Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00395-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: por privación justa de la libertad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00395-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2009-00395-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
22 de febrero de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Por privación justa de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – A presunto coautor material del delito de homicidio agravado / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Detención preventiva en establecimiento carcelario / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Fue ajustada a derecho / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Actor se encontraba condenado por delitos diferentes al presente
De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la Sala encuentra que el señor Juan Pablo Ortiz Agudelo fue privado de su derecho fundamental a la libertad; sin embargo, de la resolución de acusación emitida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación y de las providencias emitidas por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en las cuales se absolvió al señor Ortiz Agudelo por la muerte del señor Jaime Garzón Forero, se advierte que contra el demandante ya existían varias investigaciones por delitos diferentes al homicidio del señor Jaime Garzón Forero; incluso una condena, pues nótese que dentro de la filiación de los procesados fue identificado en la resolución de acusación
PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Régimen legal / PRELACIÓN DE FALLO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Procedente
En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Juan Pablo Ortiz Agudelo, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada
FUENTE FORMAL: LEY 1285 DE 2009 – ARTICULO 16
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Conoce en segunda instancia sin consideración a la cuantía / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Reiteración jurisprudencial
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el 14 de octubre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del consejo de estado en segunda instancia en proceso por privación injusta de la libertad consultar, auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, CP Mauricio Fajardo Gómez
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTICULO – 73
CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Conteo término / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Reiteración jurisprudencial / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EN PROCESO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – No operó por presentación oportuna de la demanda
En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido los demandantes con ocasión de la privación de la libertad del señor Juan Pablo Ortiz Agudelo, dentro de una investigación penal adelantada en su contra. En el expediente reposa copia de la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2005 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en sede de segunda instancia, por medio de la cual se confirmó la sentencia dictada el 10 de marzo de 2004 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, a través de la cual se absolvió al señor Juan Pablo Ortiz Agudelo. No obra constancia de ejecutoria de la sentencia dictada en segunda instancia, por lo que el término se contabilizará a partir de su fecha de emisión, esto es, el 19 de diciembre de 2005, por manera que la demanda –presentada el 13 de diciembre de 2007- se interpuso antes de que hubiera expirado el plazo de dos años siguientes al hecho que dio origen a la alegada responsabilidad. NOTA DE RELATORÍA: De conformidad con el computo del término de caducidad cuando se esté en medio de una privación injusta de la libertad consultar, sentencia de 14 de febrero de 2002, Exp. 13622, CP María Helena Giraldo Gómez y auto de 19 de julio de 2010, Exp. 37410, CP Mauricio Fajardo Gómez
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Régimen legal / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Régimen objetivo / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Presupuestos para declararla
[D]e manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.
PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO – Aplicación en proceso penal que termine en absolución constituye responsabilidad patrimonial
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad patrimonial del estado derivada de la aplicación del principio in dubio pro reo en proceso penal que termina en absolución consultar, sentencia de 26 de mayo de 2011, Exp. 20299, CP Mauricio Fajardo Gómez
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Si imputado no resulta condenado genera responsabilidad patrimonial del Estado / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Genera responsabilidad siempre que no se encuentre en el deber jurídico de soportarla / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – No da lugar a responsabilidad del Estado siempre que se acrediten eximentes
[A]unque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los eximentes de responsabilidad del Estado por imposición de medida de aseguramiento consultar, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 13168, CP Mauricio Fajardo Gómez
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – No fue injusta / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Estuvo ajusta a derecho / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Sindicado se encontraba condenado por otros delitos
[L]a Sala concluye que en el presente asunto no existió una privación injusta de la libertad respecto del ahora demandante, pues en el curso ordinario del proceso penal se demostró que el actor era responsable penalmente de otras conductas punibles, esto es, doble homicidio y porte ilegal de armas de fuego, como consecuencia, debía responder penalmente y, en ese sentido, debía soportar la carga que se le impuso en ese proceso, por lo que no se configuró un daño antijurídico
CARGA DE LA PRUEBA – Obligación a cargo de quien pretende demostrar / CARGA DE LA PRUEBA – Reiteración jurisprudencial
[E]n el proceso se demostró que el señor Juan Pablo Ortiz Agudelo fue investigado por el delito de homicidio agravado por la muerte del señor Jaime Garzón Forero, imponiéndole medida de aseguramiento desde el 18 de enero de 2000; sin embargo, no obra en el expediente ninguna prueba que acredite que desde dicha fecha, o incluso antes, como se propone en los hechos de la demanda, haya sido capturado, obligación que obraba a su cargo. (…) la carga de la prueba expresa las ideas de libertad, de autorresponsabilidad, de diligencia y de cuidado sumo en la ejecución de una determinada conducta procesal a cargo de cualquiera de las partes NOTA DE RELATORÍA: En relación con la carga de la prueba consultar, sentencia de 11 de diciembre de 2007, Exp. 11001-03-15-000-2006-01308-00
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – No se configuró / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Inexistente por cuanto actor ya se encontraba cumpliendo otra condena impuesta por comisión de delito de homicidio
[O]bra la resolución del 12 de marzo de 2002, de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, en la que se indica que el señor Juan Pablo Ortiz Agudelo ya se encontraba privado de su libertad por cuenta de la condena impuesta por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín por un delito cuya pena mínima es de 25 años y, para la época en la cual fue absuelto del homicidio de Jaime Garzón Forero, esto es, el 10 de marzo de 2004, continuaba recluido en un centro penitenciario, a disposición de otro juzgado penal, dentro de un radicado diferente al adelantado en su contra por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín, razón por la cual se concluye que, si en algún momento estuvo privado de la libertad por cuenta de la investigación por el homicidio de Jaime Garzón Forero adelantada en su contra, dicha privación de la libertad no excedió el tiempo de la pena privativa de la libertad que debía afrontar por ser responsable del doble homicidio por el cual lo condenó el Juzgado Séptimo Penal Circuito de Medellín. Dicho de otra manera, el actor sustituyó el tiempo que estuvo privado de la libertad por no ser responsable del delito de homicidio agravado del señor Jaime Garzón Forero, con la pena que debió asumir por haber cometido las conductas punibles de doble homicidio y porte ilegal de armas, entre otros, cuestión que permite señalar que el actor, en este proceso, no sufrió realmente un daño antijurídico.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00395-01(45733)
Actor: JUAN PABLO ORTIZ AGUDELO Y OTROS
Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN-
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - / verificación de la existencia de los presupuestos de procedibilidad de la acción de reparación directa/ RÉGIMEN APLICABLE – privación injusta de la libertad / INEXISTENCIA DE DAÑO.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia fechada el 14 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se dispuso negar las pretensiones de la demanda.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
En escrito presentado el 13 de diciembre de 2007, el señor Juan Pablo Ortiz Agudelo, en nombre propio y en representación de sus hijas menores María Paula Ortiz Guzmán y Camila Ortiz Guzmán y, Jaime León Ortiz Uribe, en nombre propio y en representación de sus hijas menores Caterine Ortiz Rúa y Manuela Ortiz Rúa, por conducto de apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial -, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios materiales e inmateriales a ellos ocasionados como consecuencia de la privación de la libertad que soportó Juan Pablo Ortiz Agudelo dentro de un proceso penal adelantado en su contra.
Como consecuencia, solicitaron que se condenara a las entidades demandadas a pagar por concepto de perjuicios morales el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la víctima directa del daño, para cada una de sus hijas María Paula y Camila Ortiz Guzmán y para el señor Jaime León Ortiz Uribe; y el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Caterine Ortiz Ruiz y Manuela Ortiz Ruiz.
Por daño emergente, la suma de $25`000.000, correspondiente a los honorarios que debió pagar a la abogada que lo asistió durante el desarrollo del proceso penal adelantado en su contra.
Finalmente, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $178’200.000, en razón de lo dejado de percibir por Juan Pablo Ortiz Agudelo durante la privación de su libertad.
2. Los hechos
La parte demandante narró, en síntesis, que la Fiscalía adelantó una investigación penal en contra del señor Juan Pablo Ortiz Agudelo como coautor del delito de homicidio agravado por el periodista y humorista Jaime Garzón Forero.
De acuerdo con el libelo, el señor Juan Pablo Ortiz Agudelo fue capturado el 6 de enero de 2000 y recluido en la “Cárcel Nacional” hasta el 19 de diciembre de 2005.
Según se dijo, mediante providencia del 12 de marzo de 2002, la Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, profirió resolución acusatoria al considerarlo como coautor material del delito de homicidio agravado por la muerte de Jaime Garzón Forero.
Surtida la etapa de juicio, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mediante sentencia del 10 de marzo de 2004, absolvió al demandante.
La sentencia fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena el 19 de diciembre de 2005.
3. Trámite en primera instancia
3.1. La demanda así presentada, luego de declararse la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado Treinta y Seis Administrativo del Circuito de Bogotá, fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 5 de noviembre de 2009, solo en contra de la Fiscalía General de la Nación, en providencia que fue notificada en debida forma a esta última entidad y al Ministerio Público.
3.2. La Nación – Fiscalía General de la Nación - contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones. En síntesis, manifestó que no existió sustento probatorio que permitiera evidenciar la existencia de los daños señalados por la parte demandante, cuya causación atribuye a la entidad.
Finalmente, indicó que las actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación estuvieron legitimadas por mandato constitucional, razón por la cual no son de recibo los argumentos expuestos para declarar una falla de la Administración.
3.5. Concluido el período probatorio, mediante providencia del 9 de junio de 2011, se corrió traslado para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la que intervinieron las partes, así:
La Nación – Fiscalía General de la Nación - indicó que la medida de aseguramiento que se les impuso a los demandantes se fundamentó en los elementos probatorios allegados a la investigación penal. Como consecuencia, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda.
El apoderado de la parte demandante manifestó que los demandantes sufrieron daños antijurídicos como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue objeto Juan Pablo Ortiz Agudelo, misma que se encuentra ampliamente probada dentro del expediente, especialmente la falla que es reconocida por el juzgador y el Ministerio Público en la sentencia de primera instancia.
El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.
4. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia fechada el 14 de octubre de 2011, declaró no probada la falla del servicio imputada a la Fiscalía General de la Nación, comoquiera que con los indicios encontrados era razonable que el ente acusador, en la definición de la situación jurídica del demandante, pudiera colegir que la medida de aseguramiento de detención preventiva de la libertad resultara adecuada, proporcionada y necesaria, de conformidad con las pruebas allegadas.
5. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión anterior, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación en su contra y, por consiguiente, solicitó la revocatoria del fallo.
Como sustento de su oposición, en síntesis, señaló que de las pruebas documentales y testimoniales allegadas al proceso, se puede concluir que se está en presencia de la privación injusta de la libertad del joven Juan Pablo Ortiz Agudelo, desde el 6 de enero de 2000, hasta el 19 de diciembre de 2005, dentro del proceso que se adelantaba por el homicidio de Jaime Garzón Forero, el cual culminó con la absolución del demandante por in dubio pro reo.
Finalmente, sostuvo que quedó demostrada la existencia del daño causado por el Estado, así como el nexo causal y la imputación de la conducta a la entidad demandada, razón por la cual las pretensiones de la demanda deben prosperar bajo la aplicación del régimen objetivo.
6. Trámite en segunda instancia
El recurso así presentado fue admitido mediante auto calendado el 18 de enero de 2013. Posteriormente se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, rindiera concepto de fondo, al respecto, la parte demandante reiteró los argumentos propuestos en el recurso de apelación, con especial énfasis en que su defendido fue absuelto por duda y por los errores que se advirtieron en la sentencia proferida en primera instancia dentro del proceso penal.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso; sin embargo, solicitó la revocatoria de la sentencia, pese a que en esta se le denegaron las pretensiones de la demanda, para que en su lugar sea “dictada la que en derecho deba reemplazarla por cuanto está determinado a través de la controversia jurídica que la resolución de acusación dictada en contra de Juan Pablo Ortiz Agudelo, fue dictada con base al material obrante del proceso y daba certeza de la comisión de las conductas penales y por ende no constituye error judicial que apareja responsabilidad a cargo de la Administración, particularmente de la Fiscalía General de la Nación”.
El Ministerio Público allegó concepto en el cual, luego de hacer un recuento de los hechos y del trámite procesal, solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia, aduciendo que el sumario recaudado por la Fiscalía General de la Nación, en los primeros momentos de la investigación desplegada tras la muerte de Jaime Garzón Forero, arrojaba múltiples indicios que conducían a ubicar al señor Juan Pablo Ortiz Agudelo como autor material del homicidio.
Por tanto, encontró no probada la responsabilidad de la entidad demandada por los perjuicios sufridos por los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de Juan Pablo Ortiz Agudelo.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Para resolver la segunda instancia de la presente litis se abordarán los siguientes temas: i) prelación de fallo en los casos de privación injusta de la libertad; ii) competencia; iii) ejercicio oportuno de la acción; iv) responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de Jurisprudencia; v) el material probatorio allegado al proceso; vi) el caso concreto; vii) costas.
1. Prelación de fallo
En la actualidad, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tiene a su conocimiento procesos que entraron para dictar fallo definitivo con anterioridad al presente asunto, situación que, en los términos del artículo 18 de la Ley 446 de 1998, exigiría su decisión en atención al orden cronológico respecto del cual pasaron los expedientes al Despacho del Magistrada conductora correspondiente.
No obstante, la Ley 1285 de 2009, en su artículo 16, permite decidir de manera anticipada, esto es, sin sujeción al orden cronológico de turno, los procesos en relación con los cuales para su decisión definitiva “entrañe sólo la reiteración de jurisprudencia”.
En el presente caso se encuentra que el objeto del debate dice relación con la privación injusta de la libertad del señor Juan Pablo Ortiz Agudelo, tema respecto del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas ocasiones, asunto en el que ha fijado una jurisprudencia consolidada y reiterada, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009, la Subsección se encuentra habilitada para resolver el presente asunto de manera anticipada.
2. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el 14 de octubre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, comoquiera que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad o por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia sin consideración a la cuantía del proceso.
3. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
En tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
En el presente caso la demanda se originó en los perjuicios que habrían sufrido los demandantes con ocasión de la privación de la libertad del señor Juan Pablo Ortiz Agudelo, dentro de una investigación penal adelantada en su contra.
En el expediente reposa copia de la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2005 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en sede de segunda instancia, por medio de la cual se confirmó la sentencia dictada el 10 de marzo de 2004 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, a través de la cual se absolvió al señor Juan Pablo Ortiz Agudelo.
No obra constancia de ejecutoria de la sentencia dictada en segunda instancia, por lo que el término se contabilizará a partir de su fecha de emisión, esto es, el 19 de diciembre de 2005, por manera que la demanda –presentada el 13 de diciembre de 2007- se interpuso antes de que hubiera expirado el plazo de dos años siguientes al hecho que dio origen a la alegada responsabilidad.
4. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad, en vigencia de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Reiteración de jurisprudencia
En punto a los presupuestos para declarar la responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la libertad de los ciudadanos, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha desarrollado una jurisprudencia consolidada, estable y reiterada, a partir de la interpretación y el alcance del artículo 90 de la Constitución Política, del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 -Código de Procedimiento Penal- y de la Ley 270 de 1996.
En este sentido, de manera general, la jurisprudencia de la Sala ha acudido a la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad y se impone su declaración en todos los eventos en los cuales el implicado correspondiente que ha sido privado de la libertad es absuelto o se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar a su detención o restricción de la libertad se determine que: i) el hecho no existió; ii) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica, siempre y cuando no hubiere mediado una falla en el ejercicio de la función jurisdiccional en cuyo caso podrá aplicarse un régimen subjetivo de responsabilidad.
De igual forma, de conformidad con la postura reiterada, asumida y unificada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, se amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio universal de in dubio pro reo.
Siguiendo ese orden, aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que este no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos, cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de detención preventiva.
Todo lo expuesto con antelación se encuentra reiterado en las sentencias de unificación que ha proferido la Sala Plena de la Sección Tercera, así:
En pronunciamiento del 6 de abril de 2011, expediente 21.653, se sostuvo que el Estado es responsable de los daños ocasionados a una persona que es privada injustamente de la libertad y posteriormente es absuelta en virtud de los supuestos previstos en el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal y en la Ley 270 de 1996.
Posteriormente, mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2013, expediente 23.354, se precisó que, además de los supuestos del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y de la Ley 270 de 1996, también es responsable el Estado por los daños ocasionados en virtud de la privación injusta de la libertad de una persona cuando es absuelta por aplicación del principio de in dubio pro reo.
Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.
5. Las pruebas recaudadas en el proceso
Dentro de la respectiva etapa procesal se recaudaron, en debida forma, los siguientes elementos de convicción:
5.1. Documentales
• Providencia fechada el 12 de marzo de 2002, proferida por la Dirección Nacional de Fiscalías, Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Bogotá, por medio de la cual se profirió resolución de acusación en contra de Juan Pablo Ortiz Agudelo como coautor material del delito de homicidio agravado; además, se indica que Juan Pablo Ortiz Agudelo se encuentra condenado por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín, dentro de la investigación que se adelantó por la comisión de un doble homicidio en esa ciudad, del que resultaron víctimas los señores Cristian Alexander Colorado Silva y Jhon Fredy Mejía Loayza; además, se indica que obra resolución de acusación en su contra por el delito de concierto para delinquir y homicidio, proferida por un Fiscal Especializado de la ciudad de Medellín.
Debe aclarar la Sala que, contrario a lo establecido por el Tribunal en primera instancia, sí se le dará valor probatorio a la copia simple de la resolución aportada al proceso por parte de los demandantes, en atención a que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia a través de la cual unificó su postura frente al tema, concluyendo que la valoración de los documentos aportados en copia simple sí procede cuando las partes han tenido la oportunidad de controvertir su contenido, de conformidad con los principios de contradicción y de defensa.
• Proveído del 10 de marzo de 2004, proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, a través del cual se absolvió de responsabilidad penal al señor Juan Pablo Ortiz Agudelo como coautor de la conducta punible de homicidio agravado, y en la que se indica que, mediante resolución del 11 de enero de 2000, la Fiscalía Especializada de la Unidad de Derechos Humanos dispuso la apertura de instrucción y ordenó vincular mediante indagatoria a Juan Pablo Ortiz Agudelo, para luego, mediante resolución del 18 de enero del mismo año, imponerle medida de aseguramiento.
Además, en la parte resolutiva se da la orden de “dejar a JUAN PABLO ORTIZ AGUDELO, en el establecimiento donde se encuentra recluido, a disposición del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín, dentro del radicado 333-948-5435-002111, debiéndose comunicar esta determinación a dicho Juzgado y al director del respectivo establecimiento carcelario”.
• Sentencia del 19 de diciembre de 2005, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, por medio de la cual se confirmó la sentencia mencionada previamente.
6. Caso concreto
De conformidad con el conjunto probatorio antes descrito, la Sala encuentra que el señor Juan Pablo Ortiz Agudelo fue privado de su derecho fundamental a la libertad; sin embargo, de la resolución de acusación emitida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación y de las providencias emitidas por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en las cuales se absolvió al señor Ortiz Agudelo por la muerte del señor Jaime Garzón Forero, se advierte que contra el demandante ya existían varias investigaciones por delitos diferentes al homicidio del señor Jaime Garzón Forero; incluso una condena, pues nótese que dentro de la filiación de los procesados fue identificado en la resolución de acusación, así:
“JUAN PABLO ORTIZ AGUDELO es un varón nacido el 13 de noviembre de 1978, natural de Medellín, Antioquia, hijo del señor JAIME LEÓN ORTIZ y de la señora ROCÍO AGUDELO, de profesión vendedor ambulante, se identifica con la cédula de ciudadanía número 71.779.796 de Medellín y en la actualidad se encuentra detenido en la Penitenciaría Nacional de Itagüí, en calidad de condenado por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de la Ciudad de Medellín por los delitos de doble homicidio y porte ilegal de armas de fuego de uso civil.
“(…)”.
Además, en la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Cartagena, en la que se confirmó la absolución de Juan Pablo Ortiz Agudelo por el homicidio de Jaime Garzón Forero, se relacionó la resolución calificatoria proferida por la Fiscalía Especializada de Medellín, en contra de Juan Pablo Ortiz Agudelo y otros, bajo partida N° 422420, en la que se da cuenta de que un revólver marca Smith, calibre 38, con salvoconducto y de propiedad del señor Juan Pablo Ortiz Agudelo, fue utilizado para el homicidio de Ilder Edwin Monsalve y Jhon Fredy Roco Cardona, ocurrido el 9 de junio de 1998.
En esa misma providencia, se relacionó la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín, del 28 de septiembre de 2000, en contra de Juan Pablo Ortiz Agudelo, por el delito de homicidio en concurso con el delito de porte ilegal de armas de fuego.
Pues bien, aunque se absolvió al actor por la conducta punible de homicidio agravado del señor Jaime Garzón Forero, lo cierto es que durante el trámite del proceso penal, el actor ya se encontraba privado de su libertad por cuenta de la sentencia del 28 de septiembre de 2000 emitida por el Juzgado Penal del Circuito de Medellín dentro de otra investigación adelantada en su contra.
Por tanto, la Sala concluye que en el presente asunto no existió una privación injusta de la libertad respecto del ahora demandante, pues en el curso ordinario del proceso penal se demostró que el actor era responsable penalmente de otras conductas punibles, esto es, doble homicidio y porte ilegal de armas de fuego, como consecuencia, debía responder penalmente y, en ese sentido, debía soportar la carga que se le impuso en ese proceso, por lo que no se configuró un daño antijurídico, tal como se pasa a exponer.
Como ya se dijo, en el proceso se demostró que el señor Juan Pablo Ortiz Agudelo fue investigado por el delito de homicidio agravado por la muerte del señor Jaime Garzón Forero, imponiéndole medida de aseguramiento desde el 18 de enero de 2000; sin embargo, no obra en el expediente ninguna prueba que acredite que desde dicha fecha, o incluso antes, como se propone en los hechos de la demanda, haya sido capturado, obligación que obraba a su cargo.
Recuérdese que la carga de la prueba es “una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos”. Sobre este tema se ha expresado la Corporación en estos términos:
“La noción de carga ha sido definida como “una especie menor del deber consistente en la necesidad de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual escogido dentro de los varios que excitaban al sujeto”. La carga, entonces, a diferencia de la obligación, no impone al deudor la necesidad de cumplir ⎯incluso pudiendo ser compelido a ello coercitivamente⎯ con la prestación respecto de la cual se ha comprometido con el acreedor, sino que simplemente faculta ⎯la aludida carga⎯, a aquél en quien recae, para realizar una conducta como consecuencia de cuyo despliegue puede obtener una ventaja o un resultado favorable, mientras que si no la lleva a cabo, asume la responsabilidad de aceptar las consecuencias desventajosas, desfavorables o nocivas que tal omisión le acarree.
“Trayendo este concepto al ámbito del proceso y de la actividad probatoria dentro del mismo, la noción de carga se traduce en que a pesar de que la igualdad de oportunidades que, en materia de pruebas, gobierna las relaciones entre las partes procesales, dicho punto de partida no obsta para que corra por cuenta de cada una de ellas la responsabilidad de allegar o procurar la aportación, al expediente, de la prueba de ciertos hechos, bien sea porque los invoca en su favor, bien en atención a que de ellos se deduce lo que pide o a lo que se opone, ora teniendo en cuenta que el hecho opuesto está exento de prueba ⎯verbigracia, por venir presumido por la ley o por gozar de notoriedad o por tratarse de una proposición (afirmación o negación) indefinida⎯”.
Así pues, la carga de la prueba expresa las ideas de libertad, de autorresponsabilidad, de diligencia y de cuidado sumo en la ejecución de una determinada conducta procesal a cargo de cualquiera de las partes.
Sin embargo, obra la resolución del 12 de marzo de 2002, de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, en la que se indica que el señor Juan Pablo Ortiz Agudelo ya se encontraba privado de su libertad por cuenta de la condena impuesta por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín por un delito cuya pena mínima es de 25 años y, para la época en la cual fue absuelto del homicidio de Jaime Garzón Forero, esto es, el 10 de marzo de 2004, continuaba recluido en un centro penitenciario, a disposición de otro juzgado penal, dentro de un radicado diferente al adelantado en su contra por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Medellín, razón por la cual se concluye que, si en algún momento estuvo privado de la libertad por cuenta de la investigación por el homicidio de Jaime Garzón Forero adelantada en su contra, dicha privación de la libertad no excedió el tiempo de la pena privativa de la libertad que debía afrontar por ser responsable del doble homicidio por el cual lo condenó el Juzgado Séptimo Penal Circuito de Medellín.
Dicho de otra manera, el actor sustituyó el tiempo que estuvo privado de la libertad por no ser responsable del delito de homicidio agravado del señor Jaime Garzón Forero, con la pena que debió asumir por haber cometido las conductas punibles de doble homicidio y porte ilegal de armas, entre otros, cuestión que permite señalar que el actor, en este proceso, no sufrió realmente un daño antijurídico.
Al respecto, frente a un caso similar, esta Subsección consideró:
“En el proceso se demostró que el aquí actor estuvo privado de su libertad desde el 26 de septiembre de 1997 hasta el 3 de julio de 2003, esto es durante 5 años, 9 meses y 8 días; el delito de abandono de menor, del cual, se reitera, sí fue autor el señor Morales Gaviria tenía prevista una pena máxima de 6 años, por lo cual se concluye que el demandante, no obstante que fue absuelto del delito de secuestro simple, lo cierto es que su privación de la libertad no excedió el tiempo de la pena privativa de la libertad que debía afrontar por ser responsable de los otros dos delitos.
“Con esa misma lógica, si el demandante en este proceso no estuvo privado de la libertad por un tiempo mayor al que debía, por ser autor de otros delitos, se impone concluir que no se configuró un daño antijurídico” (Se destaca).
Por todo lo expuesto, se confirmará el fallo de primera instancia en el sentido de eximir de responsabilidad patrimonial a la Fiscalía General de la Nación.
7. Condena en costas
Dado que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y en el sub lite ninguna de ellas actuó de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
Primero: Confirmar la sentencia apelada, esto es la proferida el 14 de octubre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se denegaron las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
HERNÁN ANDRADE RINCÓN
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
ACLARA EL VOTO
Folios 319 a 321 del cuaderno No. 1 de primera instancia.
Folios 323 a 327 del cuaderno Nº. 1 de primera instancia.
Folios 330 a 34 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folios 336 a 342 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folios 350 a 353 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folio 355 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folios 366 a 372 del cuaderno del Consejo de Estado.
De acuerdo con lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera en sesión del 25 de abril de 2013, según acta No. 9. Sobre este tema consultar auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, actor: Luz Elena Muñoz y otros. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterado en sentencia del 11 de agosto de 2011, expediente 21.801. Al respecto puede consultarse igualmente el auto proferido el 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. A donde fue remitido en virtud del plan de descongestión. Folio 21 del cuaderno No. 2 de primera instancia, en el que se observa la fecha en la cual se profirió la sentencia de segunda instancia. Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 17 de octubre de 2013. Expediente: 23.354. Folios 34 a 88 del cuaderno Nº. 1 de primera instancia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, proceso No. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022). M.P. Enrique Gil Botero. Folios 83 a 84 del cuaderno Nº. 2 de primera instancia. Folio 145 del cuaderno Nº. 2 de primera instancia. Folios 21 a 80 del cuaderno Nº. 2 de primera instancia. Folio 35 del cuaderno Nº 1 de primera instancia. Folio 36 del cuaderno N° 5 de primera instancia. PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional. 2007., pág. 249. De manera más detallada el tratadista Devis Echandía expone lo siguiente: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1°) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2°) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones” DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002., pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables” Ídem. Pág. 406
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de diciembre 11 de 2007, Radicado 110010315000200601308 00. Cita original del Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 11 de 2007. Radicado 110010315000200601308 00: “HINESTROSA, Fernando, Derecho Civil Obligaciones, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, D.C., 1969, p. 180”.
“La carga es un imperativo del propio interés y no del interés ajeno. Es decir, que quien cumple con el imperativo (comparecer, contestar demanda, probar, alegar) favorece su interés y no el de cualquiera otro, como en cambio sí ocurre con quien cumple una obligación o un deber.
Precisamente, por ello no existe una sanción coactiva que conmine al individuo a cumplir, sino que se producirá para el sujeto, como consecuencia de su incumplimiento, una desventaja sin que su omisión se refleje en la esfera de un tercero. En la carga se está en pleno campo de la libertad. El sujeto tiene la opción entre cumplir o no cumplir su carga. Si no lo hace no tiene sanción, porque lo que se busca es facilitar la situación del sujeto ya que el fin perseguido es justamente un interés propio. Cuando se notifica el auto que abre el proceso, porque se acepta la pretensión, nace la carga para el opositor de comparecer y defenderse, contradecir, excepcionar. El opositor puede optar por hacerlo o no. Si no lo hace es él quien se perjudica. CARNELUTTI dice que la carga es un acto necesario y la obligación un acto debido. Es indudable que en el proceso más que obligaciones, abundan las cargas”. (QUINTERO, Beatriz y PRIETO, Eugenio. Teoría general del proceso. Bogotá: Editorial Temis. 2000. pág. 460.). Con el objeto de entender mejor la expresión carga, ver: MICHELI, Gian Antonio. La carga de la Prueba. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.1961., pág. 60. Al respecto afirma: ‘La noción sobre la cual se ha hecho girar toda la teoría de la carga de la prueba, es precisamente la de la carga entendida como entidad jurídica distinta de la obligación, en el sentido de que en determinados casos la norma jurídica fija la conducta que es necesario observar, cuando un sujeto quiera conseguir un resultado jurídico relevante. En tales hipótesis, un determinado comportamiento del sujeto es necesario para que un fin jurídico sea alcanzado, pero, de otro lado, el sujeto mismo es libre de organizar la propia conducta como mejor le parezca, y, por consiguiente, también eventualmente en sentido contrario al previsto por la norma”. En consonancia con lo dicho advierte el tratadista Giuseppe Chiovenda: “Aunque no se puede hablar de un deber de probar, sino sólo de una necesidad o carga, puesto que la falta de prueba da lugar a una situación jurídica análoga a la producida por el incumplimiento de un deber, ya que la parte a que corresponda la carga de probar soporta las consecuencias de la falta de prueba.’ CHIOVENDA, Giuseppe. Curso de derecho Procesal Civil. México. Editorial Harla. 1997. pág. 395. De conformidad con lo establecido por el Código Penal de la época. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de diciembre de 2015, expediente 36.132.
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