Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00620-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00620-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2009-00620-01
Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
8 de marzo de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Accede. Caso: Medida de aseguramiento de detención preventiva contra miembro de la Policía sindicado del delito de concusión, privación ilegal de la libertad y hurto agravado / PRECLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN PENAL - Por ausencia de pruebas que vincularan al sindicado en el delito / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Se configuró
[L]a Fiscalía solicitó la captura del aquí demandante y mediante providencia del 15 de abril de 2006 el Juzgado 52 Municipal con función de Control de Garantías ordenó la captura del señor Pedro Leonardo Bautista Rivera, de conformidad con la solicitud efectuada por la Fiscalía. (…) el Juzgado 30 Penal Municipal con función de Control de Garantías celebró audiencia preliminar de legalización de captura, formulación de la imputación y medida de aseguramiento (…) la Juez decidió imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Pedro Leonardo Bautista Rivera, por lo que se dispuso librar la respectiva boleta de detención; (…) Una vez surtido este trámite, la Fiscalía General de la Nación a través de escrito del 12 de junio de 2006 solicitó al Juez de conocimiento que se precluyera la investigación en favor del sindicado, por atipicidad de la conducta, pues no se contaba con pruebas que permitieran realizar la acusación en contra del señor Bautista Rivera. (…) Finalmente, mediante audiencia celebrada el día 5 de septiembre de 2006 el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá escuchó al denunciante y consideró que era viable decretar la preclusión de la investigación en favor del señor Pedro Leonardo Bautista Rivera por los delitos de concusión, privación ilegal de la libertad y hurto agravado, por cuanto no se contaba con los elementos materiales probatorios en su contra. (…) [S]e le causó un daño antijurídico al demandante con la privación injusta de la libertad de que fue objeto, al haberse proferido resolución de preclusión de la investigación a su favor por parte de la Rama Judicial, por no tener elementos materiales probatorios suficientes que acreditaran que el señor Bautista Rivera había cometido las conductas punibles que le eran endilgadas. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto de los consejeros Jaime Enrique Rodríguez Navas y Guillermo Sánchez Luque. Al respecto ver las aclaraciones de las providencias 36146 de 2015, 35796 de 2016 y 37100 de 2016.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Bogotá D.C., ocho (08) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00620-01(43736)
Actor: PEDRO LEONARDO BAUTISTA RIVERA Y OTROS
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)
Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda por encontrarse probada la privación injusta de la libertad. / Restrictor: Falta de legitimación en la causa –Caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad -Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado – El derecho a la libertad individual – Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad - Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad - Imputación de la condena
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión el 23 de septiembre de 2011, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
1. La demanda.
En demanda presentada el 12 de julio de 2007 contra la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Fiscalía General de la Nación, los señores Pedro Leonardo Bautista Rivera, Pedro Ezequiel Bautista Ruiz, Luz Marina Rivera Ladino, María Claudia Bautista Rivera, Sandra Patricia Bautista Rivera, Paola Andrea Bautista Rivera, Lady Diana Cortes Martínez y Emily Daniela Bautista Cortes, solicitaron que se declarara que las entidades demandadas son responsables de la privación injusta de la libertad del señor Pedro Leonardo Bautista Rivera, y que, en consecuencia, sean condenadas al pago de los perjuicios morales y materiales que les fueron causados, los cuales se estimaron $300.000.000.oo
2. Los hechos en que se fundan las pretensiones
El 15 de abril de 2006, el señor José Humberto Giraldo Valdez instauró denuncia en contra de los patrulleros de la Policía Nacional Pedro Leonardo Bautista Rivera y Hernando Valerazo Zambrano, en la que narró que el 11 de abril a eso de las 3:20 de la tarde se encontraba parqueado en su vehículo esperando a su señora, momento en el que aparecieron dos miembros de la institución, quienes lo abordaron y le solicitaron una requisa en la que encontraron unos discos compactos al parecer piratas, por lo que procedieron a exigirle dinero para no “embalarlo”, por lo que él les dio la suma de quinientos mil pesos.
En Consecuencia, se dio inicio a la investigación penal correspondiente en donde Pedro Leonardo Bautista Rivera fue privado de la libertad, el Juzgado 18 Penal del Circuito concluyó que la denuncia y la retractación nada tenían que ver con las supuestas conductas delictivas que les eran endilgadas a los patrulleros, por lo que se decretó la preclusión de la investigación y se les concedió la libertad.
3. El trámite procesal.
Admitida la demanda y notificadas las entidades demandados; la Rama Judicial dio contestación a la demanda en la que frente a las pretensiones señaló que se oponía a todas y cada una de ellas, y con relación a los hechos manifestó que no le constaban y que debían probarse en el proceso. Como excepciones, propuso la de falta de legitimación en la causa por pasiva y la innominada o genérica.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación manifestó frente a los hechos que no le constan y que se atiene a lo que resulte probado en el proceso, y en lo referente a las pretensiones afirmó que se oponía a que prosperaran las declaraciones y condenas solicitadas por la parte demandante. Finalmente, como excepciones propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva y la culpa de un tercero.
Decretadas y practicadas las pruebas, se corrió traslado para alegar, oportunidad que fue aprovechada por la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público emitió el concepto de rigor.
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión, mediante sentencia del 23 de septiembre de 2011, negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las consideraciones que se resumen así:
En primer lugar, el A quo hizo referencia a las modificaciones introducidas por la Ley 906 de 2004 en lo atinente al sistema penal acusatorio, para luego proceder a examinar las actuaciones desarrolladas en el curso de la investigación penal, y por último determinar si había lugar a endilgarle responsabilidad a la entidad demandada.
Es así como, para analizar la responsabilidad de la entidad demandada el Tribunal precisó dos momentos independientes en la actuación penal, el primero la orden de captura y la imposición de la medida de aseguramiento, y la segunda, la petición de preclusión de parte de la Fiscalía y la decisión del Juez de conocimiento.
Con relación al primer momento, la primera instancia consideró que existieron indicios que le permitieron a la Fiscalía General de la Nación establecer que el demandante posiblemente había participado en la conducta delictiva que le era endilgada, pues la denuncia efectuada fue muy detallada, existía coincidencia en la fecha de los hechos y el turno del patrullero, así como del sector al cual se encontraban asignados y los rasgos físicos descritos por el denunciante.
Adicionalmente, señaló que el Juez de control de garantías luego de la argumentación presentada por la Fiscalía fue quien ordenó la restricción de la libertad del demandante, pues en su criterio, existieron suficientes razones para inferir la participación del aquí demandante.
Ahora bien, con relación al segundo momento consideró que “no es factible predicar que la providencia que impuso la restricción a la libertad del demandante, adoleciera de defectos jurídicos y fácticos, que constituyan error judicial, pues la argumentación dada resulta coherente, razonable y jurídicamente plausible; así posteriormente la propia Fiscalía peticionara la preclusión de la investigación (…)”
III. EL RECURSO DE APELACION
Contra lo así decidido se alzó la parte demandante, con fundamento en las siguientes razones:
“En nuestro concepto, en el evento sub lite se configura un daño antijurídico en una actuación vinculada a la prestación del servicio de administración de justicia, hoy regulado específicamente en el artículo 65 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la Ley 270 de 1996, por error jurisdiccional, por privación injusta de la libertad y falla en la prestación del servicio de administración de justicia, tras defectuoso funcionamiento de la misma.
El primer elemento de la responsabilidad que se endilga al Estado, el hecho imputable a este y que se hace consistir en la privación injusta de la libertad a que fue sometido el señor Pedro Leonardo Bautista Rivera, se encuentra acreditado.
En efecto, Bautista Rivera fue injustamente privado de la libertad por los narrados hechos, presuntamente ilícitos, pero al final, conforme al material probatorio, la Fiscalía y el Juzgado concluyeron no fueron cometidos por los procesados.
Se trató, lastimosamente, de una infundada denuncia que fue rápidamente acogida por la administración de justicia, de un modo apresurado, tan es así que finalmente se observó por parte del ente acusador, acogido por el Juzgado, la atipicidad absoluta del hecho investigado”.
Así las cosas, la parte actora solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
IV. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público guardó silencio.
No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado se procede a desatar la alzada previas las siguientes
V. CONSIDERACIONES
1.- Aspectos procesales
1.1. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.
En el caso concreto, comparecen al proceso en calidad de demandantes Pedro Leonardo Bautista Rivera (víctima), Emily Daniela Bautista Cortes (hija), Pedro Ezequiel Bautista Ruiz (padre), Luz Marina Rivera Ladino (madre), María Claudia Bautista Rivera, Sandra Patricia Bautista Rivera, Paola Andrea Bautista Rivera (hermanas), quienes en la condición aducida se encuentran legitimados en la causa por activa con los registros civiles de nacimiento.
Frente a la señora Lady Diana Cortés Martínez quien se identifica en la demanda como esposa de la víctima, la Sala encuentra que no reposa en el expediente medio probatorio alguno que acredite su vínculo con el señor Bautista Rivera ni tampoco obra prueba alguna que acredite su relación de cercanía afectiva, de donde sea posible derivarse su condición de tercera damnificada, razón por la cual se declarará la falta de legitimación en la causa por activa.
Ahora bien, para determinar la legitimación en la causa por pasiva de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, a la luz de la Ley 906 de 2004 deben preverse las competencias funcionales y la colaboración legalmente establecida entre estas entidades durante las dos fases del proceso penal, a saber, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación y la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.
Así, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación está obligada a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito- e, incluso, excepcionalmente conserva facultades para limitar derechos fundamentales mediante la orden de allanamiento y registro, interceptación de comunicaciones y capturas, aunque sus labores están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado.
Ahora bien, debe preverse que en principio cuando la medida de aseguramiento o restricción de la libertad tenga lugar como resultado de las labores de la policía judicial, la responsabilidad recaerá sobre el ente que coordina y orienta su actuación, esto es, la Fiscalía General de la Nación.
Por su parte, la actividad Judicial refiere la intervención del Juez de Control de Garantías durante la etapa investigativa y el juez de conocimiento para la etapa de juzgamiento.
Por lo expuesto, la Sala considera que en los eventos de privación injusta de la libertad, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial se encuentran legitimados en la causa para comparecer como actores del extremo pasivo de la relación procesal.
Ahora, pese a esta regla general de legitimación, debe preverse que la responsabilidad de las entidades demandadas en la concreción de los daños que tengan lugar por privación injusta de la libertad, habrá de definirse en el correspondiente juicio de imputación, donde se establecerá si el daño se presentó o no como consecuencia del actuar u omisión negligente del Juez o el Fiscal del caso, o como consecuencia de la actuación legitima y conjunta de ambas autoridades.
1.2.- Caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad.
La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia judicial preclusoria o absolutoria, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación.
En el caso concreto, la Sala observa que al demandante le fue precluida la investigación mediante providencia que quedó ejecutoriada el 5 de septiembre de 2006 y la demanda de reparación directa tuvo lugar el 12 de julio de 2007, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.
2. Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado
Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.
De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.
En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.
El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable, sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.
Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.
3. El derecho a la libertad individual
Dentro del catálogo de derechos contenido en la Constitución Nacional, la garantía de la libertad ocupa un especial e importantísimo lugar, esto es, la posición de derecho fundamental cuya eficacia emerge como el hilo conductor de todo el ordenamiento democrático y vincula a todas las manifestaciones del poder público y, fundamentalmente, al juez de responsabilidad extracontractual del Estado a quien se le impone el velar por la reparación integral de los perjuicios.
Es por esto que la limitación o restricción al derecho de libertad lleva consigo la configuración de un daño antijurídico que, en principio, el ciudadano no está obligado a soportar, en tanto no haya una razón jurídica que imponga tal carga, como es la comisión de una conducta punible, caso en el cual el particular puede ser restringido o privado del ejercicio de la libertad.
4. Imputación de responsabilidad al Estado por privación injusta de la libertad
La responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la privación injusta de la libertad en su construcción normativa y jurisprudencial ha pasado por las siguientes etapas:
En la primera etapa se consideró que debía aplicarse la teoría subjetiva o restrictiva, según la cual, esa responsabilidad estaba condicionada a que la decisión judicial de privación de la libertad fuera abiertamente ilegal o arbitraria, es decir, que debía demostrarse el error judicial.
También se sostuvo que dicho error debía ser producto “de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso”.
Así las cosas, tal declaratoria de responsabilidad procedía porque la privación de la libertad fue ilegal porque la captura se produjo sin que la persona se encontrara en situación de flagrancia o porque se realizó sin orden judicial previa.
Dijo entonces el Consejo de Estado:
“Ella [la sindicada] fue retenida en el curso de la investigación relacionada con el aludido secuestro; y del hecho de que hubiera sido absuelta al final no puede inferirse que fue indebida su retención. La justificación de la medida aparece plausible y nada hace pensar que en ella mediarán circunstancias extralegales o deseos de simple venganza.
“La investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra la persona sindicada, es una carga que todas las personas deben soportar por igual. Y la absolución final que puedan éstas obtener no prueba, per se, que hubo algo indebido en la retención. Este extremo, de tan delicado manejo, requería pruebas robustas y serias y no meras inferencias o conjeturas.”
En una segunda etapa, el Consejo de Estado consideró que la privación injusta de la libertad por “error judicial” comprendía casos diferentes a los contemplados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal,- eventos aquellos en los cuales la víctima debe demostrar lo injusto de su detención toda vez que en los del artículo 414 se presumen:
“En este orden de ideas, fuera de los casos señalados en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, en los cuales la ley presume que se presenta la privación injusta de la libertad, cuando se pretenda obtener indemnización de perjuicios por esta causa, el demandante debe demostrar que la detención preventiva que se dispuso en su contra fue injusta; y, en tales eventos, habiéndose producido la detención preventiva por una providencia judicial, la fuente de la responsabilidad no será otra que el error jurisdiccional”
En la tercera, que es la que prohíja la Sala actualmente, sostiene que se puede derivar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación injusta de la libertad, cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria (o preclusión de la investigación), incluyendo el evento del in dubio pro reo, aunque para la privación se hayan cumplido todas las exigencias legales ya que se entiende que es desproporcionado, inequitativo y rompe con las cargas públicas soportables que una persona en el Estado Social de Derecho vea limitado su derecho a la libertad para luego resultar absuelto del cargo imputado.
Y es que en un Estado Social de Derecho la privación de la libertad sólo debería ser consecuencia de una sentencia condenatoria, con el fin de proteger el principio universal de la presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Constitución.
En consecuencia, se reitera que una vez que el juez de lo contencioso administrativo encuentre probado que el derecho fundamental a la libertad de una persona ha sido vulnerado como consecuencia de una decisión judicial, lo que constituye un daño antijurídico a la luz del artículo 90 de la C.P, debe ordenar su reparación.
Esta idea vertebral se encuentra expresada como postulado en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 al disponer que “[q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios,” sin perder de vista que el artículo 70 de esa misma Ley prevé que “[e]l daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.”
5. Unificación jurisprudencial sobre la indemnización del perjuicio moral en los casos de privación injusta de la libertad
En sentencia del 28 de agosto de 2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, la reparación del perjuicio moral derivado de la privación injusta de la libertad se determina en salarios mínimos mensuales vigentes, a partir de cinco niveles que se configuran teniendo en cuenta el parentesco o la cercanía afectiva existente entre la víctima directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados, y el término de duración de la privación de la libertad, así:
Para los niveles 1 y 2 se requiere la prueba del estado civil o de la convivencia de los compañeros; para los niveles 3 y 4 es indispensable además la prueba de la relación afectiva; y para el nivel 5 sólo se exige la prueba de la relación afectiva.
6. Imputación de la condena
Para entrar a analizar la imputación de la condena a las entidades demandadas, es importante resaltar que el proceso penal acusatorio fue implementado por efecto del Acto Legislativo 03 de 2002 que modificó los artículos 250 y 251 de la Constitución Política y que, a su vez, fue desarrollado por la Ley 906 de 2004 que instituyó el Proceso Penal Acusatorio en dos fases: la primera de ellas, la fase de investigación e indagación a cargo de la Fiscalía General de la Nación; la segunda, la etapa de juicio a cargo de la administración de justicia en lo penal.
Al respecto, al igual que en la legitimación en la causa estudiada en el acápite 1.1 de estas consideraciones, es importante resaltar las competencias y funciones atribuidas tanto a la Fiscalía General de la Nación como de la administración de justicia dentro de las etapas del proceso penal establecido en la Ley 906 de 2004, a fin de establecer el marco normativo bajo el cual se desarrolla la actuación de estas autoridades públicas y, así, determinar el régimen que permite atribuir (fáctica y jurídicamente) la responsabilidad administrativa en los casos de privación injusta de la libertad sucedidos al amparo de la mencionada ley.
En primer lugar, en lo que respecta a la Fiscalía General la Constitución Nacional, luego de la modificación introducida por el Acto Legislativo 03 de 2002, en su artículo 250 establece:
“Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas.
El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido esta función.
La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello.
4. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.
6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito.
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.
8. Dirigir y coordinar las funciones de policía Judicial que en forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.
9. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.
El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.
En el evento de presentarse escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e informaciones de que tengan noticias incluidas los que le sean favorables al procesado.
PARÁGRAFO. La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional”
Asimismo, con relación a las funciones especiales de la Fiscalía General de la Nación el artículo 251 constitucional, luego de la modificación introducida por el artículo 3º del Acto Legislativo 03 de 2002, dispuso:
“Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:
1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.
2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los servidores bajo su dependencia.
3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley.
4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.
5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación.
6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público”.
A la sazón, de conformidad con la Ley 906 de 2004, las labores que ejerce la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso penal acusatorio están esencialmente concernidas al desarrollo de la actividad investigativa del Estado, labor que se sirve de los organismos de policía judicial y se concreta en la recolección del material probatorio, de la evidencia física y de la información legalmente obtenida que le permite sustentar sus acusaciones y pretensiones ante el juez de garantías o de conocimiento, formular la imputación penal, obtener las medidas precautelativas que resulten necesarias, formular acusación penal y solicitar un fallo de culpabilidad.
De lo anterior debe resaltarse, en lo que respecta al derecho a la libertad, que los artículos 2 y 300 de la Ley 906 de 2004 dotaron a la Fiscalía General de la Nación de la potestad excepcional de ordenar capturas en aquellos eventos de flagrancia y cuando existieran motivos fundados y razonables que impedían solicitar el mandamiento escrito del juez competente para ordenarla.
Sin embargo, estas disposiciones fueron declaradas parcialmente inexequibles por las sentencias C-730, C-799 de 2005 y C-1001 de 2005 y, posteriormente modificadas por la Ley 1142 de 2007 que en sus artículos 1º y 21, reformó el art 2º y 300 de la Ley 906 de 2004, respectivamente, en el sentido de facultar a la Fiscalía General de la Nación para que excepcionalmente expida la orden de captura, escrita y motivada, en los eventos en que proceda la detención preventiva y en las circunstancias que describe la norma, pero bajo la condición de solicitar el control de legalidad de la misma ante el juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes.
De lo expuesto es claro que normativamente la Fiscalía General de la Nación se encuentra instituida para fungir como órgano de investigación que tiene a cargo el ejercicio de la acción penal, específicamente en la etapa de investigación e instrucción y tiene a cargo la dirección y coordinación de la policía judicial.
Ahora, como se dijo en el acápite 1.1 de estas consideraciones, con relación a la policía judicial debe resaltarse que aunque ésta realiza actividades de investigación, lo hace bajo la coordinación y orientación de la Fiscalía General de la Nación y, por regla general, no puede actuar sin orden judicial, pues se itera, es función de la Fiscalía coordinar las actividades de la policía judicial, razón por la que la responsabilidad recaerá inicialmente sobre el ente investigador.
De otra parte, en lo que se refiere a la actividad Judicial dentro del proceso penal acusatorio, específicamente del Juez de Control de Garantías, debe preverse que esta figura también fue introducida mediante el Acto Legislativo 03 de 2002, que le otorgó la función de realizar las audiencias de control previo, posterior y de trámite de las actuaciones de la policía judicial y la Fiscalía General de la Nación.
Es por ello que la exposición de motivos de la Ley 906 de 2004 sostuvo que el Juez de Control de Garantías se instituyó para garantizar los derechos fundamentales de las personas investigadas como un órgano diferente al que dirige la investigación e indagación criminal, toda vez que éste debe limitar al ente que ejerce la persecución penal y verificar que el actuar de la Fiscalía General de la Nación se ajuste a los requerimientos constitucionales y legales.
Así, el juez de control de garantías subyace como restrictor de las funciones de la Fiscalía General de la Nación para garantizar la igualdad entre las partes y el principio de reserva judicial en la afectación de derechos fundamentales; en razón a lo cual el Acto Legislativo No. 03 de 2002 “dispuso que corresponde al juez de control de garantías autorizar las limitaciones a los derechos fundamentales”
Al respecto debe preverse que el principio de igualdad de armas que inspira el proceso acusatorio implica que el ente acusador es despojado, como regla general, de las funciones jurisdiccionales, de donde surge la necesidad de establecer un mecanismo que controle las actuaciones del acusador y proteja los derechos fundamentales que puedan verse afectados en el proceso, mediante la participación de un funcionario independiente y autónomo (juez) que pueda adoptar medidas restrictivas de los derechos como ocurre con el juez de control de garantías que no solo es distintito del acusador, sino que también es diferente al juez de conocimiento de la causa.
En este sentido la Corte Constitucional ha precisado que el fiscal, debido a la naturaleza de la tarea que se le impone, no puede ser neutral frente a sus consideraciones, pues su tarea de ente acusador genera durante el proceso de investigación del delito una idea preconcebida de la culpabilidad del imputado. Esto es apenas normal y es así como debe funcionar la psiquis de un funcionario a quien su trabajo le impone la obligación de buscar indicios y construir hipótesis a través de ellos, para así poder formular una imputación o una acusación que persevere en la etapa de juzgamiento.
Por el contrario el juez de garantías es un funcionario judicial - imparcial que interviene en la etapa de instrucción, propia de la Fiscalía General de la Nación, para realizar un examen de control de legalidad inmediato y proteger las garantías procesales que deben caracterizar un sistema de tipo acusatorio. De manera que quede confirmada la necesidad que motiva las medidas restrictivas de los derechos fundamentales, en cada caso, a la luz de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad de cada medida.
Se trata, entonces, de un evento de colaboración legalmente establecida entre los funcionarios del aparato judicial, sobre todo en lo que concierne a la medida de aseguramiento y al derecho fundamental de la libertad, donde el espíritu garantista del sistema se acentúa y hace aún más significativa la intervención de los jueces durante la fase instructiva para controlar al ente acusador y proteger en la mejor forma posible las garantías procesales.
Es así que la intervención del juez de control de garantías se dirige a evaluar los motivos y razones que respalden la privación de la libertad a fin de que las medidas privativas de la libertad se encuentren apoyadas en motivos suficientemente razonables y proporcionales y no en simples sospechas.
Con fundamento en lo anterior es razonable que el capítulo III la Ley 906 de 2004 frente a la imposición de la medida de aseguramiento haya establecido que ella sólo sea procedente mediante decisión del juez de control de garantías.
Al efecto, el artículo 306, en su texto original establecía:
“ARTÍCULO 306. El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.
Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.
La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia”.
La norma antes trascrita fue modificada por el artículo 59 de la Ley 1453 de 2011 y el nuevo texto es el siguiente:
ARTÍCULO 306. SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO. El fiscal solicitará al Juez de Control de Garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.
Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión.
La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia.
La víctima o su apoderado podrán solicitar al Juez de Control de Garantías, la imposición de la medida de aseguramiento, en los eventos en que esta no sea solicitada por el fiscal.
En dicho caso, el Juez valorará los motivos que sustentan la no solicitud de la medida por parte del Fiscal, para determinar la viabilidad de su imposición.
Nótese que la norma en cita, tanto en su texto original como en el nuevo texto, posibilita la imposición de la medida de aseguramiento por parte del juez de control de garantías pero a solicitud del fiscal del caso o incluso de la propia víctima o su apoderado.
Al efecto también debe preverse que para la imposición de las medidas de aseguramiento, especialmente de aquellas que surgen como privativas de la libertad, la Ley 906 de 2004 estableció una suerte de requisitos, algunos de carácter objetivo y otros subjetivos que se fundamentan en la actuación investigativa del fiscal.
De igual forma, el artículo 313 limitó la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario a los siguientes requisitos objetivos: (i) que el delito sea de competencia de los jueces penales de circuito especializados; (ii) que el delito sea investigable de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años; (iii) que se trate de los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes o (iv) que la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.
Sin embargo, el mismo artículo 313 dispuso para la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario, en todo caso, la satisfacción de los requisitos señalados en el artículo 308 de la misma Ley 906 de 2004, el cual establece – subjetivamente - la posibilidad de decretar la medida de aseguramiento siempre y cuando pueda inferirse razonablemente que el imputado puede ser autor o participe de la conducta delictiva que se investiga, esto es, cuando los elementos materiales probatorios y la evidencia física o información obtenida por la Fiscalía permitan inferir la participación del imputado en la comisión del ilícito.
De manera que la actividad del juez de control de garantías siempre estará ligada a la actuación investigativa de la Fiscalía o su delegado, a quien, además, le corresponde acreditar alguno de los requisitos adicionales establecidos en la misma norma:
ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.
(…)”
Entonces, en todos los casos la decisión del juez de control de garantías se verá sustentada en la labor investigativa que adelante el correspondiente fiscal y en la teoría argumentativa que éste le exponga para fundamentar su solicitud.
Así, el fiscal podrá argumentar que la medida de aseguramiento se muestra como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia, frente a lo cual el artículo 309 exige la demostración de los motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba; o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente; o que puede impedir o dificultar la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación.
Igualmente, cuando el fiscal considere que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, conforme a la norma siguiente – artículo 310, deberá acreditar la gravedad y modalidad de la conducta punible, así como la pena imponible más las siguientes circunstancias:
“1. La continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales.
2. El número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos.
3. El hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional.
4. La existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional.
5. Cuando se utilicen armas de fuego o armas blancas.
6. Cuando el punible sea por abuso sexual con menor de 14 años.
7. Cuando hagan parte o pertenezcan a un grupo de delincuencia organizada.”
Del mismo modo, si el fiscal considera que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima, deberá acreditar que existen motivos fundados que permiten inferir que aquél puede atentar contra ella, su familia o sus bienes, según se desprende del artículo 311 ibídem.
Y finalmente, cuando el fiscal del caso en su solicitud considere que probablemente el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, conforme al artículo 312 deberá demostrar la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores:
“1. La falta de arraigo en la comunidad, determinado por el domicilio, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades que tenga para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto.
2. La gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asuma frente a este.
3. El comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior, del que se pueda inferir razonablemente su falta de voluntad para sujetarse a la investigación, a la persecución penal y al cumplimiento de la pena.”
Así las cosas, la decisión que adopte el juez de control de garantías frente a la imposición de la medida de aseguramiento o de la legalización de la captura se encuentra sujeta a la actividad probatoria e investigativa que exponga el fiscal, pues aun en los casos de captura en flagrancia, la labor del juez se dirige a revisar que la actuación de la fiscalía y de la policía judicial haya dado cumplimiento a los requisitos contenidos en los artículos 301, 302, 303 del Código de Procedimiento Penal para proceder a legalizarla o a ordenar la libertad inmediata, evento en el cual el juez también dependerá de la actuación directa del fiscal o de la policía judicial que actúa bajo su coordinación y orientación.
Por lo expuesto, de conformidad con el marco normativo establecido por la Ley 906 de 2004, la Sala considera que en el caso de autos, la condena debe imputarse tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial, en atención a los criterios de colaboración y asocio bajo los cuales se desarrolla la labor de instrucción e investigación dentro del proceso penal acusatorio.
Lo anterior, teniendo en cuenta, además, que por cuanto el daño se deriva de la actuación conjunta de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, de ella se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil, según el cual:
ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.
A su turno la jurisprudencia del Consejo de Estado, de vieja data ha señalado que “El concurso de conductas eficientes en la producción de un daño, provenientes de personas distintas a la víctima directa, genera obligación solidaria y, por lo tanto, el dañado puede exigir la obligación de indemnización a cualquiera de las personas que participaron en la producción del daño”.
En síntesis, de la actuación legítima y conjunta desarrollada en el proceso penal acusatorio entre el juez y el fiscal se desprende una responsabilidad solidaria que encuentra su fundamento legal en el artículo 2344 del Código Civil y no en una simple teoría causal hipotética de equivalencia de las condiciones.
Así las cosas, igualmente debe precisarse que, en principio, dentro del proceso penal acusatorio concurren eficientemente en la producción del daño – privación de la libertad, la actuación desplegada por el juez así como la desplegada por el fiscal del caso, a quienes, en principio, serán responsables como coautores del daño.
Pero, la Sala subraya que lo anterior no significa que el juez de la acción de reparación directa deba perder de vista las particularidades de cada caso concreto, en los que, excepcionalmente, las circunstancias demuestren que fue el Juez o el Fiscal, individuamente, quien con su actuar u omisión negligente conllevó a la privación injusta de la libertad, por falla en el servicio; evento en el cual la condena deberá imputarse a la Rama Judicial o a la Fiscalía General de la Nación, según corresponda, de acuerdo con la atribución que del daño antijurídico resulte probada, a título de falla.
7. Caso concreto
Solicita el apoderado de la parte demandante, que se revoque la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda al considerar que se encuentra probado dentro del expediente que el aquí accionante fue privado injustamente de la libertad, por virtud de la providencia por medio de la cual se precluyó la investigación en su contra.
De manera que, le corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, o si por el contrario, se debe revocar la decisión del A quo, y condenar a la entidad demandada.
Así las cosas, se encuentra probado en el plenario que por denuncia presentada por el señor José Humberto Giraldo en la que narró que el 11 de abril de 2006 “se encontraba parqueado con su vehículo de placas SEA-911, esperando a una señora, en el momento hizo presencia una motocicleta perteneciente a la Policía Nacional de placas ASE-66, con dos uniformados los cuales lo abordaron y le solicitaron que se apeara de su automotor para realizar una requisa, ya que se trataba de un vehículo de ladrones, fue así como los policiales realizaron la requisa y solo hallaron unos discos compactos los cuales al parecer eran piratas. Por tal motivo le manifestaron que tenían que darles un dinero efectivo para no embalarlo. El señor Giraldo Valdez hizo entrega de la suma de quinientos mil pesos en efectivo a los uniformados mencionados como indiciados”
De conformidad con lo anterior, la Fiscalía solicitó la captura del aquí demandante y mediante providencia del 15 de abril de 2006 el Juzgado 52 Municipal con función de Control de Garantías ordenó la captura del señor Pedro Leonardo Bautista Rivera, de conformidad con la solicitud efectuada por la Fiscalía.
Es así como, una vez cumplida la anterior orden el 18 de abril de 2006 el ente investigador solicitó que se celebrara audiencia preliminar de control de legalidad de captura, formulación de la imputación y solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del señor Pedro Leonardo Bautista Rivera por los delitos de concusión, privación ilegal de la libertad y hurto agravado.
De conformidad con la anterior solicitud, el Juzgado 30 Penal Municipal con función de Control de Garantías celebró audiencia preliminar de legalización de captura, formulación de la imputación y medida de aseguramiento, en la que se declaró la legalidad formal y material de la captura y se dispuso la cancelación de las ordenes de captura libradas por el Juzgado 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, decisión contra la cual el apoderado de uno de los sindicados interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente.
Así mismo, se realizó la imputación por parte de la Fiscal del caso por los delitos de concusión, privación ilegal de la libertad y hurto agravado.
Finalmente, la Juez decidió imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Pedro Leonardo Bautista Rivera, por lo que se dispuso librar la respectiva boleta de detención; contra la anterior decisión, se alzó en recurso de reposición y apelación el defensor del sindicado, respecto de los cuales se negó el primero y el segundo fue concedido ante el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento – Reparto. No obstante, a través de escrito posterior la defensa del sindicado desistió del recurso de apelación impetrado en contra de la legalización de la captura.
Una vez surtido este trámite, la Fiscalía General de la Nación a través de escrito del 12 de junio de 2006 solicitó al Juez de conocimiento que se precluyera la investigación en favor del sindicado, por atipicidad de la conducta, pues no se contaba con pruebas que permitieran realizar la acusación en contra del señor Bautista Rivera.
Es así como, el 14 de agosto de 2006 el Juez de Conocimiento celebró “audiencia de preclusión” en la que resolvió no decretar la preclusión de la investigación hasta tanto no se escuchara a la víctima, pero sí revocó la medida de aseguramiento impuesta al señor Bautista Rivero, por cuanto no se contaba con pruebas que permitieran inferir razonablemente que el imputado era el autor o participe de la conducta delictiva investigada.
Por lo tanto, se expidió la boleta de libertad No.444 del 16 de agosto de 2006 al señor Pedro Leonardo Bautista Rivera.
Finalmente, mediante audiencia celebrada el día 5 de septiembre de 2006 el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá escuchó al denunciante y consideró que era viable decretar la preclusión de la investigación en favor del señor Pedro Leonardo Bautista Rivera por los delitos de concusión, privación ilegal de la libertad y hurto agravado, por cuanto no se contaba con los elementos materiales probatorios en su contra.
Los anteriores medios de pruebas, ponen en evidencia que efectivamente se le causó un daño antijurídico al demandante con la privación injusta de la libertad de que fue objeto, al haberse proferido resolución de preclusión de la investigación a su favor por parte de la Rama Judicial, por no tener elementos materiales probatorios suficientes que acreditaran que el señor Bautista Rivera había cometido las conductas punibles que le eran endilgadas, pues de acuerdo con el propio dicho de la Fiscalía General de la Nación en la audiencia de preclusión, no contaba sino con el dicho del denunciante sobre lo ocurrido.
De manera que, comprobada la causación del daño antijurídico sufrido por el demandante, al haber sido privado injustamente de su libertad, la Sala encuentra objetivamente imputables a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, en atención a que ambas entidades actúan conjuntamente en la acción penal, la primera como ente investigador y acusador y la segunda en su función jurisdiccional, como ampliamente se explicó en el punto 6 de estas consideraciones.
En conclusión, la Sala revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión el 23 de septiembre de 2011 que negó las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
8. Liquidación de perjuicios.
8.1 Perjuicio moral
Solicita el apoderado de la parte demandante que se le reconozca a cada uno de los demandantes, el equivalente a 100 SMLMV por concepto de perjuicios morales, teniendo en cuenta el “sensible golpe anímico y moral, el dolor y congoja que significó ver a su hijo, hermano y esposo privado de la libertad, circunstancia que dio lugar a que fuera suspendido de su cargo en la Policía Nacional y a verse señalado por la comunidad como un avezado delincuente”.
Así las cosas, la Sala analizará si en el presente caso hay lugar al reconocimiento solicitado por los demandantes, teniendo en cuenta lo dicho en el punto 5 de estas consideraciones, en donde se indicó que la Sección Tercera del Consejo de Estado determinó la tasación del perjuicio moral en atención al término de duración de la privación y el nivel de cercanía afectiva existente entre la víctima directa y los perjudicados.
En este expediente se encuentra acreditado que Pedro Leonardo Bautista Rivera comparece al proceso como la persona que fue privada injustamente de la libertad, Pedro Ezequiel Bautista Ruiz (padre) y Luz Marina Rivera Ladino (madre) como padres, Sandra Patricia, María Claudia y Paola Andrea Bautista Rivera como hermanas, y Emily Daniela Bautista Cortes como hija, parentescos estos que se encuentran demostrados con los correspondientes registros civiles.
Ahora bien, se encuentra acreditado que la privación injusta de la libertad tuvo lugar por el término de 3.9 meses, contados entre el 18 de abril y el 16 de agosto de 2006, inclusive.
Todo lo anterior significa que los demandantes antes mencionados se encuentran en el primer y segundo nivel de cercanía afectiva previsto en la tabla, y en el quinto rango indemnizatorio, esto es, el correspondiente al periodo de privación superior a 3 meses e inferior a 6, cuya cuantificación se limita a 50 y 25 s.m.l.m.v., respectivamente.
En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de perjuicio moral las siguientes sumas:
Nivel
Demandante
Indemnización
1º
Pedro Leonardo Bautista Rivera (víctima)
50 s.m.l.m.v
1º
Emily Daniela Bautista Cortes (hija)
50 s.m.l.m.v
1º
Pedro Ezequiel Bautista Ruiz (padre)
50 s.m.l.m.v
1º
Luz Marina Rivera Ladino (madre)
50 s.m.l.m.v
2º
Sandra Patricia Bautista Rivera (hermana)
25 s.m.l.m.v
2º
María Claudia Bautista Rivera (hermana)
25 s.m.l.m.v
2º
Paola Andrea Bautista Rivera (hermana)
25 s.m.l.m.v
8.2 Perjuicio Material.
8.2.1. Lucro Cesante
Solicita la parte demandante, que se reconozca en favor del señor Bautista Rivera las sumas de dinero que dejó de percibir como patrullero de la Policía Nacional por concepto de salarios, primas, vacaciones, bonificaciones y cesantías, así como los descuentos a las entidades de previsión.
Al respecto, la Subsección encuentra que de acuerdo con el Decreto 1791 de 2000 en el parágrafo 1 del artículo 95 establece que “durante el tiempo de la suspensión el Oficial o Suboficial percibirá las primas y subsidios y el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico correspondiente. Si fuere absuelto o favorecido con preclusión de la investigación, cesación de procedimiento, deberá reintegrársele el porcentaje del sueldo básico retenido”.
Lo anterior significa que por disposición legal, la Policía Nacional debió reintegrar al aquí privado los valores que le habían sido descontados de su salario por causa de la medida que sobre él pesaba, razón por la cual no hay lugar a efectuar reconocimiento alguno por este concepto.
8.2.2. Daño emergente
Con relación a esta modalidad de perjuicio, el demandante solicita que se reconozca en favor del señor Bautista Rivera la suma de $4.000.000 de pesos, cancelados al Dr. Martín Patiño Martínez por concepto de la defensa realizada en el marco del proceso penal adelantado en su contra.
Al respecto, existe en el plenario la certificación expedida por el Dr. Patiño Martínez, de fecha 26 de junio de 2007, en la que manifiesta haber recibido la suma de $4.000.000 por concepto de honorarios, cuantía que la Sala tendrá por cierta teniendo en cuenta que al plenario se aportó parte del proceso penal donde se evidencia la defensa técnica ejercida por el mencionado abogado.
Así las cosas, la liquidación del daño emergente por concepto del pago de honorarios dentro del proceso penal se fija, con aplicación de la fórmula de actualización reconocida por la jurisprudencia:
Ra = Rh IPC final
IPC inicial
Rh: Renta histórica ($4.000.000)
IPC inicial: 91.87 (junio de 2007), fecha de expedición de la certificación.
IPC Final: 138.85 (diciembre de 2017), fecha de la presente providencia.
Ra = $4.000.000 * 138.85
91.87
Ra= $6.045.499
En consecuencia, la Sala reconocerá por concepto de daño emergente a favor de Héctor Alirio Villota León la suma de SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($6.045.499).
En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
REVOCAR la sentencia proferida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión el 23 de septiembre de 2011 y en su lugar DISPONE:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa en cabeza de la señora LADY DIANA CORTÉS MARTÍNEZ.
SEGUNDO: DECLARAR administrativa y solidariamente responsables a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN de los perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la privación injusta de la libertad de que fue víctima PEDRO LEONARDO BAUTISTA RIVERA.
TERCERO: CONDENAR solidariamente a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a título de perjuicios morales, a cada uno de los demandantes las siguientes sumas:
Nivel
Demandante
Indemnización
1º
Pedro Leonardo Bautista Rivera (víctima)
50 s.m.l.m.v
1º
Emily Daniela Bautista Cortes (hija)
50 s.m.l.m.v
1º
Pedro Ezequiel Bautista Ruiz (padre)
50 s.m.l.m.v
1º
Luz Marina Rivera Ladino (madre)
50 s.m.l.m.v
2º
Sandra Patricia Bautista Rivera (hermana)
25 s.m.l.m.v
2º
María Claudia Bautista Rivera (hermana)
25 s.m.l.m.v
2º
Paola Andrea Bautista Rivera (hermana)
25 s.m.l.m.v
CUARTO: CONDENAR solidariamente a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a PEDRO LEONARDO BAUTISTA RIVERA, la suma de SEIS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($6.045.499), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Sin condena en costas.
SÉPTIMO: DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
OCTAVO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente de la Sala
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
Aclaró voto
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaró voto Cfr. Rad. Av. 36146/15, Av. 35796/16#2y#3, Av. 37100/16
En aplicación del acta No. 10 de 25 de abril de 2013 por medio de la cual el Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Tercera aprobó que los expedientes que están para fallo en relación con: (i) las personas privadas de la libertad, (ii) conscriptos y (iii) muerte de personas privadas de la libertad, podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado. Fls. 9 a 84. C.1. Fl.124 C.1. Fls.131 a 139 C.1
Fls.144 a 155 C.1
Fls.157 y 158 C.1. Fl.167 C.1. Fls.177 a 180 C.1
Fls.183 a 201 C.1
Fls.204 a 214 C.Ppal. Fls.217 a 220 C.Ppal. Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Arts. 250 de la C. P. y 66; 322 de la Ley 906 de 2004
Artículo 250 de la C.P. ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)
Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372. Consejo de Estado, Auto de 9 de mayo de 2011, Rad. 40.324. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.
“En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 1 de octubre de 1992, expediente: 10923. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 2 de junio de 2007, Expediente: 15989. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 25 de julio de 1994, expediente: 8666. Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, cuando el respectivo delito exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal, etc. Decreto 2700 de 1991, artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 17 de noviembre de 1995, expediente: 10056. Texto original Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía: General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá: 1.
Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. Además, y si fuere del caso, tomar las necesarias para hacer efectivos el restablecimiento del derecho y la indemnización de los perjuicios ocasionados por el delito. 2. Calificar y declarar precluidas las investigaciones realizadas. 3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. 4. Velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso. 5. Cumplir las demás funciones que establezca la ley. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asisten. NOTA: El Parágrafo 2 fue adicionado por el Acto Legislativo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11151" \l "0" 02 de 2003, el cual fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15243" \l "0" Sentencia C-816 de 2004, por el vicio de procedimiento ocurrido en el sexto debate de la segunda vuelta. El texto del Acto Legislativo 02 de 2003 era: Artículo 4°. El artículo 250 de la Constitución Política tendrá un parágrafo del siguiente tenor: Parágrafo 2º. Para combatir el terrorismo y los delitos contra la seguridad pública, y en aquellos sitios del territorio nacional donde no exista una autoridad judicial a la que se pueda acudir en forma inmediata o donde el acceso de los funcionarios ordinarios de policía judicial no sea posible por excepcionales circunstancias de orden público, la Fiscalía General de la Nación conformará unidades especiales de Policía Judicial con miembros de las Fuerzas Militares, las cuales estarán bajo su dirección y coordinación. Para el desarrollo de las labores propias de esta función, los miembros de la Unidad pertenecientes a las fuerzas militares se regirán, sin excepción, por los mismos principios de responsabilidad que los demás miembros de la unidad especial. Texto original: Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: 1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución. 2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su dependencia. 3. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. 4. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación. 5. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, que fue corregido por el Decreto 2770 de 2004 y ha sido modificado por: i) la Ley 1774 de 2016, “por medio de la cual se modifican el Código Civil, la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial No. 49.747 de 6 de enero de 2016; ii) la Ley 1760 de 2015, “por medio de la cual se modifica parcialmente la Ley 906 de 2004 en relación con las medidas de aseguramiento privativas de la libertad”, publicada en el Diario Oficial No. 49.565 de 6 de julio de 2015; iii) la Ley 1652 de 2013, “por medio de la cual se dictan disposiciones acerca de la entrevista y el testimonio en procesos penales de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales”, publicada en el Diario Oficial No. 48.849 de 12 de julio de 2013; iv) la Ley 1542 de 2012, publicada en el Diario Oficial No.
48.482 de 5 de julio de 2012, “Por la cual se reforma el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal”; v) la Ley 1453 de 2011, publicada en el Diario Oficial No. 48.110 de 24 de junio de 2011, “Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”; vi) por la Ley 1395 de 2010, publicada en el Diario Oficial No. 47.768 de 12 de julio de 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”; vii) por la Ley 1312 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.405 de 9 de julio de 2009, “Por medio de la cual se reforma la Ley 906 de 2004 en lo relacionado con el Principio de Oportunidad”; viii) la Ley 1273 de 2009, publicada en el Diario Oficial No. 47.223 de 5 de enero de 2009, “Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”; ix) la Ley 1257 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008, “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”; x) la Ley 1142 de 2007, publicada en el Diario Oficial No. 46.673 de 28 de julio de 2007, “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2005, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”; xi) la Ley 1121 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.497 de 30 de diciembre de 2006, “Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones”. Por otra parte se debe tener en cuenta algunas disposiciones de la Ley 1098 de 2006, publicada en el Diario Oficial No. 46.446 de 8 de noviembre de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, 'a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos los cuales quedan vigentes”. Para la interpretación del Artículo 35 de esta ley debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Artículo 3° de la Ley 1028 de 2006, “por la cual se adiciona el Código Penal y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial 46.298 de 13 de junio de 2006. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Artículo 31 de la Ley 906 de 2004. Artículo 114 de la Ley 906 de 2004. Avella Franco, Pedro. Estructura del Proceso Penal Acusatorio, Edición 2007
Artículo 2. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada.
En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. Artículo 300. CAPTURA EXCEPCIONAL POR ORDEN DE LA FISCALÍA. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales: 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión. Artículo 1°. El artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "2" 2° de la Ley 906 de 2004 quedará así: Libertad. Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada. En todos los casos se solicitará el control de legalidad de la captura al juez de garantías, en el menor tiempo posible, sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. Inciso declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30229" \l "0" C-163 de 2008, en el entendido que dentro del término de treinta y seis (36) horas posteriores a la captura, previsto en la norma, se debe realizar el control efectivo a la restricción de la libertad por parte del juez de garantías, o la autoridad judicial competente. Artículo 21. El artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14787" \l "300" 300 de la Ley 906 de 2004 quedará así: Captura excepcional por orden de la Fiscalía. El Fiscal General de la Nación o su delegado podrá proferir excepcionalmente orden de captura escrita y motivada en los eventos en los que proceda la detención preventiva, cuando por motivos serios y de fuerza mayor no se encuentre disponible un juez que pueda ordenarla, siempre que existan elementos materiales probatorios, evidencia física o información que permitan inferir razonablemente que el indiciado es autor o partícipe de la conducta investigada, y concurra cualquiera de las siguientes causales:
Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36629" \l "0" C-185 de 2008. El texto en cursiva fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que el fiscal debe agotar diligentemente la búsqueda de todos los jueces legalmente competentes, incluido el juez de control de garantías ambulante. El texto en negrilla fue declarado EXEQUIBLE en la misma Sentencia, en el entendido que la información fue obtenida de conformidad con el inciso segundo del artículo 221 de la Ley 906 de 2004. 1. Riesgo inminente de que la persona se oculte, se fugue o se ausente del lugar donde se lleva a cabo la investigación. 2. Probabilidad fundada de alterar los medios probatorios. 3. Peligro para la seguridad de la comunidad o de la víctima en cuanto a que, si no es realizada la captura, el indiciado realice en contra de ellas una conducta punible. La vigencia de esta orden está supeditada a la posibilidad de acceso al juez de control de garantías para obtenerla. Capturada la persona, será puesta a disposición de un juez de control de garantías inmediatamente o a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes para que efectúe la audiencia de control de legalidad a la orden y a la aprehensión. Artículos 244, 247, 248, 249, 250 y 297 Ley 906 de 2004
Artículo 327 C.P.P Control judicial en la aplicación del principio de oportunidad; Artículo 127 C.P.P Declaratoria de persona ausente; Artículo 289 C.P.P modificado Ley 1142/2007; artículo 18.- Formalidades; Artículo 306 C.P.P Solicitud de medida de aseguramiento; Artículo 318 CP.P Solicitud de revocatoria; Artículo 284 C.P.P Prueba anticipada; Artículo 342 C.P.P Medidas de protección
Proyecto de Ley Estatutaria No.001 De 2003 Cámara de Representantes
BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, El Proceso Penal, Fundamentos Constitucionales del Nuevo Sistema Acusatorio, Parte 1, Ed. Universidad Externado de Colombia, 5ª Edición 2004, Pág. 155. BERNAL CUELLAR Jaime y MONTEALEGRE LINETT Eduardo, obra citada, pág. 160. Sentencia C- 1092 de 2003. ARTÍCULO 307. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Son medidas de aseguramiento: A. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento de reclusión. 2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento; B. No privativas de la libertad
1. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. 3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. 4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho. 5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 8. La prestación de una caución real adecuada, por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda* o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. 9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento, conjunta o indistintamente, según el caso, adoptando las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratare de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria. PARÁGRAFO 1o. <Parágrafo adicionado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016.
El nuevo texto es el siguiente:> Salvo lo previsto en los parágrafos 2o y 3o del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr007.html" \l "317" 317 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), el término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad no podrá exceder de un (1) año. Cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean tres (3) o más los acusados contra quienes estuviere vigente la detención preventiva, o se trate de investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html" \l "INICIO" 1474 de 2011, dicho término podrá prorrogarse, a solicitud del fiscal o del apoderado de la víctima, hasta por el mismo término inicial. Vencido el término, el Juez de Control de Garantías, a petición de la Fiscalía o del apoderado de la víctima, podrá sustituir la medida de aseguramiento privativa de la libertad de que se trate, por otra u otras medidas de aseguramiento de que trata el presente artículo. PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo adicionado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1760_2015.html" \l "1" 1 de la Ley 1760 de 2015. Entra a regir a partir del 6 de julio de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Las medidas de aseguramiento privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita pruebe, ante el Juez de Control de Garantías, que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.
Artículo 301 Ley 906 de 2004
Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia de 26 de abril de 2001, Exp. 12.917.
ARTICULO 2344. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355.
Fl.120 C.1
Fls.120 y 121 C.1
Fls.105 y 106 C.1
Fls.107 y 108 C.1
Fl.68 C.3
Fls.101 a 103 C.1
Fls.96 y 97 C.1
Fl.29 C.3
Fls.94 y 96 C.1
Fl.9 C.2
Fls.2,7, 8y 9 C.2
Fl.6 C.2
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