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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00442-01

Acción de reparación directa

Fecha
16 de julio de 2021
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00442-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: MODIFICAR la sentencia del 27 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así: PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho- Ministerio de Relaciones Exteriores por la afectación de la libertad sufrida por la señora María Cristina Marín Castro. SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho- Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar a los demandantes, por concepto de perjuicios morales, las siguientes cantidades de dinero: DEMANDANTE CALIDAD CANTIDAD María Cristina Marín Castro. Víctima directa 100 SMLMV William Marín Cadavid Padre 70 SMLMV María Emma Castro Madre 70 SMLMV Julio Cesar Marín Castro Hijo 70 SMLMV Juan David Marín Castro Hijo 70 SMLMV Guillermo Parra Marmolejo Compañero permanente 70 SMLMV Carlos Evelio Marín Castro Hermano 20 SMLMV Ana Patricia Marín Castro Hermana 20 SMLMV María Janeth Marín Castro Hermana 20 SMLMV TERCERO: CONDÉNASE a la Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho - Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar a la señora María Cristina Marín Castro, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de quince millones setecientos sesenta mil quinientos treinta pesos ($15’760.530). CUARTO: NIÉGASE las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Sin condena en costas. SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo. SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando. OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2009-00442-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

16 de julio de 2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y del Derecho, contra la sentencia proferida (…) por el Tribunal Administrativo (…), habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, afectación de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del consejo de Estado, ver auto de 9 de septiembre de 2008, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / SENTENCIA ABSOLUTORIA / LIBERTAD DEL PROCESADO / LIBERTAD DEL REQUERIDO EN LA EXTRADICIÓN

De conformidad con lo previsto por el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Tratándose de acciones de reparación directa por la afectación de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad de la acción de reparación directa en eventos de privación injusta de la libertad, ver sentencia de 14 de febrero de 2002, Exp. 13622, C.P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia de 19 de julio de 2010, Exp. 37410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO OCASIONADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA / DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE CAPTURA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / LIBERTAD DEL PROCESADO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

[L]a responsabilidad patrimonial impetrada en la demanda se originó con los daños sufridos por los demandantes con ocasión de la afectación de la libertad de la señora (…) durante el trámite de solicitud de extradición realizado por el Gobierno de los Estados Unidos en su contra. Revisado el expediente se encuentra acreditado que mediante providencia (…) la Fiscalía General de la Nación revocó la Resolución (…), mediante la cual se decretó la captura con fines de extradición de la señora (…) y, como consecuencia de esa revocatoria, ordenó su libertad inmediata. De este modo el término para acudir ante esta jurisdicción en ejercicio de la acción de reparación directa correspondía al período (…), y como la demanda se presentó (…), se impone concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD / INVESTIGACIÓN PENAL / NÚCLEO FAMILIAR / PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD / PARENTESCO POR AFINIDAD / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / ORDEN DE CAPTURA / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO / RAMA JUDICIAL / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

Encuentra la Sala que la señora (…) está legitimada para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa, por cuanto de las pruebas obrantes en el expediente se desprende que fue afectada su libertad personal con ocasión a un trámite de solicitud de extradición realizado en su contra, es decir, es la víctima directa del daño cuya indemnización se pretende. Respecto a los demás demandantes, su interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados con motivo de la afectación de la libertad que soportó la señora (…) se infiere del vínculo de parentesco y de la relación afectiva, que, respectivamente, tienen con la misma (…), hechos sobre los cuales se hará referencia más adelante. Ahora bien, la legitimación de la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Rama Judicial se configura con base en las imputaciones que en su contra se formularon en la demanda hoy analizada.

EXTRADICIÓN / REGULACIÓN DE LA EXTRADICIÓN / NATURALEZA DE LA EXTRADICIÓN / DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL / CONSTITUCIÓN POLÍTICA / TRATADOS DE EXTRADICIÓN / DELITOS OBJETO DE EXTRADICIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN / CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN / DELITO POLÍTICO / TRÁMITE DE EXTRADICIÓN / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / REQUISITOS DE EXTRADICIÓN / NATURALEZA DE LA EXTRADICIÓN / FORMALIDADES DE LA EXTRADICIÓN / CLASES DE EXTRADICIÓN

De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política, la extradición se regula por los tratados públicos y en su defecto por la ley, evento en el que se aplica el capítulo respectivo de la Ley 906 de 2004 (artículos 490 a 514). A partir del Acto Legislativo 01 de 1997, se reformó el citado artículo 35 de la Constitución, para permitir la extradición de colombianos por nacimiento, y se determinó su improcedencia por delitos políticos, cuando se tratara de hechos anteriores a ese Acto Legislativo, o que la persona requerida se encontrara en el país procesada o cumpliendo una pena por los mismos hechos. En igual sentido se prescribe en el artículo 490 del CPP. Debe aclararse que, de acuerdo con los artículos 490 y 491 del mismo ordenamiento, “la oferta o concesión de la extradición es facultativa del gobierno”, por medio del Ministerio de Justicia y del Derecho. Es activa si se solicita y es pasiva si se ofrece o concede. El presente caso, se refiere a una extradición pasiva por vía legal de una ciudadana colombiana.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 35 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 490 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 514 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 491

EXTRADICIÓN DE NACIONALES / REGULACIÓN DE LA EXTRADICIÓN / TRÁMITE DE EXTRADICIÓN / TRÁMITE DE EXTRADICIÓN ANTE AUTORIDADES GUBERNAMENTALES / TRÁMITE DE EXTRADICIÓN ANTE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / TRÁMITE DE EXTRADICIÓN ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / REQUISITOS DE EXTRADICIÓN / PROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN / FINALIDAD DE LA EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN / PRINCIPIOS DE LA EXTRADICIÓN / SUJETO DE EXTRADICIÓN / SISTEMA COLOMBIANO DE EXTRADICIÓN / FORMALIDADES DE LA EXTRADICIÓN / MINISTERIOS DE JUSTICIA Y DEL DERECHO / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL / ESTADO SOCIAL DE DERECHO / FINALIDAD DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO / FUNDAMENTOS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO / POSTULADOS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO / TERRITORIALIDAD / SOBERANÍA

En derecho comparado existen varias modalidades de trámite de la extradición. En el caso colombiano es de carácter mixto y se califica de complejo, porque en este concurren varios órganos de los poderes ejecutivo y judicial. Respecto del primero, intervienen los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores y del segundo la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, sin que se pueda predicar que los pronunciamientos de estos son providencias judiciales. La Corte Constitucional ha reiterado, de manera permanente, que la extradición es un mecanismo de cooperación internacional para combatir el crimen y erradicar la impunidad, en el que se ponen en juego dos principios valiosos para el Estado de derecho, el de territorialidad y el de soberanía: el primero, se refiere al ámbito espacial de aplicación de la ley; el segundo, el que como ente soberano y autónomo decida no aplicar sus leyes penales, decisión que depende del Presidente de la República, como supremo director de la relaciones internacionales.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el trámite de extradición ver sentencia de la Corte Constitucional C 243 de 2009, sentencia C 1106 de 2000 y sentencia C 621 de 2001.

EXTRADICIÓN / MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL / FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO / PODER EJECUTIVO / RAMA EJECUTIVA / FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / SUSCRIPCIÓN DEL TRATADO INTERNACIONAL / PROCEDENCIA DE LA EXTRADICCIÓN / DELITOS OBJETO DE EXTRADICIÓN / REQUISITOS DE EXTRADICIÓN / FORMALIDADES DE LA EXTRADICIÓN / TRÁMITE DE LA EXTRADICIÓN / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / REQUERIDO EN LA EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXTRADICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EXTRADICIÓN / CONCEPTO DE EXTRADICIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / RECIPROCIDAD DE EXTRADICIÓN / PROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN

La sentencia C-1106 de 2000 deja en claro que la dirección de las relaciones internacionales por parte del ejecutivo en materia de extradición debe contar con el concepto previo de la Corte Suprema de Justicia. Si este es favorable, el Presidente de la República es quien resuelve si se extradita o se abstiene de hacerlo y si es negativo resulta obligatorio para él, dado que la Corte verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos por parte del Estado requirente (…). En efecto, el Presidente evaluará, de acuerdo con la Constitución y con la Convención de Viena -Derecho de los Tratados-, la conveniencia o no de conceder una extradición si, comparativamente, el Estado requirente actúa de manera distinta en su derecho interno y como esta pudiera afectar el principio de reciprocidad, dado que como suprema autoridad de las relaciones internacionales, es su deber privativo “actuar en consecuencia, sin que pueda la Corte Constitucional arrebatarle esa competencia”.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el trámite de extradición ver sentencia de la Corte Constitucional C 1106 de 2000.

EXTRADICIÓN / MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL / CONCEPTO DE EXTRADICIÓN / FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / SUJETO DE EXTRADICIÓN / REQUERIDO EN LA EXTRADICIÓN / GARANTÍA DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / NATURALEZA DE LA EXTRADICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ORDEN DE CAPTURA CON FINES DE EXTRADICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EXTRADICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / FINALIDAD DE LA EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXTRADICIÓN / ALCANCE DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ORDEN DE CAPTURA CON FINES DE EXTRADICIÓN / ORDEN DE CAPTURA CON FINES DE EXTRADICIÓN

La misma Corporación, ha señalado, que la extradición, como mecanismo de cooperación internacional en cabeza del Presidente de la República, es una decisión administrativa, que no implica juzgamiento o prejuzgamiento de la persona solicitada, ya que el juicio se llevará a cabo en el Estado requirente, bajo las garantías del debido proceso. En el mismo sentido, ha expresado de manera reiterada, que si bien intervienen órganos judiciales sus decisiones no son de esa naturaleza, sino que se tratan de actuaciones administrativas. Como se puede observar, esa precisión se hace porque se considera que la actuación judicial se desarrollará en el Estado requirente. (…) La Corte Constitucional consideró que todo trámite de extradición concluye con un acto administrativo, cuyo control judicial se debe ejercer mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 495 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 502

NOTA DE RELATORÍA: Sobre las facultades del Presidente de la República en el trámite de extradición, ver sentencia de la Corte Constitucional SU 110 de 2002, sentencia C 243 de 2009, sentencia C 1106 de 2000, sentencia C 460 de 2008.

EXTRADICIÓN / MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL / CONCEPTO DE EXTRADICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EXTRADICIÓN / FINALIDAD DE LA EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN / FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXTRADICIÓN / FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO / RAMA EJECUTIVA / RAMA JUDICIAL / COMPARECENCIA AL PROCESO JUDICIAL / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROCESO PENAL / REQUISITOS DE EXTRADICIÓN / FORMALIDADES DE LA EXTRADICIÓN / TRÁMITE DE LA EXTRADICIÓN / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN

[L]a extradición es un mecanismo de colaboración internacional en la lucha contra el delito y, por tratarse de un área de las relaciones internacionales, su dirección corresponde al Presidente de la República o alguno de sus delegados en el Gobierno Nacional. Por la misma razón, su trámite se enmarca en un procedimiento administrativo que concluye en un acto administrativo. Si bien ese procedimiento es de carácter mixto, dado que intervienen órganos del poder ejecutivo y judicial, los actos de estos últimos no tiene carácter jurisdiccional, ya que su labor se limita, en caso de la extradición pasiva, a asegurar la comparecencia de la persona requerida en extradición y a determinar los requisitos mínimos para concederla, sin que ese concepto previo se pueda calificar como una investigación o juzgamiento de carácter penal, dado que ese proceso se desarrollará en el país requirente. Además, su concesión es facultativa para el poder ejecutivo.

ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EXTRADICIÓN / FINALIDAD DE LA EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / GOBIERNO NACIONAL / FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTROL JURISDICCIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DELITOS OBJETO DE EXTRADICIÓN / CUMPLIMIENTO DE LA PENA / OMISIÓN ADMINISTRATIVA

Como lo ha precisado la Corte Constitucional, el procedimiento y el acto que concede la extradición son de carácter administrativo. Esta posición es congruente con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto considera que contra el acto administrativo por el cual el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, concede la extradición, procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del C.C.A. En el mismo sentido, los actos de trámite que se surten en el proceso de solicitud de extradición no son susceptibles de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa. (…) De manera excepcional, la misma Sección Tercera ha considerado que, un evento de esta naturaleza pueda considerarse en el marco de una acción reparación directa. Se trata, en primer lugar, de demandas por afectación de la libertad presentadas después de haberse cumplido la pena por el delito que dio lugar a la extradición, concedidas por el gobierno colombiano, y a este se imputa una conducta omisiva en el deber de proteger a sus nacionales frente a un abuso del Estado receptor.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 85

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la falla del servicio por la afectación de la libertad, cuando en el concepto de la Corte Suprema de Justicia se determinó que la solicitud para extradición no estaba respaldada por una resolución de acusación o sentencia condenatoria, por parte del Estado requirente, por lo que la calificó de arbitraria, ver sentencias de 29 de agosto de 1996, Exp. 3521, C.P. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, sentencia de 23 de abril de 1998, Exp. 4151, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola, sentencia de 16 de julio de 1998, Exp. 4561, C.P. Libardo Rodríguez Rodríguez, sentencia de 15 de octubre de 2009, Exp. 2005-00157-01, C.P. Rafael Enrique Ostau De Lafont Pianeta, sentencia de 19 de noviembre de 2009, Exp. 2009-00468-00, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia de 18 de marzo de 2010, Exp. 2005-00063-01, C.P. Marco Antonio Velilla Moreno, sentencia de 8 de marzo de 2018, Exp. 46860, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 31 de mayo de 2019, Exp. 42196, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, sentencia de 27 de febrero de 2020, Exp. 40974, C.P. Alberto Montaña Plata, Sentencia del 11 de noviembre de 2009, Exp. 15485, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 28 de febrero de 2020, Exp. 50501, C.P. Nicolás Yepes Corrales, sentencia de 5 de octubre de 2020, Exp. 52370, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, sentencia de 30 de octubre de 2020, Exp. 51730, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, sentencia del 28 de febrero de 2020, Exp. 50501, C.P. Nicolás Yepes Corrales y sentencia de septiembre 13 de 1991, Exp. 6453, C.P. Daniel Suárez Hernández.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EXTRADICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EXTRADICIÓN / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL / REQUISITOS DE EXTRADICIÓN / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / OMISIÓN EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN / DEBIDO PROCESO / VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA / DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

[E]s posible deducir cuatro eventos de responsabilidad patrimonial del Estado en materia de extradición pasiva de nacionales colombianos. El primero se refiere al acto administrativo que la concede por ilegalidad de este. El segundo, porque la solicitud no cumplió con los requisitos mínimos para concederla. El tercero, por omisión de protección del Estado cuando la persona extraditada alegue abusos por parte del Estado receptor durante el juzgamiento y condena penal. Y el último, cuando en el trámite el Estado requirente retire la solicitud de extradición. Para la reparación por el primer evento procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; en relación con los tres últimos procede la acción de reparación directa.

ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / EXTRADICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EXTRADICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DEL EXTRADITADO / REQUISITOS DE EXTRADICIÓN / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN / CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN / FORMALIDADES DE LA EXTRADICIÓN - Incumplimiento / DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / DIFERENCIA ENTRE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Y ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO

En materia de extradición, de acuerdo con la jurisprudencia citada, la acción de nulidad y restablecimiento procede en contra del acto definitivo que la decide; y la de reparación directa resulta adecuada cuando no se cumplen con las exigencias mínimas, por abusos del estado requirente o porque el Estado solicitante desiste, pero se cumplen todos los requisitos para concederla. De acuerdo con los artículos 85 y 86 del Código Contencioso Administrativo y según jurisprudencia constante de la Corporación, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la de reparación directa tienen una finalidad indemnizatoria. Sin embargo, ambas se diferencian por la fuente de los daños cuyo resarcimiento puede reclamarse a través de cada una de ellas.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 85 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 86

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la diferencia entre la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la acción de reparación directa, ver sentencia de 12 de junio de 1991, Exp. 6196, C.P. Juan de Dios Montes, sentencia de 17 de agosto de 1995, Exp. 7095, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, sentencia de 23 de agosto de 2001, Exp. 13344, C.P. María Elena Giraldo Gómez y auto de 30 de agosto de 2001, Exp. 20608, C.P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia de 29 de octubre de 2012 Exp. 25101, C.P. Danilo Rojas Betancourth y sentencia de 25 de abril de 2012, Exp. 23234, C.P. Enrique Gil Botero.

ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DIFERENCIA ENTRE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA Y ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CAUSA GENERADORA DEL DAÑO / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO ADMINISTRATIVO / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL / DESVIRTUACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / HECHO DAÑOSO / OPERACIÓN ADMINISTRATIVA / OMISIÓN ADMINISTRATIVA / RUPTURA DEL PRINCIPIO DE LA IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

[C]uando el daño ha sido causado por un acto administrativo considerado ilegal, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto es indispensable que sea el juez competente quien desvirtúe la presunción de legalidad que cobija dicho acto, para que los daños por él causados puedan considerarse antijurídicos y puedan comprometer la responsabilidad del Estado. Cuando el daño ha sido causado por “un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos” o, en la modificación aportada por la Ley 446 de 1998, “por cualquier otra causa”, como sería aquella consistente en la ruptura del principio de la igualdad frente a las cargas públicas por un acto legal, la acción procedente es la de reparación directa. En el presente asunto, la señora (…) demandó a la Nación -Ministerio del Interior y de Justicia -Ministerio de Relaciones Exteriores -Rama Judicial -Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de la acción de reparación directa, por la afectación de su libertad durante el trámite de solicitud de extradición llevado en su contra, el cual terminó con el retiro de la solicitud por el Estado requirente. De acuerdo con la jurisprudencia citada, resulta claro que el supuesto del caso es el mismo, por lo que resulta procedente la acción de reparación directa.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de reparación directa por daño especial, ver sentencia del 12 de octubre de 2017, Exp. 39074, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / CONDUCTA PUNIBLE / EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA / CAPTURA CON FINES DE EXTRADICIÓN / CENTRO PENITENCIARIO / DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / REVOCATORIA DE LA ORDEN DE CAPTURA

[E]l daño alegado por los actores fue la restricción de la libertad de la señora (…), durante el tiempo que estuvo privada de esta como consecuencia de la solicitud de extradición que se adelantó en su contra, por la posible comisión de los delitos federales de narcóticos, imputados por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por los cuales fue capturada y recluida en un establecimiento penitenciario. La Sala considera que no hay duda de la existencia del daño alegado, dado que se encuentra acreditado que la señora (…) fue capturada con fines de extradición (…). [L]a Embajada de los Estados Unidos de América retiró la solicitud de captura con fines de extradición de la señora (…), quien recobró su libertad (…) al revocarse la orden de captura proferida en su contra.

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN AFECTIVA PARA LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / VÍCTIMA DIRECTA / PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD / PARENTESCO DE AFINIDAD / PRUEBA DEL PARENTESCO / REGISTRO CIVIL / REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / COMPAÑERO PERMANENTE / CALIDAD DE COMPAÑERO PERMANENTE / ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE COMPAÑERO PERMANENTE / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA TESTIMONIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL

Al presente proceso concurrieron, además, el señor (…) y el menor (…), quienes acreditaron la calidad de hijos de la víctima directa, según consta en los registros civiles de nacimiento. Asimismo, los señores (…) condición de padres, calidades que la Sala encuentra acreditada con el certificado de anotación en los libros de registros civiles de nacimiento de la señora (…); y los señores (…) quienes probaron su condición de hermanos, mediante las respectivas copias de los registros civiles de nacimiento, en las que consta que eran hijos de los anteriores. Respecto del señor (…), quien acudió al proceso en calidad de compañero permanente de la demandante, encuentra la Sala que en el marco del proceso contencioso administrativo fue rendido el testimonio de los señores (…), quienes afirmaron que el núcleo familiar de la señora (…) estaba conformado por sus hijos y el señor. (…) De la prueba del parentesco y de la relación marital existente entre las personas mencionadas, se infiere que padecieron daños como consecuencia de la afectación de la libertad de la señora.

EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN / TRÁMITE DE EXTRADICIÓN / SUJETO DE EXTRADICIÓN / REQUERIDO EN LA EXTRADICIÓN / REQUISITOS DE EXTRADICIÓN / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS / CONDUCTA PUNIBLE / TRÁFICO DE NARCÓTICOS / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / ORDEN DE CAPTURA / CAPTURA CON FINES DE EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXTRADICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EXTRADICIÓN / CONCEPTO DE EXTRADICIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / CONCEPTO DE EXTRADICIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / NACIONALIDAD DEL REQUERIDO EN LA EXTRADICIÓN / LIBERTAD DEL REQUERIDO EN LA EXTRADICIÓN

[S]e encuentra acreditado que la señora (…) fue solicitada en extradición, (…) por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, acusada de delitos federales de tráfico de narcóticos. El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió la nota diplomática al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. (…) [E]l Fiscal General de la Nación decretó la captura con fines de extradición conforme al artículo 509 del CPP. (…) [E]l Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con el artículo 496 del CPP, conceptuó que se debía proceder, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal colombiano. (…) [L]a Corte Suprema de Justicia profirió concepto obligatorio, conforme a lo prescrito en los artículos 492 a 494, 499 y 502 del CPP. El Ministerio del Interior y de Justicia concedió la extradición, como última instancia del Gobierno Nacional para tal decisión conforme al artículo 491 del CPP. El Estado requirente retiró la solicitud de extradición y al día siguiente la Fiscalía General de la Nación ordenó la libertad inmediata de la demandante.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 491 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 492 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 494 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 499 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 502

EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN / TRÁMITE DE EXTRADICIÓN / REQUISITOS DE EXTRADICIÓN / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / ORDEN DE CAPTURA / CAPTURA CON FINES DE EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXTRADICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EXTRADICIÓN / CONCEPTO DE EXTRADICIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / CONCEPTO DE EXTRADICIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / LIBERTAD DEL REQUERIDO EN LA EXTRADICIÓN / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MECANISMO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

[E]l trámite mediante el cual se surtió la solicitud de extradición en contra de la señora (…) fue una actuación administrativa legal por parte todas las entidades demandadas, tanto de la Fiscalía General de la Nación, al proferir la orden de captura; de la Corte Suprema de Justicia, al dar el concepto de extradición; del Ministerio de Relaciones Exteriores, al servir de puente de comunicación con el Estado requirente, y del Ministerio del Interior y del Derecho, hoy de Justicia y del Derecho, quien concedió la solicitud de extradición antes de su retiro.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ESPECIAL / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL / DAÑO ANTIJURÍDICO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA / EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN / TRÁMITE DE EXTRADICIÓN / REQUISITOS DE EXTRADICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EXTRADICIÓN / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / MECANISMO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LA SANCIÓN PENAL

[R]esulta evidente que la afectación de la libertad con fines de extradición de la demandante, en aplicación de este mecanismo de cooperación internacional, bajo la dirección del Presidente de la República, quien tiene la suprema dirección de las relaciones internacionales, a través de los Ministerio de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, le impuso una carga pública a la demandante, que esta no estaba en el deber jurídico de soportar y por lo tanto debe declararse la responsabilidad con fundamento en el daño especial. En efecto, pese a que el trámite de solicitud de extradición fue legal y razonable, y los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, durante esa actuación, obraron conforme a la legislación vigente que la fundamentaba, es dable concluir que, el mismo, resultó desproporcionado para la señora (…), por cuanto, produjo un desequilibrio ante las cargas públicas, al imponerle un sacrificio mayor al que esta debía soportar, teniendo en cuenta que la solicitud de extradición fue revocada por el país requirente.

DAÑO ESPECIAL / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ESPECIAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL / TEORÍA DEL DAÑO ESPECIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑOS OCASIONADOS EN EJERCICIO DE ACTIVIDAD LEGÍTIMA / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EXTRADICIÓN / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESISTIMIENTO DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN / PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESAPARECIMIENTO DEL FUNDAMENTO JURÍDICO / EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO

El daño especial consiste en aquel que se ocasiona al administrado en desarrollo de una actuación legítima y legal del Estado que debe ser indemnizado por razones de equidad, porque entraña la desigualdad ante las cargas públicas, cuando su imposición implica un mayor sacrificio al que normalmente deben soportar los asociados en general, dado que se busca preservar su equilibrio, que es el principio de justicia distributiva que garantiza su existencia. En el presente caso, se trata de un procedimiento administrativo que culminó en un acto administrativo legal en el que se concedió la extradición de la demandante, pero que perdió fuerza ejecutoria por el retiro de la solicitud por parte del Estado requirente. Sin duda, la afectación de la libertad de la señora (…) se trató de una carga pública desproporcionada que amerita declarar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo el título de daño especial.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el título de imputación de daño especial, ver sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp. 16980, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 27 de abril de 2006, Exp. 16079, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

EXTRADICIÓN / MECANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL / CONCEPTO DE EXTRADICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EXTRADICIÓN / FINALIDAD DE LA EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN / FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXTRADICIÓN / FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO / RAMA EJECUTIVA / RAMA JUDICIAL / COMPARECENCIA AL PROCESO JUDICIAL / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROCESO PENAL / REQUISITOS DE EXTRADICIÓN / FORMALIDADES DE LA EXTRADICIÓN / TRÁMITE DE LA EXTRADICIÓN / SOLICITUD DE EXTRADICIÓN

Debe señalarse que el trámite de extradición es un procedimiento administrativo de carácter complejo. Si bien intervienen órganos del poder ejecutivo y judicial, la dirección privativa de este corresponde al primero, en especial en su modalidad pasiva cuando es gobernado por la ley, como sucede en el presente caso, pues la orden final se atribuye de manera discrecional al Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, aún en el evento en que el concepto de la Corte Suprema de Justicia resulte favorable, puesto que es una decisión que se encuentra en la órbita de las relaciones internacionales, cuya dirección suprema corresponde al Presidente de la República, en cumplimiento de un mecanismo de cooperación internacional, para combatir la criminalidad transnacional.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - ARTÍCULO 491

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DAÑO ESPECIAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO DE LAS CARGAS PÚBLICAS / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS / RAMA EJECUTIVA / MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA / MECANISMO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL / EXTRADICIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EXTRADICIÓN / FINALIDAD DE LA EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN / FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXTRADICIÓN / FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO / CONCEPTO DE EXTRADICIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES / FACULTADES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA / CONCEPTO DE EXTRADICIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

En criterio de la Sala este es imputable a la rama ejecutiva del poder público, en cabeza de los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, dado que la extradición es un mecanismo de cooperación internacional para combatir el delito y su supremo director es el Presidente de la República, quien determina, de manera autónoma, en que casos se hace excepción a la aplicación de los principios de territorialidad de la ley y de la soberanía estatal. Ese trámite es de naturaleza administrativa y culmina en un acto administrativo que la concede, según la voluntad discrecional del ejecutivo. Debe reiterarse que, si bien intervienen órganos de la rama judicial, como la Fiscalía General de Nación y la Corte Suprema de Justicia, sus actos no son de naturaleza jurisdiccional, sino que contribuyen a llevar a buen término el procedimiento administrativo de extradición, pues el proceso penal de investigación y juzgamiento penal se cumple exclusivamente en el Estado que la solicita, de acuerdo con jurisprudencia reiterada de la misma corte y de la Corte Constitucional. (…) [E]l concepto de la Corte Suprema es de carácter formal, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de ley para que la rama ejecutiva decida autónomamente si la concede o no. No puede ser considerado de ninguna manera como un acto de juzgamiento, pues este compete a la órbita propia y absoluta del Estado que la solicita.

PERJUICIO MATERIAL / LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / SALARIO DEJADO DE PERCIBIR / RECONOCIMIENTO DEL PAGO DEL SALARIO DEJADO DE PERCIBIR / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PRUEBA DEL LUCRO CESANTE / ACTIVIDAD ECONÓMICA / PRUEBA DEL INGRESO / INGRESO ECONÓMICO / SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE

En la demanda se solicitó, a título de lucro cesante, que se condenara a las entidades demandadas a pagar a favor de la señora (…), los ingresos dejados percibir durante su privación. (…) [N]o se allegó prueba que demostrara que antes de la afectación de su libertad estuviera vinculada a alguna empresa y percibiera esos ingresos. Frente al reconocimiento de este perjuicio, el Tribunal de primera instancia estableció como monto a pagar la suma (…) sin incluir el 25% por concepto de prestaciones sociales, de toda vez que para la época de los hechos al tratarse de una persona en edad productiva (…) tendría en cuenta el salario mínimo correspondiente para el período en que estuvo afectada su libertad. Así las cosas, dado que no se probó un ingreso fijo, pero sí el desempeño de una actividad lícita como oficial de seguridad de rampa, procederá la Sala a actualizar la condena impuesta en primera instancia por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora (…), porque se considera que ese daño se encuentra acreditado y su liquidación se ajusta a los parámetros establecidos por la Sala.

PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MORAL / PRUEBA DEL DAÑO MORAL / ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN AFECTIVA PARA LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD / PRUEBA DE PARENTESCO

En relación con la tasación de perjuicios morales en casos de afectación de la libertad, siguiendo lo reiterado por esta Corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad, perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectaron por la situación de zozobra por la que atravesaba su familiar.

RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / TOPE DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN AFECTIVA PARA LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / NIVELES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD / PARENTESCO DE AFINIDAD / PRUEBA DE PARENTESCO / RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / LÍMITES EN EL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / PREVALENCIA DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS

Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos según corresponda; asimismo, respecto del quantum indemnizatorio, se ha establecido que el juez, según su prudente juicio, analizará las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo acudir como guía de la tasación del mismo a los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014 . Conforme a lo dispuesto por esta Corporación para la indemnización del perjuicio moral en los eventos en los cuales la afectación de la libertad es, como en este caso, superior a 18 meses, el reconocimiento indemnizatorio debería ser de 100 SMMLV para la víctima directa del daño (…). [S]i bien esta Subsección les hubiere reconocido un monto mayor al establecido por el Tribunal a quo, lo cierto es que la parte actora no recurrió la sentencia de primera instancia y en aplicación del principio de la no reformatio in pejus resulta improcedente hacer más gravosa la situación de las entidades demandadas incrementando las sumas concedidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, razón por la cual se mantendrá la condena impuesta por este concepto.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento del perjuicio moral por privación de la libertad, ver sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón(E).

NOTA DE RELATORÍA: Sentencia con aclaración de voto de la honorable consejera Marta Nubia Velásquez Rico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00442-01(54513)

Actor: MARÍA CRISTINA MARÍN CASTRO Y OTROS

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL - Extradición - Captura con fines de extradición - Responsabilidad objetiva del Estado - Ley 906 de 2004.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación presentados por la parte demandada contra la sentencia del 27 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 28 de marzo de 2006, mediante nota verbal 0777 el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición de la señora María Cristina Marín Castro, por delitos federales de narcóticos. El 3 de abril de 2006, la Fiscalía General de la Nación ordenó la captura con fines de extradición de la señora Marín Castro, la cual se hizo efectiva ese mismo día. La Embajada de los Estados Unidos de América a través de Resolución 3255 del 22 de octubre de 2007 comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores el retiro de la referida solicitud. Finalmente, el 23 de octubre siguiente, la Fiscalía General de la Nación revocó la orden de captura y ordenó la libertad inmediata de la señora Marín Castro.

ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 24 de junio 2008 (fls. 28 - 57 del c.1), la señora María Cristina Marín Castro, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo menor Juan David Marín Castro; los señores Julio Cesar Marín Castro, Guillermo Alfonso Parra Marmolejo, María Esther Cadavid Rodríguez, William Marín Cadavid, María Emma Castro, Carlos Evelio Marín Castro; la señora Ana Patricia Marín Castro, quien obra en nombre propio y en representación de su hijo menor Nicolás Cuéllar Marín; la señora María Janeth Marín Castro, quien actúa en nombre propio y en representación de su menor hija Sara García Marín; los señores Jesús Antonio Castro Cadavid, Carmen Rosa Castro Cadavid, María Fabiola Castro Cadavid y Beatriz Eugenia Parra Marmolejo, por conducto de apoderado judicial (fls. 1 - 27 de c.1), presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación Ministerio del Interior y de Justicia-, la Nación-Ministerio de Relaciones Exteriores-, la Nación-Rama Judicial-, la Nación-Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables de la afectación a la libertad que soportó la primera de los mencionados por un trámite de solicitud de extradición, durante el período comprendido entre el 3 de abril del 2006 hasta el 24 de octubre de 2007.

Los demandantes solicitaron que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas (fls. 29 - 30 del c.1):

2.1. Que se declare administrativamente responsable a las entidades demandadas de los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes con motivo u ocasión de los hechos consistentes en la privación de la libertad (sic) de la señora María Cristina Marín Castro dentro del trámite de extradición radicado ante la Corte Suprema de Justicia bajo el No. 25638.

2.2. Que en consecuencia de lo anterior, se condene en forma solidaria a las entidades demandadas al pago de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a los demandantes y que se determina en el acápite de cuantía de la presente solicitud.

2.3. Que se condene en costas a las entidades demandadas.

2.4. Que se disponga dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y siguientes del C.C.A

Las pretensiones anteriores se fundamentan en los siguientes hechos:

3.1. Mediante nota verbal No. 0777 de 28 de marzo de 2006, el Gobierno de Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición de la señora María Christina (sic) Marín Castro requerida presuntamente para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

3.2. El Fiscal General de la Nación, mediante Resolución de 3 de abril de 2.006, decretó la captura con fines de extradición de la referida ciudadana, la cual se hizo efectiva, el 3 de abril de 2006, por miembros de la Policía Nacional.

3.3. La Embajada de Estados Unidos de América, en Colombia, mediante nota verbal 1325 de 1 de junio de 2006, formalizó la solicitud de extradición de la referida ciudadana.

3.4. Que los cargos determinados por el Gobierno de Estados Unidos de América corresponden a la acusación sustitutiva No. S3 05 CR. 1262 dictada el 4 de mayo de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, mediante los cuales se le acusa de:

CARGO UNO: concierto para violar las leyes de narcóticos de los Estados Unidos, específicamente las leyes relacionadas con la fabricación y distribución de una sustancia controlada a saber cinco Kilogramos o más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos y en aguas a una distancia de 12 millas de la costa de Estados Unidos.

CARGOS DOS: Fabricación y distribución de una sustancia controlada, a saber, cinco kilogramos o más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad perceptible de cocaína, con el conocimiento y la intención de que dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos y en aguas a una distancia de 12 millas de la costa de Estados Unidos.

3.5. El Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio No. 13194 de 8 de junio de 2006, remitió a la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de Estados Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición de la referida ciudadana para que fuera emitido el concepto a que se refiere el artículo 499 de la ley 906 de 2004.

3.6. Recibido el expediente, y notificado en la Corte, se surtió traslado a la parte requerida, para que hiciera uso del derecho a solicitar y que se practiquen (sic) pruebas dentro del expediente, conforme al artículo 500 del C.P.

3.8. La Corte mediante proveído de 24 de enero de 2007 negó la práctica de pruebas, aduciendo que la revisión y el concepto del máximo tribunal ordinario, es simplemente formal, y no puede controvertir los extremos del requerimiento del país solicitante en extradición.

(…)

3.11. Al negarse la práctica de pruebas, se vulneró el derecho de defensa al debido proceso a mi representada, y la Corte al hacer caso omiso de la misma, impidió que aflorará con absoluta claridad el hecho incontestable de que mi poderdante en parte alguna ha estado fuera del país, o ha desarrollado conductas en Estados Unidos de Norte América que permitieran solicitar su extradición.

(…)

3.13. Para el caso que nos ocupa, María Christina (sic) Marín Castro, es una ciudadana colombiana, por nacimiento que laboraba en una empresa privada que presta servicios a una aerolínea (y no como empleada de Avianca como falsamente señala el Indictment y en las declaraciones sopores (sic) del pedido de extradición), ejerciendo su actividad laboral en la ciudad de Bogotá D.C., y no en dependencia (sic) territoriales y extraterritoriales de los Estados Unidos de Norteamérica.

(…)

3.16. En el caso subjudice el indictmen, la declaración jurada en apoyo a la petición de extradición rendidas por el respectivo fiscal de los Estados Unidos y el agente investigador de la DEA, hacen referencia a un evento ocurrido en el país México, y otros acaecidos en la ciudad de Bogotá D.C.

3.21. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante proveído de 27 de marzo de 2007, en expediente radicado bajo el No. 25638, emitió concepto favorable para la extradición de la demandante.

3.22. Según Resolución No. 089 de 20 de abril de 2007 del Ministerio del Interior y de Justicia, se autorizó la extradición de la precitada ciudadana.

3.23. Ante dicha situación, se interpuso, por la parte interesada, recurso de reposición contra la citada Resolución.

3.24. Mediante Resolución No. 238 de julio 9 de 2007 del Ministerio del Interior y de Justicia, fue confirmada la orden de extradición de mi poderdante.

3.25. Dicho desistimiento de la solicitud de extradición, determina que el Estado requirente de ninguna manera, tenía, ni tiene elementos de juicios (sic) para vincular a mi representada en dichos hechos, ya que según el propio escrito acusatorio, la organización criminal, la constituían policiales (sic) retirados y activos, y miembros que debían tener poder decisorio y resulta que mi poderdante, era una simple y sencilla empleada, que mal podría tener influencia, o servir a los propósitos, de dicha estructura narcotraficante.

3.26. Con posterioridad (sic) Resolución No. 425 de noviembre 6 de 2007 del Ministerio del Interior y de Justicia declaró la pérdida de fuerza de ejecutoria de las resoluciones antes mencionadas dejando sin efecto la orden de extradición, atendiendo que mediante nota verbal No. 3255 del 22 de octubre de 2005 (sic), el Gobierno de Estados Unidos retiraba o desistía de la solicitud para la extradición de la señora María Christina (sic) Marín Castro.

(…)

3.28. Finalmente, mi representada recobró la libertad el día 24 de octubre de 2007.

2. El trámite en primera instancia

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 10 de diciembre de 2009 (fl. 86 del c.1), decisión que fue notificada en debida forma al Ministerio de Interior y de Justicia, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio Público (fls. 100 - 103 del c.1).

El apoderado de la Fiscalía General de la Nación (fl 104 - 119 del c.1) contestó la demanda. Se opuso a las pretensiones, y respecto a los hechos indicó que se atenía a lo que resultara probado.
Como sustento de su oposición, afirmó que su actuación se surtió de conformidad con la Constitución Política y las disposiciones sustanciales y procedimentales que regían para la época de los hechos, toda vez que esa actuación judicial era de competencia de un poder jurisdiccional de un país extranjero, pues la demandante era requerida por la Corte Distrital de los Estados Unidos Distrito Sur de Nueva York, por violación de leyes relacionadas con la fabricación y distribución de sustancias controladas, en una cantidad determinada.

Adujo que, en cumplimiento del artículo 566 del Código de Procedimiento Penal, frente a la extradición de ciudadanos, una vez recibida la nota verbal, el fiscal simplemente cumple la tarea administrativa de ordenar la captura con fines de extradición, medida que no admite ninguna controversia como no la admite la etapa previa de alistamiento de documentación que cumple el Ejecutivo Nacional. Asimismo, afirmó que la captura con fines de extradición es una medida cautelar para asegurar su eficacia e implica poner físicamente al extraditado a disposición del Estado requirente para los fines jurídico-procesales que correspondan.

Indicó que para que pueda estructurarse responsabilidad patrimonial de un ente público no basta con que exista una falla del servicio, sino que, además, es menester que exista un daño antijurídico sufrido por la víctima y que ese daño sea el efecto directo de esa falla.

Concluyó que, en tales términos, mal podría atribuírsele una falla en el servicio por el supuesto daño ocasionado, máxime cuando el hecho u omisión causante del perjuicio no estaba en relación directa con el servicio o con la función pública asignada a esta entidad, dado que sólo actuó como instrumento o ejecutor, obedeciendo precisas disposiciones legales, sin que estuviera a su arbitrio ordenar o revocar la captura con fines de extradición.

Del mismo modo, propuso las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, en el sentido de que cumpliendo en forma taxativa la ley, realizó la captura de la actora con fines de extradición, sin facultad discrecional alguna, limitándose a actuar administrativamente en el trámite de extradición en cumplimiento de las funciones que la Carta y la ley le imponían, y (ii) indebida escogencia de la acción, por cuanto la actora debió haber demandado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la nulidad del acto administrativo por el cual se concedió la extradición.

El Ministerio del Interior en el escrito de contestación de la demanda, se opuso a las pretensiones (fls. 140 - 143 del c.1). Argumentó que la acción procedente frente a las Resoluciones Ejecutivas 089 del 20 de abril de 2007 y 238 del 9 de julio siguiente, mediante las cuales se concedió la extradición de la señora María Cristina Marín Castro y la Resolución 415 del 6 de noviembre de 2007 por medio de la cual se declaró la pérdida de ejecutoria de aquellas, era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no la acción de reparación directa toda vez que en la demanda se formulan reproches contra dichos actos administrativos.

Manifestó que no era oportuno que la actora presentara hechos correspondientes a una acción cuyo término de caducidad se había producido al transcurrir más de cuatro meses, a través de una acción diferente, que, si bien tiene igualmente alcance reparador, su finalidad es diversa

La Rama Judicial contestó la demanda oponiéndose a sus pretensiones (fls.144 - 154 del c.1). Indicó que solamente interviene en el trámite de la solicitud de extradición cuando, la Corte Suprema de Justicia rinde un concepto sobre la misma, el cual no obliga al Gobierno; que queda en libertad de obrar según las conveniencias nacionales

En cuanto a la captura y limitación de la libertad de la señora Marín Castro, adujo que esas fueron actuaciones propias de la Fiscalía General de la Nación, por lo que es esa entidad la llamada a responder, si fuere el caso.

Por último, solicitó que se declarara probada su falta de legitimación por pasiva, dado que, según la Constitución Política, la Fiscalía, la Rama Ejecutiva en cabeza del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional, el INPEC y la Procuraduría, contaban con autonomía presupuestal y administrativa y, por tanto, eran las llamadas a responder por sus propios actos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal fls 160 - 177 del c.1), y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora. Manifestó que su participación se circunscribió a actuar como vía diplomática entre el gobierno extranjero respectivo y las instituciones nacionales encargadas del trámite de extradición, esto es, con el Ministerio del Interior y de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con el numeral 6 del artículo 3 del Decreto 110 de 2004.

Formuló, las siguientes excepciones: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la responsabilidad que se le imputa no proviene de actuaciones judiciales a su cargo, pues solo se limitó a actuar administrativamente dentro del trámite de extradición, teniendo en cuenta que su actividad se deriva directamente de la solicitud formulada por las autoridades competentes de los Estados Unidos, es decir, de la actividad jurisdiccional de un país extranjero, correspondiéndole solo un trámite administrativo previo o preparatorio de la decisión definitiva que profiere el Gobierno Nacional, (ii) inepta demanda por indebida escogencia de la acción, dado a que la actora debió presentar demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la resolución expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante la cual se concedió la extradición, y (iii) ausencia de falla del servicio, por cuanto, al servir de canal de comunicación entre las autoridades nacionales y extranjeras, no generó ningún pronunciamiento de fondo frente a la afectación de la libertad de la señora María Cristina Marín Castro.

Mediante auto de 10 de diciembre de 2010 (fl. 183 del c.1), se abrió el proceso a pruebas y una vez concluida la etapa probatoria, mediante proveído del 15 de septiembre de 2011 (fl 209 del c.1), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

En sus alegatos, los demandantes reiteraron los fundamentos fácticos de la demanda y solicitaron que se accediera a las pretensiones formuladas en la misma (fls 212 - 221 del c.1).

La Rama Judicial (fls 223 - 223 del c.1), la Fiscalía General de la Nación (fls. 224 - 231), y el Ministerio de Relaciones Exteriores (fls 245 - 255 del c.1) insistieron en lo señalado en sus escritos de contestación.

En esa etapa procesal el Ministerio del Interior y de Justicia y el Ministerio Público guardaron silencio.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 27 de febrero de 2014, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial - Ministerio de Relaciones Exteriores - Ministerio del Interior y de Justicia, en los siguientes términos:

PRIMERO: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa de los señores María Esther Cadavid, William Marín Cadavid, Nicolás Cuéllar Marín, Sara García Marín, Jesús Antonio Castro Cadavid, Carmen Rosa Castro Cadavid, María Fabiola Castro Cadavid y Beatriz Eugenia Parra Marmolejo.

SEGUNDO: Declarar no probada la excepción “indebida escogencia de la acción” incoada por las demandas (sic) (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y de Justicia, Fiscalía General de la Nación).

TERCERO: Declarar no probada la “falta de legitimación en la causa por pasiva” del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Rama Judicial.

CUARTO: Declarar administrativamente responsable de forma solidaria a la Nación - Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y de Justicia, por los perjuicios ocasionados a la señora María Cristina Marín Castro por motivo de la privación de la libertad (sic) con fines de extradición de la cual fue objeto (sic).

QUINTO: Condénese (sic) solidariamente a las demandadas a indemnizar los perjuicios causados a la parte actora así:

1. Perjuicios morales:

-Se reconocerá a favor de María Cristina Marín Castro, cómo víctima directa, a título de daño moral, 100 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

-A sus hijos Juan David Marín Castro y Julio Cesar Marín Castro (hijo) (sic), se les reconocerá a título de perjuicio moral, 70 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, para cada uno de ellos.

-A su compañero permanente Guillermo Parra Marmolejo, se reconocerá a título de perjuicios morales, 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

-A su progenitora María Emma Castro, se reconocerá a título de perjuicio moral, 70 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

-Para sus hermanos Ana Patricia Marín Castro, María Janeth Marín Castro y Alfredo Vásquez Caicedo y Carlos Evelio Marín Castro, se reconocerá a título de perjuicio moral, 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

2. Perjuicios Materiales:

Para María Cristina Marín Castro, la suma de once millones seiscientos cuarenta y nueve mil quinientos veintiocho pesos m/cte. ($11.649.528), por concepto de perjuicios materiales (lucro cesante), relacionado con el salario dejado de percibir, durante el lapso temporal que se prolongó la privación de la libertad (sic) con fines de extradición.

SEXTO: Denegar las demás pretensiones de la demanda de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente fallo.

Consideró el a quo que, en razón a que, en ciertos casos de extradición, la afectación de la libertad obedecía a necesidades jurídicas y sociales y a compromisos internacionales de cooperación jurídica, cuando las mismas se cumplían en estricto cumplimiento de la ley no podían ser calificadas como antijurídicas.

Concluyó que, en el caso concreto, se encontraba demostrado que si bien existía una orden de extradición en contra de la demandante la afectación de la libertad a la que fue sometida a pesar de constituir una actividad legítima del Estado le causó un daño que no estaba en el deber de soportar, toda vez que no existía certeza de que efectivamente hubiera cometido los ilícitos que le fueron atribuidos por la justicia Norteamericana.

En proveído del 31 de julio de 2014, (fls. 318 - 320 del c. ppal), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca modificó y adicionó la sentencia del 27 de febrero de 2014, en los siguientes términos:

ADICIONAR y MODIFICAR el numeral primero de la sentencia proferida por esta Sala del 27 de febrero de 2014, en el sentido de excluir al señor William Marín Cadavid del mencionado numeral; es decir el mismo se tendrá por legitimado en la causa por activa.

ADICIONAR al numeral quinto de la sentencia en el sentido de incluir al señor William Marín Cadavid como beneficiario de la condena, por lo tanto, se reconocerá a favor del mismo y a cargo de la demanda (sic), como indemnización de perjuicios morales la suma de setenta (70) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por las razones expuestas

CORREGIR el numeral quinto de la sentencia en la que se reconoció condena al señor Alfredo Vásquez Caicedo, y por lo tanto se ecluye (sic) al señor Alfredo Vásquez Caicedo como beneficiario de la condena al no haber sido parte dentro del proceso.

4. Los recursos de apelación

Inconformes con la decisión de primera instancia, la Fiscalía General de la Nación (fls. 286 - 291 del c. ppal), y el Ministerio de Relaciones Exteriores (fls. 292 - 311 del c. ppal), interpusieron oportunamente sendos recursos de apelación. El Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó apelación adhesiva (fls. 322 - 328 del c. ppal).

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se revocara la sentencia impugnada. Manifestó que acató una orden de una autoridad legal, emitida con el lleno de los requisitos, razón por la cual la Policía Nacional procedió a la correspondiente materialización de la captura de la señora Marín Castro.

Indicó que la actuación de la Fiscalía se dio en forma diligente, en acatamiento de una función legal y constitucional que tenía atribuida y, por ende, no había lugar a declarar su responsabilidad patrimonial por los daños aducidos por la parte demandante.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló que no le era atribuibles los daños atribuidos en la demanda, toda vez que su actividad se derivó directamente de la solicitud de extradición formulada por las autoridades competentes de los Estados Unidos, es decir, de una actividad jurisdiccional de un país extranjero, correspondiéndole a esta entidad tan solo el trámite administrativo previo o preparatorio a la decisión final que tomó el Gobierno Nacional.

Por último, pidió que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda, por cuanto la responsabilidad que se le imputa se concretó en una decisión del Gobierno Nacional, contenida en un acto administrativo y no de un hecho, omisión, operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en su escrito de apelación adhesiva, reiteró la petición de que negaran las pretensiones de la demanda, porque alegó que, fundadas las excepciones de falta de legitimación material en la causa por pasiva, inepta demanda por indebida escogencia de la acción, caducidad de la acción y la falta de responsabilidad en relación con el trámite de extradición que se surtió respecto de la señora María Cristina Marín Castro.

Al respecto, aludió que los actos administrativos expedidos por el Gobierno Nacional, en todo momento, se ajustaron a las facultades que legalmente le fueron otorgadas y, en consecuencia, estaban investidas de legalidad. Del mismo modo, refirió que jurídicamente no se daban los presupuestos para definir el litigio como un evento de responsabilidad extracontractual por afectación de la libertad; sino de responsabilidad por la supuesta ilegalidad del acto administrativo de extradición, cuyos efectos indemnizatorios solo se podrían definir en sede de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

5. El trámite de segunda instancia

Los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y del Derecho fueron concedidos el 2 de junio de 2015 (fl. 366 del c. ppal) y admitidos por esta Corporación el 16 de julio siguiente (fls. 370 - 371 del c. ppal).

Mediante providencia del 8 de octubre de 2015, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl. 389 del c. ppal).

El Ministerio de Relaciones Exteriores allegó oportunamente escrito de alegatos de conclusión (fls. 390 - 403 del c. ppal), y reiteró lo expuesto a lo largo del proceso. Afirmó que en el proceso de extradición de la señora María Cristina Marín Castro se agotaron todas las etapas procesales y sustanciales, en las cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores sólo fue canal y actuó como vía diplomática, de tal forma que su actuación se limitó a ejercer, con exclusividad, las potestades y atribuciones inherentes a los asuntos que le han sido asignados expresamente por la Constitución y la ley; por tanto, no tenía competencia alguna para resolver de fondo el asunto y la controversia citada frente a la demandante.

La Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Rama Judicial, la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón de los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y del Derecho, contra la sentencia proferida el 27 de febrero de 2014, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, afectación de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

2. Ejercicio oportuno de la acción

De conformidad con lo previsto por el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la afectación de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.

En el presente caso, la responsabilidad patrimonial impetrada en la demanda se originó con los daños sufridos por los demandantes con ocasión de la afectación de la libertad de la señora María Cristina Marín Castro durante el trámite de solicitud de extradición realizado por el Gobierno de los Estados Unidos en su contra.

Revisado el expediente se encuentra acreditado que mediante providencia del 23 de octubre de 2007 (fls 264 - 267 del c. ppal), la Fiscalía General de la Nación revocó la Resolución del 3 de abril del 2006, mediante la cual se decretó la captura con fines de extradición de la señora Marín Castro y, como consecuencia de esa revocatoria, ordenó su libertad inmediata.

De este modo el término para acudir ante esta jurisdicción en ejercicio de la acción de reparación directa correspondía al período comprendido entre el 24 de octubre de 2007 y el 24 de octubre de 2009, y como la demanda se presentó el 24 de junio de 2008, se impone concluir que el derecho de acción se ejerció en oportunidad,

3. Legitimación en la causa

Encuentra la Sala que la señora María Cristina Marín Castro está legitimada para actuar como demandante dentro del proceso de reparación directa, por cuanto de las pruebas obrantes en el expediente se desprende que fue afectada su libertad personal con ocasión a un trámite de solicitud de extradición realizado en su contra, es decir, es la víctima directa del daño cuya indemnización se pretende.

Respecto a los demás demandantes, su interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados con motivo de la afectación de la libertad que soportó la señora Marín Castro se infiere del vínculo de parentesco y de la relación afectiva, que, respectivamente, tienen con la misma (fls. 2 - 27 del c.1), hechos sobre los cuales se hará referencia más adelante.

Ahora bien, la legitimación de la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Rama Judicial se configura con base en las imputaciones que en su contra se formularon en la demanda hoy analizada.

4. La naturaleza jurídica de la extradición

De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política, la extradición se regula por los tratados públicos y en su defecto por la ley, evento en el que se aplica el capítulo respectivo de la Ley 906 de 2004 (artículos 490 a 514).

A partir del Acto Legislativo 01 de 1997, se reformó el citado artículo 35 de la Constitución, para permitir la extradición de colombianos por nacimiento, y se determinó su improcedencia por delitos políticos, cuando se tratara de hechos anteriores a ese Acto Legislativo, o que la persona requerida se encontrara en el país procesada o cumpliendo una pena por los mismos hechos. En igual sentido se prescribe en el artículo 490 del CPP.

Debe aclararse que, de acuerdo con los artículos 490 y 491 del mismo ordenamiento, “la oferta o concesión de la extradición es facultativa del gobierno”, por medio del Ministerio de Justicia y del Derecho. Es activa si se solicita y es pasiva si se ofrece o concede. El presente caso, se refiere a una extradición pasiva por vía legal de una ciudadana colombiana.

En derecho comparado existen varias modalidades de trámite de la extradición. En el caso colombiano es de carácter mixto y se califica de complejo, porque en este concurren varios órganos de los poderes ejecutivo y judicial. Respecto del primero, intervienen los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores y del segundo la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, sin que se pueda predicar que los pronunciamientos de estos son providencias judiciales.

La Corte Constitucional ha reiterado, de manera permanente, que la extradición es un mecanismo de cooperación internacional para combatir el crimen y erradicar la impunidad, en el que se ponen en juego dos principios valiosos para el Estado de derecho, el de territorialidad y el de soberanía: el primero, se refiere al ámbito espacial de aplicación de la ley; el segundo, el que como ente soberano y autónomo decida no aplicar sus leyes penales, decisión que depende del Presidente de la República, como supremo director de la relaciones internacionales:

Por ello, carece de razón el actor al afirmar, fundándose en una tesis absoluta tanto de la soberanía como del principio de territorialidad, que no puede el Estado sopesar distintas razones y determinar cuándo sirve mejor a sus intereses juzgar bajo sus leyes y mediante sus autoridades una determinada conducta cometida parcial o totalmente en su territorio. El Presidente, como director de las relaciones internacionales según lo prevé el artículo 189, numeral 2 de la Carta, ya sea directamente o a través de sus delegados, puede con el fin de cumplir con los compromisos internacionales derivados de convenios internacionales, apreciar distintos intereses estatales al decidir si extradita o no a un sindicado y tales intereses pueden provenir tanto de necesidades nacionales como de compromisos internacionales.

La sentencia C-1106 de 2000 deja en claro que la dirección de las relaciones internacionales por parte del ejecutivo en materia de extradición debe contar con el concepto previo de la Corte Suprema de Justicia. Si este es favorable, el Presidente de la República es quien resuelve si se extradita o se abstiene de hacerlo y si es negativo resulta obligatorio para él, dado que la Corte verifica el cumplimiento de los requisitos mínimos por parte del Estado requirente, “sin que, se repite, ese concepto negativo sea un acto jurisdiccional dado que al emitirlo no se dicta una providencia de juzgamiento, como ya se dijo”.

En efecto, el Presidente evaluará, de acuerdo con la Constitución y con la Convención de Viena -Derecho de los Tratados-, la conveniencia o no de conceder una extradición si, comparativamente, el Estado requirente actúa de manera distinta en su derecho interno y como esta pudiera afectar el principio de reciprocidad, dado que como suprema autoridad de las relaciones internacionales, es su deber privativo “actuar en consecuencia, sin que pueda la Corte Constitucional arrebatarle esa competencia”.

La misma Corporación, ha señalado, que la extradición, como mecanismo de cooperación internacional en cabeza del Presidente de la República, es una decisión administrativa, que no implica juzgamiento o prejuzgamiento de la persona solicitada, ya que el juicio se llevará a cabo en el Estado requirente, bajo las garantías del debido proceso. En el mismo sentido, ha expresado de manera reiterada, que si bien intervienen órganos judiciales sus decisiones no son de esa naturaleza, sino que se tratan de actuaciones administrativas:

5.4. El análisis de las normas del código de procedimiento penal aplicables al trámite administrativo de la extradición, conduce a la Sala a considerar que la entrega de una persona requerida mediante este mecanismo está precedida de una actuación compleja a cargo de diversos órganos estatales, a los cuales jurídicamente no corresponde resolver sobre la ocurrencia del delito, ni acerca de los autores, ni grado de participación de los mismos, como tampoco en relación con las circunstancias del hecho, el móvil de éste, ni valorar pruebas y, menos aún, graduar las penas a imponer o exonerar de responsabilidad a la persona solicitada en extradición.

Es decir, si bien es cierto en el trámite previo a la entrega de la persona solicitada participan dos órganos judiciales del Estado colombiano, también lo es que el procedimiento respectivo no concluye con una decisión judicial sino con una actuación de carácter administrativo, pues se trata de la entrega de una persona para que el Estado requirente, en ejercicio de su soberanía y en cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, lleve a cabo el proceso respectivo, dentro del cual se resolverá sobre la responsabilidad penal del solicitado (negrilla del original).

Como se puede observar, esa precisión se hace porque se considera que la actuación judicial se desarrollará en el Estado requirente. La Corte lo reiteró en la sentencia C-460 de 2008, al examinar la constitucionalidad de los artículos  HYPERLINK "https://go.vlex.com/vid/42856600/node/495?fbt=webapp_preview" \h 495 y  HYPERLINK "https://go.vlex.com/vid/42856600/node/502?fbt=webapp_preview" \h 502 de la  HYPERLINK "https://go.vlex.com/vid/42856600?fbt=webapp_preview" \h Ley 906 de 2004:

4.5. Por todo lo anterior, resulta claro que en el trámite de la extradición la Corte Suprema, Sala Penal, no valora pruebas sobre la existencia del hecho y sus circunstancias, ni juzga al solicitado; tampoco cuestiona las decisiones emitidas por la autoridad extranjera y sólo le compete verificar el cumplimiento de los requisitos para otorgar la extradición, según lo dispuesto en el tratado internacional respectivo o, en su defecto, en la ley interna, acatando la preceptiva superior (cfr. arts. 12, 34 y 35 Const.) y la normatividad complementaria.

Los fundamentos y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de la autoridad extranjera, con base en la cual se pide la extradición, tienen su escenario natural en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del correspondiente proceso penal adelantado en el Estado solicitante y no ante autoridades judiciales colombianas, que deben cooperar, junto con el Ejecutivo, para que la ubicación en país distinto a donde se cometió el presunto delito, no sea vía para eludir la acción de la justicia, que internacionalmente debe permanecer aliada y diligente en la lucha contra la criminalidad.

La misma consideración, sobre la naturaleza administrativa del trámite de extradición, se ha realizado respecto de la captura con esos fines:

6.3. En conclusión, a diferencia de la captura ordenada para asegurar la comparecencia de la persona a un proceso penal común y que está sometida al control de legalidad a cargo del juez de control de garantías (C. Po. Art. 250, numeral 1º), la orden de captura con fines de extradición hace parte de un trámite administrativo destinado a poner a disposición del Estado requirente a una persona para que adelante un proceso penal en su territorio y bajo su jurisdicción, todo con reconocimiento y respeto por la soberanía del solicitante, teniendo como fundamento los principios de colaboración, solidaridad, como también el de confianza legítima y mutua en las relaciones entre Estados.

En este orden de ideas, el Estado requerido no podrá llevar a cabo control jurisdiccional sobre la orden de captura con fines de extradición, pues tal comportamiento podría ser entendido como un acto de desconocimiento de las atribuciones propias de la soberanía del Estado requirente, con las consecuencias que el derecho internacional prevé para esta clase de actitud.

La Corte Constitucional consideró que todo trámite de extradición concluye con un acto administrativo, cuyo control judicial se debe ejercer mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho:

5.6. Como se observa, el de extradición es un procedimiento especial que, cuando es resuelto en favor del Estado requirente, concluye con un acto administrativo expedido por el Presidente de la República, decisión respecto de la cual proceden las acciones contencioso administrativas, particularmente la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el  HYPERLINK "https://go.vlex.com/search/jurisdiction:CO/articulo%2085%20AND%20(42857068%20OR%20336265861)?fbt=webapp_preview" \h artículo 85 del  HYPERLINK "https://go.vlex.com/search/jurisdiction:CO+vid:42857068%2520OR%2520336265861/*?fbt=webapp_preview" \h código contencioso administrativo, sin perjuicio de que la persona afectada con las respectivas decisiones pueda ejercer la acción de tutela, siempre y cuando se presenten las hipótesis previstas en el artículo 86 de la  HYPERLINK "https://go.vlex.com/vid/42867930?fbt=webapp_preview" \h Constitución Política.

De acuerdo con lo dicho, es claro que la extradición es un mecanismo de colaboración internacional en la lucha contra el delito y, por tratarse de un área de las relaciones internacionales, su dirección corresponde al Presidente de la República o alguno de sus delegados en el Gobierno Nacional. Por la misma razón, su trámite se enmarca en un procedimiento administrativo que concluye en un acto administrativo. Si bien ese procedimiento es de carácter mixto, dado que intervienen órganos del poder ejecutivo y judicial, los actos de estos últimos no tiene carácter jurisdiccional, ya que su labor se limita, en caso de la extradición pasiva, a asegurar la comparecencia de la persona requerida en extradición y a determinar los requisitos mínimos para concederla, sin que ese concepto previo se pueda calificar como una investigación o juzgamiento de carácter penal, dado que ese proceso se desarrollará en el país requirente. Además, su concesión es facultativa para el poder ejecutivo.

5. Escenarios de responsabilidad patrimonial en eventos extradición

Como lo ha precisado la Corte Constitucional, el procedimiento y el acto que concede la extradición son de carácter administrativo. Esta posición es congruente con la jurisprudencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, en cuanto considera que contra el acto administrativo por el cual el Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, concede la extradición, procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del C.C.A.. En el mismo sentido, los actos de trámite que se surten en el proceso de solicitud de extradición no son susceptibles de control ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta posición ha sido compartida por la Sección Tercera:

6. En este caso, los demandantes solicitan se declare patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación por los perjuicios sufridos a causa de la extradición a los Estados Unidos -no por la privación de la libertad (sic)- porque se desconoció su condición socioeconómica y antecedentes penales (f. 5 c. 1).

Sin embargo, como dicha afectación la generaron las resoluciones ejecutivas nº. 83 de 4 de abril de 2006, 142 de 22 de junio de 2006 proferidas por el Ministerio del Interior y de Justicia que concedieron la extradición de Gabriel Consuegra Arroyo y la nº. 260 de 18 de octubre de 2006 que la concedió frente a Gabriel Consuegra Martínez [hechos probados 4.5, 4.6 y 4.7], la acción idónea para obtener los perjuicios es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa.

De manera excepcional, la misma Sección Tercera ha considerado que, un evento de esta naturaleza pueda considerarse en el marco de una acción reparación directa. Se trata, en primer lugar, de demandas por afectación de la libertad presentadas después de haberse cumplido la pena por el delito que dio lugar a la extradición, concedidas por el gobierno colombiano, y a este se imputa una conducta omisiva en el deber de proteger a sus nacionales frente a un abuso del Estado receptor:

Valorada la prueba de manera contrastada y conjunta, observa la Sala que las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia al emitir el concepto de extradición, la del Ministerio de Relaciones Exteriores al servir de fuente de comunicación entre los dos estados (solicitante y solicitado) y la del Ministerio del Interior y de Justicia al proferir las resoluciones que concedían la extradición del señor Sánchez López, se encuentran ajustadas a derecho, comoquiera que se le brindaron al demandante todas las garantías de defensa y debido proceso. Así mismo, no se encontraron en ninguna de aquellas decisiones, una violación flagrante de los derechos del accionante ni mucho menos del ordenamiento jurídico, comoquiera que todas aquellas decisiones estaban debidamente motivadas.

De acuerdo con lo anterior, no debe perderse de vista que las normas internacionales en materia de cooperación entre Estados, obliga al Estado colombiano a garantizar la seguridad internacional y la lucha contra el crimen y los delitos, en especial los trasnacionales; por lo que el Estado Colombiano con dicha extradición cumplió con esa obligación internacional.

Por otro lado, se encontró demostrado suficientemente que el señor Sánchez López recobró su libertad en Estados Unidos el 28 de enero de 2008, por haber aceptado los cargos y su culpabilidad, más no por ser absuelto dentro del proceso penal seguido en su contra, motivo suficiente que impide a esta jurisdicción la aplicación de la figura de la privación injusta de la libertad (sic) como título de responsabilidad administrativa y extracontractual del Estado.

De esta manera, para la Sala queda evidenciada la ausencia de daño antijurídico, debido a que el señor Alexander Sánchez López si bien sufrió una privación de la libertad (sic) que constituye un daño material, no es menos cierto que la misma no reviste el carácter de antijurídica por lo que el aquí demandante se encontraba en el deber jurídico de soportar todas las cargas derivadas del proceso penal así fuese uno tramitado en el exterior en virtud del decreto de una extradición.

En conclusión, comoquiera que no se acreditó la injusticia de la privación respecto a la investigación por el delito de narcotráfico que se le inició en Estados Unidos al demandante, y siendo éste el primero de los elementos necesarios para que se configure la responsabilidad extracontractual del Estado, forzoso es concluir que deben negarse las pretensiones de la demanda.

Sin embargo, la Sección Tercera, en un segundo evento, declaró la falla del servicio por la afectación de la libertad, cuando en el concepto de la Corte Suprema de Justicia se determinó que la solicitud para extradición no estaba respaldada por una resolución de acusación o sentencia condenatoria, por parte del Estado requirente, por lo que la calificó de arbitraria:

Vale destacar que para el trámite de la extradición se debía dar aplicación al Decreto 50 de 1987 (Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos) por no existir tratado con el Gobierno Alemán en conformidad con el artículo 17 del Código Penal, y que de acuerdo con esta normativa para que fuera procedente la extradición se debía allegar copia de la sentencia condenatoria o de la resolución de acusación o su equivalente en contra del reclamado, en los términos del artículo 651 Código de Procedimiento Penal. Que por esta razón, la Corte Suprema de Justicia emitió́ concepto desfavorable respecto de la solicitud de extradición, toda vez que no se podía equiparar la orden de detención emitida por un juzgado de Alemania con una resolución de acusación pues esta debía contener “la identificación del inculpado, la tipicidad del hecho de que es inculpado, con todas las circunstancias de tiempo y lugar, las características legales de los hechos, así́ como las normas penales a aplicar, con la enumeración de las pruebas allegadas e indicará el Juzgado que es competente para tramitar el juicio correspondiente”, en tanto que para dictar aquella sólo se requería que hubiere “fundada sospecha” y “un motivo” de detención.

En este sentido, resulta evidente que se incurrió́ en una falla del servicio, dado que a pesar de la insistencia del gobierno Alemán en la extradición de Quinti, quien emitió́ varias notas verbales dirigidas al gobierno colombiano con la finalidad de que se detuviera de manera preventiva a Quinti y se ordenara su extradición, y para lo cual afirmó que se podía equiparar la orden de detención preventiva con la resolución de acusación en consideración a que se trataba de dos sistemas penales diferentes, el Alemán acusatorio y el colombiano inquisitivo, lo cierto es que la detención de Quinti resultaba arbitraria por cuanto era requisito indispensable que se hubiere proferido resolución de acusación en contra del reclamado lo cual no había sucedido.
(…)
En este sentido, es evidente que la privación de la libertad (sic) de Quinti es arbitraria, tal como lo señaló́ la Corte Suprema de Justicia al emitir el concepto desfavorable a la extradición, y en consecuencia habrá́ lugar a declarar la responsabilidad de la Nación- Ministerio de Justicia, por el daño sufrido por Giuseppe Quinti con ocasión de su detención entre el 14 de diciembre de 1988 y el 30 de septiembre de 1989.

Así mismo, en un caso similar al presente, cuando la solicitud de extradición ha sido retirada por el Estado requirente, se ha considerado la acción de reparación directa y que es posible imputar la responsabilidad patrimonial a título de daño especial, dado que a pesar de que el trámite de extradición fue conforme a la ley, al ser afectada su libertad el demandante por causa de esta se le impuso una carga pública que no estaba en el deber jurídico de soportar, al respecto señaló:

En síntesis, la Sala reitera que en el caso de autos no se encuentra acreditada la falla en el servicio de las entidades demandadas. Sin embargo, no ocurre lo mismo en lo que respecta al juicio de imputación bajo los criterios del daño especial, de vieja data definido como uno de los tipos de responsabilidad sin falta de la administración, cimentado en la obligación en cabeza del Estado de responder a pesar de la legalidad total de su actuación, de manera excepcional y por equidad, cuando con su obrar lícito, desplegado en beneficio de la comunidad, causa en determinado administrado un daño anormal, considerable y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón a la naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, rompiéndose así la igualdad de los mismos frente a las cargas públicas, o la equidad que debe reinar ante los sacrificios que conlleva para los administrados la existencia del Estado, lo que significa adentrarnos en el daño injustamente padecido como obliga la normativa constitucional que abandona el anterior concepto de daño injustamente causado del que hablaba la concepción anterior de ese fenómeno.

Dicho esto, este régimen de imputación exige, de una parte, la existencia de una actuación activa u omisiva legítima de la administración que se ajuste a los límites de los postulados normativos y reglamentarios, pues de no ser así se estaría ante una falla del servicio y, de otra parte, es necesario que el demandante acredite una ruptura de la igualdad frente a las cargas públicas, la cual se identifica al comparar la posición de la víctima en relación con los demás integrantes del grupo social, por cuanto, mientras la actuación de la administración se justifica en el beneficio general, su interés particular se ha visto anormalmente afectado, de manera que el daño resulta grave y desproporcionado en comparación con el resto de la comunidad.

En el caso de autos, la Sala viene de acreditar la existencia de una actuación lícita de la administración pública, esto es, el trámite de la solicitud de extradición que motivó la orden de captura emitida por el Fiscal General de la Nación en contra de José Fernando Cubides Gómez, dentro del contexto de las relaciones diplomáticas que demandan la cooperación internacional mediante mecanismos como el de la extradición que conllevan un beneficio para las relaciones internacionales y para la seguridad de los Estados que, finalmente, redunda en favor de los intereses de la colectividad de cada una de las naciones, pero, en este caso, bajo el sacrificio injustificado del derecho a la libertad personal del señor Cubides Gómez, pues debe recordarse que pese al cumplimiento de los requisitos legales la solicitud de extradición fue retirada por el Estado requirente sin motivación alguna que justificara el periodo de privación de la libertad (sic) padecido por el demandante, de manera que la Sala encuentra que el daño antijurídico es atribuible a la responsabilidad del Estado, a título de daño especial.

En un caso similar, en sentencia reciente, la Sala señaló:

34. Como quedó señalado en los apartes anteriores, no se demostró una irregularidad por parte de la Fiscalía General de la Nación en lo que respecta a lo acontecido con la captura con fines de extradición. En tal sentido, se emprenderá el estudio de la responsabilidad de esta entidad bajo un régimen objetivo, en consideración a lo previsto en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional.

35. La Sala evidencia que aún, en presencia de una captura con fines de extradición que cumplía con los requisitos formales para su imposición, la demandante María Lilian Castellanos Poveda no estaba llamada a soportar la privación de su libertad (sic), toda vez que se decidió revocar la medida y ordenar su libertad inmediata, en virtud a que el gobierno de los Estado Unidos de América retiró la solicitud y, por lo tanto, no estaba obligada a soportar la privación de la libertad (sic) que fue dispuesta por la Fiscalía General de la Nación.

36. En efecto, la captura con fines de extradición se produjo en desarrollo de una actividad legítima del Estado, de la cual se derivó un daño grave y especial que constituyó un sacrificio para la señora Castellanos Poveda y, por lo tanto, se quebrantó el principio de igualdad frente a las cargas públicas.

Conforme a la jurisprudencia citada, es posible deducir cuatro eventos de responsabilidad patrimonial del Estado en materia de extradición pasiva de nacionales colombianos. El primero se refiere al acto administrativo que la concede por ilegalidad de este. El segundo, porque la solicitud no cumplió con los requisitos mínimos para concederla. El tercero, por omisión de protección del Estado cuando la persona extraditada alegue abusos por parte del Estado receptor durante el juzgamiento y condena penal. Y el último, cuando en el trámite el Estado requirente retire la solicitud de extradición. Para la reparación por el primer evento procede la acción de nulidad y restablecimiento del derecho; en relación con los tres últimos procede la acción de reparación directa.

6. Procedencia de la acción de reparación directa

Antes de establecer si le asiste o no responsabilidad patrimonial a las entidades demandadas con ocasión de la afectación de la libertad de la señora María Cristina Marín Castro durante un trámite de extradición pasiva, resulta necesario precisar por qué la acción procedente en este caso es la de reparación directa y no la de nulidad y restablecimiento del derecho.

En materia de extradición, de acuerdo con la jurisprudencia citada, la acción de nulidad y restablecimiento procede en contra del acto definitivo que la decide; y la de reparación directa resulta adecuada cuando no se cumplen con las exigencias mínimas, por abusos del estado requirente o porque el Estado solicitante desiste, pero se cumplen todos los requisitos para concederla.

De acuerdo con los artículos 85 y 86 del Código Contencioso Administrativo y según jurisprudencia constante de la Corporación, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la de reparación directa tienen una finalidad indemnizatoria. Sin embargo, ambas se diferencian por la fuente de los daños cuyo resarcimiento puede reclamarse a través de cada una de ellas.

En efecto, cuando el daño ha sido causado por un acto administrativo considerado ilegal, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto es indispensable que sea el juez competente quien desvirtúe la presunción de legalidad que cobija dicho acto, para que los daños por él causados puedan considerarse antijurídicos y puedan comprometer la responsabilidad del Estado.

Cuando el daño ha sido causado por “un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos” o, en la modificación aportada por la Ley 446 de 1998, “por cualquier otra causa”, como sería aquella consistente en la ruptura del principio de la igualdad frente a las cargas públicas por un acto legal, la acción procedente es la de reparación directa.

En el presente asunto, la señora María Cristina Marín Castro demandó a la Nación -Ministerio del Interior y de Justicia -Ministerio de Relaciones Exteriores -Rama Judicial -Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de la acción de reparación directa, por la afectación de su libertad durante el trámite de solicitud de extradición llevado en su contra, el cual terminó con el retiro de la solicitud por el Estado requirente. De acuerdo con la jurisprudencia citada, resulta claro que el supuesto del caso es el mismo, por lo que resulta procedente la acción de reparación directa.

7. Problema jurídico

La Sala debe determinar si la afectación de la libertad que soportó la señora María Cristina Marín Castro, en el marco de un trámite de solicitud de extradición por la presunta comisión de los delitos federales de narcóticos atribuidos por el Gobierno de los Estados Unidos de América, constituye una afectación de la libertad desproporcionada que compromete la responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores -Ministerio de Justicia y del Derecho -Rama Judicial, toda vez que el proceso de extradición culminó por el desistimiento de dicha solicitud por parte del Estado requirente y, como consecuencia, se revocó la orden de captura y se dispuso la libertad inmediata de la referida señora.

8. Elementos de la responsabilidad

8.1. El daño

Con el fin de abordar integralmente la problemática planteada en esta instancia, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a la entidad demandada o a declarar, de ser el caso, que se configuró una causal que la exonere de responsabilidad.

En el caso concreto, de acuerdo con lo expuesto en la demanda, el daño alegado por los actores fue la restricción de la libertad de la señora María Cristina Marín Castro, durante el tiempo que estuvo privada de esta como consecuencia de la solicitud de extradición que se adelantó en su contra, por la posible comisión de los delitos federales de narcóticos, imputados por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por los cuales fue capturada y recluida en un establecimiento penitenciario.

La Sala considera que no hay duda de la existencia del daño alegado, dado que se encuentra acreditado que la señora Marín Castro fue capturada con fines de extradición el 3 de abril de 2006, tal como consta en la remisión de información emitida por la Fiscalía General de la Nación (fls. 410 - 411 del c.2). Cabe anotar que mediante nota diplomática 3255 del 22 de octubre de 2007, la Embajada de los Estados Unidos de América retiró la solicitud de captura con fines de extradición de la señora María Cristina Marín Castro, quien recobró su libertad el 23 de octubre siguiente, al revocarse la orden de captura proferida en su contra.

En ese orden, es claro que la señora María Cristina Marín Castro estuvo detenida en centro carcelario entre el 3 de abril del 2006 y el 23 de octubre de 2007; es decir, 18 meses y 20 días.

Al presente proceso concurrieron, además, el señor Julio Cesar Marín Castro y el menor Juan David Marín Castro, quienes acreditaron la calidad de hijos de la víctima directa, según consta en los registros civiles de nacimiento, respectivamente (fls. 2 y 96 del c.1).

Asimismo, los señores William Marín Cadavid y María Emma Castro en condición de padres, calidades que la Sala encuentra acreditada con el certificado de anotación en los libros de registros civiles de nacimiento de la señora María Cristina Marín Castro (fl. 3 del c. 1); y los señores Carlos Evelio, María Janeth y Ana Patricia Marín Castro, quienes probaron su condición de hermanos, mediante las respectivas copias de los registros civiles de nacimiento, en las que consta que eran hijos de los anteriores (fls. 10 - 16 del c.1)

Respecto del señor Guillermo Parra Marmolejo, quien acudió al proceso en calidad de compañero permanente de la demandante, encuentra la Sala que en el marco del proceso contencioso administrativo fue rendido el testimonio de los señores Rebelino Torres Morales (fls. 426 - 427 del c.2), María de los Ángeles Cortés (fls. 428 -429 del c.2), y María Eugenia Angarita (fl. 430 del c.2), quienes afirmaron que el núcleo familiar de la señora María Cristina Marín Castro estaba conformado por sus hijos y el señor Guillermo Parra Marmolejo.

De la prueba del parentesco y de la relación marital existente entre las personas mencionadas, se infiere que padecieron daños como consecuencia de la afectación de la libertad de la señora María Cristina Marín Castro.

Referente a los señores María Esther Cadavid, Nicolás Cuéllar Marín, Sara García Marín, Jesús Antonio Castro Cadavid, Carmen Rosa Castro Cadavid, María Fabiola Castro Cadavid y Beatriz Eugenia Parra Marmolejo, el a quo declaró su falta de legitimación en la causa por activa toda vez que no demostraron el daño que se les ocasionó con la afectación de la libertad de la señora Marín Castro, cuestión que no fue objeto de apelación, razón por la cual la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento al respecto.
8.2 La imputación

Una vez constatada la existencia del daño, se procede a realizar el estudio de imputación, para lo cual será determinante establecer si el daño es atribuible a la Nación-Fiscalía General de la Nación, -Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y de Justicia, y Rama Judicial.

Precisa la Sala, que el referido trámite, se surtió conforme a los términos establecidos por el Código de Procedimiento Penal, sobre los cuales, la parte actora guardó silencio, por lo que esta Sala no realizará pronunciamiento alguno sobre este punto.

Con ese propósito, la Sala dará cuenta de los hechos que se encuentran acreditados en el proceso:

-El 28 de marzo de 2006, mediante nota verbal 0777 el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición de la señora María Cristina Marín Castro, requerida para comparecer a juicio por los delitos federales de narcóticos (fls 35 - 42 del c.2).

-Por medio de los oficios OAJ.E 0561 y OAJ.E 0562 del 30 de marzo de 2006, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió la nota diplomática 0777 al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación (fls 33 - 34 del c.2).

-Mediante Resolución del 3 de abril de 2006, el Fiscal General de la Nación decretó la captura con fines de extradición de la señora María Cristina Marín Castro, la cual se hizo efectiva ese mismo día por miembros de la Policía Nacional, conforme al artículo 509 del CPP (fls. 48 -51 del c.2).

-El 1° de junio de 2006, la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia mediante la nota verbal 1325 formalizó la solicitud de extradición de la señora Marín Castro, en la que se informó (fls. 61 - 66 del c.2):

De conformidad, María Christina (sic) Marín - Castro es ahora sujeto de la acusación sustitutiva No. S3 05 Cr. 1262, dictada el 4 de mayo de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para El Distrito Sur de Nueva York (…).

(…)

Un nuevo auto de detención contra la señora Marín Castro con base en la acusación sustitutiva No. S3 05 Cr. 1262 fue dictado el 4 de mayo de 2006, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable. No se dictó un nuevo auto de detención contra la señora Marín Castro con base en la más reciente acusación sustitutiva No. S4 05 Cr 1262 (…).

-El 2 de junio de 2006, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 del CPP, mediante oficio OAJ.E 1032, conceptuó que, por no existir convenio aplicable al caso, era procedente obrar de conformidad con el ordenamiento penal colombiano (fl.54 del c.2).

-El Ministerio del Interior y de Justicia, por medio de oficio 13194 del 8 de junio de 2006, remitió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia formalizó la solicitud de extradición de la señora María Cristina Marín Castro, para que fuera emitido concepto obligatorio favorable o desfavorable respecto de tal solicitud, de acuerdo con lo previsto en ya citado artículo 492 y el 499 del CPP (fls. 187 - 188 del c.2).

-La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en providencia del 27 de marzo de 2007, al encontrar reunidos los requisitos que exigen las normas del Código de Procedimiento Penal para emitir concepto sobre la viabilidad de entregar o no a la persona solicitada por un país extranjero, conceptuó favorablemente la extradición de la ciudadana María Cristina Marín Castro, conforme a los artículos 493, 494 y 502 del CPP (fl.192 del c.2).
-El Ministerio del Interior y de Justicia en Resolución Ejecutiva 089 del 20 de abril de 2007, concedió la extradición de la señora Marín Castro, para que compareciera a juicio por los delitos federales de narcóticos referidos en la acusación sustitutiva S3 05 Cr 1262, dictada el 4 de mayo de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York conforme a los ya referenciados artículos 491, 492 y 494 del CPP (fls. 3 - 8 del c.2).

-La señora Marín Castro interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución Ejecutiva 089, por considerar violado su derecho al debido proceso en las actuaciones tanto administrativas como judiciales surtidas en el trámite de solicitud de extradición (fls. 241 - 217 del c.2), escrito radicado el 9 de mayo de 2007, ante el asesor jurídico de la Reclusión Nacional de Mujeres y recibido por el Ministerio de Justicia y del Interior el 11 de mayo siguiente.

-En Resolución 238 del 9 de Julio de 2007, el Ministerio del Interior y de Justicia confirmó la Resolución Ejecutiva 089, por cuanto la actuación surtida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, según su juicio, no constituyó desconocimiento del derecho de defensa, ni de ningún otro derecho fundamental, toda vez que únicamente estaba ejerciendo la función que le asignaba la normatividad procesal penal (fls. 14 -19 del c.2).

-El 22 de octubre de 2007, por medio de nota verbal 3255 la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia comunicó al Ministerio de Relaciones Exteriores que retiraba la solicitud de extradición de la señora María Cristina Marín Castro (fl 262 del c.2).

-El Fiscal General de la Nación, en auto del 23 de octubre de 2007, resolvió revocar la orden de captura de la señora Marín Castro y ordenó su libertad inmediata, debido a que el Estado requirente puso término al pedido de extradición de la persona requerida en la nota verbal 0777.

-En Resolución 415 del 6 de noviembre de 2007, el Ministerio del Interior y de Justicia declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de las Resoluciones 089 del 20 de abril de 2007 y 238 del 9 de julio de 2007, mediante las cuales se conceptuó favorablemente la solicitud de extradición de la señora María Cristina Marín Castro, dado que había desaparecido el fundamento de hecho que servía de sustento a los mencionados actos administrativos.

De acuerdo con los hechos descritos se encuentra acreditado que la señora María Cristina Marín Castro fue solicitada en extradición, el 28 de marzo de 2006, por el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, acusada de delitos federales de tráfico de narcóticos. El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió la nota diplomática al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. El 3 de abril de 2006, el Fiscal General de la Nación decretó la captura con fines de extradición conforme al artículo 509 del CPP. El 2 de junio de 2006, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con el artículo 496 del CPP, conceptuó que se debía proceder, de conformidad con el Código de Procedimiento Penal colombiano. El 27 de marzo de 2007, la Corte Suprema de Justicia profirió concepto obligatorio, conforme a lo prescrito en los artículos 492 a 494, 499 y 502 del CPP. El 20 de abril y el 9 de julio, el Ministerio del Interior y de Justicia concedió la extradición, como última instancia del Gobierno Nacional para tal decisión conforme al artículo 491 del CPP. El 22 de octubre de 2007, el Estado requirente retiró la solicitud de extradición y al día siguiente la Fiscalía General de la Nación ordenó la libertad inmediata de la demandante.

Se concluye, entonces, que el trámite mediante el cual se surtió la solicitud de extradición en contra de la señora Marín Castro fue una actuación administrativa legal por parte todas las entidades demandadas, tanto de la Fiscalía General de la Nación, al proferir la orden de captura; de la Corte Suprema de Justicia, al dar el concepto de extradición; del Ministerio de Relaciones Exteriores, al servir de puente de comunicación con el Estado requirente, y del Ministerio del Interior y del Derecho, hoy de Justicia y del Derecho, quien concedió la solicitud de extradición antes de su retiro.

Sin embargo, resulta evidente que la afectación de la libertad con fines de extradición de la demandante, en aplicación de este mecanismo de cooperación internacional, bajo la dirección del Presidente de la República, quien tiene la suprema dirección de las relaciones internacionales, a través de los Ministerio de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, le impuso una carga pública a la demandante, que esta no estaba en el deber jurídico de soportar y por lo tanto debe declararse la responsabilidad con fundamento en el daño especial.

En efecto, pese a que el trámite de solicitud de extradición fue legal y razonable, y los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, durante esa actuación, obraron conforme a la legislación vigente que la fundamentaba, es dable concluir que, el mismo, resultó desproporcionado para la señora María Cristina Marín Castro, por cuanto, produjo un desequilibrio ante las cargas públicas, al imponerle un sacrificio mayor al que esta debía soportar, teniendo en cuenta que la solicitud de extradición fue revocada por el país requirente.

El daño especial consiste en aquel que se ocasiona al administrado en desarrollo de una actuación legítima y legal del Estado que debe ser indemnizado por razones de equidad, porque entraña la desigualdad ante las cargas públicas, cuando su imposición implica un mayor sacrificio al que normalmente deben soportar los asociados en general, dado que se busca preservar su equilibrio, que es el principio de justicia distributiva que garantiza su existencia:

En tales condiciones se exige que para hablar del daño especial como presupuesto de responsabilidad de la administración este debe ser anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, es decir, que solo unos pocos ciudadanos resultan sacrificados en su patrimonio como contrapartida de que la calidad y prestación de los servicios.

En el presente caso, se trata de un procedimiento administrativo que culminó en un acto administrativo legal en el que se concedió la extradición de la demandante, pero que perdió fuerza ejecutoria por el retiro de la solicitud por parte del Estado requirente. Sin duda, la afectación de la libertad de la señora Marín Castro se trató de una carga pública desproporcionada que amerita declarar la responsabilidad patrimonial del Estado bajo el título de daño especial.

Debe señalarse que el trámite de extradición es un procedimiento administrativo de carácter complejo. Si bien intervienen órganos del poder ejecutivo y judicial, la dirección privativa de este corresponde al primero, en especial en su modalidad pasiva cuando es gobernado por la ley, como sucede en el presente caso, pues la orden final se atribuye de manera discrecional al Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, aún en el evento en que el concepto de la Corte Suprema de Justicia resulte favorable, puesto que es una decisión que se encuentra en la orbita de las relaciones internacionales, cuya dirección suprema corresponde al Presidente de la República, en cumplimiento de un mecanismo de cooperación internacional, para combatir la criminalidad transnacional.

De acuerdo con lo anterior, es necesario determinar a quién es atribuible el daño antijurídico causado por ese desequilibrio ante las cargas públicas. En criterio de la Sala este es imputable a la rama ejecutiva del poder público, en cabeza de los ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores, dado que la extradición es un mecanismo de cooperación internacional para combatir el delito y su supremo director es el Presidente de la República, quien determina, de manera autónoma, en que casos se hace excepción a la aplicación de los principios de territorialidad de la ley y de la soberanía estatal. Ese trámite es de naturaleza administrativa y culmina en un acto administrativo que la concede, según la voluntad discrecional del ejecutivo.

Debe reiterarse que, si bien intervienen órganos de la rama judicial, como la Fiscalía General de Nación y la Corte Suprema de Justicia, sus actos no son de naturaleza jurisdiccional, sino que contribuyen a llevar a buen término el procedimiento administrativo de extradición, pues el proceso penal de investigación y juzgamiento penal se cumple exclusivamente en el Estado que la solicita, de acuerdo con jurisprudencia reiterada de la misma corte y de la Corte Constitucional.
En la sentencia C-460 de 2008, dijo:

Los fundamentos y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de la autoridad extranjera, con base en la cual se pide la extradición, tienen su escenario natural en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del correspondiente proceso penal adelantado en el Estado solicitante y no ante autoridades judiciales colombianas, que deben cooperar, junto con el Ejecutivo, para que la ubicación en país distinto a donde se cometió el presunto delito, no sea vía para eludir la acción de la justicia, que internacionalmente debe permanecer aliada y diligente en la lucha contra la criminalidad.

No se puede considerar al trámite de la extradición como un proceso judicial, en tanto no se puede hacer valoración alguna sobre la validez o mérito de las pruebas que sustentan una acusación de carácter criminal, como tampoco del grado de participación en el delito que se le imputa, ya que eso aspectos son de competencia exclusiva de las autoridades judiciales del Estado requirente. Por estas razones, el concepto de la Corte Suprema es de carácter formal, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de ley para que la rama ejecutiva decida autónomamente si la concede o no. No puede ser considerado de ninguna manera como un acto de juzgamiento, pues este compete a la órbita propia y absoluta del Estado que la solicita.

10. Indemnización de perjuicios

10.1. Lucro cesante

En la demanda se solicitó, a título de lucro cesante, que se condenara a las entidades demandadas a pagar a favor de la señora María Cristina Marín Castro, los ingresos dejados percibir durante su privación.

Para liquidar dicho perjuicio, el a quo manifestó que si bien la demandante sostuvo que para el momento en que ocurrieron los hechos devengaba mensualmente la suma de $2’000.000, lo cierto era que no se allegó prueba que demostrara que antes de la afectación de su libertad estuviera vinculada a alguna empresa y percibiera esos ingresos.

Frente al reconocimiento de este perjuicio, el Tribunal de primera instancia estableció como monto a pagar la suma $11’649.528, sin incluir el 25% por concepto de prestaciones sociales, de toda vez que para la época de los hechos al tratarse de una persona en edad productiva -37 años- tendría en cuenta el salario mínimo correspondiente para el período en que estuvo afectada su libertad.

Así las cosas, dado que no se probó un ingreso fijo, pero sí el desempeño de una actividad lícita como oficial de seguridad de rampa, procederá la Sala a actualizar la condena impuesta en primera instancia por concepto de indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de la señora María Cristina Marín Castro, porque se considera que ese daño se encuentra acreditado y su liquidación se ajusta a los parámetros establecidos por la Sala.

De este modo, el referido valor se actualizará, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Valor actualizado = Valor histórico x (IPC final)
(IPC inicial)

Al remplazar:

V.A = V.H ($11’649.528) (108,84)
(80,45)

V.A = $15’760.530

Total, de indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante: $15’760.530

Se advierte que en la sentencia de primera instancia se negaron los montos solicitados en la demanda por concepto de daño emergente, cuestión que no fue objeto de apelación, razón por la cual la Sala se abstendrá de emitir pronunciamiento respecto de estos perjuicios.

10.2 Perjuicios morales

En relación con la tasación de perjuicios morales en casos de afectación de la libertad, siguiendo lo reiterado por esta Corporación, se tiene que es con apoyo en las máximas de la experiencia que hay lugar a inferir que esa situación le generó dolor moral, angustia y aflicción a la persona que, por esa circunstancia, vio afectada o limitada su libertad, perjuicio que se hace extensible a sus seres queridos más cercanos, quienes se afectaron por la situación de zozobra por la que atravesaba su familiar.

Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos según corresponda; asimismo, respecto del quantum indemnizatorio, se ha establecido que el juez, según su prudente juicio, analizará las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo acudir como guía de la tasación del mismo a los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014.

Conforme a lo dispuesto por esta Corporación para la indemnización del perjuicio moral en los eventos en los cuales la afectación de la libertad es, como en este caso, superior a 18 meses, el reconocimiento indemnizatorio debería ser de 100 SMMLV para la víctima directa del daño, esto es, el afectado directo con la medida de aseguramiento, así como cada uno de sus parientes en primer grado de consanguinidad -padres e hijos- y para la cónyuge o compañera permanente y 50 SMLMV para cada uno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, dentro de los cuales se encuentran los hermanos.

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal a quo condenó a la Fiscalía General de la Nación- Ministerio de Relaciones Exteriores - Ministerio del Interior y de Justicia- Rama Judicial, a pagar por concepto de perjuicios morales la suma de (100) SMLMV para la señora María Cristina Marín Castro, (70) SMLMV para cada uno de sus hijos, (70) SMLMV para su padre William Marín Cadavid, para su madre María Emma Castro (70) SMLMV y, para cada uno de sus hermanos (20) SMLMV.

En este asunto, la Sala encuentra acreditado que: i) la señora María Cristina Marín Castro permaneció afectada de su libertad desde el 3 de abril de 2006 hasta el 23 de octubre de 2007, fecha en la que se revocó su orden de captura (fls. 410 - 411 del c.2), es decir, durante 1 año, 6 meses y 21 días (18,7 meses), ii) los beneficiarios de la condena proferida por el tribunal a quo, el señor Guillermo Parra Marmolejo (compañero permanente), los señores Julio Cesar y Juan David Marín Castro (hijos), el señor William Marín Cadavid (padre), la señora María Emma Castro (madre), y los señores Carlos Evelio, Ana Patricia y María Janeth Marín Castro (hermanos) acreditaron los parentescos que invocaron en relación con la señora Marín Castro, según las pruebas obrantes (fls 2 - 27 del c.1), respectivamente, lo cual permite inferir el dolor moral por la detención de esta.

Así las cosas, la Sala encuentra que: i) los montos indemnizatorios concedidos por el tribunal a quo -100 SMLMV en favor de la afectada directa, 70 SMLMV para su compañero permanente, 70 SMLMV para cada uno de sus hijos, 70 SMLMV para su padre, 70 SMLMV para su madre y 20 SMLMV para cada uno de sus hermanos, no superan los topes sugeridos por esta esta Corporación; no obstante, conviene precisar que si bien esta Subsección les hubiere reconocido un monto mayor al establecido por el Tribunal a quo, lo cierto es que la parte actora no recurrió la sentencia de primera instancia y en aplicación del principio de la no reformatio in pejus resulta improcedente hacer más gravosa la situación de las entidades demandadas incrementando las sumas concedidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, razón por la cual se mantendrá la condena impuesta por este concepto.

Se aclara que los salarios mínimos legales mensuales que se dispongan en la indemnización serán los vigentes al momento de la ejecutoria de esta decisión.

11. Condena en costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia del 27 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:

PRIMERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho- Ministerio de Relaciones Exteriores por la afectación de la libertad sufrida por la señora María Cristina Marín Castro.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho- Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar a los demandantes, por concepto de perjuicios morales, las siguientes cantidades de dinero:

DEMANDANTE
CALIDAD
CANTIDAD
María Cristina Marín Castro.
Víctima directa
100 SMLMV
William Marín Cadavid
Padre
70 SMLMV
María Emma Castro
Madre
70 SMLMV
Julio Cesar Marín Castro
Hijo
70 SMLMV
Juan David Marín Castro
Hijo
70 SMLMV
Guillermo Parra Marmolejo
Compañero permanente
70 SMLMV
Carlos Evelio Marín Castro
Hermano
20 SMLMV
Ana Patricia Marín Castro
Hermana
20 SMLMV
María Janeth Marín Castro
Hermana
20 SMLMV

TERCERO: CONDÉNASE a la Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho - Ministerio de Relaciones Exteriores a pagar a la señora María Cristina Marín Castro, a título de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de quince millones setecientos sesenta mil quinientos treinta pesos ($15’760.530).

CUARTO: NIÉGASE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.

SÉPTIMO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente enlace: HYPERLINK "https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx" https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Aclaración de voto

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL - Estudio de responsabilidad / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FACULTADES DEL JUEZ DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO DE LA EXTRADICIÓN / FINALIDAD DE LA EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EXTRADICIÓN / FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO / RAMA EJECUTIVA / RAMA JUDICIAL

[E]stimo necesario efectuar una aclaración de voto en relación con la responsabilidad de la Rama Judicial, la cual fue exonerada sin que dicho ente haya apelado la sentencia de primera instancia, mediante la cual resultó condenada patrimonialmente (…) motivo por el cual, en principio, habría lugar a considerarse que dicha entidad no podía quedar excluida de responsabilidad, toda vez que la Sala mantuvo la declaratoria de responsabilidad patrimonial, pero lo hizo únicamente frente a los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores. Pese a que en el fallo de segunda instancia no se explicó, de manera precisa, por qué se exoneraba de responsabilidad a la Rama Judicial, entendí que ello era así porque el procedimiento de extradición es de índole administrativo y no judicial, razón por la cual no resultaba viable mantener una condena frente a un ente que, aunque no apeló la sentencia, lo cierto es que con su actuación -netamente judicial- en el procedimiento de extradición, no concurrió en la causación del daño, lo que me llevó a compartir la decisión adoptada.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

ACLARACIÓN DE VOTO

Consejera: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00442-01(54513)

Actor: MARÍA CRISTINA MARÍN CASTRO Y OTROS

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

ACLARACIÓN DE VOTO

Si bien es cierto que acompañé la sentencia dictada dentro del asunto de la referencia el 16 de julio del año en curso - notificada el pasado 13 de agosto-, estimo necesario efectuar una aclaración de voto en relación con la responsabilidad de la Rama Judicial, la cual fue exonerada sin que dicho ente haya apelado la sentencia de primera instancia, mediante la cual resultó condenada patrimonialmente.

En efecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la responsabilidad patrimonial y solidaria de “la Fiscalía General de la Nación - Rama Judicial, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior y de Justicia, por los perjuicios ocasionados a la señora María Cristina Marín Castro por motivo de la privación de la libertad con fines de extradición de la cual fue objeto”, sin que la Rama Judicial hubiere apelado tal decisión, motivo por el cual, en principio, habría lugar a considerarse que dicha entidad no podía quedar excluida de responsabilidad, toda vez que la Sala mantuvo la declaratoria de responsabilidad patrimonial, pero lo hizo únicamente frente a los Ministerios de Justicia y del Derecho y de Relaciones Exteriores.

Pese a que en el fallo de segunda instancia no se explicó, de manera precisa, por qué se exoneraba de responsabilidad a la Rama Judicial, entendí que ello era así porque el procedimiento de extradición es de índole administrativo y no judicial, razón por la cual no resultaba viable mantener una condena frente a un ente que, aunque no apeló la sentencia, lo cierto es que con su actuación -netamente judicial- en el procedimiento de extradición, no concurrió en la causación del daño, lo que me llevó a compartir la decisión adoptada.

Muy atentamente,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Consejera de Estado

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Hoy Ministerio de Justicia y del Derecho. Artículo 566. Captura. Nota diplomática: El Fiscal General de la Nación decretará la captura de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida. Artículo 3.Funciones: El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 las siguientes:
(…)
6. Ser interlocutor, coordinador y enlace para todas las gestiones oficiales que se adelanten entre las entidades gubernamentales y los gobiernos de otros países, así como con los organismos internacionales. Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Artículo 35. <Artículo modificado por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/acto_legislativo_01_1997.html" \l "1" \h 1o. del Acto Legislativo No. 1 de 1997. El nuevo texto es el siguiente:> La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma. Ley 906 de 2004. ARTÍCULO 490. LA EXTRADICIÓN. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por los delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extradición de colombianos por nacimiento cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997. Sentencie C-243 de 2009, en la que se declara la exequibilidad de los artículos 506, 509 y 511 de la Ley 906 de 2004. Ley 906 de 2004. ARTÍCULO 491. CONCESIÓN U OFRECIMIENTO DE LA EXTRADICIÓN. Corresponde al gobierno por medio del Ministerio del Interior y de Justicia, ofrecer o conceder la extradición de una persona condenada o procesada en el exterior, salvo en los casos contemplados en el artículo anterior. ARTÍCULO 492. EXTRADICIÓN FACULTATIVA. La oferta o concesión de la extradición es facultativa del gobierno; pero requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia. Según la misma sentencia C-243 de 2009, existen tres sistemas: Los sistemas de extradición pasiva son tres: i) administrativo o gubernativo; ii) judicial y iii) mixto. El sistema administrativo o gubernativo se presenta cuando el Gobierno detenta de manera exclusiva la potestad para conocer y resolver sobre la petición de extradición; el judicial se pone de manifiesto cuando de la petición conocen únicamente los jueces, los tribunales o las autoridades jurisdiccionales y mixto cuando el trámite combina los dos sistemas anteriores, aún cuando la fase final esté reservada al órgano Ejecutivo del Estado requerido.

Sentencia C-1106 de 2000, en la que se declara la exequibilidad de los artículos 548, 549, 551, 552, 556, 557, 558, 559,562, 565, 566 y 567, la inexequibilidad del artículo 546 y la exequibilidad condicionada del artículo 550 del Decreto Ley 2700 de 1991. En la citada sentencia C-243 de 2009: Se trata, entonces, de un mecanismo de cooperación internacional destinado a evitar que, al amparo de la inviolabilidad del territorio, los delincuentes que han transgredido la ley penal de otro país queden impunes por el hecho de su fuga, teniendo en cuenta la imposibilidad del Estado ofendido para aprehenderlos dentro del territorio de otro Estado. En la sentencia C-700/00, la Corte expresó lo mismo, cuando consideró la exequibilidad del artículo 566 del Decreto Ley 2700 de 1991. Sentencia C-621 de 2001, exequibilidad del artículo 13 del Decreto 100 de 1980. Ley 906 de 2004. ARTÍCULO 501. CONCEPTO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Vencido el término anterior, la Corte Suprema de Justicia emitirá concepto. El concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obligará al gobierno; pero si fuere favorable a la extradición, lo dejará en libertad de obrar según las conveniencias nacionales. Sentencia C-1106 de 2000. Ibídem. En la sentencia SU-110 de 2002 señaló que: Se trata de una decisión administrativa adoptada mediante trámite, en principio, breve y sumario, que no implica juzgamiento y tampoco puede dar lugar a un prejuzgamiento. La misma se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den en el Estado requirente, cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado distinto de aquél en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado por el mismo. Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requirente podrá la persona extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido proceso. Sentencia C-243 de 2009. En la sentencia C-1106 de 2000, sobre el mismo punto dijo: … por su propio contenido, el acto mismo de la extradición no decide, ni en el concepto previo, ni en su concesión posterior sobre la existencia del delito, ni sobre la autoría, ni sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el hecho, ni sobre la culpabilidad del imputado, ni sobre las causales de agravación o diminuentes punitivas, ni sobre la dosimetría de la pena, todo lo cual indica que no se está en presencia de un acto de juzgamiento, como quiera que no se ejerce función jurisdicente.// Entrar en una controversia de orden jurídico como si se tratara de un acto jurisdiccional, implicaría el desconocimiento de la soberanía del Estado requirente, como quiera que es en ese país y no en el requerido en donde se deben debatir y controvertir las pruebas que obren en el proceso correspondiente, de conformidad con las disposiciones sobre Derecho Internacional Humanitario y con las normas penales internas del Estado extranjero. // Para esta Corporación, no son de recibo los argumentos esgrimidos por el demandante, porque la Corte Suprema de Justicia en este caso no actúa como juez, en cuanto no realiza un acto jurisdiccional, como quiera que no le corresponde a ella en ejercicio de esta función establecer la cuestión fáctica sobre la ocurrencia o no de los hechos que se le imputan a la persona cuya extradición se solicita, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que pudieron ocurrir, ni tampoco la adecuación típica de esa conducta a la norma jurídico-penal que la define como delito, pues si la labor de la Corte fuera esa, sería ella y no el juez extranjero quien estaría realizando la labor de juzgamiento. Sentencia C-243 de 2009. Sentencia C-243 de 2009. Ver Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de: 29 de agosto de 1996 (exp. 3521), 23 de abril de 1998 (exp. 4151), 16 de julio de 1998 (exp.

4561), 21 de noviembre de 2002 (exp 3885), 25 de abril de 2002 (exp. 7289), 19 de julio de 2002 (exp. 6634), 28 de agosto de 2003 (exp. 8306), 20 de mayo de 2004 (exp. 8766), 24 de febrero de 2005 (exp. 7561), 15 de octubre de 2009 (rad. 2005-00157-01), 19 de noviembre de 2009 (rad. 2009-00468-00), 18 de marzo de 2010 (rad. 2005-00063-01), 3 de marzo de 2011 (rad. 2002-0019-01), 16 de marzo de 2012 (rad. 2003-00154-01), 6 de septiembre de 2012 ( rad. 2008-00110-00), 15 de noviembre de 2012 (rad. 2012-00277-00), 7 de octubre de 2013 ( rad. 2008-00011-00), 30 de octubre de 2014 (rad. 2007-00244-00), 13 de marzo de 2014 (rad. 2009-00351-00), 2 de agosto de 2017 ( exp. 52648), 14 de enero de 2019 (2016-00590-00). Ver Consejo de Estado, Sección Primera, sentencias de: 29 de mayo de 1987 (exp. 607),12 de agosto de 1988 (exp. 930), 9 de julio de 1989 (exp. 949), 17 de febrero de 2000 (exp. 5985),
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 7 de septiembre de 2000 (exp. 6422), 17 de octubre de 2013 (Exp. 2008-00011). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 2 de agosto de 2017, C.P Guillermo Sánchez Luque. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 8 de marzo de 2018, exp. 46860, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. En el mismo sentido se pronunció la subsección C, en sentencia de 31 de mayo de 2019, exp. 42196, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, pero la acción se encontraba caducada: En razón a lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la indebida escogencia de la acción de reparación directa para procurar la reparación del daño derivado de la autorización de la extradición de Hernán Botero Moreno. Sin embargo, la adicionará, para declarar que la acción de reparación directa por causa del daño que sufrió el mismo ciudadano con la condena proferida por la justicia del Estado receptor, daño que habría facilitado el Estado colombiano con su inactividad, caducó. También, la Subsección B se ha pronunciado al respecto, en sentencia de 27 de febrero de 2020, exp. 40974, C.P. Alberto Montaña Plata: El reconocimiento de responsabilidad [por el demandante], la aceptación de no haber vencido al Estado requirente y la admisión de las sanciones pecuniarias y privativas de la libertad por los hechos ante el sistema de justicia del Estado requirente, impiden la certeza sobre la antijuricidad del daño. Consejo de Estado. Sección Tercera. Exp. 15485. Sentencia del 11 de noviembre de 2009. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 50501, sentencia del 28 de febrero de 2020, C.P. Nicolás Yepes Corrales. Consejo de Estado, sentencia de 27 de abril de 2006, Exp. 16.079. Este régimen de imputación, fue comprendido por primera vez en la jurisprudencia, en 1947 y sus fundamentos se hallan en los principios de igualdad, solidaridad y equidad, según los cuales las cargas que soportan los administrados, deben ser distribuidas en igualdad de condiciones y equitativamente, con observancia del principio de solidaridad social, tanto en su aplicación, como en la compensación o reparación de los daños que en su desarrollo se causen, pero en todo caso, sin olvidar que debe haber un prudente sacrificio de los intereses particulares en pro de los generales, lo que justifica la exigencia de unos requisitos para que surja la responsabilidad de la administración por daño especial. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 5 de octubre de 2020, exp. 52370, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En sentencia de 30 de octubre de 2020, exp. 51730, el mismo ponente reiteró la tesis: 16. Como quedó señalado en los apartes anteriores, no se demostró una irregularidad por parte de la Fiscalía General de la Nación en lo que respecta a lo acontecido con la captura con fines de extradición.

En tal sentido, se emprenderá el estudio de la responsabilidad de esta entidad bajo un régimen objetivo, en consideración a lo previsto en la sentencia SU-072 de 2018 de la Corte Constitucional. //16.1. La Sala evidencia que aún, en presencia de una captura con fines de extradición que cumplía con los requisitos formales para su imposición, el demandante Antonio Vicente Valera Amaya no estaba llamado a soportar la privación de su libertad (sic), toda vez que se decidió revocar la medida y ordenar su libertad inmediata, en virtud de que el gobierno de los Estado Unidos de América finalmente no procedió a realizar el traslado de la persona requerida dentro del término señalado por la ley y, por lo tanto, no estaba obligado a soportar la privación de la libertad (sic) que fue dispuesta por la Fiscalía General de la Nación. // 16.2. En efecto, la captura con fines de extradición se produjo en desarrollo de una actividad legítima del Estado, de la cual se derivó un daño grave y especial que constituyó un sacrificio para el señor Antonio Vicente Valera Amaya y, de ahí que se quebrantara el principio de igualdad frente a las cargas públicas. En un caso similar se condenó a la Nación-Fiscalía General de la Nación a título de daño especial por la afectación de la libertad de un ciudadano con ocasión de su captura con fines de extradición. Al respecto se puede consultar la sentencia del 28 de febrero de 2020, Exp. 50.501, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 13 de 1991, rad. 6453, M.P. Daniel Suárez Hernández. “A manera de síntesis, para que pueda hablarse de responsabilidad administrativa por daño especial, es indispensable la concurrencia de los siguientes requisitos tipificadores de la figura, a saber: (1) Que se desarrolle una actividad legítima de la administración; (2) La actividad debe tener como consecuencia el menoscabo del derecho de una persona; (3) El menoscabo del derecho debe tener origen en el rompimiento del principio de la igualdad frente a la ley y a las cargas públicas; (4) El rompimiento de esa igualdad debe causar un daño grave y especial, en cuanto recae sólo sobre alguno o algunos de los Administrados; (5) Debe existir un nexo causal entre la actividad legítima de la administración y el daño causado; y (6) El caso concreto no puede ser susceptible de ser encasillado dentro de otro, de los regímenes de responsabilidad de la administración”. Artículo 85: Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente. Artículo 86: La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Al respecto ver, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: de 12 de junio de 1991, expediente 6.196, Consejero Ponente: Juan de Dios Montes; de 17 de agosto de 1995, Exp. 7095, Consejero Ponente Carlos Betancur Jaramillo; de 23 de agosto de 2001, expediente 13.344, Consejera Ponente María Elena Giraldo Gómez y auto de 30 de agosto de 2001, expediente 20.608, de la misma consejera, de 29 de octubre de 2012 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera, expediente 25.101, Consejero Ponente Danilo Rojas Betancourth y de 25 de abril de 2012, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera, expediente 23.234, Consejero Ponente Enrique Gil Botero. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 12 de octubre de 2017. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Hoy Ministerio de Justicia y del Derecho. Ley 906 de 2004. ARTÍCULO 509. CAPTURA.

El Fiscal General de la Nación decretará la captura de la persona requerida tan pronto conozca la solicitud formal de extradición, o antes, si así lo pide el Estado requirente, mediante nota en que exprese la plena identidad de la persona, la circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria, acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida. Ley 906 de 2004. ARTÍCULO 496. CONCEPTO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. Recibida la documentación, el Ministerio de Relaciones Exteriores ordenará que pasen las diligencias al Ministerio del Interior y de Justicia junto con el concepto que exprese si es del caso proceder con sujeción a convenciones o usos internacionales o si se debe obrar de acuerdo con las normas de este código. Ley 906 de 2004. ARTÍCULO 499. ENVÍO DEL EXPEDIENTE A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Una vez perfeccionado el expediente, el Ministerio del Interior y de Justicia lo remitirá a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, para que esta Corporación emita concepto. Ley 906 de 2004. ARTÍCULO 493. REQUISITOS PARA CONCEDERLA U OFRECERLA. Para que pueda ofrecerse o concederse la extradición se requiere, además: 1. Que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro (4) años. 2. Que por lo menos se haya dictado en el exterior resolución de acusación o su equivalente. ARTÍCULO 494. CONDICIONES PARA EL OFRECIMIENTO O CONCESIÓN. El gobierno podrá subordinar el ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas. En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena. Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación. ARTÍCULO 502. FUNDAMENTOS DE LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE O NIEGA LA EXTRADICIÓN. La Corte Suprema de Justicia, fundamentará su concepto en la validez formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados públicos. Consejo De Estado, Sentencia de 30 de septiembre de 1949, M.P. Pedro Gómez Parra. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de febrero de 2009, exp. 16980, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Consejo De Estado. Sección Tercera, Sentencia de 27 de abril de 2006, Exp. No. 16.079, M. P. Ramiro Saavedra Becerra. La misma idea ha sido expresada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 3 noviembre de 2004 (radicado 22072):

La noción de extradición no corresponde a la de un proceso judicial en el que se someta a juicio la conducta del requerido, sino a un mecanismo de cooperación internacional cuyo objeto es impedir la evasión a la justicia por parte de quien habiendo ejecutado conductas delictivas en territorio extranjero se oculta en el nacional en cuya jurisdicción obviamente carecen de competencia las autoridades que lo reclaman y así responda personalmente por los cargos que le son imputados y por los cuales se le convocó a juicio criminal, o cumpla la condena que le haya sido impuesta, es claro que por ello no hay lugar en desarrollo de su trámite a cuestionamientos referidos a la validez o mérito probatorios sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado, ni sobre la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo o la calificación jurídica realizada y tampoco en relación con la competencia del órgano judicial del país solicitante, o la validez del trámite en el cual se le acusa, pues tales aspectos conciernen al exclusivo y excluyente ámbito de las autoridades judiciales del Estado requirente, de modo que su planteamiento y controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso por medio de los mecanismos que la legislación de allí tenga previstos // No por diversas razones la fase judicial de la extradición que se verifica ante la Corte Suprema culmina no con un fallo con los efectos que le son propios frente a la res iudicata, sino con un concepto que siendo precisamente por eso inimpugnable sólo puede tener por objeto la constatación de que la documentación presentada es formalmente válida; que el solicitado se encuentra plenamente identificado; que el hecho que motiva el pedido también esté previsto en Colombia como delito y sancionado con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro años; que la providencia proferida en el extranjero -si no se trata de sentencia- sea equivalente a nuestra resolución de acusación y que cuando fuere el caso se observe de conformidad con el marco normativo señalado por el Gobierno Nacional lo previsto en los tratados públicos. En concordancia con lo anterior, en auto de 4 de julio de 2006 (radicado 25333) manifestó:… en Colombia el trámite de extradición, no corresponde a la noción estricta de proceso judicial en el que se juzgue la conducta de aquel a quien se reclama en extradición, por tanto, no tienen cabida cuestionamientos relativos a la validez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su realización, la forma de participación o el grado de responsabilidad del encausado; la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo, la calificación jurídica correspondiente; la competencia del órgano judicial; la validez del proceso en el cual se le acusa; la pena que le correspondería purgar para el caso de ser declarado penalmente responsable; o la vigencia de la acción penal; pues tales aspectos corresponden a la órbita exclusiva y excluyente de las autoridades del país que eleva la solicitud y su postulación o controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso utilizando al efecto los instrumentos que prevea la legislación del Estado que formula la solicitud. IPC de mayo de 2021. IPC vigente a la fecha de la expedición de la sentencia de primera instancia, esto es, el 27 de febrero de 2014. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, expediente: 36.149, Magistrado Ponente: Hernán Andrade Rincón (E).

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