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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00882-01

Acción de reparación directa: por privación injusta de la libertad

Fecha
3 de abril de 2017
Consejero ponente
Stella Conto Díaz del Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00882-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 9 de diciembre de 2010, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO. CONDENAR a la Nación –Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales por la privación injusta de la libertad sufrida por el señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque, las siguientes sumas de dinero: 15 SMLMV para los señores Eduardo Yomar Cabieles Piraneque, en calidad de directamente afectado, y Romelia Piraneque López, madre del encartado penal. 7,5 SMLMV a cada uno de sus hermanos Robinson Erney, Neira Esmeralda, Marisol y Nubia Constanza Cabieles Piraneque y Adriana de los Ángeles Olivos Piraneque. TERCERA. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque, por concepto de perjuicios materiales, las siguientes sumas: Por concepto de lucro cesante, la suma de seiscientos veintiocho mil setecientos catorce pesos ($628.714). Por concepto de daño emergente, la suma de 13 SMLMV. CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 115 del C.P.C. y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia, por Secretaría, expídanse copias con destino a las partes. Las destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando. En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2009-00882-01

Consejero ponente: Stella Conto Díaz del Castillo

3 de abril de 2017

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Por privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – A albañil procesado por delito de homicidio / HOMICIDIO – A mujer de la tercera edad / MUERTE DE MUJER DE LA TERCERA EDAD – En habitación donde albañil se encontraba realizando trabajos fue encontrada sin vida / PRECLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN PENAL - Por delito que no cometió / DAÑO ANTIJURÍDICO – Privación injusta de la libertad por lapso de 22 días

[S]e tiene que el señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque estuvo privado de su libertad en virtud de la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, entre el 6 y el 28 de diciembre de 2006, esto es, por periodo de 22 días.

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Conoce en segunda instancia sin consideración a cuantía

Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A., habida cuenta de la naturaleza del asunto, actividad que debe ser juzgada bajo los parámetros establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996- Estatutaria de la Administración de Justicia, tal como lo definió la jurisprudencia de esta Corporación. Efectivamente, sobre el particular la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, desde el 9 de septiembre de 2008, tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa fundamentados en error judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, iniciados en vigencia de dicha ley, se tramitan en primera instancia ante los tribunales contencioso administrativos y en segunda instancia ante esta Corporación.

FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 129 / LEY 270 DE 1996 – ARTICULO 73 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTICULO 31

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Régimen legal / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Fundamento legal de la responsabilidad patrimonial / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Presupuestos

El fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad era, para el momento de los hechos, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 (…) En interpretación de dicho artículo, el criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta Corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el de la procedencia del deber indemnizatorio cuando (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió o (iii) la conducta no constituía conducta punible de conformidad con sentencia absolutoria o su equivalente. NOTA DE RELATORÍA: De confirmad con la privación injusta de la libertad y su indemnización consultar, sentencia de 4 de mayo de 2002, Exp. 12076, sentencia de 4 de mayo de 2002, Exp. 13038 y sentencia de 2 de mayo de 2002, Exp. 13449

FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991 – ARTICULO 414

RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR PRIVACIÓN N DE LA LIBERTAD – No concede aplicación alterativa a ordenamiento jurídico anterior / RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR PRIVACIÓN N DE LA LIBERTAD – Utiliza los supuestos previstos en ordenamiento anterior

[E]n la Sección no ha habido resistencia para concebir objetiva la responsabilidad estatal en los casos antes referidos, inclusive, en vigencia de la Ley 270 de 1996 y de la Ley 600 de 2000, pero no como aplicación ultractiva del referido Decreto 2700 de 1991, sino de los supuestos previstos en él, los cuales, en todo caso, sólo son desarrollos del artículo 90 de la Constitución Política de 1991.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 / LEY 600 DE 200 / DECRETO 2700 DE 1991 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTICULO 90

MEDIDA DE ASEGURAMIENTO – Si no se desvirtúa presunción de inocencia da lugar a responsabilidad patrimonial del Estado / PRESUNCIÓN DE INOCENCIA – No desvirtuarla no da lugar a aplicación de duda razonable

La Sala entiende que aunque la medida se haya impuesto con fundamento en uno o más indicios graves de responsabilidad, si la actividad probatoria no da lugar a desvirtuar la presunción de inocencia, no se estaría ante una duda razonable, sino más exactamente ante falta de prueba del hecho, de la conducta o de su punibilidad. Es que la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicado, por lo que si el Estado no obstante la inocencia, privó al sindicado de su libertad, debe responder por los perjuicios ocasionados. Como puede observarse, dentro de la regla general consolidada jurisprudencialmente, la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad ha sido desarrollada de tal manera que, a menos que opere la causal de exoneración específica para estos eventos, como es la culpa exclusiva y determinante de la víctima, la protección del derecho fundamental a la libertad deberá imponerse. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad patrimonial del estado por no desvirtuar presunción de inocencia cuando se impone medida de aseguramiento consultar, sentencia de 6 de abril de 2011, CP Ruth Stella Correa Palacio

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Presupuestos / EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Debe acreditarse culpa grave o dolo civil

[T]ratándose de la libertad, la exoneración exige razonamientos diferentes. Nótese que no resulta posible enervar las reparaciones por fuerza mayor, tampoco por hecho de un tercero como por causa de la víctima. Esto en razón de que sólo el Estado es titular de la acción penal y único responsable de la investigación y las medidas de apremio que la acompañan. Sostener lo contrario vulnera los pilares construidos por el estado de derecho, como garantías de la libertad, en cuanto, después de la vida, es el principio y valor fundante de la civilidad. Bajo este entendimiento, el artículo 70 de la ley 270 de 1996, en cuanto estipula que se entenderá probado el hecho de la víctima cuando ésta haya actuado “con culpa grave o dolo”, cuando la responsabilidad deviene de la privación de la libertad, marca la autonomía desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial, a la luz de los artículos 2, 83, 90 y 95 constitucionales que remiten a los criterios del dolo o culpa grave de que trata el artículo 63 del Código Civil. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la culpa grave y el dolo civil como eximente de responsabilidad patrimonial del Estado consultar, sentencia de 18 de febrero de 2010, Exp. 17933, CP Ruth Stella Correa Palacio

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 – ARTICULO 73 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTICULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTICULO 83 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTICULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTICULO 95 / CÓDIGO CIVIL – ARTICULO 63

DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Privación injusta de la libertad / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Preclusión de la investigación penal tuvo soporte en que no se acreditó el supuesto daño causado por el albañil / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Albañil no actuó con dolo o culpa grave / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – Se configuró / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - Existente

[L]a preclusión ordenada por la Fiscalía Diecinueve Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, tuvo como fundamento que no se probó que el hecho punible presuntamente cometido por el procesado existió, de donde la privación de la libertad impuesta al señor Cabieles Piraneque deviene injusta, comoquiera que no estaba en la obligación jurídica de soportarla, en tanto se mantuvo incólume su presunción de inocencia. Misma conclusión al que llegó, respecto del delito de hurto, aunque la señora Ernestina Infante señaló que le había prestado a la occisa una importante suma de dinero, no conoce si efectivamente este estaba en su residencia. Y aunque tanto la señora Infante como el señor Germán González Nuncira echaron de menos una grabadora marca Aiwa de CD, consideró el ente acusador que no se pudo establecer de manera definitiva la relación de elementos faltantes en la residencia de la señora Infante que diera lugar a establecer el acaecimiento de ese delito, lo que daba lugar a declarar, igualmente, la inexistencia del hurto. Adicionalmente, contrario a lo considerado por el a quo, no se advierte en el caso concreto culpa grave o dolo de la víctima en los términos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y 70 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo señalado en el artículo 63 del Código Civil, que define la culpa grave como la consistente “en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios y el dolo como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”, dado que, como se estableció durante la investigación, su actuación, aunque podría tacharse de imprudente, no podría calificarse de gravemente culposa. Es que, aunque quedó acreditado que el señor Cabieles Piraneque incumplió parcialmente el contrato de obra que estaba ejecutando y que dejó unas herramientas en la residencia de la señora Infante, al punto que esta estuvo a punto de contratar al maestro de obra Ferney Sánchez para la finalización de los trabajos, y que regresó a donde la señora Infante con el fin de terminar la obra contratada el día 24 de febrero de 2004, lo cierto es que ese incumplimiento de sus deberes de orden profesional no tiene la entidad para considerarse como un ilícito civil con la entidad de imposibilitar el reconocimiento de indemnización para quien fue procesado por los delitos de hurto calificado y agravado y homicidio agravado, sin que el Estado probara siquiera la existencia de los hechos.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2700 DE 1991 – ARTICULO 414 / LEY 270 DE 1966 – ARTICULO 73 / CÓDIGO CIVIL – ARTICULO 63

PERJUICIOS MORALES – Reconocimiento a madre, hermanos y a víctima directa

[D]ado que la restricción del derecho a la libertad del señor Cabieles Piraneque se prolongó por 22 días, esto es, por un periodo inferior a un mes, se le reconocerá la suma de 15 SMLMV. Igual monto se reconocerá por su grado de afección, a su madre Romelia Piraneque López, mientras que se reconocerá la suma de 7,5 SMLMV a cada uno de sus hermanos Robinson Erney, Neira Esmeralda, Marisol y Nubia Constanza Cabieles Piraneque y Adriana de los Ángeles Olivos Piraneque.

PERJUICIOS MATERIALES – Lucro cesante / LUCRO CESANTE – Reconocimiento con base a salario mínimo por no acreditar ingresos devengados

[E]l documento presentado como prueba no lleva a la Sala al convencimiento acerca del ingresos efectivamente devengado por el actor aunque, de lo anterior, sí se colige que desempeñaba una actividad productiva, razón por la que se liquidará el perjuicio con fundamento en el salario mínimo mensual vigente por el tiempo de la privación de la libertad, esto es, un periodo de 22 días (0,73 meses), aumentado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, monto que asciende a $861.817,5, suma que se tendrá como renta actualizada. (…) Del cálculo efectuado se tiene entonces que el lucro cesante sufrido por el señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque asciende a seiscientos veintiocho mil setecientos catorce pesos ($628.714)

PERJUICIOS MATERIALES – Daño emergente / DAÑO EMERGENTE – Reconocimiento de pago de honorarios de abogado en sede penal

[S]e reconocerá a título de daño emergente para el señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque, únicamente la suma equivalente a 13 SMLMV para el momento del pago de la condena.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 25000-23-26-000-2009-00882-01(41099)

Actor: EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: APELACIÓN SENTENCIA – ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida en el caso sub judice por la Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el nueve de diciembre de 2010, por medio de la cual se negaron las súplicas de la demanda.

ANTECEDENTES

Síntesis del caso

La demanda interpuesta el 23 de octubre de 2009, se sustenta en una serie de supuestos fácticos que bien pueden resumirse en que el 28 de febrero de 2004, fue hallado en estado de descomposición el cadáver de la señora Eva Julia Infante Pedroza, de 75 años de edad, en la alcoba principal de su residencia en la ciudad de Bogotá. Lugar en que el fueron hallados elementos de trabajo del señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque, quien adelantó trabajos en el lugar de habitación de la víctima.

Por los anteriores hechos, el señor Cabieles Piraneque fue vinculado como persona ausente a la investigación como presunto autor de los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado. Así, el 27 de noviembre de 2006, fue resuelta su situación jurídica con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, la cual se hizo efectiva el 6 de diciembre siguiente.

Decisión impugnada por la defensa del encartado penal, revocada el 26 de diciembre de 2006, en la que se dispuso la libertad inmediata del encartado, quien estuvo detenido en establecimiento carcelario hasta el día 28 del mismo mes y año.

Así las cosas, el 25 de enero de 2008 se dictó resolución de preclusión de la investigación seguida en contra del señor Cabieles Piraneque, con fundamento en que el grave estado de descomposición del cadáver de la señora Infante Pedroza impedía establecer las causas de la muerte. Así mismo, señaló el ente acusador que no se pudo establecer la titularidad de los elementos hallados en el lugar de los hechos.
Ahora bien, considera la parte actora que los hechos en comento le causaron ingentes perjuicios de orden moral y material, que no estaba en la obligación jurídica de soportar.

Lo que se pretende

Con fundamento en lo expuesto, los señores EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE; ROMELIA PIRANEQUE LÓPEZ; ROBINSON ERNEY, NEIRA ESMERALDA, MARISOL y NUBIA CONSTANZA CABIELES PIRANEQUE y ADRIANA OLIVOS PIRANEQUE, solicitan las siguientes declaraciones y condenas (fol. 8 a 10, c. ppal.):

“(…) PRIMERO: Se declare a la Nación- Fiscalía General de la Nación, administrativamente y extracontractualmente responsable de los daños y perjuicios causados a los demandantes con motivo de la injusta privación de la libertad, de que fuera víctima el señor EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a cada uno de los demandantes a título de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero:

Para EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE, la suma equivalente a SEISCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (600 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para ROMELIA PIRANEQUE LÓPEZ, la suma equivalente a CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (400 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para NEIRA ESMERALDA CABIELES PIRANEQUE, la suma equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (200 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para MARISOL CABIELES PIRANEQUE, la suma equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (200 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para NUBIA CONSTANZA CABIELES PIRANEQUE, la suma equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (200 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para ADRIANA DE LOS ÀNGELES OLIVOS PIRANEQUE, la suma equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (200 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.

TERCERO: Como consecuencia de la declaratoria indicada en el numeral primero de este acápite, se condene a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , a pagar por concepto de daños a la vida de relación, las siguientes sumas de dineros:

Para EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE, la suma equivalente a SEISCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (600 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para ROMELIA PIRANEQUE LÓPEZ, la suma equivalente a CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (400 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para NEIRA ESMERALDA CABIELES PIRANEQUE, la suma equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (200 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para MARISOL CABIELES PIRANEQUE, la suma equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (200 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para NUBIA CONSTANZA CABIELES PIRANEQUE, la suma equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (200 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para ADRIANA DE LOS ÁNGELES OLIVOS PIRANEQUE, la suma equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (200 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.

CUARTO: Como consecuencia de la declaratoria indicada en el numeral primero de este acápite, se condene a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de daños materiales, en su modalidad de daño emergente, la suma equivalente a TREINTA Y SIETE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (37 SMLMV) para la época en que se produzca el pago y a favor de EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE.

QUINTO: Como consecuencia de la declaratoria indicada en el numeral primero de este acápite, se condene a la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar por concepto de daños a la vida de relación, las siguientes sumas de dineros:

Para EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE, la suma equivalente a SEISCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (600 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para ROMELIA PIRANEQUE LÓPEZ, la suma equivalente a CUATROCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (400 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para NEIRA ESMERALDA CABIELES PIRANEQUE, la suma equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (200 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para MARISOL CABIELES PIRANEQUE, la suma equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (200 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para NUBIA CONSTANZA CABIELES PIRANEQUE, la suma equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (200 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.
Para ADRIANA DE LOS ÁNGELES OLIVOS PIRANEQUE, la suma equivalente a DOSCIENTOS SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MESUALES VIGENTES (200 SMLMV), para la época en que se produzca el pago.

SEXTO: Se ordene a la NACIÓN- FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a mis mandantes las anteriores sumas dentro de los 180 días siguientes a la fecha de ejecutoria de la sentencia que así lo disponga y si vencido tal plazo no se ha dictado resolución de cumplimiento de la misma, se ordene la liquidación de intereses moratorios, a la máxima legal permitida.

SÉPTIMO.- Se condene a la demandada al pago de las costas a que diere lugar el presente proceso.”

La defensa de la demandada

La Fiscalía General de la Nación contestó oportunamente la demanda, por medio de apoderado judicial (fol. 23 a 33, c. ppal.). Respecto de los hechos, manifestó que no le constan y que se atiene a lo probado durante el proceso, al tiempo que solicitó la denegatoria de las pretensiones de la demanda.

Señaló que su actuación se ajustó a lo normado en los artículos 250 superior y 120, 330 y 338 del Código de Procedimiento Penal, relativos a la competencia instructiva de la entidad y a su obligación de asegurar la comparecencia de los autores de los hechos punibles, que por ende, la misma no es constitutiva de falla del servicio que pueda serle reprochada. Igualmente, destacó que existían indicios de la participación del señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque en el homicidio de la señora Eva Julia Infante Pedroza, comoquiera que en el ejercicio de su oficio como maestro de obra fue la última persona en tener contacto directo con la víctima, al tiempo que adelantó reparaciones locativas en el inmueble en donde fue hallado el cuerpo. Empero, la preclusión era la única decisión admisible, ante los resultados de la prueba técnica, que advirtió la imposibilidad de establecer la causa de la muerte, aun cuando se satisfizo en su momento el hallazgo de los dos indicios serios de responsabilidad exigidos legalmente para la imposición de la medida, de donde el ciudadano se encontraba en la obligación jurídica de soportar el perjuicio.

Alegatos en primera instancia

La Nación - Fiscalía General (fol. 65 a 72, c. ibíd.) reiteró lo dicho en la contestación de la demanda, al tiempo que señaló que “(…) con fundamento en los testimonios de los señores ERNESTINA INFANTE PEDROZA hermana de la occisa y GERMÁN GONZÁLEZ NUNCIARA, quienes atestaron sobre el conocimiento, las reparaciones locativas que el procesado se encontraba realizando en casa de la interfecta, la supuesta presencia de este en dicha morada el día 24 de febrero de 2004 y el hecho de haber dejado allí sus herramientas de trabajo, todo ello infería al instructor el conocimiento exigido por la ley, para proceder con medida de aseguramiento, es decir, la posibilidad”.

Finalmente, se opuso a la tasación de los perjuicios morales establecida en el libelo, comoquiera que el tope máximo es de 100 SMLMV, supuesto que no se ajusta al de los hechos de la demanda. Así mismo, calificó de “excesivos” los perjuicios materiales solicitados comoquiera que no se acreditó el pago de honorarios pagados a un profesional del derecho para su defensa en el proceso penal.

Por su parte, el demandante iteró el dicho de la demanda, al tiempo que precisó que si bien la Fiscalía Delegada Veinticuatro fundamentó la orden de captura en las declaraciones rendidas por los señores Ernestina Infante Pedroza y Germán González Nuncira, dejó de lado el dictamen rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el que se da cuenta de la ausencia de signos de trauma en el cuerpo de víctima y de proyectiles. De lo anterior, colige que el funcionario prefirió darle mayor peso a la prueba indiciaria, que se sostenía sobre las suposiciones y declaraciones de las personas que conformaban el círculo cercano de la víctima, que a la prueba técnica que señalaba la imposibilidad de establecer por ese medio las causas de la muerte.

De otra parte, indicó que pese a la presencia de elementos en la escena del crimen, que no eran de propiedad de la occisa “(…) la fiscalía se quedó corta al no practicar y con el mayor de los respetos la fiscalía se quedó corta al no practicar peritazgo a los elementos que se encontraron en la vivienda de la señora y que según eran de propiedad de EDUARDO YOMAR, para establecer si fue que con los mismos se le produjo la muerte a la señora, porque tampoco se hizo un trabajo exhaustivo de campo por parte de los investigadores al momento de hacer el levantamiento del cadáver en lo referente a huella, marca, rastro, señal, vestigio, que se haya usado para el ilícito”. En ese orden, señaló que en este caso que la absolución tuvo como fundamento la falta de prueba incriminatoria y las falencias en la investigación de los hechos que no permitieron endilgarle responsabilidad alguna al incriminado (fol. 233 a 237, c. ppal.).

La sentencia apelada

Mediante sentencia del 9 de diciembre de 2010, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda (fol. 91 a 104, c. ppal.).

Como fundamento de la decisión, expuso que pese a que la preclusión de la investigación acaeció por la ausencia de elementos fácticos que permitieran establecer que la muerte se produjo por causa violenta, lo cierto es que no hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda comoquiera que se acreditó la culpa grave del demandante, al desconocer sus deber profesionales, actuación que calificó como “abiertamente imprudente”. Señaló el a quo:

“(…) de acuerdo con las pruebas que se allegaron al proceso, no puede decirse que la privación de la libertad a la que se vio sometido el señor CABIELES PIRANEQUE haya sido una medida que se tomó injustamente, toda vez que como pasa a observarse fue el mismo demandante quien se puso en la situación de ser investigado.

El señor CABIELES dejó en un primer momento abandonada la obra que estaba realizando en la vivienda de la señora Infante, en el mes de noviembre de 2003, tal y como él mismo lo aceptó en la indagatoria, lo cual no corresponde con la conducta que debe observar una persona medianamente prudente y diligente que es cumplidora de su labor

(…)

Sin embargo habría regresado para terminar el trabajo, para lo cual habló con la señora Infante de acuerdo a como ella tuvo la oportunidad de informarles a sus familiares y de la misma declaración que hizo el señor CABIELES en su indagatoria, por lo cual los indicios permitían inferir que habría sido una de las últimas personas que tuvo contacto con la occisa antes de su deceso (…)

En consecuencia, al ente acusador no le quedaba opción diferente a la de investigar la conducta del maestro de la construcción que había contratado la señora Infante, puesto que su conducta lo puso en la situación de investigado, toda vez que era sospechosa su actitud frente a su trabajo, cuando lo lógico sería que si la actividad a la que se dedicaba era la construcción, entonces, no se entiende como dejó abandonadas las herramientas de trabajo en la vivienda de la señora Eva Julia, sin que pasara a recogerlas, más aun cuando se advierte que él manifestó estar realizando otras operaciones en la casa de su señora madre, por lo cual la conducta esperada hubiera sido que en primer término, no dejara abandonada la obra sin terminarla, lo cual se espera de una persona honesta y responsable y en segundo lugar, que si la iba a dejar, le avisara o dejara algún tipo de manifestación o aviso comunicándole a la persona que lo había contratado por cuanto su actitud provocó que la señora Infante estaba buscando un nuevo maestro e incluso estuvo a punto de contratarlo, tal y como lo indicaron su hermana Ernestina y allegados; por último, otro indicio en su contra consistió precisamente en que si supuestamente retornó para terminar la obra, no hubiese regresado a retirar la herramienta nuevamente.

(…)
En consecuencia, la Fiscalía tuvo a la mano material que le permitió adelantar el sumario contra el sindicado, porque quien se puso con su conducta ante la posibilidad de ser investigado y llevado a juicio fue EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE, por lo cual no cabe en ningún momento predicar la responsabilidad de la entidad aquí demandada, cuando sus actuaciones fueron legítimas y se adelantaron en desarrollo de sus funciones

Si bien, finalmente se declaró la preclusión de la investigación, esto no es óbice para que se condene a la Fiscalía, puesto que él se puso en situación de ser investigado. Así es como, en el sub lite, el daño provino de la culpa exclusiva de la víctima pues existió un quebrantamiento por parte de esta, de las obligaciones a las cuales estaba sujeto en virtud del compromiso que había adquirido con la señora Infante y sus comportamientos que cuanto menos eran indicio en su contra circunstancia que releva o exonera de responsabilidad a la administración en la producción del daño.

(…)”.

El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación, mediante memorial de 24 de enero de 2011 en los que solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia por los mismos motivos expuestos en la demanda (fol. 106 117, c. ppal.). Disintió del análisis realizado por el a quo, por cuanto a su juicio, no es el detenido quien se pone en la situación de ser investigado y menos, privado de su libertad. Por el contrario, fue la Fiscalía la que, al adelantar sin el suficiente rigor la investigación del asunto le impuso una medida de aseguramiento que devino injusta ante la absoluta falta de prueba incriminatoria en contra del encartado penal.

Igualmente, reiteró que los indicios en contra del señor Cabieles no tenían la entidad de tales y precisó que “(…) la fiscalía carecía de pruebas pertinentes y conducentes para endilgar la carga que soportó sin razón lógica jurídica mi cliente, pues tampoco se le respetó el principio fundamental del in dubio pro reo”. Así mismo, cuestionó la invocación a la culpa grave y en especial, a la aplicación al sub lite de la definición que de ella ofrece el código civil, pues “a la postre lo que se buscó en el tipo penal fue la responsabilidad objetiva del presunto delito de homicidio en sus diferente modalidades, más no el incumplimiento de un contrato de obra, que es totalmente diferente de las finalidades propias del derecho administrativo”.

Finalmente, consideró que la definición de culpa a la que debía ceñirse el análisis de la responsabilidad, era el traído por el artículo 23 del C.P., en donde se considera como tal la infracción al deber objetivo de cuidado cuando obra como causa del resultado típico y que el agente debió prever por ser previsible o habiéndolo previsto, confío en poder evitarlo. Así las cosas, señaló que “mi cliente, lejos de todo se imaginaba que por haber dejado la herramienta en la casa de la señora Eva Julia, esta se iría a morir, menos iba a imaginar que lo iban a responsabilizar por tan solo la herramienta (…)”.

Alegatos de conclusión y trámite procesal en esta instancia

La parte actora reiteró en su integridad los argumentos del recurso de alzada (fol. 129 a 143, c. ppal.), mientras el ente acusador guardó silencio.

Por su parte, el Ministerio Público a través del Procurador Quinto Delegado ante esta Corporación, solicitó que se revoque la decisión por cuanto “(…) por las pruebas obrantes en el caso bajo estudio y las anteriores consideraciones, que la aplicación de la medida de aseguramiento en contra del señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque no cumplió con los fines señalados en la ley procesal penal, lo cual torna en una medida injusta y genera responsabilidad a cargo del Estado” (fol. 145 a 151, c. ppal.).

Lo anterior, comoquiera que las pruebas técnicas practicadas al cuerpo de la señora Infante Pedroza dan cuenta de la imposibilidad de establecer por esa vía la causa de la muerte -pese a la forma en que el mismo fue hallado en la escena del crimen, que da cuenta de una posible asfixia mecánica- de donde “no existía la necesidad de garantizar que el señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque asistiera al proceso, ni de la preservación de la prueba porque este no tenía contacto con los elementos encontrados en la escena del crimen ni para proteger a la sociedad en la medida en que contra él no existían antecedentes penales u órdenes de captura por otros hechos punibles”.

Por medio de oficio de 1 de agosto de 2016, el magistrado Ramiro Pazos Guerrero, manifestó su impedimento para conocer del asunto de la referencia por estar incurso en la causal del numeral 2º del artículo 141 del C.G.P. (fol. 276, c. ppal.), el cual fue aceptado por la magistrada instructora mediante auto del día 5 del mismo mes y año (fol. 154 a 155, c. ppal.).

CONSIDERACIONES

Presupuestos procesales de la acción

Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por los demandantes, en proceso de doble instancia, seguido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, tal como lo dispone el artículo 129 del C.C.A., habida cuenta de la naturaleza del asunto, actividad que debe ser juzgada bajo los parámetros establecidos en el artículo 90 de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996- Estatutaria de la Administración de Justicia, tal como lo definió la jurisprudencia de esta Corporación.

Efectivamente, sobre el particular la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, desde el 9 de septiembre de 2008, tiene sentado que, en aplicación de los artículos 73 de la Ley 270 de 1996 y 31 constitucional, la primera instancia de los procesos de reparación directa fundamentados en error judicial, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, iniciados en vigencia de dicha ley, se tramitan en primera instancia ante los tribunales contencioso administrativos y en segunda instancia ante esta Corporación.

Finalmente, se advierte que la acción se presentó en el término consagrado en el artículo 136 del C.C.A.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en función de los hechos probados y el recurso de apelación interpuesto, si la Nación–Fiscalía General es administrativa y patrimonialmente responsable por cuenta de la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, en el marco de la investigación adelantada en contra del señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado en concurso con hurto agravado y calificado de que fue víctima la señora Eva Julia Infante Pedroza.

Hechos probados

3.1. Como primera medida, en relación con la legitimación en la causa por activa, obra en el expediente la copia auténtica de la investigación identificada con el número de radicado 743007 (cuaderno 3), remitida por la Fiscalía Cuarenta Delegada de la Unidad Primera de Vida de Bogotá y que comprende la investigación adelantada en contra del señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque y otros. Documentos que acreditan su interés en el asunto sub lite.

Así mismo, se encuentran legitimados en la causa por activa su madre Romelia Piraneque López, y sus hermanos Robinson Erney, Naira Esmeralda, Marisol y Nubia Constanza Cabieles Piraneque y Adriana Olivos Piraneque, cuya relación de cercanía y afecto se infiere del parentesco y afinidad que prueban los registros civiles de nacimiento allegados al proceso (fol. 1 a 6, c. ppal.), quienes, además, se encuentran debidamente representados por apoderado judicial.

3.2. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, en el sub judice se tiene que la vinculación al proceso judicial, la orden de captura y la posterior imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva fue ordenada por la Fiscalía Veinticuatro Delegada ante los Juzgado Penales del Circuito de la Unidad Segunda de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de Bogotá. Esto es, siendo tales actuaciones las que se indican como generadoras de daño, no cabe duda a la Sala acerca de que la Fiscalía General se encuentra legitimada para comparecer a responder en esta causa.

3.3. En relación con los hechos que se acusan como dañosos, se acreditó en el proceso:

El 28 de febrero de 2004, fue hallado en la residencia ubicada en la Calle 16 Sur #17-05, barrio Gustavo Restrepo, el cuerpo sin vida de la señora Eva Julia Infante Pedroza, en avanzado estado de descomposición. Frente a la forma en que fue hallado, da cuenta la inspección de cadáver nº. 0987-0392, en los siguientes términos (fol. 2 a 3 vto., c. 3):

“Se trata de una casa de un nivel construida en muros de ladrillo, piso en cemento y baldosa. Sobre la calle 16 se ingresa a ésta por un portón en lámina, angosto y a mano derecho entrando se encuentra una habitación pequeña y dentro de ésta una cama sencilla y sobre esta (cama), el cadáver de la hoy occisa vestida de falda y o vestido enterizo de flores verdes, delantal plástico, interiores blancos en licra, zapatos negros gamuza, el cadáver se encuentra en estado de putrefacción y algunos gusanos blancos en la cara. La piel de ésta (la cara) y del brazo derecho, negros. El cadáver se encuentra atravesado sobre la cama, con los pies sobre el piso, cubierta la cabeza con una cobija en lana y una sábana, una almohada y debajo de esta un saco. Su falda enrollada hacia el abdomen. La cama en desorden. Se observa bastante desorden en la pieza. Dado el estado del cadáver no se manipula. La cédula fue encontrada dentro de la habitación de la occisa y corresponde al número 20057141 de Bogotá. Después de esta habitación hacia el noroccidente un cuarto en remodelación, más o menos de la misma dimensión. Al frente un baño y un hol (sic) en el patio utilizado como cocina cubierta por tejas plásticas de las cuales una está corrida. Sobre la pared divisoria del predio siguiente se encuentra una escalera en madera de 2,50 metros más o menos, la cual se entiende utilizó GERMÁN GONZÁLEZ para ingresar al inmueble en el día de hoy según la versión de la testigo INFANTE PEDROZA.

Teniendo en cuenta el estado de descomposición en que se halla el cadáver no se manipula éste y se dispone la diligencia de identificación del cadáver por parte de medicina legal a donde se enviará el documento identificatorio encontrado dentro de la habitación de estar (…)”.

En adición, en el documento denominado “examen del cuerpo en la escena” se comenta que “el vestido se encuentra recogido a la altura del abdomen, los interiores presentan sangre en la parte media inferior” (fol. 17, c. 3).

La señora Ernestina Infante Pedroza, hermana de la occisa, quien se hizo presente en la diligencia, rindió declaración en la que indicó (fol. 10 a 11, c. 3):

“(…) PREGUNTADO: Hágale al despacho una narración clara y precisa de todo cuanto sepa y le conste en relación con los hechos que rodearon la muerte de su hermana EVA JULIA? CONTESTÓ: Pues yo no sé nada acerca de nada. Ella era muy reservada, muy poco me contaba. Ella estaba haciendo una obra acá como un localito y entonces allá contrató un obrero que trabajaba aquí en seguida. Este de un momento a otro desapareció y dicen que esta semana volvió a aparecer. Mi hermana entiendo que volvió y habló con el mismo obrero y entiendo que él le iba a seguir haciendo el trabajo del local. Creo que tenía cita con él el martes pasado, y no volvimos a saber nada de ella, porque yo la llamaba y nada que contestaba, entonces yo vine el jueves pasado y me cansé de golpiar (sic) y golpiar (sic) y como nadie abrió yo vine al local de la esquina que es de ella y les pregunté a los muchachos por ella, me dijeron que hacía como tres días que no la veían y que no prendía la luz ni nada. Yo me preocupé y empecé a llamar a varias personas a decirles que ella no aparecía y que no sabía nada de ella. Ahí fue cuando Germán González me dijo que me acompañaba hoy y fuimos a la policía y comentamos el caso y ahora venimos y Germán entró a la casa por la casa vecina y utilizando una escalera. Ahí él se dio cuenta que había pasado algo ahí porque la puerta de la calle estaba sin pasador y ella siempre le ponía el pasador. Germán cuando vio esto se puso pálido y no me comentó nada (…) PREGUNTADO: Cuál fue la última vez que vio a su hermana y cuál el estado? CONTESTÓ: Yo la vi la semana pasada, no me acuerdo si el martes o miércoles, estaba bien (…)”

Ocasión en la que también rindió testimonio el señor Germán González Nuncira, así (fol. 19 a 20, c. ppal.):

“(…) PREGUNTADO: Hágale al despacho una narración clara y precisa de todo cuanto sepa y le conste en relación con los hechos que rodearon la muerte de EVA JULIA INFANTE PEDROZA. CONTESTÓ: Pues Doctor, lo único que sé es que ella se comunicaba telefónicamente con su hermana ERNESTINA cada dos días y conmigo también ya que éramos conocidos desde hace muchos años, entonces esta semana pasada intentamos comunicarnos con ella y no nos pudimos comunicar. Entonces dejamos pasar los días y volvimos a insistir preguntándole a los inquilinos del local de la señora y ellos decían que no la habían visto, entonces hoy tomamos la determinación con la señora Ernestina de ir a la estación de Policía del Restrepo y hablamos con un agente de Policía, a quien le explicamos la situación y él dijo que nos enviaba a una patrulla y dos agentes llegaron y como la hermana no tenía llaves de la casa, entonces preguntaron los policías si podíamos verificar por la parte de atrás del vecino y éste aceptó a dejarnos ingresar por allí con la autorización de los dos policías entré por la parte de atrás por una escalera y soltando una teja y al llegar corredor olía horrible y yo me asomé y la alcancé a ver en la cama e inmediatamente abrí la puerta de la calle, la cual no tenía seguro, estaba solamente cerrada sin ninguna seguridad y entró un agente de la Policía y ya comprobamos que estaba muerta y los agentes me dieron un teléfono para llamar a la Fiscalía. Hasta ahí no más. PREGUNTADO: Que cree usted que haya pasado allí y porqué? CONTESTÓ: Pues doctor, a ojo cerrado se ve que hace falta una grabadora que ella había adquirido hace unos ocho meses y la marca es Aiwa de CD. Fuera de eso ella tenía contratado un maestro que venía el martes pasado a terminarle un trabajo que le había dejado iniciado desde diciembre pasado. Doctor no tengo conocimiento del nombre pero la doctora de enseguida sabe su nombre ya que a ella le hizo un trabajo allí, la señora Eva Julia me informó de que había venido un maestro el día jueves de la semana pasada, de quien encontramos una tarjeta con el nombre de Ferney Sánchez. Esa tarjeta se la entregamos a los investigadores del C.T.I. que tienen este caso y en un cajón de la señora Eva Julia se encontró un papelito escrito con el nombre de este mismo maestro y el de una señora que posiblemente lo recomendó, al parecer Marcela. Fuera de eso, ese maestro sí se entrevistó con Eva Julia el día jueves antepasado, el que pasó hizo ocho días, porque la señora Eva Julia me informó el sábado en la noche cuando yo la llamé. Me dijo que había tenido entrevista con dicho maestro pero que el mismo jueves vino el primer maestro que le había dejado el trabajo tirado y se comprometió a terminarlo para comenzar el día martes de esta semana. Eso fue lo que dijo ella el sábado pasado. Informo además como en el local siguiente a la casa que es de una abogada, se me presentó un robo en el mes de noviembre al parecer el veintipico (sic) y en ese entonces estaba trabajando ese maestro ahí. La doctora (la abogada de enseguida) tiene todos los datos de ese tipo (…) PREGUNTADO: Sabe si doña Eva mantenía dinero en su casa? Caso positivo, cuanta? CONTESTÓ: No sé. Hay un embolador que trabaja pegado a la casa de ella por la calle, pero no le sé el nombre, él me hizo el comentario de que este lunes ella le había dado café en leche y le había regalado dos mil pesos y que lo había puesto a limpiar las ventanas por fuera, dice que eso fue como a las diez y media de la mañana (…)”.

De conformidad con los hallazgos referidos, la Fiscalía Seccional Doscientos Ochenta, Sede Centro, ordenó la remisión de las diligencias a la oficina de asignaciones de la Fiscalía para el inicio oficioso de la investigación (fol. 25, c. 3). Diligencias cuyo conocimiento fue avocado por la Fiscalía Dieciséis Delegada de la Unidad Segunda de Vida de Bogotá en resolución de 12 de marzo de 2004 (fol. 28, c. 3).

Durante el periodo de investigación previa, se allegó al expediente el protocolo de necropsia nº. BOG-2004-006283, en el que el Grupo de Tanatología Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses arribó a las siguientes conclusiones:

“MUJER DE 75 AÑOS DE EDAD, QUIEN SE ENCONTRABA EN SU CASA, EN SU CAMA, SIN SIGNOS VITALES Y EN ESTADO AVANZADO DE DESCOMPOSICIÓN, SEGÚN LOS VECINOS, DESDE EL MARTES NO HABLABAN CON ELLA… Y ES ENCONTRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2004.

EN LA AUTOPSIA SE ENCUENTRA EL CADÁVER DE MUJER CON AVANZADO ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN, DADO POR LA FLACIDEZ, EPIDERMOLISIS, DESPRENDIMIENTO FÀCIL DE UÑAS Y DEL PELO, FORMACIÓN DE “GUANTE EN MANOS Y PIES”, COLORACIÓN VIOLÁCEA NEGRUZCA DE CARA TÓRAX ABDOMEN Y MIEMBROS, EXTERNAMENTE NO HAY EVIDENCIA DE TRAUMA, SE TOMAN RADIOGRAFÍA CORPORAL TOTAL DONDE SE DESCARTA LA PRESENCIA DE PROYECTILES E INTERNAMENTE LAS VISCERAS PRESENTAN EXTENSOS CAMBIOS POR DESCOMPOSICIÓN.

EN CUANTO AL TIEMPO DE MUERTE SE DA UNA VENTANA DE MUERTE QUE SEGÚN LOS VECINOS INDICAN QUE LA ÚLTIMA VEZ QUE FUE VISTA FUE EL DÍA MARTES 24 DE FEBRERO Y FUE ENCONTRADA EL DÍA SÁBADO 28 DEL MISMO, UN TIEMPO DE 6 DÍAS Y AUNADO CON EL TIEMPO DE MUERTE QUE DA LOS FENÓMENOS CADAVÉRICOS, EL CUAL DA UN TIEMPO DE MUERTE ENTRE 4 A 7 DÍAS, LO CUAL COINCIDIRÍA SE DARÍA UN TIEMPO DE MUERTE DE APROXIMADAMENTE DE 4 A 7 DÍAS.

CON LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA AUTOPSIA NO SE PUEDE DETERMINAR LA CAUSA, MANERA NI MECANISMO DE MUERTE, POR AHORA SE DEJA EL CASO EN ESTUDIO, EN ESPERA DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO Y DE TOXICOLOGÍA, AUNQUE ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL HECHO DE SER UN CUERPO CON EXTENSOS CAMBIOS DE DESCOMPOSICIÓN DIFICULTA SU ESTUDIO Y CONCLUSIÓN DEL MISMO.

Causa de muerte definitiva En estudio
Manera de muerte definitiva En estudio
Mecanismo de muerte En estudio
Posible Probable”

Así mismo, el grupo de Biología Forense de la misma entidad, realizó estudios de laboratorio a un fragmento de tela tomado de la ropa interior de la occisa, conforme al cual se indaga por la presencia de espermatozoides para establecer el posible acaecimiento de una agresión de tipo sexual. Señala el estudio (fol. 43, c. 3):

“ANÁLISIS SOLICITADOS: Búsqueda de espermatozoides
TÉCNICAS Y MÉTODOS EMPLEADOS:
PRUEBA DE ORIENTACIÓN: Prueba de coloración que detecta la actividad de fosfataza ácida, compuesto enzimático presente en alta concentración en semen.
INVESTIGACIÓN DE ESPERMATOZOIDES HUMANOS POR CONCENTRACIÓN (CENTRIFUGACIÓN Y EXAMEN COLOREADO): Método que permite la identificación morfológica de espermatozoides humanos utilizando coloraciones de contraste (Gram Árbol de Navidad)

(…) CONCLUSIÓN; En las muestras analizadas del fragmento de tela no se observaron espermatozoides.

La señora Ernestina Infante Pedroza amplió su declaración durante el periodo de investigación previa, en la que reiteró lo dicho anteriormente y adicionó que el nombre del obrero señalado como posible responsable es Eduardo Cabieles y que además de la grabadora que se había echado de menos, podía existir una importante suma de dinero en efectivo. Señaló (fol. 60 a 62, c. 3.):

“(…) PREGUNTADO: Sabe Ud. Si se ha perdido algún elemento de la casa de habitación de su hermana? CONTESTÓ: Ella tenía un equipo, una grabadora, varios electrodomésticos no aparecieron por ninguna parte, le esculcaron, se perdieron unas cartas, yo creo que debía tener para la obra un dinerito que yo le presté. PREGUNTADO: Cuánto dinero le prestó Ud. CONTESTÓ: $7.000.000 y la otra vez otros siete, porque ella se hizo una operación de cataratas, la última vez no recuerdo en qué fecha. PREGUNTADO: Ud. sabe si ella gastó ese dinero que Ud. le prestó. CONTESTÓ: Yo no supe (…)”

Por su parte, el señor Germán González Nuncira en su ampliación de declaración adicionó a lo declarado durante la diligencia inspección de cadáver (fol. 88 a 91, c. 3.):

“(…) PREGUNTADO: Sírvase decirle a la fiscalía quien cree que haya sido el autor o los autores de la muerte de la señorita Eva Julia. CONTESTÓ: Presumiblemente se cree, que fue el maestro EDUARDO CAVIEDES (sic) y su hermano, no tengo conocimiento del hermano de él, porque a partir del día del inicio de la obra se perdió comunicación con la señorita EVA JULIA INFANTE y estas personas hasta la fecha de hoy, no han regresado ni por una herramienta que dejaron y no se ha tenido noticias de ellos, la herramienta que dejaron es una cortadora de baldosa, palustre, pala, cincel, una zaranda y ropa de trabajo. PREGUNTADO: Sírvase decirle a la fiscalía que día exactamente qué día pudieron haber dejado esos elementos de trabajo las personas a que ha hecho mención. CONTESTÓ: Esos elementos estaban desde el comienzo de la obra, fuera de eso la señorita EVA JULIA era muy precavida para recibir visitas y esas personas fueron las que la visitaron el día martes (…)

El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General rindió el informe de Policía Judicial nº 1408 de 6 de diciembre de 2005 por medio del cual se informó a la Fiscalía Veinticuatro Seccional de la Unidad Segunda de Vida acerca de las diligencias de investigación adelantadas con miras a la individualización del responsable del homicidio de la señora Eva Julia Infante Pedroza y conforme a cuyos hallazgos sugirió que se librara orden de captura con fines de indagatoria en contra del señor Cabieles Piraneque. Indicó el investigador del C.T.I. (fol. 94 a 96, c. 3.):

“(…) Se entrevistó al señor LEONARDO MIRANDA GARZÓN (…), quien manifestó lo siguiente: “Conocí al maestro de construcción EDUARDO CABIELES hace como tres años y la última vez que lo vi fue hace como dos años y medio. Él he hizo un trabajo de albañilería, enchapes y remodelación en la dirección que le di, o sea en mi casa. Me cobró UN MILLÓN DE PESOS pero tuvimos un altercado porque yo no podía estar ahí pendiente del trabajo y el material no alcanzó, entonces yo le hice el reclamo. Me puse a averiguar por ahí en el vecindario y supe que ese tipo me robó como diez metros cuadrados de baldosín que me sacó de la casa y los vendió. Ese material lo compramos mi suegro y yo, y le hicimos el reclamo, pero este manifestó enfáticamente que él no había sido el ladrón. Yo lo confronté con las personas que lo vieron y ellos dijeron que si había sido él, además dijeron que le habían comprado el baldosín porque él se los había vendido barato. Nos tocó ponerle una denuncia en la estación de la escuela General Santander. Allí se le comprobó lo del material y se le dijo que eso valía $250.000,oo, entonces el tipo ese nos firmó una letra y la Policía le aconsejó que la pagara. Al final aceptó que él si había robado el baldosín pero nunca me pagó la letra. De ahí ni más. A lo último me tocó echarlo porque estaba mamando mucho gallo, de ahí no lo volví a ver. No sé si la Policía lo buscaría o no”. Sobre los hechos aquí investigados el deponente no sabe nada.

(…)

h) Me desplacé a las instalaciones del Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación, donde consulté la pantalla de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se pudo establecer que la cédula de ciudadanía nº 82.393.822, fue expedida el día 29 de mayo de 1997 en Fusagasugá (C/marca) y le pertenece al señor EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE, del cual se solicitaron antecedentes penales arrojando resultados negativos (…)

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que el maestro de construcción EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE, al parecer tiene una forma muy particular de realizar sus trabajos de construcción, donde al parecer suele hurtarse parte de los elementos y en aras de esclarecer los hechos aquí investigados, se sugiere muy respetuosamente al señor Fiscal Instructor del Proceso referenciado, tener en cuenta las siguientes:

SUGERENCIAS

Librar la correspondiente orden de captura contra el ciudadano EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE, identificado con la Cédula de Ciudadanía nº 82.393.822 de Fusagasugá para que explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que desarrolló su trabajo dentro de la casa de la hoy occisa y de una explicación lógica y convincente al hecho de no haber vuelto a reclamar su herramienta de trabajo y el dinero que le adeudaba la obitada por concepto de ese mismo trabajo (…)” – se destaca-.

Así las cosas, el Fiscal Veinticuatro Delegado ante los Juzgados Penales del Circuito libró orden de captura el 24 de abril de 2006 (fol. 110, c. 3).

El 14 de septiembre siguiente, el mismo despacho vinculó al sumario mediante declaratoria de persona ausente, al señor Cabieles Piraneque como presunto autor responsable del homicidio de la señora Eva María Pedroza Infante (fol. 131 a 132, c.3.), a quien, a su vez, se le designó apoderado de oficio (fol. 137, c. 3).

Mediante resolución de 27 de noviembre de 2006, la Fiscalía Veinticuatro Delegada ante los Jueces Penales del Circuito profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del sindicado Eduardo Yomar Cabieles Piraneque como presunto autor material del delito de homicidio agravado y hurto calificado y agravado. Como sustento de la decisión, refirió los testimonios de los señores Germán González Nuncira, Ernestina Infante Pedroza y Nelson Rodrigo Gutiérrez Rojas, quienes dan cuenta del posible móvil económico del crimen y la sospecha sobre el señalado maestro de obra (fol. 139 a 143, c. 3). Precisó el ente acusador:

“(…) De todas maneras es exacta la apreciación del testigo, señor GERMÁN GONZÁLEZ, de que es extraño el comportamiento del señor EDUARDO CAVIELES (sic), al no haber regresado por la herramienta que dejaron, ni volver a haber tenido noticias de ellos, la herramienta que dejaron es una cortadora de baldosa, palustre, pala, cincel, una sanad y ropa de trabajo”. Ellos nunca más se han vuelto a comunicar, ni con la casa de la hermana ni con los del local de la frutería.

Siendo ello así, el Despacho encuentra que, al menos, en el momento actual, se satisfacen las exigencias del artículo 356 del C. de P.P. en atención a lo cual, se deduce que el procesado en precedencia, es el autor material de la conducta punible que se le endilga y se encuentra dentro de lo señalado en el artículo 357 del C.P.P.; lo que impone decretarle su detención preventiva , en los términos del artículo 356 ibídem; además dentro del paginario procesal aparece demostrado que debe asegurarse su comparecencia al proceso y evitar que vuelva a delinquir (artículo 3 y 355), de donde surge que es necesario afectarle su libertad personal”.

El 6 de diciembre de 2006, fue capturado el sindicado en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, tal como lo señala el informe de captura (fol. 163 a 168, c. 3), quien fue puesto a disposición del INPEC y designó como defensor de confianza al jurista Hugo Armando Rico Gutiérrez (fol. 159, c. 3). Último que en ejercicio de las labores de defensa interpuso recurso de reposición en contra de la resolución de 27 de noviembre de 2006 (fol. 171 a 172, c. 3).

Mediante resolución del 26 de diciembre siguiente, la Fiscalía Veinticuatro Delegada ante los Jueces Penales del Circuito, revocó la medida de aseguramiento impuesta al señor Eduardo Yomar Cabieles, por las siguientes razones (fol. 177 a 180, c. 3):

“Considera el despacho que los hechos indicadores que se tuvieron en cuenta demostrativos de indicios, para fundamentar la medida de aseguramiento impuesta en contra del sindicado señor EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE, y de acuerdo, al escrito presentado por la defensa, aunado a la declaración presentada por la perito médico patóloga del Instituto de Medicina Legal, Dra. MARTHA ISABEL MORA REY, el día 26 de diciembre del 2006, donde en forma categórica sostuvo que por el estado de descomposición en que fue encontrado el cuerpo de la occisa, se dificultó encontrar signos de asfixia mecánica, lo que indiciariamente se pudo tener como causa de muerte por la simple observación objetiva de tener la cabeza cubierta con una cobija y una almohada encima. En este momento debe descartarse dicha posibilidad al no haberse vislumbrado los signos de asfixia como son la congestión, lesiones en la mucosa oral, petequias o congestión visceral generalizada, por la descomposición del cuerpo antes anotado al efectuarse la auscultación referida.

También se descarta pericialmente, el que la sangre encontrada haya sido el producto de acción delictiva, pues como lo manifestó la Patóloga, Dra. MARTHA ISABEL MORA REY, por la descomposición de un cuerpo uno de sus signos es la salida de líquido sanguinolento por todos los orificios corporales entre ellos vaginal, nasal, oral, uretral y al ver que no presentaba ninguna lesión microscópicamente evidente, no se puede afirmar que existió una lesión en dicha zona. No fueron observados en síntesis, signos de violencia o traumas en el cuerpo de la víctima como para poder afirmar que alguien tuvo contacto físico con esta persona y que por tanto puede atribuírsele la muerte ocasionada.

De tal suerte, que no estando determinada que la causa de la muerte haya sido por la acción física desplegada por el sindicado de autos, señor EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE, no existe el nexo causal para atribuírsele el homicidio según la prueba científica antes anotada pues esta es concluyente en que la causa es indeterminada y por ende da la razón a la defensa de que al encontrarse el cuerpo días después de su fallecimiento no se descarta tampoco que esta se haya producido por causas naturales.

Así las cosas, no existiendo la relación causal física demostrada como actividad realizada por el sindicado de la referencia, al aplicar las reglas de la sana crítica a la valoración probatoria que se hiciera al momento de proferir la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE, lo procedente desde el punto de vista racional y lógico, es el de revocar la medida impuesta, por la razones anotadas y continuar con el curso de la investigación para adoptar posteriormente la decisión que mejor se ajuste a derecho y más cuando aún faltan acreditarse algunos elementos que tienen que ver con relación al delito de hurto calificado y agravado, como es la propiedad y preexistencia de los elementos hurtados.

Consecuencialmente a lo anterior, se concede la libertad al procesado señor EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE, al no existir indicios graves en su contra sino simplemente leves por ausencia del nexo causal en cuanto a su presencia en el lugar de los hechos para el momento de su consumación (…)”.

Así las cosas, el señor Cabieles recobró su libertad el 28 de diciembre de 2006, tal como consta en la boleta de libertad allegada al expediente (fol. 192, c. 3).

Finalmente, mediante resolución de 25 de enero de 2008, la Fiscalía Diecinueve Seccional de la Unidad de Delitos Contra la Vida y la Integridad Personal calificó el mérito de sumario con preclusión. Decisión que fundamentó en las mismas razones por las que se revocó la medida de aseguramiento, así como consideró que del acervo probatorio no se infiere la existencia del hecho punible. Indicó el despacho (fol. 262 a 267, c. ppal.):

“(…) En pocas palabras, además de certificar certeza sobre la ausencia de traumas o proyectiles de armas de fuego, que normalmente se utilizan en atentados vitales de esta naturaleza, la prueba de índole pericial científica no permite dar por acreditada en la investigación, la conducta naturalística de homicidio.

Pese a contar con tan incontestables e insoslayables criterios científicos en el expediente, la delegada Veinticuatro de esta misma unidad que nos precedió en el conocimiento de la investigación con resolución del 27 de noviembre de 2006 (folios 128 ss., C.O.) optó por resolver situación jurídica y asegurar con medida de aseguramiento de detención preventiva al señor EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE, estructurando dicha decisión sobre prueba indiciaria, con fundamento en los testimonios de los señores ERNESTINA INFANTE PEDROZA hermana de la occisa (folios 4, 54 y 214 s.s., C.O.) y GERMÁN GONZÁLEZ NUNCIARA (folios 13 y 83 s.s., CO) quienes atestaron sobre el conocimiento, las reparaciones locativas que el procesado se encontraba realizando en la casa de la interfecta, la supuesta presencia de este en dicha morada el día 24 de febrero de 2004 y el hecho de haber dejado allí sus herramientas de trabajo.

Sin embargo, ante el recurso interpuesto por la defensa y por la imperativa fuerza de la realidad probatoria, la precitada homóloga se vio obligada a revocar dicha decisión y conceder la libertad inmediata CABIELES PIRANEQUE, tal como se observa en interlocutorio calendado el 26 de diciembre de 2006, visible a folios 175 ss. C.O. pues los deponentes no pudieron probar siquiera la preexistencia de los elementos que presuntamente CABIELES PIRANEQUE hurtó de la residencia de la hoy occisa pese a expresa conminación que el despacho instructor les hiciera en tal sentido.

Siendo este el inventario probatorio que rige para esta oportunidad procesal, no otra determinación queda a esta delegada que la de calificar el mérito del sumario con resolución de preclusión de la instrucción en favor del procesado, pues brilla por su ausencia uno de los requisitos vertebrales exigidos por la normatividad procesal para adoptar una decisión en sentido contrario, cual es que la investigación no permitió acreditar la ocurrencia de la conducta presuntamente cometida por el procesado (…)” – se destaca-.

La precitada decisión quedó ejecutoriada el 6 de febrero de 2008, tal como lo certificó la Secretaría de la Unidad Primera de Vida (fol. 271, c. 3).

Juicio de responsabilidad

El régimen de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad

El fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por daños causados por la privación injusta de la libertad era, para el momento de los hechos, el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que establecía:

ART. 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiese sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave – se destaca-.

En interpretación de dicho artículo, el criterio que rige actualmente los pronunciamientos de esta Corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el de la procedencia del deber indemnizatorio cuando (i) el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió o (iii) la conducta no constituía conducta punible de conformidad con sentencia absolutoria o su equivalente:

“(…) quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente [18]17, con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta.

En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél”.

En este mismo sentido, en la Sección no ha habido resistencia para concebir objetiva la responsabilidad estatal en los casos antes referidos, inclusive, en vigencia de la Ley 270 de 1996 y de la Ley 600 de 2000, pero no como aplicación ultractiva del referido Decreto 2700 de 1991, sino de los supuestos previstos en él, los cuales, en todo caso, sólo son desarrollos del artículo 90 de la Constitución Política de 1991.

Así las cosas, la Sala entiende que aunque la medida se haya impuesto con fundamento en uno o más indicios graves de responsabilidad, si la actividad probatoria no da lugar a desvirtuar la presunción de inocencia, no se estaría ante una duda razonable, sino más exactamente ante falta de prueba del hecho, de la conducta o de su punibilidad.

Es que la privación de la libertad demanda una investigación eficiente, proclive a respetar el derecho constitucional fundamental del sindicado, por lo que si el Estado no obstante la inocencia, privó al sindicado de su libertad, debe responder por los perjuicios ocasionados.

Como puede observarse, dentro de la regla general consolidada jurisprudencialmente, la responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad ha sido desarrollada de tal manera que, a menos que opere la causal de exoneración específica para estos eventos, como es la culpa exclusiva y determinante de la víctima, la protección del derecho fundamental a la libertad deberá imponerse.

En efecto, tratándose de la libertad, la exoneración exige razonamientos diferentes. Nótese que no resulta posible enervar las reparaciones por fuerza mayor, tampoco por hecho de un tercero como por causa de la víctima. Esto en razón de que sólo el Estado es titular de la acción penal y único responsable de la investigación y las medidas de apremio que la acompañan. Sostener lo contrario vulnera los pilares construidos por el estado de derecho, como garantías de la libertad, en cuanto, después de la vida, es el principio y valor fundante de la civilidad. Bajo este entendimiento, el artículo 70 de la ley 270 de 1996, en cuanto estipula que se entenderá probado el hecho de la víctima cuando ésta haya actuado “con culpa grave o dolo”, cuando la responsabilidad deviene de la privación de la libertad, marca la autonomía desde la perspectiva de la responsabilidad patrimonial, a la luz de los artículos 2, 83, 90 y 95 constitucionales que remiten a los criterios del dolo o culpa grave de que trata el artículo 63 del Código Civil. Así, en decisión de 18 de febrero de 2010 sostuvo la Sala:

“Culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuando el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en que obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible. Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. De la norma que antecede [artículo 63 del Código Civil] se entiende que la culpa leve consiste en la omisión de la diligencia del hombre normal (diligens paterfamilias) o sea la omisión de la diligencia ordinaria en los asuntos propios; la levísima u omisión de diligencia que el hombre juicioso, experto y previsivo emplea en sus asuntos relevantes y de importancia; y la culpa lata u omisión de la diligencia mínima exigible aún al hombre descuidado y que consiste en no poner el cuidado en los negocios ajenos que este tipo de personas ponen en los suyos, y que en el régimen civil se asimila al dolo” – se destaca-.

De igual modo, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha estudiado los conceptos de culpa grave y dolo al analizar los elementos de fondo de la acción de repetición y la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema al resolver diversos cargos de inconstitucionalidad contra los artículos 77 y 78 del C.C.A., y de la Ley 678 de 2001. Así señaló que,

“(…) para determinar la existencia de la culpa grave o del dolo, el juez no se debe limitar a las definiciones contenidas en el Código Civil, sino que debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Agregó que es igualmente necesario tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley a propósito de algunas instituciones, como por ejemplo contratos, bienes y familia”.
Esta tesis ha sido aplicada por la Sección Tercera del Consejo de Estado frente a casos en los que personas que han sido privadas de la libertad por orden judicial y posteriormente absueltas, han contribuido con su actuación en la producción del daño, dando lugar a la configuración de una causal de exoneración en virtud del hecho exclusivo y determinante de la víctima.

En cuanto a la imposición de medida de detención preventiva se advierte la ausencia de dolo o culpa grave de la víctima

De los hechos probados, relacionados ut supra, se tiene que el señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque estuvo privado de su libertad en virtud de la imposición de medida de detención preventiva por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado de la señora Eva Julia Infante Pedroza, entre el 6 y el 28 de diciembre de 2006, desde cuando fue capturado hasta que le fue revocada la medida de aseguramiento esto es, por 22 días, tal como consta en el informe de captura y la resolución de 26 de diciembre de 2006 –párr. 3.3.14. y 3.3.16. Supra-.

Así mismo, se probó que el demandante no tenía que soportar la pérdida de su libertad, comoquiera que, de una parte, la investigación adelantada en su contra por la presunta comisión, en calidad de autor, de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado, terminó con preclusión proferida por la Fiscalía Diecinueve Seccional de la Unidad de Delitos contra la vida y la integridad personal de Bogotá, por cuanto del acervo probatorio recaudado durante la investigación no se logró el convencimiento acerca del acaecimiento del hecho punible –ver. Párr.- 3.3.17. Supra-.

Es decir, pese a los hechos indicadores del delito como el hallazgo de desorden considerable y anormal, conforme señalan los testigos, en el lugar de habitación de la víctima, así como la posición en que se produjo el hallazgo del cuerpo: “atravesado sobre la cama, con los pies sobre el piso, cubierta la cabeza con una cobija en lana y una sábana, una almohada y debajo de esta un saco. Su falda enrollada hacia el abdomen” y la presencia de sangrado vaginal, lo cierto es que las pruebas forenses dieron cuenta de la imposibilidad de determinar si la muerte de la señora Infante Pedroza se derivó de la comisión de un hecho punible, puesto que (i) el estado de descomposición del cuerpo no permite establecer si acaecieron los cambios relacionados con la muerte por asfixia dados los extensos cambios por descomposición, (ii) ni mediante la revisión externa y la toma de radiografías se encontraron signos de trauma, proyectiles, o lesiones. Del mismo modo, (iii) los análisis de biología forense sobre el fragmento de tela tomado de la ropa interior de la occisa descartaron la presencia de espermatozoides, indicativos de una agresión sexual, así como la médica patóloga Martha Isabel Mora Rey, en su declaración, señaló que uno de los signos de descomposición de un cuerpo es la salida de líquido sanguinolento por cada uno de los orificios corporales, proceso natural que explicaría el sangrado de la actora.

En otras palabras, la preclusión ordenada por la Fiscalía Diecinueve Seccional de la Unidad de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, tuvo como fundamento que no se probó que el hecho punible presuntamente cometido por el procesado existió, de donde la privación de la libertad impuesta al señor Cabieles Piraneque deviene injusta, comoquiera que no estaba en la obligación jurídica de soportarla, en tanto se mantuvo incólume su presunción de inocencia. Misma conclusión al que llegó, respecto del delito de hurto, aunque la señora Ernestina Infante señaló que le había prestado a la occisa una importante suma de dinero, no conoce si efectivamente este estaba en su residencia. Y aunque tanto la señora Infante como el señor Germán González Nuncira echaron de menos una grabadora marca Aiwa de CD, consideró el ente acusador que no se pudo establecer de manera definitiva la relación de elementos faltantes en la residencia de la señora Infante que diera lugar a establecer el acaecimiento de ese delito, lo que daba lugar a declarar, igualmente, la inexistencia del hurto.

Adicionalmente, contrario a lo considerado por el a quo, no se advierte en el caso concreto culpa grave o dolo de la víctima en los términos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y 70 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con lo señalado en el artículo 63 del Código Civil, que define la culpa grave como la consistente “en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios y el dolo como “la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”, dado que, como se estableció durante la investigación, su actuación, aunque podría tacharse de imprudente, no podría calificarse de gravemente culposa. Es que, aunque quedó acreditado que el señor Cabieles Piraneque incumplió parcialmente el contrato de obra que estaba ejecutando y que dejó unas herramientas en la residencia de la señora Infante, al punto que esta estuvo a punto de contratar al maestro de obra Ferney Sánchez para la finalización de los trabajos, y que regresó a donde la señora Infante con el fin de terminar la obra contratada el día 24 de febrero de 2004, lo cierto es que ese incumplimiento de sus deberes de orden profesional no tiene la entidad para considerarse como un ilícito civil con la entidad de imposibilitar el reconocimiento de indemnización para quien fue procesado por los delitos de hurto calificado y agravado y homicidio agravado, sin que el Estado probara siquiera la existencia de los hechos.

En este punto, es dable recordar que es el Estado, a través del aparato jurisdiccional, el que debe desplegar su capacidad institucional para desvirtuar la presunción de inocencia del encartado penal y es por ello que, tanto el procesado como los terceros pueden considerarse como sujetos pasivos de la acción penal. Es por ello que no puede señalarse como lo indicó el a quo que “él (Eduardo Yomar Cabieles Piraneque) se puso en situación de ser investigado”. En adición, se resalta que el juicio de responsabilidad que se sigue en este estadio tiene naturaleza civil y no pretende cuestionar la cosa juzgada penal, proferida con sujeción absoluta a un severo sistema de garantías de dicho sistema. Analizada la conducta del señor Cabieles Piraneque desde ese punto de vista, se reitera, la imprudencia cometida al dejar abandonada la labor encomendada y las herramientas de trabajo de su propiedad en la residencia de la señora Eva Julia Infante Pedroza no puede calificarse como gravemente culposa, en la medida en que el maestro de obra retomaría los trabajos que había dejado sin culminar, lo que indica que podría requerir de dichos implementos en días venideros y por ende, su conducta, en principio tachada de imprudente, cuenta con justificación, de donde, no tiene la connotación de “grave” para el juicio que aquí se adelanta.

En adición, se advierte que rindió indagatoria, cuya versión no contradice lo declarado por los testigos, así como tampoco se desprende de su actuación procesal que haya ejercido maniobras dilatorias, que haya actuado con negligencia en el marco del proceso penal o que se haya negado a revelar el hecho desconocido por la justicia, con incidencia en la prolongación de su detención. Recuérdese que sobre la configuración de la culpa exclusiva de la víctima señaló la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996, en apartado sobre el artículo 70 de la Ley Estatuaria de Administración de Justicia:

“Este artículo contiene una sanción por el desconocimiento del deber constitucional de todo ciudadano de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (Art. 95-7 C.P.), pues no sólo se trata de guardar el debido respeto hacia los funcionarios judiciales, sino que también se reclama de los particulares un mínimo de interés y de compromiso en la atención oportuna y diligente de los asuntos que someten a consideración de la rama judicial. Gran parte de la responsabilidad de las fallas y el retardo en el funcionamiento de la administración de justicia, recae en los ciudadanos que colman los despachos judiciales con demandas, memoriales y peticiones que, o bien carecen de valor o importancia jurídica alguna, o bien permanecen inactivos ante la pasividad de los propios interesados. Por lo demás, la norma bajo examen es un corolario del principio general del derecho, según el cual "nadie puede sacar provecho de su propia culpa"- se destaca-.
Así las cosas, la Sala revocará la decisión de primera instancia y acogerá los argumentos expuestos en el recurso de alzada comoquiera que Por lo que procederá la Sala a liquidar los perjuicios debidamente acreditados en el expediente.

Los perjuicios a indemnizar

4.1. Perjuicios morales

Según lo solicitado en la demanda se persigue la indemnización de perjuicios morales, los cuales estimó en 600 SMLMV para el directamente afectado, 400 SMLMV para la señora Romelia Piraneque López y 200 SMLMV para cada una de las señoras Neira Esmeralda, Marisol y Nubia Constanza Cabieles Piraneque y Adriana de los Ángeles Olivos Piraneque.

De los hechos probados en el plenario, se tiene que el señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque estuvo privado de su libertad en virtud de la imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, entre el 6 y el 28 de diciembre de 2006, esto es, por periodo de 22 días.
En relación con la acreditación del dolor moral padecido por el detenido y de la cuantía del perjuicio, con ocasión de la restricción injusta de la libertad a la que fue sometido, si bien la jurisprudencia contenciosa administrativa ha señalado unos parámetros que operan como criterios orientadores para liquidar las condenas por daños morales, los mismos pueden variar –ser incrementados o disminuidos- según el caso concreto, en razón de la magnitud e implicaciones del padecimiento. En efecto, las pautas jurisprudenciales en la materia constituyen una guía, ante la dificultad de fijar reglas para gobernar una valoración que no las admite y precisamente por ello, si el caso concreto lo amerita, el juez se deberá apartar y condenar por montos superiores a los tradicionalmente empleados. En todo caso, es claro que, por aplicación de las máximas de la experiencia, puede inferirse, razonablemente, que todo aquel que se encuentra injustamente vinculado a un proceso penal en el que le es impuesta medida de aseguramiento privativa de la libertad, padeció una afección de orden moral por la detención sufrida que debe ser indemnizada.

Ahora bien, según pronunciamiento de la Sala, reiterado en sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014, se aplicará la guía elaborada por la misma para la tasación del perjuicio moral de la víctima directa privada de la libertad en establecimiento carcelario, sin que de manera alguna implique un parámetro inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, de manera que se trata de una sugerencia y parámetro que orienta la decisión del juez, así:

En consecuencia, dado que la restricción del derecho a la libertad del señor Cabieles Piraneque se prolongó por 22 días, esto es, por un periodo inferior a un mes, se le reconocerá la suma de 15 SMLMV. Igual monto se reconocerá por su grado de afección, a su madre Romelia Piraneque López, mientras que se reconocerá la suma de 7,5 SMLMV a cada uno de sus hermanos Robinson Erney, Neira Esmeralda, Marisol y Nubia Constanza Cabieles Piraneque y Adriana de los Ángeles Olivos Piraneque.

Perjuicios materiales

La parte actora estimó el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante en 70 SMLMV, mientras que estimó el daño emergente en 37 SMLMV.

Lucro cesante

Respecto de la actividad económica desempeñada por el señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque, se conoce que se desempeñaba como maestro de construcción. En cuanto a los ingresos que devengaba por el ejercicio de ese oficio, obra en el plenario original del contrato de trabajo suscrito entre la señora Martha Yanet Ramírez y el encartado, cuyo objeto era la realización de trabajos de construcción en el inmueble ubicado en la calle 35 No. 11A-02, cuyo periodo de ejecución era del 6 de noviembre de 2006 y 6 de febrero de 2007, por valor de $12.000.000. A juicio de la Sala, el documento no da cuenta del ingreso efectivamente recibido por el señor Cabieles, pues si bien, se encuentra que el plazo de ejecución contractual coincide parcialmente con el tiempo de detención, lo cierto es que, cuestionado en diligencia de indagatoria acerca de sus ocupaciones durante la fecha en que acaeció el homicidio de la señora Eva Julia Infante Pedroza, indicó que se había dedicado al desarrollo de trabajos en la residencia materna, que también era su domicilio. Revisados los generales de ley señalados en dicha diligencia, se observa que la dirección de ejecución del contrato no coincide con la del domicilio del actor, así como quien firma es la señora Martha Yaneth Ramírez, persona distinta a la señora Romelia Piraneque, madre del encartado penal y propietaria del inmueble en que adujo en indagatoria, desarrollaba trabajos de albañilería. Por lo anterior, el documento presentado como prueba no lleva a la Sala al convencimiento acerca del ingresos efectivamente devengado por el actor aunque, de lo anterior, sí se colige que desempeñaba una actividad productiva, razón por la que se liquidará el perjuicio con fundamento en el salario mínimo mensual vigente por el tiempo de la privación de la libertad, esto es, un periodo de 22 días (0,73 meses), aumentado en un 25% por concepto de prestaciones sociales, monto que asciende a $861.817,5, suma que se tendrá como renta actualizada.

S= Ra (1 + i)n - 1
i
Para aplicar se tiene:

S
=
Suma a obtener.
Ra
=
Renta actualizada, es decir $861.817,5, equivalente al salario mínimo mensual para el año 2016 con adición de un 25% correspondiente a prestaciones sociales.
I
=
Tasa mensual de interés puro o legal, es decir, 0,004867.
N
=
Número de meses a indemnizar, esto es 0,73

S = $861.817,5 (1 + 0,004867)0,73 – 1
__________________ = $628.714
0,004867

Del cálculo efectuado se tiene entonces que el lucro cesante sufrido por el señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque asciende a seiscientos veintiocho mil setecientos catorce pesos ($628.714).

Daño emergente

La parte actora solicitó en la demanda que se reconocieran perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, perjuicio que tasó en treinta y siete salarios mínimos legales mensuales vigentes. Aunque no obra justificación acerca de las razones por las cuales el mismo se reclama, de la interpretación integral de la demanda podrían tenerse como fuentes del mismo: (i) los gastos en que incurrió el señor Cabieles para su defensa técnica en sede judicial y (ii) el pago de la suma de $2.000.000 por concepto de cláusula penal, que aduce, debió cancelarle a la señora Martha Yaneth Ramírez

En cuanto al primer asunto, se conoce que el sindicado, si bien fue vinculado inicialmente como reo ausente y representado por defensor de oficio, a partir del 6 de diciembre de 2006 nombró al jurista Hugo Armando Rico Gutiérrez como apoderado, quien interpuso le acompañó a la diligencia de indagatoria y le representó durante la investigación hasta que se obtuvo la preclusión de la misma y aunque no obra en el plenario el contrato de trabajo suscrito, se colige del acervo que dicha asesoría fue prestada. Ahora bien, no se desconoce que la tasación de los honorarios tiene relación con el prestigio del profesional, su preparación y la complejidad del asunto sometido a debate, empero, comoquiera que no obra prueba al respecto, el perjuicio se liquidará de conformidad con las tarifas de la Corporación Colegio Nacional de Abogados de Colombia-CONALBOS como criterio orientador al que ha acudido la Sala anteriormente, en aras de la equidad. Así las cosas, el valor de la indemnización a reconocerse será el siguiente:

Gestión
Tarifa
Asistencia en indagatoria ante fiscal seccional
3 SMLMV
Asistencia jurídica durante la etapa instructiva ante Fiscal Seccional
10 SMLMV
TOTAL
SMLMV

En cuanto al segundo asunto, tal como se señaló ut supra, el contrato de trabajo allegado, valorado bajo el tamiz de la sana crítica y en conjunto con el resto del acervo probatorio, no lleva a la Sala al convencimiento acerca de su veracidad, de donde no puede tenerse como probada la cláusula penal allí indicada. Ahora bien, si en gracia de discusión se reconociera su existencia, es claro que no se acreditó el pago de la referida estimación anticipada del perjuicio a la contratante, así las cosas, sin estar acreditada la erogación señalada, no podrá reconocerse el daño emergente alegado en ese acápite.

En ese orden, se reconocerá a título de daño emergente para el señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque, únicamente la suma equivalente a 13 SMLMV para el momento del pago de la condena.

Respecto del daño a la vida de relación

Ahora, los demandantes pretenden, además, el reconocimiento de indemnización por concepto de daño a la vida de relación, que aducen les fueron causados, en razón de la privación injusta de que fue víctima el señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque, sin que se fundamenten las razones para el reconocimiento de este perjuicio, por cuya indemnización solicitaron la suma equivalente a 600 SMLMV para el directamente afectado, 400 SMLMV para su madre y 200 SMLMV para sus hermanos.

El reconocimiento de este tipo de perjuicios redundaba en la compensación por la privación de goces o satisfacciones que la víctima podía esperar de no haber ocurrido el daño antijurídico sufrido. Se trata entonces, de un perjuicio autónomo y diferente a los perjuicios materiales y morales que ha padecido la víctima. Daños que conforme al criterio vigente de la Sala, serán indemnizados bajo la categoría de perjuicios por vulneración a derechos constitucional y convencionalmente protegidos, cuyo reconocimiento “se reconocerá de oficio o solicitud de parte” y “procederá siempre y cuando, se encuentre acreditada dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral” por tratarse de la lesión a derechos cuya reparación no se acompasa con la de los perjuicios morales y materiales, tal como lo decidió la Sección en sentencia de unificación de jurisprudencia de 28 de agosto de 2014 y que gozan de independencia, también, respecto del daño a la salud.

Al respecto, encuentra la Sala que de conformidad con las pretensiones y los hechos probados, lo reclamado por este concepto no difiere del perjuicio moral pues nada se argumentó para considerar en contrario. No se trata de un perjuicio independiente y grave, plenamente diferenciable para el caso concreto del perjuicio moral, sin que de las pruebas se desprenda una afectación mayor o autónoma que amerite la condena por este concepto, por lo que se denegará su reconocimiento.

Costas

No hay lugar a la imposición de costas, toda vez que de las actuaciones del proceso no se colige la existencia de temeridad o mala fe en los términos del artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 9 de diciembre de 2010, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. CONDENAR a la Nación –Fiscalía General de la Nación a pagar por concepto de perjuicios morales por la privación injusta de la libertad sufrida por el señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque, las siguientes sumas de dinero:

15 SMLMV para los señores Eduardo Yomar Cabieles Piraneque, en calidad de directamente afectado, y Romelia Piraneque López, madre del encartado penal.
7,5 SMLMV a cada uno de sus hermanos Robinson Erney, Neira Esmeralda, Marisol y Nubia Constanza Cabieles Piraneque y Adriana de los Ángeles Olivos Piraneque.

TERCERA. CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar al señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque, por concepto de perjuicios materiales, las siguientes sumas:

Por concepto de lucro cesante, la suma de seiscientos veintiocho mil setecientos catorce pesos ($628.714).
Por concepto de daño emergente, la suma de 13 SMLMV.

CUARTO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 115 del C.P.C. y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia, por Secretaría, expídanse copias con destino a las partes. Las destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

En firme esta providencia, REMÍTASE la actuación al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO
Magistrada

RAMIRO PAZOS GUERRERO
(Impedido)

DANILO ROJAS BETANCOURTH
Magistrado

En el precedente jurisprudencial es pacífica la premisa según la cual el término bienal de caducidad de la acción de reparación directa, previsto en el art. 136 del C.C.A., debe computarse desde “la ejecutoria de la providencia judicial que determina la inexistencia del fundamento jurídico que justificaba la decisión”. Para el caso concreto, la resolución mediante la cual se precluyó la investigación penal seguida en contra del señor Eduardo Yomar Cabieles Piraneque quedó ejecutoriada el 6 de febrero de 2008, conforme a la constancia visible en el folio 277 del cuaderno 3 y la demanda en el caso sub examine fue presentada el 23 de octubre de 2009, por lo cual no se había cumplido el término bienal de caducidad de la acción consagrado en el artículo 136 del C.C.A.
[18]. A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, exp: 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, exp: 13.449.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sentencia de ésta misma Subsección, proferida el 6 de abril de 2011 dentro del expediente 19.225, con ponencia de la doctora Conto Díaz del Castillo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp.17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, exp. 37722, C.P. (E) Mauricio Fajardo Gómez.
[20] Al respecto pueden consultarse las sentencias que dictó la Sección Tercera: 25 de julio de 1994, exp. 8483. C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 21 de octubre de 1994, exp. 9.618, C.P. Julio César Uribe Acosta; 12 de abril de 2002, exp. 13.922, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; 5 de diciembre de 2005, exp. 23.218, C.P. María Elena Giraldo Gómez; y auto de 22 de mayo de 2003, exp. 23.532, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
[21] Sentencia C–100 que dictó la Corte Constitucional el 31 de enero de 2001, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
[22] Corte Constitucional, sentencia C–430 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, sentencias C-484 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; C-455 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; C-423 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis
[24] El artículo 83 Constitucional reza: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 2 de mayo de 2007; exp.15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 30 de marzo de 2011, exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección “C”, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia de 13 de abril de 2011, exp. 19889; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 26 de febrero de 2014, exp. 29.541, C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 2009; C.P. Ramiro Saavedra Becerra; exp.17.188; Sección Tercera, Subsección “C”, sentencia de 11 de julio de 2013, exp. 27.463, C.P. Enrique Gil Botero. Señala el artículo 14.6 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968 y que hace parte del bloque de constitucionalidad conforme a los artículos 93 y 94 de la Constitución Nacional. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido. Corte Constitucional, sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Con relación al arbitrio judice en materia de la cuantía de los perjuicios morales, ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de febrero 13 de 2003, Exp. 12654, C.P. Alier Hernández y junio 24 de 2004, Exp. 14950, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, Exp. 25.022, C.P. Enrique Gil Botero. Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, C. P.: Hernán Andrade Rincón (E). Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 680012331000200202548 01 (36.149).
“Sobre sus anotaciones civiles y personales se obtiene la siguiente información: Mi nombre es EDUARDO YOMAR CABIELES PIRANEQUE (…) RESIDENTE EN: Calle 35 No. 12-35 (…) PREGUNTADO: Sírvase decirle a la Fiscalía concretamente cuando quedó usted de continuar la obra. CONTESTÓ:

Yo con ella hablé que yo le iba a continuar los trabajos en días siguientes, más no le precisé ningún día cierto, puesto que yo estaba haciendo unos trabajos en Girardot, en la propiedad de mi señora madre (…) PREGUNTADO: Se dice dentro de las presentes diligencias que al parecer el valor de la obra a que hace referencia el contrato de obra civil suscrito por usted le fue cancelado prácticamente en su totalidad, teniendo en cuenta esa circunstancia, cuál fue la razón una vez que su señora madre se recuperó de la artritis inmediatamente no concurrir a terminar ese trabajo. CONTESTÓ: Como lo dije anteriormente no concurrí puesto que yo estaba haciendo unos trabajos en la propiedad de mi madre y a lo que se refiere la pregunta, la totalidad del contrato no había sido cancelada, se canceló el 50% donde hay unos recibos que lo afirman y que yo firmé, ella me daba la plata y yo le firmaba un recibo (…)”. Señala el contrato: “Se celebra contrato de trabajo entre los suscritos: MARTHA YANETH RAMÍREZ; mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Girardot en la Calle 37 No. 12A-02, barrio Rosablanca III Sector y el señor EDUARDO YOMAR CABIELES P, mayor de edad con domicilio en la ciudad de Girardot en la calle 35 No. 12-35 Barrio Rosablanca II Sector (…)” (fol. 15, c. 3). El Decreto 2552 de 2015, fijó el salario mínimo mensual para el año 2016 en $689.454. Colegio Nacional de Abogados-CONALBOS. Tarifa de honorarios profesionales para el ejercicio de la profesión de abogado adoptada por la Junta Directiva Nacional por Resolución No. 001 de enero de 2013. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, C. P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, sentencia 28 de agosto de 2014. Exp. 26.251.

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