (sic) comprendido del 18 de abril de 2006, fecha en la cual se les (sic) dictó medida de aseguramiento, al 15 de agosto de 2006, cuando les (sic) fue concedida la libertad”, por no encontrarse resuelta su situación penal en forma definitiva.
Al respecto, debe precisarse que, en cuanto a la medida de suspensión derivada del acatamiento de una orden judicial, la Sección Segunda de esta Corporación ha manifestado que ella no comporta la extinción del vínculo laboral, toda vez que tal medida consiste en una condición resolutoria que, posteriormente, será determinada con las consecuencias del proceso penal, razón por la cual, en los eventos donde el trabajador resulte favorecido, la suspensión del cargo desaparece de manera retroactiva, debiendo el empleador cancelar los salarios y prestaciones sociales por todo el tiempo que duró la suspensión.
Con fundamento en el anterior criterio esta Subsección ha considerado:
“En este sentido, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia de 25 de enero de 2007, al recoger la posición sentada en la sentencia proferida dentro del proceso radicado con el No. 730012331000199613147-01 (IJ-004) señaló:
‘El levantamiento de la suspensión - Efectos.
‘En el momento en que la medida judicial se levante, decisión que la autoridad judicial debe comunicar a la respectiva autoridad administrativa, cesan los efectos de la suspensión.
‘Ahora en eventos como el de autos, en el que el funcionario suspendido no fue condenado, debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante dicha etapa, retrotrayéndose la situación al momento en que fue suspendido del cargo, es decir (sic) como si nunca hubiera sido separado del servicio, y por ende tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir (sic) como si el trabajador efectivamente hubiera prestado el servicio por efectos de la función legal. En otras palabras vuelven las cosas al estado anterior.
‘(…).
‘La administración debió reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales correspondientes al término en cuestión, no siendo de recibo el argumento esgrimido por ella en el sentido de que no hubo prestación del servicio, pues ese era el efecto lógico y jurídico del acto de suspensión que expidió y con el cual autorizó, en forma implícita, la no prestación del servicio.
‘Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.
‘Si bien es cierto que la suspensión del actor no fue iniciativa del ente territorial con el que estaba vinculado laboralmente, tal circunstancia no lo releva de su condición de empleador y por ende no lo exonera del reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia del acto de suspensión’:
“Este criterio fue reiterado, en sentencia de 22 de marzo de 2012, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, en los siguientes términos:
‘De otra parte, advierte la Sala que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la decisión judicial de suspender del cargo y en consecuencia el pago de salarios y prestaciones, no implica que la relación laboral haya finalizado, dicho acto contiene por una parte una condición resolutoria respecto de la vinculación laboral (numeral 4 del artículo 66 del C.C.A), que depende del resultado del proceso y de otra parte una condición suspensiva en relación con el derecho a percibir la remuneración.
‘En ese orden, cuando la condición resolutoria desaparece su efecto es retroactivo, esto es, desde la fecha en la que se dispuso la suspensión, en consecuencia queda sin sustento el acto que impuso la suspensión del derecho a percibir los emolumentos económicos aunque no se haya prestado el servicio. En el momento en que la medida judicial se levante, cesan sus efectos.
‘En casos en los que el funcionario suspendido no fue condenado, el efecto lógico es que debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante el retiro temporal del cargo, su situación debe restablecerse a la que tenía al momento en que fue suspendido, es decir como si no hubiera sido separado del servicio, y en consecuencia tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir que vuelven las cosas al estado anterior.
‘Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.
‘(…).
‘En cuanto al restablecimiento del derecho de carácter laboral, la Entidad a la cual estaba vinculado el actor debe asumir tal carga, sin embargo el nominador tiene la posibilidad de repetir contra la Fiscalía General de la Nación, entidad que impartió la orden de suspensión del cargo’ (Se destaca).
“Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala que la aspiración indemnizatoria formulada por concepto de los intereses moratorios derivados de los emolumentos dejados de percibir por los señores … en calidad de servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, en su carácter de derechos procedentes de una relación laboral administrativa que no tuvo solución de continuidad -pues como quedó acreditado en el expediente fueron efectivamente reintegrados mediante Resolución nro. 0207 del 17 de febrero de 2004-, no pueden ser reclamados con fundamento en la responsabilidad extracontractual deprecada en la demanda, comoquiera que la entidad nominadora es la obligada a su pago, habida cuenta, se repite, de su naturaleza eminentemente laboral” (se destaca).
En tal sentido, es claro que los perjuicios derivados de la suspensión en el cargo que pudo haber sufrido el señor Hernando Valarezo Zambrano debieron ser reclamados a la institución a la cual prestaba sus servicios, tal como lo ha considerado esta Sala en sentencias como la que acaba de transcribirse.
En consecuencia, se impone la negativa de este perjuicio.
Costas
En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenarlas en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
REVÓCASE la sentencia del 8 de marzo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar:
Primero.- DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad del señor Hernando Valarezo Zambrano.
Segundo.- En consecuencia, CONDÉNASE a la Rama Judicial a pagar, por concepto de perjuicios morales a:
Hernando Valarezo Zambrano 50 smlmv
Disned Ibed Aponte Parra (esposa) 50 smlmv
Lorena Lizeth Valarezo Aponte (hija) 50 smlmv
Sharick Nicole Valarezo Aponte (hija) 50 smlmv
Florinda Zambrano Solis (madre) 50 smlmv
Rosa Meire Balarezo Zambrano (hermana) 25 smlmv
Daysi Valarezo Zambrano (hermana) 25 smlmv
Euclides Balarezo Zambrano (hermano) 25 smlmv
María Palmira Balarezo Zambrano (hermana) 25 smlmv
David Valarezo Zambrano (hermano) 25 smlmv
Gustavo Valarezo Zambrano (hermano) 25 smlmv
Nixon Efrén Valarezo Zambrano (hermano) 25 smlmv
Tercero.- CONDÉNASE a la Rama Judicial a pagar, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de $5’528.603,19 a favor de Hernando Valarezo Zambrano.
Cuarto.- NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
Quinto.- Dése cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.
Sexto.- Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
HERNÁN ANDRADE RINCÓN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Expediente 2008 00009. Folios 48 y 49 del cuaderno 2. La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.
“Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente: 15.463, actor: Adiela Molina Torres y otros. En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, Exp.: 19.151, precisó: “…no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma …”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente No. 15.463. Sección Tercera, Sentencia de 1 de octubre de 1.992, exp. 7058. Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1.994, exp. 8666. Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994, exp. 9391. Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1.995, exp. 10056
RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Germán: “Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad”, Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107. Sección Tercera, Sentencia de 18 de septiembre de 1997, exp. 11.754. No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo. Sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente: 15.980. GARCÍA MORILLO, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en LÓPEZ GUERRA, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 258. El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan –aun previstas en la Ley- privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo Tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D.
4), indicó: “...por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996). Sentencia C - 397 de 1997, de 10 de julio de 1997. Al efecto puede consultarse la sentencia C-774 de 25 de julio de 2.001 de la Corte Constitucional. Folios 17 y 19 del cuaderno 2. Folios 123 y 124 del cuaderno 2. Folio 21 del cuaderno 2. Folio 25 del cuaderno 2. Folio 27 del cuaderno 2. Folio 31 del cuaderno 2. Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de julio de 2009 (exp. 17.517), reiterada en sentencia de abril 15 de 2011 (exp. 18.284) y en sentencia de 26 de mayo de 2011 (exp. 20.299). Folio 14 del cuaderno 2. Folio 12 del cuaderno 2. Folio 13 del cuaderno 2. Folio 4 del cuaderno 2. Conforme obra en el registro civil de nacimiento obrante a folio 5 del cuaderno 2. Folio 6 del cuaderno 2. Conforme obra en el registro civil de nacimiento obrante a folio 7 del cuaderno 2. Conforme obra en el registro civil de nacimiento obrante a folio 8 del cuaderno 2. Folio 10 del cuaderno 2. Folio 9 del cuaderno 2. Folio 11 del cuaderno 2. Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076. Expediente 36.149. Folio 45 y 46 del cuaderno 2. Original del texto: radicación 05001-23-31-000-1998-00883-01 (1618-03), C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Original del texto: radicación 25000-23-25-000-2003-05439-01(0090-09), C.P. Alfonso Vargas Rincón. Original del texto: Sentencias de 6 de marzo de 1997, expediente 12.310, Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, y de 25 de enero de 2007, expediente 1618-03, Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia del 12 de mayo de 2016, expediente 40.182.
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