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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00862-01

Fecha
14 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Jaime Enrique Rodriguez Navas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00862-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 dé junio • de 2014 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Súbsección C de Descongestión. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: En firme este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2009-00862-01

Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas

14 de diciembre de 2021

Radicado: 25000-23-26-000-2009-00862-01(52546)
Demandante: Jaime Parra P. y Cía L da. y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS

Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicación: 25000-23-26-000-2009-00862-01 (52546)
Demandante: Jaime Parra P. y CIA LTDA. y otro
Demandado: Bogotá D.C. fondo de Educación y Seguridad Vial (FONDATT)
-

Referencia: Controversias contractuales

Temas: Conciliación prejudicial. Liquidación bilateral y unilateral del contrato. Cómputo
de plazos de días en el cumplimiento de obligaciones derivadas de contratos
estatales. Llamamiento en garantía con fines de repetición.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandante, en contra
de la sentencia de¡ 12 de junio de 2014 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. SINTESIS DEL CASO

Las sociedades demandantes, integrantes de un Consorcio, celebraron un contrato de
obra con el entonces Fondo de Educación y Seguridad Vial, con el objeto de ¿liseñar y
construir intersecciones viales en varios puntos de Bogotá. Pese a que el c6ntratista
cumplió cabalmente sus obligaciones contractuales, la entidad contratante demoró los
pagos del anticipo, de actas parciales y de una suma retenida por garantía, equivalente
al 5% de¡ valor del contrato.

Las sociedades integrantes del consorcio contratista pretenden que se declare el
incumplimiento contractual de la entidad contratante y que, en consecuencia, sean
reconocidos los intereses moratorios por el pago inoportuno. Por su parte, la
demandada llamó en garantía con fines de repetición a cuatro exfuncionaios que,
según indica, están llamados a responder por el atraso en los pagos al Consorcio.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. El diecinueve (19) de octubre de dos mil nueve (2009), las sociedades Jaime
Parra P y Cía Ltda. e Inversiones Antri Ltda., que conformaron el Consorcio d.C. 2004

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Demandante: Jaime Parra P. y Cía Ltda. y otro

(en adelante, "el Consorcio"), demandaron' al Fondo de Educación y Seguridad Vial
(en adelante, "el Fondo" o "FONDATT) en ejercicio de la acción de controversias
contractuales, con las siguientes pretensiones principales:

"Primera. Que se declare a la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD y al
FONDO DE EDUCACION VIAL FONDA TT- DE LA SECRETARIA DE TRANSITO Y
-

TRANSPORTE DE BOGOTÁ D. C. hoy denominado FONDO DE EDUCACIÓN VIAL -

FONDATT- EN LIQUIDACION, responsable del incumplimiento del contrato de
Obra No. 134 de 2004 del 16 de Diciembre de 2004, su Adicional No. 1, del 15 de
septiembre de 2005, y su Prórroga No. Z del 15 de diciembre de 2005, por no haberse
pagado al contratista en los términos estipulados, las cuentas No. 4, 7 y 8 anticipo de
la Adición al Contrato de Obra No. 134 del 15 de septiembre de 2005 y la retención en
garantía correspondiente al cinco por ciento (5%) del contrato.

Segunda. Como consecuencia de la declaración de responsabilidad por
incumplimiento de las entidades demandadas, se les condene a pagar por concepto de
intereses moratorios por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($379'685.661,29), o lo que resulte probado en el
proceso, suma esta respecto de la cual debe hacerse el respectivo ajuste monetario,
de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor (IPC), certificado por
la autoridad competente, desde el momento de la presentación de esta demanda hasta
que se produzca el pago total de la indemnización reclamada, discriminada así:

a) Intereses moratorios en el pago de las cuentas No. 4, 7 y 8, así como lo
correspondiente a la actualización del capital por el período y cantidades que se
relacionan:

Cuenta Valor Neto a Fecha de pago Fecha de pago Tiempo de
pagar según efectivo mora en el
contrato pago
Cuenta No. 4 $675'862.328,00 24-12-2005 02-01-2006 9 días
Cuenta No. 7 $329'693.537,00 05-03-2006 28-08-2006 176 días
Cuenta No. 8 $557671.993,00 0503-2006 12-04-2006 38 días

b) Intereses moratorios en el pago del anticipo de la Adición al Contrato de Obra
No. 134 de 2004 del 15 de septiembre de 2005, así como lo correspondiente a la
actualización del capital.

Cuenta Valor Neto a Fecha de pago Fecha de pago Tiempo de
pagar según efectivo mora en el
contrato pago
Anticipo de la $326'000.000,00 01-102005 28082006 331 días
Adición al
Contrato

c) Intereses moratorios por el retardo en el pago del 5% de retención en garantía.

Cuenta Valor Neto a Fecha de pago Fecha de pago Tiempo de
pagar según efectivo mora en el
contrato pago
Retención por $244'500. 000, oo 07 Feb 2006 11-09-2008 948 días
garantía (59/G)

1
E. 12-30, c. 1.

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Demandante: Jaime Parra P. y Cía Ltda. y otro

Adicionalmente, las demandantes pretenden que, como consecuencia del
incumplimiento, la parte demandada sea condenada al pago de los pprjuicios
causados por haber privado a los actores "de la posibilidad de disponer y de reducir/es
el capital de trabajo causando con ello la pérdida de oportunidad de invertir y mantener
el crecimiento de su empresa y como consecuencia la obtención de utilidadeLs que le
hubiese generado el hecho de participar en el mercado", cosa que no se logró por los
pagos tardíos. Tales perjuicios los tasó en la suma de $8563905396.

2.1.2. De forma subsidiaria, la parte actora pretende que se declare el desequilibrio
económico y el enriquecimiento sin justa causa de la entidad contratante, por no pagar
las sumas mencionadas en las pretensiones principales.

2.1.3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, la demandante enuncia, en
síntesis, los siguiente:

2.1.3.1. El FONDATT y el Consorcio suscribieron el contrato de obra núm.134
de 2004 ("Contrato 134 de 2004'), cuyo objeto era el diseño y la construcción
de obras civiles para la semaforización de nuevas intersecciones viales en la
ciudad de Bogotá.

2.1.3.2. La ejecución contractual tuvo lugar entre el 10 de marzo de 2065 y el 8
de enero de 2006, fecha en que fue suscrita el acta de terminación.

211.3.3. En el acta de terminación se hizo referencia a las actas de corte parcial
de obra, radicadas por el Consorcio para que la entidad efectuara su pago, con
constancia de que: (i) estaban pendientes de pago las actas de corte 7 y 8, así
como la devolución del porcentaje retenido por garantía; y (U) en el pago del
acta 4 "se presentó una mora de 9 días".

2.1.3.4. Las demoras en los pagos se produjeron por causas ajenas al actuar
del consorcio contratista.

2.1.3.5. Pese a las múltiples reclamaciones elevadas a la administración, en el
acta de liquidación de mutuo acuerdo, suscrita el 18 de octubre de 2007, la
entidad contratante no reconoció los valores adeudados por intereses e mora
en el pago de las actas parciales, ni efectuó el pago de la retención por garantía.
Tales salvedades constaron en el acta.

2.1.3.6. La mora en el pago ocasionó graves consecuencias para las
sociedades que conformaron el Cónsorcio, particularmente en el crecimiento
económico esperado y el ingreso de utilidades.

2.2. Trámite procesal relevante

2.2.1. El 10 de diciembre de 2009, el Tribunal Administrativo de Cundinamarcaadmitió
la demanda2 , y ordenó que se notificara a las entidades demandadas y al agente del
Ministerio Público.

2 E. 33, c. 1.

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2.2.2. La Secretaría de Hacienda de Bogotá, a cargo de la representación judicial del
Fondo, contestó la demanda oponiéndose a todas las pretensiones formuladas3. En
dicha oportunidad, esta demandada pidió que los señores Justo Germán Bermúdez
Gross, Martha Elena Gálvez Rey y Martha Yolanda Ciro Flórez, ex funcionarios del
Fondo; y el señor Luis Carlos Daza Velásquez, quien se encargó de la supervisión del
contrato, fueran llamados en garantía con fines de repetición. El Tribunal accedió a
esta petición4. Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad del Distrito Capital
propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasivas.

2.2.3. En la etapa para presentar alegatos de conclusión en primera instancia0,
expusieron su postura la parte demandante7 y la entidad demandada8; los llamados en
garantía, Martha Yolanda Ciro Flórez9, Martha Elena Gálvez Rey10 y Justo Germán
Bermúdez Gross11. El agente del Ministerio Público12 formuló concepto, sugiriendo que
fueran estimadas las pretensiones 13.

2.2.4. En sentencia de primera instancia14 del 12 de junio de 2014, el a quo decidió:

"PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de BOGOTÁ
DISTRITO CAPITAL.

SEGUNDO: DECLARAR el incumplimiento del Contrato de Obra No. 134 de 16 de
diciembre de 2004 suscrito entre el FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
FONDATT y el Consorcio OC-2004, integrado por las sociedades JAIME PARRA P. Y
CIA LTDA. e INVERSIONES ANTRI LTDA, por parte de la Entidad Pública contratante.

TERCERO: CONDENAR EN ABSTRACTO al FONDO DE EDUCACIÓN Y
SEGURIDAD VIAL FONDA TT, representado por la Secretaria de Hacienda Distrital, a
pagara las sociedades JAIME PARRA P. Y CIA LTDA. e INVERSIONES ANTRI LTDA,
integrantes del Consorcio OC-2004, la suma correspondiente a los intereses por mora
en el pago de las cuentas No. 4 del 25 de noviembre de 2005, No. 7 del 6 de febrero
de 2006, y No. 8 del 6 de febrero de 2006, y de la retención de la garantía equivalente
al 5% del valor total del Contrato de Obra No. 134 del 16 de diciembre de 2004, cuya
liquidación deberá adelantarse incidentalmente, al tenor del artículo 172 del Código
Contencioso Administrativo.

CUARTO: NEGAR el reembolso de los dineros que debe cancelar el FONDO DE
EDUCA ClON Y SEGURIDAD VIAL FONDATT con ocasión de la presente providencia
por parte de los llamados en garantía [ ... ].

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda. [ ... ]".

F. 47-63, C. 1.
F. 111-114, C. 1.
F. 67-69,0. 1.
6 Abierta por el Tribunal mediante auto del 21 de febrero de 2014: f. 209c.1.

F. 446-464,0. 1.
8 F.465-471,c.1.
F. 420-432, c. 1.
10
F. 433-443, c. 1.
11
E. 472-482, ci.
12 La entonces Procuradora Doce Judicial II Administrativa Delegada ante el Tribunal, Rosa Emma Alonso Cañón.
13
F. 485-493, c. 1.
14
E. 461-474, c. ppal.

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2.25. La Secretaria de Hacienda de Bogotá, como representante judicial de los
asuntos que cursan contra el FONDATT, interpuso recurso de apelación contra esta
decisión15. Esta Corporación lo concedió mediante auto16 del 19 de noviembre de
2014.

2.2.6. El 3 de septiembre de 2014, el despacho sustanciador abrió la etapa para
presentar los alegatos de conclusión en segunda instancia17. En esta ocasión
presentaron sus argumentos de cierre: los llamados en garantía, Bermúdez Gross18 y
Gálvez Rey19; la entidad demandada20 y las sociedades actoras21. El agente del
Ministerio Público ante esta Corporación guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Presupuestos de la sentencia de mérito

3.1.1. Esta jurisdicción conoce el presente asunto, en virtud del artículo 82 del Código
Contencioso Administrativo ("CCA"), modificado por el artícu1022 1 de la Ley 1107 de
2006, vigente para la época en que fue presentada la demanda, toda vez que la parte
demandada, actualmente liquidada, era un establecimiento público descentralizado del
orden distrital de Bogotá23. La Sala es competente, por tratarse de un asunto con
vocación de doble instancia por el factor cuantía 24-25.

15
F. 479-487, c. ppal
16
F. 497-498, c. ppal.
17
F. 504, c. ppal.
16 F. 505-518, c. ppal.
19 F. 519-526, c- ppal.
20
F. 527-538, c. ppal.
21
F. 539-547, c. ppal.
22
"Articulo 82. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgarlas controvers ias y litigios
originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público
superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado.
Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad
con la Constitución y la ley."
23
Acuerdo Distrital 9 del 2 de mayo de 1989. "Artículo 1°.- Transformarse el actual Fondo Rotatorio de Seguridad
Vial del DA TE adscrito a! Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Bogotá, en un establecimiento
público descentralizado del orden distrital con Personería Jurídica autonomía Administrativa y patrimonio
independiente que se denominará Fondo de Educación y Seguridad vial del DA TT - FONDATI".
!Q//yiww.alcaldiabogota.gov.coíurfnorrnasLNorma1js?i=534&dt=S
24
CCA. Artículo 129 (subrogado por el articulo 37 de la Ley 446 de 1998): "El Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión."
25
Según el artículo 132 numeral 5 del CCA (subrogado por el articulo 40 de la Ley 446 de 1998), los asuntos
"referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la
prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.". Para
el 2009, ese tope equivalía a $248'500.000. En este caso, dicho monto fue superado por las pretensiones de la
demanda, tasadas en $430000000.

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3.1.2. En el presente asunto se debate el cumplimiento de un contrato cuya ejecución
se prolongó en el tiempo26, por lo que es objeto de liquidación27, como expresamente
fue pactado28. Por ende, según el artículo 136 numeral 10, literal c, del CCA29, el
término de caducidad debe contarse desde el día siguiente al de la firma del acta de
liquidación, lo que ocurrió el dieciocho (18) de octubre de dos mil siete (2007) 0. El
término de caducidad de la acción contractual inició así el diecinueve (19) de octubre
de dos mil siete (2007), y finalizó dos años después, última fecha en la que, justamente,
las actoras radicaron su demanda", por lo que esta fue presentada en tiempo.

3.1.3. La legitimación en la causa por activa, de parte de las sociedades
demandantes está acreditada en tanto estas conformaron el Consorcio O.C. 2004, que
celebró el Contrato 134 de 2004, sobre el cual versa este asunto. Mientras que el
FONDATT, representado en esta causa judicial por la Secretaría de Hacienda de
Bogotá32, está legitimado por pasiva, al ser la entidad pública contratante del
mencionado negocio jurídico.

3.1.4. Dentro de los cargos de la alzada, la recurrente adujo que en el presente
proceso no fue agotado el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial
respecto de las pretensiones de la demanda, porque después del acuerdo conciliatorio
alcanzado sobre la devolución de la garantía del 5% en cuantía de $244500000, fue
liquidado el Contrato 134 de 2004, por lo que, en este asunto, la Sala se detendrá en
tal requisito de procedibilidad.

3.1.4.1. Pues bien, el presente proceso fue iniciado en vigencia del artículo 13 de la
Ley 1285 de 2009, que adicionó el artículo 42A a la Ley 270 de 1996:

"Artículo 42A. Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-
administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables,
siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos

26 Aptados. 3.3.1, 3.3.2.3 3.3.2.5.
y
27 LEY 80 DE 1993. "Articulo 60. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se
prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. [...]".
28
Aptado. 3.3.1.2.
29
"ARTICULO 136. CADUCIDAD DE LAS ACCIONES. II [...] 10. En las relativas a contratos, el término de
caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siquiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o
de derecho que les sirvan de fundamento. II En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:
[ ... ] c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar
dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta". (Se subraya).
30
Aptado. 3.3.3.
31
F. 30 (reverso), c. 1.
32
DECRETO DISTRITAL 581 DE 2007. "Artículo 27°. Delégase en el Secretario Distrital de Hacienda la
representación legal en lojudicialy extrajudicial de Bogotá, Distrito Capital, con las facultades previstas en el articulo
180 de este decreto, en las siguientes materias: [ ... ] 27.4 En los asuntos relacionados con las extintas Caja de
Previsión Social Distrital —CPSD-, Empresa Distrital de Transporte Urbano -FO TU-, Centro Distrital de
Sistematización y Servicios Técnicos —SISE-, y Empresa Distrital de Servicios Públicos -EDIS-, y del FONDATT
una vez culmine su proceso de liquidación, incluidos los procesos de pensión sanción y convencionales de las
citadas entidad". En: https://www,alcaldiabociota.qov.cofsisiur/normas/Normal.jsp?128000&dtS. DECRETO
DISTR¡TAL 591 DE 2009. "Articulo 8°. Conforme a lo dispuesto en el artículo 27.4 del Decreto Distrital 581 de 2007
el Secretario Distrital de Hacienda ejercerá la representación legal en lo judicial y extrajudicial de Bogotá, Distrito
Capital, en los asuntos relacionados con el FONDO DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL FONDATT en
LIQUIDACIÓN una vez culmine su proceso de liquidación, incluidos los procesos de pensión sanción y
convencionales". En https://www.alcaldiaboqota.qov.co/sisjur/normas/Normal .isp?i38331.

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85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan,
el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicia!'.

La omisión de esta carga procesal en la acción de controversias contractuales del
CCA, aplicable al presente asunto, conduce al rechazo de la demanda, conforme al
artículo 36 de la Ley 640 de 2001. Si bien debe existir correspondencia entre lo
solicitado en la conciliación y las pretensiones de la demanda, esta exigencia no
conlleva un irracional y excesivo ritualismo, en el que los vocablos sean absolutamente
coincidentes. Basta con que exista una "relación directa E ... ] entre la solicitud y las
pretensiones propias del medio de control que se pretenderán en un futuro proceso 1,14.

3.1.4.2. Con los documentos allegados, fueron acreditados en este asunto los
siguientes hechos relativos a la conciliación prejudicial.

3.1.4.2.1. Mediante apoderada judicial, las sociedades que conformaron el Consorcio
presentaron solicitud de conciliación prejudicial35, con fecha del 26 de febrero de 2007,
buscando que el Fondo reconociera lo siguiente:

"Primero. Se sirva citar a la Representante Legal del Fondo [ ... ] para que proceda, [ ... ]
al reconocimiento y cancelación de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($379'685.661,29), por concepto de desequilibrio
económico causado al Contrato de Obra No. 134 de 2004 del 16 de Diciembre de 2004,
su Adicional No. 1, del 15 de septiembre de 2005, y su Prórroga No. 2, del 15 de
diciembre de 2005, [ ... ] y que se concretan en los siguientes ítems:

a) Reconocimiento de intereses moratorios en el pago de las cuentas No. 4, 7 y
8, así como lo correspondiente a la actualización del capital.

b) Reconocimiento de intereses moratorios en el pago del anticipo de la Adición
al Contrato de Obra No. 134 de 2004 del 15 de septiembre de 2005, así como
lo correspondiente a la actualización del capital.

c) Pago de la suma correspondiente al 5% de la retención en garantía, más su
consecuente actualización.

d) Reconocimiento y pago de intereses moratorios por el retardo en el pago del
5% de retención en garantía.

Segundo. Como consecuencia de la pretensión anterior, solicito que se reconozca por
el Fondo [ ... ] a pagar a mis representados los valores adeudados y descritos en el
numeral anterior conjuntamente con sus intereses de mora que no son otros que los
estipulados en el artículo 10 del Decreto Reglamentario 679 de 1.994 [ ... ]".

31 ARTICULO 36. RECHAZO DE LA DEMANDA. La ausencia de/requisito de procedibilidad de que trata esta ley,
dará lugar al rechazo de plano de la demanda.
14
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Subsección C. Auto unitario del 17
-

de julio de 2018. Rad. 25000-23-36-000-2016-00626-01(58931). En el mismo sentido: Subsección B. Auto del 29
de mayo de 2019. Rad. 63001-23-33-000-2016-00398-01(60487), y Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de
2021. Rad. 05001-23-31-000-2010-02311-01(59887).
11 E. 52— 59, c. 12.

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Demandante: Jaime Parra P. y Cía Ltda. y otro

3.1.4.2.2. El 19 de septiembre de 2007, en acta36 núm. 152, suscrita ante la
Procuraduría Cuarta Judicial Administrativa37, consta que el Consorcio y el Fondo
llegaron a acuerdo conciliatorio parcial, en los siguientes términos:

"Primero. Con toda atención manifestamos al despacho en representación de la entidad
que proponemos cancelar la suma de $244'500. 000 por concepto de retención del 5%
en garantía. Segundo. Que la administración conjuntamente con el contratista hará la
liquidación del contrato, permitiéndole a ésta hacer las salvedades pertinentes, en un
término máximo de 30 días calendario. En los demás ítems solicitados por el contratista
no ha sido objeto de conciliación y por lo tanto la entidad no reconocerá por ellos suma
alguna, dejando en libertad al contratista instaurar las acciones judiciales que considere
pertinentes. La suma anterior se cancelará una vez el Tribunal Administrativo apruebe
la conciliación. Acto seguido se le concede la palabra a la apoderada de a parte
con vocante quien manifiesta: Aceptamos la conciliación parcial propuesta en el
entendido de que solo se accedió a proceder a la liquidación del contrato y al pago de
la suma correspondiente al 5% de la retención en garantía más no a su actualización
ni el reconocimiento y pago de intereses moratorios como tampoco a los intereses
moratorios reclamados en relación con las cuantas [sic] No. 4, 7y 8 ni a los intereses
moratorios en el pago del anticipo de la adición del contrato, suma respecto de las
cuales nos reservamos el derecho de acudir a la jurisdicción para que sean
reconocidas."

3.1.4.3. Con el simple contraste de su texto, se evidencia que hay total congruencia
entre lo solicitado por las sociedades actoras en el escrito de conciliación prejudicial
(aptado. 3.1.4.2.1) y lo pretendido en la demanda (aptado. 2.1), que se resume en el
pago de los intereses moratorios derivados del pago tardío de las actas 4, 7 y 8, del
anticipo de la adición al contrato de obra, y de la denominada retención en garantía.
Nótese además que el acuerdo al que llegaron las partes, por ser parcial, le permitía
al demandante formular las pretensiones objeto de este proceso, que estuvieron
excluidas expresamente de ese arreglo (aptado.3.3.3.2).

Así las cosas, contrario a lo que sostuvo la parte actora, su contraparte sí agotó
correctamente el requisito de procedibilidad de conciliación prejudicial, no tenía la
necesidad de adelantar otro trámite después de la liquidación contractual, o antes de
la demanda, y por ende la Judicatura si está habilitada para decidir el asunto.

3.2. Identificación de la controversia y problemas jurídicos

3.2.1. La sentencia de primera instancia consideró inicialmente que, en este caso,
el plazo de 30 días para que el Fondo efectuara los pagos no debía contabilizarse "en
días hábiles sino conforme al calendario, dado que no se trata de actuaciones
administrativas que impliquen la adopción de decisiones por parte de la Entidad sino
del simple trámite para el pago en armonía con lo dispuesto en el artículo 885 del
Código de Comercio".

36
F. 151-152, c. 12.
17 La Procuradora entonces encargada de ese despacho era Anny Margarita Jordi de Ostau de Lafont.

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Por otra parte, el Tribunal encontró que en el acta de liquidación bilateral del Contrato
134 de 2004, las partes determinaron la ejecución de las prestaciones a cargo de cada
una de ellas, y definieron las fechas de radicación y de pago de las cuentas radicadas
por el contratista, de suerte que:

"[ ... ] el FONDO [ ... ] reconoció que las cuentas No. 4 del 25 de noviembre de 2005, No.
7 del 6 de febrero de 2006 y No. 8 del 6 de febrero de 2006 del Contrato de Obra No.
134 del 16 de diciembre de 2004 fueron radicadas en debida forma y que existió mora
en el pago de las mismas, [sic] a razón de 6, 171 y 35 días, respectivamente" 1

En relación con el saldo a favor del contratista por concepto de retención en grantía,
que equivalía al 5% del valor total del contrato, por la suma de $244500000, el
Tribunal constató que el pago debió ser efectuado a más tardar el 9 de febrero de
2006, pero el ente contratante sólo pagó la suma el 11 de septiembre de 2008, esto
es, 932 días después. Agregó que esta suma debía ser pagada "dentro de los 30 días
siguientes a la fecha de suscripción del acta de terminación de las obras y no del acta
de liquidación de/contrato, como erróneamente lo expresó el FONDO [.1".

El fallo precisa que no hubo prueba de que la entidad no hubiera efectuado el pago del
anticipo y que, por ese motivo, la parte demandante haya destinado recursos propios
u obtenido créditos para iniciar la ejecución del contrato, razón por la que esta
pretensión fue denegada.

Al cuantificar los intereses de mora, el Tribunal descartó el valor informativo del
dictamen pericial practicado para tal efecto y estimó necesario condenar en abstracto
porque:

'1...] el dictamen practicado [...] no puede servir de base para la liquidacióñ de los
intereses de mora como quiera [sic] que se efectuó sobre unos conceptos que no dan
lugar a incumplimiento y sobre unos días superiores a los que efectivamente se
acreditaron, circunstancia que obliga a la condena en abstracto para que en incidente
posterior se establezca el valor de la mora por los días aquí señalados".

Sobre los llamados en garantía, en primera instancia se desechó la petición de' repetir
contra los exfuncionarios porque no se demostró que hubieran incurrido en una
conducta dolosa o gravemente culposa, que hubiera ocasionado la condena impartida
por esta decisión judicial.

3.2.2. En su impugnación del fallo, la parte demandada expuso, en síntesis, los
siguientes motivos de inconformidad:

3.2.2.1. Ineptitud de la demanda porque las actoras omitieron impugnar el acto
de liquidación de mutuo acuerdo que, en su criterio, sería un acto administrativo.

3.2.2.2. El contrato no fue interpretado correctamente en lo que concierne al
plazo para pagar las actas a partir de su radicación. Este lapso no debía
computarse como días calendario sino hábiles laborables. Para sustentar este

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argumento, el Consorcio apelante citó el articulo 70 del Código Civil ('CC") y el
artículo 62 de la Ley 4 de 1913. Así, las cuentas de cobro referidas en el fallo:

"[ ... ] no podían ser revisadas y determinar su documentación si no dentro de los
correspondientes días hábiles laborales, razón por la cual en el evento de
condenarse al pago de interés de cualquier tipo la causación de los mismos ha
de determinarse en días hábiles y no calendario, razón por lo cual[sic] en las
cuentas de cobro números 4, 7y 8 no pueden señalarse como términos de días
de mora los correspondientes a 6, 171 y 35 días, como lo señala la sentencia".

3.2.2.3. Se debió condenar a los llamados en garantía, porque existía prueba
sumaria, que permitía activar la presunción de culpa grave en el retraso en los
pagos, ocasionado por la omisión de verificar que existieran las apropiaciones,
reservas y vigencias futuras de los recursos requeridos para el cumplimiento, y
dentro de las funciones de los llamados en garantía estaba el mantenimiento de
reservas y apropiaciones para atender obligaciones contractuales.

3.2.3. Vistos los argumentos de la providencia impugnada, y los reproches concretos.
formulados por la impugnante que, cabe advertir, no incluyeron aspectos como la
configuración del incumplimiento contractual, el pago del anticipo, el retardo en el pago
en las actas y en la denominada "retención en garantía", la constitución de la mora, o
la condena en abstracto, por lo que estos aspectos no serán objeto de estudio38, esta
Colegiatura deberá resolver el asunto traído a su consideración en segunda instancia
a partir de la solución de los siguientes problemas jurídicos:

3.2.3.1. ¿Presentó el actor una inepta demanda por no haber pretendido la
nulidad de la liquidación bilateral del Contrato 134 de 2004, por tratarse de un
acto administrativo?

3.2.3.2. ¿Los plazos convenidos, en días, en el Contrato 134 de 2004 para el
pago de las actas parciales radicadas por la contratista, debían computarse en
días hábiles?

3.2.3.3. ¿Es procedente la condena contra los llamados en garantía con fines
de repetición, porque existía prueba sumaria, con la que se acredita el hecho
indicador de la presunción de culpa grave, por retrasos en pagos de
obligaciones derivadas del Contrato 134 de 2004, porque entre las funciones de
los llamados en garantía estaba la de mantener los recursos para su pago?

3.3. Pruebas objeto de valoración

38
Según el articulo 357 de[ Código de Procedimiento Civil:"La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso,
salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados
con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones."

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En vista de que hay elementos de prueba documentales aportados en copia simple, la
Sala las tendrá en cuenta para decidir conforme lo han establecido, de forma unificada,
la Sección Tercera en pleno39 y la Sala Plena de lo Contencioso Administrativ040 de
esta Corporación.

Dicho lo anterior, esta Colegiatura organizará los medios de convicción aportados al
proceso en torno a los siguientes puntos: (i) el Contrato 134 de 2004; (u) la ejecución
del contrato; (ifl) el trámite conciliatorio prejudicial; (iv) la liquidación del contrato y; (y)
los llamados en garantía.

3.3.1. El Contrato 134 de 2004

El 16 de diciembre de 2004, el Consorcio y el Fondo celebraron el contrato de obra41
n°134 ("Contrato 134 de 2004"), cuyo objeto era el "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS CIVILES PARA LA SEMAFORIZACIÓN DE NUEVAS INTERSECCIONES
VIALES DE BOGOTÁ D. C.". Para su ejecución se pactó un plazo se seis (6) meses a
partir de la suscripción del acta de inicio, y el precio del contrato inicialmente pactado
era de $3.260'000.000, el cual se encontraba amparado por el registro presupuestal42
núm.1403 del 17 de diciembre de 2004.

3.3.1.1. En cláusula quinta del contrato convinieron la forma y condiciones de pago al
contratista:

"CLÁUSULA QUINTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.- El FONDAtT de la
Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D. C., pagará al contratista el valor del
contrato de la siguiente forma: 1. Un anticipo del veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación, en la Tesorería
de la Secretaría de Tránsito y Transporte, de la solicitud de desembolso
correspondiente previa aprobación de la respectiva póliza de buen manejo del anticipo.
2. El setenta y cinco por ciento (75%) del valor correspondientes [sic] a los trabajos
ejecutados mensualmente, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de
la factura de cobro en la Tesorería de la Entidad, previa suscripción por parte del
interventor del contrato, del acta de recibo parcial de las obras ejecutadas y recibidas
a entera satisfacción por parte de la Entidad, con base en los cortes mensuales
suscritos por ambas partes. 3. El cinco (59/6) por ciento restante de cada corte mensual
se retendrá como garantía y se cancelará al finalizar el contrato, dentro de los treinta
(30) días siguientes a la radicación de la factura de cobro en la Tesorería de la Entidad,
previa suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte del interventor. La
Entidad no reconocerá pagos por desconocimiento, error u omisión del contratista, su
representante legal o su agente, en relación con los precios vigentes. PARÁGRAFO
PRIMERO -ANTICIPO-. Para tramitar el anticipo, el contratista deberá presentar el
documento de cobro, acompañado de fotocopia del contrato y aprobación de la
respectiva garantía. El valor del anticipo será consignado en una cuenta corriente de
una entidad bancaria a nombre o razón social del Contratista y Se empleará
exclusivamente en los gastos de las obras que estén descritas en el programa de
inversión del anticipo presentado por el Contratista al Interventor del contrato y

19 Sentencia del 28 de junio de 2013. Exp. 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022)
40
Sentencia del 30 de septiembre de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2007-01081-00(REV)
41
F. 90-95, c. 6.
42
E 101, o. 6.

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aprobación por parte de éste. El Contratista deberá rendir cuentas sobre el manejo de
inversión del anticipo mensualmente o cuando lo solicite el Interventor. Si el Contratista
diere al dinero del anticipo usos distintos, el FONDATT hará efectiva la garantía
correspondiente. PA RÁGRAFO SEGUNDO AMORTIZA ClON. La totalidad del anticipo
se amortizará en cada acta de recibo parcial en la misma proporción o porcentaje de
obra ejecutada en cada periodo, a lo largo de todo el plazo contractual establecido."

3.3.1.2. En la Cláusula décima séptima, sobre la liquidación del contrato, las partes
pactaron lo siguiente:

"CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN.- El presente contrato se deberá
liquidar de común acuerdo entre las partes, qentro de los cuatro (4) meses siguientes
al vencimiento del plazo de ejecución. PARÁGRAFO: Si la liquidación prevista en el
presente artículo no se llegare a realizar, el FONDA TT podrá liquidarlo de forma directa
y unilateral, mediante acto administrativo, debidamente motivado, susceptible de
recurso de reposición".

3.3.2. Las incidencias relevantes ocurridas durante la ejecución del contrato

3.3.2.1. El 11de marzo de 2005, el Contratista, el interventor, y el supervisor designado
por el FONDATT, Luis Carlos Daza Velásquez partes, suscribieron el acta de inicio43
del contrato, previendo que el plazo contractual inicialmente pactado culminaría el 31
de agosto del mismo año.

3.3.2.2. El 26 de agosto de 2005, las partes decidieron suspender el contrato44,
previendo que se reanudaría el 14 de septiembre de esa anualidad.

3.3.2.3. Mediante la adición al contrato núm. 145 del 15 de septie'mbre de 2005, las
partes adicionaron al precio un monto de $1.630'000.000, y prorrogaron el plazo de
ejecución contractual en 3 meses más.

3.3.2.4. El acta de corte núm. 4; firmada por las partes el 14 de septiembre de 2005,
cobrada con la factura 020 del 9 de noviembre de 2005 y orden de pago del día 28 de
noviembre del mismo año46, reconoció un valor a pagar de $678862328.

3.3.2.5. Mediante prórroga núm.2 del 15 de diciembre de 2005, las partes prorrogaron
el plazo en 20 días calendario, contados a partir del vencimiento de la prórroga
anterior47.

3.3.2.6. El 8 de enero de 2006, las partes suscribieron el acta de terminación de
trabajos de obra46 en la que consta "que los trabajos se ejecutaron dentro de los plazos
previstos conforme a las fechas del contrato según la adición y prórrogas aprobadas

43 F. 102105, C. 6.
44 F. 158-160, c. 6.
45 F. 164-165, c. 6.
46
F. 179-199, c. 6.
47 F. 231, c. 6.
48
F. 242-244, c. 6

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por la entidad". Además, reflejó que 'las intersecciones fueron terminadas en
diferentes fechas acorde los listados incluidos en las actas de entrega 1 y 2 por parte
del contratista y recepción de obra por parte de la interventoría", y aseveró que el "total
de intersecciones construidas y recibidas fue de 69 intersecciones".

3.3.2.6.1. En relación con la contraprestación satisfecha hasta ese momento, en dicha
acta se consignó lo siguiente:

"PAGOS EFECTUADOS

A la fecha de la presente acta se deja constancia que fueron radicadas las siguientes
actas de corte parcial según los valores indicados:

ORDEN DE RELA ClON DE FECHA DE VALOR OBSERVACIONES
PAGO N° GIRO N° RADICACIÓN
Anticipo . 001 4-marzo-2005 $652.000.000 -
Acta de corte N° 1 005 1-julio-2005 $380.284.692 -
Acta de corte N° 2 008 23-a qosto-2005 $679.362.852 -
Acta de corte N°3 009 31-agosto-2005 $639.045.523 -
Acta de corte N°4 020 25-noviembre-2005 $675.862.328 -
Acta de corte N°5 021 25-noviembre-2005 $73.444.605 -
Anticipo adición 022 15-diciembre-2005 $326.000.000 a la fec1,3 de la
presente acta se
encuentra
pendiente el pago.
Acta de corte N°6 025 15-diciembre-2005 $340.134.470 a la fecha de la
presente acta se
encuentra
pendiente el pago.

Se encuentran pendientes para revisión de la interventoría y posterior radicación las
siguientes actas de corte parcial según los valores indicados:

ORDEN DE RELA ClON DE VALOR
PAGO No GIRO No
Acta de corte N° 7 029 $329.693.537
acta de corte N°8 030 $552.671.993"

3.3.2.6.2. El acta refino que "la devolución del cinco (596) por ciento de la retención por
garantía esta se tramitará una vez aprobada el acta de liquidación conforme a lo
establecido en los pliegos de condiciones y la minuta del contrato".

3.3.2.6.3. Finalmente, este documento indicó que el contratista hizo "entrega real y
efectiva de las obras" ejecutadas a la interventoría, y esta al Fondo.

3.3.2.7. Según el acta de corte49 núm. 7 del 24 de enero de 2006, con factura 029 del
1 de febrero de ese año50, fue autorizado el pago de $329693.537 por las cantidades
de obra ejecutadas entre el 19 de octubre y el 18 de noviembre de 2005.

41 F. 245-248, c. 6.
so E. 255, c. 6.

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3.3.2.8. Mediante Resolución51 260 de¡ 16 de agosto de 2006, 'Jp]or la cual se
reconoce y ordena el pago de un [sic] Pasivo Exigible y se sanea un error de afectación
presupuestal", el Fondo decidió:

"ARTICULO PRIMERO: Reconocer y Ordenar el pago a Consorcio O. C. 2004, por la
suma de $436.450.627, correspondiente al pago de la factura 029 del Ql de febrero de
2.006 ye/abono de la factura 022 del 5 de diciembre de 2.005, según certificados de
inte,ventoría expedidos el 5 de diciembre de 2.005 y el 1 de febrero de 2.006.

ARTÍCULO SEGUNDO: Realizare/reintegro de los recursos presupuestales afectados
al compromiso amparado con el Registro Presupuestal 1403 de 2.004. [ ... ]".

Los compromisos de esta resolución estuvieron respaldados por el registro
presupuestal52 núm. 1564 del 17 de agosto de 2006.

3.3.2.9. El 27 de octubre de 2006, el representante legal del Consorcio so1icit653 al
Fondo:

3.3.2.9.1. La devolución de la retención de garantía, ante la necesidad de adelantar la
liquidación del contrato para efectuar dicho reembolso, ya que, para ese entonces, la
liquidación de mutuo acuerdo no se había practicado dentro del término previsto, y la
Administración tampoco la efectuado unilateralmente.

3.3:2.9.2. Que le fueran reconocidos "los intereses de mora en los desembolsos",
teniendo en cuenta que el Consorcio había radicado una solicitud de pago de las
cuentas pendientes el 2 de febrero de 2006 y, para entonces, no había sido
respondida. Así mismo, presentó un "informe de las moras" en que había incurrido la
entidad:

Cuenta Valor Neto a Fecha en que Fecha en la que Demora
pagar se debió se pagó
efectuar el efectivamente
pago
Cuenta No. 4 $675'862.328,00 24 Dic 2005 02 Ene 2006 9 Días
Anticipo Adición $326'O00.000,00 01 Oct 2005 28 Ago 2006 331 Días
Cuenta No. 7 $329'693.537,00 05 Mar 2006 28 Ago 2006 176 Días
Cuenta No. 8 $552'671. 993,00 05 Mar 2006 12 Abr 2006 38 Días
Retención por $244300.000,00 07 Feb 2006 No se ha 262 Días y en
garantía efectuado aumento

3.3.2.10. La Subsecretaria Financiera (encargada) de la Secretaría de Tránsito y
Transporte, Martha Yolanda Ciro Flórez, respondió a la anterior solicitud mediante
oficio54 del 30 de octubre de 2006, en el que dijo que notificó "por escrito al Supervisor
y al Interventor del contrato para que definan al respecto", para adelantarla liquidación
contractual, y así efectuar la devolución de la retención por garantía. En relación con
los intereses de mora, manifestó que:
51 E. 249:251, c. 6.
52 E. 261, C. 6.
53 E. 33-34, c. 10.
54 E. 262-263, c. 6.

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"Es conveniente aclarar sobre los hechos presentados al interior de la Institución que
imposibilitaron el curso normal de los giros y que obedecen a aspectos impredecibles
y posteriores al contrato inicial como lo fueron:

• El contrato en mención se firmó el 16 de diciembre de 2004 y se dio inicio el 1 de
marzo de 2005, con un plazo de ejecución de (6) seis meses.
• El día (15) quince de septiembre de 2005 se firmó el acta No. 1 adición en tiempo
de (3) tres meses.
• Es importante recordar que debido a su tiempo de ejecución como también a las
prórrogas, algunos recursos presupuestales fenecieron ylos compromisos, tuvieron
que atenderse con traslados a pasivos exigibles para lo cual se requiere de
conceptos de viabilidad emitidos por Planeación Distrital, aprobación por harte de
la Secretaria de Hacienda y Resolución interna de reconocimiento del pag.
• Mediante Resolución No. 260 de agosto 16 de 2006, se reconoce y ordena el pago
de/pasivo exigible del Consorcio O. C. 2004 Contrato No. 134 de 2004 con Orden
de Pago No. 1673 y 1674 del 18 de Agosto de 2006. Que amparaban sus facturas
No. 022 y 029 canceladas el 28 de Agosto de 2006.

[...] El análisis a los demás pagos realizados en el transcurso del contrato,, reflejan
diferencias a su favor y otras a su cargo no significativas, como lo son vencimientos en
días no hábiles (diciembre 24 de 2005) y entrega de cheques en días posterió res a su
disposición (enero 2 de 2006). Nuestro ánimo siempre ha sido gestionar dQntro del
menor tiempo posible para evitar como ustedes lo manifiestan, contratiempos: con sus
flujos de caja.

La situación presentada obedece a hechos externos, no previstos, que e 4 futuras
actuaciones por parte nuestra, estaremos pendientes de darles una solución
perentoria, en donde no se afecten las buenas relaciones con nuestros contratistas".

3.3.3. La liquidación del contrato

El dieciocho (18) de octubre de dos mil siete (2007), las partes suscribieron la
liquidación del Contrato55 134 de 2007.

Según quedó plasmado en este acuerdo: (i) el acta núm. 4 fue radicada e 1 25 de
noviembre de 2005, y fue pagada el 2 de enero de 2006; (ji) la fecha de radicaión del
acta núm. 7 fue el 6 de febrero de 2006, y la de pago el 28 de agosto de 2006; y (iU) la
radicación del acta núm. 8 se efectuó el 6 de febrero de 2006, y la fecha de pago fue
el 12 de abril de 2006.

En dicho documento, los contratantes dejaron estas constancias:

"9. SALVEDADES DEL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO OC 2004, deja expresa constancia de la [sic] siguientes
salvedades: A la fecha, y luego de varios intentos por parte de este Consorcio, inclusive
prejudiciales, no ha sido posible que la entidad restablezca el equilibrio financiero y
económico del contrato que se liquida, dentro de ello, el contratante no ha reconocido
los sobrecostos irrogados al constructor, gastos, extraordinarios con entidades
financieras y con terceros, costos no previstos, actualización de sumas, intereses

51 E. 303-309, C. 6.

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legales causados, pérdida de oportunidades y el lucro cesante de las mismas,
perjuicios yio demás daños causados a las empresas consorciadas y a las personas
que las conforman, como consecuencia de las deficiencias en el pago oportuno de los
recursos pactados, desequilibrio en el flujo de inversión, no devolución oportuna de
retención por garantía y otros que se expusieron oportunamente al contratante y de los
cuales ha hecho caso omiso. Estos factores han generado la ruptura de la ecuación
económica del contrato. Por lo anterior, el contratista insiste en su solicitud de
restablecimiento del equilibrio económico y financiero del contrato, radicado el día 2 de
febrero de 2006 y en otras muchas oportunidades así como el reconocimiento de lo
antes mencionado, y declara que no ha transigido en estos aspectos aun después de
surtida una conciliación extrajudicial surtida ante la Procuraduría Cuarta Delegada ante
lo Contencioso Administrativo, que desemboca en la presente liquidación.

10. CONSTANCIA DEL FONDATT EN LIQUIDACIÓN

Por parte del FONDATT EN LIQUIDACIÓN se deja constancia que la presente
liquidación fue autorizada por el Comité de Conciliación del Fondatt en Liquidación,
mediante acta No. 1 del 10 de septiembre de 2007 y se suscribe en cumplimiento de la
conciliación extrajudicial [ ... ]".

3.3.5. Los llamados en garantía con fines de repetición

Según los medios documentales arrimados al expediente, además del señor Luis
Carlos Daza Velásquez, quien fungió como supervisor del Contrato 134 de 2004, estos
fueron los llamados en garantía con fines de repetición:

3.3.5.1. Justo Germán Bermúdez Gross56, quien ocupó el cargo de Secretario de
Despacho de Secretaría y Transporte desde el 18 de octubre de 200557 hasta el 1° de
enero de 2007, fecha en que presentó su renuncia58. En el expediente obran múltiples
documentos referidos a la historia laboral de esta persona, las comisiones de servicios
que le fueron concedidas, y las investigaciones disciplinarias y fiscales que le fueron
terminadas o archivadas59, ninguna de estas relacionadas con los hechos de este
proceso.

Así mismo, fue aportado un fragmento60 de la Resolución 886 'Jp]or la cual se ajusta
el Manuel Específico de Funciones y competencias de los diferentes empleos de la
planta de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, Distrito Capital", que en su
artículo 1 describió las funciones del Secretario de Despacho entre las que estaba la
de "dirigir el funcionamiento de la Entidad y vigilar la aplicación de las normas que
regulan la gestión pública con criterios de eficiencia, eficacia y austeridad".

56 Certificado de historia laboral del 27 de diciembre de 2006: f. 89, c. 7.
57 Acta de posesión: f. 204, c. 7
° F. 85, c. 7.
59 Personeria Distrital de Bogotá. Oficio Rad. SDM-41893 del 19 de junio de 2007 (f. 187, c. 7); Procuraduría Primera
Distrital de Bogotá. Auto del 6 de octubre de 2008. Rad. 142-139676/06. (f. 267-283, c. 7); Contraloría de Bogotá
D.C.: Auto núm. 128 del 25 de noviembre de 2009. (f. 779-794, c. 7), Auto del 3 de febrero de 2010 (f. 843-849, c.
7); Auto núm. 114 del 29 de octubre de 2009 (f. 349-367, c. 7); Auto 010 del 29 de enero de 2010 (f. 368-385, c.7);
Auto del 7 de abril de 2010 (f. 386-390, c. 7.).
60 F. 168-170, c. 7.

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Demandante: Jaime Parra P. y Cía L:da. y otro

3.3.52. Martha Elena Galvez Rey, quien se desempeñó como Subsecretaria
Financiera de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá desde el 16 de
noviembre de 2005 hasta el 14 de septiembre de 2006, según un certificado laboral
del FONDATT en Liquidación61. De acuerdo con lo considerado en el fragmento
aportado62 de la Resolución 783 del 15 de septiembre de 2005, que detalló las
funciones esenciales del cargo mencionado le correspondía, entre otras, estaba la de
"gestionar la ejecución de los recursos financieros que se requieren para la realización
de los programas del sector y vigilar por la oportuna asignación de los mismos".

3.3.5.3. Martha Yolanda Ciro Flórez, quien se desempeñó como Subsecretaría
Financiera de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá, en encargo, desde el
15 de septiembre de 2006 hasta la fecha en que el cargo fue suprimido, el 2 de enero
de 200763.

3.4. Análisis de la Sala

3.4.1. El régimen jurídico del Contrato 134 de 2004 es el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, esto es, la Ley 80 de 1993, con sus
modificaciones y reglamentaciones vigentes para el momento de la celebración del
contrato64, toda vez que la entidad contratante era un establecimiento público distrita165
cuyos contratos están disciplinados por dicha normatividad66.

3.4.2. Pasando, ahora, al análisis del primer problema jurídico (aptado. 3.2.3.1),
resulta oportuno recordar que la jurisprudencia de la Sección67 ha diferenciado las
modalidades de liquidación del contrato bilateral y unilateral, en cuanto: (i) la primera
se alcanza de mutuo acuerdo, mediante un consenso entre las voluntades de las
partes del contrato, mientras la segunda consiste en una decisión adoptada por la
entidad contratante, sin contar con la participación o anuencia del contratista particular.
Por ello, (Ii) la liquidación bilateral es un negocio jurídico, mientras que la unilateral es
un acto administrativo derivado del ejercicio de una potestad administrativa. Además,
(iii) la liquidación unilateral es subsidiaria de la bilateral, en la medida que, inicialmente
tiene lugar la oportunidad de arribar a un consenso entre las partes y, en caso de que
este no prospere, da paso a la liquidación unilateral.

61
F. 82, c. 9.
62
F. 36-37, c. 9.
63
E. 232 y 244, c. 8.
64
conforme lo indica el inciso inicial del articulo 38 de la Ley 153 de 1887: "En todo contrato se entenderán
incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.
65
Al respecto aptado. 3.1.2.
66
Ley 80 de 1993: "ARTÍCULO 2o. DE LA DEFINICIÓN DE ENTIDADES, SERVIDORES Y SERVICIOS
PUBLICOS. Para los solos efectos de esta ley. /7 lo. Se denominan entidades estatales: 7/ a) La Nación, las
regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas,
las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios los establecimientos públicos las
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga
participación superior al cincuenta por ciento (509/6), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás
personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que
ellas adopten, en todos los órdenes y niveles." (Se subraya).
67
Ver: CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de
diciembre de 2006. Red. 76001-23-31-000-1994-00507-01(15239)

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Contrario a lo sostenido por la apelante, la liquidación contractual producida en este
caso fue alcanzada de mutuo acuerdo. Su naturaleza bilateral es indubitable, porque
ambas partes contratantes la suscribieron, y cada una plasmó sus salvedades y
consideraciones al respecto (aptado.3.3.4.). Además, adelantar esta labor liquidataria
fue un compromiso al que llegaron las partes en el acuerdo conciliatorio
(aptado.3.3.3.2.), lo que explica que en este caso haya habido conciliación antes que
liquidación.

De esta manera, no le asiste razón a la apelante, en cuanto sostuvo que debía
declararse la ineptitud de la demanda, por existir un acto administrativo de liquidación
cuya demanda omitió el extremo actor. Las partes liquidaron el Contrato 134 de 2004
bilateralmente, por lo que la exigencia esgrimida por la recurrente no tiene lugar alguno
en el caso concreto y se impone, así, una respuesta negativa al primer problema
jurídico.

3.4.3. Otro de los puntos de reproche contra la sentencia de primera instancia, el cual
dio lugar al segundo problema jurídico (aptado. 3.2.3.2), se centra en la forma como
en el fallo fueron contados los días de mora en el pago de las sumas debidas al
Consorcio. Para la entidad, el Tribunal no debió contabilizar los días calendario sino
los días hábiles y, para sustentar su aserto, indicó que en este caso es aplicable el
artículo 70 del CC y el artículo 62 de la Ley 4 de 1913, en lugar de los preceptos
contenidos en las leyes mercantiles, concretamente el articulo 829 del Código
Comercio (CCo).

Pues bien, tanto el artículo 70 del CC68, como el artículo 62 de la Ley 4 de 191369, se
refieren a los plazos contenidos en las leyes, decretos y otros actos administrativos, o
providencias judiciales. Conforme a la primera norma, tales plazos comprenden los
días calendario, salvo disposición en contrario; mientras la segunda, contenida en una
ley destinada principalmente a regular la actividad administrativa de los poderes
públicos70, prevé que en los plazos definidos en días se excluyen los días feriados y
vacantes. Ninguna de las normas aducidas por el apelante se refiere así a los negocios
jurídicos, por lo que, según su tenor literal, estas no se aplican al contrato cuyo
incumplimiento es discutido en el sub lite.

68 CÓDIGO CIVIL. "Articulo 70. En los plazos que se señalaren en las leyes o en los decretos del Poder Ejecutivo,
o de los tribunales o juzgados, se comprenderán los días feriados; a menos que el plazo señalado sea de días
útiles, expresándose así, pues en tal caso, y cuando el código Judicial no disponga lo contrario, no se contarán los
días feriados".
69 LEY 4 DE 1913. "En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los
feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario;
pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábif'.
° LEY 4 DE 1913. "Articulo 10. La legislación relativa al ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes
legislativo y ejecutivo; a la organización general de los departamentos, provincias y municipios; a la atribuciones de
los empleados o corporaciones de estas tres últimas entidades; a las atribuciones administrativas del ministerio
público, y a las reglas generales de administración, constituye el régimen político y municipal. [ ... ] Articulo 40. En la
presente ley se organiza solo la parle de la administración pública relativa a los ramos político y municipal. Los
demás ramos administrativos se rigen por sus leyes respectivas".

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Conforme al artículo 13 de la Ley 80 de 1993, los contratos que, como el presente,
sean celebrados por entidades públicas, "E...] se regirán por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en
esta ley'. Ahora bien, el Contrato 134 de 2004 fue suscrito por empresas de obras o
construcciones71 , reparaciones, montajes e instalaciones, las cuales se rigen por el
derecho mercantil y, en subsidio, por el derecho civil, según los artículos 1°, 20 y 20.15
M CC072. Por lo tanto, como el conteo del plazo de una obligación contenida en un
contrato estatal no se encuentra regulado específicamente en la Ley 80 de 1993,
resulta aplicable el artículo 829 del CCo, cuyo parágrafo 10 establece que "[l]os plazos
de días señalados en la ley se entenderán hábiles; los convencionales, comunes"73 .
En consecuencia, en el Contrato 134 de 2004, como acto generador de obligaciones74,
los plazos estipulados en días, como los referentes a la forma y condiciones de pago
(aptado. 3.3.1.1), se entienden en días comunes, no en días hábiles, por lo que su
cómputo es efectuado según el calendario75-76.

En consecuencia, la Sala no halla razón al argumento traído por la entidad apelante,
porque la regla contenida en los artículos del Código Civil y la Ley 4 de 1913 se refiere
a términos procedimentales y no al cumplimiento de obligaciones emanadas de un
contrato, por lo que, ante la falta de pacto expreso o de pruebas que demuestren
razonablemente que las partes debían aplicar una forma de conteo distinta, el negocio
jurídico en cuestión se rige por el parágrafo 10 de! artículo 829 del CCo. Se impone así
una respuesta negativa al segundo problema jurídico, por lo que el cargo atinente no
está llamado a prosperar. 71
Conforme al documento de conformación del Consorcio D.C. 2004, aportado en copia auténtica (f 2-4, c. 1), de
ese acuerdo consorcial formaban parte Jaima Parra P. y Cia. Ltda. e Inversiones Antri Ltda.; y, según el certificado
de existencia y representación de la primera (f. 5-8, c. 1), esta tenia por objeto "la construcción de obras civiles";
mientras en el certificado de existencia y representación de Inversiones Antri Ltda. (f. 9-11, c. 1) consta que su
objeto principal comprende la "construcción, interventoria, mantenimiento, diseños, estudios, reparación, asesorías,
gestión, intermediación, concesión, etc., de proyectos de ingeniería yio arquitectura E .1". 72 "Articulo 10
. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, y
los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas. II Artículo 2°. En las
cuestiones comerciales que no pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de
la legislación civil. [ ... ] Artículo 20. Son mercantiles para todos los efectos legales: [ ... ] 14) Las empresas editoriales,
litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios; [...]".
'
Subrayado añadido. N CÓDIGO CIVIL.
"Artículo 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra
a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas" (énfasis añadido). 75 "El articulo 70 dispone que en los plazos de las leyes, de los decretos del Poder Ejecutivo, de los Tribunales o
de los Juzgados, se comprenden los días feriados, a menos que se exprese que el plazo es de días útiles. II En
virtud del artículo 64 de la Ley 149 [de 18881, en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales,
se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario [ ... ] (art. 62, C.P.M. [se
refiere a la Ley 4 de 1913, el Código de Régimen Politico y Municipal]). II Nos parece que la última disposición es
la vigente cuando se trata de términos procesales en qeneraL Por supuesto que en cuanto a plazos para el
cumplimiento de las obliqaciones civiles o comerciales, los días feriados no se descuentan según las
disposiciones respectivas, sino en caso excepcional como cuando la obligación vence domingo (art. 200 del Código
de Comercio)' (Negrillas y subrayas de la Sala). VÉLEZ, Fernando. Estudio sobre el Derecho Civil Colombiano, 28
ed. Tomo 1. Imprenta París-América. Paris. 1926, p. 47. 76
"Son interpretaciones de la voluntad presunta de las partes. El parágrafo 10 establece una regla contraria a la
costumbre general, impropia de las actividades mercantiles, cual es la de que en los plazos señalados en la ley
deben descontarse los feriados. Esta reqla es propia del Códiqo Administrativo pues precisa el tiempo útil de que
qozan los particulares para hacer valer sus derechos, y el tiempo obliqatorio en que los empleados estatales deben
atender sus deberes para con el público. También cabe en el Códiqo de Procedimiento Civil para computar términos
judiciales. Pero como reqla de obliqaciones y contratos es forastera. La reqla debería ser: los plazos de días
se entienden comunes. ". (Se destaca).

NARVÁEZ García, José Ignacio. "Derecho Mercantil Colombiano -
Obligaciones y Contratos Mercantiles". 28 ed. Legis. Bogotá D.C., 2002, p. 146.

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3.4.4. El tercer problema jurídico (aptado. 3.2.3.3) surge en razón a la insistencia de
la entidad demandada, en la Condena a los llamados en garantía, por la existencia de
prueba sumaria, conforme a la cual el pago de intereses moratorios es atribuible al
desconocimiento de las funciones que desempeñaban.

3.4.5.1. Pues bien, el llamamiento en garantía con fines de repetición es un mecanismo
de economía procesal77 que surgió como desarrollo del deber constitucional78 de
repetir contra los agentes del Estado, cuya conducta dolosa o gravemente culposa
hubiera ocasionado su condena patrimonial. De acuerdo con los artículos 19 y 22 de
la Ley 678 de 2001, en procesos de controversias contractuales, como el presente,
puede solicitarse el llamamiento en garantía "[ ... ] del agente frente al que aparezca
prueba sumaria de su responsabilidad al haber actuado con dolo o culpa grave, para
que en el mismo proceso se decida la responsabilidad de la administración y la del
funcionario"79, con el fin último de que en el fallo se decida sobre la responsabilidad de
la entidad, así como 'J. ..] sobre la responsabilidad del agente llamado en garantía y la
repetición que le corresponda al Estado respecto de aquél". Para hacer efectivo el
deber constitucional de repetición y facilitar la labor de las entidades públicas80, en los
artículos 5 y 6 de la Ley 678 de 2001 fueron establecidas unas presunciones de dolo
y culpa grave, cuyo supuesto fáctico, como hecho indicador, debe ser acreditado por
la entidad81, mientras que el llamado estará en la posición de desvirtuarla.

3.4.5.2. Con lo anterior, resulta claro que la prueba sumaria —es decir, que no ha sido
controvertida— de la responsabilidad del funcionario llamado, es uno de los requisitos
para que proceda la solicitud de llamamiento en garantía con fines de repetición. Pero,
de ninguna forma, tal prueba será suficiente para declarar la responsabilidad y
condenar al llamado, dado que esto requiere la demostración del hecho indicador de
la culpa grave o dolo, mediante prueba controvertida por la persona llamada, así como
la demostración de cada uno de los presupuestos de su responsabilidad patrimonia182.

11 CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-482 de 2002, acápite 11.
78 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA "Articulo 90. [ ... ] En el evento de ser condenado el Estado a la
reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente
culposa de un agente suyo aquél deberá repetir contra éste' (Subraya la Sala).
Subrayado fuera del texto original.
80 Al analizar la constitucionalidad de los articulos 5 y de la Ley 678 de 2001, en la sentencia C-374 del 14 de

mayo de 2002, la Corte Constitucional consideró que: 'f..] con estas presunciones legales de dolo y culpa grave el
legislador busca hacer efectivo el ejercicio de la acción de repetición en la medida en que el Estado, al formular la
correspondiente demanda, deberá probar solamente el supuesto fáctico en el que se basa la presunción que alega
para que ésta opere, correspondiéndole al demandado la carga de desvirtuar el hecho deducido a fin de eximirse
de responsabilidad, con lo cual no sólo se garantiza su derecho de defensa sino que se logra un equilibrio en el
debate probatorio que debe surtirse en esta clase de actuaciones, sin que pueda pensarse que por esta
circunstancia se vulnera el debido proceso".
81 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 'Artículo 176. Las presunciones establecidas por la ley serán

procedentes, siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados".
82 La Corte Constitucional ha considerado al respecto que: '[ ... ] el mismo constituyente estableció el deber del

Estado de repetir contra el agente que generó la declaración de responsabilidad estatal pero claramente le dio a la
responsabilidad personal de las autoridades públicas un fundamento diferente del que le imprimió a aquella. 4j,
sólo permitió la derivación de responsabilidad personal para el aqente en los casos en que la declaración de
responsabilidad estatal haya sido consecuencia de su conducta dolosa o qravemente culposa. De ello se infiere
con claridad que no existe identidad entre el fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado y el
fundamento de la responsabilidad personal de sus agentes pues en tanto que ella procede por la producción de un
daño anturídico, esta procede únicamente en aquellos eventos en que el daño antijuridico y la condena

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3.4.5.3. En el caso concreto, la recurrente sostuvo que, con las pruebas allegadas al
expediente (aptado.3.3.5.), quedó demostrado el grado de culpa! grave,
configurándose alguna de las presunciones detalladas en la siguiente norma::

"Artículo 6. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño
es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una
inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1.Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.

2. Carencia o abuso de competencia para proferir de decisión anulada, determinada
por error inexcusable.

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos
administrativos determinada por error -inexcusable.

4. Violar [...] el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación en
los términos procesales con detención física o corporal".

3.4.5.3. En este caso, la entidad demostró la vinculación de los señores Bermúdez
Gross y Gálvez Rey con el FONDATT en la época de ejecución del contrato, y detalló
las funciones de los cargos ocupados (aptado. 3.3.5.1 y 3.3.5.2). Así mismo, la
demandada acreditó que la señora Martha Yolanda Ciro Flórez (aptado. 3.3.5.3) era
Subsecretaria Financiera en encargo de la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Bogotá, y que contestó la reclamación inicialmente formulada por el contratista
(aptado. 3.3.2.10.); y que el señor Daza Velásquez era el supervisor del Contrato 134
de 2004 (aptado.3.3.2.1). Sin embargo, no hay elemento de convicción alguno que dé
cuenta de que una conducta de dichos funcionarios hubiera derivado en los motivos
de la condena contra la administración, esto es, en el pago tardío de las obligaciones
del Fondo con el Consorcio, y menos aún que hubieran actuado con culpa grave.

Por lo tanto, al igual que el a que, esta Colegiatura no encuentra que la entidad haya
satisfecho la mínima carga probatoria en el asunto, consistente en demostrar el grado
de reproche subjetivo exigido por la norma, o alguno de los supuestos que dan lugar a
presumir la culpa grave de los llamados.

3.4.6. En suma, como todos los cargos contra la sentencia de primera instancia
contenidos en el recurso de apelación fracasaron, la Sala confirmará la providencia
impugnada.

4. La condena en costas

sobreviniente son consecuencia del obrar doloso o gravemente culposo del agente." (Sentencia C-285 del 23 de
abril de 2002— Subrayas ajenas al original del texto).

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De acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el
artículo 171 de¡ C.C.A., como no se evidenció temeridad ni mala fe de las partes
durante el trámite del proceso, la Subsección se abstendrá de condenar en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subseccióñ C administrañdo justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,.

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 dé junio • de 2014 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Súbsección C de Descongestión.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFIQUESE y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente de Sala

GUILLERMOflH LUQUE ICOLA ORR1
Magistrado . Magistrado
Aclaro voto

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