Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00685-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00685-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2009-00685-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas (e)
22 de febrero de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ERROR JURISDICCIONAL – No configurado / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – No configurado / JUSTICIA PENAL MILITAR / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO
[L]a defensa del demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que declaró la indebida escogencia de la acción, al considerar que la acción procedente no era la de nulidad y restablecimiento del derecho como lo sostuvo el a quo, sino la de reparación directa como se incoó en la demanda. Desacuerdo que fundamentó en que la fuente del daño que reclama es por el hecho de haber estado investigado y reportado en las bases de datos del DAS, desde el año 2000 hasta el día 7 de diciembre de 2006, fecha en la cual el actor fue absuelto del delito de peculado por apropiación, y que por esas anotaciones en la base de datos del DAS no pudo conseguir trabajo. Además sostuvo, que la investigación penal y disciplinaria a las cuales se vio sometido, se dio por causa de la persecución de sus superiores. Por último, hizo énfasis en que en ningún momento pretendió desvirtuar la legalidad del acto administrativo de retiro del servicio militar […] [T]eniendo en cuenta lo dicho por el accionante en su recurso, relativo a que no pretende cuestionar la presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo de retiro del servicio de las fuerzas militares, sino al hecho de estar investigado y reportado en las bases de datos del DAS, producto de una persecución de sus superiores, la Sala centrará su atención al análisis de este aspecto con el propósito de determinar la conducencia de esta pretensión de la demanda […] Para que se configure el error judicial como se señaló […], es necesario que dicho error se halle contenido en una decisión judicial que ponga fin al proceso y se encuentre en firme. Por lo antes expuesto, se observa que no se configuran los requisitos establecidos para endilgar responsabilidad por error judicial, esto es, que la providencia que se señale como contentiva del yerro debe encontrarse en firme, pues en el asunto en cuestión, tanto la providencia de primera instancia del 27 de octubre de 2005 proferida por el Juzgado Décimo de Brigadas XIV y XVII como la decisión de consulta del 7 de septiembre de 2006 Tribunal Superior Militar, absolvieron al señor Jaer Roamir Chacón Castro, del delito de peculado por apropiación en la modalidad por extensión y ordenaron que siguiera disfrutando de su libertad como lo venía haciendo; de allí que, no logre percibirse el error judicial alegado, pues la decisión de primera y la consulta fueron a favor del actor […] [P]ara que se configure el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se requiere que existan conductas del aparato judicial abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosas y contrarias al ordenamiento jurídico generadoras de daños y perjuicios materiales y morales que la víctima de las mismas no está llamada a soportar […] Mirado así el asunto, para esta Subsección es evidente que este defectuoso funcionamiento tampoco se configura, pues lo que alega el demandante es que se le ocasionó un daño antijurídico al no poder acceder a ningún trabajo, hecho ocasionado por las anotaciones registradas en la base de datos del DAS sobre la investigación penal que se le adelantaba y de la cual salió absuelto, por lo cual, es preciso manifestar que el actor se encuentra en la obligación de probar su dicho si pretende sacar avante sus pretensiones, debido a que per se, el hecho de estar vinculado a un proceso es una carga que deba soportar, es decir que, no es dable sostener que por estar investigado y salir victorioso de la investigación, se genera en forma automática un daño antijurídico que debe ser reparado por el Estado.
La Sala encuentra, según las providencias emitidas por la justicia penal militar, que existió una denuncia efectuada por el Capitán Díaz Matiz Leonardo contra el aquí accionante, con ocasión de las irregularidades encontradas en el suministro de víveres y alteración de precios de los productos que se manejaban en el casino, acción que obligaba a poner en marcha el aparato judicial para esclarecer los hechos evidenciados por el militar y cuyo resultado fue la absolución de los cargos imputados. De manera que, revisado el expediente no se encontró ningún elemento probatorio donde se pudiera acreditar o demostrar el daño antijurídico alegado
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los límites de la competencia del juez de segunda instancia, ver la Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 9 de febrero de 2012, rad. 21060, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 306
RESPONSABILIDAD ESTATAL / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO
Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés. De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro. En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración […] [D]ebe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.
IMPUTACIÓN JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ANTIJURIDICIDAD DEL DAÑO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto […] Por daño ha de entenderse la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Daño que deberá ser personal, cierto y directo […] [L]os elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo […] [E]l daño objeto de la reparación sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. Se considera como tal, la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera personal (carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las libertades cuando se trata de persona natural), a la esfera de actividad de una persona jurídica (carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades), o a la esfera patrimonial (bienes e intereses), que no es soportable por quien lo padece. Así pues, daño antijurídico es aquél que la persona no está llamada a soportar puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la obligación de soportarlo.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera de 2 de junio de 1994, exp. 8998.
CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONCEPTO DE DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL – No constituye siempre un daño / FALLA PROBADA DEL SERVICIO
La configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por el defectuoso o anormal funcionamiento de la justicia parte de la premisa de que “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado”. Siendo esto así, inicialmente se exige precisar qué puede considerarse como funcionamiento normal de la justicia. En el derecho comparado se ha entendido por tal, “la tutela judicial efectiva”, lo que implica el respeto a varios derechos: “el derecho al proceso, el derecho a que éste se desarrolle según los parámetros constitucionales y el derecho al aseguramiento del bien o derecho en litigio” . En este orden de ideas, la responsabilidad podrá enervarse cuando el funcionamiento de la justicia deviene anormal o defectuoso y procede de actuaciones materiales que representan “infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para decidir”. Así las cosas, resulta necesario delimitar el concepto de “anormal” o “defectuoso”, para que el funcionamiento de la administración de justicia produzca un daño antijurídico […] En el punto específico de dilación de los términos judiciales la misma Corte Constitucional ha determinado que el incumplimiento de éstos no constituye per se una vulneración al debido proceso, pues los términos no son un fin en sí mismos, se debe entonces analizar la complejidad del asunto, la existencia de situaciones imprevisibles ocurridas en el caso concreto […] [L]a responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia “se produce en las demás actuaciones judiciales [distintas de la decisión final] necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales”, lo que encaja en la tesis de la falla probada en el servicio. Igualmente pueden incluirse “(…) todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales” .
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL
En este sentido, se afirma que por error judicial “ha de entenderse la lesión definitiva cierta, presente o futura, determinada o determinable, anormal a un derecho a un interés jurídicamente tutelado de una persona, cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, y materializado a través de una providencia contraria a la ley que se encuentre en firme y que la víctima no está en el deber de soportar” […] Así las cosas, para que proceda el juicio de responsabilidad por error judicial se requiere que dicho error se halle contenido en una decisión judicial que ponga fin al proceso y se encuentre en firme.
OBLIGACIONES IMPUESTAS POR EL ESTADO / CARGAS PÚBLICAS / VINCULACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
[L]a Sala considera que en el caso de autos no se probó el daño antijurídico anunciado en la demanda, toda vez que el demandante se encontraba en el deber de asumir la vinculación y en general, todo el proceso penal que se adelantó en su contra, por cuanto si existieron conductas irregulares de su parte como administrador del casino del Ejército Nacional, pero que finalmente, tales cargos fueron desestimados, tal y como lo señalaron el Juzgado de Instancias de Brigadas XVI y XVII de Yopal y el Tribunal Superior Militar en grado de consulta, por no haberse adecuado su comportamiento a la totalidad de los elementos estructurales del tipo. De esta manera, la Sala reitera que esta es una carga pública que le corresponde asumir a todos los ciudadanos colombianos y además, porque no se encuentra acreditado en el plenario que con dicha carga, se le haya lesionado sus intereses jurídicamente tutelados. Adicionalmente, porque en el caso concreto no se probó la irrazonabilidad en el tiempo durante el cual se prolongó el proceso penal, sin que se vieran afectados sus bienes jurídicos de una manera abiertamente contraria a derecho que resultaría ser escandalosa y desproporcionada, generadora del daño y perjuicios alegados.
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del magistrado Guillermo Sánchez Luque.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS (E)
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00685-01(43239)
Actor: JAER ROAMIR CHACÓN CASTRO
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia de primera instancia que declaró la indebida escogencia de la acción, y en su lugar, se niegan las pretensiones de la demanda por encontrarse demostrada la ausencia de daño antijurídico /Restrictor: Legitimación en la causa – Caducidad de la acción - Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual de Estado –Profundización en los conceptos de daño y daño antijurídico en el evento de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia – El daño y el daño antijurídico – El daño antijurídico en la hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia – El daño antijurídico en el evento de error judicial.
Decide la Subsección C el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por la Subsección C de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 14 de octubre de 2011, mediante la cual declaró la indebida escogencia de la acción.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda y pretensiones
El día 6 de noviembre de 2008, el señor Jaer Roamir Chacòn Castro presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, por intermedio de apoderado judicial en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A., en la cual reclama que le sean pagados los perjuicios materiales y morales causados “con motivo del retiro del servicio de las fuerzas militares, con motivo de la persecución y las investigaciones y acusaciones penales que se le adelantaron estando activo en las fuerzas armadas del ejército nacional, y de las cuales salió absuelto”
Como consecuencia de la anterior declaración, solicitó le fuera reconocido por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante la suma de UN MILLÓN TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($1.039,250.43) MENSUALES, valor que percibía de remuneración el demandante en el momento de la baja del servicio, contados a partir de la baja hasta la fecha en que se cumpla la sentencia y por concepto de perjuicio moral, solicita el pago de 100 SMLMV.
2. Hechos
Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso los hechos que la Sala sintetiza así:
Refiere el actor que en diciembre de 1999, se desempeñaba en dos cargos, uno de Administrador del Casino de Suboficiales y el otro, de Comandante de Escuadra de la Compañía de Polícía Militar del Ejército Nacional.
Que en razón del ejercicio del primer cargo de Administrador, se le inició una investigación por el presunto delito de peculado por apropiación y corte marcial, la cual terminó con la baja del servicio que no fue justificada como lo menciona el Decreto 1790 de 2000.
Posteriormente, y como resultado de la investigación penal adelantada el señor Chacón fue absuelto en primera instancia y en sede de consulta de los cargos que se le imputaron mediante sentencia del día 7 de diciembre de 2008.
Sin embargo, señaló el libelo demandatorio que con motivo de la investigación se le causaron unos daños por figurar en la base de datos del extinto DAS con anotaciones pendientes relacionadas con la investigación en cita, hecho que le impedió trabajar, pues le devolvían las hojas de vida presentadas por tener anotaciones.
Adicionalmente, indicó que la persecución de los superiores fue permanente y prueba de ello fue la investigación disciplinaria que se adelantó en su contra, documentos que nunca aparecieron en las instalaciones militares a pesar de pedir las copias de las mismas.
En conclusión, sostuvo que la forma y las circunstancias como se dio el retiro del actor de las filas del Ejército Nacional hace que se configure la responsabilidad del Estado por el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley 270 de 1996.
Por último, el 12 de septiembre de 2007 se llevó a cabo audiencia de conciliación prejudicial, la cual fue declarada fallida.
3. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto del 20 de enero de 2009, el Juzgado 32 Administrativo del Circuito de Bogotá admitió la demanda, siendo notificada por aviso.
El 2 de junio de 2009, el Juzgado 32 Administrativo del Circuito de Bogotá se declaró incompetente para conocer de la acción impetrada y procedió a remitir por competencia el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 15 de octubre de 2009, decidió declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso de la referencia a partir del auto del 20 de enero de 2009 mediante el cual se avocó la competencia el Juzgado 32 Administrativo del Circuito de Bogotá.
El 13 de mayo de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, ordenó su notificación y la fijación en lista.
El 11 de octubre de 2010, la apoderada de la parte demandada presentó escrito de contestación, en donde frente a los hechos manifestó que deberán ser probados por el demandante y con relación a las pretensiones afirmó que estas no pueden prosperar, pues no se dan los presupuestos para reparar ante la ausencia de responsabilidad del Estado.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 10 de diciembre de 2010, decretó la práctica de pruebas el presente proceso.
Por auto de fecha 7 de abril de 2011, se ordenó correr traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera el concepto de rigor.
4. Alegatos de conclusión en primera instancia
En escrito del 4 de mayo de 2011, la apoderada del demandante, alegó de conclusión en donde sostuvo que en este caso se configuró el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, al encontrarse probado la persecusión de la que fue víctima el actor. Por lo anterior, considera que hay lugar a que proceda la reparación de perjuicios solicitada en las pretensiones de la demanda.
Por otro lado, el Ministerio Público presentó su concepto en escrito del 28 de junio de 2011, en el que recomendó la negativa de las pretensiones de la demanda, por la escases del acervo probatorio, caducidad de la acción e indebida escogencia de la acción.
La parte demandada guardó silencio.
5. Sentencia del Tribunal
La Subsección C de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 14 de octubre de 2011, declaró la indebida escogencia de la acción.
Al respecto, el a quo consideró que “siendo la voluntad del demandante obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados con su irregular retiro del servicio, dispuesto en la Resolución No. 1084 del 30 de noviembre de 2000, es diáfano que la declaratoria de nulidad del acto administrativo era el punto de partida para el posterior reconocimiento de la indemnización reclamada, es decir para el establecimiento de lo que aquél estimaba como un derecho.
Así las cosas, la acción procedente para abordar las pretensiones de la presente demanda no es la de reparación directa sino la de nulidad y restablecimiento del derecho, la cual debió se interpuesta dentro de los cuatro meses siguientes al proferimiento de la referida resolución, razón por la cual deberá declararse la indebida escogencia de la acción.”
6. El recurso de apelación y actuación en segunda instancia.
Contra lo así decidido se alzó la parte demandante mediante escrito presentado el 5 de diciembre de 2011, los motivos de su inconformidad fueron sustentados así:
La apoderada recurrente señaló en su recurso de apelación que la fuente del daño es el hecho de haber estado investigado y reportado en las bases de datos del DAS, desde el año 2000 hasta el día 7 de diciembre de 2006, fecha en la cual se dicta sentenica de consulta por parte del Tribunal Superior Militar, mediante la cual el actor fue absuelto del delito de peculado por apropiación.
Adicionalmente, sostuvo de manera enfática que la acción procedente era la de reparación directa, pues en la demanda no se había pedido ni el restablecimiento de derechos del demandante ni mucho menos el reintegro, al considerar que no se pretende desvirtuar la legalidad de ningún acto administrativo, por el contrario, lo que persigue es la indemnización por el daño causado a raíz de la investigación disciplinaria.
Por último, indicó que “ … el señor Consejero ponente al momento de estudiar la presente, que la parte demandada en ningún momento excepcionó la indebida escogencia de la acción, es decir que coadyuvó en el sentido de que esta era la acción indicada, entonces no hay razón para que el Tribunal de oficio la decrete, pues no tiene tal facultad oficiosa.”
En consecuencia, solicitó la revocatoria del fallo proferido por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que en su lugar, se accedan a las pretensiones de la demanda.
El 26 de enero de 2012, el Tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y esta Corporación por medio de auto del 5 de marzo de 2012 lo admitió.
Mediante auto del 16 de abril de 2012, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
El apoderado de la parte demandante, presentó alegatos de conclusión mediante escrito de fecha 3 de mayo de 2012, en el que ratificó e insistió en los argumentos expuestos en su demanda y en su recurso de apelación. De igual forma, lo hizo la parte demandada con memorial radicado el 8 de mayo de 2012, en donde reiteró los argumentos esgrimidos en otra instancia.
El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. Aspectos Procesales Previos
1.1. Legitimación en la causa
La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”, o en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.
En el caso concreto, comparece al proceso en calidad de demandante el señor Jaer Roamir Chacòn Castro, en su condición de afectado directo por el retiro del servicio de las fuerzas militares y por la persecución, las investigaciones y acusaciones penales que se le adelantaron estando activo en las fuerzas armadas del Ejército Nacional, quien en la condición aducida se encuentra legitimada en la causa por activa.
Por su parte, comparece al proceso en calidad de demandado la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, entidad que de acuerdo a lo expresado en la demanda generó el daño alegado, la Sala la tendrá como legitimada en la causa por pasiva para actuar.
1.2.- Caducidad de la acción de reparación directa
La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.
En el caso concreto, la Sala observa que el fallo del Tribunal Superior Militar que confirmó la absolución del actor de los cargos que se le imputaron quedó en firme el día 7 de octubre de 2006, fecha en la que se comenzó a generar el daño alegado, y comoquiera que la demanda tuvo lugar el 6 de noviembre de 2008, para esta Corporación está acreditado entonces, que la acción fue interpuesta dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.
2. Acervo Probatorio
Del acervo probatorio allegado al expediente, se destacan las siguientes pruebas:
1. Oficio del 11 de marzo de 1999 dirigido al Director de Reclutamiento del Ejército Nacional, suscrito por el señor Jaer Roamir Chacón Castro, en donde solicita sea trasladado al Comando del Batallón de Servicios No. 5, Batallón Ricaurte, Batallón Caldas o Comando Quinta Brigada para continuar con sus estudios y se le conceda una beca universitaria. (Anexa reporte mensual de notas y liquidación del crédito)
2. Oficio del 12 de octubre de 1999 dirigido al Director de Reclutamiento del Ejército Nacional, suscrito por el señor Jaer Roamir Chacón Castro, en donde solicita le sea concedido traslado como Suboficial del Cuerpo Administrativo en la guarnición de Bucaramanga.
3. Oficio del 29 de septiembre de 2000 dirigido al Funcionario de Instrucción Disciplinaria del Ejército Nacional, suscrito por el señor Jaer Roamir Chacón Castro, en donde solicita la expedición de copias a su cargo de lo actuado hasta la presente en el expediente, lo anterior para ejercer su derecho constitucional a la defensa.
4. Resolución No. 1084 del 30 de noviembre de 2000, expedida por el Comandante del Ejército Nacional, a través de la cual se retiró del servicio activo a unos Suboficiales del Ejército Nacional entre ellos, al Cabo Primero Jaer Roamir Chachón Castro del Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate No. 18 “Subteniente Rafael Aragona”.
5. Oficio No. 111608 de fecha 22 de diciembre de 2000 suscrito por el Subdirector de Personal del Ejército, por medio del cual se le dio respuesta a su derecho de petición en el siguiente sentido:
“ (…) su retiro obedeció única y exclusivamente a la facultad discrecional consagrada en el artículo 104 del Decreto 1790 de 2000 por el cual se modifica el decreto que regula las normas de carrera del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares de Colombia que a la letra dice: “ RETIRO DISCRECIONAL. Por las razones del servicio y en forma discrecional, se podrá disponer el retiro de los Oficiales y Suboficiales, con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación del comité de evaluación para el efecto, el cual estará conformado por el segundo Comandante de Fuerza, el Inspector General, el Jefe de Personal de la respectiva Fuerza, y el Comandante de la Unidad Operativa a la cual pertenezca. Cuando se trate de oficiales se requiere previo concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares. El acto administrativo de retiro se regirá por lo dispuesto en el artículo 99 de este decreto.
Anexo al presente copia del acta del comité de evaluación y de la Resolución No. 1084 de fecha 30 de noviembre de 2000 por medio de la cual lo retira del servicio activo de conformidad con la facultad discrecional antes mencionada.”
6. Acta de Notificación de fecha 2 de diciembre de 2000, mediante la cual se hace constar que el Cabo Primero Jaer Chacón Castro fue notificado del contenido de la Resolución No.1084 del 30 de noviembre de 2000.
7. Derecho de Petición del 18 de diciembre de 2000 dirigido al Comandante del Ejército Nacional, suscrito por el señor Jaer Roamir Chacón Castro, en donde solicita “ fotocopia original del concepto o razones que ese Comando emitió para producir la resolución No. 001084 del 30-NOV-2000, mediante la cual se me notificó de la baja en forma discrecional en mi grado de Cabo Primero- (Cuarto año de antigüedad) adscrito al Comando de la Brigada XVIII en Arauca.”
8. Derecho de Petición del 1 de marzo de 2001 dirigido al Comandante del Ejército Nacional, suscrito por el señor Jaer Roamir Chacón Castro, en donde solicita el concepto o razón por la cual fue incluido en el acta de baja discrecional.
9. Oficio del 12 de marzo de 2001 dirigido al señor Jaer Roamir Chacón Castro suscrito por el Subdirector de Personal de Ejército, en donde se atiende el derecho de petición interpuesto el 1 de marzo de 2005 en el sentido de reiterar el oficio del 26 de diciembre de 2000 que informó que su retiro obedeció única y exclusivamente a la facultad discrecional consgarada en el artículo 104 del Decreto 1790 de 2000 que regula las normas de carrera del personal de Oficiales y Suboficiales de la Fuerzas Militares.
10. Derecho de Petición del 21 de octubre de 2005 dirigido al Comandante Brigada XVIII Arauca, suscrito por el señor Jaer Roamir Chacón Castro, en donde solicita copias autenticadas del proceso disciplinario que se siguió su contra.
11. Providencia de primera instancia de fecha 27 de octubre de 2005 en el proceso No. 11001333103220080030300 proferida por el Juzgado Décimo de Brigadas XIV y XVII como juez de primera instancia, mediante la cual se absolvió al señor Jaer Roamir Chacón Castro, de los cargos por los que fue vinculado y se ordenó que siguiera disfrutando de su libertad como lo viene haciendo.
12. Providencia de consulta de la sentencia absolutoria del 7 de septiembre de 2006 en el proceso No. 11001333103220080030300 proferida por el Tribunal Superior Militar mediante la cual se confirmó la providencia del 27 de octubre de 2005.
13. Copia del Formulario 4 correspondiente al señor Jaer Chacón Castro, el cual registra anotaciones en su hoja de vida desde el 1 de agosto de 1996 hasta el 14 de enero de 1999.
14. Tarjeta de conducta, que refiere que el Dragoneante CHACON CASTRO JAER RAOMIR observó EXCELENTE conducta durante su Servicio Militar Obligatorio.
15. Oficio No. 3339 de fecha 10 de mayo de 2006 suscrito por el Comandante de la Decimaoctava Brigada del Ejército Nacional a través del cual se le informó al señor Jaer Chacón que:
“Teniendo en cuenta su solicitud, con toda atención me permito informarle que una vez revisados los archivos de la oficina de Control Interno de esta Unidad Operativa Menor y del Batallón de Servicios No. 18, se logró establecer que no existen registros o copias de documentos que certifiquen que se adelanta o adelantó proceso disciplinario alguno en su contra.”
16. Acta de Conciliación Extrajudicial de fecha 12 de septiembre de 2007 suscrita por el Procurador 50 Judicial Administrativos ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y Juzgados Administrativos, Convocante: Jaer Roamir Chacón Castro y Convocado: Ministerio de Defensa- Ejército Nacional, diligencia que fue declarada fallida.
3. Problema jurídico
Consiste en determinar si el daño antijurídico alegado por el actor consistente en la no consecución de trabajo por las anotaciones registradas en la base de datos del DAS, producto de la persecución, investigaciones y acusaciones penales que se le adelantaron estando activo en las fuerzas armadas del Ejército Nacional, realmente se configuró y si finalmente resulta imputable a la entidad demandada.
4.- Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del Estado
Con relación a la responsabilidad del Estado, la Carta Política de 1991 produjo su “constitucionalización” al erigirla como garantía de los derechos e intereses de los administrados y de su patrimonio, sin distinguir su condición, situación o interés.
De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, se desprende que esta tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado y la imputación del mismo a la administración pública, tanto por su acción como por su omisión, ya sea atendiendo a los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional o cualquier otro.
En síntesis, la responsabilidad extracontractual del Estado se configura con la demostración del daño antijurídico y de su imputación a la administración.
El daño consiste en el menoscabo del interés jurídico tutelado y la antijuridicidad en que él no debe ser soportado por el administrado, ya sea porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o, porque es “irrazonable,” sin depender “de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración.”.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto.
Finalmente, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede ser concebida simplemente como una herramienta destinada a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.
5.- Profundización en los conceptos de daño y daño antijurídico en el evento de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
5.1.- El daño y el daño antijurídico.
Por daño ha de entenderse la lesión definitiva a un derecho o a un interés jurídicamente tutelado de una persona. Daño que deberá ser personal, cierto y directo, tal y como lo explica Mazeaud:
“Es un principio fundamental del derecho francés, aun cuando no esté formulado en ningún texto legal, que, para proceder judicialmente, hay que tener un interés: «Donde no hay interés, no hay acción». Una vez establecido el principio, ha surgido el esfuerzo para calificar ese interés que es necesario para dirigirse a los tribunales: debe ser cierto, debe ser personal. Pero se agrega: debe ser «legítimo y jurídicamente protegido» […]”.
Así, los elementos constitutivos del daño son: (1) la certeza del daño; (2) el carácter personal, y (3) directo. El carácter cierto, como elemento constitutivo del daño se ha planteado por la doctrina tanto colombiana como francesa, como aquel perjuicio actual o futuro, a diferencia del eventual. Al efecto, el Consejo de Estado, ha manifestado que para que el daño pueda ser reparado debe ser cierto-, esto es, no un daño genérico o hipotético sino específico, cierto: el que sufre una persona determinada en su patrimonio:
“[…] tanto doctrinal como hipotéticamente ha sido suficientemente precisado que dentro de los requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que no exista duda alguna sobre su ocurrencia”.
De igual forma, para que el daño se considere existente es indiferente que sea pasado o futuro, pues el problema será siempre el mismo: probar la certeza del perjuicio.
Adicionalmente, el daño objeto de la reparación sólo es aquel que reviste la característica de ser antijurídico. Se considera como tal, la afectación, menoscabo, lesión o perturbación a la esfera personal (carga anormal para el ejercicio de un derecho o de alguna de las libertades cuando se trata de persona natural), a la esfera de actividad de una persona jurídica (carga anormal para el ejercicio de ciertas libertades), o a la esfera patrimonial (bienes e intereses), que no es soportable por quien lo padece.
Así pues, daño antijurídico es aquél que la persona no está llamada a soportar puesto que no tiene fundamento en una norma jurídica, o lo que es lo mismo, es aquel que se irroga a pesar de que no exista una ley que justifique o imponga la obligación de soportarlo.
En cuanto al daño antijurídico, la jurisprudencia constitucional señala que la “antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”.
5.2.- El daño antijurídico en la hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
La configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por el defectuoso o anormal funcionamiento de la justicia parte de la premisa de que “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado”.
Siendo esto así, inicialmente se exige precisar qué puede considerarse como funcionamiento normal de la justicia. En el derecho comparado se ha entendido por tal, “la tutela judicial efectiva”, lo que implica el respeto a varios derechos: “el derecho al proceso, el derecho a que éste se desarrolle según los parámetros constitucionales y el derecho al aseguramiento del bien o derecho en litigio”. En este orden de ideas, la responsabilidad podrá enervarse cuando el funcionamiento de la justicia deviene anormal o defectuoso y procede de actuaciones materiales que representan “infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para decidir”.
Así las cosas, resulta necesario delimitar el concepto de “anormal” o “defectuoso”, para que el funcionamiento de la administración de justicia produzca un daño antijurídico. En este sentido la doctrina ha señalado:
“Esta debe obtenerse a través de los estándares de normalidad que, en el caso de una Justicia tradicionalmente lenta, cobran especial importancia en lo tocante a las dilaciones procesales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 13 de julio de 1983 [Caso Zimmermann y Steiner], interpretando el artículo 6.1 del Convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales señaló como criterios a tener en cuenta para la medición de la razonabilidad en el retraso, “la complejidad del litigio, la conducta de los propios litigantes y de las autoridades y las consecuencias del litigio presuntamente demorado se siguen para aquéllos”.
En la misma línea se ha pronunciado la Corte Constitucional, a fin de fijar criterios para que, a partir del alcance y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se pueda delimitar lo que debe entenderse como funcionamiento anormal o defectuoso de la justicia. Así:
“El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina los cauces que permitan su ejercicio”.
“Debe tenerse en cuenta que, tal como lo ha expresado la Corte, “... si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos al legislador, “en razón de que no se agotan en si (sic) mismas, sino que con ellas trasciende la idea, por demás general, impersonal y abstracta, de realización de justicia”.
“(…) la tutela judicial que el Estado está en el deber de garantizar a las personas vinculadas a la decisión es un derecho fundamental que demanda actuaciones ciertas, reales, y de claro compromiso institucional, de parte de las autoridades y de los particulares, enmarcadas dentro del postulado constitucional de la buena fe y el deber de respeto de los derechos ajenos y no abuso de los propios”.
“El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 Superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas.” De este modo, el derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones. Para ello es necesario que el juez adopte las medidas de saneamiento que sean necesarias para subsanar los vicios que puedan impedir una decisión de fondo”.
En el punto específico de dilación de los términos judiciales la misma Corte Constitucional ha determinado que el incumplimiento de éstos no constituye per se una vulneración al debido proceso, pues los términos no son un fin en sí mismos, se debe entonces analizar la complejidad del asunto, la existencia de situaciones imprevisibles ocurridas en el caso concreto.
Ahora bien, por su parte esta Corporación desde muy temprano consideró que puede existir un “mal funcionamiento del servicio público de la justicia” como consecuencia de la negligencia de los empleados judiciales. Se trata de encuadrar la responsabilidad en relación con los “actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa”.
Desde la perspectiva de la convencionalidad, la Corte Interamericana de derechos humanos, ha determinado, a propósito de los plazos razonables para adelantar los procesos judiciales que:
“….el derecho de acceso a la justicia requiere que los hechos investigados en un proceso penal sean resueltos en un plazo razonable, toda vez que una demora prolongada puede llegar a constituir, en ciertos casos, por sí misma, una violación de las garantías judiciales. El plazo razonable, al que se refiere el artículo 8.1 de la Convención, debe apreciarse en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicta sentencia definitiva. Del mismo modo, la Corte ha establecido que la etapa de ejecución de las sentencias también puede abordarse para contabilizar el término de duración de un proceso, con el fin de determinar su incidencia en la prolongación del plazo razonable. Adicionalmente, este Tribunal ha considerado cuatro elementos para analizar la razonabilidad de un plazo: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades; y d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. La Corte recuerda que corresponde al Estado justificar, con fundamento en los criterios señalados, la razón por la cual ha requerido del tiempo transcurrido para tratar los casos y, en la eventualidad de que éste no lo demuestre, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto.
En relación al primer elemento, este Tribunal ha tenido en cuenta diversos criterios para determinar la complejidad de un asunto. Entre ellos se encuentra i) la complejidad de la prueba; ii) la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas; iii) el tiempo transcurrido desde la violación; iv) las características del recurso contenidos en la legislación interna, y v) el contexto en el que ocurrieron los hechos. En relación con segundo elemento, es decir con la actividad procesal del interesado, la Corte ha evaluado si los sujetos realizaron las intervenciones en los procesos que le eran razonablemente exigibles. En cuanto al tercer elemento, es decir la conducta de las autoridades judiciales, la Corte ha entendido que los jueces, como rectores del proceso, tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso en pro del formalismo. En relación con el cuarto elemento, es decir la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, la Corte ha establecido que las autoridades deben actuar con mayor diligencia en aquellos casos donde de la duración del proceso depende la protección de otros derechos de los sujetos del proceso”.
De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia “se produce en las demás actuaciones judiciales [distintas de la decisión final] necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales”, lo que encaja en la tesis de la falla probada en el servicio. Igualmente pueden incluirse “(…) todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales”.
Lo anterior ha llevado a que la doctrina recientemente afirmara que:
“el daño antijurídico en las hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tiene carácter residual, deviniendo en consecuencia el mismo, no de una providencia judicial viciada por error,… o de una privación injusta de la libertad que de una u otra manera involucra decisiones judiciales, sino, y en esto radica su carácter residual, de todas aquellas conductas del aparato judicial abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosas y contrarias al ordenamiento jurídico generadoras de daños y perjuicios materiales y morales que la victima de las mismas no está llamada a soportar”.
5.3.- El daño antijurídico en el evento de error judicial
En este sentido, se afirma que por error judicial “ha de entenderse la lesión definitiva cierta, presente o futura, determinada o determinable, anormal a un derecho a un interés jurídicamente tutelado de una persona, cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, y materializado a través de una providencia contraria a la ley que se encuentre en firme y que la víctima no está en el deber de soportar”. (Subrayado fuera de texto)
Así las cosas, para que proceda el juicio de responsabilidad por error judicial se requiere que dicho error se halle contenido en una decisión judicial que ponga fin al proceso y se encuentre en firme.
6. El caso en concreto.
En el presente asunto, la defensa del demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que declaró la indebida escogencia de la acción, al considerar que la acción procedente no era la de nulidad y restablecimiento del derecho como lo sostuvo el a quo, sino la de reparación directa como se incoó en la demanda.
Desacuerdo que fundamentó en que la fuente del daño que reclama es por el hecho de haber estado investigado y reportado en las bases de datos del DAS, desde el año 2000 hasta el día 7 de diciembre de 2006, fecha en la cual el actor fue absuelto del delito de peculado por apropiación, y que por esas anotaciones en la base de datos del DAS no pudo conseguir trabajo. Además sostuvo, que la investigación penal y disciplinaria a las cuales se vio sometido, se dio por causa de la persecución de sus superiores.
Por último, hizo énfasis en que en ningún momento pretendió desvirtuar la legalidad del acto administrativo de retiro del servicio militar.
Así las cosas, una vez analizado el material probatorio aportado, la Sala encuentra probado que el día 30 de noviembre de 2000 mediante Resolución No. 1084, proferida por el Comandante del Ejército Nacional, se retiró del servicio activo a unos Suboficiales del Ejército Nacional, entre ellos, el aquí demandante Cabo Primero Jaer Roamir Chachón Castro del Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate No. 18 “Subteniente Rafael Aragona”, acto administrativo que fue notificado el 2 de diciembre del mismo año.
Posteriormente, esto es, el 18 de diciembre de 2000 el demandante mediante derecho de petición le solicitó al Comandante del Ejército Nacional, expidiera “fotocopia original del concepto o razones que ese Comando emitió para producir la resolución No. 001084 del 30-NOV-2000, mediante la cual se me notificó de la baja en forma discrecional en mi grado de Cabo Primero- (Cuarto año de antigüedad) adscrito al Comando de la Brigada XVIII en Arauca.”
De manera que, para dar respuesta al citado derecho de petición el Subdirector de Personal Ejército mediante oficio No. 111608 de fecha 22 de diciembre de 2000, informó que:
“(…) su retiro obedeció única y exclusivamente a la facultad discrecional consagrada en el artículo 104 del Decreto 1790 de 2000 por el cual se modifica el decreto que regula las normas de carrera del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares de Colombia que a la letra dice: “ RETIRO DISCRECIONAL. Por las razones del servicio y en forma discrecional, se podrá disponer el retiro de los Oficiales y Suboficiales, con cualquier tiempo de servicio, previa recomendación del comité de evaluación para el efecto, el cual estará conformado por el segundo Comandante de Fuerza, el Inspector General, el Jefe de Personal de la respectiva Fuerza, y el Comandante de la Unidad Operativa a la cual pertenezca. Cuando se trate de oficiales se requiere previo concepto de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares. El acto administrativo de retiro se regirá por lo dispuesto en el artículo 99 de este decreto.
Anexo al presente copia del acta del comité de evaluación y de la Resolución No. 1084 de fecha 30 de noviembre de 2000 por medio de la cual lo retira del servicio activo de conformidad con la facultad discrecional antes mencionada.”
Seguidamente, el 1 de marzo de 2001 el demandante nuevamente solicitó a través de derecho de petición dirigido al Comandante del Ejército Nacional, el concepto o razón por el cual fue incluido en el acta de baja discrecional.
Para atender esta petición, el Subdirector de Personal de Ejército mediante oficio del 12 de marzo de 2001, manifiestó que reitera la respuesta dada con el oficio del 26 de diciembre de 2000, en donde se informó que su retiro obedeció única y exclusivamente a la facultad discrecional consagrada en el artículo 104 del Decreto 1790 de 2000, que regula las normas de carrera del personal de Oficiales y Suboficiales de la Fuerzas Militares.
Cabe señalar, que el señor Chacón Castro antes de que se produjera su retiro del servicio militar, es decir, el 29 de septiembre de 2000, solicitó al Funcionario de Instrucción Disciplinaria del Ejército Nacional, la expedición de copias a su cargo de lo actuado hasta esa fecha, en el expediente que se habia iniciado en su contra, lo anterior, para ejercer su derecho constitucional a la defensa.
Igual petición, se realizó por parte del actor al Comandante Brigada XVIII Arauca el 21 de octubre de 2005, el cual mediante oficio No. 3339 de fecha 10 de mayo de 2006 le informó que:
“Teniendo en cuenta su solicitud, con toda atención me permito informarle que una vez revisados los archivos de la oficina de Control Interno de esta Unidad Operativa Menor y del Batallón de Servicios No. 18, se logró establecer que no existen registros o copias de documentos que certifiquen que se adelanta o adelantó proceso disciplinario alguno en su contra.”
Tambien se encuentra demostrado que mediante providencia de fecha 27 de octubre de 2005, del proceso No. 11001333103220080030300, proferida por el Juzgado Décimo de Brigadas XIV y XVII como juez de primera instancia, se absolvió al señor Jaer Roamir Chacón Castro del delito de peculado por apropiación en la modalidad por extensión y se ordenó que siguiera disfrutando de su libertad como lo venía haciendo. Decisión que fue confirmada el 7 de septiembre de 2006 por el Tribunal Superior Militar.
Así las cosas, la Sala estima necesario para resolver el problema jurídico planteado, revisar las pretensiones de la demanda para determinar el alcance del daño antijurídico alegado, en este sentido, se encontró que el actor circunscribió en la demanda la declaratoria de responsabilidad y por consiguiente, la reparación de los perjuicios al “motivo del retiro del servicio de las fuerzas militares, con motivo de la persecución y las investigaciones y acusaciones penales que se le adelantaron estando activo en las fuerzas armadas del ejército nacional, y de las cuales salió absuelto”.
Sin embargo, se observa que el recurrente manifestó su desacuerdo con la declaratoria de la indebida escogencia de la acción que hizo el Tribunal, para lo cual argumentó que la “FUENTE DEL DAÑO ES EL HECHO DE HABER ESTADO INVESTIGADO Y REPORTADO EN LAS BASES DE DATOS DEL DAS, desde el año 2000 hasta el día 7 de diciembre de 2006 fecha en la cual se dicta sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior Militar, donde lo absuelven del delito de peculado por apropiación por extensión, quedando de esta forma libre de toda responsabilidad”
Frente a dicha declaratoria manifestó, que como la parte demandada en ningún momento excepcionó la indebida escogencia de la acción, el Tribunal de oficio no la podía decretar, pues este carecía de tal facultad oficiosa. Al respecto, debe la Sala manifestar su discrepancia con lo indicado por la parte actora, teniendo en cuenta que el A quo sí podía declarar probada la excepción de indebida escogencia de la acción, aunque no hubiese sido alegada por la parte demandada, en atención a lo prescrito por el entonces artículo 306 del CPC.
De otra parte, al interpretar en forma objetiva las pretensiones y hechos de la demanda es diáfano para esta Sala de Subsección concluir que la motivación de la reparación pedida por la parte demandante, es por dos aspectos, el primero de ellos, referente a la inconformidad con el retiro del servicio del señor Chacón Castro, pretensión que no puede ser estudiada en sede de reparación sino en el de nulidad y restablecimiento del derecho, tal y como lo sostuvo el Tribunal en su sentencia y el segundo, es lo atinente al daño causado con ocasión a la investigación penal adelantada en su contra y su inclusión en la base de datos del DAS que le impidió obtener trabajo, hecho que sustenta en la persecución de los superiores.
Entonces aclarado este primer aspecto y teniendo en cuenta lo dicho por el accionante en su recurso, relativo a que no pretende cuestionar la presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo de retiro del servicio de las fuerzas militares, sino al hecho de estar investigado y reportado en las bases de datos del DAS, producto de una persecución de sus superiores, la Sala centrará su atención al análisis de este aspecto con el propósito de determinar la conducencia de esta pretensión de la demanda.
De allí que, de conformidad con las pruebas aportadas y los fundamentos teóricos referidos en la parte considerativa de esta providencia, se analizará por parte de esta Subsección si en el asunto sub iudice se presentó un error judicial o un defectuoso funcionamiento que comprometa la responsabilidad de la entidad pública demandada.
6.1 Error judicial en el caso concreto
Para que se configure el error judicial como se señaló en líneas precedentes, es necesario que dicho error se halle contenido en una decisión judicial que ponga fin al proceso y se encuentre en firme.
Por lo antes expuesto, se observa que no se configuran los requisitos establecidos para endilgar responsabilidad por error judicial, esto es, que la providencia que se señale como contentiva del yerro debe encontrarse en firme, pues en el asunto en cuestión, tanto la providencia de primera instancia del 27 de octubre de 2005 proferida por el Juzgado Décimo de Brigadas XIV y XVII como la decisión de consulta del 7 de septiembre de 2006 Tribunal Superior Militar, absolvieron al señor Jaer Roamir Chacón Castro, del delito de peculado por apropiación en la modalidad por extensión y ordenaron que siguiera disfrutando de su libertad como lo venía haciendo; de allí que, no logre percibirse el error judicial alegado, pues la decisión de primera y la consulta fueron a favor del actor.
De manera que, la Sala considera que en el caso sub examine no se estructura el error juridicial que invoca la parte accionante, tal y como se explicó en líneas precedentes, al no cumplirse con los elementos determinantes para su procedencia.
Sin embargo, como quiera que el accionante también alega un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la Sala procederá en esta instancia a verificar si hay lugar al reconocimiento de perjuicios al demandante por configurarse los presupuestos que determinan este tipo de responsabilidad.
6.2 Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el caso concreto
Entonces, como se mencionó en la parte considerativa de esta sentencia para que se configure el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se requiere que existan conductas del aparato judicial abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosas y contrarias al ordenamiento jurídico generadoras de daños y perjuicios materiales y morales que la víctima de las mismas no está llamada a soportar.
Mirado así el asunto, para esta Subsección es evidente que este defectuoso funcionamiento tampoco se configura, pues lo que alega el demandante es que se le ocasionó un daño antijurídico al no poder acceder a ningún trabajo, hecho ocasionado por las anotaciones registradas en la base de datos del DAS sobre la investigación penal que se le adelantaba y de la cual salió absuelto, por lo cual, es preciso manifestar que el actor se encuentra en la obligación de probar su dicho si pretende sacar avante sus pretensiones, debido a que per se, el hecho de estar vinculado a un proceso es una carga que deba soportar, es decir que, no es dable sostener que por estar investigado y salir victorioso de la investigación, se genera en forma automática un daño antijurídico que debe ser reparado por el Estado.
La Sala encuentra, según las providencias emitidas por la justicia penal militar, que existió una denuncia efectuada por el Capitán Díaz Matiz Leonardo contra el aquí accionante, con ocasión de las irregularidades encontradas en el suministro de víveres y alteración de precios de los productos que se manejaban en el casino, acción que obligaba a poner en marcha el aparato judicial para esclarecer los hechos evidenciados por el militar y cuyo resultado fue la absolución de los cargos imputados.
De manera que, revisado el expediente no se encontró ningún elemento probatorio donde se pudiera acreditar o demostrar el daño antijurídico alegado, esto es, de una parte las anotaciones registradas de las investigaciones en la base de datos del DAS y de otra, que estas le impidieron al demandante encontrar empleo.
En conclusión, la Sala considera que en el caso de autos no se probó el daño antijurídico anunciado en la demanda, toda vez que el demandante se encontraba en el deber de asumir la vinculación y en general, todo el proceso penal que se adelantó en su contra, por cuanto si existieron conductas irregulares de su parte como administrador del casino del Ejército Nacional, pero que finalmente, tales cargos fueron desestimados, tal y como lo señalaron el Juzgado de Instancias de Brigadas XVI y XVII de Yopal y el Tribunal Superior Militar en grado de consulta, por no haberse adecuado su comportamiento a la totalidad de los elementos estructurales del tipo.
De esta manera, la Sala reitera que esta es una carga pública que le corresponde asumir a todos los ciudadanos colombianos y además, porque no se encuentra acreditado en el plenario que con dicha carga, se le haya lesionado sus intereses jurídicamente tutelados.
Adicionalmente, porque en el caso concreto no se probó la irrazonabilidad en el tiempo durante el cual se prolongó el proceso penal, sin que se vieran afectados sus bienes jurídicos de una manera abiertamente contraria a derecho que resultaría ser escandalosa y desproporcionada, generadora del daño y perjuicios alegados.
Entonces, encuentra la Sala que como en el caso sub examine no se probó el error judicial, ni el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, razón por la cual se negaran las pretensiones por ausencia de daño antijurídico.
En conclusión, al no encontrarse configurada la antijuridicidad del daño alegado, es decir, el primero de los elementos de la responsabilidad, no puede la Sala proceder a imputarle la misma a la entidad demandada, y en consecuencia, el accionante deberá soportar la negativa de sus pretensiones conforme a los argumentos antes expuestos, razón por la cual, se revocará la sentencia de primera instancia en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.
6. Condena en costas
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente, y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-sección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
REVOCAR la sentencia proferida por la Subsección C de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 14 de octubre de 2011, bajo las consideraciones expuestas en esta providencia, la cual quedará así:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad.26984-15, Rad.35796-15# 2 y 3.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS (E)
Bogotá, D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019)
Radicación: 25000-23-26-000-2009-00685-01(43239)
Actor: JAER ROAMIR CHACÓN CASTRO
Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
ACLARACIONES DE VOTO
[Aclaración de voto presentada en la sentencia 35796]
ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Aclaración de voto: Término para interponer la demanda. Momento a partir del cual debe contarse
El término para demandar en ejercicio de medio de control de reparación directa, se cuenta a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que generó el daño. La jurisprudencia ha admitido que el término se compute a partir del momento en que se genera el daño, en aquellos eventos excepcionales en que su conocimiento, concreción o magnitud ocurre con posterioridad.
DAÑO ANTIJURÍDICO - Aclaración de voto: Características / DAÑO ANTIJURÍDICO - Aclaración de voto: Anormal e irrazonable
El daño debe ser anormal para imputar responsabilidad cuando el título aplicable es el de daño especial, pues la gravedad es el parámetro para determinar la alteración del equilibrio de las cargas públicas.
CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DE DAÑOS - Aclaración de voto: Alcance relativo del fenómeno. Constitucionalización presentada con anterioridad a la Constitución Política de 1991
[De una parte,] la constitucionalización de este ámbito del derecho no es asunto nuevo, como que antes de la carta de 1991, las decisiones del Consejo de Estado tuvieron por fundamento preceptos constitucionales, en particular el artículo 16 de la Constitución de 1886. (…) Cuidadosa construcción jurisprudencial que en todo caso, (…) supuso la erosión de otros ámbitos del derecho y, en particular, de las categorías generales del derecho de daños que (…) siguen siendo la columna vertebral de la responsabilidad patrimonial del Estado. A tal punto fue la influencia de la jurisprudencia centenaria en la construcción de todas las particularidades del daño indemnizable en el ámbito público, que fue base fundamental para la redacción del artículo 90 superior. (…) [Y], de otra, sus consecuencias no son tan amplias como un sector de la doctrina plantea. Referencias genéricas a ese fenómeno pueden desnaturalizar el derecho daños al punto de convertirlo en un simple método judicial de aseguramiento y conlleva a admitir una especie de “colonización principialística” que restringe el campo de acción de las categorías, normas, métodos de interpretación e instituciones que orientan su aplicación.
TÉRMINO PARA INTENTAR LA DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA-Su conteo inicia al día siguiente del hecho u omisión generadoras del daño. TÉRMINO PARA INTENTAR LA DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA-Excepcionalmente se cuenta a partir del día siguiente a la ocurrencia del daño. DAÑO ANTIJURÍDICO-Anormalidad sólo se predica daño especial. DAÑO ANTIJURÍDICO-Su irrazonabilidad no es un rasgo definitorio. CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DE DAÑOS-Alcance relativo del fenómeno. PRESTACIONES SOCIALES EN LUCRO CESANTE. El 25 % de prestaciones sociales no se adiciona para la liquidación del lucro cesante en los eventos en que no se acredita una relación laboral. FOTOGRAFÍAS-Reiteración aclaración de voto 48.842/2016. POSICIÓN DE GARANTE-reiteración aclaración de voto 33.494/2016. PRESUNCIÓN DE SALARIO MÍNIMO-Reiteración aclaración de voto 40.286/2016.
ACLARACIÓN DE VOTO
Aunque comparto la decisión adoptada en la providencia de 10 de noviembre de 2016, aclaro voto en cuanto a los siguientes asuntos:
1. El proyecto afirma que el término para intentar la demanda “es de dos años contados desde el día siguiente al acaecimiento del daño por el cual se demanda la indemnización” (f. 14).
El numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que el término para demandar en ejercicio de medio de control de reparación directa, se cuenta a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho que generó el daño. La jurisprudencia ha admitido que el término se compute a partir del momento en que se genera el daño, en aquellos eventos excepcionales en que su conocimiento, concreción o magnitud ocurre con posterioridad.
2. El fallo aclarado sostiene que el daño antijurídico debe ser “anormal” (f. 27) e “irrazonable” (f. 27).
La procedencia de la responsabilidad, desde el punto de vista del daño, exige exclusivamente que sea cierto, personal, directo y subsistente, características que se valoran respecto de la afectación de un derecho o interés tutelado por el ordenamiento jurídico, con independencia de la gravedad o anormalidad de dicha afectación. En estas condiciones pueden existir daños de distinta magnitud, de mucha o poca entidad o de variado impacto y, en todo caso, tal valoración no constituye obstáculo para que se genere la obligación de reparar perjuicios.
Ahora bien, la Sala ha sostenido que el daño debe ser anormal para imputar responsabilidad cuando el título aplicable es el de daño especial, pues la gravedad es el parámetro para determinar la alteración del equilibrio de las cargas públicas. La anormalidad en estos eventos implica que la actuación legítima del Estado causa un daño que supera el umbral de molestias al que está sometido el grupo al que pertenece un individuo y por ello se justifica el deber reparatorio.
3. Según el fallo la “constitucionalización” del derecho de daños y, en especial, los principios de equidad y solidaridad que le sirven de base alteran a la visión “tradicional” de la materia (f. 25).
La constitucionalización de este ámbito del derecho no es asunto nuevo, como que antes de la carta de 1991, las decisiones del Consejo de Estado tuvieron por fundamento preceptos constitucionales, en particular el artículo 16 de la Constitución de 1886. Cuidadosa construcción jurisprudencial que en todo caso, en momento alguno, supuso la erosión de otros ámbitos del derecho y, en particular, de las categorías generales del derecho de daños que –con todo y las especiales particularidades del derecho administrativo– siguen siendo la columna vertebral de la responsabilidad patrimonial del Estado. A tal punto fue la influencia de la jurisprudencia centenaria en la construcción de todas las particularidades del daño indemnizable en el ámbito público, que fue base fundamental para la redacción del artículo 90 superior.
Tampoco es cierto que la equidad sea una novedad en la definición de los elementos estructurales de esta materia. La equidad ha jugado y seguirá jugando un rol correctivo en las decisiones judiciales, para subsanar los defectos derivados de la generalidad las normas y, por ello, viene en auxilio del derecho (arts. 230 C.N., 5 de la Ley 153 de 1887, 32 del Código Civil, 37.8 y 304 del CPC -hoy retomado por el artículo 280 del CGP- y 871 Código de Comercio entre otros), pero no supone la anulación del mismo. La equidad no está en contra de la seguridad jurídica y tampoco justifica una resolución judicial contraria a la ley.
La tendencia a exigir de manera “expansiva” la responsabilidad del Estado con fundamento en la constitucionalización, contraviene el preciso alcance del artículo 90 de la C.N., pues se funda más en criterios de solidaridad, propios del ámbito de políticas públicas ajenos al juzgador, que en categorías del derecho de daños que es el entorno de la justicia administrativa.
En definitiva, la “constitucionalización” del derecho en estos ámbitos, de una parte, no es un asunto nuevo y, de otra, sus consecuencias no son tan amplias como un sector de la doctrina plantea. Referencias genéricas a ese fenómeno pueden desnaturalizar el derecho daños al punto de convertirlo en un simple método judicial de aseguramiento y conlleva a admitir una especie de “colonización principialística” que restringe el campo de acción de las categorías, normas, métodos de interpretación e instituciones que orientan su aplicación.
4. La liquidación del lucro cesante no debió adicional el 25% de prestaciones sociales, pues tal porcentaje solo procede en los eventos en los cuales se demuestra la existencia de una relación laboral y, en este caso, se aplicó la presunción de salario mínimo porque la víctima se encontraba en edad laboral productiva.
5. En cuanto a la valoración de probatoria (sic) de las fotografías, la posición de garante y la presunción de salario mínimo por edad productiva, me remito a los numerales 6 de la aclaración de la aclaración de voto 48.842/2016, 2 del salvamento de voto 33.494/2016 y 40286/2016, respectivamente.
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Fls.2-10 del C.1.
Fl.2-del C.1.
Fls. 13-14 del C.1
Fls.17-19 del C. 1
Fls. 23-26 del C. 1
Fl. 36 del C. 1
Fls. 40-49 del C. 1
Fl. 59 del C.1
Fl. 61 del C.1
Fls. 65-487 del C.1.
Fls.66-83 del C.1.
Fls.85-87 del C. Ppal
Fls.90-93 del C.Ppal.
Fl.95 del C. Ppal
Fl.99 del C. Ppal
Fl.101 del C.Ppal
Fls. 102-103 del C.Ppal
Fls. 104-113 del C.Ppal
Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)
Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372. Los documentos aportados en copia simple, serán valorados bajo los parámetros establecidos en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022. Fls. 53 - 55 del C.2. Fls. 51 -52 del C.2. Fl. 50 del C.2. Fls. 3-5 del C.2. Fl. 6 del C.2. Fl. 7 del C.2. Fl. 49 del C.2. Fl. 46 del C.2. Fls. 47 - 48 del C.2. Fl. 45 del C.2. Fls. 8-27 del C.2. Fls. 28-34 del C.2. Fls. 38-43 del C.2. Fl. 1 del C.2. Fl. 44 del C.2. Fl. 2 del C.2. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.
“En consecuencia, la función de la responsabilidad extracontractual (sic) no puede ser ni única ni primariamente indemnizatoria. Tiene que ser, ante todo, preventiva o disuasoria, o se trataría de una institución socialmente absurda: ineficiente”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.174. MAZEAUD. Lecciones de derecho civil. Parte primera. Volumen I. Introducción al estudio del derecho privado, derecho objetivo y derechos subjetivos. Traducción de Luis Alcalá-Zamora y Castillo. Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1959, p.510. CHAPUS. “Responsabilité Publique et responsabilité privée”., ob., cit., p.507. Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 1994, expediente 8998. Sección Tercera, sentencia de 19 de octubre de 1990, expediente 4333. Salvamento de voto del Consejero de Estado Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la Plenaria del Consejo de Estado, expediente S-021. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal – bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob., cit., p.168. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. SABOURAULT, Didier. “La responsabilidad del servicio público de la justicia en Bélgica”, en DEGUERGUE, Maryse (Coord.) La justicia y la responsabilidad del Estado, Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 2010, p.94. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto.
Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p.57. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.58. TOLIVAR ALAS, Leopoldo. “La responsabilidad patrimonial del Estado-Juez”, en QUINTANA LÓPEZ, Tomás (Dir.). La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p.518. Corte Constitucional, Sentencia C-318 de 30 de junio de 1998. Corte Constitucional, Sentencia C-1043 de 10 de agosto de 2000. Tesis reiterada en la sentencia C-207 de 11 de marzo de 2003. Corte Constitucional, Sentencia T-424 de 6 de mayo de 2004. Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 10 de abril de 2007. Corte constitucional Sentencia T- 171-06. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de noviembre de 1967. Cfr. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 145, y Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú, párr. 237. Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 71, y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2015. Serie C No. 308, párr. 176. Cfr. Caso Gomes Lund y otros ("Guerrilha do Araguaia") Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219, párr. 220; y Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246., párr. 149. Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192 párr. 155, y Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú, párr. 238. Cfr. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2009. Serie C No. 202, párr. 156, y Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú, párr. 239. Cfr. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 78, y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, párr. 179. Cfr. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 106, y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, párr. 179. Cfr. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 156 y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, párr. 179. Del mismo modo, véase Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 152, y Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 103, y Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, párr. 113. Cfr. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 150, y Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 300. Cfr. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 83., Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, párr. 156 y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, párr. 179. Asimismo, Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, párr. 83
Cfr., Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, párr.
156. y Caso Quispialaya Vilcapoma Vs. Perú, párr. 179. Asimismo, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia, párr. 184, Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 293. Cfr. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012. Serie C No. 242, párr. 69. Cfr. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101., párr. 211, y Caso García Ibarra y otros Vs. Ecuador, párr. 132. Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia, párr. 155, y Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, párr. 202. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que… efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp.: 17301. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. En el derecho comparado se afirma que “se trata de un funcionamiento anormal debido a la actividad de los juzgados y tribunales, tanto de los propios jueces y magistrados en el ejercicio de su actividad jurisdiccional como de la oficina judicial a través de los secretarios judiciales que la dirigen y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia”. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.57. COLOMBIA, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1º de octubre de 1992, expediente: 7058. Sentencia del 13 de agosto de 1993, expediente: 7869 y sentencia de 18 de septiembre de 1997, expediente: 12686. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015. Pág. 155. Artículo 66 Ley 270 de 1996
SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carias de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015, pág. 105
Fls. 3-5 del C.2. Fl. 7 del C.2. Fl. 49 del C.2. Fl. 6 del C.2. Fl. 46 del C.2. Fls. 47 - 48 del C.2. Fl. 50 del C.2. Fl. 45 del C.2. Fl. 44 del C.2. Fls. 8-27 del C.2. Fls. 28-34 del C.2. Fl. 2-del C.1. Artículo reproducido en igual sentido por el Código General del Proceso en el artículo 282. Fls. 8-27 del C.2. Fls. 28-34 del C.2. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Rad. 16421.
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