RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2009-00871-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00871-02

Fecha
5 de febrero de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00871-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: REVÓCASE la sentencia del 17 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, y en su lugar se dispone: PRIMERO: DECLÁRASE improcedente la objeción por error grave formulada por la parte demandada. SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas procesales. Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad 75 Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690) Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006 Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual y autenticidad del presente documento en el en el siguiente link: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidadoraspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2009-00871-02

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

5 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00871-02 (46.690)

ACTOR: CONSORCIO TABIO 2006 (R.M.R. CONSTRUCCIONES S.A. Y
CONSTRUCTORA AMCO LTDA)

DEMANDADO: FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL

REFERENCIA: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por las partes en
contra de la sentencia del 17 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, mediante la cual se decidió:

PRIMERO: No dar trámite a la objeción grave presentada contra el dictamen
pericial, rendido por el auxiliar de la justicia Juan Fernando Góngora Arciniegas,
de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por el Fondo
Rotatorio de la Policía, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Declarar la nulidad de las resoluciones n.º 853 de 19 de noviembre
de 2008, mediante la cual se declaró el incumplimiento y se hizo efectiva la
póliza de calidad del contrato de diseño arquitectónico n.º 191 de 2006; n.º 105
de 18 de febrero de 2019 por la cual confirmó la resolución anterior, y n.º 273
de 30 de abril, a través de la cual se confirmó esta última, según los motivos
expuestos en esta providencia.

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.3.5. del Decreto
734 del 13 de abril del presente año, comuníquese la presente decisión a la
Cámara de Comercio de Bogotá, adjuntándose con ello, copia auténtica de la
presente providencia.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SEXTO: CÚMPLASE lo normado en los artículos 176 y 177 del C.C.A., para
efectos de la ejecución de la presente sentencia.

SÉPTIMO: SIN condena en costas procesales.

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

A. SÍNTESIS DEL CASO

Después de vencido el plazo de ejecución del contrato de consultoría n.º 191 del
15 de diciembre de 2006, en el que la parte actora debía elaborar el diseño
arquitectónico y demás diseños y estudios técnicos para la construcción,
adecuación y dotación de la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander,
en Tabio, Cundinamarca, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, mediante
Resolución n.º 853 del 19 de noviembre de 2008, declaró el incumplimiento del
contrato e hizo efectivo el amparo de calidad de la garantía única de cumplimiento.
Esta decisión fue confirmada mediante la resolución n.º 105 del 18 de febrero de
2009, la cual a su vez fue objeto de reposición por la decisión adicional de ordenar
la inscripción en la Cámara de Comercio. La resolución n.º 273 del 30 de abril
siguiente resolvió desfavorablemente el último recurso.

La parte actora pretende la nulidad de las referidas resoluciones y el pago de los
perjuicios causados.

B. ANTECEDENTES

I. Demanda

1. Mediante la demanda presentada el 21 de octubre de 2009 (fl. 30 rev., c. 1),
en ejercicio de la acción contractual, en contra del Fondo Rotatorio de la Policía
Nacional, los integrantes del Consorcio Tabio 2006, sociedades R.M.R.
Construcciones S.A. y Constructora Amco Ltda., formularon las siguientes
pretensiones (fls. 2, c. 1):

PRIMERA.- Que se declare que es nula la resolución singularizada con el
número 853 del diecinueve (19) de noviembre de 2008, expedida por el Director
General del FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL (…) y “por la
cual se declara el incumplimiento y se hace efectiva la póliza de calidad del
contrato de diseño arquitectónico n.º 191 de 2006.

SEGUNDA.- Que se declare que es nula la resolución singularizada con el
número 105 del dieciocho (18) de febrero de 2009, expedida igualmente por el
Director General del FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (…) y “por la cual
se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la resolución 853
del 19 de noviembre de 2008”.

TERCERA.- Que se declare que es nula la resolución singularizada con el
número 273 del treinta (30) de abril de 2009, expedida igualmente por el Director
General del FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA (…) y (por la cual se
resuelve el recurso de reposición interpuesto por el apoderado del Consorcio
Tabio 2006, contra la resolución n.º 105 del 18 de febrero de 2009”.
2

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

CUARTA.- Que como consecuencia de nulidad (sic) solicitada se declare que
el FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA es civilmente responsable de todos
los perjuicios morales y materiales causados a las sociedades R.M.R.
CONSTRUCCIONES S.A. y CONSTRUCTORA AMCO LTDA., integrantes del
CONSORCIO TABIO 2006 con la expedición de los autos (sic) acusados.

QUINTA.- Que como consecuencia de la declaración cuarta anterior se condene
al FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA a pagar a las sociedades actoras
R.M.R. CONSTRUCCIONES S.A y CONSTRUCTORA AMCO LTDA.,
integrantes del CONSORCIO TABIO 2006, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la ejecutoria de la sentencia que así lo disponga el valor de los
perjuicios mencionados en la declaración cuarta anterior debidamente
actualizados a la fecha en que se efectúe el pago.

SEXTA.- Que se condene al FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA al pago de
las costas del proceso.

2. En los hechos, la parte actora señaló que el 15 de diciembre de 2006
suscribió el contrato n.º 191, con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional para la
elaboración del diseño arquitectónico y demás diseños y estudios técnicos
necesarios para la construcción, adecuación y dotación de la Escuela de Cadetes
de Policía General Santander, en el municipio de Tabio, Cundinamarca, por valor
de $6.078’005.600.

2.1. Para garantizar el cumplimiento del contrato n.º 191 de 2007 se constituyó
la Garantía Única de Cumplimiento n.º 11GU005357, expedida el 18 de diciembre
de 2006 por la Compañía Aseguradora de Fianzas, Confianza.

2.2. El 21 de diciembre de 2006 las partes firmaron el acta de inicio.

2.3. Después de varias modificaciones, entre las cuales se produjeron múltiples
prórrogas, el 30 de noviembre de 2007, el Fondo Rotatorio recibió a satisfacción los
servicios, hasta el punto de que el 13 de diciembre de 2007 certificó el cumplimiento
a cabalidad de lo contratado y con base en los diseños y estudios entregados
adelantó el proceso de contratación para la ejecución de los mismos, el cual fue
declarado desierto porque ningún proponente cumplió los requerimientos.

2.4. El 19 de noviembre de 2008, mediante resolución n.º 853, el Fondo declaró
el incumplimiento del contrato por parte del consorcio actor, con fundamento en que
no se entregaron los estudios y los planos contratados, las soluciones a las
observaciones a esos mismos documentos, la falta de entrega de trámites ante las
entidades, entre otros requerimientos sobre los documentos entregados y los
compromisos que no fueron atendidos por el contratista.
3

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

2.5. Mediante resolución n.º 105 del 18 de febrero de 2009 se resolvió el recurso
de reposición interpuesto por la parte actora en contra la resolución n.º 853 de 2008,
en el sentido de confirmar esta última. Además, como en el numeral tercero de la
primera se agregó una decisión nueva, relativa a su inscripción ante la Cámara de
Comercio, la parte actora interpuso recurso de reposición frente a este punto, que
fue confirmado por medio de la resolución n.º 273 del 30 de abril de 2009.

2.6. La solicitud de conciliación extrajudicial fracasó por falta de una fórmula de
arreglo.

3. Como concepto de la violación (fls. 9 a 22, c. ppal, 1ª instancia) señaló:

3.1. La falta de competencia. Estimó que el contrato en estudio era de consultoría
y, por lo tanto, “no proceden los poderes exorbitantes pues no existe disposición
legal alguna que autorice a las entidades públicas para ejercer esas potestades
excepcionales en relación con los mismos”.

3.1.1. Precisó que, a su juicio, la declaratoria del siniestro es una prerrogativa
excepcional que rompe la igualdad de las partes.

3.1.2. Agregó que, en el caso de admitirse tal poder, se tenía oportunidad para
ejercerlo hasta antes del término para liquidar unilateralmente el contrato, plazo que
estaba vencido para cuando se declaró el siniestro y, además, carece del carácter
sancionatorio, razón por la cual no se debió publicar en los términos del artículo 31
de la Ley 80 de 1993. En todo caso, requería que fuera impuesta por la autoridad
judicial competente, en los términos del numeral 1 del artículo 58 ejusdem (sic).

3.2. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. Sostuvo que ni el
representante legal del consorcio ni sus integrantes fueron vinculados antes de la
expedición de los actos administrativos demandados. Agregó que en la resolución
n.º 105 de 2009 se ordenó publicar los actos sancionatorios, lo que constituyó un
hecho nuevo del que no pudieron defenderse.

3.3. Indebida notificación de los actos administrativos demandados. Señaló que
la notificación se hizo al Consorcio Tabio 2006 y no a sus integrantes, quienes sí
tenían la capacidad jurídica para el efecto, pero no el primero, pues carecía de esta
al no ser persona jurídica. Además, la citación para la notificación personal se envió
4

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

el 28 de noviembre de 2008 y el mismo día se fijó el edicto, con lo cual se
desconocieron los cinco días que se conceden para la notificación personal, según
el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.

3.4. Violación de los artículos 1045, 1054, 1072 y 897 del Código de Comercio.
Lo anterior puesto que en la póliza se incluyó el amparo de calidad del servicio,
cuando debió incluirse la de calidad de los elementos suministrados, en atención a
la naturaleza del contrato, que al ser de consultoría hace que los servicios sean
inexistentes.

3.5. Violación de los artículos 1075, 1077 y 1088 del Código de Comercio. En el
evento de que fuera procedente la cobertura del siniestro declarada, se violaron los
citados artículos, toda vez que no se dio aviso a la aseguradora de la supuesta
ocurrencia del siniestro ni se acreditó su existencia y cuantía.

3.6. Violación de los artículos 1602, 1603 y 1622 del Código Civil. Estimó que al
declararse el incumplimiento y hacerse efectiva la garantía, se desconocieron las
entregas parciales efectuadas con el visto bueno y aceptación de la interventoría y
la supervisora del contrato y la entrega y recibo final de los trabajos por parte de la
demandada, por lo que el contratista recibió el pago de la totalidad de la
contraprestación acordada a su favor, lo que permitía concluir que los trabajos sí
cumplían los requisitos de calidad exigidos en el contrato. Con similar argumento
sostuvo que no se encontraba incumplido el contrato, por cuanto la entidad
demandada los recibió sin ninguna objeción.

3.7. Expedición irregular del acto recurrido y desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa. Alegó que el FORPO no se ajustó al procedimiento contenido
en el C.C.A. y desconoció los referidos derechos, pues ni las sociedades que lo
conformaron, ni el Consorcio Tabio 2006 fueron citados o vinculados al trámite
previo a la expedición de la Resolución demandada, privándolos de la oportunidad
de expresar sus puntos de vista antes de tomar la decisión, a fin de garantizar el
debido proceso. Además, el FORPO omitió notificar los actos a dichas sociedades
como debió hacerlo, ya que el consorcio carece de personería jurídica, e incurrió
en irregularidades en el procedimiento de notificación.

5

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

3.8. Desviación de poder. Sostuvo que los actos administrativos demandados
fueron expedidos para “justificar la irregularidad y el detrimento que se origina en el
hecho de no ejecutar la obra para la cual fueron contratados los diseños”.

3.9. La falsa o errónea motivación por la ausencia de causalidad y la inexistencia
del siniestro y de su cuantía.

3.9.1. Frente a la falta de causalidad, sostuvo que en los actos demandados se le
reprochó el incumplimiento de la obligación principal, que era la de entregar los
diseños. En esa medida, estimó que “ahí es donde radica la incongruencia entre
los motivos invocados y la decisión tomada en el acto acusado”, por cuanto “no se
hizo efectivo el amparo de incumplimiento de la garantía única sino el de calidad
del servicio”.

3.9.2. Sostuvo la inexistencia del riesgo “calidad del servicio” y del siniestro
declarado, porque el contrato fue de consultoría y no de prestación de servicios,
por lo que no era jurídicamente posible que en su ejecución se prestara un servicio
de mala calidad, que fue el riesgo asegurado bajo el amparo que se hizo efectivo a
través del acto demandado. Y si el riesgo asegurado no existía, era imposible que
el siniestro originado en su ocurrencia se presentara.

3.9.3. Manifestó que la única referencia a la cuantía de los perjuicios que se hizo
en el acto administrativo fue que los $3.039’002.800 correspondieron al tiempo que
los funcionarios encargados de la revisión de los servicios entregados emplearon
para la misma. La parte actora estimó improcedente esta justificación, pues la
supervisora y los demás funcionarios tenían dentro de sus funciones esta revisión y
para eso se había previsto un pago correlativo.

3.9.4. Igualmente, frente a lo aducido por la demandada sobre el retraso de la
ejecución de la obra por la imposibilidad de adjudicarla, la parte actora afirmó que
las obras se dejaron de ejecutar por razones imputables a la demandada. En
consecuencia, sostuvo que no existe justificación para la cuantía consignada en los
actos administrativos demandados.

3.9.5. Finalmente, estimó que los productos entregados cumplían con la calidad
exigida, prueba de ello es que se hicieron cuatro entregas parciales en las que

6

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

nunca se presentó una objeción sobre los mismos, como no la hubo en el acta de
recibo final del 30 de noviembre de 2007, después de lo cual la entidad siguió
requiriendo al contratista, a pesar de que los documentos entregados fueron
utilizados para abrir el proceso de selección del contratista para la construcción de
las obras, el cual fracasó porque los proponentes no cumplieron los requisitos
exigidos en el pliego de condiciones, lo que demostraba que el contratista sí cumplió
con la calidad de lo entregado.

II. Trámite de primera instancia

4. Admitida la demanda1, el Tribunal a quo ordenó notificar personalmente al
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y vinculó como litisconsorte necesario por
activa a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., en adelante Confianza (fls. 33
a 36, c. 1). Mediante auto del 10 de marzo de 2010 se negó la solicitud de
suspensión provisional de los actos administrativos demandados (fls. 93 a 100, c. 1).

5. El Fondo Rotatorio de la Policía Nacional contestó la demanda (fls. 113 a 149,
c. 1), aceptó unos hechos y negó otros; sostuvo que, si bien las actividades de la
consultoría fueron recibidas y el contrato liquidado, esto fue un error de la
administración, por el cual se adelantó una investigación disciplinaria ante la
Procuraduría General de la Nación, en la que estuvo involucrada la responsabilidad
del entonces director general del Fondo. Igualmente, precisó que el acta final de
consultoría y el acta de terminación del contrato fueron suscritas por el consorcio
actor y el interventor, sin ninguna actuación de los funcionarios del demandado.

5.1. Aceptó que se obtuvo la licencia de construcción para la primera etapa del
proyecto, pero que de ello no se seguía que el contratista hubiera cumplido con sus
obligaciones. Precisó que el Fondo no certificó el cumplimiento del contratista, sino
simplemente la ejecución de unas actividades dentro del marco del contrato de
consultoría en estudio.

5.2. Señaló que el contratista entregó los trabajos contratados por partes, que no
fue una sola entrega, y que, ante los requerimientos por parte del Fondo, se limitó
a decir que los productos estaban bien elaborados y que no los iba a arreglar.

1 Se admitió el 2 de noviembre de 2009, pero debido a que no se resolvió sobre la suspensión

provisional solicitada, el Tribunal a-quo declaró la nulidad de lo actuado (fls. 85 y 86, c. 1); la admisión
se produjo el 10 de marzo de 2010 (fls. 89 a 92, c. 1).
7

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

Precisó que la interventoría no hizo las revisiones ni los requerimientos necesarios
frente a los servicios prestados.

5.3. Aceptó la expedición de la Resolución 853 del 19 de noviembre de 2008, por
la cual se declaró el incumplimiento del contratista respecto de la calidad del
servicio en los términos en los que se comprometió en el Contrato 191 de 2006,
declaró ocurrido el siniestro respecto del amparo de calidad y ordenó hacer efectiva
la garantía única de seguros por el monto allí señalado, procediendo a reseñar, en
forma extensa, la motivación del acto administrativo, en especial los requerimientos
que fueron hechos al contratista.

5.4. Precisó que la aseguradora fue invitada a las reuniones donde se pusieron
de presente las observaciones al contratista, que fueron tan contundentes, que
procedió a desembolsar la suma declarada en los actos administrativos
demandados.

5.5. Afirmó que el acta de recibo final no constituía señal de aceptación de su
contenido y que no se podía entender que el contratista había cumplido todas sus
obligaciones sólo porque lo hizo con la entrega de los diseños, pues tal
cumplimiento comprendía que aquellos llenaran las expectativas, en las
condiciones y con las especificaciones derivadas del pliego de condiciones y su
oferta.

5.6. A su juicio, la declaratoria del siniestro no hace parte de las cláusulas
excepcionales, por lo que mal pueden extenderse a ella sus presupuestos y, por lo
tanto, la entidad sí tenía competencia para tomar dicha decisión. Igualmente, afirmó
que exigió lo pactado y verificó que en efecto los documentos contractuales
correspondieran a lo finalmente entregado, y que era obligación del contratista
atender los requerimientos post-contractuales de la entidad, que se extendía en el
tiempo posterior a su vigencia por existir defectos que sólo se manifiestan en esa
etapa y que afectan los fines de la contratación estatal. Sostuvo que la inscripción
en la Cámara de Comercio de los actos administrativos demandados corresponde
a un deber impuesto por el artículo 22 de la Ley 80 de 1993, reproducido en el
numeral 2 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 y que no haber comunicado al
contratista el envío de esos actos administrativos no le vulneraba derecho alguno,
pues se trataba de actos en firme, respecto de los cuales el contratista ya había
tenido la oportunidad de controvertirlos cuando fueron expedidos y notificados.

8

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

5.7. Sobre la no concurrencia de las sociedades miembros del consorcio
demandante en el procedimiento previo a la expedición del acto administrativo
demandado, señaló que el consorcio conoció de las actuaciones previas a su
expedición, a través de los múltiples requerimientos que se le hicieron en torno a
las condiciones de presentación y calidad en que fueron entregados los planos y
estudios técnicos, en forma diferente a lo contractualmente pactado, dando cuenta
a continuación, de varias comunicaciones en las que se lo requirió, dándole la
oportunidad para expresar sus opiniones y, con base en las pruebas e informes
suscritos por funcionarios no solo del FORPO sino de la Policía Nacional de
Colombia, la entidad tomó la decisión que ahora se demanda. En consecuencia, no
se le violó al contratista el debido proceso ni sus derechos de audiencia y de
defensa. Además, la interposición oportuna de los recursos daba cuenta de que las
notificaciones se surtieron de manera efectiva, con el representante del consorcio,
que tenía poder de las sociedades miembros del mismo para ello.

5.8. Respecto de que se constituyó y por lo tanto se ordenó hacer efectiva,
erróneamente, una garantía de calidad del servicio y no una garantía de calidad de
los bienes entregados, la entidad manifestó que el amparo de calidad del servicio
cubre a las entidades estatales contra los perjuicios imputables al contratista
derivados de la mala calidad del servicio prestado por este, teniendo en cuenta las
condiciones del contrato; y que, en el presente caso, la póliza constituida por el
consorcio y aprobada por la entidad cubría los trabajos contratados con el consultor,
por los perjuicios que surgieron con posterioridad a la terminación del contrato,
derivados de la mala calidad o insuficiencia de los planos, diseños y presupuestos
entregados y de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las
condiciones pactadas en el Contrato 191 de 2006.

5.9. Sobre la falta de aviso a la aseguradora y la no acreditación del siniestro y
de la cuantía del perjuicio, sostuvo que tratándose de la garantía de un contrato
estatal, la entidad debía, con garantía del debido proceso, declarar la ocurrencia
del siniestro a través de un acto administrativo en el que declarara el incumplimiento
y cuantificara el monto de la pérdida, tal y como lo hizo el Fondo. Y sobre la
cuantificación del perjuicio, sostuvo que los reparos son de tal entidad que justifican,
por sí mismos, el monto del siniestro declarado, lo que se corrobora con la sola
constatación de que, frente a la infinidad y extensión de las objeciones al producto
entregado, la aseguradora procedió a cancelar la suma reclamada, que ascendió a
$3.039’002.800,oo, pago que no hizo por simple liberalidad.

9

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

5.10. Negó que el acto administrativo hubiera estado falsamente motivado, pues
había abundante prueba del incumplimiento que, en materia de calidad, se presentó
en relación con los diseños, estudios y planos entregados por el consultor.

5.11. Descartó una desviación de poder, por cuanto la declaratoria del siniestro
estuvo precedida de la falta de calidad de los servicios prestados, que fue a lo que
se comprometió el contratista, por lo que hizo bien la demandada al exigir la calidad
requerida.

6. La aseguradora Confianza adhirió a las pretensiones, hechos y pruebas de
la parte actora y pidió que se tuvieran en cuenta las aportadas por ella, remitió a los
argumentos expuestos en su solicitud de revocatoria directa en sede administrativa
y solicitó que, en caso de prosperar las pretensiones de la parte principal y que se
declare la nulidad de los actos demandados, se ordene a la entidad restituir a su
favor las sumas de dinero que hubiera pagado con ocasión de las resoluciones
impugnadas, debidamente indexadas más intereses, desde que se realizó el pago
(fls 155 a 159, c. 1).

7. Mediante autos del 16 de junio y 10 de noviembre de 2010 y del 19 de
octubre de 2011, el a quo decretó las pruebas solicitadas por las partes (fls. 226,
227, 249, 250 318 y 319, c. 1).

8. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, las partes reiteraron
los argumentos de sus intervenciones (fls. 367 y 368 a 415, c. 1).

III. La sentencia de primera instancia

9. El 17 de octubre de 2012, el Tribunal a quo dictó sentencia, en la que declaró
la nulidad de los actos administrativos demandados, ordenó comunicar la decisión
a la Cámara de Comercio de Bogotá para lo de su competencia y negó las demás
pretensiones de la demanda2 (fls. 68 a 97, c.1).

2 El magistrado Leonardo Augusto Torres Calderón aclaró su voto, por cuanto consideró que no

había litisconsorte necesario con relación a la aseguradora, en línea con la posición de esta
Corporación; sin embargo, precisó que compartía la decisión de negar las pretensiones frente a dicha
aseguradora, atendiendo a su calidad de litisconsorte facultativo, lo que la obligaba a formular
pretensiones en tal sentido y como no lo hizo, debía negarse la devolución de lo pagado a título de
siniestro. Sostuvo que, ante la prosperidad del cargo de falta de competencia, cuya ocurrencia era
evidente, resultaba innecesario abordar otros cargos, como lo hizo el proyecto. Además, consideró
que existieron incumplimientos del consorcio contratista y que estos asumieron compromisos en el
acta final y en los documentos post contractuales en tal sentido (fls. 98 a 101, c. ppal, 2ª instancia).
10

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

9.1. El a quo consideró que las resoluciones demandadas no involucraban el
ejercicio de una facultad excepcional, por cuanto no se declaró la caducidad del
contrato sino su incumplimiento, una vez vencido el término de ejecución, para
hacer efectiva la garantía constituida a favor de la administración. En esa medida,
sostuvo que la entidad, desde este punto de vista, sí tenía competencia para
expedir los actos demandados.

9.2. No obstante, sobre la competencia temporal para declarar el incumplimiento
después de vencido el plazo contractual, señaló que “la posibilidad que tiene la
administración de declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato y de hacer
efectivas las garantías constituidas en virtud del mismo, si bien pueden hacerse
después de vencido el plazo de ejecución del contrato, debe tener como límite el
término de liquidación que se haya acordado, pues de lo contrario, podría la
administración en cualquier momento afectar la relación contractual declarando el
incumplimiento (…)”.

9.3. En ese orden, consideró que la administración “(…) perdió competencia para
liquidar el contrato n.º 191 de 2006 y así mismo para declarar su incumplimiento
por parte del contratista, el 17 de febrero del año de 2009, pues en dicha fecha
quedó ejecutoriada la providencia por medio de la cual se admitió la demanda
contractual en el proceso 2008-563, dentro del cual se solicitó la liquidación judicial
del contrato”3.

9.4. De suerte que, como la ejecutoria de los actos administrativos demandados
se produjo el 8 de mayo de 2009, con la notificación personal de la resolución n.º
273 del 30 de abril de 20094, es claro que se produjeron por fuera de la oportunidad
correspondiente, lo que era indicativo de que el incumplimiento declarado, en el
tiempo quedó plasmado el 8 de mayo de 2009, (…) cuando evidentemente ya no
tenía competencia para ello”, lo que comportaba la prosperidad del cargo propuesto
por la parte actora y conducía a la declaratoria de nulidad de los actos
administrativos demandados.

3 El a-quo hizo alusión al referido proceso, que culminó con sentencia de primera instancia el 3 de

noviembre de 2010 en el mismo tribunal.
4 Que resolvió el recurso de reposición en contra de la resolución n.º 105 del 18 de febrero de 2009,

11

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

9.5. Además, señaló que en la sentencia de primera instancia dictada en el
proceso 2008-563 se liquidó judicialmente el contrato y se declaró a paz y salvo a
las partes.

9.6. Adujo que, aún si en gracia de discusión se admitiera que la entidad sí era
competente para proferir los actos acusados, estos se hallaban falsamente
motivados, puesto que tampoco estaba probado el incumplimiento del contratista ni
la cuantificación del perjuicio.

9.7. Al respecto, consideró que era procedente declarar el incumplimiento por las
deficiencias en la calidad de los diseños entregados, “(…) por lo que era válido
hacer efectivo el amparo que por tal aspecto se constituyó en favor del Fondo
Rotatorio de la Policía”.

9.8. Pero estimó que, en el presente caso, la entidad no cumplió con su
obligación de cuantificar en debida forma los perjuicios sufridos, ya que los mismos
no estaban acreditados y la administración se limitó a estimarlos “bajo su criterio y
aduciendo que se probaron sumariamente”, pero no los soportó técnica y
financieramente, desconociendo lo dispuesto por el artículo 1077 del C. de Co., por
lo que el a-quo consideró que, desde este punto de vista, el acto administrativo
estaba falsamente motivado.

9.9. Y, finalmente, al responder al interrogante de si era posible declarar el
incumplimiento de la calidad del servicio cuando existía recibo a satisfacción de los
diseños, precisó que aquí también resolvería los cargos sobre la expedición
irregular del acto recurrido, la falsa o errónea motivación y la desviación de poder.

9.10. En ese orden, sostuvo que el recibo de los productos de la consultoría en el
acta final constituía prueba suficiente del cumplimiento de lo contratado y que la
administración interpretó unilateralmente el contrato cuando señaló lo contrario en
los actos administrativos, al sostener que su recibo final no era señal de aprobación.
Además, tal acta fue suscrita por la persona designada en el contrato.

9.11. Afirmó que reforzaba la anterior conclusión la prueba pericial decretada de
oficio, en la cual se pudo determinar -contrario a lo afirmado en los actos
administrativos demandados- que el contratista cumplió con lo pactado, es decir, la
entrega de los diseños en la forma contratada, pues sí se entregaron los diseños

12

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

de urbanismo exigidos en el pliego, con su respectiva licencia de construcción, que
incluía el polígono de armas; se cumplió con el plan maestro de servicios públicos,
pues era indispensable para la licencia de urbanismo No. 189 de 2007, que fue
obtenida por el consorcio contratista; los diseños entregados sí cumplieron las
especificaciones técnicas concernientes al acceso peatonal, el plan de recarga de
acuíferos aprobado por la CAR y el bloque de acceso vehicular; el contratista
también entregó el estudio de suelos, planos topográficos, planos de acceso
peatonal y vehicular y planos de alojamiento de cadetes conforme a las
especificaciones del pliego de condiciones; y que además, el contratista dio
respuesta a los requerimientos que le hizo la entidad, antes y después de la
terminación del contrato, con lo que se podía entender que de haber existido yerros
en los diseños entregados, ellos fueron debidamente corregidos, por lo que se
evidenciaba que el contratista sí cumplió las obligaciones contractuales a su cargo,
incluso la calidad de los diseños finalmente entregados.

9.12. Sostuvo que de acuerdo con el dictamen pericial, en el pliego de condiciones
se anunció que la construcción de la escuela de cadetes se haría por etapas, pero
esto no se exigió para la realización de los diseños, lo que evidenciaba que la mala
calidad pregonada por la entidad en los actos acusados, con fundamento en la
entrega integral de los mismos y no por etapas, se hizo en virtud de exigencias no
contempladas en el pliego; es decir que se exigió el cumplimiento de obligaciones
no acordadas en el contrato, lo que evidenciaba la falsa motivación de los actos
administrativos demandados. Y que el experto ratificó esta conclusión, cuando
señaló que existieron múltiples requerimientos de la demandada que desbordaron
lo dispuesto en el pliego y lo acordado en el contrato, aclarando que el contratista
efectuó cada uno de los trámites requeridos por la Secretaría de Planeación,
Infraestructura y Desarrollo Sostenible de Tabio, pero que cumplir con los
requerimientos hechos por la CAR era imposible, puesto que estos se produjeron
con posterioridad a la finalización del contrato.

9.13. Señaló que el proceso para la escogencia del constructor de los diseños y
estudios aquí cuestionados, fue anterior a la entrega total de los diseños, razón
suficiente para descartar que su fracaso se debió a los defectos en tales
documentos, los cuales, reiteró, cumplían todas las exigencias contractuales.
Concluyó que la mala planeación fue la causante de la frustración del contrato de
obra, por lo que la misma no servía de base para declarar el incumplimiento del
consultor, tal como lo deja entrever la declaratoria de desierta para la contratación

13

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

de dicha obra, por falta de cumplimiento de los requisitos del pliego por parte de los
proponentes, todo lo cual demuestra que, en este punto, también estuvo falsamente
motivado el acto administrativo demandado.

9.14. Negó el restablecimiento del derecho, toda vez que la contratista no pagó
las sumas ordenadas en las resoluciones demandadas y la aseguradora se vinculó
al proceso como litisconsorte necesario y no como demandante directa, lo que era
indispensable para que procediera el reconocimiento de perjuicios a su favor.

9.15. Finalmente, se abstuvo de tramitar la objeción por error grave, toda vez que
la parte demandada no aportó el pago de los honorarios del perito.

IV. Recurso de apelación

10. El 18 de diciembre de 2012, la parte demandada apeló la sentencia, así (fls.
103 a 112, c. 1):

10.1. Estimó que el a quo se equivocó al anular los actos demandados por falta
de competencia temporal de la entidad para proferirlos, pues confundió la
liquidación del contrato con la declaratoria del siniestro. Sostuvo que si bien la
competencia para la primera se perdió con la admisión de la demanda del proceso
2008-00563, no ocurrió lo mismo para la expedición de los actos administrativos
demandados, si se tiene en cuenta que la garantía de la calidad de los servicios
tenía una vigencia de cinco años a partir de la fecha de entrega de los diseños
objeto del contrato, es decir hasta el 15 de diciembre de 2011. De admitirse la
postura de la sentencia apelada, dicha garantía se reduciría, por vía judicial, a los
dos años para presentar la demanda para la liquidación, lo que resulta incorrecto.

10.2. Lo anterior, por cuanto una cosa es la temporalidad para liquidar el contrato
y otra distinta, el tiempo para hacer efectivas las garantías que lo amparan, de
acuerdo con lo estipulado en el contrato y en las pólizas expedidas por las
compañías de seguros.

10.3. Expuso que lo decidido por la entidad tuvo su fundamento en el deber legal
que le asistía, de adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro
de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar y de efectuar las
revisiones periódicas de las obras, los servicios prestados o bienes suministrados,

14

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

para verificar el cumplimiento de las condiciones de calidad ofrecidas por los
contratistas, debiendo promover las acciones de responsabilidad contra estos y sus
garantes cuando no se cumplan -num. 2 y 4, art. 4, Ley 80 de 1993-, como lo hizo
la entidad demandada, observando el debido proceso -art. 17, Ley 1150 de 2007-.

10.4. Sobre la afirmación del Tribunal en el sentido de que el contratista no
incumplió el contrato puesto que existía un acta de recibo, la apelante alegó que si
bien ello era cierto en cuanto a la entrega dentro del plazo contractual, también lo
era que los actos administrativos demandados estaban debidamente motivados, por
cuanto el siniestro declarado por la entidad fue el relativo a la calidad de los trabajos
entregados, como obligación post contractual, y en límites de las coberturas
correspondientes de la póliza para dicho siniestro, que establecía una vigencia de 5
años, contados a partir de la entrega de los trabajos. Para el efecto, después de
surtido el debido proceso, la entidad demandada procedió, dentro de los cinco años
de la garantía de calidad, a declarar el incumplimiento contractual, en la medida en
que, con posterioridad a la entrega de los diseños, se detectaron errores atribuibles
a la calidad de los trabajos entregados por el contratista.

10.5. Se refirió al dictamen pericial decretado de oficio en primera instancia,
respecto del cual el Tribunal dispuso que los honorarios del perito debían ser
sufragados por la parte actora. Una vez producido el dictamen, el Fondo lo objetó
por error grave, pero el a-quo manifestó en la sentencia que la entidad “(…) no
presentó al despacho dentro del traslado de la objeción propuesta contra el
dictamen, los depósitos judiciales contentivos de los honorarios del perito, requisito
exigido por el artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, por lo que insatisfecho
en el proceso de la referencia tal exigencia legal, no se ha de dar trámite a la
objeción en comento”, con lo cual obró de manera diferente a como lo hizo en el
proceso 2009-00871, en el que, presentada idéntica circunstancia, el tribunal no
hizo alusión alguna en la sentencia y resolvió sin exigir el cumplimiento del artículo
239.

10.6. Al respecto, la apelante sostuvo que en el auto del 8 de agosto de 2012 el
Tribunal fijó los honorarios para el perito Juan Fernando Góngora en la suma de
$15’000.000 y estableció que esta suma debía ser pagada por la parte actora. Así
mismo, dispuso en la misma providencia, que se corriera traslado del dictamen
pericial a las partes, para los efectos del numeral 1º del artículo 238 del C.P.C.

15

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

10.7. La entidad demandada formuló objeción por error grave en contra del
dictamen y, en efecto, dentro del traslado de la objeción no presentó al despacho
los depósitos judiciales contentivos de los honorarios del perito, requisito exigido en
el artículo 239 del C.P.C. Sin embargo, la apelante sostiene que en el mencionado
auto se ordenó correr traslado para los efectos del artículo 238 del C.P.C. y no los
del artículo 239 del mismo.

10.8. Afirmó que l proceso “(…) no solo debe existir la prueba correspondiente que
acredite el pago de los honorarios, sino que además, para poder aplicar el artículo
239 de C.P.C. al cual el Despacho del H. Magistrado (…) se refiere, se debió haber
efectuado el pago, por parte de la parte actora, conforme se realizó con el pago de
los gastos del perito, es decir mediante la consignación a órdenes del Tribunal lo
correspondiente a los títulos de los depósitos judiciales, pues si se iba a aplicar el
artículo 239 del C.P.C., de prosperar una objeción, viniera de cualquier parte de la
Litis, no se le podrían cancelar y esto no se sabría sino hasta el momento del fallo,
no antes”.

10.9. Concluyó que, entonces, la parte actora incumplió su carga y, por lo tanto,
debió desestimarse la prueba pericial; o el despacho debió, mediante auto, ordenar
que el perito rindiera el dictamen si así lo estimaba indispensable, pero no debió
dar por sentado que el pago de los honorarios se había realizado y por ello tenerlo
en cuenta en su sentencia. En este orden de ideas, reiteró su solicitud de dar trámite
a las objeciones que, por error grave, fueron formuladas por la parte demandada
en contra del dictamen pericial.

11. La parte actora apeló para que se condenara a la parte vencida en costas,
porque, en su criterio, era notorio que se incurrió en el pago de honorarios de
abogados y del perito, condena que estima procedente en los términos del artículo
188 del CPACA (fls. 115 a 117, c. ppal, 2ª instancia).

V. Trámite en segunda instancia

12. El recurso fue concedido por el a quo y admitido en esta Corporación; luego
se corrió traslado para alegar de conclusión, oportunidad en que las partes
reiteraron los argumentos de sus intervenciones (fls. 121 y rev., 130 y 133 a 164, c.
ppl.).
13.

16

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

C. CONSIDERACIONES

VI. Jurisdicción y competencia

14. Atendiendo a la naturaleza pública de entidad estatal del Fondo Rotatorio de
la Policía Nacional, establecimiento público del orden nacional, la presente
controversia es de conocimiento de esta jurisdicción, en los términos del artículo 75
de la Ley 80 de 1993 y del artículo 1 de la Ley 1107 de 2006.

15. Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en
segunda instancia, en atención a su cuantía5, en los términos del artículo 129 del
Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de
1998.

VII. La legitimación en la causa

16. La parte actora está legitimada para pedir la nulidad de resoluciones
demandadas, puesto que es la contratista de la relación contractual en la que se
produjeron, al tiempo que la entidad demandada, además de ser la contratante,
también fue la que expidió dichas resoluciones.

VIII. La acción procedente y su ejercicio oportuno

17. La acción es la procedente, toda vez que la nulidad de los actos post
contractuales, como la declaratoria del siniestro por la calidad de los servicios, se
puede intentar a través de la acción contractual, en los términos del artículo 77 de
la Ley 80 de 19936. Igualmente, con solo tomar la fecha de la resolución n.º 853 del
19 de noviembre de 2008 (fls. 637 a 691, c. 2), sin consideración al recurso interpuesto
en su contra, y la de la presentación de la demanda, el 21 de octubre de 2010 (fl. 30
rev., c. ppal, 1ª instancia), es claro que esta fue oportuna.

5 La cuantía del presente asunto se estimó superior a la suma de $3.039.002.800, que corresponde

al valor del siniestro declarado (fl. 29 rev., c. ppal, 1ª instancia).
6 Vale señalar que si bien en sede de tutela se suspendieron los efectos de los actos administrativos

demandados (sentencia de segunda instancia del 11 de junio de 2010, exp. 2010-00598 del Juzgado
35 Civil del Circuito de Bogotá, fls. 3 a 21, c. 10), lo cierto es que, revisada la página de la Corte
Constitucional, dicha sentencia fue revocada a través de la sentencia T-1046 de 2010 y negado el
amparo solicitado. En: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-1046-10.htm.
17

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

IX. Plan de solución del caso

La Sala procederá a decidir la presente controversia con fundamento en lo
dispuesto en el artículo 357 del C.P.C., norma aplicable al sub-lite por cuanto se
trata de un proceso regido por el C.C.A., toda vez que la demanda fue presentada
en el 2009, es decir en vigencia de dicho código. En consecuencia, resolverá sin
limitación alguna, toda vez que ambas partes apelaron7.

X- De la competencia temporal para expedir los actos administrativos
cuestionados

18. En relación con este aspecto, la Sala considera que le asiste razón a la
apelante, en cuanto afirmó que el a-quo confundió el término para liquidar los
contratos con el límite temporal para declarar el siniestro, cuando en realidad se
trata de dos cuestiones que, si bien surgen de la relación contractual, tienen una
finalidad y regulación independiente y propia.

19. La liquidación del contrato, regulada en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993,
corresponde a la actuación que se debe adelantar una vez finalizado el negocio
jurídico por cualquier causa, respecto de los contratos de tracto sucesivo, aquellos
cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo
requieran, se debe realizar de común acuerdo entre las partes o, en su defecto, de
forma unilateral por la entidad, y corresponde al corte de cuentas definitivo en el
que se establece el estado final de ejecución de las prestaciones a cargo de los co-
contratantes con miras a que se declaren a paz y salvo, siendo este el momento
adecuado para que acuerden los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar y que deberán constar en la respectiva acta, actuación para la cual la ley
establece límites temporales8.

7 “Art. 357.- Competencia del superior. (…) cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló

hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”.
8 Artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, vigentes para la época de celebración del contrato. De

acuerdo con el primero, la liquidación de común acuerdo debía llevarse a cabo dentro del término
fijado en el pliego de condiciones o, en su defecto, dentro de los 4 meses siguientes a la finalización
del contrato. A su vez, el artículo 61 dispuso que si no se lograba dicha liquidación bilateral por
ausencia del contratista o falta de acuerdo entre las partes sobre su contenido, la entidad debía
efectuarla unilateralmente a través de acto administrativo; dado que la norma no estableció un límite
temporal para esta actuación, la jurisprudencia se encargó de establecer un plazo plausible para ello
de 2 meses (Sección Tercera, sentencias del 16 de noviembre, expedientes 3625 y 3461 y sentencia
del 11 de diciembre de 1989, expediente 5334), el cual fue posteriormente asumido por el legislador
-literal d) del numeral 10 del artículo 44, Ley 446 de 1998; actualmente, artículo 11 de la Ley 1150
de 2007-.
18

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

20. No obstante, hay obligaciones que persisten más allá de ese límite temporal,
como ocurre con las garantías de estabilidad de la obra, la calidad de los bienes y
servicios9, etc. Al respecto, expresamente el artículo 60 de la Ley 80 establece que,
para la liquidación, “(…) se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del
caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o
servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios,
prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del
contrato”. (La Sala resalta).

21. Es decir que, independiente de la obligación de liquidar los contratos una vez
finalizados, existe la de garantizar su cumplimiento a través de una garantía única,
en los términos legalmente dispuestos, la cual deberá contener diversos amparos,
dependiendo de la necesidad surgida del respectivo negocio jurídico garantizado.

22. Al respecto, se observa que, para el 15 de diciembre de 2006, cuando se
suscribió el contrato de consultoría n.º 191, el numeral 19 del artículo 25 de la Ley
80 de 199310 imponía que los contratistas debían prestar garantía única que avalara
el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendría
vigente durante su vida y liquidación y debía ajustarse a los límites, existencia y
extensión del riesgo amparado. Dicha garantía, según lo dispuso el referido artículo,
consistiría en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas
para funcionar en Colombia o en garantías bancarias.

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, exp.

53.318, M.P. José Roberto Sáchica Méndez. En esta oportunidad, al explicar el alcance de las
obligaciones accesorias de garantía y seguridad, la Sala señaló: “26. El tratadista Fernando
Hinestrosa, refiriéndose a las obligaciones de garantía enseña que a través de éstas “el deudor no
asume simplemente un resultado determinado, sino que garantiza su obtención, por disposición
legal o negocial, de manera que responde por la ausencia de dicho resultado [...]”. En cuanto a las
obligaciones de seguridad, señala que en éstas el interés del acreedor no está representado en una
utilidad determinada en función de una obligación especifica de resultado, garantía del resultado, o
de medio —dar, hacer o no hacer—, sino que se expresa en “la tranquilidad delante de ciertos
riesgos, por el hecho de estar cubiertas en todo o parte sus consecuencias nocivas”. Como ejemplo
de estas últimas propone, entre otros, la obligación que, por ley, está a cargo del vendedor en
relación con el saneamiento de la cosa por evicción (artículos 1895 del Código Civil y 940 del Código
de Comercio) o por vicios redhibitorios (artículos 1914 del Código Civil y 934 del C. de Co.). // 27.
Ese ejemplo ilustra con gran claridad el hecho de que no en todos los casos con la ejecución del
objeto contractual pactado desaparecen las obligaciones del deudor, pues después de ello pueden
surgir otras, como se dijo, bien sea por imperativo legal, como por acuerdo entre las partes (…)”.

10 Derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 que, en su artículo 7º, reguló lo concerniente

a las garantías de los contratos estatales.
19

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

23. El Decreto 679 de 1994 precisó que la garantía única de cumplimiento tiene
por objeto “respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que
surjan a cargo de los contratistas frente a las entidades estatales, por razón de la
celebración, ejecución y liquidación de contratos estatales” y por lo tanto, con
sujeción a los términos del respectivo negocio jurídico, debía cubrir cualquier hecho
constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, en los
términos de la respectiva garantía (artículo 16).

24. Entre los riesgos que debía amparar esa garantía única, los cuales debían
corresponder a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, estaba el
de calidad del bien o servicio, entre otros. El valor del amparo debía determinarse
en cada caso y atendiendo al valor final del bien o servicio y su vigencia debía “(…)
cubrir cuando menos por el lapso en que, de acuerdo con el contrato y la legislación
civil o comercial, el contratista debe responder por la garantía mínima presunta por
vicios ocultos (…)” (inciso segundo del literal d), artículo 17).

25. La garantía mínima presunta en el Código Civil corresponde a seis meses
para bienes muebles y de un año para inmuebles, salvo que las partes lo hubieran
ampliado o restringido expresamente en el contrato (artículo 1923); mientras que, en
el Código de Comercio, si no se ha pactado otro diferente, el plazo es de dos años,
contados a partir de la fecha del contrato (artículo 932). Como se observa, el pacto
de las partes prima sobre este particular.

26. En el sub-lite, las partes acordaron (fls. 24 y rev., c. 2):

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GARANTÍA ÚNICA: El CONTRATISTA se
obliga a constituir a favor de LA ENTIDAD CONTRATANTE, dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, una garantía única
que ampare el cumplimiento de las obligaciones que adquiere, derivadas del
presente contrato, durante su celebración, ejecución y liquidación, de
conformidad con el artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993; la cual avalará
entre otros los siguientes riesgos y con una vigencia contada a partir de su
perfeccionamiento: (…) d) De calidad del servicio, por una suma equivalente al
CINCUENTA (50%) por ciento del valor del contrato y una vigencia de cinco (5)
años contados a partir de la fecha de entrega de los diseños AL FONDO
ROTATORIO DE LA POLICÍA, a entera satisfacción del SUPERVISOR
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

27. En este punto vale recordar que el valor del contrato fue de $6.078’005.600
(cláusula cuarta, fl. 18, c. 2).

20

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

28. En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 15ª, el contratista constituyó
la póliza GU005357 del 20 de diciembre de 2006 expedida por la Compañía
Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza, que contenía un amparo de calidad del
servicio por valor de $3.039’002.800, cuya vigencia se estableció desde el 15 de
diciembre de 2006 hasta el 15 de diciembre de 2011 (fls. 65 y 66, c. 2), la cual,
posteriormente, se amplió hasta el 30 de noviembre de 2012 (fl. 34, c. 2). Debiéndose
entender por tal vigencia, como el periodo durante el cual opera la cobertura de la
respectiva póliza de seguro, respecto de los siniestros que ocurran dentro de dicho
lapso, atendiendo a la naturaleza de contrato de ejecución sucesiva que reviste
esta clase de negocio jurídico (artículo 1036, C. de Co.).

29. Se trata pues, de “(…) la vigencia técnica, real o efectiva del seguro, el
período durante el cual se halla comprometida la responsabilidad potencial del
asegurador en función del riesgo asumido (…) es, desde luego, fundamental en la
vida y ejecución del contrato. Y de ahí las sabias previsiones de la ley. Basta pensar
en que no pueden entenderse cubiertos el siniestro ocurrido antes que se inicie la
vigencia del seguro, ni el que sobrevenga después que haya expirado. Y recordar
que ‘el iniciado antes y continuado después de vencido el término del seguro’ obliga
la responsabilidad del asegurador, mas no el que ‘se inicia antes y continúa
después que los riesgos hayan principiado a correr’ por su cuenta (art. 1073)”11.

30. De conformidad con lo expuesto, la efectividad de esta garantía, que aquí se
declaró a través de unos actos administrativos, imponía que el límite temporal para
su expedición se ubicara más allá de la liquidación del contrato, puesto que, como
se dijo, es una obligación cuya extensión supera dicho hito, en atención a su
finalidad12.

11 Ossa G, J. Efrén, “Teoría General del Seguro-El Contrato”, Editorial Temis, 1984, p. 230.
12 Como lo ha manifestado la jurisprudencia: “Si bien es cierto en el acto de liquidación final del

contrato, ya sea por mutuo acuerdo de las partes o por decisión unilateral de la administración,
regularmente se extinguen las relaciones jurídicas entre las partes, también lo es que subsisten
algunas obligaciones a cargo del contratista, el cual pese a haber entregado la obra, los trabajos, o
los bienes objeto del contrato, responderá no obstante haberse liquidado, de los vicios o defectos
que puedan aparecer en el período de garantía o de los vicios ocultos en el término que fije la ley
(art. 2060 C.C.). // De acuerdo con la legislación contractual, debe éste salir al saneamiento de la
obra, de los bienes suministrados y de los servicios prestados; amparar a la administración de las
posibles acciones derivadas del incumplimiento de obligaciones laborales o de los daños causados
a terceros, obligaciones posibles de garantizar con el otorgamiento de pólizas de seguros, cuya
vigencia se extiende por el tiempo que determine la administración de acuerdo con la reglamentación
legal. De tal manera, que si se presentan vicios inherentes a la construcción de la obra, a la
fabricación e instalación de los equipos y a la calidad de los materiales, surge una responsabilidad
postcontractual que estará cubierta con las garantías correspondientes.” Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de mayo de 2001, expediente
12724, C.P. Ricardo Hoyos Duque; reiterada en sentencia del 24 de julio de 2013, expediente 27505,
C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
21

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

31. En los términos expuestos, los actos administrativos demandados fueron
expedidos durante la vigencia del amparo declarado13 y dentro de los dos años
siguientes a la ocurrencia del siniestro14. Frente a esto último, debe precisarse que
la parte actora sostuvo que lo reprochado por el Fondo fueron cuestiones que debió
advertir al momento de suscribir las actas final y de terminación, ambas del 30 de
noviembre de 2007 (fls. 40 a 44, c. 2); sin embargo, para efectos de determinar la
competencia temporal para expedir las resoluciones demandadas, aun tomando la
fecha referida por la accionante, es claro que se actuó dentro de los dos años que
se tienen para el efecto, puesto que la fecha de la última resolución cuestionada es
del 30 de abril de 2009 (resolución n.º 273).

32. Con todo, vale precisar que el Fondo hizo su primer requerimiento al
contratista el 4 de marzo de 2008, mediante oficio n.ºSO803-000468 (fls. 339 a 349,
c. 2), requerimiento que sirvió de base de la declaratoria de siniestro aquí
cuestionada así (fls. 640 a 642, c. 2, parte considerativa de la resolución n.º 853 del 19 de
noviembre de 2008):

Que el mismo 30 de noviembre de 2006 (sic), se suscribió acta final de consultoría, por
el ingeniero ROBERTO ALFREDO MUÑOZ ROA representante legal del CONSORCIO
TABIO 2006 y la señora MARTHA LUCIA AYCARDI PACHECO, en representación de
CONSORCIO INTERESCUELAS en su condición de interventor, por parte de la entidad,
MAYOR ARQUITECTO JAIRO VILLAMIZAR SALCEDO, coordinador del Grupo de
Construcciones y la ARQUITECTA SANDRA SALAMANCA SALAMANCA, como
supervisora del contrato. El contratista procede a la ampliación del amparo de calidad
de los trabajos según consta en certificado n.º GU009818 del 30 de noviembre de 2007
con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2012.

13 Esta Corporación ha señalado este momento como suficiente para determinar la competencia en

esta materia, así: “Finalmente, es necesario señalar que la declaración del siniestro, desde el punto
de vista temporal, fue oportuna, aspecto con el cual también se mostró inconforme el apelante. De
hecho, está probado en el proceso que la póliza de seguros tenía una cobertura desde el 2 de octubre
de 1991 hasta 2 de octubre de 1995 –fl. 34, cdno. 2-, al paso que los actos administrativos que
declararon el siniestro correspondieron a la resolución No. 1186 de diciembre de 1994 y a la
resolución No. 176 de marzo 21 de 1995 –que resolvió el recurso de reposición contra la anterior-,
es decir, que se dictaron, incluso, dentro del término de cobertura de la póliza, luego mal puede
pensarse que fueron extemporáneas”. En: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de
junio de 2010, exp. 16.494, M.P. Enrique Gil Botero. En el presente asunto ocurre algo similar, como
quiera que el amparo de calidad se extendió hasta el 2012 y los actos administrativos son de 2008
y 2009.
14 Entre otras, ver: Consejo de Estado, Sección cuarta, sentencia del 31 de octubre de 1994, exp.

5759; Sección Primera, sentencias del 6 de octubre de 2005, exp. 7840 y del 21 de septiembre de
2000, exp. 5796; la Sección Tercera, en la sentencia del 22 de abril de 2009, exp. 14.667, M.P.
Myriam Guerrero de Escobar, entre otras, ha reiterado: “De lo anteriormente expuesto se colige que
la administración tiene como término máximo para declarar el siniestro, el de dos años después de
haber tenido conocimiento de la ocurrencia de los hechos constitutivos del mismo, de tal suerte que
expedido el acto administrativo que lo declara y ejecutoriado el mismo, mediante el agotamiento de
la vía gubernativa, empezará a correr el término de los dos años que la ley ha previsto para el
ejercicio de la acción contractual. Lo anterior no significa que el acto administrativo que declara el
siniestro deba encontrarse en firme dentro de los dos años siguientes al conocimiento del hecho por
parte de la administración, sino basta con que haya sido declarado por ella dentro de este término;
lo contrario significaría limitar la competencia de la administración para expedir el acto”.
22

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

Que desde esta fecha la supervisora del contrato, la arquitecta SANDRA SALAMANCA
SALAMANCA inicia la labor de revisar los trabajos entregados por el Consorcio TABIO
2006, para dar cumplimiento a lo previsto dentro del convenio interadministrativo
suscrito con la Dirección Administrativa de la Policía Nacional n.º 10149 de 2006,
cláusula quinta, de entregar los diseños y estudios y cumplir así con el objeto del mismo.

REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA

Que dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, según
el cual “… el debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las
actuaciones contractuales (…) Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del
afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido
proceso del contratista y procede solo mientras se halle pendiente la ejecución de las
obligaciones a cargo del contratista”, se remitieron al contratista requerimientos
exhortándolo al cumplimiento de las obligaciones contractuales según el siguiente
detalle:

1. Oficio n.º CONSTRU SO803-000468 de fecha 04 de marzo de 2008 el Coronel LUIS
HUMBERTO PACHÓN BUITRAGO, Director General de la entidad en la época,
requiere al contratista sobre las condiciones de presentación y calidad en que fueron
entregados los planos y estudios técnicos, es decir diferente a lo contractualmente
pactado, en los siguientes términos:

● De la prueba selectiva, se realizaron observaciones específicas a los planos por parte
de la supervisora (según el orden en que fueron entregados), de lo siguiente [se
relacionan los planos (acceso peatonal, bloque de talleres, bloque hotel, bloque
alojamiento guardia, alojamiento, sanidad, apartamentos fiscales, laboratorios,
cafetería, pista de conducción, polideportivo, piscinas, plazoleta de comidas rápidas,
redes urbanas hidráulicas, redes urbanas de aguas lluvias, redes urbanas sanitarias,
redes de riego y redes urbanas contra incendio), sin especificar las observaciones, que
sí están detalladas en el oficio SO803-00468, fls. 339 a 349, c. 2]: (…)

● Así mismo se registraron observaciones generales tales como:

+ Los planos solo cuentan con el Vo.Bo. de la representante del consorcio interventor,
cuando lo correcto es que firme el profesional especializado en el tema contratado por
la entidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 y 6 de la Ley 400 de 1997 y
el Decreto 33 de 1998 literal a.1.5.

+ Los planos no fueron entregados rebordeados, razón por la cual ya presentan
deterioro en los bordes.

+ Existen planos con información de varias edificaciones, lo cual no es funcional o
correcto, toda vez que se solicitó en varias oportunidades que se debería presentar la
información en forma independiente, por cuanto el proyecto se construirá por etapas,
como así lo indica el pliego de condiciones, en su anexo 4.

+ Del mismo modo existen planos mal rotulados o cuyo rótulo ha sido corregido a mano,
lo cual hace confuso determinar a qué actividad pertenece.

+ Debía (sic) entregarse los diseños por edificaciones o actividades, tal como lo prevé
el pliego de condiciones en su anexo 4 y el Decreto 33 de 1988, apéndice I.A.3.
Procedimiento de control.

33. Para los solos efectos del límite temporal en estudio, fuerza concluir que, al
tomar la fecha de este primer requerimiento, es claro que los actos administrativos
se profirieron en oportunidad, toda vez que entre el 4 de marzo de 2008 y las fechas
de expedición de los actos administrativos demandados, que datan de los años 2008
y 2009, no había vencido el bienio para hacerlo.

23

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

34. Por todo lo expuesto, la Sala concluye que no asistió razón al Tribunal al
declarar la nulidad de los actos demandados por falta de competencia temporal,
por lo cual procederá a pronunciarse respecto de los demás aspectos del litigio, en
los términos del ya mencionado artículo 357 del C.P.C.

XI- De la falsa motivación

35. La Sala pasa a analizar si, como se sostuvo en la sentencia impugnada, los
actos demandados se hallan falsamente motivados al afirmar que el contratista
incumplió sus obligaciones en cuanto a la calidad de los bienes entregados, ya que
según el análisis del a-quo, tal incumplimiento no se produjo como se afirmó en
ellos.

36. Para este fin, se tendrán en cuenta los argumentos de la apelación en cuanto
a la deficiencia de los trabajos entregados por el contratista que justificó la
efectividad de la garantía de calidad, así como los relativos a la objeción por error
grave contra el dictamen pericial que el a-quo desestimó, dado que esta prueba fue
el fundamento principal de las conclusiones contenidas en la sentencia de primera
instancia sobre este punto.

37. En aras de la mayor claridad, procederá la Sala a enunciar los hechos
probados en el plenario que resultan relevantes para dilucidar las circunstancias
que rodearon la expedición de los actos administrativos demandados, así:

XII- El contrato

38. Previo proceso licitatorio, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional celebró
con el consorcio Tabio 2006 el contrato de diseño arquitectónico No. 191 del 15 de
diciembre de 2006 (f. 11, c. 2 y f. 171, c. 3)15, por un valor inicial de $6.078’005.600
(cláusula cuarta) y con un plazo de ejecución de 7 meses, contados a partir de la
suscripción del acta de iniciación (cláusula sexta), cuyo objeto fue “(…) ejecutar con
sus propios medios, materiales, equipos y personal, en forma independiente y con

15 Como antecedente de la celebración de este contrato, se observa que fue fruto del contrato

interadministrativo PN- DIRAF No. 06-5-10149 del 4 de octubre de 2006 celebrado entre la Policía
Nacional y el Fondo Rotatorio de la Policía FORPO, cuyo objeto fue, precisamente, la “elaboración
del diseño arquitectónico, demás diseños y estudios técnicos necesarios para el proyecto
‘construcción, adecuación y dotación de la escuela de cadetes de policía General Santander en
Tabio-Cundinamarca”, según consta en el acta de liquidación unilateral del mismo (f. 336, fólder
anexo 1).
24

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación
final, los trabajos correspondientes a la “ELABORACIÓN DEL DISEÑO
ARQUITECTÓNICO, DEMÁS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS NECESARIOS
PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA
ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA GENERAL SANTANDER EN TABIO –
CUNDINAMARCA”, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista
en el proceso de selección y las especificaciones técnicas de los pliegos de
condiciones de la licitación pública n.º 047 de 2006”16 (cláusula primera).

39. En la cláusula del objeto del contrato se estipuló, además, que la naturaleza
del contrato era de resultado y “(…) obliga al CONSULTOR a la entrega de los
diseños como producto final, en las condiciones y con las especificaciones
contempladas” (parágrafo primero), se consignó el aseguramiento de la calidad de
los diseños, estableciendo que se entendía este “(…) como el conjunto de acciones
planificadas y sistemáticas necesarias para lograr el cumplimiento de los requisitos
de calidad establecidos en las normas de consultorías vigentes en Colombia”.
(parágrafo tercero).

40. En el parágrafo primero de la cláusula segunda, correspondiente a los
derechos y obligaciones generales del contratista, se estableció que “El presente
contrato está orientado a proyectar la construcción de LA ESCUELA DE CADETES
DE POLICÍA GENERAL SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE TABIO-
CUNDINAMARCA, teniendo en cuenta la proyección para el 2014 de incrementar
el número de cadetes, de 1060 a 2100, siendo insuficiente para albergarlos
idóneamente en las actuales locaciones de la institución. Estas finalidades deberán
tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente
contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como
para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a
las partes”.

16 En el pliego de condiciones que rigió la licitación pública 047 de 2006, se programó una visita -a

la que debía asistir un arquitecto en representación de cada uno de los proponentes-, al sitio en el
que se adelantarían posteriormente las obras que eran materia del contrato de consultoría objeto de
este procedimiento de selección. Como se consignó en el pliego, “En la visita se deben inspeccionar
detenidamente las áreas donde se ejecutarán los diseños, para obtener la información suficiente
sobre las condiciones sociales y económicas locales de trabajo y las posibles dificultades que se
puedan presentar. // (…) El FORPO requiere que el oferente asista a la visita al lugar de los trabajos,
con el fin de observar y conocer el lote e iniciar a tomar ideas de los diseños que se requieren con
base en el plan maestro y el esquema básico, una vez sea adjudicado el contrato (…)” (f. 102, c. 5).
25

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

41. En la cláusula quinta, sobre forma de pago del valor convenido, se estipuló:
“ACTA DE RECIBO FINAL: Correspondiente al 10% del valor del contrato, una vez
se haya recibido a satisfacción por parte del INTERVENTOR, SUPERVISOR Y
COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES FORPO, la entrega total del objeto
contractual, la cual debe ser del 100%, de acuerdo a las cuatro (4) entregas
parciales y la final. Con la presente acta parcial se amortizará el 20% restante del
anticipo situado a la firma consultora. // Las actas parciales y final deberán incluir
las firmas de los contratistas, interventor, supervisor y VoBo del Coordinador Grupo
Construcciones FORPO. Se deberá aclarar la entidad a la cual pertenece cada
funcionario”.

42. Dentro de los derechos de la entidad contratante -cláusula tercera-, se
establecieron los de “(…) rechazar las obras cuando no cumplan con las
especificaciones técnicas de calidad establecidas en el presente contrato, o cuando
su funcionalidad no cumpla con las finalidades previstas” y, en las mismas
condiciones, “solicitar la reparación o reemplazo de las obras realizadas en
desarrollo de este contrato (…)”, lo que deberá entenderse referido a los productos
que debía entregar el contratista, puesto que no se trató de un contrato de obra.

43. Y entre sus obligaciones, se estableció “a) Recibir a satisfacción las obras
que sean entregadas por el CONTRATISTA, cuando estas cumplan con las
condiciones establecidas en el presente contrato (…) d) Supervisar la ejecución del
contrato. e) Adelantar revisiones periódicas del contrato para verificar que cumpla
con las condiciones ofrecidas por el CONTRATISTA” (cláusula tercera).

44. En relación con la entrega final, en la cláusula sexta, referida al plazo de
ejecución y lugar de entrega, se acordó: “Entrega final: El consultor deberá entregar
para la terminación del plazo contractual previa aprobación del INTERVENTOR,
SUPERVISOR Y COORDINADOR GRUPO DE CONSTRUCCIONES FORPO, la
siguiente información y elementos: * Maqueta donde se localice el proyecto en
general e indique la ubicación de cada edificación y áreas alternas (áreas que
hacen parte del diseño urbanístico), con su respectiva base en madera y cubierta
de protección en acrílico. La maqueta debe estar debidamente dotada y
diferenciada en los acabados respectivos a zonas verdes, zonas duras, tipología
de las edificaciones y todos los elementos que faciliten la identificación de ellos. *
Maquetas de las edificaciones más representativas del proyecto o que sean tipo,
en las cuales se debe observar tipos de acabados externos e internos. * Video

26

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

institucional en 3 D MAX con recorrido de todo el proyecto. * Perspectivas generales
y parciales reales de las edificaciones y áreas representativas. * El consultor
entregará dos (2) juegos de planos completos a la escala solicitada por la
interventoría y la supervisión del proyecto en papel pergamino base 90 grs, tamaño
1,00 x 70, al igual que dos copias heliográficas de todo el proyecto. (…)” 17.

45. Respecto de las garantías del contrato18, en la cláusula décima quinta se
estipuló: “GARANTÍA ÚNICA: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la
ENTIDAD CONTRATANTE (…) una garantía única que ampare el cumplimiento de
las obligaciones que adquiere, derivadas del presente contrato, durante su
celebración, ejecución y liquidación (…), la cual avalará entre otros los siguientes
riesgos y con una vigencia contada a partir de su perfeccionamiento: a) De
Cumplimiento, para garantizar el fiel cumplimiento de todos los convenios y
estipulaciones del contrato, que incluye las multas y la cláusula penal pecuniaria
(…) con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más, contados a
partir de su perfeccionamiento (…) d) De Calidad del Servicio, por una suma
equivalente al CINCUENTA (50%) por ciento del valor del contrato y una vigencia
de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega de los diseños al FONDO
ROTATORIO DE LA POLICÍA, a entera satisfacción del SUPERVISOR TÉCNICO
ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (…)”.

46. En relación con la supervisión del contrato, en el parágrafo primero de la
cláusula décima octava se designó como supervisor técnico y administrativo al
Mayor Arquitecto Jairo Villamizar Salcedo19 y se consignó: “SUPERVISOR DE LA
OBRA: (…) tendrá las siguientes funciones: 1) Suscribir conjuntamente con el

17 Esta estipulación fue anunciada en el pliego de condiciones, donde además se incluyó, a
continuación, la siguiente “NOTA: La información entregada por el CONTRATISTA debe ser
completa, clara y cumplir con lo solicitado en los pliegos de condiciones, con el fin de que la revisión
que realiza el INTERVENTOR, SUPERVISOR Y COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES
FORPO sea solo técnica y no de forma. La demora en la revisión de la información entregada debido
a que esta no sea suficiente, no sea clara o no cumpla con lo solicitado en la invitación a cotizar será
imputable al CONTRATISTA”, disposición que fue replicada en la cláusula sexta del contrato. Y el
pliego agregó que “La firma consultora estará atenta a cualquier llamado que requiera la Policía
Nacional o la Entidad Contratante, cuando se inicie la construcción del proyecto, con el fin de
solucionar aspectos de carácter técnico” (f. 92 vto. y 93, c. 5).
18 Sobre este aspecto, en el pliego de condiciones ya se había anunciado que “El CONSULTOR será

responsable por la calidad de los trabajos y por lo mismo, se obliga a realizar las modificaciones que
se estimen necesarias para su perfecto desarrollo. Lo anterior, sin perjuicio de la respectiva garantía
de calidad de los trabajos, que debe aportar el CONSULTOR. Una vez finalizado el trabajo, el
CONSULTOR deberá suministrar la Carta de Responsabilidad de los trabajos, junto con los
diseños, Estudios, maquetas, perspectivas y todos los elementos solicitados en los presentes
Pliegos de Condiciones” (las negrillas son del texto original), f. 93 vto., c. 5).
19 . El contrato fue modificado en lo que respecta al supervisor de la obra, labor que fue asignada a

la arquitecta Sandra del Pilar Salamanca Salamanca (f. 37, c. 2).
27

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

CONTRATISTA, el acta de iniciación, las actas de recibo parciales, final y de
liquidación de las obras, previo cumplimiento de los requisitos pertinentes, en las
cuales se haga constar el estado en que se recibe la obra contratada (las
dependencias construidas y sus áreas, el área total de construcción y de la obra
exterior, el valor final del contrato incluyendo reajustes de precios y los datos que
exija el estatuto contractual). Todas las actas citadas deberán contar con el visto
bueno de la Director (sic) General de LA ENTIDAD CONTRATANTE (…)”.

47. Y en la cláusula novena, sobre la interventoría del contrato, se estipuló:
“INTERVENTORÍA: Será contratada por la ENTIDAD CONTRATANTE (en el evento
que se requiera su contratación), durante todo el tiempo que dure la ejecución del
contrato y hasta su liquidación definitiva. La interventoría ejercerá las funciones y
obligaciones que se relacionen en el respectivo contrato”.

48. Aunque en el contrato no quedó consignado el alcance específico de los
productos esperados con la consultoría, en los pliegos de la correspondiente
licitación pública (n.º 047 de 2006), en su anexo n.º 4, correspondiente a las
Especificaciones Técnicas del futuro contrato20, se consignó que se debía realizar
la totalidad de los estudios y diseños necesarios21 para el planteamiento del
proyecto Universidad de la Policía Nacional en Tabio22 y que estos incluían “las
actividades necesarias para tramitar las correspondientes licencias que permitan la

20 Como dice allí, corresponden a la “Definición de los parámetros que orientarán la realización de
los estudios y diseños para el proyecto ECSAN-TABIO” (f. 73, c. 5).
21 En los objetivos específicos, se indicó que cada uno de los estudios y diseños involucrados debía

incluir los siguientes objetivos: urbanismo, geología e hidrología, estudios ambientales, estudios y
diseños paisajísticos, estudios y diseños de movilidad y vías, arquitectura ecológica, estudios y
diseños hidro-sanitarios y afines y estudios eléctricos y afines.
22 En la descripción general del proyecto se informó que la Policía Nacional contaba con un terreno

de 89 hectáreas a 5 kilómetros del casco urbano del municipio de Tabio (con topografía muy variada
que allí fue descrita), donde planeaba construir sus facultades policiales, escuelas de formación de
oficiales y demás centros de aprendizaje a manera de “campus” universitario, con facultades de
seguridad, criminalística y medio ambiente, en un complejo que albergara vivienda y servicios
complementarios en una ciudadela que albergaría durante el día hasta 3.800 personas, con
edificaciones de hasta 4 pisos, vías de circulación, aparcaderos, senderos peatonales, canchas
deportivas, etc.; que el proyecto se construiría por etapas, iniciando con el programa de la Escuela
de Cadetes General Santander, que sería trasladada desde la ciudad de Bogotá. En el marco
conceptual, se advirtió que el proyecto se localizaba en un terreno con condiciones ambientales
singulares “(…) y en un municipio con un alto grado de compromiso ambiental”, a tal punto que había
sido declarado “Municipio Verde”, por lo que deberían emplearse “(…) criterios ecológicos en la
selección de tecnologías, sistemas y materiales (…), con un profundo respeto tanto por los recursos
naturales como con la comunidad vecina”, por lo que los objetivos generales del proyecto debían ser
concordantes con las políticas, objetivos y estrategias del Esquema de Ordenamiento Territorial del
municipio. Y que, en ese contexto, el proyecto debía prever los posibles impactos ambientales,
urbanos o sociales que se pudieran presentar con su construcción o funcionamiento, de tal forma
que se establecieran las acciones adecuadas para controlar esos impactos y darles un manejo
adecuado (f. 71 y 72, c. 5).
28

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

construcción del proyecto planteado” (fl. 70, c. 5)23. Más adelante, en el citado anexo
se consignó que eran obligaciones del futuro consultor, entre otras (fl. 67 y rev., c.
5):
Los trámites de radicación y aprobación del Proyecto para la obtención de las
respectivas licencias24, cualesquiera que sean, ante la Autoridad de Planeación
Municipal y demás Autoridades competentes, así como el suministro de los
documentos exigidos o requeridos por Estas, harán parte integral de las
responsabilidades contractuales del Ejecutor de los Estudios y Diseños
contemplados. En el presente proceso están incluidas todas las obligaciones
que de estas gestiones se deriven para la obtención de las Licencias
respectivas.

El consultor deberá responder dentro del plazo establecido los trámites o
gestiones para la obtención de Licencias, así sean imputables a las
Jurisdicciones que las emiten, ya que esta Actividad se contempla dentro del
proceso contractual en costo y plazo, como independiente de las Actividades
propias y directamente relacionadas en materia de Estudios y Diseños.

Debido a que este proyecto es fundamental para el desarrollo de la Policía
Nacional, el consultor deberá realizar todas sus actividades con un
acompañamiento permanente de la Dirección General y extender sus servicios
no sólo a lo que está taxativamente aquí descrito, sino a todos aquellos temas
conexos con la especialidad.

El consultor deberá recabar todos los medios logísticos, técnicos y de personal
especializado para atender la totalidad de los alcances que se describen en el
presente documento, con la solvencia técnica y la experiencia necesaria, para
que el objeto de la Consultoría en cada especialidad contemple la totalidad de
los elementos requeridos.

La consultoría deberá ser llevada a cabo en las etapas constructivas que se
definan en la Fase 225, que permitirá hacer las inversiones en forma ordenada
y coherente con el programa de construcciones.

El consultor deberá advertir las inversiones en infraestructura que sean críticas
para el desarrollo de las diferentes etapas, introduciendo un programa de
inversión de recursos para cada una de las etapas.

49. Como ya se advirtió, el contratista constituyó la póliza GU005357 del 20 de
diciembre de 2006, que contenía un amparo de calidad del servicio por valor de

23 Desde la Metodología General, se estableció que “El equipo ganador deberá organizar el
desarrollo de los trabajos contratados con base en una metodología de aproximaciones sucesivas
desde los diferentes temas y frentes de acción, de tal manera que, desde el principio, se revisen los
planteamientos con aquellas instituciones que hacen parte de la toma de decisiones como son la
Policía Nacional, la CAR, el municipio de Tabio, entre otras” (f. 65, c. 5).
24 En estas especificaciones técnicas, el capítulo de la “Definición de productos desde cada uno de

los temas” estableció, sobre licencias y permisos ambientales, lo siguiente: “Se obtendrán y
tramitarán todas las licencias y permisos ambientales a que haya lugar”. Y a continuación, enunció
las que se incluían en este deber: Licencia de construcción (permiso municipal); permisos de manejo
y movilización de flora; permiso de disposición final de residuos y manejo de residuos ordinarios y
peligrosos; permisos de emisiones de aire; permiso de vertimientos; concesión de aguas; movimiento
de tierras; aprovechamiento forestal; permiso de explotación de materiales de construcción; mapa
preliminar de norma de ruido (res. 627 de 2006) que incluya tanto a las grandes áreas del proyecto
como las zonas vecinas; otros permisos ambientales que fueran requeridos (f. 19, c. 5).
25 Según las especificaciones técnicas, la Fase 2 correspondía a la Formulación del Anteproyecto y

en ella se harían las propuestas y planos generales desde los diversos frentes que adelantaban los
estudios y diseños (f. 65, c. 5).
29

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

$3.039’002.800 y una cobertura desde el 15 de diciembre de 2006 hasta el 15 de
diciembre de 2011 (fls. 65 y 66, c. 2), que después se amplió hasta el 30 de noviembre
de 2012 (fl. 34, c. 2).

50. El plazo original, que fue de siete meses a partir del 21 de diciembre de 2006
y se extendía hasta el 18 de julio de 2007 -según el acta de inicio-, fue prorrogado
hasta el 30 de septiembre siguiente y después hasta el 30 de noviembre de 2007 (fls.
38 y 39, c. 2).

51. El 30 de noviembre de 2007, se suscribió el Acta Final de la Consultoría por
parte de la supervisora del contrato, el Coordinador del Grupo de Construcciones del
Fondo, el contratista y la interventoría, “con el fin de analizar, revisar y autorizar el
pago” de dicha acta por valor de $3.403’683.136 (fl.40 y 41, c. 2), que correspondía al
saldo adeudado al contratista para el pago total.

52. En la misma fecha se suscribió otro documento denominado Acta n.º 1 de
Terminación del Contrato “(…) con el objeto de proceder a verificar el estado y
terminación del contrato, dado que el contratista CUMPLIÓ con el objeto contratado
en el plazo establecido”; en ella se relacionan las “áreas cubiertas diseñadas y
urbanismo”, las prórrogas y las condiciones finales del contrato26. Dicho documento
está suscrito únicamente por el contratista y la interventoría, y en él se consignó que
“[p]revia revisión de los productos o bienes, se constató que estos se encuentran
terminados, existiendo algunos productos o bienes que requieren ajustes y/o
reparaciones que impiden el recibo total a satisfacción por parte de la interventoría”,
anunciando que los mismos se describen a continuación, pero no se incluyeron en
el acta. En todo caso, se aclaró que la “terminación de los trabajos no releva al
contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato
y a las establecidas en las normas legales vigentes. (…) Si se solicita algún
requerimiento o trabajo adicional por parte de la interventoría o del FORPO, la
Consultoría se compromete a atender las solicitudes que establecidas (sic) según el
contrato” (fls. 42 a 44, c. 2).

53. El mismo 30 de noviembre de 2007, la interventoría y el contratista
suscribieron el Acta de Recibo y Aprobación de Estudios y/o Diseños “con el fin de
aprobar los diseños para la etapa de ejecución de obra del contrato” No. 191 de

26 Que fueron: plazo actual del contrato: 11 meses; fecha de terminación actual del contrato: 30 de

noviembre de 2007; y valor actual del contrato: $6.078’005.600.
30

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

2006, en la cual se hace una relación extensa de los productos recibidos y verificados
por la interventora del contrato, dejando constancia de que con el acta se hizo
entrega formal de los planos allí relacionados, en 2 originales y 2 copias; y de que la
interventoría revisó, verificó y aprobó las memorias de cálculo, cantidades de obra y
los planos correspondientes a los diseños, de acuerdo con las especificaciones
técnicas y se constató que los planos correspondientes a redes de servicios públicos
fueron radicados y aprobados en las respectivas empresas. Finalmente, se indicó
que se suscribía bajo la responsabilidad de los firmantes (fls. 45 a 72, c. 2).

54. El 3 de diciembre de 2007, el Coordinador del Grupo de Construcciones del
Fondo hizo constar las actividades realizadas por el contratista demandante 27 (fls. 77
a 79, c. 2).

55. El 20 de diciembre siguiente, mediante la resolución n.º 1285, el Fondo
declaró desierta la Contratación Directa n.º 13428, puesto que ninguna de las
propuestas cumplió las exigencias de los pliegos de condiciones (fls. 226 a 323, c. 2).

XIII- Los requerimientos al contratista

56. El 4 de marzo de 2008, mediante oficio n.º SO803-000468, la Dirección
General del Fondo hizo su primer requerimiento al contratista y al interventor, en el
cual puso de presente observaciones, con el fin de que se efectuaran las
correcciones y se complementara la información de acuerdo con el contrato, sobre
el acceso peatonal, los bloques de talleres, hotel, alojamiento de guardia,
alojamiento n.º 1, casa fiscal, sanidad, apartamentos fiscales oficiales, laboratorios,
plazoleta de comidas rápidas, pista de conducción, redes urbanas hidráulicas, redes
urbanas de aguas lluvias, redes urbanas sanitarias, redes de riego, redes urbanas

27 Relación de trabajos ejecutados: 1. diseño arquitectónico y urbanístico; 2. Estudio topográfico; 3.

Estudio de suelos y geotecnia; 4. Estudio hidrológico; 5. Estudio geo-eléctrico; 6. Estudio sistema
protección externa descargas atmosféricas; 7. Proyecto estructural; 8. Proyecto estructura metálica
cubiertas; 9. Proyecto hidro-sanitario y red contra incendio; 10. Proyecto eléctrico; 11. Proyecto de
seguridad; 12. Proyecto red de gas; 13. Proyecto mecánico; 14. Proyecto de comunicaciones; 15.
Plan de manejo ambiental; 16. Estudio y diseños de vías de acceso e internas; 17. Estudios y diseños
de acueducto y alcantarillado exterior de aguas lluvias y servidas; 18. Proyecto de dotación y
equipamiento; 19. Presupuesto; 20. Programación; 21. Especificaciones. Así mismo, se consignó
que el total de áreas diseñadas fue de 145.039,16 m 2 de áreas cubiertas y 272.640 m 2 de áreas de
urbanismo (f. 78 y 79, c. 5).
28 Procedimiento de selección que fue abierto el 2 de noviembre de 2007, para contratar la

“CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PRIMERA FASE ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA
GENERAL SANTANDER-TABIO, CUNDINAMARCA” (f. 81, c. 2).
31

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

contra incendio y, finalmente, observaciones generales sobre los trabajos
entregados29 (fls. 339 a 349, c. 2)30.

57. El 16 de abril de 2008, el contratista respondió al anterior oficio en el sentido
de entregar nuevos planos, en los que, según su dicho, se atendían las
observaciones realizadas por el Fondo, a las cuales dio respuesta una por una en
dicha comunicación, pero no se refirió a las observaciones generales (fls. 350 a 401,
c. 2).

58. El 18 de abril de 2008, el Director General del Fondo hizo un nuevo
requerimiento al consorcio demandante para que allegara el plan maestro de
servicios públicos aprobado por la instancia competente y el plan de regularización
de la Escuela aprobado por la CAR. Asimismo, para que resolviera y atendiera los
requerimientos de la Secretaría de Planeación de Tabio -relacionado con la falta de
competencia de la referida Secretaría para resolver sobre la extensión de la red de
acueducto de la obra proyectada por la Escuela, toda vez que atravesaba una vía
departamental -y de la CAR de Zipaquirá, en el sentido de que los niveles de ruido
a generar superaban la norma de manera general, razón por la cual se debía
presentar ante la referida CAR un plan de contingencia en el área de influencia que
incluyera las medidas de mitigación a implementar, con el fin de determinar si la
actividad afectaría los ecosistemas estratégicos (fls. 405 y 406, c. 2)31.

59. En la misma fecha se hizo un requerimiento al Consorcio Interescuelas,
interventor del contrato de consultoría, en relación con el cumplimiento de requisitos

29 Dichas observaciones generales fueron en el sentido de que i) los planos solo contaban con el

visto bueno de la interventoría pero faltaba el del profesional especializado en el tema; ii) los planos
no fueron entregados rebordeados, por lo que ya presentaban deterioro en los bordes; iii) existían
planos con información de varias edificaciones, lo cual no era funcional ni correcto, pues se solicitó
en varias oportunidades que se presentara la información en forma independiente, porque era
posible que el proyecto se construyera por etapas; iv) había planos mal rotulados o cuyo rótulo había
sido corregido a mano (f. 349, c. 2).
30 Se observa que la entidad demandada, a petición del Tribunal, aportó disco compacto con la copia

auténtica de los informes técnicos rendidos que originaron los requerimientos hechos al contratista
con posterioridad a la entrega de los diseños e informó que, con la contestación de la demanda,
había presentado no solo los informes presentados por la arquitecta Sandra Salamanca, supervisora
del contrato, sino los presentados por los diferentes profesionales de la Dirección Administrativa y
Financiera de la Policía Nacional, como fueron el Mayor Arquitecto Martín Emilio Castro, el
intendente topógrafo Luis Felipe Carrillo Támara, el mayor ingeniero civil Marco Jair Ospina Moncada
y el mayor ingeniero civil Carlos Julio Salamanca, quienes también presentaron informes técnicos
que originaron los requerimientos hechos al contratista luego de la entrega de los diseños (f. 2 y 21,
segundo cuaderno principal).
31 Estos requerimientos fueron respondidos por el consorcio demandante el 22 de abril de 2008,

quien se limitó a afirmar que “(…) todos los requisitos necesarios para la obtención de la licencia de
construcción del proyecto de la ECSAN TABIO fueron cumplidos en su totalidad por el Consorcio
Tabio 2006 y por esto el municipio de Tabio expidió la licencia de construcción mediante resolución
193 de septiembre 28 de 2007 de la cual anexamos copia” (fl. 407, c. 2).
32

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

de este último que aquel debió verificar y sobre la entrega de información y
documentación a su propio cargo, recordándole que todo lo que se le estaba
pidiendo hacía parte de los contratos 190 y 191 de 2006, que habían vencido desde
el 30 de noviembre de 2007 y que el interventor había firmado el acta de recibo a
satisfacción, con lo cual avaló la información (fls. 75 a 77, c. 2).

60. El 21 de abril de 2008, el funcionario del Grupo de Seguimiento de Proyectos
informó al Jefe del Grupo Diseño, refiriéndose a la parte vial del proyecto, que se
habían encontrado múltiples inconsistencias que impedían usar los documentos
entregados por el consultor accionante, anotando en principio que, “[d]e forma
general, se evidencia la falta de revisión de los planos por parte del Fondo Rotatorio
de la Policía Nacional”, ya que no se detectaron “falencias significativas en su
presentación y contenidos en materia vial”, y concluyó que “(…) con la información
contenida en estos planos no es posible el desarrollo de un proyecto vial (…)” (fls.
78 a 80, c. 3).

61. El 22 de abril de 2008, el Mayor Arquitecto Martín Emilio Castro Castro 32,
luego de enumerar las falencias detectadas en los planos entregados y los oficios
recibidos de distintos profesionales de la entidad -que revisaron la documentación
en lo de su competencia e hicieron observaciones a la misma-, informó al director
general del Fondo que el trabajo presentado por la consultoría “(…) no cumple con
las exigencias de calidad que fueron solicitadas en el contrato”, por lo que pidió
requerir tanto al consultor como al interventor, ya que ad portas de iniciar el proceso
de contratación de la obra, no se contaba con insumos tales como la autorización
para la red de acueducto por parte de la Gobernación de Cundinamarca, el Plan de
Recarga de Acuíferos ante la CAR, el Plan de Mitigación de Ruidos y el Plan
Maestro de Servicios debidamente aprobado por parte del municipio de Tabio, ya
que no existía acto administrativo (fls. 81 a 85, c. 3).

62. El 24 de abril siguiente, el abogado de la División Comercial del Fondo dio
cuenta de la reunión efectuada con los delegados del contratista y la interventoría -
quienes no suscribieron el acta de dicha reunión- y presentó informe de lo que se
detectó de la revisión de los documentos y planos, reiterando la existencia de
defectos y falencias en los mismos, lo que evidenciaba que la interventoría no

32 Del Grupo de Diseño, Área de Construcciones, de la Dirección Administrativa y Financiera de la

Policía Nacional.
33

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

efectuó el debido control de calidad a la documentación antes de suministrar los
planos a la entidad (fls. 86 a 92, c. 3).

63. El 29 de abril de 2008, el Director General del Fondo requirió nuevamente al
interventor, por cuanto según el informe consolidado de las diferentes
observaciones reportadas por la arquitecta Sandra Salamanca, quien en
coordinación con los profesionales designados por la interventoría efectuó la
revisión de la documentación entregada en virtud de los contratos 190 y 191 de
2006, “de los 31 planos correspondientes al bloque control acceso peatonal no
cumplen con las exigencias pactadas, al presentar inconsistencias entre los planos
arquitectónicos, diseños técnicos (hidráulicos, sanitarios, eléctricos, voz y datos,
etc.). // Dichas observaciones permiten concluir en primera instancia, que los
trabajos entregados no reúnen los estándares de calidad necesarios para iniciar las
obras correspondientes a la contracción (sic) de la primera etapa de dicho proyecto”.
En consecuencia, se rechazaron los planos y demás información suministrada, por
lo que la Dirección General “(…) no imparte el recibo a satisfacción correspondiente,
razón por la cual se corre traslado para que en el término de tres (3) días calendario
al recibo de la presente, brinde las explicaciones que en su concepto justifiquen las
anotaciones a la calidad de dichos trabajos” (fls. 411 y 412, c. 2).

64. El 30 de abril de 2008, el consorcio Tabio 2006 respondió a la anterior
comunicación y criticó que la misma funcionaria que recibió a satisfacción como
supervisora del contrato, la arquitecta Sandra Pilar Salamanca, formulara ahora
nuevos reparos; afirmó que no era cierto, en relación con los 31 planos
mencionados, que los mismos no cumplieran con las exigencias pactadas y que se
trataba de “(…) ajustes menores de criterio” que en nada afectaban al producto final
ni impedían la ejecución de las obras aprobada por el municipio de Tabio a través
de la licencia de construcción -Resolución 193 de 2007-, por lo que no aceptaban
su rechazo; adujo que ya se había dado respuesta a las observaciones efectuadas
a los trabajos entregados y que adjuntaba copia de la misma, y que en todo caso
procedía a dar respuesta nuevamente, “con la indicación del ajuste realizado,
cuando resultó procedente, o la explicación que justifica nuestro rechazo al reparo”,
advirtiendo que ninguna de las observaciones últimas formuladas hacía referencia
expresa a las distintas normas que regulaban su actividad profesional -NSR 98 y
demás normas vigentes-. En adelante, rechazó algunas observaciones, allegó otros
planos y aclaró algunos de ellos (fls. 411 a 422, c. 2).

34

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

65. El 21 de mayo 2008, el consorcio actor se refirió al tema de acuíferos tratado
por la arquitecta Salamanca en la reunión sostenida el 8 de mayo de 2008 y
manifestó al Fondo que la resolución CAR n.º 685 de mayo de 2007 33 no estaba
dentro del alcance del contrato, ya que el mismo se firmó en diciembre de 2006; y
teniendo en cuenta que las nuevas disposiciones introducidas por la CAR harían
más oneroso el cumplimiento del contrato por parte del consorcio contratista, para
aplicarlas debían previamente modificarse sus condiciones económicas, a fin de
mantener el equilibrio financiero del contrato; sostuvo que el proyecto ECSAN
TABIO no haría uso de aguas subterráneas ni de acuíferos, el agua potable sería
suministrada por la Empresa de Aguas de Cajicá S.A. E.S.P., el proyecto tampoco
contemplaba áreas construidas que afectaran la zona de recarga de acuíferos (para
lo cual aportaba plano de áreas construidas y de zona de acuíferos) y que, según la
Resolución CAR 685, la carga de acuíferos era de la competencia del municipio de
Tabio (fl. 423, c. 2).

66. En la misma fecha, señaló que radicó ante la Gobernación de Cundinamarca
la solicitud de excavación de la red de acueducto del proyecto (fl. 142, anexo 4 del
informe de peritazgo).

67. El 29 de mayo siguiente, la Dirección General del Fondo requirió al contratista
para que allegara al municipio de Tabio toda la documentación necesaria para la
aprobación del plan maestro de servicios públicos (fl. 450, c. 2). En la misma fecha,
la referida entidad también remitió al contratista todas las observaciones
consolidadas (fls. 39 a 43, c. 3).

68. El 6 de junio de 2008, el consorcio actor respondió al Fondo que sí había
cumplido entregando la totalidad de la documentación que, para los efectos de la
aprobación del plan maestro de servicios públicos, exigió el municipio de Tabio; y
que verificada la misma, dicha entidad territorial expidió a la Policía Nacional la
licencia de construcción para realizar la ECCSAN TABIO, objeto del contrato de
consultoría. Licencia que fue otorgada mediante la resolución n.º 193 del 28 de
septiembre de 2007, con base en los parámetros vigentes para esa época,
establecidos en el Acuerdo 001 de 2007, sin que se le pudiera exigir el cumplimiento
de requisitos posteriores a dicha licencia, como lo pretendía la arquitecta Salamanca

33“Por la cual se declaran concertados los asuntos ambientales del proyecto de revisión y ajustes del

Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Tabio – Cundinamarca” (f. 426, c. 2).
35

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

en su informe, en el que hizo alusión al Acuerdo 02 de 2007, por cuanto esto
desbordaba sus obligaciones (fls. 451 y 452, c. 2).

69. El 2 de julio de 2008, el consorcio actor dio respuesta a varias
comunicaciones de la entidad contratante contentivas de las múltiples
observaciones a que se ha aludido y manifestó al Fondo que no las aceptaba, por
cuanto había cumplido a cabalidad con sus obligaciones derivadas del contrato, tal
y como consta en el acta de recibo a satisfacción del 30 de noviembre de 2007 y el
acta final de consultoría, no obstante lo cual, anexó algunos cuadros y planos con
las aclaraciones y correcciones solicitadas (fls. 456 a 484, c. 2).

70. El 20 de agosto siguiente, el Fondo envió comunicación al contratista
refiriéndose a cada uno de los puntos contenidos en los oficios con los que éste dio
respuesta a los requerimientos de la entidad, y que a juicio de la contratante no
resolvían las falencias detectadas (fls. 486 a 502, c. 2). El 2 de septiembre, el
contratista respondió punto por punto el anterior documento, explicando por qué no
aceptaba algunas de las observaciones, y por qué sí cumplía con lo que se le estaba
exigiendo, y anexó algunos planos (fls. 503 a 582, c. 2).

71. El 22 de agosto de 2008, el Fondo insistió en sus observaciones en
comunicación dirigida al consorcio y a la interventoría, la cual fue enviada con copia
a la aseguradora (fls. 583 a 598, c. 2). El 15 de septiembre de 2008, el consorcio
dio su respuesta, en el sentido de insistir en el cumplimiento de los requisitos
exigidos y el recibo de los planos entregados, pero al tiempo también aportó otros
(fls. 599 a 622, c. 2).

XIV- La declaratoria del siniestro

72. El 10 de noviembre de 2008, con base en los antecedentes referidos,
mediante la resolución n.º 853, el Fondo declaró el incumplimiento del contrato e hizo
efectiva la garantía de calidad, para lo cual consideró, luego de enunciar las múltiples
deficiencias advertidas en las actividades, cálculos, diseños y planos entregados por
el contratista (fls. 637 a 691, c. 2):

CONSIDERACIONES

Por lo anteriormente relacionado, se establece que el CONSORCIO TABIO
2006, identificado con Nit n.º 900.116.899-8, no respondió apropiadamente a

36

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

los requerimientos realizados con motivo de los incumplimientos contractuales
encontrados por la Dirección del Fondo Rotatorio de la Policía.

Con las comunicaciones enviadas al Contratista y a la Aseguradora, se dio
cumplimiento a la obligación de la entidad establecida en el artículo 35 del
Código Contencioso Administrativo.

Cabe anotar que el contratista CONSORCIO TABIO 2006, al no atender los
requerimientos realizados, con alguna propuesta frente a los problemas
presentados con ocasión de la ejecución del contrato antes citado, ha afectado
la contratación de la obra, “CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE
LA ESCUELA DE CADETES DE POLICÍA GENERAL SANTANDER EN TABIO
CUNDINAMARCA”.

Que tales circunstancias, son únicamente imputables al contratista, sin
justificación alguna.

Que el Fondo Rotatorio de la Policía debe resaltar que los fines que motivaron
la apertura del proceso de contratación, no son otros que los de tener un
contratista de consultoría que desarrollara actividades de manera profesional
equivalente a la responsabilidad de acuerdo al contrato No. 191 de 2006.

Que de lo descrito y analizado se tiene todo lo contrario, ya que según los
informes y requerimientos se concluye de manera inequívoca que el contratista,
ROBERTO ALFREDO MUÑOZ ROA en representación del CONSORCIO
TABIO 2006, no cumplió cabalmente con las obligaciones y responsabilidades
plasmadas en el contrato.

Que una vez revisada la documentación entregada por el contratista, se
evidencia que su obligación se incumplió parcialmente con lo previsto en el
Pliego de Condiciones numeral 1.28 Entrega Final: El Consultor deberá entregar
para la terminación del plazo contractual previa aprobación del INTERVENTOR,
SUPERVISOR Y COORDINADOR GRUPO CONSTRUCCIONES FORPO, la
siguiente información y elementos:

● Todos los planos de los diferentes diseños al igual que los estudios técnicos
debidamente firmados por los profesionales responsables de cada área.
● Maquetas de las edificaciones mas representativas del proyecto o que sean
tipo, en las cuales se debe observar tipos de acabados externos e internos.
● Video institucional en 3D MAX con recorrido de todo el proyecto.
● Perspectivas generales y parciales reales de las edificaciones y áreas
representativas.
● El consultor entregará dos (2) juegos de planos completos a la Escala solicitada
por la Interventoría y la Supervisión del proyecto en papel pergamino base 90
grs., tamaño 1,00 x .70, al igual que dos copias heliográficas de todo el proyecto.
● Entrega de los diferentes permisos y licencias.

Que por lo antes señalado el producto final entregado por el Consorcio, existen
inconsistencias de forma, función y fondo.

Que se presentan inconsistencias con los planos de diseños estructurales
hidrosanitarios, eléctricos, voz y datos, etc., frente a lo dispuesto en la
arquitectura y topografía.(el edificio del bloque alojamientos está localizado en
la parte alta del terreno, sin que este hecho se tuviera en cuenta por parte de
los diseñadores, toda vez que la fachada principal quedó mirando hacia la
montaña y no al proyecto, razón por la cual se situó el muro de contención en
la fachada principal, cuando lo correcto es localizarla en la parte posterior, los
diseños hidrosanitarios se encuentran en contra pendiente.

37

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

Que no fueron tenidos en cuenta varios aspectos relacionados con los estudios
de suelos relacionados en el Decreto 33 de 1998, toda vez que se presentó un
estudio de suelos previo y no un definitivo al no realizarse el número (4-5) y los
apiques en el sitio donde se desarrollarán las obras y los estudios que solicitó
el ingeniero suelista del CONSORCIO TABIO 2006, por encontrarse un terreno
heterogéneo, aguas termales y salobres en el sitio y que a la letra dice “Se
recomienda hacer un estudio hidrogeológico completo que incluya
perforaciones con toma de muestra de aguas, hacer análisis físico
químico y un reconocimiento geológico detallado ya que de existir aguas
termales estas están asociadas a fallas geológicas. No es recomendable en
este momento con la información disponible hacer recomendaciones sobre
pozos para exportar agua dulce para uso de las instalaciones que se
construirán, puesto que las resistividades halladas dan un pronóstico reservado
al respecto. Se reitera la necesidad de hacer un estudio hidrológico
completo y detallado, resultado este que no fue suministrado ni ejecutado por
parte del contratista.

Que no fueron entregados el total de los insumos requeridos tales como planos
topográficos, detalles constructivos, de carpintería en madera y metálica.

Que el objeto del contrato es uno solo, con un plazo establecido y unas
obligaciones claras y expresas para cumplir con calidad, toda vez que el
proceso de contratación de las obras y su ejecución se realizan con base en la
información suministrada, razón por la cual esta deberá ser lo más acertada
posible, estar acorde entre sí y con la normativa vigente, porque los ítems no
cotizados, generan obras adicionales generando mayores costos de los
previstos, así mismo por las inconsistencias de los diseños hidrosanitarios,
eléctricos frente a los planos arquitectónicos (por no realizarlos una sola
persona) generaran demoras y detrimento al presupuesto.

Que según los documentos que reposan en la carpeta de antecedentes se tiene
establecido que el acta de recibo y aprobación de estudios y/o diseños, fue
suscrita por el Ingeniero ROBERTO ALFREDO MUÑOZ ROA representante
legal del CONSORCIO TABIO 2006 y la señora MARTHA LUCÍA AYCARDI
PACHECO, en representación de CONSORCIO INTERESCUELAS, en el
documento se hace énfasis en “… con el fin de aprobar los diseños para la etapa
de ejecución de obra del contrato anteriormente citado. En la presente acta se
hace entrega formal de los planos relacionados a continuación en dos (2)
originales y dos (2) copias. Dichos planos se encuentran debidamente
aprobados por la interventoría. Se deja constancia que la interventoría revisó,
verificó y aprobó las memorias de cálculo, cantidades de obra y los planos
correspondientes a los diseños, de acuerdo con las especificaciones técnicas y
se constató que los planos correspondientes a redes de servicios públicos
fueron radicados y aprobados en las respectivas empresas” estas
acompañadas por 28 folios más, en el último folio se indica: “para constancia
de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de
los que intervienen en ella”. (…).

Que con relación a la licencia de construcción, no se tramitaron y obtuvieron
todas las licencias y permisos necesarios para la construcción de la obra objeto
del contrato, porque tan solo se tramitaron las licencias de construcción de los
edificios a construir en la primera etapa y las obras de urbanismo.

Que por lo anterior es claro que la Consultoría se hace responsable de lo que
entregó y que la interventoría (con sus profesionales especializados) es
solidaria y la comparte con el recibo de toda la información, en el entendido de
que el CONSORCIO INTERESCUELAS, revisa, coteja, avala y aprueba la
información cuando firma los planos y demás información y con base en el acta
de recibo, procedió como lo indica el contrato es decir a suscribir la respectiva
acta, documento requerido y con el cual se efectúa posteriormente el pago, es

38

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

importante mencionar que en ninguno de los apartes del acta final suscrita por
los consorcios, la supervisión y el coordinador del Grupo construcciones, se
hace referencia a que a través de este documento se diera el aval y aprobación
de los planos, especificaciones técnicas, estudios, diseños hidrosanitarios, etc.

Que de lo antes señalado se ha de colegir el incumplimiento de las obligaciones
contractuales, establecidas en la cláusula tercera del Contrato No. 191 de 2006,
y lo previsto en el anexo 4 (especificaciones técnicas) del Pliego de Condiciones
de la Licitación Pública No. 047 de 2006.

Que la realidad evidenciada es invariable, veraz y sobrepasa cualquier reparo
meramente formal, en el sentido que los diseños presentan una serie de
inconsistencias imputables al contratista, lo que resulta perjudicial para la
Entidad en contraposición a los principios y fines de la contratación, prevista en
la Ley 80 de 1993.

Que teniendo en cuenta lo precedente, el Estado debe dar cumplimiento a los
fines estatales enunciados anteriormente, adoptando las medidas pertinentes
para el restablecimiento del orden jurídico vulnerado como quiera que el
contratista, CONSORCIO TABIO 2006, mediante la negativa a los
requerimientos relacionados con los inconvenientes presentados en los diseños
para la construcción, adecuación y dotación de la Escuela de Cadetes de Policía
General Santander en Tabio Cundinamarca.

Que de acuerdo a lo solicitado por la Entidad Contratante, tanto al contratista
como a la misma aseguradora, queda establecido que no se obtuvo una
respuesta concreta por escrito ni de hecho sobre los aspectos materia de las
reclamaciones.

Que el incumplimiento de las obligaciones contractuales en el que ha incurrido
el contratista son consecuencia exclusivamente de su proceder, y por lo tanto,
es a este quien le corresponde asumir su responsabilidad, ya que
injustificadamente no atendió oportunamente ni en forma acertada, los
requerimientos realizados, con relación a los problemas presentados.

Que los requerimientos efectuados tienen su origen en aspectos
contractualmente pactados, como quiera que la consultoría debió cumplir con
sus obligaciones en forma ágil, oportuna y acorde con la reglamentación vigente
sobre la materia, de tal manera que se habrían evitado los inconvenientes
presentados, de tal manera que la veracidad de la información, su concordancia
y la calidad del insumo son actividades ciertamente contractuales con
responsabilidad exclusiva del consultor (las negrillas y subrayas son del texto
original).

73. Y en la parte resolutiva del acto administrativo -como ya se advirtió-, decidió:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR el incumplimiento de las obligaciones del
contratista CONSORCIO TABIO 2006 (…) respecto de la calidad del servicio,
en los términos a los que se comprometió de acuerdo con el Contrato No. 191
(…).

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR ocurrido el siniestro respecto del amparo
de calidad en la suma de (…) ($3.039.002.800.00).

ARTÍCULO TERCERO.- HACER EFECTIVA la Garantía Única de Seguros de
Cumplimiento en favor de Entidades Estatales No. 11 GU005357, y sus anexos,
(…) otorgada por la firma de seguros Compañía Aseguradora de Fianzas
CONFIANZA S.A., la cual ampara la calidad del servicio por la suma de TRES
MIL TREINTA Y NUEVE MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE
($3.039.002.800.00) (…).

39

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

74. El 18 de diciembre de 2008, la parte actora presentó recurso de reposición,
por cuanto estimó vulnerados los derechos de audiencia y defensa, así como la
indebida notificación de la resolución citada y en razón del infundado incumplimiento
del contrato, porque los diseños fueron recibidos a satisfacción (fls. 128 a 137, c. 2).
Mediante la Resolución n.º 105 del 18 de febrero de 2009 se confirmó la declaratoria
del siniestro y se ordenó la publicación de la misma ante la Cámara de Comercio
respectiva y comunicar a la Procuraduría General de la Nación (fls. 138 a 147, c. 2),
punto que fue recurrido por la parte actora (fls. 712 a 714, c. 2), pero confirmado a
través de la resolución n.º 273 del 30 de abril de 2009 (fls. 715 a 716, c. 2).

75. El 9 de septiembre de 2009, el arquitecto Jorge Noriega Santos, quien anexó
resumen de su hoja de vida (fls. 731 a 734, c. 2), presentó un informe técnico sobre el
proyecto en estudio, a solicitud de la parte actora, en el cual, después de una
descripción general y a partir de la revisión de los documentos y planos
arquitectónicos del proyecto, concluyó (fls. 720 a 730, c. 2):

De la revisión y análisis del proyecto de la ECSAM-TABIO se concluye lo
siguiente:
1. El contrato firmado para la elaboración del diseño arquitectónico, demás
diseños y estudios técnicos, necesarios para el proyecto de construcción,
adecuación y dotación de la Escuela de Cadetes de la Policía General
Santander en Tabio-Cundinamarca, cumple con todas las formalidades legales
y se ha cumplido a cabalidad por parte del contratista.

2. El programa de necesidades es suficientemente detallado y fue tenido en
cuenta en su totalidad en el desarrollo del proyecto, por parte del contratista.

3. Las etapas del proyecto se cumplieron de acuerdo a lo establecido en las
tarifas de la S.C.A. (Sociedad Colombiana de Arquitectura).

4. Los planos arquitectónicos contienen toda la información necesaria para
adelantar la obra. Su detalle es suficiente para la etapa de construcción del
proyecto.

5. Las especificaciones son claras y precisas y se refieren a los ítems de cada
edificio.

6. El presupuesto contiene la información sobre actividades, cantidades,
análisis unitarios, costos directos e indirectos, necesarios para realizar la obra.

7. La programación está suficientemente detallada para cada edificio y contiene
las actividades, sus secuencias, sus iniciaciones y sus terminaciones y está
definida la trayectoria crítica. Contiene la información necesaria para realizar el
control en la etapa de ejecución de obra.

En fin considero que el contratista cumplió la totalidad y cabalidad (sic) con
todas las cláusulas contractuales y entregó un proyecto que cumple con todas
las condiciones técnicas, para ser ejecutado por la entidad contratante con las
calidades requeridas en los tiempos programados y con los costos estipulados.

40

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

76. Se observa que, aunque existieron reparos por la falta de entrega de algunos
productos, la discusión también giró en torno a la calidad de los productos que sí
fueron entregados por el Consorcio Tabio 2006 como resultado de la ejecución del
Contrato de Consultoría -diseño arquitectónico- No. 191 de 2006, pues mientras la
entidad que profirió los actos administrativos demandados los fundamentó en un
sinnúmero de deficiencias y defectos detectados en los planos, estudios, diseños,
etc. entregados por el contratista, la parte actora insiste en que cumplió a cabalidad
con los requerimientos técnicos de las especificaciones que rigieron la ejecución
del contrato y, por lo tanto, no resultaba procedente la decisión impugnada, criterio
que compartió el a-quo con base en el dictamen pericial obrante en el plenario.

77. En consecuencia, tratándose de un aspecto eminentemente técnico, que
escapa a los conocimientos del juez, para determinar si los mencionados productos
reúnen las condiciones exigidas en este tipo de labor especializada y si se ajustaron
a los términos del contrato de consultoría ejecutado, resulta procedente efectuar el
análisis de la prueba pericial practicada en el plenario.

XV- El dictamen pericial y las objeciones por error grave

78. Observa la Sala que en su demanda, la parte actora solicitó la práctica de
dos dictámenes periciales, uno a ser realizado por un contador, para efectos de
determinar el monto de los perjuicios sufridos por el consorcio contratista, entre
otras cosas, y otro, a ser absuelto por un arquitecto, a quien se le plantearon en la
demanda una serie de preguntas relacionadas con el objeto del contrato de
consultoría materia de la presente controversia y el cumplimiento del contratista en
la entrega de los diseños, estudios, planos y demás trabajos a su cargo, así como
el cumplimiento de los estándares de calidad de los mismos que fueron exigidos en
el contrato (f. 25 y 26, c. 1).

79. El tribunal decretó las pruebas pedidas y entre ellas los referidos dictámenes,
mediante auto del 16 de junio de 2010, en el cual fueron designados los respectivos
peritos. No obstante, mediante memorial del 29 de febrero de 2012, el apoderado
de la parte actora presentó desistimiento de los dictámenes periciales solicitados,
el cual fue aceptado mediante auto del 7 de marzo del mismo año (f. 226, 340, 356
y 357, c. 1).

41

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

80. Por considerarlo necesario a efectos de fallar, el 22 de mayo de 2012, el a
quo decretó de oficio la práctica de un dictamen pericial a ser rendido por un
ingeniero civil con conocimientos en el área de construcción -fue designado el
ingeniero Juan Fernando Góngora Arciniégas-, “(…) el cual tendrá por objeto no
solo la verificación de algunos hechos relacionados en los actos acusados, sino
también su relación con las obligaciones pactadas en el contrato de consultoría y
su materialización a través de los diseños entregados a la entidad. En todo caso,
los costos (gastos y honorarios del perito) de dicha experticia serán asumidos por
la parte actora”. Allí mismo, se formuló el cuestionario que el auxiliar de la justicia
debía absolver con la advertencia de que se podría ampliar el día de la posesión
del perito, momento en el cual las reformuló y agregó otras preguntas (f. 428, 429 y
432, c. 1).

81. Los gastos se fijaron en la suma de $2.000.000 a cargo de la parte actora,
los cuales fueron cancelados por ésta, según consta en el informe a despacho
presentado por la Secretaría el 9 de agosto de 2012, en el que se registró que,
verificada la base de títulos de depósito judicial vigentes a órdenes de la Sección
Tercera del Tribunal en el Banco Agrario de Colombia, se encontraba activo y
pendiente de pago el título de depósito judicial correspondiente al presente proceso,
efectuado el 15 de junio de ese año por el referido monto (fls. 436, 437, 438 y 444, c.
1).

82. Una vez presentado el dictamen pericial, mediante auto del 8 de agosto de
2012 se fijaron los honorarios del perito en la suma de $15.000.000, a cargo de la
parte actora (f. 442, c. 1).

83. En relación con el pago de los honorarios del perito, que quedó a cargo de
la parte actora, según lo dispuesto en el auto que decretó la prueba, se observa
que, con posterioridad a la expedición de la sentencia, el día 11 de diciembre de
2012, el apoderado de la demandante presentó al tribunal oficio al que adjuntó
documento “(…) donde consta que estas últimas se encuentran a paz y salvo por
todo concepto con el señor Juan Fernando Góngora quien rindió el dictamen
decretado de oficio dentro del proceso de la referencia”.

84. Ahora bien, como lo sostuvo el apelante, el tribunal a-quo decidió no resolver
la objeción por error grave presentada por la parte demandada en contra del

42

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

dictamen pericial presentado, por considerar que no cumplió con lo dispuesto en el
artículo 239 del C.P.C., norma que dispone:

ARTÍCULO 239 (modificado por el Decreto 2282 de 1989). Honorarios de los
peritos. En el auto de traslado del dictamen se señalarán los honorarios de los
peritos de acuerdo con la tarifa oficial, y lo que de ellos deba pagar cada parte.
En el caso de que se requieran expertos de conocimientos muy especializados,
podrá el juez señalarles los honorarios sin limitación alguna, teniendo en cuenta
la prestancia de aquéllos y las demás circunstancias del caso.

Antes del vencimiento del traslado del escrito de objeciones, el objetante deberá
presentar al juzgado los títulos de los depósitos judiciales o los recibos de los
honorarios a su cargo expedidos por los peritos.

En el primer caso se entregarán a los peritos los respectivos títulos, sin
necesidad de auto que así lo disponga, y se oficiará a la correspondiente entidad
para su pago, aun cuando el expediente no se encuentre en el juzgado.

Los peritos restituirán los honorarios si prospera alguna objeción que deje sin
mérito el dictamen, o la parte que el juez señale en el caso de que aquélla
prospera parcialmente. Cuando los peritos no cumplan la aclaración o
complementación ordenada perderán los honorarios y si los hubiere recibido,
deberán restituirlos. (…). (La Sala subraya).

85. De acuerdo con los términos del artículo transcrito, el requisito que se exigía
a la parte que objetaba un dictamen, era la presentación de los títulos de los
depósitos judiciales o los recibos de los honorarios a su cargo expedidos por los
peritos, y fue el incumplimiento de esta exigencia la que sirvió de razón al a-quo
para abstenerse de estudiar la objeción por error grave.

86. Al respecto, considera la Sala que erró el tribunal al abstenerse de estudiar la
referida objeción por el motivo manifestado en la sentencia, toda vez que, de un lado,
no era la entidad demandada la llamada a pagar los honorarios del perito, ya que fue
el mismo tribunal quien le atribuyó esta obligación a la demandante, razón por la cual
no se le podía exigir la presentación de recibo alguno respecto de su cancelación.
De otro lado, tampoco se le podía exigir a la demandada la presentación de los títulos
de depósitos judiciales correspondientes al pago de esos honorarios, puesto que,
como quedó demostrado, para la fecha de la sentencia la parte actora no había
cumplido con su obligación de pago ni está acreditado que hubiera constituido los
mencionados títulos.

87. En tales condiciones, resulta pertinente un pronunciamiento en esta instancia
sobre la objeción formulada por la parte demandada, la cual se estudiará

43

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

conjuntamente con el dictamen pericial objeto de la misma y que sirvió de
fundamento a las conclusiones del a-quo sobre la inexistencia del incumplimiento
contractual del contratista, en cuanto a la calidad de los productos entregados al
Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, en desarrollo del contrato de consultoría No.
191 de 2006.

88. Para ello, se tendrá en cuenta que, tal y como lo ha reconocido la
jurisprudencia, no cualquier deficiencia de un dictamen pericial puede ser calificada
como error grave que lo invalide, pues “(…) para la prosperidad de la objeción por
error grave es preciso que el dictamen esté elaborado sobre bases equivocadas,
de una entidad tal que conduzcan a conclusiones equivocadas; estas
equivocaciones deben recaer sobre el objeto examinado y no sobre las
apreciaciones, los juicios o las inferencias de los peritos”, y que “[l]os errores o
equivocaciones bien pueden consistir en que se haya tomado como objeto de
observación y estudio uno diferente a aquél sobre el cual debió recaer el dictamen
o que se hayan cambiado las cualidades o atributos propios del objeto examinado
por otros que no posee, de una forma tal que de no haberse presentado tales
errores las conclusiones del dictamen hubieren sido diferentes, como ha expresado
la jurisprudencia, el dictamen se encuentra “en contra de la naturaleza de las cosas,
o la esencia de sus atribuciones”34.

89. El informe pericial fue presentado el 8 de agosto de 2012 por el ingeniero
civil Juan Fernando Góngora Arciniegas (fl. 440 y 441, c. 1), quien en primer lugar,
advirtió que, para efectos de emitir su dictamen, debió efectuar varias visitas a las
instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, para revisar y fotocopiar
documentación necesaria que no reposaba en el expediente y que sostuvo varias
reuniones en diferentes dependencias, para recopilar la información y detalles del
desarrollo del contrato de consultoría35.

90. A continuación, hizo un recuento de los principales hechos de la ejecución
del contrato y los actos demandados, y procedió a responder, pregunta por
pregunta, las que le efectuó el a-quo al decretar la prueba y, posteriormente,
cuando se posesionó el perito, las cuales giraron principalmente en torno a las
obligaciones del contratista, con fundamento en lo consignado en el contrato y en

34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 15 de

abril de 2010, expediente 18014, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
35 El dictamen consta de un informe pericial, en 72 páginas, y 8 fólderes anexos, contentivos de

documentación relativa al contrato.
44

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

el pliego de condiciones; sobre los productos entregados a la entidad, así como los
requerimientos que le fueron efectuados por ésta al consultor, en relación con
supuestos faltantes como el Plan Maestro de Servicios, el Plan de Recarga de
Acuíferos y el estudio de mitigación del ruido, según requerimientos de la CAR y
también respecto de la calidad de los estudios, diseños y planos entregados.

91. En general, el perito respondió que el contratista no había incumplido con
sus obligaciones y que los productos entregados eran de buena calidad y
correspondían a lo que hacía parte de las obligaciones del consultor. Después de
citar apartes del pliego de condiciones y con base en el acta de recibo y aprobación
de diseños del 30 de noviembre de 2007 y la obtención de las licencias de
urbanismo y de construcción, tramitadas sin objeción alguna y obtenidas por el
consultor, concluyó que los diseños entregados sí cumplieron con el pliego de
condiciones y con el contrato. Adujo que el pliego de condiciones establecía la
construcción del proyecto por etapas, de acuerdo al presupuesto, pero no así la
elaboración de los diseños, que debían realizarse y contemplar la totalidad del
mismo. Que, según el acta de recibo y aprobación de diseños, se hizo entrega de
los productos totalmente terminados de forma integral del proyecto, lo que también
fue certificado por el coordinador grupo construcciones del FORPO en la constancia
de ejecución del contrato. Así mismo, el perito constató que los planos se
encontraban bordeados y debidamente rotulados.

92. También consideró, con base en la documentación que estudió, i) que los
planos de acceso peatonal fueron debidamente entregados y cumplían con las
especificaciones del pliego y del contrato; ii) que el contratista sí cumplió con la
presentación del Plan Maestro de Servicios Públicos, en tanto obtuvo la licencia de
urbanismo -y con base en esta la de construcción-, para cuyo trámite aquel era
indispensable y sí adelantó, mientras el contrato estuvo vigente, la coordinación
con la alcaldía municipal de la inclusión del potencial hídrico subterráneo de los
sistemas acuíferos de la vereda Río Frío del municipio de Tabio dentro del EOT; iii)
que el contratista sí tramitó ante la Secretaría de Obras Públicas del departamento
de Cundinamarca el permiso para la extensión del acueducto en la vía Cajicá-Tabio,
según el oficio del 21 de mayo de 2008, anexo a solicitud de la arquitecta Sandra
Salamanca, radicada en la Gobernación, sobre la excavación de la red de
acueducto del proyecto entre el sitio El Molino y ECSAN Tabio; iv) reiteró que los
requerimientos relativos a la mitigación del ruido eran imprevisibles para el
contratista por haber sido fundados en una resolución de la CAR que fue posterior

45

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

al cierre de la ejecución del contrato de consultoría; v) adujo que los planos del
bloque de acceso de control peatonal fueron entregados y recibidos por la entidad,
según el acta de recibo y aprobación de estudios y diseños, ítem 1, acceso
peatonal, planos 1, 2, 3 y 4; vi) lo mismo ocurrió con los planos del bloque de acceso
vehicular, ítem 12, plano 34 y viii) con los planos del bloque de alojamiento de
cadetes, ítem 2, planos 4, 5, 6 y 7; y concluyó, sobre esta pregunta en general, que
“Revisada la documentación y confrontándola con el acta de recibo de estudios y
diseños de 30 de noviembre de 2007, pudo establecerse que las obligaciones a
cargo del contratista, fueron cumplidas en su totalidad, y en el tiempo pactado
contractualmente de acuerdo al Acta de Terminación Final del 30 de noviembre de
2007, (…) y el Acta No. 1 de Recibo y Aprobación de Diseños del 30 de Noviembre
de 2007 (…)”.

93. No obstante, en el dictamen pericial rendido por el auxiliar de la justicia se
echa de menos el análisis técnico y científico de las cuestiones sometidas a su
estudio y se advierte que, en general, con todas las respuestas del perito al
cuestionario efectuado por el tribunal, aquel no contrastó los productos entregados
con las observaciones y críticas que la entidad venía haciendo para asegurar que
el contratista había incumplido, no solo respecto de algunas diligencias que debía
adelantar y con la entrega de algunos de los documentos que debía aportar, sino
en cuanto a la calidad de varios de los estudios, diseños y/o planos que sí fueron
oportunamente entregados por el contratista, es decir que se echa de menos su
criterio profesional en la evaluación y resolución de las preguntas formuladas por el
a-quo.

94. El perito no manifestó haber consultado los planos materia de salvedades y
observaciones por parte de la entidad para confrontarlos, no sólo con el acta de
recibo, sino principalmente con las observaciones que sobre los mismos efectuó la
entidad contratante, para establecer si éstas eran procedentes o por qué no lo eran;
y si, de acuerdo con las especificaciones técnicas del pliego de condiciones, en
realidad tales planos sí cumplían con dichos requerimientos, como conceptuó el
perito, en forma por demás escueta, sin dar cuenta de sus análisis técnicos y
especializados para llegar a tal conclusión.

95. De acuerdo con lo anterior, resulta evidente la superficialidad de este
concepto, teniendo en cuenta el sinnúmero de observaciones efectuadas por la
entidad contratante a los estudios y planos entregados, sobre las cuales se requería

46

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

el concepto de un experto para determinar si se ajustaban o no a la realidad de lo
contratado y si era procedente que el contratista las atendiera en la forma en que
fueron formuladas, siendo insuficiente para ello, respaldar las respuestas en las
actas de recibo y finalización del contrato, pues lo que se buscaba con el decreto
de la prueba pericial era contar con el conocimiento especializado e imparcial del
auxiliar de la justicia, en aras de determinar si lo entregado fue lo contratado y,
principalmente, si respondía a las condiciones de calidad esperadas de este tipo de
trabajos, cuestiones que debía resolver con base en sus propios conocimientos
pero, así mismo, mostrar al juez los fundamentos y demostraciones de su concepto,
así fuera con algunos ejemplos de los análisis realizados, si no lo hacía sobre todos
los diseños y planos entregados.

XVI- La objeción por error grave:

96. La parte demandada presentó objeción por error grave, fundada,
básicamente, en que las respuestas del auxiliar de la justicia no correspondían a la
realidad de los hechos y sostuvo que, contrario a lo afirmado por el perito, el
contratista no había cumplido con todas sus obligaciones en cuanto a la entrega de
los estudios, diseños y planos con la calidad exigida en el pliego de condiciones y
en el contrato.

97. Sostuvo que el perito no sustentó sus conclusiones, de cara a las
observaciones que se habían hecho por la entidad respecto de los productos
entregados; dio cuenta, así mismo, de que los estudios y diseños comprendían más
de 1.500 planos y más de 17.000 folios, que demandaron, para su revisión y
valoración, más de tres meses, por lo que resultaba llamativo que el perito en tan
corto tiempo hubiera podido colegir que los planos sí cumplieron las
especificaciones, estándares técnicos y la normatividad que permitían la
construcción de edificaciones.

XVII- Consideraciones de la Sala sobre la prueba pericial

98. A partir del análisis del dictamen presentado por el experto designado para
dar respuesta a los interrogantes planteados por el a-quo y de las objeciones que,
por error grave, presentó la entidad demandada en su contra, la Sala puede llegar
a las siguientes conclusiones:

47

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

99. En primer lugar, que las cuestiones planteadas por el Fondo Rotatorio de la
Policía Nacional como error grave del dictamen, en realidad no constituyen la clase
de defectos que lo pueden configurar, en tanto no se puede afirmar, a partir de las
falencias evidenciadas en los reproches, que el objeto de examen tenido en cuenta
por el perito haya sido distinto del que le correspondía evaluar o que sus
conclusiones hubieran versado sobre materia distinta a la que fue puesta en
consideración del experto, toda vez que las respuestas dadas al cuestionario
planteado por el Tribunal se refirieron a la ejecución del Contrato de Diseño
Arquitectónico No. 191 de 2006 y se fundaron en los documentos, estudios, planos,
etc. que se produjeron en virtud de este negocio jurídico.

100. Lo que se evidencia a partir de las observaciones de la entidad demandada,
es que no está de acuerdo con las conclusiones a las que arribó el perito, por
considerar que no coinciden con la realidad de lo probado en el plenario, carecen
del debido soporte y sustentación, desconocen los incumplimientos en que incurrió
el contratista y dejan de lado los derechos de la contratante frente a la entrega de
productos de calidad deficiente y la posibilidad de hacer efectiva la respectiva
garantía.

101. De acuerdo con lo anterior, no cabe duda de que, en realidad, lo que se está
cuestionando es la calidad del dictamen pericial, asunto que difiere de la existencia
de un error grave que conduzca a invalidar la prueba.

102. Ahora bien, el hecho de que no prospere la objeción por error grave
formulada en contra de un dictamen pericial, no significa que el juez deba brindarle
toda la credibilidad y valor probatorio así sin más, pues la ley le impone el deber de
apreciarlo teniendo en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos,
la competencia del perito y los demás elementos probatorios que obren en el
proceso -art. 241, C.P.C.-, evidenciando que el dictamen debe ser claro, preciso y
detallado y en él se deben explicar los exámenes, experimentos e investigaciones
efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las
conclusiones -art. 237, num. 6, C.P.C.-.

103. En segundo lugar, la Sala concluye que, a pesar de la extensión del
dictamen pericial, debida a la formulación de 25 preguntas por parte del a-quo -
algunas de las cuales fueron repetitivas-, y el volumen de documentación que
adjuntó con su informe el perito (8 fólderes contentivos de fotocopias de

48

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

documentos como resoluciones, correspondencia cruzada entre las partes, pliegos
de condiciones, etc. etc.), las respuestas dadas a los cuestionamientos planteados
por el tribunal son escuetas y carecen de fundamentación técnica por parte del
ingeniero civil designado para efectuar la prueba, en tanto no consta que, por
ejemplo, haya verificado las observaciones que, en forma reiterada e insistente hizo
la entidad demandada sobre aspectos concretos y específicos de los planos
entregados por el contratista como fruto de la consultoría que tuvo a su cargo -más
de 1.500, según la entidad demandada-.

104. Es claro que, en últimas, lo que se requería comprobar era la calidad de los
documentos y productos entregados por el consultor al finalizar el contrato -diseños,
planos, etc.-, y que las preguntas formuladas por el Tribunal debieron ser
respondidas por el experto designado con fundamento en el estudio que este
realizara de dicho material, contrastado con las obligaciones que, plasmadas tanto
en el pliego de condiciones como en el contrato, le asistían al contratista, de cara a
las objeciones, observaciones y críticas efectuadas por las distintas dependencias
de la entidad demandada.

105. No obstante, como lo constató la Sala, al analizar las preguntas formuladas
por el a-quo y las respuestas brindadas por el perito, este se limitó a hacer
transcripciones de apartes del pliego y el contrato, para afirmar, a partir de las
mismas, que el contratista había cumplido con lo que le correspondía entregar, y
que lo entregado era de la calidad exigida, pero sin exponer los análisis personales
que hubiera hecho respecto del sinnúmero de observaciones que la entidad venía
formulando, o al menos las que quedaron expresamente plasmadas en los actos
administrativos demandados.

106. En consecuencia, en relación con el cumplimiento de las exigencias de
calidad del pliego y del contrato, la Sala considera que son insuficientes las
afirmaciones genéricas del dictamen para llegar a la conclusión que allí se
consignó. Efectivamente, dados los múltiples reparos frente a los diseños y planos,
contenidos en los actos administrativos demandados, resultaba imperioso para el
perito explicar de qué forma se superaban los mismos y las pruebas que
respaldaban tales conclusiones.

107. Al respecto, se observa que, en la Resolución No. 105 del 18 de febrero de
2009, por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por la parte actora

49

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

en contra del acto administrativo por medio del cual se declaró el siniestro de calidad
en el contrato de consultoría, la entidad consignó lo siguiente (f. 708 a 710 vto., c. 2):

La entidad no desconoce en ninguno de los apartes de la resolución recurrida,
que el contratista ha atendido los oficios en los cuales se solicita las
modificaciones que correspondan, luego de la revisión aleatoria al producto
entregado. Sin embargo establece que no comparte los alcances que la entidad
contratante ha pretendido darle al objeto contractual, a lo cual debe recordársele
que los mismos están establecidos desde el pliego de condiciones,
especificaciones técnicas y que han sido conocidos a cabalidad por el consorcio
consultor.

Sin embargo, la entidad ha dejado constancia que las correcciones que el
contratista ha enviado como respuesta a los requerimientos a las objeciones
sobre la calidad técnica, se han realizado en tamaño carta y no cuentan con la
firma del responsable, haciendo caso omiso a los estándares de calidad
definidos por la norma, para la presentación de los planos. Con ello se han
cambiado la forma y diseños presentados, que a modo de ejemplo se cita el de
la cafetería o plazoleta de comidas, en donde la sobre cubierta pasó de cubrir
la edificación y una parte de la plaza, a cubrir solamente un costado (el área de
las sillas) y con acabado diferente (de domo a membrana), hecho este que si
se revisa a la luz de los costos del presupuesto no correspondería con lo que
inicialmente fuera presentado al FORPO. Es de anotar que esa modificación no
fue corregida por el contratista ni verificada por la interventoría, por ende el
costo definido para esta intervención varía notablemente. Se resalta que los
reclamos que demanda la Entidad por concepto de calidad tienen soporte en
los lineamientos establecidos en la Ley 400 de 1997, como el decreto
reglamentario 33 de 1998, que establecen lo relacionado con el control (calidad
de la información) de planos”.

108. A continuación, se refirió a las explicaciones brindadas por el contratista en
su recurso, y entre otras cosas, manifestó la entidad:

1. En cuanto a los requerimientos al contratista.

La entidad una vez revisados los planos que fueran entregados, encontró
observaciones de forma como de fondo, con errores y falta de información, así
mismo en las especificaciones técnicas, estudios y presupuestos oficiales,
según consta en los informes remitidos con antelación y que sirvieron de
soporte a la Resolución No. 0853 de 2008. Si bien es cierto, el contratista emite
respuestas a los requerimientos, también lo es, que con estas comunicaciones,
corrige, modifica o adiciona la información del producto ya entregado, sin tener
en cuenta que la calidad del mismo debió corresponder a lo pactado y no a
interpretación unilaterales (sic) del consultor.

(…)
Con relación al estudio de suelos, la entidad hace las siguientes precisiones:

1. Según lo dispone la Ley 400 de 1997, los decretos reglamentarios y
los acuerdos contenidos en actas de comité, se debió utilizar para la estructura
sismo resistente: el nivel cuatro (4) para el bloque de sanidad y de nivel tres (3)
para las demás edificaciones y de ello se desprende el número de sondeos a
realizar indicando que deberán ser localizados en el área a construir.
2. No todas las edificaciones corresponden a la repetición de número de
unidades de construcción, en el proyecto existen variados niveles de seguridad,
altura y solo se repiten las aulas (5), los alojamientos (11) y los apartamentos
50

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

fiscales (4). Sin embargo ninguno de ellos se encuentran localizados en la
misma curva de nivel, para lo cual se requerirá de sus licencias y estudios
independientes.
3. No existe homogeneidad en el terreno y así lo determinó el mismo
contratista en el numeral 6.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (pág.
28 y 29) del estudio de suelos y resistividad eléctrica, donde señala los
siguientes aspectos relevantes (…)
4. El informe del estudio de suelos del geotecnista del consorcio Tabio
2006, indica: (…)
5. Se expidió licencia de construcción de nueve edificaciones, lo cual no
puede ser extensivo a todo el proyecto ni se le puede aplicar a la totalidad de
las construcciones y actividades que conforman el proyecto para la escuela.

Teniendo en cuenta lo anterior, el estudio de suelos es la base para determinar
el tipo de cimentación y la profundidad del terreno de fundación adecuada para
edificaciones sismorresistentes, en este caso corresponden a nivel III y IV, tal y
como lo prevé la norma, por lo tanto es necesario tener en cuenta las
condiciones del proyecto ECSAN-Tabio y del terreno indicadas anteriormente.
Así las cosas, no es procedente lo señalado por el apoderado en su escrito de
‘dejar al criterio y la responsabilidad del ingeniero especialista en geotecnia a
cargo del estudio’.

Para los planos topográficos, la entidad encuentra lo siguiente:

Como se indica en el recurso del apoderado, se encuentran relacionados
solamente dos planos topográficos en el acta de recibo de la interventoría, sin
embargo los mismos, no fueron entregados a la entidad y fueron solicitados por
escrito en varias oportunidades al contratista y que se encuentran relacionados
en la resolución recurrida.

No obstante lo anterior, en estos dos planos (de pliego) no se puede incluir toda
la información requerida, solo los datos más generales de localización del
proyecto, lo cual está desatendiendo lo exigido en el pliego de condiciones -
especificaciones técnicas, para la presentación del levantamiento topográfico,
toda vez:

1. El trabajo contratado corresponde a un Levantamiento topográfico,
no solamente los planos topográficos, teniendo en cuenta que el propósito de
la información es que además del plano que contiene las medidas de la
topografía, se encuentre el informe con los datos necesarios para llanear,
proyectar y ejecutar una obra de ingeniería y para proporcionar el necesario
control de posición y dimensiones en el sitio, de manera que el puente, edificio
o carretera sean construidos en el lugar adecuado y como se proyectaron.
2. En dos planos no se pueden integrar todas las actividades tanto de
edificaciones como de urbanismo, paisajismo, construcción de edificaciones y
demás actividades, cuya área a intervenir, según el pliego de condiciones, está
determinada: ‘en una medida aproximada de 50 hectáreas’.
3. El pliego de condiciones indica claramente que la escuela se construirá
por etapas, por lo tanto debe existir un plano respectivo de cada una de las
edificaciones y actividades a desarrollar.
4. A la fecha no se ha radicado en esta entidad, el contenido del informe
de topografía.

En cuanto al acceso peatonal y vehicular, se tiene que:

Ciertamente el contratista no solo entregó los planos, sino las modificaciones
solicitadas por la entidad a los mismos. Sin embargo los planos no fueron
remitidos con los estándares de calidad establecidos en el pliego de
condiciones, teniendo en cuenta que se enviaron en tamaño carta, sin la escala
requerida y no cuentan con la firma del profesional responsable, lo cual no

51

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

permite una revisión óptima de la información. Igualmente, al modificar la
información inicialmente entregada, se debió precisar lo correspondiente al
presupuesto oficial, incluyendo la totalidad de los ítems corregidos.

En lo referente al presupuesto oficial:

De la ventanería y su cantidad establecida en el presupuesto, el contratista se
encuentra nuevamente en un error, al afirmar ‘que en el presupuesto se estimó
un tipo de ventanería por m2, para calcular el valor en m2, se definió la misma
perfilería, empaquetadura y vidrios para los tipos de ventana con lo cual se
estableció un promedio valor por M2´.

Lo anterior, teniendo en cuenta que en las mismas especificaciones técnicas de
construcción suministradas por el Consorcio Tabio 2006, existen tres formas de
pago y medida: metro cuadrado, metro lineal y unidad, así mismo también
varían los acabados en los cuatro tipos de ventanas. Por lo tanto, se concluye
que la información no concordaría entre los planos, las especificaciones
técnicas constructivas y el presupuesto oficial. Por ello no cumple con los
estándares de calidad en la información.

Del proyecto de alojamiento de cadetes, se precisa lo siguiente:

A la documentación aportada por el contratista, como resultado de la valoración
selectiva y control de calidad, se le efectuaron los respectivos requerimientos,
los cuales si bien fueron atendidos por el consorcio consultor no se allegó en la
forma y en calidad solicitada.

Cabe anotar que son once (11) edificios localizados en la parte alta del proyecto,
diez (10) de ellos tienen la fachada principal orientada hacia la parte baja del
terreno, en donde se desarrolla la mayor parte del proyecto y solo uno (1) no lo
cumple esta condición en razón a que se encuentra junto a la plazoleta razón
por la cual su frontispicio divisa la parte alta de la montaña, sin dejar de lado
que las curvas de nivel y terreno no son homogéneas.

La información de este último edificio, le fue entregada a la entidad, sin embargo
el contratista solicita se tome esta referencia para la construcción del total de
las edificaciones, sin tener en cuenta que de hacerlo así, se tendrían
inconvenientes en la construcción y de función, toda vez que: el muro de
contención se encontraría localizado en la fachada, no en la parte posterior, que
el desagüe, suministro de agua se encontrarían en contrapendiente, etc, en el
presupuesto no se puede indicar que su acceso tendría el mismo costo (por
distancias).

Es importante recordar que la información de cada uno de los edificios se
debería presentar en forma independiente, por corresponder con la proyección
para la construcción (por etapas) y el trámite de cada una de las licencias. En
virtud de lo anterior, solo se presentó para un solo edificio, teniendo en cuenta
la información suministrada como respuesta a los requerimientos, lo cual
evidencia que no se efectuó la corrección del plano estructural y diseños
hidrosanitarios o no se presentó lo correspondiente para otras diez (10)
edificaciones (este caso también se repite en las aulas, en donde solo se
entregó la información de un edificio) (…).

109. Sin embargo, en parte alguna del dictamen se hizo alusión a las afirmaciones
de la entidad para contrastarlas con el material probatorio obrante en el proceso, con
la normatividad que rige esta clase de obras y con los propios conocimientos técnicos
del perito, para desvirtuarlas y llegar a la conclusión a la que arribó en su informe.

52

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

110. No se desconoce que el perito dio respuesta a cada una de las preguntas del
Tribunal, pero no lo hizo dentro del contexto de la controversia, ni sus respuestas
dieron solución a las inquietudes técnicas suscitadas por el enfrentamiento de
criterios entre la entidad y el contratista; es así como se echan de menos en la prueba
pericial, las explicaciones necesarias para superar las observaciones efectuadas por
aquella, puesto que simplemente se consignó que se cumplió con lo pactado, con
base en las actas del 30 de noviembre de 2007 y que se revisó el expediente del
Fondo, sin más detalles.

111. No se puede olvidar que, como ya se advirtió, cuando el a-quo decretó de
oficio la prueba pericial, advirtió que el dictamen tenía “(…) por objeto no solo la
verificación de algunos hechos relacionados en los actos acusados, sino también su
relación con las obligaciones pactadas en el contrato de consultoría y su
materialización a través de los diseños entregados a la entidad”, circunstancia que
no fue tenida en cuenta por el auxiliar de la justicia a la hora de absolver el
cuestionario puesto a su consideración por el tribunal, ya que no hizo un análisis
personal y detallado de lo que entregó el contratista en cumplimiento de sus
obligaciones contractuales.

112. En tales condiciones, si bien no prospera la objeción por error grave que fue
presentada por la entidad demandada en su contra por las razones que ya fueron
dadas, lo cierto es que el dictamen pericial obrante en el proceso carece de la fuerza
probatoria necesaria para desvirtuar los hechos que le dieron sustento al acto
administrativo demandado, en relación con la deficiente calidad de los productos que
sí fueron entregados por el contratista.

113. Como las motivaciones de las resoluciones demandadas, también se
apoyaron en conceptos técnicos del personal del Fondo, los cuales al ser
incorporados en tales actos quedaron amparados por la presunción de legalidad y
veracidad, era menester que la parte actora, en virtud del principio de la carga de
la prueba36, aportara elementos de convicción con la suficiente fuerza probatoria

36 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 177 del C.P.C., incumbe a las partes probar el supuesto

de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Sobre este principio,
ha manifestado la jurisprudencia: “(…) dicho en otras palabras: para lograr que el juez dirima una
controversia de manera favorable a las pretensiones, le corresponde al demandante demostrar en
forma plena y completa los actos o hechos jurídicos de donde procede el derecho o nace la
obligación, máxime si ninguna de las partes goza en el proceso colombiano de un privilegio especial
que permita tener por ciertos los hechos simplemente enunciados en su escrito, sino que cada una
de ellas deberá acreditar sus propias aseveraciones. // Cabe recordar que la carga de la prueba
consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los
hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido,
53

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

para entender levantadas tales presunciones. Para la Sala esto no se logra con el
dictamen practicado en el proceso, por las falencias advertidas.

114. Como se dijo anteriormente, al proceso también se aportó un informe técnico
allegado por la parte actora con su demanda (fl. 24, c. ppal, 1ª instancia) y que fue
aceptado en el auto de pruebas por el a quo (fl. 226 rev., c. ppal, 1ª instancia). Aquí vale
precisar que dicha prueba no es un dictamen pericial anticipado, puesto que no fue
pedida ante el juez competente, tal como lo exigía el inciso final del artículo 300 del
C.P.C. ni cumple con las formas propias señaladas en el artículo 301 ejusdem.

115. Sin embargo, el inciso 2º del artículo 183 del C.P.C., modificado por el 18 de
la Ley 794 de 2003, permitía a cualquiera “de las partes, en las oportunidades
procesales para solicitar pruebas (…) presentar experticios emitidos por
instituciones o profesionales especializados”37.

en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda,
sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso y, por tanto,
sabe de la necesidad de que así sea, más aún tratándose del sustento mismo de la demanda y de
los derechos que solicita sean reconocidos” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2005, expediente 17300, C.P. Ramiro
Saavedra Becerra.
37 Sobre la diferencia entre la prueba pericial anticipada y los informes técnicos en comento, la Corte

Constitucional en sentencia T-274 del 11 de abril de 2012, M.P. Juan Carlos Henao, precisó: “35.
Así las cosas, se concluye que la prueba pericial practicada de manera anticipada tendrá pleno valor
probatorio y, por consiguiente, podrá ser apreciada por el juez solamente si fue: 1. Sometida al
principio de contradicción y 2. Regular y legalmente incorporada al proceso en el cual se pretende
hacer valer, conforme con las reglas previstas en la ley para el efecto. Dicho de otro modo, si el
dictamen pericial fue indebidamente incorporado al proceso y, además, no fue sometido a
contradicción dentro de él, carece de mérito probatorio y, por lo mismo, no puede ser valorado
judicialmente porque no corresponde a una prueba legalmente practicada. Cosa distinta ocurriría si
la prueba es debidamente incorporada, pues en tal evento: i. Si no fue materia de contradicción se
estaría ante una prueba sumaria y no ante plena prueba ii. Si no reúne los requisitos propios de una
prueba pericial se estará entonces frente a un informe técnico como se verá a continuación. // 36.
Con la dinámica del derecho, el legislador diseñó un nuevo concepto de prueba judicial técnica,
distinto a la prueba pericial, que tiene como finalidad autorizar a las partes a aportar al proceso
conceptos técnicos, científicos o artísticos que han sido elaborados por fuera del proceso y por
encargo de una de las partes que ha escogido al profesional que emite su opinión. En efecto, por
primera vez, el artículo 21 del Decreto 2651 de 1991, autorizó a las partes, de común acuerdo, a
presentar informes técnicos: // “En todo proceso las partes de común acuerdo pueden, antes de que
se dicte sentencia de primera o única instancia o laudo arbitral, realizar los siguientes actos
probatorios: // 1. Presentar informes científicos, técnicos o artísticos, emitidos por cualquier persona
natural o jurídica, sobre la totalidad de los puntos objeto de dictamen pericial; en este caso, el juez
ordenará agregarlo al expediente y se prescindirá́ total o parcialmente del dictamen pericial en la
forma que soliciten las partes al presentarlo”. // Posteriormente, en el capítulo 4 de las pruebas, el
artículo 10 de la Ley 446 de 1998, señaló́ que: // “Para la solicitud, aportación y práctica de pruebas,
además de las disposiciones generales contenidas en el Código de Procedimiento Civil y demás
disposiciones, se dará́ aplicación a las siguientes reglas: // 1. Cualquiera de las partes, en las
oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios emitidos por
instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de ellos, el juez
procederá́ a decretar el peritazgo correspondiente” // Esa norma fue reiterada, en idéntico sentido,
en el artículo 18 de la Ley 794 de 2003, que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento
Civil, al disponer como oportunidad probatoria, entre otras, la siguiente: “Cualquiera de las partes,
en las oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá́ presentar experticios emitidos por
instituciones o profesionales especializados. De existir contradicción entre varios de ellos, el juez
procederá a decretar el peritazgo correspondiente”.
54

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

116. Para su valoración la Corte Constitucional ha precisado38:

38. En cuanto a los conceptos técnicos su incorporación al proceso se valora
dentro de la sana crítica judicial, como las demás pruebas, y se aprecian en
conjunto, pues al igual que el dictamen pericial, el juez es autónomo para valorar
las pruebas técnicas y verificar la veracidad de sus fundamentos y conclusiones,
en tanto que es al juez, y no al perito o al profesional especializado, a quien
corresponde administrar justicia y resolver la controversia que se somete a su
decisión final. De esta forma, es evidente que aunque el juez no se encuentra
atado a la opinión técnica porque debe someterla a su valoración y apreciación
objetiva y razonada, la especialidad de los conocimientos que se expresan en
los documentos técnicos sí constituye un importante instrumento de apoyo
judicial para su convencimiento.

117. En el presente caso, según lo constató la Sala, las conclusiones del informe
técnico del arquitecto Jorge Noriega Santos se apoyaron únicamente en una
descripción general del proyecto, pero no se brinda fundamento técnico alguno que
las sustente, por lo que esta prueba adolece de la claridad, precisión y detalle
necesarios para comunicarle certeza al juez sobre su firmeza y fuerza de convicción;
si bien no es posible desconocer automáticamente los juicios técnicos de
profesionales especializados aportados por las partes, lo cierto es que estos deben
explicar cuáles fueron los exámenes, pruebas y análisis que se llevaron a cabo para
llegar a sus conclusiones, con el ánimo de, al menos, corroborar la rigurosidad de
los mismos, exigencias que en esta oportunidad se echan de menos.

118. De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que no se probó en el
plenario la falsa motivación del acto administrativo aducida por la parte actora, por
cuanto no se desvirtuó la mala calidad de los servicios prestados y los productos
entregados en la forma en que fue expuesta en las consideraciones de las
Resoluciones 853 de 2008 y 105 de 2019 y, por tanto, dicho cargo debe negarse.

XVIII- El amparo que se afectó

119. La parte actora sostuvo que la entidad debió hacer efectivo el amparo de
cumplimiento propiamente dicho y no el de calidad, con fundamento en que el
incumplimiento que se imputó al contratista en la Resolución No. 853 de 2008
consistió en “no haber entregado a la entidad contratante parte de los diseños,
estudios y en general de los trabajos objeto del contrato de consultoría”, por lo cual,
en virtud del principio de congruencia y en atención al deber de imparcialidad del
juez, a ese aspecto deberá ceñirse la Sala.

38Ibíd.

55

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

120. En línea con lo anterior, es preciso advertir que, si bien en la demanda se
hizo alusión a los defectos de calidad de los productos que sí fueron entregados,
en relación con éstos no se elaboró un cargo asociado a la corrección del amparo
que se hizo efectivo, sino que se limitó a señalar que los productos sí cumplían con
la calidad exigida –aspecto sobre el cual ya se resolvió–. Esto lleva a que la Sala
se releve de determinar si los perjuicios derivados de los defectos de calidad debían
ser cubiertos por el amparo de calidad o por el de cumplimiento, por no haber sido
una causa propuesta en la demanda.

121. Hechas las anteriores precisiones y de cara al asunto en cuestión, la Sala
estima pertinente recordar que la ley exige al contratista la constitución de una
garantía única de cumplimiento que ampare el contrato39 y que representa para su
beneficiaria, que lo es la entidad estatal contratante, la posibilidad de obtener la
indemnización de los perjuicios que puede sufrir cuando el contratista no honra sus
compromisos en la forma pactada y desconoce las obligaciones, principales y
secundarias y de seguridad o garantía, que se derivan a su cargo a partir de la
celebración de los contratos estatales.

122. El Decreto 679 de 1994 -arts. 16 y sgtes- reglamentó lo concerniente a las
garantías de los contratos estatales y dispuso en primer lugar, que el objeto de la

39 Tal y como lo dispone el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 (vigente para la época

de celebración del contrato): “El contratista prestará garantía única que avalará el cumplimiento de
las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y
se ajustará a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado (…)”. El artículo 7º de la Ley
1150 de 2007 subrogó esta norma, en los siguientes términos: “DE LAS GARANTÍAS EN LA
CONTRATACIÓN. Los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes prestarán garantía de seriedad de los
ofrecimientos hechos. // Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los
demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratándose
de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El
Gobierno Nacional señalará las condiciones generales que deberán ser incluidas en las pólizas de
cumplimiento de los contratos estatales. // El Gobierno Nacional señalará los criterios que seguirán
las entidades para la exigencia de garantías, las clases y niveles de amparo de los riesgos de los
contratos, así como los casos en que por las características y complejidad del contrato a celebrar, la
garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del
respectivo contrato. // El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por
la entidad pública al respectivo asegurador mediante la notificación del acto administrativo que así
lo declare. // Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los
interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor
cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual corresponderá a la entidad determinar la necesidad
de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago, así como en los
demás que señale el reglamento. // PARÁGRAFO TRANSITORIO. Durante el período que
transcurra entre la entrada en vigencia de la reforma contenida en la presente ley y la expedición del
decreto reglamentario a que se refiere este artículo, las entidades estatales continuarán aplicando
las normas legales y reglamentarias vigentes”.

56

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

garantía única establecida por el legislador es respaldar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que surjan a cargo de los contratistas frente a las
entidades estatales, por razón de la celebración, ejecución y liquidación de los
contratos, por lo que, con sujeción a los términos del respectivo negocio jurídico,
debe cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a
cargo del contratista en los términos de la respectiva garantía.

123. Es así como, en la generalidad de los contratos, el contratista asume, junto
a las prestaciones principales que apuntan a la ejecución del objeto contractual,
obligaciones cuyo cumplimiento también debe estar amparado por la garantía, tales
como dar buen manejo e invertir correctamente los recursos recibidos a título de
anticipo; ejecutar el contrato en la forma y tiempo acordados; pagar a sus
trabajadores los salarios, prestaciones e indemnizaciones de ley; prestar servicios
y entregar bienes de buena calidad; construir obras sólidas y estables, etc..

124. Es a partir de estas obligaciones, principales y secundarias, como se
establecen los riesgos que deben ser cobijados por la garantía única de
cumplimiento del contrato, que son a los que se refiere el artículo 17 del Decreto
679, al disponer que la garantía “debe ser suficiente de acuerdo con las distintas
clases de obligaciones amparadas”, y que se incluirán únicamente como riesgos
amparados aquellos que correspondan a las obligaciones y prestaciones del
respectivo contrato, “tales como, los de buen manejo y correcta inversión del
anticipo o pago anticipado, cumplimiento del contrato, estabilidad de la obra, calidad
del bien o servicio, correcto funcionamiento de los equipos, pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones”. Dicha norma, además, estableció el
valor y la vigencia mínimos de cada amparo.

125. Algunas de estas garantías, por su misma naturaleza, deben extender su
vigencia más allá de la fecha de terminación del contrato amparado, dado que su
objeto de cobertura recae sobre obligaciones accesorias de garantía o seguridad,
que surgen del negocio jurídico y que apuntan a salvaguardar el patrimonio del
beneficiario frente a la configuración de riesgos de futura ocurrencia40.

40 “Las obligaciones que surgen del contrato no se reducen a las prestaciones específicas acordadas

por las partes a través del acto jurídico que las crea y, por lo mismo, los efectos jurídicos del contrato
no se agotan, por completo, con la satisfacción de éstas. // Además de las obligaciones específicas
o principales, existen obligaciones que surgen o se hacen exigibles, precisamente, luego de
cumplidas las obligaciones principales. Se trata de las llamadas obligaciones accesorias de garantía
y de seguridad que se hallan implícitas en ciertos contratos o están previstas en la ley. // Esas
obligaciones accesorias de garantía son distintas de las obligaciones principales o específicas, en la
medida en que aquéllas se constituyen como una especie de obligaciones de resultado, pues, a
57

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

126. Así, el literal d) del artículo 17 del Decreto 679, dispone que la vigencia de
los amparos de estabilidad de la obra, calidad de la obra o servicio suministrado,
provisión de repuestos y accesorios, deberá cubrir cuando menos por el lapso en
que de acuerdo con el contrato y la legislación civil o comercial, el contratista debe
responder por la garantía mínima presunta, por vicios ocultos, garantizar el buen
funcionamiento de los bienes suministrados, responder por la estabilidad de la obra
o asegurar el suministro de repuestos y accesorios, teniendo en cuenta que el
término del amparo de estabilidad de la obra lo determinará la entidad según la
naturaleza del contrato y no será inferior a cinco años.

127. Es claro entonces, que terminado el contrato e inclusive liquidado de común
acuerdo o unilateralmente, aún subsiste una serie de obligaciones a cargo del
contratista cuyo cumplimiento también debe estar respaldado por la respectiva
garantía, como las atinentes a su responsabilidad por la estabilidad de la obra, o el
buen funcionamiento de los equipos entregados, o la calidad de los bienes
suministrados, o el cumplimiento de las obligaciones laborales con sus empleados,
etc., en los términos pactados o dispuestos por la ley41.

128. Se trata, por lo tanto, de garantías cuya cobertura surge y su vigencia
se extiende, precisamente, a partir de la terminación del contrato y hasta la
fecha acordada por las partes o establecida por la ley42, por ser el periodo en
el que resultan exigibles las obligaciones de garantía o seguridad a cargo del

través de ellas, ‘… el deudor no asume simplemente un resultado determinado, sino que garantiza
su obtención, por disposición legal o negocial, de manera que responde por la ausencia del resultado
…’ //. En los contratos estatales, al igual que en los contratos que se rigen por el derecho privado,
las obligaciones accesorias pueden estar ínsitas en los contratos o preceptuadas por la ley”. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 14
de julio de 2016, expediente 35763, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
41 “Si bien es cierto en el acto de liquidación final del contrato, ya sea por mutuo acuerdo de las

partes o por decisión unilateral de la administración, regularmente se extinguen las relaciones
jurídicas entre las partes, también lo es que subsisten algunas obligaciones a cargo del contratista,
el cual pese a haber entregado la obra, los trabajos, o los bienes objeto del contrato, responderá no
obstante haberse liquidado, de los vicios o defectos que puedan aparecer en el período de garantía
o de los vicios ocultos en el término que fije la ley (art. 2060 c.c). // De acuerdo con la legislación
contractual, debe éste salir al saneamiento de la obra, de los bienes suministrados y de los servicios
prestados; amparar a la administración de las posibles acciones derivadas del incumplimiento de
obligaciones laborales o de los daños causados a terceros, obligaciones posibles de garantizar con
el otorgamiento de pólizas de seguros, cuya vigencia se extiende por el tiempo que determine la
administración de acuerdo con la reglamentación legal. De tal manera, que si se presentan vicios
inherentes a la construcción de la obra, a la fabricación e instalación de los equipos y a la calidad de
los materiales, surge una responsabilidad postcontractual que estará cubierta con las garantías
correspondientes”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
sentencia del 3 de mayo de 2001, expediente 12724.
42 Por ejemplo, los artículos 1923 del Código Civil y 934 del Código de Comercio, limitan el

saneamiento de la cosa vendida a un lapso de 6 meses contados a partir de la entrega.
58

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

contratista, respecto de los bienes, obras o servicios entregados a la entidad
contratante. Como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Subsección:

En el caso de los contratos estatales normativamente se ha dispuesto que el
contratista garantice, no sólo el cumplimiento de sus obligaciones específicas o
principales, esto es, las pactadas para la consecución del objeto contractual,
sino también las llamadas obligaciones accesorias de garantía y obligaciones
de seguridad14 que surgen luego de cumplidas las anteriores.

(…) no en todos los casos con la ejecución del objeto contractual pactado
desaparecen las obligaciones del deudor, pues después de ello pueden surgir
otras, como se dijo, bien sea por imperativo legal, como por acuerdo entre las
partes. En efecto, en el contrato de compraventa se generan obligaciones
específicas de ejecución instantánea16; sin embargo, aunque el contrato
termina, en principio, con el cumplimiento de tales obligaciones, sus efectos no
se agotan solamente con la entrega o tradición de la cosa y el pago del precio,
puesto que después de ello subsisten obligaciones de garantía de conservación
y de saneamiento de la cosa por evicción o por vicios redhibitorios a cargo del
vendedor, aunque, claro está, tales obligaciones no se hacen exigibles sino en
cuanto se configure el supuesto de hecho que da lugar a su surgimiento y
siempre que se presenten dentro del periodo que las partes hubieren pactado
o, en su defecto, en el término que la ley impone al vendedor el deber de asumir
tales obligaciones43.

129. Ahora bien, es claro que, siempre que se hace efectiva la garantía única que
ampara un contrato estatal, en cualquiera de sus coberturas, en últimas lo que se
ha producido es un incumplimiento del contratista respecto de alguna de sus
obligaciones surgidas a partir de la suscripción del respectivo negocio jurídico, pero
que, dependiendo del compromiso incumplido, da lugar a la efectividad de uno o de
otro de tales amparos.

130. Así, es incumplimiento del contratista no entregar el objeto contractual dentro
del plazo estipulado, pero también lo es no invertir correctamente el anticipo, o no
pagar a sus empleados los salarios y prestaciones legales, o no entregar una obra
estable por un periodo razonable, o entregar bienes que, si bien corresponden al
objeto contractual, presentan deficiencias de calidad que afectan su correcto
funcionamiento y utilización.

131. No obstante, dependiendo de la obligación incumplida, si lo es una
contractual o una post contractual, será así mismo la garantía que deba hacerse
efectiva, puesto que, para las primeras se constituye la de cumplimiento
propiamente dicha, que rige desde el perfeccionamiento del contrato y cubre el
plazo de su ejecución y liquidación, pero para las segundas, se establecen otros

43Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 18 de febrero de 2022, expediente 53318, C.P. José Roberto Sáchica.
59

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

amparos independientes que, como ya se dijo, empiezan a operar, es decir que su
vigencia inicia, una vez terminado el contrato; por ello, “(…) cabe señalar que
cuando lo que se discute recae sobre una obligación de garantía o de seguridad, el
debate no gira en torno a si las obligaciones principales o específicas del negocio
jurídico fueron satisfechas en la forma y tiempo estipulados, es decir, la discusión
no subyace, propiamente, en el cumplimiento del objeto del contrato, sino en el de
las obligaciones de garantía o seguridad que le son accesorias y que surgen con
posterioridad al cumplimiento de las otras”44.

132. Por otra parte, como ya lo ha explicado la Sala en la sentencia referida, el
Decreto 679 no contempló una definición de los distintos riesgos que debían ser
cubiertos por la garantía única de cumplimiento de los contratos estatales como sí
lo hizo posteriormente el Decreto 4828 de 2008, reglamentario de la Ley 1150 de
2007, que reguló lo concerniente a las garantías, norma que si bien no estaba
vigente cuando se celebró el contrato objeto de la presente controversia, resulta
ilustrativa, en aras de entender la diferencia entre un amparo y otro.

133. Así, según el artículo 4º del Decreto 4828 -numeral 4.2.3-, el amparo de
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, deberá cubrir a la entidad
estatal contratante “de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío
o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago
del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en
el contrato garantizado”. Y en cuanto a la garantía de calidad, los numerales 4.27 y
4.2.8 establecen:

4.2.7 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.
El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios
imputables al contratista garantizado, (i) derivados de la mala calidad o
deficiencias técnicas de los bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo
con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o (ii) por el
incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el
respectivo bien o equipo.

4.2.8 Calidad del servicio. El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad
estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que
surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de (i) la
mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un

44 Ídem.

60

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

contrato de consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo
en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

134. A su vez, la jurisprudencia, para distinguir entre el amparo de cumplimiento
y el de calidad y/o correcto funcionamiento, ha sostenido que estos últimos
“precaven los posibles perjuicios que pueda sufrir la Administración cuando se
presenten vicios en el objeto contratado, que no fue posible detectar al momento de
la entrega de los trabajos y que inciden en el cumplimiento de los fines previstos”45.

135. Es clara entonces, la diferencia que existe entre el amparo de cumplimiento
y el amparo de calidad, contenidos los dos en la misma garantía única de
cumplimiento que debe amparar los contratos estatales, tal y como lo ha confirmado
la Subsección:

41. Como se observa, aunque al seguro de cumplimiento a favor de entidades
públicas se le ha dado la denominación general de garantía única de
cumplimiento, tanto en vigencia del Decreto 679 de 1994 como del Decreto
4828 de 2008 —y aún hoy— los amparos que cobija se distinguen según la
clase de obligaciones a las que se asocia cada uno de ellos, se diferencian, por
ejemplo, los riesgos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
principales o específicas del contrato estatal, de aquellos asociados al
cumplimiento de las obligaciones de garantía o seguridad del contratista.

42. Mientras el amparo de cumplimiento propiamente dicho hace alusión al
incumplimiento total o parcial del contrato, o a su cumplimiento tardío o
defectuoso, el amparo de calidad y correcto funcionamiento se refiere a
defectos que, aunque cumplido el objeto contractual en tiempo, se advierten
con posterioridad a ello porque el objeto no cumple con las especificaciones
requeridas y/o no funciona según lo pactado, haciendo imposible el
cumplimiento de las necesidades públicas que se pretendían satisfacer; de ahí
que se afirme que aun cuando se hubiere recibido el bien a satisfacción, porque
en ese momento cumplía con los requerimientos exigidos contractualmente, ello
no significa que, si con posterioridad a ello se presentan defectos en su calidad
y funcionamiento, el contratista no deba salir a su saneamiento; al contrario, no
solo está en la obligación de hacerlo, sino que, además, por exigencia legal,
debe amparar a la entidad pública frente al riesgo de incumplimiento de esa
obligación.

43. Entonces, puede observarse, sin mayor dificultad, que el amparo de calidad
y correcto funcionamiento, a diferencia del de cumplimiento, está asociado con
obligaciones de garantía o seguridad del contratista, en la medida que ampara
a la entidad pública contratante de los daños patrimoniales que llegare a sufrir
por los defectos que pueda presentar el objeto contratado con posterioridad a
la finalización del negocio jurídico, por vicios técnicos y de funcionamiento46.

45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de

abril de 2009, expediente 14667, C.P. Myriam Guerrero Escobar. Reiterada en: Subsección A,
sentencia del 18 de febrero de 2022, expediente 53318, C.P. José Roberto Sáchica.
46 Idem.

61

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

136. Descendiendo al caso concreto, se encuentra que mediante la Resolución
No. 853 del 10 de noviembre de 200847 –cuyos apartes pertinentes fueron
previamente transcritos–, el Fondo, para efectos de hacer efectiva la garantía única
que amparaba al Contrato de Consultoría 191 de 2006, declaró la ocurrencia del
siniestro respecto del amparo de calidad, para lo cual enunció las múltiples
deficiencias advertidas en las actividades, cálculos, diseños y planos entregados
por el contratista (fls. 637 a 691, c. 2). Se observa, asimismo, que, si bien en la
Resolución 853 la entidad demandada, en el primer numeral, declaró el
incumplimiento del contrato, en realidad lo hizo como presupuesto para hacer
efectivo el amparo de calidad, que también hace parte de la garantía única de
cumplimiento del contrato, expedida a instancias del contratista en virtud del negocio
jurídico celebrado con el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional.

137. De acuerdo con los términos y argumentos del acto administrativo
demandado –Resolución No. 853 de 2008 y sus confirmatorias–, en cuanto a los
fundamentos que dieron lugar a su expedición, como lo decidido expresamente en
su parte resolutiva, no cabe duda de que el amparo que se hizo efectivo y el
siniestro que se declaró fue el de calidad, afectando la garantía única de
cumplimiento respecto de esta cobertura específica.

138. Ello, en tanto se cuestionó a lo largo del acto administrativo de manera
reiterada la deficiencia de los trabajos y productos entregados por el consultor que,
de acuerdo con lo estimado por la entidad contratante, no respondían a lo que fue
contratado y presentaban defectos que dificultaban o impedían la utilización eficaz
de los documentos recibidos por la entidad para proceder a la ejecución de las
respectivas obras.

139. Sin embargo, en la Resolución cuestionada también se hizo alusión al
incumplimiento del contratista respecto de su obligación de entregar completos los
productos del contrato de consultoría, dado que no aportó algunos documentos
que, según la entidad, eran de su cargo, tales como i) el plan maestro de servicios
aprobado por la instancia correspondiente; ii) el plan de recarga de acuíferos de la
Escuela aprobado por la CAR; iii) la resolución de la situación atinente al permiso
requerido para la extensión de la red del acueducto, en virtud de que se haría en
una vía departamental y por lo tanto el municipio de Tabio no era el competente

47 Confirmada por las Resoluciones 105 del 18 de febrero y 273 de 2009, también demandadas.

62

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

para dar el permiso para esas obras; iv) la presentación del plan de contingencia
en el área de influencia y medidas de mitigación a implementar, solicitado por la
CAR de Zipaquirá respecto del estudio de mitigación del ruido, por cuanto se
estableció que los niveles superaban la norma de manera general, entre otros. Es
decir que la entidad echó de menos una serie de actividades y documentos que, en
su entender, hacían parte del objeto contractual, por lo que, según estas
afirmaciones y reclamaciones, el contratista no dio cumplimiento cabal al mismo.

140. En virtud de lo anterior, resulta evidente, en el presente caso, que al lado del
cuestionamiento de la calidad de los productos que sí fueron efectivamente
entregados por el contratista como resultado de los compromisos que adquirió a
través del negocio jurídico celebrado con la entidad demandada48, también se hizo
alusión al incumplimiento del contratista respecto de su obligación de entregar otros
documentos que hacían parte del objeto contractual.

141. No obstante, para que esa alusión pueda comprometer la legalidad de la
decisión que hizo efectiva la póliza debía tener una correspondencia con los
perjuicios que se cubrieron a través del amparo cuya indemnización se ordenó a
través del acto administrativo demandado, en tanto, de conformidad con el artículo
1077 del Código de Comercio, para hacer efectiva la póliza no basta con demostrar
la ocurrencia del siniestro, sino también debe acreditarse la cuantificación de los
perjuicios, ambos requisitos ineludibles para entender cumplida la condición de la
que pende la obligación de pago de la aseguradora.

142. Adicionalmente, cabe destacar que en el acto administrativo no solo se hizo
mención a la falta de entrega de algunos productos de la consultoría, sino que se
fundó en que los que sí fueron entregados no cumplían con la calidad exigida, por
lo cual, en todo caso, la referida alusión no tendría la entidad, por sí misma, de
afectar la validez de la totalidad del acto, pues no se extiende a todos los aspectos
en los que se sustentó la decisión de la administración relacionados con la deficiente

48 Calidad que estaba garantizada por cinco años, contados a partir de la entrega a entera
satisfacción al Fondo (fls. 19 y rev., c. 2, cláusula décima quinta). A través de la garantía única se
avaló, entre otros, el riesgo de “calidad del servicio”, por una suma equivalente al 50% del valor del
contrato “(…) y una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega de los diseños
al FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA, a entera satisfacción del SUPERVISOR TÉCNICO
ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO” y, en estos mismos términos, quedó consagrado el amparo
en el certificado de modificación No. 11 GU006499 del 20 de diciembre de 2006 a la póliza No. 11
GU005357 de Seguros Confianza, contentiva de la garantía única de seguros de cumplimiento en
favor de entidades estatales (f. 23 a 34, c. 2).
63

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

calidad de los productos que sí fueron entregados, lo cual, como ya se concluyó, no
fue desvirtuado por la parte demandante.

143. Así las cosas, para determinar si la validez del acto quedó comprometida en
alguna medida por efecto de las menciones que se hicieron a la falta de entrega de
algunos productos de la consultoría, resulta imprescindible definir si ese aspecto
tuvo verdaderamente algún impacto de cara a la cuantificación de los perjuicios por
los cuales se hizo efectiva la póliza.

144. Sobre el particular, en la resolución n.º 853 del 10 de noviembre de 2008, el
Fondo consideró (fl. 689, c. 2):

Que la entidad puede probar sumariamente la estimación de estos
perjuicios en la cuantía máxima establecida, de TRES MIL TREINTA Y
NUEVE MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE
($3.039.002.800), teniendo en cuenta, entre otros aspectos los
siguientes:

● Dedicación de tiempo completo de la arquitecta Sandra Salamanca
Salamanca y demás funcionarios de la entidad, que han participado
directa o indirectamente en la revisión del producto entregado.

● Considerando que los planos no están correlacionados, en cuanto al
arquitectónico con los demás diseños y a su vez frente al presupuesto
oficial que fuera estimado por el contratista, al no incorporar la totalidad
de los ítems, lo cual se verá reflejado en la ejecución de la obra al
generarse retrasos en el desarrollo, ocasionando mayores costos en la
construcción y en materia administrativa por mayor dedicación del tiempo
establecido por la obra.

● En el evento de avocarse la construcción de la obra respecto del
polígono de armas largas, y no contarse con el permiso de la CAR, se
habría generado detrimento patrimonial para la entidad, toda vez que no
se hubiese podido utilizar o darla al servicio, considerando que esa
entidad mediante oficio del 29 de febrero de 2008, negó el permiso para
la construcción de esta obra, por superar el máximo de decibeles
permisibles, lo cual debió ser advertido por el consorcio. Determinación
esta que tiene su fuente en el incumplimiento del contratista en acatar el
plan de contingencia en el área de influencia, el cual deberá incluir las
medidas de mitigación del ruido a implementar, con el fin de determinar
si la actividad afectará los ecosistemas estratégicos.

145. A partir de las consideraciones que quedaron consignadas en el acto
administrativo respecto de la cuantificación del perjuicio, encuentra la Sala que el

64

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

Fondo no lo tasó discriminándolo respecto de cada incumplimiento, sino de manera
global, fundado en la consideración definitiva de que los estudios y diseños en su
resultado final no eran útiles para satisfacer la necesidad que motivó la celebración
del contrato, lo que significa que el valor total que se pagó por ellos no halló
correspondencia con la prestación ejecutada por el contratista, llevando a que se
afectara el amparo de calidad por el máximo valor asegurado.

146. En las consideraciones que se dejaron consignadas en el acto administrativo
como soporte del monto de la indemnización cuyo pago se ordenó a la aseguradora
se hizo alusión tanto a defectos de calidad de los productos entregados, como a la
ausencia de uno de los permisos que debía entregar el contratista, específicamente,
la autorización por parte de la CAR para la construcción del polígono de armas
largas por superar los decibeles permitidos.

147. No obstante que la falta de tal permiso correspondería a una inobservancia
cuyos eventuales perjuicios debían ser cubiertos por el amparo de cumplimiento y
no por el de calidad, lo cierto es que la conclusión de la frustración total del objeto
pactado en la consultoría y, por tanto, la cuantificación del valor de los perjuicios por
el que se hizo efectiva la póliza, conservan plena vigencia dados los defectos de
calidad advertidos por la entidad contratante, en tanto, según se indicó en el acto
demandado y que no fue desvirtuado por el demandante, dicho valor estaba
representado en el hecho de que los planos y diseños carecían de la necesaria
coordinación y coherencia a nivel arquitectónico entre sí, lo que, además de
hacerlos inejecutables dados los problemas que sus deficiencias generarían en
caso de emplearlos, repercutió en el presupuesto oficial de la obra que se pretendía
desarrollar con base en aquéllos.

148. En estas condiciones, aun cuando la Sala no pasa por inadvertido que en el
acto demandado se hizo alusión a aspectos que no podían asociarse al amparo de
calidad, al no encontrarse que estos impactaran la cuantificación del perjuicio, lo
cierto es que no tienen la virtualidad de afectar la validez de dicho acto, pues esa
circunstancia no pasa de ser una deficiencia insustancial en la motivación de aquel.

149. En este punto no puede olvidarse que, dado que la efectividad de la póliza
requiere de la demostración del siniestro y su cuantía, en los términos del artículo
1077 del Código de Comercio, la nulidad del acto demandado exigía que la falta de
entrega de algunos productos tuviera impacto en la cuantificación del perjuicio; sin

65

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

embargo, no se probó que hubiere ocurrido. El demandante no satisfizo la carga
probatoria que le era exigible tendiente a demostrar la discriminación del valor de
los perjuicios en función de los siniestros asociados, para establecer, a partir de ahí,
que retirados los aspectos relacionados con la falta de entrega de algunos productos
ello habría conducido necesariamente a la reducción del monto de la indemnización
por la que se hizo efectiva la póliza. No solo no hay prueba de ello en el expediente,
sino que lo que indican los medios demostrativos y el contenido del acto cuya
presunción de legalidad no ha sido desvirtuada, es que el monto de la indemnización
se puede explicar solamente en los defectos de calidad que, por sí mismos,
mostraban que los productos resultantes de la consultoría no satisficieron la
necesidad para la cual fueron contratados. En consecuencia, este cargo de la
demandante tampoco prospera.

XIX- La existencia y cuantificación de los perjuicios

150. La parte actora alegó que no existe ninguna prueba concreta ni cálculo
científico sobre la existencia y cuantía del perjuicio en el que se sustentó la orden
de hacer efectiva la póliza de cumplimiento en su amparo de calidad, porque (i) no
existe una relación entre la magnitud del perjuicio reclamado y el tiempo que se
dispuso para la revisión de los estudios y diseños, pues esta labor la desarrolló una
persona que era funcionaria de la entidad y que tenía a su cargo esta función por
ser la supervisora del contrato; (ii) el retraso de la ejecución de la obra y los
consecuentes mayores costos no se explican en función de los problemas de los
estudios y diseños, sino en una decisión del Fondo de no ejecutar las obras, que se
adoptó por razones ajenas a tales aspectos; (iii) la falta de permiso de la CAR para
la utilización del polígono de armas largas solo habría podido verificarse en caso de
que las obras se hubieren construido.

151. En relación con el primer argumento, basta con mencionar que la
cuantificación de los perjuicios no se soportó solamente en el tiempo que debió
disponer el personal de la entidad contratante para revisar los productos de la
consultoría, sino principalmente en la consideración de que los estudios y diseños
entregados adolecían de defectos de calidad que impedían su utilización por los
serios problemas que ello hubiere representado en caso de que fueran empleados,
pues sus inconsistencias habrían representado una barrera al momento de
ejecutarlos con los alcances que se habían previsto para la consultoría contratada.

66

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

Se reitera en este punto que la cuantificación del perjuicio obedeció a que los
productos entregados no satisficieron la necesidad para la cual fueron contratados.

152. En lo que concierne al segundo argumento, el hecho de que en el acto
administrativo demandado se hiciera alusión a los problemas que, eventualmente,
se hubiesen generado en caso de haberse ejecutado las obras con base en los
estudios y diseños que fueron entregados, no significa que los perjuicios se tasaran
en función de dichos problemas, pues las referencias se hicieron solo con el objeto
de representar que los productos que entregó el consorcio contratista no eran útiles
para satisfacer la necesidad que motivó la celebración del contrato de consultoría.

153. Se trata entonces de cosas distintas, la decisión de que no se desarrollaran
las obras y el hecho de que los productos en la forma en que fueron entregados
frustraran la posibilidad de ejecutarlos con los alcances que se habían previsto para
la consultoría contratada. En otras palabras, el hecho de que no se ejecutaran las
obras no es prueba de que tales diseños, estudios y planos cumplieran con la
calidad exigida y, por ello, no desdice de la existencia de los perjuicios ni de la
cuantía que se tuvo en cuenta para hacer efectiva la póliza.

154. En este punto, es pertinente mencionar que en la demanda el consorcio
contratista se limitó a señalar que la razón por la que no se ejecutaron las obras
obedeció a una decisión de la entidad que no se soportó en los defectos de calidad
de los estudios y diseños, pero no señaló entonces cuál habría sido su fundamento.

155. No obstante, a partir de los hechos de la demanda, la Sala infiere que el
contratista se refiere a la decisión que adoptó el Fondo en el sentido de declarar
desierto el proceso de selección al que se dio apertura para la construcción de la
primera fase del proyecto con fundamento en que ninguno de los proponentes
cumplió con los requisitos establecidos para participar en ese proceso, lo cual se
encuentra acreditado. Sin embargo, por lo ya explicado, ello no desvirtúa los
perjuicios causados por cuenta de las deficiencias de calidad que presentaron los
estudios y diseños, pues tales defectos subsisten al margen de que el contrato de
obra se ejecutara o no.

156. Finalmente, en lo que respecta al tercer argumento la Sala debe reiterar que
la cuantificación del perjuicio en su totalidad puede explicarse en función de las
deficiencias de calidad que presentaron los estudios y diseños, sin que se hubiere

67

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

demostrado la incidencia de que no se haya contado con el permiso de la CAR, por
lo cual este argumento tampoco conduce a declarar la nulidad del acto.

157. En efecto, como ya se dijo, se observa que, dentro de los argumentos del
acto administrativo, se halla el de las consecuencias económicas de la entrega en
forma incorrecta de muchos ítems que hacían parte del contrato, lo que se tradujo
en la falta de correlación entre el plano arquitectónico y los demás diseños, y entre
estos y el presupuesto estimado, circunstancia que, por sí misma y según se dejó
consignado en el acto, permite avizorar la falta de utilidad de los diseños para
acometer las obras para las cuales debían servir de guía, al incidir directamente en
su ejecución.

158. En conclusión, el demandante no probó la falsedad de estas afirmaciones,
teniendo en cuenta que sus argumentos se fundaron en el hecho de que, con base
en los diseños y planos entregados por el Consorcio Tabio 2006 se abrió un proceso
de contratación directa -No. 134 de 2007- para la construcción de la obra, que si
bien fue declarado desierto, lo fue por causas distintas a la calidad de tales
documentos, sin que esto desdiga de la falta de calidad de los productos que
entregó.

159. De otra parte, el hecho de que la entidad hubiera utilizado documentos
entregados por el consultor para proceder a la apertura del procedimiento de
contratación directa de la primera etapa del proyecto, no significa necesariamente
que los planos, diseños, etc., entregados por el contratista cumplían con los
requerimientos de calidad derivados del contrato de consultoría, ya que ese
procedimiento se abrió antes de que se produjera la entrega final de todos los
productos y de que se verificara, por parte de la entidad contratante, el estado y
contenido de todos los documentos recibidos, a partir de lo cual estableció, como lo
dijo en el acto administrativo, que “(…) los diseños presentan una serie de
inconsistencias imputables al contratista”.

160. Al respecto, se observa que en la resolución acusada se mencionan los
múltiples requerimientos que le fueron efectuados al contratista una vez hizo
entrega final de los productos objeto del contrato de consultoría, formulados no sólo
por la arquitecta supervisora de la obra en representación de la entidad contratante,
sino por diversos funcionarios pertenecientes a distintas dependencias tanto del
FORPO como de la Policía Nacional que estaban involucradas en la construcción

68

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

de la futura obra49, requerimientos que versaron, entre otros, sobre el estudio de
suelos del bloque, los planos topográficos para 14,5 hectáreas, el proyecto del
acceso vehicular, los planos de detalle de la carpintería en madera, lo referente a
las puertas y ventanas, del presupuesto oficial, de los acuíferos, de las vías públicas,
del proyecto de alojamiento de cadetes, la edificación y plazoleta de comidas, los
cálculos y diseño estructural, los estudios hidro-sanitarios y afines, etc.

161. En las condiciones expuestas, considera la Sala que el argumento del
demandante relativo al proceso de contratación directa para la construcción de las
obras y las razones para que se frustrara, como fundamento de su afirmación de
que los productos entregados cumplían con las exigencias contractuales de calidad,
no resulta suficiente para desvirtuar la existencia de los perjuicios sufridos por la
entidad contratante como consecuencia de la deficiente entrega de los productos
resultantes del contrato de consultoría celebrado por las partes, cuyo valor había
sido pactado en la suma de $6.078’005.600. Tampoco es suficiente dicho
argumento para desvirtuar la cuantificación de los perjuicios del acto demandado,
que ordenó hacer efectivo el amparo de calidad por el total de su valor asegurado,
que ascendía a la suma de $3.039’002.800 -equivalente al 50% del valor del
contrato-. La cual obedeció a que la entidad consideró que los productos recibidos
no respondían a lo que fue contratado y debidamente pagado y, en consecuencia,

49 En la resolución se enuncian las siguientes comunicaciones, relacionadas con la calidad de los

planos y diseños entregados: oficio No. CONSTRU SO 803-000468 del 4 de marzo de 2008 del
director general del FORPO al contratista, sobre las condiciones de presentación y calidad en que
fueron entregados los planos y estudios técnicos, frente a lo pactado; oficio No. CONSTRU SO804-
000977 del 29 de abril de 2008 del director del FORPO al contratista; oficio No. CONSTRU IN805-
004287 del 8 de mayo de 2008 dirigido por el jefe de la División Comercial al director de la entidad,
en el que se relacionan los hallazgos con ocasión de los trabajos entregados, verificados y aprobados
por la interventoría; oficio No. 310 GRUDI-ARCON, del 22 de abril de 2008, del coordinador delegado
del Contrato Interadministrativo 06-05-10149 al director del FORPO, sobre el incumplimiento de las
exigencias de calidad del trabajo presentado por la consultoría; oficio 345/GRUDI-ARCON, del 1º de
mayo de 2008 del mayor arquitecto Martín Emilio Castro, con observaciones sobre: alojamiento de
cadetes, control acceso peatonal, observaciones en la parte eléctrica reportadas por el mayor
ingeniero electricista José Manuel Ortíz, edificio de administración, polideportivo, comercio, CESPO
facultades, CESPO laboratorios, hotel, casino de cadetes y alféreces, picadero, picadero pesebreras,
edificio talleres, caniles, apartamentos oficiales, apartamentos suboficiales, alojamientos especiales,
polígono de armas cortas, parqueadero VIP; oficio No. DIRAF-ARCON-GUPRO del 1º de mayo de
2008 del mayor ingeniero civil Carlos Julio Salamanca, contentivo de informe con las observaciones
a los planos de las vías del proyecto; oficio No. CONSTRU IN806-005613 del 17 de junio de 2008
de la supervisora del proyecto, el coordinador del área y el jefe de la división comercial en donde se
informan 30 observaciones que subsisten, a los trabajos presentados por el consultor, reiteradas en
oficio No. CONSTRU IN806-005707 del 19 de junio de 2008; oficio No. CONSTRU SO806-001659
del 24 de junio de 2008, del director del FORPO al contratista, en donde le informa que los trabajos
entregados no reúnen los estándares de calidad necesarios para iniciar las obras del proyecto, según
las múltiples comunicaciones contentivas de las observaciones y recibidas por esa dirección de parte
de otras dependencias, y que relaciona a continuación; y, oficio No. CONSTRU SO808-002355 del
20 de agosto de 2008, en el que el director del FORPO le hace múltiples precisiones al contratista
respecto de los planos que fueron objeto de corrección y algunas de las observaciones que
subsistían respecto de los trabajos entregados.
69

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

estimó que el monto de los perjuicios ascendió al valor total asegurado por concepto
de la garantía de calidad, cuantificación que no fue desvirtuada por la parte actora.

XX- Los demás cargos de nulidad contra el acto demandado

161. Teniendo en cuenta que en la sentencia de primera instancia no se hizo
referencia a todos los cargos esgrimidos contra el acto demandado, al hallar
probado uno de ellos, es preciso emprender su análisis, toda vez que, tal y como
se explicó, no prospera aquel por el cual se falló en primera instancia acogiendo las
pretensiones.

162. Para el efecto, se tendrán en cuenta aquellos cargos sobre los cuales no hubo
pronunciamiento en la sentencia de primera instancia: (i) el desconocimiento del
derecho de audiencia y de defensa; (ii) la indebida notificación de las resoluciones
demandadas; (iii) la indebida denominación del amparo; (iv) el no dar aviso a la
aseguradora del siniestro y (v) la desviación de poder.

XXI- El derecho de audiencia y de defensa

163. El a quo no se pronunció sobre el desconocimiento del derecho de audiencia
y defensa, cargo que el demandante fundó en que el consorcio no fue vinculado
antes de adoptar la decisión y no se pudieron defender de la orden de inscripción
ante la Cámara de Comercio y la Procuraduría General de la Nación.

164. Lo anterior carece de fundamento, puesto que, tal y como se verificó al hacer
la relación de los principales hechos probados en el plenario, durante toda la etapa
previa a la toma de la decisión aquí cuestionada, el contratista fue informado de los
requerimientos relacionados con la deficiente calidad de los documentos
entregados y contestó los mismos, lo cual es indicativo de que no fue sorprendido
con la decisión administrativa.

165. Además, la parte actora presentó recursos en vía administrativa y la acción
fue oportuna, lo cual descarta una violación material que impidiera su derecho de
defensa. Incluso, desplegó su oposición frente a la orden de inscripción ante la
Cámara de Comercio y la Procuraduría General de la Nación, la cual fue resuelta
mediante la resolución n.º 273 del 30 de abril de 2009. Por lo tanto, este cargo será
desestimado.

70

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

XXII- La indebida notificación de las resoluciones

166. Este cargo tampoco fue resuelto por la primera instancia. La parte actora
sostuvo que la notificación se hizo al Consorcio Tabio 2006 y no a sus integrantes,
quienes sí tenían la capacidad jurídica para el efecto, pero no el primero, pues
carecía de esta al no ser persona jurídica. Además, la citación para la notificación
personal se envió el 28 de noviembre de 2008 y el mismo día se fijó el edicto, con
lo cual se desconocieron los cinco días que se conceden para la notificación
personal, según el artículo 45 del Código Contencioso Administrativo.

167. Al respecto, precisa recordar que tales defectos sólo inciden en la oponibilidad
de los actos administrativos, pero no así en su validez. Efectivamente, la Sección
ha puesto de presente que “la falta de notificación del acto administrativo conlleva
su ineficacia, que consiste en la imposibilidad de producir los efectos para los cuales
se profirió, en consideración a que la publicidad del acto administrativo es un
requisito indispensable para que las decisiones administrativas sean obligatorias”50.

168. Con todo, vale insistir que antes y durante la actuación administrativa aquí
enjuiciada, las inconsistencias que la fundamentaron fueron informadas al
consorcio, que era el que tenía la capacidad para actuar durante la actividad
contractual y, además, las notificaciones se hicieron a su representante legal (fls.
691 y 717, c. 2), la señora Claudia Jeaneth Ramírez Gutiérrez, designada como tal en

el documento de modificación del acuerdo de constitución de dicho consorcio (fl. 10,
c, 2).

169. Sobre el envío de la citación para la notificación personal y la fijación del edicto
el mismo 28 de noviembre de 2008, es preciso señalar que la primera se realizó el
19 de noviembre de 2008, cuando se expidió la resolución n.º 853 aquí demandada
(fl. 691, c. 2), lo cual descarta cualquier irregularidad que se pudiera presentar con

posterioridad, toda vez que la notificación ya estaba debidamente surtida desde el
19 de noviembre referido.

50 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 20 de septiembre de 2007, exps. 29285-

25934, M.P. Ramiro Saavedra Becerra.
71

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

XXIII- Violación de los artículos 1045, 1054, 1072 y 897 del Código de Comercio

170. Este cargo, fundado en que la denominación de la póliza debió ser de calidad
de los elementos suministrados y no de servicios, lo cual daba lugar a su
inexistencia, por cuanto el contrato de consultoría incorpora bienes, mientras que
el contrato de prestación de servicios sí incorpora a estos últimos, pero no fue la
tipología celebrada, tampoco fue resuelto por el a quo.

171. La calidad puede ser exigida sobre los bienes, servicios u obras dependiendo
de la tipología contractual de que se trate. En el presente caso la controversia gira
en torno a un contrato de consultoría, por lo que debe recordarse que, según la
definición legal de esta clase de negocios jurídicos -numeral 2º del artículo 32, Ley
80 de 1993-, son aquellos que celebran las entidades estatales referidos a los
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos,
así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión; y que, en
virtud del objeto del contrato, el consultor adelanta labores que, al implicar la
realización de actividades que requieren de conocimientos especializados,
equivalen a la ejecución de un servicio, además de comprometerse a entregar unos
productos, resultantes de tales labores adelantadas, consistentes en los proyectos,
estudios, planos, etc., es decir que, en el contrato de consultoría, surge una
combinación de actuaciones y bienes de los que la entidad contratante es
beneficiaria y cuya calidad debe estar garantizada51.

172. En esa medida, el objeto del contrato tenía un alcance más general que el que
le asigna la parte actora. Entonces, este reparo nominativo no es de tal magnitud
que impida determinar el objeto del amparo, que no era otro que garantizar que los
diseños, estudios, planos, etc., entregados cumplieran con los estándares exigidos,
que fue lo que declaró y sobre lo cual se defendió la parte actora. Por lo tanto, se
impone para la Sala negar este cargo.

51 Al respecto, y a título ilustrativo, se observa que el artículo 4 del Decreto 4828 de 2008 establece

los mecanismos de cobertura del riesgo y en el numeral 4.2 se refiere a los riesgos derivados del
incumplimiento de las obligaciones contractuales; en el numeral 4.2.8, dispone: “Calidad del servicio.
El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables
al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven
de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de
consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones
pactadas en el contrato”.
72

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

XXIV- Violación de los artículos 1075, 1077 y 1088 del Código de Comercio

173. La parte actora fundó este cargo en la falta de aviso a la aseguradora sobre la
ocurrencia del siniestro52, sobre el cual tampoco se pronunció el a quo. Al respecto,
está probado que el 15 de septiembre de 2008, antes de adoptar los actos
administrativos aquí cuestionados, el Fondo informó a la aseguradora sobre las
inconsistencias que dieron lugar a la declaratoria del siniestro de calidad (fls. 583 a
598, c. 2). Además, en los actos administrativos demandados se ordenó notificarla
(artículo 4 de la resolución n.º 853 del 10 de noviembre de 2008, fl. 690, c. 2), con lo cual
se supera este reparo.

XXV- La desviación de poder

174. Finalmente, la desviación de poder tampoco fue resuelta por el a quo. Aquí la
parte actora sostuvo que los actos administrativos fueron expedidos para justificar
la irregularidad y el detrimento derivados para la Administración de no ejecutar la
obra proyectada.

175. En tal sentido, debe advertirse que el incumplimiento en el factor calidad de
los productos entregados no fue desvirtuado y tampoco se demostraron las
finalidades ajenas que describe la demanda, esto es, que la declaratoria del
siniestro trató de ocultar la negligencia en adelantar la construcción de la obra, que
estaba cimentada en los diseños aquí cuestionados.

176. Precisa recordar que la desviación de poder “tiene lugar cuando un acto
administrativo que fue expedido por un órgano o autoridad competente y con las
formalidades debidas, en realidad persigue fines distintos a los que le ha fijado el
ordenamiento jurídico y que se presumen respecto de dicho acto. Esta causal de
nulidad se da tanto cuando se persigue un fin espurio, innoble o dañino como
cuando se procura un fin altruista o benéfico para el Estado o la sociedad, pero que
en todo caso es distinto del autorizado o señalado por la norma pertinente”53.

177. Los testimonios solicitados por la parte demandada, señores Marco Jair
Ospina Moncada -mayor de la Policía Nacional- que se desempeñaba en la oficina

52 Y en la no demostración de la ocurrencia del siniestro y su cuantía, tema que fue abordado así

mismo al analizar la falsa motivación alegada.
53 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012, exp. 66001-23-31- 000-

1998-00645-01, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E).
73

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

de Planeación de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad; Carlos Julio
Salamanca -mayor de la Policía Nacional y que también se desempeñaba como
ingeniero civil en la misma dependencia; Luis Felipe Carrillo Támara -miembro de
la Policía Nacional, ingeniero civil y topógrafo que apoyó al coordinador del contrato
interadministrativo entre la Policía Nacional y el FORPO, en la parte
correspondiente a diseño vial y topografía-; y Martín Emilio Castro -arquitecto que
hizo parte del grupo interdisciplinario designado por el grupo de Infraestructura de
la Policía Nacional para hacer la revisión de los paquetes correspondientes a los
proyectos de las edificaciones para la Escuela General Santander en Tabio-,
ratificaron los argumentos de defensa de quien los citó a declarar (fls. 253, 304, 363
y 364, c. 1), es decir, la falta de calidad de los diseños y documentos entregados.

178. Por otra parte, dos de los tres testimonios solicitados por la parte actora fueron
desistidos (fl. 354 rev., c. 1). Solamente se practicó el testimonio de Sandra Pilar
Salamanca -arquitecta que se desempeñó como supervisora del contrato a partir
de mayo de 2007-, que ratificó lo evidenciado en las pruebas documentales en
relación con las deficiencias de calidad y las múltiples observaciones efectuadas a
los productos entregados por el consultor (fls. 360, c. 1).

179. La valoración conjunta de las anteriores pruebas y las demás analizadas en
esta providencia, son insuficientes para tener por probada la desviación de poder
alegada.

180. Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la decisión del a quo y, en
su lugar, denegará las pretensiones de la demanda.

XXVI- Condena en costas

181. Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se
abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171
del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998, norma especial y de aplicación preferente para este tipo de asuntos.

XXVII- Apelación de la demandante

182. Se precisa que no le asiste razón a la parte actora en los argumentos de su
apelación, fundados en el artículo 188 del CPACA, dado que, en virtud de lo

74

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

dispuesto por el artículo 308 de dicho Código, los procedimientos y actuaciones
administrativas, así como las demandas y procesos en curso al entrar en vigencia
la Ley 1437 de 2011 se seguirían rigiendo y culminarían de conformidad con el
régimen jurídico anterior, es decir el Decreto-Ley 01 de 1984, en cuyo artículo 171
se estableció que, “[e]n todos los procesos, con excepción de las acciones públicas,
el Juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar
en costas a la vencida en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código
de Procedimiento Civil” (se resalta).

183. Por otra parte, teniendo en cuenta que en este asunto no está probado que la
parte vencida en el proceso -en este caso, la actora puesto que prosperó el recurso
de apelación de la demandada- hubiera actuado con deslealtad procesal,
temeridad, etc., no hay lugar a la condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 17 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Subsección B, y en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLÁRASE improcedente la objeción por error grave formulada
por la parte demandada.

SEGUNDO: NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas procesales.

Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para
lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad

75

Radicación número: 25000232600020090087102 (49.690)
Actor: Integrantes Consorcio Tabio 2006
Demandado: Fondo Rotatorio de la Policía Nacional
Referencia: Apelación Sentencia-Acción contractual

y autenticidad del presente documento en el en el siguiente link:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidadoraspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente
NICOLÁS YEPES CORRALES

VF

76

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.