Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00369-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00369-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2009-00369-01
Consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz
16 de julio de 2021
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / SENTENCIA DE REEMPLAZO / FALLO DE TUTELA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PROCESO PENAL / SENTENCIA ABSOLUTORIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA
El término de caducidad de dos años previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo empezó a contar a partir del 20 de junio de 2007, momento en que la sentencia penal absolutoria quedó ejecutoriada, y la demanda fue presentada el 10 de julio de 2008.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRUEBAS EN EL PROCESO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VALIDEZ DE LA PRUEBA / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALOR PROBATORIO DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / ADMISIÓN DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL
[Se] Valorará los documentos que obran en copia simple en el expediente, dando aplicación a lo dispuesto en los artículos 252 y 254 del CPC, toda vez que no fueron tachados de falsos.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 254 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 252
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, consultar sentencia del 28 de agosto del 2013; Exp. 25022. C.P. Enrique Gil Botero.
CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / PROCESO PENAL / RAMA JUDICIAL / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / FUNCIONES DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS / COMPETENCIA DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS / DETENCIÓN PREVENTIVA / INDICIO LEVE / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
[L]a Rama Judicial no contaba con pruebas para imponerle [al actor] una medida de detención preventiva. Por el contrario, fue privado de la libertad por el solo hecho de encontrarse cerca del lugar donde fue asesinado (…), el cual el mismo juzgado calificó como “indicio leve”, sin que existiera ninguna otra prueba que lo vinculara con la comisión de los delitos que le fueron imputados. (…) la privación de la libertad del demandante (…) fue ilegal debido a que estuvo detenido por dieciocho meses y dieciocho días, sin que existiera alguna prueba que permitiera inferir razonablemente su participación en los delitos que le fueron imputados. Por el contrario, como se advirtió en la sentencia absolutoria, fue detenido con base en un indicio leve de responsabilidad, el cual inclusive era insuficiente para poder dictar una medida de aseguramiento en su contra. Por lo tanto, en los términos de la sentencia SU-072 de 2018, su detención fue <<desproporcionada, irrazonable y arbitraria >>. (…) Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2004, el daño causado por la privación de la libertad [del actor] es imputable a la Rama Judicial, dado que fue esta la entidad que la decretó a través del Juez Sexto Penal Municipal con función de control de garantías.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 4 de junio del 2019; Exp. 39626. C.P. Alberto Montaña Plata y de la Corte Constitucional SU 072 de 2018; M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DE LA CAUSAL EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PROCESO PENAL / RAMA JUDICIAL / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
No está probado que el demandante (…) hubiera realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para su privación de la libertad; más aún, colaboró con la justicia y siempre manifestó ser inocente, razón por la cual no se configuró la culpa de la víctima.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PARÁMETROS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL
Para efectos de fijar la indemnización, la Sala aplicará los criterios unificados por la Sección Tercera de esta Corporación, en los cuales están establecidos los topes de las indemnizaciones que pueden ser reconocidas por concepto de perjuicios morales en casos de privación de la libertad.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDAS DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO AL BUEN NOMBRE / DIGNIDAD HUMANA / JUSTICIA RESTAURATIVA / HECHO DAÑOSO / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO
Dado que la privación a la cual fue sometido el demandante (…) afectó su derecho al buen nombre, la Sala ordenará al director ejecutivo de Administración Judicial de la Rama Judicial expedir y hacer llegar a los demandantes una comunicación en representación de la entidad estatal responsable en la que ofrezca disculpas a nombre del Estado colombiano por el daño antijurídico que le causó [al demandante] por la privación injusta de su libertad. Dicha comunicación deberá enviarse en el término de un (1) mes máximo contado a partir de la ejecutoria de esta providencia. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales deben concertarse con las víctimas, la Rama Judicial deberá coordinar con la víctima directa si el documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, se publicará en las plataformas de comunicación y difusión de dicha demandada.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO / TIPOLOGÍA DEL PERJUICIO / NEGACIÓN DEL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN / PERJUICIO MORAL
[Se] negará la indemnización del daño a la vida de relación solicitado por los demandantes. La denominación de dicha tipología de perjuicio fue abandonada a partir de la sentencia de unificación del 14 de septiembre del 2011. En todo caso, la parte actora solicitó bajo este concepto la indemnización de los perjuicios causados por la afectación de su vida como consecuencia de la privación de la libertad a la cual fue sometido el demandante (…) lo que se encuentra subsumido en los perjuicios inmateriales previamente reconocidos.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / HONORARIOS DEL ABOGADO / REQUISITOS DE LA PRUEBA / FACTURA / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO / NEGACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA FACTURA
En cuanto al daño emergente por concepto de los gastos en que incurrió el demandante respecto del abogado que llevó su defensa en el proceso penal, para que haya lugar a la indemnización de dicho perjuicio se requiere: i) que se allegue como prueba la factura o documento equivalente (artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario), acompañada de la prueba de su pago, expedidos ambos por el abogado que asumió la defensa penal del afectado con la privación, ii) que se encuentre probado que el profesional del derecho beneficiario del mismo fungió en el asunto penal como apoderado de la víctima de la detención, y iii) que hayan sido reclamados en la demanda por quien efectivamente realizó el pago. Si bien se demostró que el demandante fue defendido por un abogado en el proceso penal, el primero y el tercero de los aspectos antes mencionados no fueron acreditados, motivo por el cual se negará esta pretensión. Debido a que no se allegaron facturas sobre los gastos de transporte y hospitalizaciones que afirman ocurrieron por la privación de la libertad, se negarán dichos rubros.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 615 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 617
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO / GASTOS MÉDICOS / HONORARIOS DEL ABOGADO
[Se] negará la indemnización de los perjuicios materiales por concepto de lucro cesante solicitados por el demandante por las siguientes razones No está demostrado que, en el momento en el cual fue privado de la libertad, [el actor] ejerciera una actividad productiva por la cual recibiera un reconocimiento económico. No es procedente la pretensión elevada concerniente a la rentabilidad dejada de percibir sobre el dinero con el que se cubrieron los gastos médicos de la enfermedad de su hermano y los honorarios de abogados, por cuanto no es un perjuicio cierto, sino que trata de una posibilidad vaga e hipotética.
NOTA DE RELATORÍA: Sentencia con salvamento de voto del honorable consejero (E) Alexander Jojoa Bolaños y aclaración de voto del honorable consejero Alberto Montaña Plata.
NOTA DE RELATORÍA: La presente providencia se dicta como sentencia de reemplazo en cumplimiento de lo ordenado por sentencia de tutela y por lo tanto deja sin efectos el fallo proferido el 31 de julio de 2020.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00369-01(42388)
Actor: JUAN PABLO DELGADO MILLÁN Y OTROS
Demandado: RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Tema: Sentencia de reemplazo dictada en cumplimiento de un fallo de tutela. Privación de la libertad. Se revoca la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y se condena a la Rama Judicial porque se probó la ilegalidad de la privación de la libertad de la víctima directa. Si bien no se allegó al proceso la medida de aseguramiento, a partir de las consideraciones de la sentencia absolutoria se advierte que fue privada de la libertad únicamente con base en un indicio leve de responsabilidad. En consecuencia, su detención fue desproporcionada, irrazonable y arbitraria.
SENTENCIA DE REEMPLAZO
Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a dar cumplimiento al fallo de tutela dictado el 21 de mayo de 2021 por el Consejo de Estado, Sección Primera, y a dictar sentencia de reemplazo de segunda instancia en el proceso de la referencia.
ANTECEDENTES
A.- Posición de la parte demandante
1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 10 de julio de 2008 por Juan Pablo Delgado Millán (víctima directa de la detención) y sus familiares. Se dirigió contra la Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación para obtener la reparación del daño causado por la privación de la libertad a la que fue sometido entre el 24 de septiembre de 2005 y el 12 de abril de 2007. En el proceso penal se le imputaron los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.
2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:
<< (…) PRETENSIONES
Que la NACIÓN COLOMBIANA, representada por MINISTERIO DE JUSTICIA, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, representada por JUAN CARLOS YEPES ALZATE y/o quien haga sus veces, FISCALÍA GENERAL DE LA NACION en cabeza del Director General a cargo actualmente del Dr. MARIO IGUARÁN ARANA y/o quien haga sus veces al momento de la notificación de la demanda, es responsable de la totalidad de los daños perjuicios ocasionados a mis poderdantes como consecuencia de la imposición de la medida de aseguramiento consistente en DETENCIÓN MATERIAL PREVENTIVA en la primera audiencia de la legalización de la captura y formulación de cargos por hechos que acaecieron el 24 de septiembre de 2.005 a la 1:45 a.m. y POR LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN por parte de LA FISCALÍA 16 UNIDAD SEGUNDA DE VIDA, de la ciudad de Bogotá, al señor JUAN PABLO DELGADO MILLAN como supuesto autor del delito de HOMICIDIO AGRAVADO Y HURTO CALIFICADO, AGRAVADO.
Para la usanza se desempeñaba como Fiscal 16 Unidad Segunda de Vida la doctora FLOR ESMERALDA SUESCUN CASALLAS.
2. Que LA NACIÓN, COLOMBIANA representada por el Ministerio de Justicia, CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SALA AMINISTRATIVA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL representada por el Doctor JUAN CARLOS YEPES ALZATE, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a cargo de sr. Director General Dr. MARIO IGUARÁN ARANA, y/o quien haga sus veces al momento de la notificación de la Demanda, deberá reconocer y pagar la totalidad de los daños y perjuicios causados a mis poderdantes así:
2.1. PERJUICIOS MATERIALES
2. 1. 1. DAÑO EMERGENTE:
A favor de JUAN PABLO DELGADO MILLÁN, una suma igual o superior a los NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 9.000.000.00), que devienen de los gastos que tuvo que pagar por concepto de honorarios profesionales de los abogados quienes asumieron la defensa en el proceso penal, en la primera instancia, al igual que los gastos de transporte que trajo consigo la imposición de la detención material preventiva y RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN YA ANOTADAS o subsidiariamente el monto que se demuestre en el transcurso del proceso o en la liquidación posterior a la sentencia si ello fuere necesario.
2.1. 2. LUCRO CESANTE CONSOLIDADO
2.1.2.1. A favor de JUAN PABLO DELGADO MILLÁN, a título de indemnización por perjuicios materiales (lucro cesante consolidado), la suma igual o superior a LOS CIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (136.000.000.00) o la suma que subsidiariamente se demuestre en el proceso o en el incidente posterior a la sentencia, perjuicio que deviene de la pérdida de rentabilidad por un lado, del dinero pagado por honorarios de abogados y el que adeuda al futuro por tratarse de honorarios pactados a cuota litis con un porcentaje del 40% según CONALBOS durante el proceso penal, hasta la audiencia de sentencia y por el otro, del dinero dejado de recibir por concepto de los gastos médicos derivados de la enfermedad de su hermano, ya que su mamá ha tenido que dedicarse a atender la enfermedad de su hijo ANDRÉS FELIPE DELGADO MILLÁN a causa de la privación de la libertad de su hermano JUAN PABLO DELGADO MILLÁN dineros que de no haber tenido que gastarlos, por una parte, y haberlos recibido a tiempo, por la otra, pudieron haber sido colocados al interés comercial que le permite la ley, lo que les hubiera reportado una ganancia.
El objeto social de esta empresa mencionada se encuentra establecido dentro del certificado de existencia y representación legal de la misma, emitido por la Cámara de Comercio de esta ciudad de Bogotá, lo cual anexo a esta demanda para una mayor ilustración de nuestra parte y para que obre como prueba dentro de este expediente.
Todo esto daños se actualizarán teniendo en cuenta el incremento de los índices de precios al consumidor certificados por el DANE y aplicando para ello las fórmulas matemáticas que se vienen aceptando por parte del Consejo de Estado.
2.2. PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES (Morales).
A favor de: JUAN PABLO DELGADO MILLÁN, FRANCY EUNICE MILLÁN RINCÓN y ANDRÉS FELIPE DELGADO MILLÁN, por concepto de perjuicios morales que han sufrido y que están sufriendo en su condición de víctimas, madre y hermano, para cada uno, en cuantía equivalente a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecución del fallo, o en la forma subsidiaria lo que resulte probado dentro del proceso.
2.2.3. A JUAN PABLO DELGADO MILLÁN, FRANCY EUNICE MILLÁN RINCÓN Y ANDRÉS FELIPE DELGADO MILLÁN por concepto de perjuicios morales que han sufrido y que están sufriendo, en su condición de madre y hermano para cada uno en cuantía equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del fallo, en forma subsidiaria lo que resulte probado dentro del proceso.
FRANCY EUNICE MILLÁN RINCÓN Y ANDRÉS FELIPE DELGADO MILLÁN, madre y hermano de la víctima como consanguíneos del demandante.
2.3. PERJUICIOS POR EL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN
A favor de JUAN PABLO DELGADO MILLÁN, FRANCY EUNICE MILLÁN RINCÓN Y ANDRÉS FELIPE DELGADO MILLÁN como víctima, madre y hermano el valor de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha del fallo de la ejecutoria del presente proceso. Este perjuicio nace de la afectación sufrida por ellos y sus familias como consecuencia de la publicidad dada por vinculación a los delitos que se le sindicó y la detención preventiva sin perjuicio de excarcelación y Resolución de Acusación impuesta, lo que transcendió al seno de la sociedad, hechos estos que alteraron la vida de la relación del núcleo principal de la familia (víctima, madres y hermano) toda vez que hizo modificar su comportamiento social al punto que tuvieron que aislarse del círculo social en que actuaban y que les limitó hacia el futuro progreso y buena acogida en la sociedad, fuera de esto tanto Juan Pablo como Andrés Felipe tuvieron que dejar sus estudios de noveno y sexto grado de Bachillerato en el Colegio ROBERTO HOOK y GUSTAVO RESTREPO respectivamente.
3. Reconocer a mis poderdantes los intereses comerciales y moratorios legales sobre las sumas que resulten a su favor, aumentados de acuerdo al incremento promedio que en el mismo periodo que haya tenido el índice de precios al consumidor, desde la fecha en que el fallo deba cumplirse hasta el día que el pago se haga efectivo en su totalidad.
4. Comedidamente solicito que los valores de los perjuicios que resulten probados se actualicen e igualmente que para su certificación se de aplicación a las fórmulas matemáticas aceptadas por la Jurisprudencia del Consejo de Estado.
5. Ordenar que la parte demandada dé cumplimiento estricto a la sentencia, tal como lo ordena el Art. 174 en concordancia con el Art. 177 y demás normas concordante del C.C.A
6. Reconocer a mis poderdantes el pago de los gastos que tuvo que hacer la señora FRANCY EUNICE MILLÁN RINCÓN por los gastos de detención y hospitalización de sus dos hijos equivalente a la suma 4 SALARIOS MINIMOS como consta en los recibos de pago que anexo máxime si ANDRÉS FELIPE DELGADO MILLÁN sigue padeciendo de la enfermedad de ESQUIZOFRENIA PARANOIDE.
7. Reconocer a mis poderdantes la seguridad social a que tiene derecho máximo si ANDRÉS FELIPE DELGADO MILLÁN sigue padeciendo de la enfermedad de ESQUIZOFRENIA PARANOIDE.
8. Condenar a la parte demandada al pago de las costas, costos, agencias en derecho (…)>>
3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 24 de septiembre de 2005 la Fiscalía Dieciséis Seccional, adscrita a la Unidad Segunda de Vida, vinculó y libró orden captura contra el demandante Juan Pablo Delgado Millán por el homicidio de Santiago Iván Vargas Mogollón ocurrido en el barrio Ciudad Berna de Bogotá.
3.2.- Por solicitud presentada por la Fiscalía, el 25 de septiembre de 2005 el Juez Sexto Penal Municipal con función de control de garantías decretó medida de aseguramiento de detención preventiva contra el demandante Juan Pablo Delgado Millán, a quien le imputó haber cometido los delitos homicidio agravado y hurto calificado, razón por la que fue traslado a la cárcel nacional Modelo.
3.3.- En audiencia del 20 de junio de 2007 el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá D.C. absolvió al demandante Delgado Millán por no encontrar prueba de su responsabilidad en los hechos investigados. Ese mismo día fue dejado en libertad.
4.- De acuerdo con lo afirmado por la parte demandante, en el proceso penal se surtieron las siguientes actuaciones: (i) Juan Pablo Delgado Millán fue capturado el 24 de septiembre de 2005; (ii) el 25 de septiembre de 2005 el Juez Sexto Penal Municipal con función de control de garantías impuso en su contra medida de aseguramiento consistente en privación de su libertad, (iii) el 20 de junio de 2007 el Juez Segundo Penal del Circuito de Bogotá profirió sentencia absolutoria a favor del señor Delgado Millán por el punible de homicidio agravado y hurto calificado.
5.- Según la parte actora, la privación de la libertad del demandante Delgado Millán fue injusta debido a que fue absuelto dentro del proceso penal porque no existían pruebas que lo comprometieran en los hechos investigados. Así mismo, consideró que las providencias dictadas en el proceso penal fueron manifiestamente contrarias a la ley y le causaron perjuicios.
6.- En relación con los perjuicios, los demandantes destacaron que: (i) el demandante incurrió en gastos para pagar su defensa dentro del proceso penal, dinero sobre el cual dejó de percibir rentabilidad (ii) sufrieron una <<pérdida de rentabilidad>> del dinero que utilizaron para los gastos médicos de la enfermedad de Andrés Felipe Delgado Millán, hermano de la víctima directa y (iii) la víctima directa y sus familiares sufrieron dolor, estigmatización y angustia con ocasión de su detención.
B.- Posición de la parte demandada
7.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones formuladas. Como argumentos de su defensa expuso que:
7.1.- No le era endilgable ninguna responsabilidad por los perjuicios alegados, toda vez que la privación de la libertad del demandante Delgado Millán no fue impuesta por la Rama Judicial.
7.2.- Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto las actuaciones cuestionadas corresponden a la etapa de instrucción del proceso que es de competencia de la Fiscalía General de la Nación, entidad que tiene autonomía presupuestal y administrativa.
8.- La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones formuladas con fundamento en lo siguiente:
8.1.- El monto solicitado por la parte actora por concepto de perjuicios morales es excesivo, pues no se es un caso donde medie la muerte de un ser querido en primer grado de consanguinidad, en el que el dolor moral cobra su mayor intensidad. Así mismo, señaló que no se deben reconocer los perjuicios materiales, toda vez que la decisión que resolvió la situación jurídica del sindicado con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva fue una medida legal y legítimamente adoptada.
8.2.- Su actuación se surtió conforme a los preceptos legales, constitucionales, sustanciales y procedimentales que determinaban sus funciones.
8.3.- Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la Ley 906 de 2004 establece que si bien el ente instructor puede investigar, recaudar pruebas y solicitar la medida de aseguramiento, sólo le corresponde al juez de control de garantías imponer dicha restricción de la libertad.
C.- Sentencia recurrida
9.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B profirió sentencia de primera instancia el 17 de noviembre de 2010, en la que:
9.1.- Declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Andrés Felipe Delgado Millán, pues al no aportar al proceso su registro civil de nacimiento, no se pudo acreditar la condición de hermano de Juan Pablo Delgado Millán.
9.2.- Declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, por cuanto consideró dicha entidad no adoptó la decisión de privar de la libertad al demandante.
9.3.- Negó las pretensiones de la demanda porque consideró que los documentos allegados del proceso penal carecían de idoneidad, toda vez que no obraban las grabaciones de las audiencias públicas que se surtieron y no era posible establecer si la privación de la libertad que soportó el demandante tenía el carácter de injusta porque no se podía determinar si la actuación de la Rama Judicial fue desproporcionada o contraria a derecho.
D.- Recurso de apelación
10.- La parte demandante apeló el fallo de primera instancia. Solicitó que se revocara y en su lugar se concedieran las pretensiones de la demanda. Su inconformidad se centró en los siguientes puntos:
10.1.- No era procedente declarar la falta de legitimación en la causa por activa de Andrés Felipe Delgado Millán. Como se probó con documentos médicos, el registro civil autenticado no fue aportado porque los demandantes no estaban en la capacidad de comprender y actuar de manera diligente por cuanto se estaban enfrentando a todos los perjuicios psicológicos que les dejó la privación de la libertad del señor Juan Pablo Delgado Millán. Además, el juez podía hacer uso de su facultad oficiosa para decretar dicha prueba o ampliar el término probatorio con fundamento en el artículo 119 del CPC para que la parte demandante lo subsanara.
10.2.- Confirmar la decisión de negar las pretensiones de la demanda configuraría un incumplimiento a la <<obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta.>>
10.3.- Era evidente que la Rama Judicial buscaba obstruir y burlar la justicia al no allegar los CD de las audiencias que se celebraron en el proceso penal. Sin embargo, el juez, con fundamento en los principios de razonabilidad y de la prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, podía valorar las pruebas allegadas y materializar el derecho al acceso a la administración de justicia de los demandantes con la reparación de sus perjuicios.
E.- Sentencia objeto de la acción de tutela
11.- En la sentencia dictada el 31 de julio de 2020 esta Subsección revocó el fallo del 17 de noviembre de 2010 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar condenar a la Nación – Rama Judicial a reparar el daño causado a los demandantes por la privación de la libertad de Juan Pablo Delgado Millán con fundamento en las siguientes consideraciones:
11.1.- Pese a los varios requerimientos realizados a las entidades demandadas, solo se allegó al proceso el acta de la audiencia preliminar en la que se impuso la medida de aseguramiento contra el demandante Delgado Millán, pero no se aportó la grabación de dicha audiencia. En consecuencia, no era posible estudiar la legalidad de esa decisión.
11.2.- En todo caso, se demostró que la detención de Juan Pablo Delgado Millán causó un daño especial a los demandantes debido a que fue absuelto porque no se probó su responsabilidad en la comisión de los delitos investigados.
F.- Acción de tutela
12.- La Rama Judicial interpuso acción de tutela contra la sentencia del 31 de julio de 2020 con fundamento en que desconoció sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad al haber incurrido en: (i) el desconocimiento del precedente contenido en las sentencias C–037 de 1996 y SU –072 de 2018, proferidas por la Corte Constitucional; (ii) un defecto sustantivo por falta de aplicación de los artículos 63 del Código Civil y 70 de la Ley 270 de 1996; (iii) un defecto fáctico porque la Subsección concluyó que la privación de la libertad del procesado fue injusta, sin que existiera material probatorio para encontrar probado ese hecho; (iv) desconocimiento del precedente contenido en la sentencia del 28 de agosto de 2014 dictada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, al haberse ordenado medidas de satisfacción en favor de los demandantes, y (v) desconocimiento del principio de congruencia por ordenar medidas de satisfacción que no fueron solicitadas en la demanda de reparación directa.
13.- En sentencia del 21 de mayo de 2021 el Consejo de Estado, Sección Primera, ordenó el amparo los derechos fundamentales de los accionantes debido a que se encontró probado el desconocimiento del precedente contenido en las sentencias C–037 de 1996 y SU–072 de 2018 y, en consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 31 de julio de 2020. La Sección Primera indicó que en los eventos en que el procesado es absuelto en aplicación del principio de in dubio pro reo, como ocurrió en el caso del demandante Juan Pablo Delgado Millán, se debe analizar si la medida privativa de la libertad de la que fue objeto fue desproporcionada, irrazonable y arbitraria, lo cual no se hizo en la sentencia dejada sin efecto, toda vez que se condenó a la Rama Judicial bajo el título de imputación de daño especial.
CONSIDERACIONES
14.- La Sala dará cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de tutela de 21 de mayo de 2021 y, en consecuencia, dictará la sentencia de reemplazo de segunda instancia, en los siguientes términos.
15.- Está probado que el demandante Juan Pablo Delgado Millán fue privado de la libertad desde el 25 de septiembre de 2005 hasta el 12 de abril de 2007, esto es por un período de dieciocho meses y dieciocho días.
16.- También está demostrado que el demandante Juan Pablo Delgado Millán fue absuelto mediante sentencia del 20 de junio de 2007, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá D.C., debido a que las pruebas aportadas no eran suficientes para demostrar la responsabilidad del acusado en los hechos materia de juicio.
17.- En esta providencia, la Sala:
17.1.- Estudiará de fondo el asunto porque la demanda fue presentada oportunamente. El término de caducidad de dos años previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo empezó a contar a partir del 20 de junio de 2007, momento en que la sentencia penal absolutoria quedó ejecutoriada, y la demanda fue presentada el 10 de julio de 2008.
17.2.- Valorará los documentos que obran en copia simple en el expediente, dando aplicación a lo dispuesto en los artículos 252 y 254 del CPC, toda vez que no fueron tachados de falsos.
17.3.- Confirmará la decisión de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación debido a que no fue recurrida.
17.4.- Condenará a la Rama Judicial, toda vez que se probó la ilegalidad de la privación de la libertad del demandante Delgado Millán. Si bien al proceso no se allegó la medida de aseguramiento dictada contra la víctima directa por motivos no imputables a la parte demandante, a partir de las consideraciones de la sentencia absolutoria se advierte que fue privada de la libertad únicamente con base en un indicio leve de responsabilidad. En consecuencia, su detención fue desproporcionada, irrazonable y arbitraria.
G.- Plan de exposición
18.- La Sala seguirá la metodología adoptada en la sentencia de esta Subsección del 4 de junio del 2019 para decidir los procesos de privación de la libertad. En consecuencia, se referirá a: (i) la ilegalidad de la privación de la libertad; (ii) la entidad imputada; (iii) el análisis de la culpa de la víctima y (iv) la determinación de los perjuicios y la reparación.
H.- La ilegalidad de la privación de la libertad
19.- Con la sentencia del 20 de junio de 2007 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá D.C. está probado que el demandante Juan Pablo Delgado Millán fue absuelto en el proceso penal debido a que no se demostró su responsabilidad en la comisión de los delitos investigados.
Al respecto se señaló en dicha providencia:
<< (…) Corresponde determinar si los acusados tienen responsabilidad en el delito de homicidio, cuestión de la que nos ocupamos a continuación.
Para estos efectos, contamos con el dictamen rendido por la doctora ROSAURA MORALES VARGAS, perito bacterióloga del Instituto Nacional de Medicina legal, quien señala que al analizar unas muestras de sangre encontradas en el pantalón jean del señor RAÚL ANDRÉS ROJAS NOREÑA, llegó a la conclusión de que era sangre humana.
Por su parte, el subintendente ANTONIO DARÍO ROSERO TREJOS, agente de policía que efectuó la captura de los procesados, cuenta que el día de los hechos la Central de la Policía reportó el caso de una persona fallecida en el barrio Ciudad Jardín Sur. Precisa que otra patrulla llegó al lugar y se entrevistó con un celador, quien les dio las características de los presuntos responsables.
(…)
Presentadas así las pruebas, procedemos a su valoración, comenzando por resaltar que para el Juzgado, ninguna utilidad ofrece el dictamen rendido por la doctora ROSAURA MORALES VARGAS, ya que se desconoce si la sangre hallada en la ropa del señor ROJAS NOREÑA corresponde a la de la víctima o a otra persona; en consecuencia, atendiendo tal indeterminación, ni siquiera podemos cimentar un indicio de responsabilidad en contra del acusado.
Con el testimonio del subintendente ROSERO TREJOS tampoco se prueba la responsabilidad de los acusados. En primer lugar, porque de acuerdo con el art. 402 del C.P.P., un testigo no puede declarar sobre aspectos que en forma directa y personal no hubiese observado o percibido. En efecto, él mismo aclaró que toda la información relacionada con el homicidio de SANTIAGO IVÁN VARGAS la recibió de la Central de Policía y finalmente del celador que, al parecer, había reconocido a los responsables del homicidio. En suma, se trata de prueba de referencia según las voces del art. 437 del C.P.P., no incluida dentro de las excepciones consagradas en el art. 438 ídem.
En segundo lugar, porque, para el juzgado, es ilegal el reconocimiento al que se sometió a los acusados, ya que, si se consideraba necesario tal reconocimiento, ha debido aplicarse el procedimiento previsto en el art. 253 del C.P.P., el cual se omitió.
Ahora bien, cabe predicar un indicio en contra de los acusados por haber sido capturados en un lugar próximo al sitio donde ocurrieron los hechos, pero se trata de un indicio leve, puesto que no fueron sorprendidos por la policía en el lugar de los hechos, no se les encontró ningún bien que los involucrara con los hechos delictivos y en el sector podían estar más personas. En esta medida surgiría una probabilidad, que es insuficiente de cara al grado de persuasión que exige el art. 381 del C.P.P. para condenar.
Adicionalmente, de conformidad con el art. 448 del C.P.P. el acusado no podrá ser declarado culpable por delitos por los cuales no se ha solicitado condena, por lo que, en nuestro criterio, parece que es presupuesto de la condena que el Fiscal la solicite. De manera, según la citada norma, si el fiscal solicita la absolución, el Juez no puede condenar.
Por lo tanto, haciendo abstracción de las pruebas presentadas por la defensa, en acogimiento a los planteamientos de las partes, se concluye que la Fiscalía no probó la responsabilidad de los acusados en los hechos materia de juicio; en consecuencia, la sentencia será absolutoria (…)>>.
20.- A partir de este medio de convicción, se evidencia que la Rama Judicial no contaba con pruebas para imponerle a Juan Pablo Delgado Millán una medida de detención preventiva. Por el contrario, fue privado de la libertad por el solo hecho de encontrarse cerca del lugar donde fue asesinado Santiago Iván Vargas Mogollón, el cual el mismo juzgado calificó como <<indicio leve>>, sin que existiera ninguna otra prueba que lo vinculara con la comisión de los delitos que le fueron imputados.
21.- Así las cosas, la Sala concluye que la privación de la libertad del demandante Delgado Millán fue ilegal debido a que estuvo detenido por dieciocho meses y dieciocho días, sin que existiera alguna prueba que permitiera inferir razonablemente su participación en los delitos que le fueron imputados. Por el contrario, como se advirtió en la sentencia absolutoria, fue detenido con base en un indicio leve de responsabilidad, el cual inclusive era insuficiente para poder dictar una medida de aseguramiento en su contra. Por lo tanto, en los términos de la sentencia SU-072 de 2018, su detención fue <<desproporcionada, irrazonable y arbitraria >>.
I.- Entidad imputada
22.- Por tratarse de una medida de aseguramiento dictada bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en la Ley 906 de 2004, el daño causado por la privación de la libertad de Juan Pablo Delgado Millán es imputable a la Rama Judicial, dado que fue esta la entidad que la decretó a través del Juez Sexto Penal Municipal con función de control de garantías.
J.- Análisis de la culpa de la víctima
23.- No está probado que el demandante Juan Pablo Delgado Millán hubiera realizado conductas dentro del proceso penal que pudieran ser determinantes para su privación de la libertad; más aún, colaboró con la justicia y siempre manifestó ser inocente, razón por la cual no se configuró la culpa de la víctima.
K.- Determinación de los perjuicios y reparación
24.- Con la copia de los registros civiles que obran en el expediente está acreditado que Juan Pablo Delgado Millán es hijo de Francy Eunice Millán Rincón y hermano de Andrés Felipe Delgado Millán.
Perjuicios morales
25.- Para efectos de fijar la indemnización, la Sala aplicará los criterios unificados por la Sección Tercera de esta Corporación, en los cuales están establecidos los topes de las indemnizaciones que pueden ser reconocidas por concepto de perjuicios morales en casos de privación de la libertad.
26.- Debido a que el demandante Juan Pablo Delgado Millán estuvo privado de su libertad desde el 25 de septiembre de 2005 hasta el 12 de abril de 2007, esto es, por el término de dieciocho (18) meses y dieciocho (18) días, y a que no se desvirtuó la presunción de dolor sufrido por los demandantes como consecuencia del parentesco con la víctima directa, la Sala tasará así la indemnización por concepto de perjuicios morales:
Demandante
Cuantía
Juan Pablo Delgado Millán
100 SMLMV
Francy Eunice Millán Rincón
100 SMLMV
Andrés Felipe Delgado Millán
100 SMLMV
Daño al honor, al buen nombre y a la honra:
27.- Dado que la privación a la cual fue sometido el demandante Juan Pablo Delgado Millán afectó su derecho al buen nombre, la Sala ordenará al director ejecutivo de Administración Judicial de la Rama Judicial expedir y hacer llegar a los demandantes una comunicación en representación de la entidad estatal responsable en la que ofrezca disculpas a nombre del Estado colombiano por el daño antijurídico que le causó a Juan Pablo Delgado Millán por la privación injusta de su libertad. Dicha comunicación deberá enviarse en el término de un (1) mes máximo contado a partir de la ejecutoria de esta providencia. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales deben concertarse con las víctimas, la Rama Judicial deberá coordinar con la víctima directa si el documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, se publicará en las plataformas de comunicación y difusión de dicha demandada.
Daño a la vida de relación
28.- La Sala negará la indemnización del daño a la vida de relación solicitado por los demandantes. La denominación de dicha tipología de perjuicio fue abandonada a partir de la sentencia de unificación del 14 de septiembre del 2011. En todo caso, la parte actora solicitó bajo este concepto la indemnización de los perjuicios causados por la afectación de su vida como consecuencia de la privación de la libertad a la cual fue sometido el demandante Juan Pablo Delgado Millán, lo que se encuentra subsumido en los perjuicios inmateriales previamente reconocidos.
Perjuicios materiales
29.- En cuanto al daño emergente por concepto de los gastos en que incurrió el demandante respecto del abogado que llevó su defensa en el proceso penal, para que haya lugar a la indemnización de dicho perjuicio se requiere: i) que se allegue como prueba la factura o documento equivalente (artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario), acompañada de la prueba de su pago, expedidos ambos por el abogado que asumió la defensa penal del afectado con la privación, ii) que se encuentre probado que el profesional del derecho beneficiario del mismo fungió en el asunto penal como apoderado de la víctima de la detención, y iii) que hayan sido reclamados en la demanda por quien efectivamente realizó el pago. Si bien se demostró que el demandante fue defendido por un abogado en el proceso penal, el primero y el tercero de los aspectos antes mencionados no fueron acreditados, motivo por el cual se negará esta pretensión.
Debido a que no se allegaron facturas sobre los gastos de transporte y hospitalizaciones que afirman ocurrieron por la privación de la libertad, se negarán dichos rubros.
L.- Costas
31.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
M.- Costo total de la condena para la fecha en la que se profiere la sentencia
32.- El costo total de la condena contra el Estado para la fecha en la que se profiere esta providencia es de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($272.557.800), los cuales corresponden a perjuicios morales.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de tutela proferida el 21 de mayo de 2021 por el Consejo de Estado, Sección Primera, el fallo proferido el 31 de julio de 2020 por esta Subsección queda INTEGRALMENTE SIN EFECTOS. Las únicas declaraciones y condenas a favor de los demandantes son las que se establecen en las resoluciones subsiguientes:
PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 17 de noviembre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y, en su lugar, DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL por los perjuicios ocasionados a los demandantes por la privación de la libertad de JUAN PABLO DELGADO MILLÁN.
SEGUNDO: CONDÉNASE a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL al pago de las siguientes indemnizaciones, por concepto de perjuicios morales:
Demandante
Cuantía
Juan Pablo Delgado Millán
100 SMLMV
Francy Eunice Millán Rincón
100 SMLMV
Andrés Felipe Delgado Millán
100 SMLMV
TERCERO: ORDÉNASE al director ejecutivo de Administración Judicial de la Rama Judicial emitir, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, un comunicado en el cual ofrezca disculpas al señor Juan Pablo Delgado Millán por el daño antijurídico que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos señalados en esta providencia.
CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: SIN CONDENA en costas.
SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del CCA.
SÉPTIMO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP.
OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Aclara voto
Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
Con firma electrónica
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)
Salva voto
ACLARACIÓN DE VOTO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE CARÁCTER OBJETIVO / DAÑO ESPECIAL / COMPETENCIA DEL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCESO PENAL / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / CONTROL DE LEGALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / FALLA DEL SERVICIO / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
[L]a Sala no podía controlar la legalidad de una medida de aseguramiento de detención preventiva que no fue aportada al proceso. Por tanto, al demostrarse la ausencia de sentencia condenatoria penal en contra del demandante principal, solo era posible imputar la responsabilidad del Estado por daño especial. El control de legalidad de la medida es una de las competencias que define el rol del juez de la responsabilidad en casos de privaciones injustas de la libertad. La Sala, en ejercicio de esa labor exclusivamente suya, no puede suponer acerca de los posibles argumentos presentados por la fiscalía sobre la materialidad de la conducta, la presunta responsabilidad del sindicado o la necesidad de la detención, con base en otras piezas del expediente penal, que no contienen la totalidad del análisis expuesto en su momento para justificar la imposición de la aludida medida de aseguramiento. Lo anterior adquiere mayor importancia, si se tiene en cuenta que la declaración de responsabilidad bajo el título de imputación de falla del servicio le permite al Estado, posteriormente, repetir contra el funcionario negligente.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
ACLARACIÓN DE VOTO
Consejero: ALBERTO MONTAÑA PLATA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00369-01(42388)
Actor: JUAN PABLO DELGADO MILLÁN Y OTROS
Demandado: RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Aclaración de voto de Alberto Montaña Plata
Comparto la decisión adoptada, toda vez que debía declararse la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad. Sin embargo, en mi concepto, la Sala no podía controlar la legalidad de una medida de aseguramiento de detención preventiva que no fue aportada al proceso. Por tanto, al demostrarse la ausencia de sentencia condenatoria penal en contra del demandante principal, solo era posible imputar la responsabilidad del Estado por daño especial.
El control de legalidad de la medida es una de las competencias que define el rol del juez de la responsabilidad en casos de privaciones injustas de la libertad. La Sala, en ejercicio de esa labor exclusivamente suya, no puede suponer acerca de los posibles argumentos presentados por la fiscalía sobre la materialidad de la conducta, la presunta responsabilidad del sindicado o la necesidad de la detención, con base en otras piezas del expediente penal, que no contienen la totalidad del análisis expuesto en su momento para justificar la imposición de la aludida medida de aseguramiento.
Lo anterior adquiere mayor importancia, si se tiene en cuenta que la declaración de responsabilidad bajo el título de imputación de falla del servicio le permite al Estado, posteriormente, repetir contra el funcionario negligente.
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
SALVAMENTO DE VOTO / PROCESO PENAL / SENTENCIA ABSOLUTORIA / IN DUBIO PRO REO / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / CULPA DE LA VÍCTIMA / CULPA CIVIL / AUSENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DOLO / CULPA GRAVE / CAUSALES EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA
La absolución en favor del demandante se dio por la aplicación del principio del in dubio pro reo, por lo que en concordancia con las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, el régimen aplicar debía ser el de la falla en el servicio, por lo que al no ser evidenciada y no tratarse de un falso in dubio pro reo, las pretensiones debían ser negadas. Al ser la absolución por un verdadero in dubio pro reo, no debía hacerse el estudio bajo la óptica del daño especial, el que solo opera para casos definidos por la jurisprudencia, entre estos, la absolución porque que la conducta era atípica. De otro lado, en la decisión se hace el estudio de la culpa de la víctima solo desde el punto de vista procesal, esto es, desde el momento en que la persona investigada fue vinculada al proceso penal, sin tener en cuenta las conductas que aquella realizó antes de que se impusiera la medida de aseguramiento, y que, desde el punto de vista civil, son gravemente culposas o dolosas y que, en los casos en que opera el eximente, dan lugar a que aquel se configure.
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 11 de abril de 2012; Exp. 23513; C.P Mauricio Fajardo Gómez y sentencias de la Corte Constitucional, C 037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU 072 de 2018; M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
SALVAMENTO DE VOTO
Consejero: ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Bogotá D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00369-01(42388)
Actor: JUAN PABLO DELGADO MILLÁN Y OTROS
Demandado: RAMA JUDICIAL Y FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
SALVAMENTO DE VOTO
Con el acostumbrado respeto por la Corporación, salvo mi voto respecto de la decisión adoptada en proveído del 16 de julio de 2021 por la cual se da cumplimiento a una sentencia de tutela, en el proceso de la referencia, pues, consideró que se debían negar las pretensiones de la demanda.
La absolución en favor del demandante se dio por la aplicación del principio del in dubio pro reo, por lo que en concordancia con las sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional, el régimen aplicar debía ser el de la falla en el servicio, por lo que al no ser evidenciada y no tratarse de un falso in dubio pro reo, las pretensiones debían ser negadas. Al ser la absolución por un verdadero in dubio pro reo, no debía hacerse el estudio bajo la óptica del daño especial, el que solo opera para casos definidos por la jurisprudencia, entre estos, la absolución porque que la conducta era atípica.
De otro lado, en la decisión se hace el estudio de la culpa de la víctima solo desde el punto de vista procesal, esto es, desde el momento en que la persona investigada fue vinculada al proceso penal, sin tener en cuenta las conductas que aquella realizó antes de que se impusiera la medida de aseguramiento, y que, desde el punto de vista civil, son gravemente culposas o dolosas y que, en los casos en que opera el eximente, dan lugar a que aquel se configure.
En los anteriores términos, salvo mi voto.
Cordialmente,
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)
F. 11, c. 4.
F. 296, c. 4.
F. 117, c. 1.
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 28 de agosto del 2013. Expediente: 25.022. M.P.: Dr. Enrique Gil Botero.
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”. Sentencia del 4 de junio del 2019. Expediente: 39.626. M.P.: Dr. Alberto Montaña Plata.
Fls. 126 y 127, c. 1.
ARTÍCULO 615. OBLIGACIÓN DE EXPEDIR FACTURA. Para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente, y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales.(…).
ARTÍCULO 617. REQUISITOS DE LA FACTURA DE VENTA. Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos: a. Estar denominada expresamente como factura de venta. b. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. c. <Literal modificado por el artículo 64 de la Ley 788 de 2002. El nuevo texto es el siguiente:> Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado. d. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. e. Fecha de su expedición. f. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. g. Valor total de la operación. h. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. i. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. j. <Literal INEXEQUIBLE> (…).
Sentencia de 16 de julio de 2021.
El caso bajo estudio no se trato de un falso in dubio pro reo, toda la argumentación del juez evidenciaba que habían tanto pruebas en contra del aquí demandante como a su favor, de forma tal que ante la duda, lo absolvió.
Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018m M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
Esto es, que de los argumentos de la absolución se tiene que en realidad la persona fue absuelta por una de las causales del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991.
Sobre la culpa de la víctima y como esta puede darse desde el punto de vista “pre procesal” se pueden consultar al respecto las sentencia Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 11 de abril de 2012, Exp. No. 23513. M.P Mauricio Fajardo Gómez
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