Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00323-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00323-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2009-00323-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
31 de enero de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / PRECEDENTE CONSTITUCIONAL / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / APELANTE ÚNICO
En cuanto al primer motivo de censura planteado en el recurso de apelación, atinente al uso de sentencias relacionadas con materias distintas a la discutida en el caso concreto y la no valoración de la supuesta transgresión de la no reformatio in pejus en la que incurrió el juez ejecutivo de segunda instancia, la Sala resalta que la cita jurisprudencial realizada por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, referente a una providencia de la Corte Constitucional –T/082 de 2002- que trataba dicho principio en materia penal, no implica per se que la conclusión a la que arribó tal cuerpo colegiado haya sido errónea ni que el invocar un precedente en una materia distinta al derecho procesal civil o contencioso administrativo sea, por sí misma, causa suficiente para modificar el punto cuestionado. […] Así las cosas, la Subsección no encuentra motivo para modificar la sentencia censurada con ocasión del empleo de una providencia constitucional atinente al derecho penal, por cuanto la conclusión esgrimida por el Tribunal a partir de la misma, no es distinta a la que se obtendría con base en la jurisprudencia de esta Corporación respecto a los lineamientos de la no reformatio in pejus, esto es, que dicha institución solo protege al apelante único y no torna inmutable la decisión para aquel que no apeló por su voluntad o por la imposibilidad de hacerlo ante la ausencia de agravio.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los límites de la competencia del juez de segunda instancia, ver la Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 9 de febrero de 2012, rad. 21060, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / CONCEPTO DE ERROR DE HECHO / CONCEPTO DE ERROR DE DERECHO
De otra parte, el artículo 67 de la misma ley [Ley 270 de 1996] dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos ordinarios de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme. La referida normatividad impone a la parte demandante la obligación de haber interpuesto los recursos en contra de la providencia que califica como un error judicial y, en la eventualidad de no haber usado estos mecanismos de defensa, la acción de reparación directa no resulta procedente, configurándose así una circunstancia que releva al juez administrativo de efectuar el análisis sustantivo de la decisión judicial cuestionada. En cuanto al segundo elemento, “la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial”. Así mismo, la providencia judicial debe ser contraria a derecho, “bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)”. […] En otros términos, para que el error judicial se configure, no basta con que la apreciación de hecho o de derecho contenida en una determinada decisión judicial sea entendida o respondida jurídicamente de forma distinta por el juez de lo contencioso administrativo.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 67
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el error judicial por indebida o incorrecta valoración probatoria, cita: sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, 26 de marzo de 2014, rad. 30300, M. P. Enrique Gil Botero.
PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / NORMATIVIDAD JURÍDICA
Vale recordar que los fundamentos de esta institución en derecho procesal civil, al cual se acude por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, comparte sus pilares sustanciales con su similar del procedimiento penal. Así mismo, es claro que ambas, además de las disposiciones legales, tienen como fundamento común el propio texto de la Constitución Política de 1991, por medio de su artículo 31.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 31 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 267 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 357
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00323-01(44620)A
Actor: ÁNGELA MARÍA CAICEDO TORO
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: ERROR JURISDICCIONAL - requisitos para su configuración / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / límites / NO REFORMATIO IN PEJUS / concepto
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 9 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
La señora Ángela María Caicedo Toro fue demandada ejecutivamente, con base en un pagaré, por el señor Martín Jesús Manrique Gallardo. Surtido el trámite procesal, el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá profirió sentencia desestimatoria de las pretensiones y declaró probada la excepción de “ilegitimidad sustantiva por pasiva”. Apelada tal decisión, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, ordenó seguir adelante con la ejecución.
La demandante aduce que esta última providencia constituye un error judicial, porque el tribunal excedió los límites de la apelación al estudiar de oficio argumentos no planteados en la alzada –transgresión de la no reformatio in pejus-; valoró de manera defectuosa el material probatorio, y violó la Constitución Nacional al proteger al tenedor del título valor, quien no estaba amparado por el principio de buena fe exenta de culpa.
II. ANTECEDENTES
1.- La demanda
Mediante escrito presentado el 5 de febrero de 2008 ante los juzgados administrativos de Bogotá (f. 3-16, c. 1), la señora Ángela María Caicedo Toro, por intermedio de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, en contra de la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por un supuesto error jurisdiccional en que incurrió la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia de 30 de agosto de 2006. Lo anterior, con el fin de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
Que la Nación-Rama Judicial, es administrativamente responsable de todos los perjuicios irrogados a la actora con ocasión de los errores judiciales y las fallas en la prestación del servicio público de justicia, en que incurrió desafortunadamente la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C., al desatar mediante sentencia de 30 de agosto de 2006, el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte actora contra la sentencia proferida el 1 de abril de 2005 por el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso ejecutivo singular adelantado contra ella por Martín Jesús Manrique Gallardo, radicado bajo el No. 2004-0295, errores y fallas que se concretan entre otras causas en la (i) violación flagrante y manifiesta del debido proceso y a la defensa de la demandada al desatar la apelación supliendo al apelante, considerando de oficio aspectos no manifestados en el recurso por el recurrente, supuestos que el no apelante, la demandada, no pudo controvertir, porque no fueron materia de la fundamentación del recurso, lo que significa que respecto de ellos el impugnante no tenía ningún reparo de lo que en sano derecho concluyó el a quo; (ii) violentándose de paso igualmente el principio de congruencia en el trámite del recurso de apelación.
Que como consecuencia de dicha responsabilidad se condena a la demandada a pagar a la actora, dentro del término previsto del artículo
176 del C.C.A. todos los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales irrogados como consecuencia de los errores judiciales y las fallas en la prestación del servicio judicial y los que en lo sucesivo se le causen, los cuales se traducen en el valor que tuvo que cancelar dentro del citado proceso, suma que deberá ser actualizada y sobre el total aplicarse los intereses comerciales moratorios a la tasa más alta permitida por la ley, liquidados desde la fecha de su pago a la fecha en que la Nación realice la cancelación de la condena que se le imponga en este proceso, teniendo en cuenta además lo dispuesto en el artículo 305.4 del C.P.C., en especial los hechos modificativos y extintivos del derecho sustancial que se presenten con posterioridad a la presentación de esta demanda.
Que se de aplicación a los artículos 176 y 177 del Decreto 01 de 1984, actual C.C.A. y, se condena a la demandada al pago de las costas, incluidas las agencias en derecho que demande la presente acción, en la forma y términos de que trata el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, modificatorio del artículo 171 del C.C.A.
Como fundamentos fácticos de las pretensiones se narró, en síntesis, que el señor Martín Jesús Manrique Gallardo, en calidad de supuesto tenedor legítimo de un pagaré, demandó ante los jueces civiles del circuito de Bogotá a la señora Ángela María Caicedo Toro, con el fin de recaudar ejecutivamente la deuda contenida en dicho título valor correspondiente a $50´866.857.
Con base en lo anterior, el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, libró mandamiento de pago. Notificado dicho auto, la ejecutada formuló las excepciones de: a) ilegitimidad sustantiva por pasiva; b) alteración de la realidad del título valor; c) las indicadas en los numerales 11 y 12 del artículo 784 del Código de Comercio y mala fe del demandante; d) Falta de exigibilidad de la obligación; e) falta absoluta de causa para la existencia de la obligación a cargo de Ángela María Caicedo Toro, pues esta no firmó el pagaré a título de persona natural sino como representante legal de la sociedad Cumbres Ltda.; y, f) las que de conformidad con el artículo 306 del C.P.C. resulten probadas.
El 1 de abril de 2005, dicha unidad judicial profirió sentencia de primera instancia desestimatoria de la pretensión ejecutiva. Para ello, declaró probada la excepción de ilegitimidad sustantiva de la demanda. La providencia fue apelada por la parte ejecutante y, en sede de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo citado.
En consideración de la parte demandante, la decisión del referido cuerpo colegiado incurrió en un error jurisdiccional por “violar el principio prohibitivo de la reformatio in pejus”, valorar en forma indebida el material probatorio y transgredir en forma directa la Constitución.
Respecto del primer cuestionamiento, afirmó que el Tribunal Superior examinó tópicos de la controversia que no fueron objeto de apelación, por lo que, de acuerdo a los dictados del artículo 357 del C.P.C., infringió la institución de la congruencia que debía existir entre la alzada y la sentencia de segunda instancia. Tal extralimitación de la competencia constituyó, en opinión de la demandante, una infracción al debido proceso de la parte ejecutada, al no poder controvertir los argumentos traídos a colación por el operador judicial de segundo grado.
En cuanto al segundo punto, afirmó que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá efectuó una valoración defectuosa del material probatorio, en razón a que no vislumbró que el endoso del pagaré perdió vigencia al mes de haberse materializado, lo cual produjo que el título careciera de eficacia al momento de la interposición del proceso ejecutivo.
En similar sentido, aseveró que dicho cuerpo colegiado no valoró un documento contentivo de un contrato de promesa que constituía el negocio causal del endoso. Arguye que, de haberlo tenido en cuenta, dicha Corporación habría tenido que decretar su nulidad y, en consecuencia, declarar que el señor Martín Jesús Manrique no era un tenedor legítimo del pagaré. Cuestionó también que no se apreciara que el supuesto inmueble prometido en venta no existía, tal como lo demostraba la prueba emanada de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte.
En complemento de lo expuesto, aseguró que el Tribunal Superior de Bogotá también omitió valorar un requerimiento privado que efectuó la beneficiaria del título valor a la señora Ángela María Caicedo, en calidad de gerente general y representante legal de Cumbres Ltda., lo cual demostraba que la deudora era tal sociedad y no la persona natural demandada ejecutivamente.
Finalmente, respecto a la apreciación de los elementos de convicción, señaló que se descontextualizó el testimonio de José Alberto Cuervo León, quien claramente afirmó que se encontraba con la señora Caicedo al momento de la suscripción en blanco del pagaré, el cual fue llenado de mala fe por el ejecutante, sin que existiera carta de instrucciones para ello.
Por último, en cuanto a la infracción directa de la Constitución, sostuvo que se protegió de manera inadecuada al tenedor ilegítimo y de mala fe del documento circulante.
2. Trámite de primera instancia
La demanda fue admitida mediante providencia de 19 de febrero de 2008, por el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá (f. 41-42, c. 1). Sin embargo, luego de adelantar el trámite del asunto y previo a dictar sentencia de primera instancia, por medio de auto de 26 de mayo de 2009, dicha unidad judicial declaró su falta de competencia funcional para tramitar la controversia y ordenó su remisión inmediata al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera (f. 81-82, c. 1).
Una vez arribó el plenario a tal Corporación, por intermedio de proveído de 29 de julio de 2009, esta avocó el conocimiento del asunto en primera instancia, declaró la nulidad de todo lo actuado ante el Juzgado 36 Administrativo del Circuito de Bogotá y ordenó mantener el valor probatorio de los medios de convicción practicados durante el trámite anulado (f. 86-87, c. 1).
El 27 de noviembre siguiente, la demanda fue admitida y se ordenó notificar a las partes y al Ministerio Público (f. 89, c. 1). El expediente fue fijado en lista el 24 de agosto de 2010 (f. 89, reverso), luego de que se surtiera el acto de notificación personal a la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (f. 95, c. 1).
De manera oportuna, la parte accionada contestó la demanda, se opuso a la totalidad de las pretensiones y formuló los medios exceptivos de: falta de legitimación en la causa por pasiva, bajo el argumento que no existía responsabilidad del Estado, y el de culpa exclusiva de la víctima, ante el no agotamiento del recurso extraordinario de casación en contra de la sentencia que supuestamente produjo el daño reclamado (f. 96-113, c. 1).
En complemento de lo anterior, luego de citar in extenso jurisprudencia atinente al error judicial, manifestó que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá no resultó arbitraria, caprichosa ni abruptamente contraria al ordenamiento jurídico pues, aunque agregó argumentos y valoró la situación de hecho de manera distinta del Juez 40 Civil del Circuito de la misma ciudad, ello no implicaba que se configurara un daño antijurídico.
Finalmente, adujo que no se transgredió la reformatio in pejus en sede del proceso ejecutivo, toda vez que tal amparo cobijaba exclusivamente al apelante único –parte ejecutante- y no a la señora Ángela María Caicedo. Es decir, la situación que no podía agravarse era la del ciudadano Martín Jesús Manrique Gallardo y no la de la ejecutada.
Mediante providencia del 10 de diciembre de 2010 (f. 118, c. 1), el Tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas y por medio de auto del 17 de junio de 2011, notificado por estado del día 21 siguiente (f. 128, c. 1), dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.
En esta oportunidad, tanto las partes como el Ministerio Público guardaron silencio (f. 129, c. 1).
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, dictó sentencia el 9 de mayo de 2012 (f. 130-140, c. ppl.), mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de la decisión, en primer lugar, aclaró que la única actuación exigible a un demandante que invocara un error judicial era que interpusiera los medios de impugnación ordinarios que fueran procedentes en contra de la providencia cuestionada y, que a pesar de ello, el yerro se mantuviera. En el caso concreto, el a quo verificó que la sentencia acusada fue pronunciada en sede de segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, por lo que no era susceptible de recursos ordinarios. Por ello, desechó, tácitamente, la excepción de culpa exclusiva de la víctima propuesta por la Rama Judicial, ante la no radicación del recurso extraordinario de casación, por parte de la señora Caicedo Toro.
En segundo término, sostuvo que la prohibición de no reforma en peor resultaba aplicable solo cuando el recurrente era apelante único. En el sub examine, era evidente que solo el señor Manrique Gallardo impugnó la providencia de primera instancia que desestimó la pretensión ejecutiva y que, además, lo resuelto por el tribunal de segunda instancia no excedía los límites del recurso de alzada, toda vez que se trataba de puntos conexos al mismo o de presupuestos procesales como que el título ejecutivo contuviera una obligación clara, expresa y exigible y que el ejecutante fuera un tenedor legítimo de buena fe.
En tercer lugar, concluyó que no se observó indebida valoración probatoria alguna por parte de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en razón a que el mismo detalló que en el cuerpo del pagaré no constaba que la deudora fuera una persona jurídica y no la ejecutada y, además, que estudió de manera juiciosa el contenido de la declaración del señor Cuervo León para concluir que este era un testigo de oídas. A manera de conclusión, el fallo sostuvo:
Para el Tribunal Superior, lo expresado por el señor Cuervo León demostró que a este no le constaba lo que se había suscrito, por lo que no había certeza de que el título fuera entregado con espacios en blanco.
La valoración del Tribunal fue fundamentada en la prueba obrante en el plenario, por lo que no puede decirse que su decisión fue caprichosa y/o arbitraria.
La diferencia de criterios entre el Tribunal Superior de Bogotá y el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogotá, no implica la existencia de un error judicial por parte del primero, pues tuvo su fundamento en los poderes del juez de segunda instancia, las pruebas obrantes en el plenario y en las normas que regían la materia, esto es, Código de Comercio y Código de Procedimiento Civil, referentes a los títulos valores y, específicamente, a las características de los mismos, tales como la literalidad.
Como fue señalado anteriormente, el error judicial no puede entenderse como una interpretación diferente del ordenamiento jurídico, a menos que sea irrazonable, sino como aquel que comporta el incumplimiento de las obligaciones y deberes como juzgador (…)
3. El recurso de apelación y su concesión
De manera oportuna, la parte demandante interpuso recurso de alzada, solicitó la revocatoria del fallo impugnado y, que en su lugar, se accediera al reconocimiento de las pretensiones de la demanda (f. 142-146, c. ppl.). Al respecto, reiteró las censuras expuestas en la demanda inicial y señaló que:
La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá valoró de forma parcial las pruebas, lo cual llevó a los magistrados a dictar una decisión totalmente diferente, consistente en revocar el fallo de primera instancia.
La providencia contenciosa administrativa apelada se limitó a efectuar una transcripción irreflexiva de la sentencia acusada de error judicial y a apoyar sus conclusiones probatorias, hecho que no se acompasaba con el objetivo de la acción de reparación directa objeto de examen.
Al respecto, reiteró que el Tribunal Superior no examinó el carácter fraudulento del endoso del pagaré, dado que el inmueble prometido en venta (negocio causal) era inexistente. Así las cosas, era evidente que el ejecutante no era un tenedor legítimo del título valor.
Concluyó el recurrente exponiendo que el a quo contencioso administrativo no tuvo en cuenta que la sentencia civil censurada no era susceptible del recurso de casación y que la jurisprudencia a la que hizo referencia respecto al principio de la no reformatio in pejus no era aplicable al caso concreto, en atención a que versaba sobre asuntos penales.
Por intermedio de auto de 22 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sesión Tercera, Subsección B, concedió, en el efecto suspensivo, la alzada elevada por el extremo actor (f. 148, c. ppl.).
4. El trámite en segunda Instancia
El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación el 3 de agosto de 2012 (f. 152, c. ppl.). Posteriormente, por intermedio de providencia del 12 de septiembre del mismo año, notificada el día 17 siguiente (f. 155, c. ppl.), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
La parte demandante, de manera oportuna, presentó escrito de cierre en el que reiteró los argumentos expuestos a lo largo del presente proceso para acreditar el supuesto error judicial, en especial, en lo atinente a la violación de la prohibición de reforma en peor (f. 156-157, c. ppl.).
Por su parte, la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó que la providencia objeto de censura fuera confirmada en su integridad, con base en los mismos motivos y excepciones propuestas en el escrito de contestación de la demanda (f. 158-160, c. ppl.).
En esta etapa procesal, el Ministerio Público guardó silencio, tal como lo evidencia la constancia secretarial obrante en el folio 161 del cuaderno principal.
Mediante auto de 15 de noviembre de 2018, el Despacho sustanciador puso en conocimiento del extremo demandante la posible existencia de una nulidad saneable por carencia absoluta de poder de la abogada Teresa del Pilar Cubillos García (f. 162, c. ppl.).
En respuesta a lo anterior, el apoderado de la parte demandante, José Guillermo T Roa Sarmiento, de manera oportuna, ratificó de forma expresa las actuaciones efectuadas por la señora Cubillos García y solicitó que se continuara con el trámite del proceso (f. 163, c. ppl.).
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Consideración previa
Antes de iniciar el análisis del fondo del actual asunto, se estima pertinente destacar que ante el pronunciamiento oportuno y expreso del mandatario judicial de la parte demandante, incorporado mediante memorial de 28 de noviembre del año anterior, la posible causal de nulidad procesal que afectaba los intereses del extremo actor, puesta de presente mediante proveído de 15 de noviembre de 2018, se encuentra saneada en los términos del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.
Así las cosas, se concluye que este cuerpo colegiado se encuentra habilitado para dictar la sentencia de mérito que ponga fin a la presente controversia.
2. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 9 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, puesto que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para resolver las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda, independientemente de la cuantía del proceso.
3. Legitimación en la causa
Con ocasión a que el supuesto daño que originó la presente acción se materializó producto de la decisión de 30 de agosto de 2006, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, por medio de la cual se revocó la sentencia proferida por el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, acudió en acción indemnizatoria, mediante apoderado judicial, la señora Ángela María Caicedo Toro, como directa afectada por el fallo ejecutivo referido (f. 27-38, c. 1).
De acuerdo con lo anterior, es claro para la Sala que dicha ciudadana, al ser condenada al pago del monto dinerario contenido en el mandamiento ejecutivo correspondiente, cuenta con legitimación para reclamar la supuesta afectación que le produjo la sentencia que ordenó seguir adelante con la ejecución.
En cuanto a la legitimación por pasiva, se tiene que la demanda se presentó en contra de la Nación–Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial-, la cual tiene interés en controvertir las pretensiones de la misma en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que sobre ella repercutirían las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas del error jurisdiccional al que se refiere el libelo introductorio.
4. La caducidad de la acción impetrada
Tal y como se dejó expuesto en los antecedentes de esta sentencia, la parte actora solicitó en la demanda una indemnización de perjuicios con ocasión de la supuesta expedición irregular de la providencia proferida el 30 de agosto de 2006, por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, a través de la cual se revocó el fallo dictado por el Juzgado 40 Civil del Circuito de la misma ciudad y, en consecuencia, se ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la señora Caicedo Toro.
La referida decisión de segunda instancia adquirió ejecutoria el 8 de septiembre de 2006 (f. 631, c. 3), por lo que el término de caducidad inició su conteo a partir del día 9 siguiente. Así, al haberse radicado el libelo introductorio el 5 de febrero de 2008 (f. 16 reverso, c. 1), resulta claro que este fue oportuno al no superar el término bienal previsto para ello en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.
5. Análisis de la Sala
5.1. Hechos probados
De conformidad con las pruebas allegadas al proceso, se tiene acreditado, básicamente, lo siguiente:
El 26 de mayo de 2004, el señor Martín Jesús Martínez Gallardo demandó ejecutivamente ante los juzgados civiles del circuito de Bogotá a la señora Ángela María Caicedo Toro, con el objetivo de recaudar forzosamente el valor de $50´866.857 y los respectivos intereses comerciales moratorios generados a partir del 1 de mayo de 2004. El título base de ejecución fue el pagaré n.º P-6722159, cuya beneficiaria era la señora Clara Inés Robledo Robledo, quien a su vez lo endosó en propiedad al ciudadano demandante (f. 1-3, c. 5).
De acuerdo con la anterior demanda, el 31 de mayo de 2004, el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá libró la correspondiente orden de pago en contra de la señora Caicedo Toro (f. 5, c. 5). Surtido el trámite de notificación (f. 14, c. 5), la ejecutada, a través de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, propuso varias excepciones de fondo (f. 23-29, c. 5) y allegó un requerimiento privado de cobro (f. 19, c. 5), así como un contrato de trabajo suscrito entre la Empresa Cumbres Limitada y la señora Clara Inés Robledo (f. 20, c. 5). Como fundamentos de la oposición, la demandada propuso las excepciones de:
a) ilegitimidad sustantiva por pasiva: pues afirmó que el título valor fue suscrito como representante legal de la sociedad Cumbres Ltda. y no como persona natural, tal como lo demostraba el requerimiento privado de pago que efectuó el extremo ejecutante. Con base en lo anterior, sostuvo que la cedente –Clara Inés Robledo- engañó al cesionario –Martín Jesús Manrique Gallardo-, pues esta conocía que la deudora era una persona jurídica y no la ejecutada.
b) Alteración de la realidad por parte del título valor. Falsedad: Debido a que la ciudadana Robledo era empleada de Cumbres Ltda., la señora Caicedo Toro firmó el pagaré en blanco y la primera, de manera abusiva, completó los espacios vacíos sin autorización de la segunda.
c) Las indicadas en los numerales 11 –entrega del título sin intención de hacerlo negociable- y 12 –derivadas del negocio causal- del artículo 784 del C.Co y, por consiguiente, mala fe del demandante: el título valor solo fue dado como garantía de una posible deuda derivada de un cruce de cuentas pendiente entre la empresa Cumbres Ltda. y la señora Robledo. Por ello, el tenedor no podía considerarse como de buena fe.
d) Falta de exigibilidad de la obligación: las cuentas que darían origen a la deuda no habían sido liquidadas, por lo que no se conocía si el saldo era a favor de la señora Robledo o de Cumbres Ltda.
e) Falta absoluta de causa para la existencia de la obligación a cargo de Ángela María Caicedo Toro: la real deudora era la sociedad Cumbres Ltda.
Surtido el traslado de los medios exceptivos a la parte ejecutante, esta manifestó que en aplicación del principio de literalidad de los títulos valores era claro que en el cuerpo del documento base de recaudo no decía que la señora Ángela Caicedo actuara en calidad de representante legal de alguna sociedad. Así mismo, argumentó que los requerimientos privados de pago y la supuesta relación laboral puesta de presente eran ajenas a su conocimiento por tratarse de hechos anteriores a la negociación del título, en los que no participó (f. 31-33, c. 5).
De igual forma, sostuvo que, por ser un tenedor de buena fe exento de culpa, no le eran oponibles las excepciones de carácter personal que la deudora tuviera en contra de la acreedora inicial del pagaré –principio de abstracción- y que, si quería imputársele que obraba de mala fe, ello debía ser probado y no solo afirmado.
El 1 de abril de 2005, el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, profirió sentencia mediante la cual declaró probada la excepción de “ilegitimidad sustantiva por pasiva” –falta de legitimación en la causa- y, en consecuencia, decretó la terminación del proceso (f. 65-69, c. 5).
Como fundamento de la decisión, la providencia aclaró que en el caso concreto era posible oponer excepciones de carácter personal al ejecutante, en razón a que el título valor se negoció el 16 de mayo de 2004, es decir, con posterioridad a su vencimiento -1 de mayo anterior-. Por tanto, de acuerdo a los dictados del artículo 660 del Código de Comercio, dicho endoso tenía efectos de “cesión ordinaria”, esto es, que podían oponerse defensas personales al endosatario.
De igual forma, el proveído le dio plena credibilidad al testimonio del señor José Alberto Cuervo León, quien afirmó estar presente cuando el documento fue suscrito en blanco, que la causa del mismo era una relación laboral existente entre la señora Clara Inés Robledo y la empresa Cumbres Ltda. y, que la suscriptora, si bien se trató de Ángela María Caicedo, lo fue en calidad de representante legal de la sociedad citada y no como persona natural.
Finalmente, el fallo reprochó que el ejecutante no demostrara que el pagaré fue llenado con apego a las instrucciones de su giradora y que pretendiera sanear cualquier vicio de la negociación primigenia con el endoso en propiedad.
De manera oportuna, la parte ejecutante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión (f. 71, c. 5). En la etapa procesal correspondiente, el mismo fue sustentado bajo los siguientes argumentos (f. 16-20, c. 3):
Con base en el principio de literalidad de los títulos valores –artículo 626 del C.Co.-, no cabía duda de que la obligada cambiaria era Ángela María Caicedo Toro, en condición de persona natural y no como representante legal de Cumbres Ltda., pues el contenido del pagaré no daba cuenta de esta última calidad ni que fuera dicha persona jurídica quien debiera efectuar el pago.
Las afirmaciones del testigo José Alberto Cuervo León no eran ciertas, tanto así que la parte ejecutada no tachó de falso el título base de ejecución. Por ello, tal como lo disponía el artículo 270 del C.P.C., el contenido del documento firmado en blanco se presumía cierto, una vez la firma fuera reconocida, justo como acaeció en el caso concreto.
El negocio causal que dio origen a la creación del pagaré no fue la relación laboral existente entre la señora Clara Inés Robledo y la empresa Cumbres Ltda., pues, si ello fuera cierto, era evidente que la parte ejecutada habría propuesto la excepción de pago total de la obligación con base en un acta de conciliación laboral a la que llegaron dichas personas el 4 de junio de 2004, es decir, antes de la notificación del mandamiento de pago.
Finalmente, recalcó que el ejecutante era un acreedor de buena fe exenta de culpa, contrario a la actitud de la señora deudora, quien supuestamente suscribió un pagaré en blanco, sin carta de instrucciones, a pesar de ser una comerciante con experiencia y contar con la asesoría de profesionales.
Mediante sentencia de 30 de agosto de 2006, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la señora Ángela María Caicedo Toro (f. 51-62, c. 3).
Como fundamento, sostuvo que en el cuerpo del pagaré no figuraba que la obligada cambiaria fuera la sociedad Cumbres Ltda., ni que la señora Caicedo Toro lo suscribiera en calidad de representante legal de esta última. Por tanto, era claro que la deudora era la mencionada ciudadana como persona natural. En igual sentido, concluyó que no se incorporó al título valor restricción alguna a su circulación o que se entregara “sin la intención de hacerlo negociable” y que su fecha de exigibilidad era 1 de mayo de 2004, es decir, antes de la presentación de la demanda ejecutiva.
En forma posterior, argumentó que al tenor del artículo 647 del Código de Comercio, el ejecutante se consideraba como tenedor legítimo, toda vez que poseía el pagaré en virtud de su ley de circulación –endoso-, el cual estaba plasmado en el reverso del documento. Aclaró el tribunal que, aunque la parte ejecutada sostuvo que el señor Manrique era un tenedor de mala fe, esta no solicitó ni aportó ninguna prueba tendiente a acreditar tal hecho.
Finalmente, dicho cuerpo colegiado constató que el testimonio del señor José Alberto Cuervo León no era prueba suficiente para demostrar que el pagaré fue suscrito con espacios en blanco, en atención a que si bien dicho ciudadano manifestó que estuvo presente cuando la demandada firmó el título valor, no era menos cierto que también exteriorizó que supo que estaba en blanco porque la suscriptora le dijo y no porque lo percibió con sus sentidos. Por tanto, lo consideró como un testigo de oídas.
Así las cosas “cimentadas todas las excepciones en aspectos de orden personal frente al endosante y no demostrada la mala fe del endosatario –demandante-, ninguna de las excepciones de mérito propuestas estaban llamadas a prosperar”.
5.2. Acerca del error jurisdiccional como título jurídico de imputación aplicable a daños ocasionados por la actividad jurisdiccional
Cabe advertir, que el supuesto daño en el presente asunto tiene su origen en la providencia proferida el 30 de agosto de 2006, por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, por medio de la cual se revocó la sentencia dictada por el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá y, en su lugar, se ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la señora Ángela María Caicedo Toro.
Lo anterior implica que dicho proveído se expidió con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, por lo que el análisis del presente caso está sometido a las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada de su artículo 66. En este orden de ideas, es pertinente recordar el texto del artículo 65 de la Ley 270, cuyo tenor literal es el siguiente:
ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.
Esta norma desarrolla la cláusula general de responsabilidad del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables y que fueren causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, instituto que, desde luego, comprende todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios, sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares de la justicia.
Ahora bien, frente al error judicial, el artículo 66 de la citada ley vino a definirlo de la manera que, a continuación, se transcribe:
Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.
De otra parte, el artículo 67 de la misma ley dispone que para la procedencia de la reparación derivada del error jurisdiccional, es preciso que: (i) el afectado hubiere interpuesto los recursos ordinarios de ley, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial y (ii) que la providencia contentiva de error esté en firme.
La referida normatividad impone a la parte demandante la obligación de haber interpuesto los recursos en contra de la providencia que califica como un error judicial y, en la eventualidad de no haber usado estos mecanismos de defensa, la acción de reparación directa no resulta procedente, configurándose así una circunstancia que releva al juez administrativo de efectuar el análisis sustantivo de la decisión judicial cuestionada.
En cuanto al segundo elemento, “la norma exige que el error se encuentre contenido en una providencia judicial que esté en firme, esto es, que haya puesto fin de manera normal o anormal al proceso, lo cual tiene pleno sentido ya que si la misma todavía puede ser impugnada a través de los recursos ordinarios, no se configura el error judicial”.
Así mismo, la providencia judicial debe ser contraria a derecho, “bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma (error de derecho)”. En el mismo sentido, la Subsección C de esta Corporación explicó:
Ahora bien, en cuanto a la configuración del error jurisdiccional, hubo un avance al considerar que, sobre un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en tanto jurídicamente justificadas, por lo que el error viene a tener lugar cuando la decisión carezca de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible que la provea de aceptabilidad; en ese orden, es a partir de la carga argumentativa que se debe estudiar al error, sin perder de vista los eventos típicos de configuración, tales como: interpretación, indebida valoración, aplicación errónea o falta de aplicación.
En otros términos, para que el error judicial se configure, no basta con que la apreciación de hecho o de derecho contenida en una determinada decisión judicial sea entendida o respondida jurídicamente de forma distinta por el juez de lo contencioso administrativo.
6. Caso concreto
Cabe recordar que en el escrito de demanda, la señora Ángela María Caicedo Toro señaló, en esencia, que el fallo dictado el 30 de agosto de 2006 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, incurrió en error al transgredir el principio de la no reforma en peor que cobijaba a la parte ejecutada, valorar indebidamente el material probatorio incorporado o practicado en el plenario ejecutivo y violar de forma directa la Constitución al proteger a un tenedor de un título valor que no era de buena fe.
La sentencia de primera instancia –a fin de negar las pretensiones- argumentó, en primer lugar, que el principio de la no reformatio in pejus impedía agravar la situación del recurrente único, lo cual, en el caso concreto, se refería a la parte ejecutante y no a la ciudadana ejecutada.
De igual forma, afirmó que los argumentos empleados por el cuerpo colegiado para revocar la sentencia de primera instancia se extraían del recurso de alzada interpuesto por el señor Martín Manrique Gallardo, quien cuestionó la declaración de José Alberto Cuervo o, del examen de los presupuestos procesales necesarios para dictar sentencia, como era que el título ejecutivo contuviera una obligación clara, expresa y exigible.
En segundo lugar, el a quo contencioso manifestó que no vislumbró ninguna falencia derivada de la apreciación probatoria efectuada por el operador judicial de segunda instancia en el marco del proceso ejecutivo, toda vez que la conclusión de que el pagaré no se suscribió en blanco se desprendió de la valoración de un medio de convicción practicado en el expediente, situación que impedía que la misma se catalogara como caprichosa.
Con el recurso de apelación, la parte actora cuestionó varios puntos de lo decidido por el Tribunal respecto del error jurisdiccional, toda vez que alegó que la jurisprudencia empleada para delimitar el principio de la no reforma en peor se relacionaba con asuntos de carácter penal y no civil. De igual forma, estimó que no se tuvieron en cuenta los argumentos planteados en la demanda relacionados con este tópico.
En segundo lugar, manifestó, sin mayor desarrollo, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó de lado que en los procesos ejecutivos no procedía el recurso extraordinario de casación.
En un tercer y último estadio, en lo atinente a la indebida valoración probatoria, la recurrente argumentó que el a quo contencioso administrativo se limitó a transcribir de forma parcial la sentencia ejecutiva de segunda instancia, hecho que, claramente, no cumplía con los fines de una acción de reparación directa por error judicial. Destacó que no se analizaron los medios de convicción que demostraban que el endoso fue fraudulento, tal como lo probaba la constancia emanada de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, que sostuvo que el supuesto inmueble objeto de promesa de compraventa –causa del endoso- era inexistente.
Así las cosas, planteadas las censuras y atendiendo lo probado en el expediente, la Subsección encuentra que la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada, ante la ausencia de un daño antijurídico, por las siguientes razones:
En cuanto al primer motivo de censura planteado en el recurso de apelación, atinente al uso de sentencias relacionadas con materias distintas a la discutida en el caso concreto y la no valoración de la supuesta transgresión de la no reformatio in pejus en la que incurrió el juez ejecutivo de segunda instancia, la Sala resalta que la cita jurisprudencial realizada por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, referente a una providencia de la Corte Constitucional –T/082 de 2002- que trataba dicho principio en materia penal, no implica per se que la conclusión a la que arribó tal cuerpo colegiado haya sido errónea ni que el invocar un precedente en una materia distinta al derecho procesal civil o contencioso administrativo sea, por sí misma, causa suficiente para modificar el punto cuestionado.
Vale recordar que los fundamentos de esta institución en derecho procesal civil, al cual se acude por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, comparte sus pilares sustanciales con su similar del procedimiento penal. Así mismo, es claro que ambas, además de las disposiciones legales, tienen como fundamento común el propio texto de la Constitución Política de 1991, por medio de su artículo 31.
En relación con la prohibición de la no reforma en peor, la Sección Tercera del Consejo de Estado, en reciente sentencia, sostuvo:
El artículo 31 de la Carta Política, en lo que tiene que ver con la competencia del superior para resolver la alzada, dispone que éste ´no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único´. Esto es, que la competencia del juez se restringe exclusivamente a lo alegado en el recurso (…).
Asimismo, el límite de la competencia del juez de segunda instancia ha sido desarrollado en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, norma jurídica que era aplicable en los procesos contencioso administrativos en virtud de lo consagrado en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, disposición vigente al momento de proferirse la sentencia objeto de tutela. El referido artículo indica que la apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y que, en consecuencia, el superior está facultado para enmendar aquello que no haya sido objeto del recurso.
(…)
Los límites materiales y formales que se tiene en esta instancia están determinados por el contenido de la apelación. Por esta razón, dispone el artículo 357 CPC que este recurso se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante, de manera que no se puede agravar la situación del apelante único. A este principio se le ha denominado como la no reformatio in pejus.
Así las cosas, la Subsección no encuentra motivo para modificar la sentencia censurada con ocasión del empleo de una providencia constitucional atinente al derecho penal, por cuanto la conclusión esgrimida por el Tribunal a partir de la misma, no es distinta a la que se obtendría con base en la jurisprudencia de esta Corporación respecto a los lineamientos de la no reformatio in pejus, esto es, que dicha institución solo protege al apelante único y no torna inmutable la decisión para aquel que no apeló por su voluntad o por la imposibilidad de hacerlo ante la ausencia de agravio.
En otros términos, como pudo constatarse a partir del fallo proferido por la Subsección B de esta Sección, el argumento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca relacionado con el ámbito de aplicación del amparo objeto de análisis fue adecuado y se ajustó a lo que prescribe el artículo 357 del estatuto procesal civil, puesto que la garantía estudiada, en el marco del proceso ejecutivo, solo era exigible para el ciudadano ejecutante –apelante único- y no para la señora Caicedo Toro, como lo pretende la recurrente.
De igual forma, respecto al siguiente cuestionamiento esbozado por la parte demandante en el recurso de alzada contencioso administrativo, referente a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca supuestamente omitió analizar los argumentos señalados por el demandante el acápite 2.3.1 del escrito introductorio, los cuales demostraban que el Tribunal Superior de Bogotá excedió sus competencias –violación de la congruencia- al extralimitar el marco de la apelación planteada en contra del fallo dictado por el Juzgado 40 Civil del Circuito de Bogotá, la Sala no lo encuentra fundado.
Lo anterior, en razón a que considera que los fundamentos empleados para resolver en forma favorable el recurso de alzada por parte de dicho cuerpo colegiado se desprendieron de la impugnación planteada o de puntos íntimamente relacionados con estos, tal como en forma expresa lo permite el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
Con efectos de mayor claridad, la Subsección reseñará el sustento de la apelación elevada por el señor Martín Jesús Manrique Gallardo y los argumentos expuestos por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá:
Fundamentos jurídicos elevados contra la sentencia de 1 de abril de 2005 (f. 16-20, c. 3):
• La obligación era clara, expresa, exigible y provenía de la señora Ángela Caicedo pues, con base en el principio de literalidad de los títulos valores, era esta, como persona natural, la que figuraba como obligada cambiaria y no la sociedad Cumbres Ltda.
• Las afirmaciones del testigo José Alberto Cuervo que sirvieron de base a la sentencia carecían de fundamento –pagaré suscrito en blanco-, hecho que lo demostraba que la ejecutada no tachara de falso el documento supuestamente llenado en forma abusiva.
• El no haber interpuesto dicha tacha hacía que operara la presunción de veracidad del contenido del documento firmado en blanco (art. 270 del C.P.C).
• La relación laboral que el juez de primera instancia empleó como causa fue finiquitada vía conciliación el 4 de junio de 2004, antes que se notificara el mandamiento de pago. Si fuera cierto que dicho vínculo fue la causa, por qué no excepcionó pago la ejecutada.
• El ejecutante es un tercero acreedor de buena fe exenta de culpa. Dentro del proceso no se demostró lo contrario.
Motivación de la sentencia de 30 de agosto de 2006 (segunda instancia) (f. 27-38, c. 1):
• En el cuerpo del pagaré presentado no aparece ninguna clase de restricción o salvedad como las que aduce demandada, esto es, que lo suscribió como representante legal de la sociedad Cumbres Ltda., y que lo entregaba a la beneficiaria en garantía y sin la intención de hacerlo negociable. Es claro en el texto del pagaré que la obligada era la ejecutada y no la sociedad Cumbres Ltda. (art. 625 del C.Co.).
• Quedó establecido que el vencimiento era el 1 de mayo de 2004, por lo que era exigible (art. 488 C.P.C. y 780-2 C.Co).
• De acuerdo al artículo 647 del Código de Comercio es tenedor de buena fe el que posea el título con base en la ley de circulación y este se transfirió por endoso. Además, según el artículo 769 del Código Civil, esta se presume.
• A pesar que la demanda afirmó que el ejecutante no era tenedor de buena fe, no demostró tal hecho.
• En la demanda no se dijo que el ejecutante recibió el pagaré en blanco, por lo que se aplica el artículo 622 del Código de Comercio, esto es, que se llenó conforme a las instrucciones.
• No se demostró que el pagaré se entregara con espacios en blanco pues el testimonio de José Cuervo era de oídas.
Como puede evidenciarse, no es cierto que el Tribunal Superior de Bogotá excediera los límites de la apelación y con ello, incurriera en una falta de competencia, toda vez que los fundamentos para revocar el fallo de primera instancia se desprendieron del recurso interpuesto por el ejecutante y de puntos estrechamente relacionados con este –como era la exigibilidad del título ejecutivo-. Ejemplo de ello, se refleja en la fijación del objeto de la impugnación realizado en el numeral 2.2 de la sentencia cuestionada:
Pretende el recurrente la revocatoria de la sentencia de primer grado pues, en su consideración, el juzgador se equivocó en la apreciación del título valor presentado como base de la ejecución y por ello violó lo establecido en el artículo 626 del Código de Comercio, esto es, la literalidad del pagaré, documento que no fue tachado de falso y fue suscrito por la demandada quien entonces es la obligada incondicionalmente a pagarlo. (…) [Se] analizó equivocadamente el testimonio de José Alberto Cuervo León, testimonio con el que ´no se puede desvirtuar la buena fe exenta de culpa de un tercero acreedor´ (…)
La demandada solicitó la confirmación de la sentencia porque, en su consideración, el juez ´valoró correcta y adecuadamente la realidad que brota del informativo´ es decir, que ´de las pruebas se tiene con (sic) certeza absoluta que el pagaré lo suscribió [ella] no como persona natural sino como representante de la sociedad Cumbres Ltda., lo cual se tiene sin duda alguna del requerimiento que le efectuó la presunta e irreal cedente en propiedad y original beneficiaria del título Clara Inés Robledo Robledo que obra al folio 19 del informativo´(…) .
Así las cosas, la Sala constata que el estudio efectuado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá en la providencia de 30 de 2006 no incurrió en el yerro esgrimido por la demandante en reparación directa, atinente a la transgresión del principio de la no reformatio in pejus y a la supuesta revocatoria de la sentencia de primera instancia “sin fundamento alguno”. Por tanto, se desestimará dicho cargo y se continuará con el segundo motivo de apelación relacionado con la improcedencia del recurso extraordinario de casación en contra de fallos dictados en procesos ejecutivos.
Interpretando el motivo de alzada, la Subsección concluye que la discordancia exteriorizada por el recurrente recae en relación con la siguiente conclusión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca exteriorizada en la sentencia apelada:
(…) si bien el apoderado de la señora Ángela María Caicedo no interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá el treinta de agosto de 2006, ello no conlleva a estimar que la carencia de dicho recurso equivale a un incumplimiento del requisito de agotamiento como presupuesto para la configuración del error jurisdiccional (…)
Al respecto, esta Corporación denota que el motivo de inconformidad puesto de presente es simplemente de carácter académico o teórico, en razón a que ello en nada afectó la conclusión del cuerpo colegiado en el sentido de entender satisfecho el requisito de haber cuestionado la decisión censurada en error a través de los medios de impugnación de carácter ordinario.
En otras palabras, el error del Tribunal respecto a la procedencia del recurso de casación en nada perturbó el trámite de la acción incoada, toda vez que este no exigió a la parte que el mismo fuera presentado para que se habilitara el estudio de fondo de la pretensión resarcitoria. Por ello, ante la inexistencia de agravio o de afectación real a los intereses de la parte demandante, esta Sala se releva de efectuar un estudio de fondo de la segunda censura.
En cuanto al tercer punto objeto de apelación, la recurrente afirma que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no analizó los argumentos planteados en la demanda de reparación directa referidos a la indebida valoración probatoria y, en especial, lo atinente al carácter fraudulento del endoso del pagaré objeto de recaudo ejecutivo, dado que el negocio que le dio origen al mismo recayó sobre un predio inexistente.
En relación con el error judicial por indebida o incorrecta valoración probatoria –error de hecho-, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha expuesto:
Una de las formas en las que se concreta el error jurisdiccional es a través de la realización de un error de hecho, que tiene lugar cuando determinada decisión carece de apoyo probatorio, en otras palabras, éste se configura al proferirse una providencia con defecto fáctico, ante deficiencias en la consideración de los hechos y los soportes de los mismos; lo que indefectiblemente alude al contenido probatorio de toda decisión.
Al respecto, la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutela, ha planteado una serie de eventos que permiten que se estructure el error en comento, estableciendo los siguientes defectos fácticos: omisión de decreto; omisión de consideración y valoración arbitraria.
(…)
Tal y como se deduce de pronunciamientos anteriores de esta Sección [], el error jurisdiccional puede ser de orden fáctico o normativo. El primero, supone diferencias entre la realidad procesal y la decisión judicial, porque i) no consideró un hecho debidamente probado o ii) se consideró como fundamental un hecho que no lo era, o se presentan distancias entre la realidad material y la procesal, i) porque no se decretaron pruebas conducentes para determinar el hecho relevante para el derecho o ii) porque la decisión judicial se fundamentó en un hecho que posteriormente se demostró que era falso.
Por último, en cuanto a los límites que tiene el juez contencioso administrativo al analizar las providencias objeto de pretensiones de reparación directa por error jurisdiccional, esta Subsección ha manifestado:
Finalmente, esta Sección ha sostenido que el análisis de los proveídos a los cuales se endilgue un error jurisdiccional no puede convertirse en una instancia adicional del proceso, de manera que el juez contencioso debe limitarse, en estos casos, a la verificación de la existencia de motivación jurídica y probatoria que justifique adecuadamente la decisión, sin que haya lugar a pronunciamientos acerca de si comparte o no las motivaciones realizadas por el funcionario judicial, so pena de transgredir el principio de la cosa juzgada (énfasis del texto).
Con base en lo anterior y en aras de mantener un orden expositivo que permita estudiar de manera más precisa los cargos elevados por la parte demandante, respecto al supuesto déficit de análisis probatorio en que incurrió la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, se procederá a enunciar uno a uno cada reproche, a determinar si el mismo fue omitido por dicho cuerpo colegiado y si ello tuvo o no incidencia en el sentido de la decisión de 30 de agosto de 2006.
No se valoró estando obligado a hacerlo, la integridad del texto del endoso, visto a folio 1, el cual escindió para su valoración, división no permitida por la ley.
El error lo hace consistir el extremo actor en que, supuestamente, la frase “A partir de la fecha de entrega se tomará un mes (1) calendario para la cancelación del mismo”, implicaba que luego de transcurrido un mes de la fecha del endoso este perdía eficacia, lo que hacía que la legitimación en la causa por activa para el cobro del título retornara a la señora Clara Inés Robledo.
Respecto de la anterior argumentación, en primer lugar, la Sala debe destacar que ni en la contestación de la demanda ni en las demás etapas del proceso ejecutivo la señora Caicedo Toro puso de presente la supuesta pérdida de eficacia del endoso con base en la cláusula de “cancelación” del mismo, luego de pasado un mes de su entrega, hecho que resta credibilidad a la pretendida unidad del texto referido con la cláusula de endoso.
De igual forma, la Subsección denota que el numeral 2.4.2 de la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, revisó el contenido del pagaré para afirmar que “en el presente caso aparece en su revés la manifestación de su beneficiaria que lo endosa en propiedad al demandante (…)”.
De acuerdo con lo referido, es claro que dicho cuerpo colegiado revisó el texto del endoso y que la interpretación o valoración probatoria del mismo resultó plausible y no contra intuitiva, en razón a que del cuerpo del título valor se puede extractar que la anotación referida a la fecha de exigibilidad y el endoso mismo constituyen dos cláusulas distintas pues están separadas por un punto aparte y aparentan ser autónomas una de la otra.
En otras palabras, interpretar que el endoso del pagaré era distinto a lo pactado al inicio del acápite sobre cláusulas adicionales donde se afirmó que “A partir de la fecha de entrega se tomará un mes (1) calendario para la cancelación del mismo”, no fue una apreciación arbitraria o ilógica por parte del Tribunal, puesto que el contenido de esta última frase no aparenta tener ninguna conexión con la circulación del título valor, sino con la fecha de exigibilidad y pago (cancelación) del mismo, una vez este fuera entregado al beneficiario, hecho que es concordante con la cláusula tercera del pagaré referida al plazo para el descargo de la obligación cartular -1 de mayo de 2004, un mes después de su suscripción-.
Así las cosas, la Sala considera que sí se valoró en forma íntegra el contenido del endoso y que la interpretación que de este obtuvo el Tribunal acusado se ajustó a los parámetros plausibles derivados de la libertad de apreciación probatoria y de la sana crítica.
No valoró, estando obligado a ello, el documento que el abogado Martín Jesús Manrique Gallardo dice ser la causa del endoso en propiedad, que obra a folio 47 del informativo.
Según la actora, el Tribunal ha debido decretar la nulidad de la promesa con fundamento en el artículo 1742 del Código Civil, por cuanto no contenía todos los requisitos de validez. De igual forma, señaló que dicha nulidad implicaba que el ejecutante no podía considerarse como un tenedor de buena fe. Finalmente, esgrimió que el documento contentivo de la promesa reflejaba múltiples contradicciones con lo declarado por el señor Manrique Gallardo en el interrogatorio de parte.
Al respecto, la Sala considera que le asiste razón a la parte demandante en lo atinente a que la sentencia de 30 de agosto de 2006, no valoró ni hizo consideración jurídica alguna respecto del documento que contenía el contrato de promesa (f. 49, c. 5) que dio origen al endoso en propiedad efectuado por la beneficiaria original del título valor.
Sin embargo, debe resaltarse que tal omisión no afectó el sentido de la providencia cuestionada, toda vez que el juzgador del proceso ejecutivo no habría podido declarar la nulidad del contrato de promesa como lo pretende la demandante, puesto que no era el juez natural del asunto y en este no estaba presente, como parte, la señora Clara Inés Robledo –suscriptora del mismo-, lo cual constituye una garantía del derecho de defensa y al debido proceso de la referida ciudadana, al haber sido parte del contrato que un operador judicial anularía de oficio.
En conclusión, ante la imposibilidad de declarar la nulidad o ineficacia comercial pretendida por la demandante en el proceso de ejecución objeto de examen, se estima que la omisión del Tribunal Superior de Bogotá no tuvo la entidad suficiente para modificar el sentido de la providencia objeto de reparo, por lo que la misma carecería de relevancia en un análisis de causalidad frente al daño pretendido.
No valoró, estando obligado a ello, el documento público obrante a folio 57 del informativo, emanado de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte.
De acuerdo con la demanda, el oficio proveniente de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, daba cuenta de que el supuesto bien objeto del contrato de promesa de compraventa era inexistente, lo cual demostraba que el endoso realizado por Clara Inés Robledo al ejecutante era fraudulento.
Respecto a este punto, la Subsección verifica que la sentencia acusada de error judicial no efectuó un pronunciamiento o analizó el contenido del oficio proferido el 5 de octubre de 2004, por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, que obraba en el folio 58 del cuaderno 5.
No obstante, es claro que dicho documento fue arrimado al plenario por fuera de la oportunidad procesal prescrita para ello por la ley procesal civil –contestación de la demanda ejecutiva-, toda vez que el mismo se incorporó junto con el escrito de alegatos de conclusión en primera instancia de 7 de noviembre de 2004 (f. 59-62, c. 5). Cabe recordar que de acuerdo con el artículo 174 del C.P.C., toda decisión judicial debe basarse en medios de prueba regular y oportunamente allegadas al proceso.
Ahora bien, la Sala destaca que del contenido del oficio referenciado no necesariamente se desprende que el bien objeto de promesa fuera inexistente, toda vez que dicha comunicación solicitó datos más exactos para atender el requerimiento de información realizado por el apoderado de la parte ejecutada, hecho que permite concluir que la respuesta brindada por dicha dependencia no tiene un carácter definitivo. Al respecto, el citado oficio, expuso (f. 58, c. 5):
Señor
José Guillermo T. Roa Sarmiento
C.C. 19.400.922
Bogotá D.C
En respuesta a su solicitud formulada ante este despacho, me permito comunicarle que efectuada la búsqueda en el sistema índices de propietarios y direcciones, existentes a la fecha en esta zona, no se localizó matrícula inmobiliaria alguna del apartamento 501 bloque 12 de la carrera 45 No. 188-65.
Favor suministrarnos datos más exactos para poder atender su requerimiento.
En adición a lo anterior, se pone de presente que la dirección del bien objeto de búsqueda fue la obtenida del interrogatorio de parte practicado al señor Manrique Gallardo, en los siguientes términos: “apartamento 501 bloque 12 de la carrera 45 No. 188-65” (énfasis fuera del texto). Empero, en el contrato de promesa antes referido aparece como dirección del predio el “apartamento identificado con el número 501 de la torre 12 de la urbanización miranda II, ubicada en la carrera 45 No. 188-65”.
Además, cuando en el mismo interrogatorio de parte se le preguntó al señor ejecutante cuál era la dirección de su residencia, indicó la carrera 45 No. 188-65 torre 12 apartamento 302, hecho que permitiría inferir que la verdadera ubicación del inmueble es la torre 12 y no el bloque identificado con la misma numeración.
De acuerdo con lo reseñado, no existe certeza de que el bien objeto de disputa no existiera, en razón a que los términos en los que se solicitó la indagación no eran completos o diferían de los que pudieron ser reales. Asimismo, los parámetros de la búsqueda no fueron ampliados por la parte interesada como lo requirió la Oficina de Registro de instrumentos públicos, lo que lleva a concluir que la misma no cumplió con la carga de la prueba de acreditar que, efectivamente, el bien era inexistente, por lo que debía soportar las consecuencias negativas de su omisión –artículo 177 del Decreto 1400 de 1970-.
En conclusión, aunque le asiste razón a la parte accionante en lo relacionado con la ausencia de valoración, por parte del Tribunal Superior, de la certificación expedida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, lo cierto es que dicha omisión no tiene incidencia suficiente para mutar el sentido de la decisión cuestionada y, por tanto, no cuenta con relación de causalidad entre la falla y el daño supuestamente generado, por lo que este cargo debe ser descartado.
No se valoró, estando obligado a ello, el documento que obra a folio 19, suscrito por la cedente en propiedad del pagaré, Clara Inés Robledo R, de 4 de mayo de 2004, por medio del cual requiere a Ángela M Caicedo T, como gerente general y representante de Cumbres Ltda. para el pago de la obligación.
En opinión de la demandante el medio de prueba no apreciado demostraba que la deudora era la persona jurídica Cumbres Ltda., y no la ejecutada en calidad de persona natural. Lo anterior, según la accionante, se corroboraba con el documento presentado por el señor Manrique Gallardo en sede de apelación, suscrito por el gerente de la citada sociedad, el cual estaba en poder del ejecutante desde el inicio del proceso y demostraba que el endosatario conocía que la verdadera deudora era la empresa y no la señora Caicedo Toro.
Al respecto, la Subsección verifica, en primer lugar, que la sentencia cuestionada no efectuó pronunciamiento expreso en relación con la carta traída a colación, pues le dio preponderancia al principio de literalidad del título valor desarrollado en el artículo 626 del Código de Comercio, a partir de cual concluyó que, ante la inexistencia de una expresión o referencia a que la señora Ángela María Caicedo Toro suscribió el pagaré como representante legal de Cumbres Ltda., debía interpretarse que lo firmó como persona natural.
En segundo término, esta Corporación estima que el documento suscrito por el gerente de la sociedad Cumbres Ltda., obrante en el folio 39 del cuaderno 3, a través del cual se solicita el pago de un monto de dinero a la señora Clara Inés Robledo y se le ofrece una fórmula de arreglo en lo atinente al cobro del pagaré sub lite, no cuenta con suficiencia probatoria para acreditar que la deudora era la citada persona jurídica y no la señora Caicedo Toro, por cuanto el mismo no fue aceptado ni fue objeto de contrapropuesta por parte de la ciudadana Robledo. Es decir, no existe en el plenario una acción o conducta de la citada señora que permita corroborar la veracidad del contenido del documento enviado por la empresa Cumbres Ltda.
En similar sentido, en lo que respecta al documento que reposa en el folio 19 del cuaderno 3 fechado el 4 de mayo de 2004, suscrito por la señora Clara Inés Robledo, la Subsección encuentra que del mismo se desprenden dos interpretaciones lógicas y plausibles. La primera de esta es la que tácitamente prohijó el Tribunal atinente a que la misma constituyó un requerimiento de pago a título personal y otra, defendida por la parte accionante, que afirma que tal solicitud se efectuó a la señora Ángela Caicedo, en calidad de gerente general de Cumbres Ltda.
Como fundamento de su interpretación, la demandante manifestó que el título del documento daba a entender que se dirigía a ella como gerente general y, además, que expresaba que “ni Ud., ni su revisor fiscal ha hecho objeciones (…)”. Dicho lo anterior, la Sala no descarta de plano tal hermenéutica. No obstante, en el cuerpo del elemento de prueba analizado se afirma que el pagaré fue “aceptado y firmado por Ud. (…)” y que “La cláusula que se propuso y Ud. Aceptó, llegó a su fin sin que Ud., se halla pronunciado sobre el mismo (…)”, frases que también permiten interpretar que la deudora era la persona natural pues, de haber sido la sociedad, se habría explicitado que la que se debía pronunciar o descargar la obligación era la persona jurídica y no la señora Caicedo Toro.
En vista de ello, la Sala reitera que del documento examinado se podrían extractar dos interpretaciones plausibles que impiden a esta Corporación señalar que el entendimiento único era el sostenido por la parte demandada ejecutivamente. Por tanto, mal haría este cuerpo colegiado si señala o impone la “verdadera” o “real” conclusión que deba extraer el juez natural de la causa, pues ello no sería nada distinto a invadir el ámbito de competencias establecido en la ley. Sobre este particular, en sentencia del 2 de mayo de 2007, esta Sección, señaló:
(…) toda vez que uno de los límites del razonamiento jurídico es la inaplicabilidad del principio de unidad de respuesta correcta como un imperativo a observar en todos los casos, debe admitirse que cuando el decidor judicial se enfrenta a problemas jurídicos que no pueden ser resueltos mediante el sólo recurso a la lógica deductiva -razonamiento silogístico-, diversos operadores jurídicos pueden llegar a soluciones disímiles, sí, pero igualmente razonables en tanto correctamente justificadas. Ello imposibilita predicar, en estos casos, la existencia de error jurisdiccional -de hecho, la dificultad estribaría en identificar la (única) alternativa acertada o jurídicamente admisible y poder distinguirla de las demás- pues, de no ser así, por vía de ejemplo, los simples cambios de posición jurídica por parte de la jurisprudencia de los Altos Tribunales -entendiendo que las correspondientes mutaciones obedecen a criterios coherente, suficiente y razonablemente justificados-, (sic) darían lugar a que se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado.
En conclusión, al no existir una hermenéutica clara y evidente del documento objeto de análisis, la Sala desestimará el cargo propuesto al no constatar una interpretación contra intuitiva o arbitraria del mismo que permita afirmar que el Tribunal Superior de Bogotá incurrió en una defectuosa valoración probatoria en la sentencia de 30 de agosto de 2006.
Valoró indebidamente la prueba testimonial obrante a folios 41 a 43, haciéndole decir lo que no dijo el declarante.
Afirma el escrito de demanda que el ad quem civil descontextualizó la prueba, toda vez que el testigo fue claro al afirmar que se encontraba al momento de la suscripción del pagaré –directo- y por eso conocía que el instrumento se suscribió con espacios en blanco. De forma textual, el testigo sostuvo en la diligencia en que se le recepcionó su declaración (f. 43, c. 5):
Preguntado. Por qué le consta que el pagaré fue suscrito por Ángela María Caicedo Toro con los espacios en blanco Contestó. Porque yo estaba en ese momento con Ángela y ella muy rápidamente firmó el pagaré o el documento, yo le pregunté de qué se trataba y me dijo un pagaré que le firmé en blanco dineros supuestos que le debo de Cumbre Ltda.
Respecto de tal tópico, la sentencia objeto de reproche, afirmó: “el testigo José Alberto Cuervo León, a pesar de manifestar que estuvo presente cuando la demandada firmó el pagaré, refiere que lo fue en blanco pero porque la suscriptora le dijo, es decir, no le consta a ciencia cierta que se hubiera entregado con espacios en flanco (fl. 41-43)” (énfasis fuera del texto).
Como puede evidenciarse, el Tribunal no desconoció que el testigo se encontrara presente en el recinto cuando la señora Caicedo Toro suscribió el título valor. Sin embargo, consideró que este no percibió de forma directa, a través de sus sentidos, la firma del documento pues, manifestó, que conoció que el estado del título cuando la deudora le respondió una pregunta y le informó que era un pagaré firmado en blanco.
Así las cosas, al igual que se sostuvo en el aparte anterior, no encuentra esta Corporación que la valoración efectuada por el Tribunal Superior de Bogotá haya sido caprichosa o arbitraria pues la misma se basó en el contenido textual de la declaración vertida en el plenario. En este sentido, la Sala en un caso con un supuesto fáctico similar, afirmó:
Nada indica que la decisión cuestionada haya incurrido en un juicio inadecuado de valoración probatoria; por el contrario, lo que se infiere es que la parte actora en este proceso de la reparación directa tiene una apreciación distinta respecto del análisis probatorio que el juez de la segunda instancia le dio a la prueba testimonial, lo que resulta ciertamente improcedente para estructurar, a partir de ello, un error judicial de la decisión; además, los argumentos que expone para atacarla están dirigidos a añadir una instancia adicional al juicio ordinario, lo que, claramente, se torna improcedente.
Por lo expuesto, la Sala desestimará este cargo en atención a que se basa en una apreciación probatoria distinta a la esgrimida por la sentencia cuestionada sin que la plasmada en la providencia examinada pueda catalogarse como ilógica o contra intuitiva.
Dio por sentado, sin estarlo, que el pagaré lo negoció Martín Jesús Manrique ´después de haber sido llenado conforme a las instrucciones que se impartieron para ello´.
Frente a este cargo, basta con aclarar que la sentencia objeto de examen no dio por sentado lo afirmado por la demandante, pues, como se afirmó en el numeral anterior, el fallo no dio por acreditado que el pagaré se hubiera suscrito con espacios en blanco pues desestimó el testimonio del señor José Alberto Cuervo, por considerarlo un testigo de oídas.
Lo que sí sostuvo el fallo es que tal argumento no fue planteado en la contestación de la demanda sino en etapa posterior pero, que si se asumiera que tal hecho fuera cierto, de igual forma el cobro ejecutivo debía continuar en atención a que se daría aplicación al artículo 622 del Código de Comercio, esto es, presumir que los espacios en blanco se llenaron de acuerdo con las instrucciones correspondientes. De forma textual, la sentencia cuestionada afirmó:
A lo anterior súmese que ni siquiera insinuó la demandada que el pagaré lo hubiera recibido el demandante en blanco, luego ha de aplicarse lo dispuesto en el inciso último del artículo 622 del Código de Comercio, esto es, dar por sentado que lo negoció después de haber sido llenado conforme a las instrucciones que se impartieron para ello; más de todas maneras, tampoco demostró la demandada que hubiera entregado el título valor con espacios en blanco (…) (énfasis fuera del texto).
Por lo anterior y sin necesidad de argumentación adicional, la Sala desestimará el último cargo deprecado por la demandante. En conclusión, tal como fue anticipado, esta Subsección estima que en el caso concreto, ante la ausencia de daño antijurídico, no existe un error jurisdiccional que deba ser reparado. Así las cosas, el fallo de primera instancia será confirmado en su integridad, tal como se dispondrá a continuación.
7. Costas
Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió de esa forma, no habrá lugar a su imposición.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en cuanto negó las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
En los folios 1 y 2 del cuaderno n.° 1, obra poder especial suscrito por el señor Gustavo Adolfo Morales Mejía (apoderado general de la demandante tal como consta en la Escritura Pública n.° 131 de enero 26 de 2004 que reposa en los folios 18-21 del c. 1 y en el respectivo certificado de vigencia f. 17, c. 1) otorgado a favor del abogado José Guillermo T. Roa Sarmiento, portador de la cédula de ciudadanía n.° 19.400.922 y de la tarjeta profesional n.º 46.746 del C.S. de la J.
Notificada por edicto desfijado el 28 de mayo de 2012 (f. 141, c. ppl.).
Al respecto consultar las precisiones que sobre el particular realizó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado a través de Auto del 9 de septiembre de 2008. exp. 110010326000200800009 00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
En igual sentido se pronunció la Sección en sentencia de 5 de diciembre de 2007, exp. 15.128, C. P. Ramiro Saavedra Becerra.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, exp. 13164. C. P. Ricardo Hoyos Duque.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de julio de 2012, exp. 22581, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de marzo de 2014, exp. 30300, C.P. Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 8 de agosto de 2018, exp. 37806, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. En similar sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de octubre de 2008, exp. 17070, C.P. Enrique Gil Botero.
“Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla (…)”.
Vale destacar lo explicado por el profesor Hernando Devis Echandía respecto al interés para recurrir: “no es un interés teórico en la recta administración de justicia, sino nacido de un perjuicio material o moral, concreto y actual respecto del asunto materia de la providencia”. Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal Civil, 2 edición. P. 454. Citado por: López Blanco, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Dupré Editores. 2016. P. 771.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de marzo de 2014, exp. 30300, C.P. Enrique Gil Botero.
[Sentencias citadas del 4 de abril de 2002 y 30 de mayo de 2002].
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2016, exp. 40297, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2016, exp. 40297, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Citando a: Consejo de Estado, sentencia del 2 de mayo de 2.007, expediente 15.576.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de mayo de 2016, exp. 40297, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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