Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00673-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00673-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2009-00673-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
18 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 25000-23-26-000-2009-00673-01 (53.661)
Actor: Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Girardot
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – ERROR
JURISDICCIONAL – INEXISTENCIA DE PRUEBA CIERTA, DIRECTA Y
PERSONAL DEL DAÑO.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda.
Según la demanda, la Rama Judicial incurrió en un supuesto error jurisdiccional al
negar el mandamiento de pago en un proceso ejecutivo instaurado por la
Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Girardot.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Corresponde a la sentencia del 9 de octubre de 2014, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de
descongestión, negó las pretensiones de la demanda.
2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 23 de enero del 20091,
por la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Girardot –Cootrabagir– en contra
de la Nación – Rama Judicial, cuyas pretensiones, hechos principales y
fundamentos de derecho son, los siguientes:
Pretensiones
3. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de la demandada y
la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y perjuicios que,
afirma, le fueron irrogados con ocasión del error jurisdiccional en que, a su juicio,
incurrió el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot en las providencias de 18 de
1
Folios 20 a 42 del cuaderno 1.
1
Radicación: 25000232600020090067301 (53.661)
Actor: Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Girardot
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
abril y 10 de mayo de 2006, y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot en
el proveído del 14 de septiembre del mismo año.
4. Por lo anterior, estimó la solicitud indemnizatoria en: i) cien (100) salarios
mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño a la vida de relación
comercial y cooperativa; ii) ciento cuarenta (140) salarios mínimos legales
mensuales vigentes por concepto de la vulneración a los derechos fundamentales
de la igualdad, el buen nombre, el debido proceso, el patrimonio, el libre acceso a
la administración de justicia, la libertad y el libre ejercicio de la actividad comercial;
y, iii) los daños materiales que resulten probados en el proceso 2.
Hechos
5. Como supuesto fáctico de las pretensiones, el demandante señaló que, el 6 de
abril de 2006, presentó una demanda ejecutiva singular de menor cuantía en contra
de los señores Francisco Hidalgo Montoya y Germán Alberto Cabezas Barrios, cuyo
mandamiento de pago fue negado el 18 de abril siguiente por el Juzgado Tercero
Civil Municipal de Girardot, por no reunir los requisitos exigidos en el artículo 488
del C.P.C.
6. Inconforme con la decisión anterior, el accionante presentó recurso de
reposición y en subsidio apelación, los cuales fueron decididos, el 10 de mayo de
2006, por el Juzgado Tercero Civil Municipal con la denegación del recurso de
reposición y, el 14 de septiembre de 2006, por el Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Girardot, autoridad que confirmó la decisión denegatoria, por considerar que, si
bien los documentos allegados como título ejecutivo cumplían con los requisitos
legales del pagaré, no existía claridad sobre el capital e intereses que constituían la
obligación de pago.
7. En este sentido, adujo que los Juzgados Tercero Civil Municipal y Segundo Civil
del Circuito de Girardot incurrieron en error jurisdiccional al proferir providencias
contrarias a la ley, lo cual retardó el ingreso del dinero a su patrimonio y el
cumplimiento de sus cometidos estatutarios, vulnerando, además, sus derechos
fundamentales de la igualdad, el buen nombre, el debido proceso, el patrimonio, el
libre acceso a la administración de justicia, la libertad y el libre ejercicio de la
actividad comercial.
8. El 25 de enero de 2007, la Sala Civil, Familia y Agraria del Tribunal Superior de
Cundinamarca, actuando como juez de tutela, amparó el derecho al debido proceso
de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Girardot y ordenó al Juez Segundo
Civil del Circuito de Girardot librar mandamiento de pago dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación del fallo, orden que fue cumplida por dicha autoridad.
2
Folio 59 del cuaderno 1.
2
Radicación: 25000232600020090067301 (53.661)
Actor: Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Girardot
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
9. Concluyó que las providencias, mediante las cuales se negó el mandamiento
de pago, le ocasionaron perjuicios materiales e inmateriales que deben
indemnizarse por parte de la demandada.
La defensa
10. La Nación – Rama Judicial se opuso a cada una de las declaraciones y
condenas solicitadas por la parte actora. En primer lugar, sostuvo que el
demandante no ejerció la acción de reparación directa dentro de la oportunidad
prevista para tal efecto y tampoco agotó el requisito de conciliación prejudicial.
11. Adicionalmente, señaló que no incurrió en error jurisdiccional, dado que el auto
de primera instancia fue corregido por el juez ad quem y el juez de tutela; y, además,
indicó que no se produjo daño alguno, toda vez que con el mandamiento de pago
se reconoció la causación de intereses moratorios a favor del demandante hasta el
pago efectivo de la obligación. En este sentido, propuso como excepciones: i) “falta
de causa petendi”, ii) “caducidad”, iii) “inepta demanda”, y iv) la innominada3.
12. Mediante auto del 10 de marzo de 2014 el a quo corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto4.
13. La parte actora precisó que la pasiva incurrió en error jurisdiccional, puesto que
decidió negar el mandamiento de pago, a pesar de que con la demanda se
presentaron “títulos ejecutivos idóneos”; y, adicionalmente, empleó argumentos
carentes de validez jurídica, en tanto sostuvo que el carácter de título valor del
documento contentivo de la obligación de pago dependía del reconocimiento que
del mismo hubiese hecho el deudor ante notario o juez, invocando los artículos 272
y 489 del C.P.C.5.
14. La Nación – Rama Judicial reiteró los argumentos esgrimidos en la contestación
de la demanda6.
15. El Ministerio Público señaló que la Rama Judicial no incurrió en error
jurisdiccional, toda vez que la existencia de diferentes interpretaciones jurídicas no
es indicativa de la presencia de un yerro y, en el presente asunto, el juez civil
determinó que la obligación de pago no era clara, a partir de un análisis
jurídicamente atendible7.
3
Folios 50 a 52 del cuaderno 1.
4
Folio 122 del cuaderno 1.
5
Folios 123 a 125 del cuaderno 1.
6
Folios 126 y 127 del cuaderno 1.
7
Folios 129 a 145 del cuaderno 1.
3
Radicación: 25000232600020090067301 (53.661)
Actor: Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Girardot
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
La decisión
16. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C de descongestión, negó las pretensiones de la demanda. En primer
lugar, sostuvo que no se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción
de reparación directa, puesto que, a su juicio, el yerro fue puesto de presente con
el fallo de tutela de 25 de enero de 2007 y la demanda se presentó el 23 de enero
de 2009. Así mismo, precisó que el trámite de conciliación prejudicial como requisito
de procedibilidad es exigible a partir de la expedición del Decreto 1716 del 14 de
mayo de 2009.
17. Manifestó que, aun cuando las providencias judiciales a las cuales se les endilga
el yerro no se encuentran en firme, era procedente el análisis de responsabilidad,
dado que la pérdida de firmeza obedeció a la decisión de un juez de tutela que
encontró probada una vía de hecho por vulneración del derecho al debido proceso.
18. Así las cosas, al analizar el daño como primer elemento de la responsabilidad,
sostuvo que la parte actora no acreditó haber sufrido daño alguno por el retardo del
ingreso de la deuda a su patrimonio, por cuanto la obligación dineraria se satisfizo
con la compensación del pago de intereses de mora durante el retardo, y que,
tampoco demostró la causación de otros daños materiales e inmateriales, entre
estos, el daño a la vida de relación comercial y cooperativa y a su buen nombre.
19. Finalmente indicó que, si bien el juez constitucional encontró vulnerado el
derecho al debido proceso, dicha lesión cesó con el fallo de tutela que ordenó librar
mandamiento ejecutivo8.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
20. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de
apelación, en el cual solicitó revocar la sentencia proferida por el a quo y, en su
lugar, acceder al reconocimiento de los perjuicios deprecados en la demanda, por
considerar que las providencias cuestionadas le causaron un daño antijurídico que
se encuentra probado, sin perjuicio de que mediante la acción de tutela se hubiera
evitado un daño mayor.
21. Así las cosas, precisó que la acción de tutela es un mecanismo excepcional que
permite la protección de los derechos fundamentales vulnerados por la autoridad
judicial, sin sustituir al juez de instancia, ni imponer una interpretación de la ley; y
8
Folios 147 a 160 del cuaderno principal.
4
Radicación: 25000232600020090067301 (53.661)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
en esa medida, si bien el juez de tutela protegió los derechos vulnerados, no le restó
efectos al daño sufrido con el error jurisdiccional.
22. Bajo ese entendido adujo que, si bien el proceso ejecutivo terminó con el pago
de la obligación, ello no excluye la causación del daño derivado del error
jurisdiccional en que incurrió la pasiva al considerar que los documentos
presentados como título ejecutivo no contenían una obligación expresa, clara y
actualmente exigible, tornándolas en decisiones arbitrarias; a la vez que destacó
que el a quo solo valoró la vulneración del derecho al debido proceso a partir del
fallo de tutela, omitiendo reconocer el daño patrimonial y analizar la lesión de sus
derechos fundamentales a la igualdad, al buen nombre, al patrimonio, al libre acceso
a la administración de justicia, la libertad y al libre ejercicio de su actividad
comercial9.
23. En proveído del 6 de mayo de 2015 10, esta Corporación admitió el recurso de
apelación interpuesto, y el 26 de agosto siguiente corrió traslado a las partes para
presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto
de conformidad con lo dispuesto en el inciso quinto del artículo 212 del Código
Contencioso Administrativo11.
24. En esa oportunidad procesal, las partes y el Ministerio Público guardaron
silencio.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
25. No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad
o a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso
de apelación ya indicado.
Problema jurídico
26. El debate jurídico se orienta a determinar si están demostrados los daños que
a juicio de la parte actora omitió analizar el Tribunal a quo, estos son, los daños
patrimoniales y la lesión de sus derechos fundamentales a la igualdad, al buen
nombre, al patrimonio, al libre acceso a la administración de justicia, a la libertad y
al libre ejercicio de su actividad comercial. En caso de que así se concluya, se
determinará si a cargo de la pasiva está responder por los mismos.
Lo probado
9
Folios 155 a 172 del cuaderno principal.
10
Folio 171 del cuaderno principal.
11
Folio 173 del cuaderno principal.
5
Radicación: 25000232600020090067301 (53.661)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
27. En el expediente obra el siguiente material probatorio con el que esta
Subsección encuentra probados los hechos relevantes que a continuación se
enlistan:
• En el marco de la demanda ejecutiva singular de menor cuantía presentada por
la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Girardot -Cootrabagir- en contra de
los señores Francisco Hidalgo Montoya y Germán Alberto Cabezas Barrios, el 18
de abril de 2006, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot negó el
mandamiento de pago por considerar que los documentos allegados no reunían los
requisitos establecidos en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, esto
es, que contenga una obligación clara, expresa y exigible12.
• Inconforme con la decisión anterior, la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores
de Girardot -Cootrabagir- interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación. Señaló que era improcedente rechazar de plano la demanda, en tanto
no se estaba frente a una de las situaciones establecidas en el artículo 85 del C.P.C.
y que la obligación a ejecutar era clara, expresa y exigible 13.
• En proveído del 10 de mayo de 2006, el Juzgado Tercero Civil Municipal de
Girardot negó el recurso de reposición y concedió en el efecto suspensivo el recurso
de apelación, por considerar que el documento aportado como base de la acción,
no tenía la calidad de título ejecutivo, puesto que, al ser un documento privado
debía ser reconocido ante juez o notario por los deudores, en aplicación de los
artículos 252, 272 y 489 del Código de Procedimiento Civil 14.
• Dentro del término de traslado, la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de
Girardot -Cootrabagir-, sustentó el recurso de apelación aduciendo, además de lo
expresado inicialmente, que los convenios firmados por los deudores son títulos
valores que legitiman el ejercicio del derecho literal y autónomo en ellos
incorporados a favor de Cootrabagir 15.
• El 14 de septiembre de 2006, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot
resolvió el recurso de apelación, confirmando el auto de 18 de abril anterior. En
primer lugar, sostuvo que, contrario a lo considerado por el a quo, los documentos
presentados para el cobro corresponden a pagarés, dado que cumplen con los
requisitos del artículo 621 y 709 del Código de Comercio, pues, contienen: i) un
derecho de crédito, ii) la firma de quienes se obligan, iii) la promesa incondicional
de pagar una suma determinada de dinero, bajo los rubros de capital, intereses
corrientes, de mora, gastos de cobranza y honorarios de abogado, iv) el nombre de
la persona a quien debe hacerse el pago, v) la indicación de ser pagadero a la
12
Folio 12 del cuaderno 1.
13
Folios 13 a 15 del cuaderno 1.
14
Folios 16 a 18 del cuaderno 1.
15
Folios 4 a 7 del cuaderno 3.
6
Radicación: 25000232600020090067301 (53.661)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
orden, y vi) la forma de vencimiento en un día cierto, esto es, el 16 de diciembre de
2005.
Al verificar si las obligaciones contenidas en los pagarés eran claras, expresas y
exigibles, indicó que no existía claridad sobre el capital adeudado, por cuanto,
según la demanda y los documentos allegados, se trataba de cuotas dejadas de
pagar y en las que se encuentran en mora los deudores, sin que se hubiera
precisado a cuáles se refiere, ni la fecha de exigibilidad de las mismas. Asimismo,
indicó que no se especificó la fecha desde la cual se causaron los intereses
corrientes y moratorios, ni la tasa aplicada, por lo que carecían de todo sustento las
cifras cobradas, lo cual también afectaba la expresividad de la obligación.
De igual manera, precisó que los documentos allegados al proceso ejecutivo se
presumen auténticos de conformidad con los artículos 11 y 12 de la Ley 446 de
1998, a partir de lo cual debe comprenderse el artículo 489 del Código de
Procedimiento Civil, y que, de conformidad con el artículo 793 del Código de
Comercio el cobro de un título valor da lugar al procedimiento ejecutivo, sin
necesidad de reconocimiento de firmas16.
• En proveído del 25 de enero de 2007, la Sala Civil, Familia y Agraria del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca resolvió la acción de tutela impetrada
por la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Girardot, concediendo el amparo
al debido proceso del accionante, en el sentido de ordenar al Juez Segundo Civil
del Circuito de Girardot proferir la decisión que hiciera cesar la vulneración dentro
del término de cuarenta y ocho (48) horas.
Como fundamento de su decisión, consideró que, si bien en los documentos
denominados “convenio para el pago de obligación en mora” se detallaron
conceptos de capital, intereses de plazo y mora, gastos, honorarios etc., e
igualmente se hizo referencia a algunas cuotas de amortización dejadas de pagar
sin que se señalara la cuantía, la tasa de intereses, el período al que corresponden
y el vencimiento; lo cierto era que en ellos se establecía de manera global la
obligación de pagar una suma de dinero, los extremos de la obligación y el plazo
de cumplimiento, el cual se encontraba vencido, sin que se hubiera satisfecho la
obligación según se afirma en la demanda, y por tanto, la ausencia de claridad de
las cuotas dejadas de pagar no afectaba el cumplimiento de los requisitos del
artículo 488 del Código de Procedimiento Civil.
Igualmente, señaló que al juez civil no le correspondía cuestionar el monto de cada
prestación que los demandados se obligaron a pagar, pues, eventualmente, los
únicos llamados a hacer tal cuestionamiento eran los demandados por la vía de las
16
Folios 9 a 11 del cuaderno 3.
7
Radicación: 25000232600020090067301 (53.661)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
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excepciones17. Decisión notificada al Juzgado Segundo Civil del Circuito de
Girardot el 30 de enero de 200718.
• En cumplimiento de la orden del juez de tutela, el 30 de enero de 2007, el Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Girardot, revocó el auto de 18 de abril de 2006
proferido por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot, y en su lugar libró
mandamiento de pago, a favor de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de
Girardot -Cootrabagir- y en contra de los señores Francisco Hidalgo Montoya y
Germán Alberto Cabezas Barrios, por considerar que los documentos
acompañados a la demanda contienen obligaciones expresas, claras y exigibles
que provienen de los deudores y constituyen plena prueba contra ellos, reuniendo
los requisitos para los títulos valores establecidos en el artículo 621 del Código de
Comercio19.
• El 15 de abril de 2011, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot dio por
terminado el proceso ejecutivo por pago total de la obligación, y en consecuencia
ordenó el levantamiento de las medidas cautelares practicadas durante el
proceso20.
Determinación del daño imputado a la Nación – Rama Judicial
28. El daño, a efectos de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente
estructurado; por tal motivo, esta Sección del Consejo de Estado 21 ha establecido
que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la
lesión o detrimento cuya reparación se reclama:
i) Que el daño es antijurídico, en tanto la persona no tiene el deber jurídico de
soportarlo, “Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la
esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de
los hechos o derechos”22.
ii) Que se lesiona un derecho, bien o interés protegido por el ordenamiento legal.
iii) Que el daño es cierto, es decir, que se puede apreciar material y jurídicamente
y, por ende, no se limita a una mera conjetura.
17
Folios 3 a 15 del cuaderno 1 y 12 a 24 del cuaderno 3.
18
Folio 25 del cuaderno 4.
19
Folios 27 a 33 del cuaderno 3.
20
Folio 119 del cuaderno 1.
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, exp. 16.516 MP. Enrique Gil
Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección en el expediente No. 24.633, M.P. Hernán
Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de 2017, expediente No 32.985B, entre otras.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de
2006, expediente: 14837 y 23 de abril de 2008, expediente: 16271. Reiterada por la Subsección A, en sentencia
del 1 de marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en sentencia del 7 de mayo de 2018,
expediente 40.610. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
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Radicación: 25000232600020090067301 (53.661)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
29. Adicionalmente, esta Subsección ha considerado que el daño debe ser cierto,
real, determinado o determinable e indemnizable, so pena de configurarse como
eventual e hipotético23.
30. Lo anterior impone establecer la existencia de una afectación a un interés
legítimo y lícito y, luego, verificar que no se trate de restricciones que deban ser
toleradas, en cuanto el ordenamiento jurídico le imponga a la víctima la obligación
de soportarla. Es este último requisito lo que determina la antijuridicidad del daño y
no el comportamiento del Estado, sin perjuicio de que su conducta pueda ser
analizada, pero para efectos de declarar la existencia de una falla en el servicio.
31. Así, considerando que el análisis de la responsabilidad no inicia con el título de
imputación, sino con el daño, la Sala estudiará lo relacionado con la imputación -al
amparo del título de imputación por error jurisdiccional- solo si encuentra acreditado
el primero de los presupuestos enunciados.
32. En el recurso de apelación, la parte actora insiste en la causación de daños de
carácter patrimonial y en la lesión de sus derechos fundamentales a la igualdad, al
buen nombre, al patrimonio, al libre acceso a la administración de justicia, a la
libertad y al libre ejercicio de su actividad comercial.
33. En relación con la acreditación del daño, la Sala advierte lo siguiente:
34. Durante el trámite de primera instancia se aportó el dictamen pericial, realizado
por el perito Edison Cruz García el 21 de septiembre de 2012, mediante el cual se
cuantificaron los perjuicios materiales por concepto de daño emergente y lucro
cesante, concluyendo lo siguiente:
“Resumen de los perjuicios materiales
CONCEPTO CAPITAL DAÑO EMERGENTE LUCRO CESANTE TOTAL
CONVENIO $32.280.700 $9.474.300 $18.775.135 $60.530.135
HONORARIOS $1.000.000 $237.132 $493.005 $1.730.137
PÓLIZAS
JUDICIALES Y
$222.164 $68.547 $134.029 $424.740
GASTOS
PROCESALES
TOTAL $33.502.864 $9.779.979 $19.402.169 $62.685.012
“TOTAL $62.685.012 – CAPITAL $33.502.864 = $29.182.148
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27
de enero de 2012, expediente (20.614), Consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez. Criterio reiterado por esta
subsección, entre otras decisiones, en sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente (44260). Sentencia
del 28 de septiembre de 2017, expediente (53447). Sentencia del 19 de abril de 2018, expediente (56171).
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Radicación: 25000232600020090067301 (53.661)
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Referencia: Acción de reparación directa
“En razón en que el apoderado judicial de la parte actora en su cuestionario
de la demanda, no solicita que se determine “calcule” intereses moratorios
y su respectivo Good Will. NO LO CALCULÉ”.
35. Para cuantificar el daño emergente, el perito tomó como insumo: i) el valor de
la obligación contenida en los documentos presentados para su cobro por la vía
ejecutiva, liquidado desde el 18 de abril de 2006, esto es, la fecha en que se negó
el mandamiento de pago, ii) las erogaciones causadas por concepto de los
honorarios pagados a la profesional del derecho que ejerció la representación
judicial de la parte actora en la acción de tutela, y iii) los pagos realizados por
concepto de gastos procesales y pólizas judiciales. Por su parte, el lucro cesante
fue calculado a partir de la actualización de los valores determinados por concepto
de daño emergente en función del IPC.
36. Examinado el contenido del dictamen pericial, la Sala observa que adolece de
vicios que le restan aptitud probatoria, motivo por el cual no puede ser empleado
como prueba del daño deprecado por la parte actora, por cuanto, en primer lugar,
se nutre de la liquidación de la obligación contenida en los documentos aportados
como título base de ejecución, desconociendo que aquellos valores fueron pagados
en su totalidad por los deudores, tal como fue verificado por el Juzgado Tercero Civil
Municipal de Girardot, al proferir la decisión que declaró terminado el proceso
ejecutivo por pago total de la obligación y dispuso el levantamiento de las medidas
cautelares practicadas, lo cual evidencia la inexistencia de daño o perjuicio alguno
por dicho concepto.
37. Así mismo, los soportes documentales aportados por el perito para acreditar y
calcular los daños consistentes en el pago de honorarios profesionales, gastos
procesales y póliza judicial, en los que supuestamente tuvo que incurrir la parte
demandante al acudir a la acción de tutela, fueron los siguientes: i) la propuesta de
servicios profesionales de abogado, presentada por la Dra. Flor Dely Ocampo
Portela a la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Girardot -Cootrabagir- por
valor de un millón de pesos ($1.000.000) para ejercer su representación judicial en
la acción de tutela24, ii) las cuentas de cobro Nos. 11-200625 y 02-200726 por valor
de quinientos mil pesos ($500.000) cada una, emitidas por la apoderada, por
concepto de honorarios parciales, iii) la comunicación C00-1161-2006 de 20 de
febrero de 2006 dirigida por la apoderada a Cootrabagir, relativa a la solicitud de
legalización de “gastos procesales” derivados de diferentes “procesos ejecutivos”;
iv) la cuenta de cobro de febrero de 2007, en la que se indica que Cootrabagir Ltda.
debe a Mundial de Seguros la suma de ciento ochenta y ocho mil novecientos
sesenta y cuatro pesos ($188.964), por concepto de la póliza judicial adquirida para
el proceso judicial adelantado en contra de los señores Francisco Hidalgo Montoya
24
Folio 96 del cuaderno 2.
25
Folio 98 del cuaderno 2.
26
Folio 97 del cuaderno 2.
10
Radicación: 25000232600020090067301 (53.661)
Actor: Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Girardot
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
y Germán Alberto Cabezas Barrios; y, v) las notas de contabilidad de la empresa
Cootrabagir por concepto de cobro prejurídico, cobro jurídico y erogaciones
derivadas de la acción de tutela adelantada contra Francisco Hidalgo Montoya.
38. No obstante, la Sala observa que no se allegó prueba idónea para demostrar
tales pagos, pues, aunque se acreditó que la profesional del derecho presentó la
acción de tutela27, no se aportaron documentos que acrediten el pago efectivo de
los honorarios, dado que en el expediente solo obran la propuesta de servicios
profesionales y las cuentas de cobro por pagar que reflejan la existencia de un
crédito a favor de la profesional por valor de un millón de pesos ($1.000.000), pero
no demuestran que efectivamente la demandante realizó el pago por concepto de
honorarios, toda vez que entre las notas contables allegadas, tampoco se
registraron erogaciones realizadas por dicho concepto o montos. En otras palabras,
no obra prueba de la existencia del daño cuya indemnización se reclama, en la
medida en que no se acreditó la pérdida o erogación efectivamente realizada con
ocasión de la presentación de la demanda de tutela, que es en lo que consiste
propiamente la reclamación en la modalidad de daño emergente28.
39. De igual manera, no existe certeza sobre la causación y pago de los gastos
procesales y de la póliza judicial, pues, por un lado, la comunicación C00-1161-2006
de 20 de febrero de 2006 se refiere a expensas realizadas en diferentes procesos
ejecutivos, no sólo al que hace alusión el sub examine; y, además, los montos
reconocidos por ambos conceptos en el dictamen pericial, tampoco corresponden a
los valores descritos en las notas contables de la empresa Cootrabagir, de modo
que resulte evidente que el dictamen no cumple con las cargas de claridad, precisión
y detalle que se exige en las pruebas técnicas para acreditar los hechos sometidos
a análisis.
40. Así las cosas, la Sala encuentra que el daño patrimonial deprecado es
inexistente, en tanto, se itera, incluye el cobro de una obligación que fue cancelada
en su totalidad por los deudores, a la vez que, respecto de los demás conceptos
27
Tal como se constata en la demanda de tutela obrante a folios 41 a 58 del cuaderno 2.
28
Así lo ha considerado la jurisprudencia en relación con la reclamación, a título de daño emergente, del pago
de honorarios a los abogados en otras actuaciones distintas al proceso judicial en curso: “Daño emergente //
24.- En cuanto al daño emergente por concepto de los gastos en que incurrieron los demandantes respecto del
abogado que llevó su defensa en el proceso penal, para que haya lugar a la indemnización de dicho perjuicio
se requiere: i) que se allegue como prueba la factura o documento equivalente (artículos 615 y 617 del Estatuto
Tributario), acompañada de la prueba de su pago, expedidos ambos por el abogado que asumió la defensa
penal del afectado con la privación, ii) que se encuentre probado que el profesional del derecho beneficiario del
mismo fungió en el asunto penal como apoderado de la víctima de la detención y iii) que hayan sido reclamados
en la demanda por quien efectivamente realizó el pago. // 25.- Si bien se demostró que los demandantes fueron
defendidos por un abogado en el proceso penal y se aportó un certificado del abogado Antonio Luis Amaya
Bendeck, no se allegó la respectiva factura o cuenta de cobro. Por lo tanto, esta pretensión se negará”. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 16 de octubre
de 2020, expediente 42852, C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Así mismo, en una sentencia de unificación
jurisprudencial, la Sección Tercera se refirió a la acreditación del daño emergente derivado de los honorarios
profesionales de abogado, estableciendo la procedencia como prueba, de las facturas o documentos
equivalentes expedidos por el profesional del derecho, que den cuenta de su pago: Sentencia del 18 de julio de
2019, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Exp. 44572.
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incluidos en la cuantificación del daño no existe certeza sobre su causación, por
cuanto el dictamen pericial practicado no se soportó en documentos que ofrezcan
certeza sobre la realización de dichas erogaciones, motivo por el cual el concepto
no trasciende de ser una mera proyección de una afectación que no tiene bases de
información ciertas, y además, en el expediente no obran medios de prueba
adicionales orientados a demostrar daño patrimonial alguno.
41. Ahora bien, en relación con los otros bienes materiales e inmateriales que el
recurrente insiste fueron vulnerados, estos son, los derechos fundamentales a la
igualdad, al buen nombre, al patrimonio, al libre acceso a la administración de
justicia, a la libertad y al libre ejercicio de la actividad comercial; la Sala advierte que
la parte actora se limita a enunciar que fueron afectados, sin exponer argumentos o
pruebas que fundamenten esa afirmación, en tanto que no señala de manera clara
y específica el modo en que se concretó tal vulneración, como tampoco es dable
inferir perjuicio alguno frente a los mismos, según se precisa a continuación:
Derecho a la igualdad
42. Sea lo primero señalar que, respecto al derecho a la igualdad, la jurisprudencia
Constitucional ha indicado que carece de contenido material específico, puesto que
no protege ningún ámbito concreto de la esfera de la actividad humana, sino que
puede ser alegado ante cualquier trato diferenciado injustificado. Dicho carácter
relacional hace posible que sea invocado frente a cualquier actuación de los
poderes públicos con independencia del ámbito material sobre el cual se proyecte,
siempre que se invoque otro régimen jurídico o actuación que actúe como término
de comparación29.
43. Precisado lo anterior, en el plenario no obra prueba que sustente la afectación
al mencionado derecho bajo los parámetros ya indicados, pues no adujo actuación
jurisdiccional alguna que actuara como término de comparación, con arreglo al cual
pudiera realizarse el análisis sobre su vulneración, por lo que no es posible inferir
que tal afectación se hubiera producido.
Derecho al buen nombre o Good Will y al patrimonio
44. Atendiendo a la naturaleza jurídica de la actora, de manera concreta debe
precisarse que el derecho al buen nombre en el ámbito de la empresa o good will,
se integra el concepto de establecimiento de comercio en los términos de los
artículos 51530 y 516 del Código de Comercio31, de modo que debe incluirse en el
29
Corte Constitucional. Sentencia C-818 de 13 de octubre de 2010. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
30
“Artículo 515. Definición de establecimiento de comercio. Se entiende por establecimiento de comercio un
conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona
podrá tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá
pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales”.
31
“Artículo 516. Elementos del establecimiento de comercio. Salvo estipulación en contrario, se entiende que
forman parte de un establecimiento de comercio:
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concepto de perjuicios materiales, por cuanto dichos derechos aunque pertenezcan
a la órbita de lo intangible constituyen parte del acervo patrimonial de la persona
jurídica; por lo tanto, ante el detrimento en tales bienes inmateriales la condena
deberá resarcir tanto el daño emergente, cuya tasación depende de los gastos en
los que haya incurrido la persona jurídica para restablecer su buen nombre o good
will, como el lucro cesante, enmarcado en lo que la persona jurídica afectada por la
actuación de la entidad demandada haya dejado de percibir por el hecho dañino 32.
45. En ese mismo sentido, la afectación del derecho al patrimonio supone un
detrimento en el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona natural o
jurídica, lo mismo que, en su pasivo, esto es, en las deudas u obligaciones de índole
económica33, de ahí que la existencia de un daño al patrimonio junto con el good
will deba analizarse desde los parámetros expuestos frente al daño de índole
material, en tanto se refieren a derechos y cargas apreciables en dinero.
46. Así las cosas, como se indicó en precedencia, en el expediente no existen
pruebas que permitan acreditar la ocurrencia de la afectación a derechos de
carácter patrimonial, puesto que el crédito existente a favor de la parte actora fue
satisfecho en su totalidad por los deudores, y no existe certeza sobre la causación
del daño emergente o lucro cesante deprecado en la demanda.
Derecho de acceso a la administración de justicia
47. El derecho de acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental
que no se decanta en el ejercicio del derecho de acción, sino que conlleva la
garantía del derecho a la tutela judicial efectiva, el cual, comprende: i) la posibilidad
de los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades judiciales,
ii) el derecho a obtener una resolución de fondo de la litis para que se haga un
estudio profundo de las pretensiones, el cual se verá reflejado en la obtención de
una sentencia motivada, razonable, congruente y fundada en derecho y, iii) el
derecho a la ejecución de la sentencia que se profiera 34.
“1) La enseña o nombre comercial y las marcas de productos y de servicios;
“2) Los derechos del empresario sobre las invenciones o creaciones industriales o artísticas que se utilicen en
las actividades del establecimiento;
“3) Las mercancías en almacén o en proceso de elaboración, los créditos y los demás valores similares;
“4) El mobiliario y las instalaciones;
“5) Los contratos de arrendamiento y, en caso de enajenación, el derecho al arrendamiento de los locales en
que funciona si son de propiedad del empresario, y las indemnizaciones que, conforme a la ley, tenga el
arrendatario;
“6) El derecho a impedir la desviación de la clientela y a la protección de la fama comercial, y
“7) Los derechos y obligaciones mercantiles derivados de las actividades propias del establecimiento, siempre
que no provengan de contratos celebrados exclusivamente en consideración al titular de dicho establecimiento”.
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 16
de agosto de 2012. Exp. 24.991. M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
33
Corte Constitucional. Sentencia T-553 de 30 de noviembre de 1993. M.P.: Hernando Herrera Vergara.
34
Al respecto, se pueden consultar las sentencias T-553 de 1995; T-406 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; T-268 de 1996. M.P.: Antonio Barrera Carbonell; y T-1051 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas
Hernández; y Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad.
2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
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48. Frente a este derecho, tal como se ha indicado, no obra prueba de su
trasgresión, pues tal como se ha consignado, a la Cooperativa demandante, no solo
le fue permitido su derecho de acceso a la administración de justicia, sino que
justamente por haber operado tal circunstancia, obtuvo la satisfacción del derecho
pretendido.
Derecho a la libertad y al libre ejercicio de la actividad comercial
49. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que “la Constitución Política
reconoce el derecho a la libertad económica y de empresa como pilares del modelo
económico colombiano. En este sentido, según el artículo 333, la actividad
económica y la iniciativa privada son libres y se podrán ejercer sin que nadie pueda
exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. Lo anterior, por
cuanto se trata de garantías indispensables para el logro del desarrollo económico
y la prosperidad general. Esta libertad presupone la facultad que tiene toda persona
de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o
habilidades, con el fin de crear, mantener o incrementar su patrimonio”35.
50. Al respecto, se destaca que, aunque la parte actora advierte que con el
supuesto error jurisdiccional en que incurrió la pasiva se retardó el ingreso del dinero
a su patrimonio, lo que implicó, la afectación de, entre otros, su “derecho a la libertad
y al libre ejercicio de su actividad comercial”; lo cierto es que al expediente no se
allegaron pruebas que dieran cuenta de una afectación de tal talante, de manera
que respecto de tales derechos tampoco sea posible deducir la existencia del daño.
51. Como corolario de lo anterior, conviene señalar que cuando se persigue la
declaratoria de responsabilidad de un ente estatal para efectos de resarcir los daños
irrogados a un particular por error jurisdiccional, quien demanda tiene la carga de
acreditar su causación, pues de no ser así quien acude en acción de reparación
directa carece de interés para formular pretensiones en ese sentido, siendo esta
condición anterior y necesaria para analizar la antijuridicidad del daño.
52. Lo anterior, en concordancia con lo previsto en el artículo 177 del C.P.C.,
aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 del C.C.A., de acuerdo
con lo cual, quien alega un hecho, en este caso, la causación de un daño, debe
demostrar la ocurrencia del mismo para que se produzca el efecto pretendido,
puesto que la sola afirmación del demandante no es suficiente para acreditarlo.
53. En este orden de ideas, dado que la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores
de Girardot no especificó las razones por las cuáles considera que se causó una
vulneración de sus derechos a la igualdad, al buen nombre, al patrimonio, al libre
acceso a la administración de justicia, a la libertad y al libre ejercicio de su actividad
35
Corte Constitucional. Sentencia C-035 de 8 de febrero del 2016. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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comercial, como tampoco allegó pruebas indicativas de una supuesta afectación a
tales derechos fundamentales, y menos aún, se itera, demostró la causación de un
daño material cierto, es razón suficiente para deducir que el demandante carece de
un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido 36.
54. A tono con las razones hasta aquí expuestas, ante la inexistencia de prueba
cierta, directa y personal del daño cuya indemnización se reclama, la Sala considera
que no hay lugar a involucrarse en los demás elementos de la responsabilidad
deprecada, por lo que, en consecuencia, se impone confirmar la sentencia recurrida.
Condena en costas
55. En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala
se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo
171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley
446 de 1998.
IV. PARTE RESOLUTIVA
56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la
sentencia de 9 de octubre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de descongestión.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de enero de
2019, expediente 26.121.
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Radicación: 25000232600020090067301 (53.661)
Actor: Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Girardot
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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