Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00892-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00892-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2009-00892-02
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
24 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000232600020090089202 (52477)
Demandante: FONDO DE COMUNICACIONES
Demandado: SERVIENTREGA S.A.
Tema: Canon derivado del otorgamiento y uso de licencia para la
prestación del servicio de mensajería especializada.
Inexistencia de daño antijuridico por ausencia de la licencia que
estableciera la obligación.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 31 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que declaró la ineptitud sustantiva de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Entre el 28 de febrero de 1995 y el 16 de marzo de 2005, Servientrega S.A. actuó
como licenciataria del Ministerio de Comunicaciones para la prestación del servicio
de mensajería especializada a nivel nacional, para lo cual pagaba a dicha entidad
cánones de licenciamiento. A pesar de que el 16 de marzo de 2005 había vencido
la licencia otorgada a Servientrega S.A., en los trimestres II y III de ese mismo año
la sociedad continuó prestando el servicio referido, pero sin pagar canon de
licenciamiento alguno.
Mediante Resolución 2076 del 20 de septiembre de 2005 el Ministerio de
Comunicaciones otorgó una nueva licencia a Servientrega S.A. para prestar el
servicio de mensajería especializada a nivel nacional. El Fondo de Comunicaciones
considera que Servientrega S.A. es patrimonialmente responsable por la falta de
pago del canon de licenciamiento correspondiente a los trimestres II y III de 2005.
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Radicación: 25000232600020090089202 (52477)
Demandante: Fondo de Comunicaciones
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 24 de julio de 20081 el Fondo de Comunicaciones2, mediante apoderado judicial
y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra
Servientrega S.A. para que fuera declarada patrimonialmente responsable por el
detrimento patrimonial de la entidad, derivado de la falta de pago del canon de
licenciamiento para la prestación del servicio de mensajería especializada a nivel
nacional, correspondiente a los trimestres II y III de 2005.
Como pretensiones de su demanda, el Fondo de Comunicaciones solicita condenar
a Servientrega S.A. a pagar, por lucro cesante, la suma de $1.333.527.811,00; y
por intereses derivados del mismo concepto, la suma $1.238.494.188,00.
En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que mediante
Resolución 00589 del 28 de febrero de 1995, el Ministerio de Comunicaciones
otorgó a Servientrega S.A. una licencia para la prestación del servicio de
mensajería especializada a nivel nacional, por el término de 5 años, a cambio del
pago de cánones mensuales de licenciamiento.
Sostiene que mediante Resolución 00238 del 28 de febrero de 2000, el Ministerio
de Comunicaciones prorrogó la licencia referida hasta el 16 de marzo de 2005.
Indica que mediante Resolución 2076 del 20 de septiembre de 2005, el Ministerio
de Comunicaciones otorgó a Servientrega S.A. una nueva licencia para la
prestación del servicio aludido.
Manifiesta que en octubre de 2006 el Ministerio de Comunicaciones auditó a
Servientrega S.A. y evidenció que “en el lapso comprendido entre el 15 de marzo
de 2005, fecha de vencimiento de la licencia concedida a Servientrega S.A. por
medio de la Resolución No. 238 del 28 de febrero de 2000 y la fecha de ejecutoria
de la Resolución No. 2076 del 20 de septiembre de 2005 [8 de octubre de 2005],
por medio de la cual se le otorgó la nueva licencia a Servientrega S.A., esta entidad
estuvo sin licencia para prestar al público el Servicio Postal de Mensajería
Especializada a nivel Nacional.”.
1 Fl. 82 a 96, C.1.
2Actualmente, en virtud de la Ley 1978 de 2019, dicho fondo se denomina Fondo Único de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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Demandante: Fondo de Comunicaciones
Expone que Servientrega S.A. le causó un detrimento patrimonial porque se
abstuvo de pagar el canon mensual derivado de la prestación del servicio en el
mencionado periodo de tiempo.
Al respecto sostuvo “en el lapso mencionado en el hecho anterior,
SERVIENTREGA debía haberse abstenido de prestarle al público el servicio postal
de mensajería especializada a nivel nacional, hasta tanto no obtuviera un nuevo
permiso […] Sin embargo de dicha situación fáctica y del deber legal de abstención
SERVIENTREGA continuó prestándole al público el Servicio Postal de Mensajería
Especializada a Nivel Nacional [absteniéndose de pagar el] canon postal a favor
del Ministerio por la suma de […] $1.333.527.811”.
2. Contestación
El 31 de agosto de 20113 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado admitió la demanda y ordenó su notificación a las accionadas y al Ministerio
Público.
2.1. Servientrega S.A.4 advirtió que la demandante no agotó el requisito de
procedibilidad dispuesto en el artículo 37 de la Ley 640 de 2001, situación que daba
lugar a que la demanda fuera rechazada de plano. Indicó que el Ministerio de
Comunicaciones demoró injustificadamente el trámite de la licencia que la habilitaba
para la prestación del servicio de mensajería especializada a nivel nacional. Señaló
que la obligación de pago de la contraprestación derivada del uso de la licencia se
causaba con la expedición del respectivo acto administrativo. Manifestó que ella
actuó de buena fe, dentro de los parámetros de la confianza legitima y los principios
constitucionales, y adelantó el trámite de la respectiva licencia en la oportunidad
debida.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 8 de julio de 20145 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3 Fl. 131 a 134, C. 1.
4 Fl. 192 a 201, C.1.
5 Fl. 227, C. 1.
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Demandante: Fondo de Comunicaciones
3.1. El Fondo de Comunicaciones6 y Servientrega S.A.7 reiteraron los argumentos
expuestos en la demanda y en su contestación, respectivamente.
3.2. El Ministerio Público guardó silencio.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 31 de julio de 20148, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró probada la excepción de inepta demanda, por ausencia de
prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad referido a la conciliación
extrajudicial.
Al respecto en la sentencia manifestó lo siguiente: “las pretensiones del actor
persiguen la indemnización de los perjuicios […] equivalentes a la retribución
económica que Servientrega S.A. hubiere tenido que pagar al demandante “de haber
existido licencia” más los intereses liquidados a la máxima tasa legal por la irregular
prestación del servicio de mensajería especializada durante el periodo comprendido
entre el 16 de marzo y el 8 de octubre de 2005 de dicha empresa. Así las cosas, el
presente asunto pese a ser una acción ejercida por una entidad pública […] en aras
de la defensa del patrimonio público, para esta Sala las pretensiones aquí son
susceptibles de ser conciliadas […] al ser de contenido económico y tratarse de
derechos discutible (sic) […] el asunto materia de estudio era susceptible de ser
sometido al trámite de conciliación prejudicial, por lo que el accionante debió adoptar
ese requisito previo para interponer su libelo introductor, sin embargo […] no obra en
el plenario constancia alguna que acredite que así lo hizo”.
5. Recurso de Apelación
El 2 de septiembre de 2014, la entidad demandante interpuso el recurso de apelación,
el cual fue concedido el 16 de septiembre de 20149 y admitido el 11 de noviembre de
201410.
5.1. El Fondo de Comunicaciones11 indicó que no era cierto que no hubiera
intentado agotar la conciliación antes de interponer la demanda. Al efecto, advirtió
6 Fl. 228 a 232, C.1.
7 Fl. 233 a 239, C.1.
8 Fl. 241 a 246, C. Ppal.
9 Fl. 257 a 258, C.Ppal.
10 Fl. 262, C.Ppal.
11 Fl. 248 a 250, C.Ppal.
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Demandante: Fondo de Comunicaciones
que Servientrega S.A. presentó propuesta de pago del 70% del valor adeudado, sin
el reconocimiento de intereses, pero el 9 de octubre de 2008, el Comité de Defensa
Judicial del Ministerio de Comunicaciones consideró que no era viable hacer rebajas
al capital de la deuda, ni acceder a la condonación de intereses, por tratarse de
recursos públicos. Sostuvo que la decisión del Comité de Conciliación fue
comunicada a la sociedad demandada mediante oficio del 23 de octubre de 2008.
Concluyó que, de esta manera, intentó llegar a un acuerdo como mecanismo
alternativo para solucionar el conflicto puesto en conocimiento de la jurisdicción y
agotó la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción de reparación
directa. Solicitó que se resolvieran las pretensiones de la demanda.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 9 de diciembre de 201412 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. La entidad demandante13 y la demandada14 reiteraron los expuesto en
instancias anteriores.
6.2. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 31 de julio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda,
supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la
acción de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta
Corporación15, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 132 numeral 6 del
Código Contencioso Administrativo.
12 Fl. 264, C.Ppal.
13 Fl. 272 a 276, C.Ppal.
14 Fl. 265 a 271, C.Ppal.
15 La pretensión mayor de la demanda se estima en $1.333.527.811, lo cual es superior a 500
SMLMV del año en que ésta se presentó ($230.750.000).
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2. Acción procedente
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
indemnización de perjuicios por un daño que un particular haya ocasionado a una
entidad pública, según lo dispone el inciso final del artículo 8616 del Código
Contencioso Administrativo.
En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque que se
reclama la reparación de un daño causado por un particular al Fondo de
Comunicaciones.
3. La conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad y acción
Comoquiera que la demanda se presentó el 24 de julio de 2008, el presente asunto
se rige por el Código Contencioso Administrativo y, en lo no previsto en él, por el
Código de Procedimiento Civil y las demás normas vigentes para el momento de
presentación de la mencionada demanda.
Así, el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo señala que “La persona
interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea
un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción […] cuando
resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
Por otro lado, se tiene lo dispuesto en la Ley 640 de 200117, vigente para la época de
la demanda, cuyo artículo 37 exige que “antes de incoar cualquiera de las acciones
previstas en los artículos 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo, las partes,
individual o conjuntamente, deberán formular solicitud de conciliación extrajudicial, si
el asunto de que se trate es conciliable.”.
Asimismo, el artículo 35 ibidem dispone que “en los asuntos susceptibles de
16 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente
la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o
ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o exservidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación particular o de otra entidad pública.”
17 “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.”
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conciliación, la conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para
acudir ante las jurisdicciones civil, de familia y contencioso administrativa”, so pena del
“rechazo de plano de la demanda” previsto en el artículo 36 ibid.
En otras palabras, la Ley 640 de 2001 obliga a que las partes intenten conciliar su
conflicto antes de acudir a la justicia18, es decir, como requisito de procedibilidad de
las acciones de reparación directa y contractual reguladas por los artículos 86 y 87 del
Código Contencioso Administrativo y con arreglo al trámite dispuesto en el Capítulo V
de la mencionada ley que, en sus artículos 23 y 24, fijó el conocimiento del trámite
conciliatorio bajo la competencia de los agentes del Ministerio Público asignados a
esta jurisdicción19 y la remisión de las actas que contengan conciliaciones
extrajudiciales “en materia de lo contencioso administrativo al Juez o Corporación que
fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de
que imparta su aprobación o improbación”.
Así, la conciliación extrajudicial obligatoria busca, entre otras cosas, i) garantizar el
acceso a la justicia, ii) promover la participación de los individuos en la solución de
sus disputas, iii) estimular la convivencia pacífica, iv) facilitar la solución de los
conflictos sin dilaciones injustificadas y v) descongestionar los despachos
judiciales20.
Sin embargo, aunque la Ley 640 de 2001 introdujo como requisito de procedibilidad
para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la formulación de una
solicitud de conciliación extrajudicial, esto debe entenderse dentro de los límites,
requisitos y excepciones que el ordenamiento establece. Así, el requisito de
procedibilidad es exigible siempre y cuando el conflicto se refiriera a hechos
susceptibles de ser ventilados a través de las acciones de reparación directa o de
controversias contractuales. Adicionalmente, el artículo 35 en comento contempló
dos excepciones respecto del cumplimiento del requisito de procedibilidad,
18 Corte Constitucional, sentencia C 417 de 2002. “Es obvio que la ley no puede establecer que la
conciliación sea un requisito de procedibilidad, pues no puede el Estado obligar a que los ciudadanos
concilien a toda costa sus diferencias y lleguen a un acuerdo para poder acudir a la justicia. Una tal
regulación sería incluso absurda, pues si las personas fueron forzadas a llegar a un acuerdo, es
obvio que ya no tiene sentido que acudan a la administración de justicia pues el litigio estaría
"resuelto". La obligación de conciliar como requisito de procedibilidad es inconstitucional, pues no
sólo desnaturaliza el sentido de este mecanismo de solución de los conflictos sino que obstaculiza
el acceso a la justicia por las personas. Sin embargo, otra cosa muy diferente es que la ley obligue
a que las partes intenten conciliar su conflicto antes de poder acudir a la justicia. Esta exigencia no
desnaturaliza la conciliación, que conserva su carácter consensual, pues las personas pueden
negarse a llegar a un acuerdo si éste no les parece satisfactorio. Y una regulación de ese tipo
tampoco obstaculiza el acceso a la justicia pues, fracasado el intento de conciliación, las partes
tienen derecho a acudir al aparato judicial para resolver su litigio.”
19 Artículo 23.
20 Corte Constitucional. Sentencia C 598 de 2011.
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consistentes en: a) la manifestación que se realice bajo la gravedad de juramento -
el cual se entenderá prestado con la formulación de la demanda- acerca del
desconocimiento de algunos de los eventos previstos en el inciso 4° -en cuanto se
apliquen a la Jurisdicción Contencioso Administrativa- o, b) cuando, de conformidad
con el proceso que se pretenda adelantar, se quiera solicitar el decreto y práctica
de medidas cautelares21.
Asimismo, el artículo 42 de la Ley 640 de 2001 supeditó la entrada en vigencia del
mencionado requisito de procedibilidad de manera gradual, atendiendo al número
de conciliadores existentes en cada distrito judicial para cada área de jurisdicción,
“con base en el último reporte anualizado disponible expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura sobre número de procesos ingresados a las jurisdicciones
civil, laboral, de familia y contencioso administrativa, independientemente, el
Ministerio de Justicia y del Derecho determinará la entrada en vigencia del requisito
de procedibilidad para cada Distrito Judicial y para cada área de la jurisdicción una
vez aquel cuente con un número de conciliadores equivalente a por lo menos el dos
por ciento (2%) del número total de procesos anuales que por área entren a cada
Distrito”.
Así, frente a la exigencia del requisito de procedibilidad la jurisprudencia ha
destacado que el Ministerio de Justicia y del Derecho nunca determinó la entrada
en vigencia del aludido requisito de procedibilidad respecto de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa. De manera que, antes de la entrada en vigencia de la
Ley 1285 de 2009, que reformó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración
de Justicia, para acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, resultaba
innecesario agotar el trámite de la conciliación extrajudicial22.
En este sentido, la jurisprudencia aclaró que con el artículo 13 de la Ley 1285 de
2009 se tuvo como obligatoria la conciliación prejudicial “a partir de la vigencia de
esta ley”, lo cual ocurrió el 22 de enero de 2009, por ser esta la fecha de publicación
en el respectivo Diario Oficial. En este sentido la Sección Tercera Advirtió:
“Como se observa, a diferencia de lo ocurrido con la Ley 640 de 2001, en la cual se
condicionó la vigencia del requisito de procedibilidad a la certificación que en este
sentido debería emitir el Ministerio de Justicia y del Derecho -, en los términos del
21 Derogado inciso 5 del artículo 35 de la Ley 640 de 2001 por la Ley 1437 de 2011.
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2010, Exp. 38.443. “Acerca de
su exigencia se impone destacar que el Ministerio de Justicia y del Derecho, […] en momento alguno
y de ninguna manera determinó la entrada en vigencia del aludido requisito de procedibilidad
respecto de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por tanto, hasta la entrada en vigencia de la
Ley 1285 de 2009, mediante la cual se reformó la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración
de Justicia, para acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, resultaba innecesario agotar el
trámite de la conciliación extrajudicial.”
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artículo 42 transitorio de la Ley 640 de 2001, ocurre que la entrada en vigor del
presupuesto regulado en la Ley 1285 de 2009 no se sujetó a condicionamiento
alguno, pues basta efectuar una simple lectura del artículo 13 de la Ley 1285 de
2009 para concluir que la conciliación prejudicial obligatoria resulta exigible “a partir
de la vigencia de esta ley”, esto es, en los términos del artículo 2823 de la citada Ley,
desde el momento de su promulgación24, lo cual ocurrió el 22 de enero de 2009,
fecha en la cual se publicó la Ley 1285 en el respectivo Diario Oficial25”26.
Lo anterior fue corroborado en pronunciamiento posterior, de la siguiente manera:
“La Ley 1285 de 2009 entró en vigencia, según lo dispuesto en el artículo 28 de la
misma, el 23 de enero de ese mismo año, por haber sido publicada en el Diario
Oficial 47.240 del 22 de enero de 2009.
Cabe destacar que ni en la ley ni en la interpretación que de la misma hizo la Corte
Constitucional, se sometió la vigencia del artículo 13 a la realización de alguna
gestión por parte del Estado, como sí se previó en el artículo 42 transitorio de la ley
640 de 2001”27.
No obstante, otra parte de la jurisprudencia consideró que el requisito de
procedibilidad solo se hizo exigible con posterioridad a la expedición del Decreto
1716 de 2009. En este sentido se señaló:
“39. Dicha carencia reglamentaria, que impedía la exigencia inmediata del requisito
de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo, sólo fue superada
con la expedición del Decreto 1716 de 2009, el cual reglamentó el artículo 13 de la
Ley 1285 de 2009 -que instituye la conciliación como requisito de procedibilidad en
materia de lo contencioso administrativo-, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 -que
conmina a las entidades públicas a crear comités de conciliación-, y el capítulo V
de la Ley 640 de 2001 –referente a la conciliación prejudicial en materia de lo
contencioso administrativo-. […]
42. La Sala considera palmario que los asuntos que el acto administrativo referido
reglamentó y que fueron señalados en los párrafos precedentes resultan
indispensables para lograr que se agote el requisito de procedibilidad sin trabas, en
la medida en que establecen con exactitud el procedimiento que se debe surtir tras
la presentación de la solicitud de conciliación, los términos con los que se cuenta
para cada actuación, las facultades, derechos y deberes de cada una de las partes
y, especialmente, la forma mediante la cual las entidades públicas deben evaluar
si es procedente conciliar o, si por el contrario, de hacerlo se vulneraría el
patrimonio público.
43. Si no se contara con la reglamentación referida, los vacíos jurídicos existentes
dejarían a la voluntad de cada uno de los funcionarios del órgano de control la
definición de los alcances del derecho fundamental de las personas a acceder a la
administración de justicia, circunstancia que resultaría contraria a la Carta Política.
Por ello, se concluye que el requisito de adelantar la conciliación prejudicial
previamente a acudir a la jurisdicción sólo puede ser exigido por el juez a partir de
la expedición del Decreto 1716 de 2009.
23 ARTÍCULO 28. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de su promulgación.
24 Ley 4ª de 1913. Artículo 52. (…) “La promulgación consiste en insertar la ley en el periódico oficial,
y se entiende consumada en la fecha del número en que termine la inserción”.
25 Diario Oficial No. 47.240 del 22 de enero de 2009.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de julio de 2010, Exp. 38.443. Reiterada por
la Subsección A, auto de 9 de diciembre de 2013, Exp. 47783.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 9 de diciembre de 2010, Exp.
39142.
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47. Por ello, cuando el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 dispone “A partir de la
vigencia de esta ley”, dicha expresión no puede ser interpretada como una orden
imperativa para exigir el cumplimiento inmediato del requisito de procedibilidad, sin
ninguna consideración adicional, desconociendo los postulados superiores que
exigen un especial cuidado a la hora de limitar el derecho de acceso a la
administración de justicia. Por el contrario, teniendo en cuenta los principios
constitucionales que han sido esbozados anteriormente, es preciso entender que
el enunciado tiene por finalidad aclarar que el requisito de procedibilidad no
depende ya, como sucedía en la Ley 640 de 2001, de la expedición de un acto
previo del Ministerio de Justicia que dispusiera su vigencia según el número de
procuradores disponibles para atender las solicitudes de conciliación28,
circunstancia que no descarta, se reitera, la necesidad contar para tal fin con la
reglamentación requerida que permitiera la correcta ejecución de la disposición
legal.”29
En síntesis, se tiene que una parte de la jurisprudencia adopta la exigibilidad del
requisito de procedibilidad desde la entrada en vigencia de la Ley 1285 de 2009, es
decir, desde el 22 de enero de 2009 y, otra parte lo reconoce a partir del 14 de mayo
de 2009, cuando entró en vigencia el Decreto 1716, que reglamentó los artículos 13
de la Ley 1285 de 2009, 75 de la Ley 446 de 1998 y el Capítulo V de la Ley 640 de
2001, sobre la conciliación.
Ahora bien, sin importar cuál de las dos fechas prevalezca, en lo que interesa al
caso de autos, se tiene constatado que con la conciliación extrajudicial en materia
contencioso administrativa adquirió el carácter definitivo de requisito de
procedibilidad para iniciar, entre otras, la acción de reparación directa30 a partir del
año 2009 y, la demanda que aquí se discute fue radicada el 24 de julio de 2008, es
decir cuando la exigibilidad del requisito legal no estaba establecida.
Lo anterior es suficiente para advertir que en la parte resolutiva se revocará la
sentencia que declaró la ineptitud sustantiva de la demanda por falta del requisito
de procedibilidad de la conciliación extrajudicial y se decidirá el fondo del asunto.
28 Artículo 42 de la Ley 640 de 2001: “Las normas previstas en el presente capítulo entrarán en
vigencia gradualmente, atendiendo al número de conciliadores existentes en cada distrito judicial
para cada área de jurisdicción. // En consecuencia, con base en el último reporte anualizado
disponible expedido por el Consejo Superior de la Judicatura sobre número de procesos ingresados
a las jurisdicciones civil, laboral, de familia y contencioso administrativa, independientemente, el
Ministerio de Justicia y del Derecho determinará la entrada en vigencia del requisito de procedibilidad
para cada Distrito Judicial y para cada área de la jurisdicción una vez aquel cuente con un número
de conciliadores equivalente a por lo menos el dos por ciento (2%) del número total de procesos
anuales que por área entren a cada Distrito”.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, auto de 20 de febrero de 2014, Exp. 37779.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 29 de agosto de 2012, Rad.:
54001233100020110038801(44029); Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 10 de
noviembre de 2007, Rad.: 25000232600020090050401(48698).
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4. Vigencia de la acción
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal
fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en
tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal
que, por ende, debe examinarse de oficio31.
Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general32, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.
El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción33, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto
a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o
bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
32 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal
a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”.
33 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a
la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.
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Demandante: Fondo de Comunicaciones
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.
Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.
La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure34 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia35, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.
El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa, o desde
cuando el demandante tuvo conocimiento del hecho dañino.
En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que en octubre de 2006, mediante la auditoría contable y
34 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de
los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
35 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados
por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
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financiera efectuada Servientrega S.A., la entidad demandante tuvo conocimiento
de que entre el 16 de marzo y el 8 de octubre de 2005 dicha sociedad había prestado
el servicio de mensajería especializada a nivel nacionalel sin pagarle el
correspondiente canon de licenciamiento36, de manera que la caducidad se
contabiliza desde la fecha del conocimiento, es decir, octubre de 2006 a octubre de
2008; y ii) que la demanda se presentó el 24 de julio de 2008, esto es, antes del
vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para
presentarla de forma oportuna.
5. Legitimación en la causa
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis37.
5.1. El Fondo de Comunicaciones está legitimado en la causa por activa, pues alega
que Servientrega S.A. es patrimonialmente responsable por la falta de pago del
canon de licenciamiento del servicio de mensajería postal especializada
correspondiente a los trimestres II y III de 2005 y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 2438 del Decreto 229 de 199539 “todas las personas naturales o
jurídicas que obtengan concesión para la prestación del servicio postal de
mensajería especializada”, tiene la obligación de pagarle cánones de
licenciamiento.
5.2. Servientrega S.A. está legitimada en la causa por activa, en su calidad de
sociedad prestadora del servicio de mensajería especializada y sujeto pasivo de la
obligación de pago de los cánones establecidos a favor del Fondo de
Comunicaciones por el mencionado artículo 24 del Decreto 229 de 1995.
6. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la entidad demandante sufrió un daño
antijurídico, imputable a la sociedad demandada.
36 Fl. 54 a 58, C. 1.
37 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la
causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la
ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del
libelo petitorio.”
38 “Artículo 24. Cánones del servicio de mensajería especializada. Todas las personas naturales o
jurídicas que obtengan concesión para la prestación del servicio postal de mensajería especializada,
pagarán al fondo de Comunicaciones: a) Por concepto del otorgamiento de la licencia, una suma
equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales; b) Por concepto de uso de las
licencias, el 4% de sus ingresos brutos de explotación. El cual debe ser pagado en forma trimestral.”
39 “Por el cual se reglamenta el Servicio Postal”
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7. Solución al problema jurídico
Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado.
8.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado
El artículo 90 de la Constitución Política de 199140 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho41, que contraría el orden legal42 o que está desprovista de una
causa que la justifique43, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida44, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en
términos generales fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.
La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
40 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
41 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
42 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
44 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
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Demandante: Fondo de Comunicaciones
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros45.
Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.
8. El caso concreto
En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 31 de julio de
2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la ineptitud
sustantiva de la demanda porque no se agotó el requisito de procedibilidad, el
demandante señaló que, al tener agotada la conciliación como requisito de
procedibilidad de la acción de reparación directa, debía resolverse el fondo del
asunto, en cuyo efecto reiteró lo dicho en el escrito de demanda.
En este sentido, y comoquiera que solo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra el fallo del 31 de julio de 2014, proferido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el asunto se resolverá de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil46. Por ello, a
continuación se analizará si la entidad demandante es patrimonialmente
responsable por la falta de pago del canon de licenciamiento para la prestación del
servicio de mensajería especializada a nivel nacional, correspondiente a los
trimestres II y III de 2005.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.
8.1. Hechos probados
Así pues, se evidencia que, de conformidad con los medios probatorios allegados
oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
46 “Artículo 357. Competencia del Superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable
al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto
del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos
íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere
apelado de una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito
aun cuando fuere desfavorable al apelante.”
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Demandante: Fondo de Comunicaciones
7.1.1. Quedó demostrado que mediante Resolución 589 del 28 de febrero de 1995,
el Ministerio de Comunicaciones otorgó a Servientrega Ltda (hoy Servientrega
S.A.47) licencia de concesión para “prestar al público el servicio postal de mensajería
especializada nacional”, por un término de 5 años, que se entendían hasta el 16 de
marzo de 2000, prorrogables “por el mismo Ministerio de Comunicaciones, previa
solicitud dos meses antes de su vencimiento”. El acto administrativo que otorgó la
licencia estableció que “el licenciatario pagar[ía] al fondo de comunicaciones, por
concepto de la licencia objeto de la presente resolución, las siguientes sumas: a)
por el otorgamiento de la licencia, una suma equivalente a 20 salarios mínimos
legales mensuales; b) por el uso de la licencia, el 4% de sus ingresos brutos de
explotación, el cual deberá ser pagado en forma trimestral”. Lo anterior consta en la
copia auténtica de la mencionada Resolución 58948 y en la copia auténtica de la
Resolución 2076 del 20 de septiembre de 200549.
8.1.2. Quedó establecido que mediante Resolución 238 del 28 de febrero de 2000,
el Ministerio de Comunicaciones prorrogó la licencia concedida a Servientrega S.A.
mediante la Resolución 589, “para prestar al público el servicio postal de mensajería
especializada a nivel nacional”. La prórroga se otorgó por el término de 5 años, que
se extendieron hasta el 16 de marzo de 2005. En dicho acto se estableció que “el
licenciatario pagar[ía] al fondo de comunicaciones, por concepto de la licencia objeto
de la presente resolución, las siguientes sumas: a) por el otorgamiento de la
licencia, una suma equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales; b) por el
uso de la licencia, el 4% de sus ingresos brutos de explotación, el cual deberá ser
pagado en forma trimestral”. Lo anterior consta en la copia auténtica de la
mencionada Resolución50 y en la copia auténtica de la Resolución 2076 de 20 de
septiembre de 200551.
8.1.3. Se probó que en 6 de enero de 2005, Servientrega S.A. solicitó al Ministerio
de Comunicaciones la prórroga de la licencia para prestar el servicio postal de
mensajería especializada a nivel nacional. Lo anterior consta en las copias
auténticas de la referida solicitud52 y de la Resolución 2076 de 20 de septiembre de
200553.
47 Fl. 64 a 78 y 160 a 169, C. 1. Mediante Escritura 2589 de 19 de octubre de 1998, de la Notaría 10
Bogotá, la sociedad se transformó de Sociedad Limitada a sociedad anónima.
48 Fl. 16 a 19, C.1.
49 Fl. 22 a 26, C.1.
50 Fl. 20 a 21, C.1.
51 Fl. 22 a 26, C.1.
52 Fl. 27, C.1.
53 Fl. 22 a 26, C.1.
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8.1.4. Se demostró que el 9 de marzo de 2005, la Oficina Asesora Jurídica del
Ministerio de Comunicaciones conceptuó que Servientrega S.A. debía solicitar la
adjudicación de una nueva licencia de mensajería especializada, toda vez que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo
18 del Decreto 229 de 1995, “las concesiones y licencias ser[ían] otorgadas por un
término de 5 años prorrogables por un lapso igual al inicial”, entendiendo que la
prórroga solo era posible “por una sola vez". Lo anterior consta en la copia auténtica
de la Resolución 2076 de 20 de septiembre de 200554.
8.1.5. Se acreditó que el 16 de marzo de 2005, Servientrega S.A. solicitó al
Ministerio de Comunicaciones que certificara e hiciera constar la existencia del
trámite de prórroga de la licencia a mensajería especializada “para dar cumplimiento
en desarrollo del objeto social […] [y] poder cumplir los compromisos de orden
económico adquirido con las mismas entidades de control”. Lo anterior consta en la
copia auténtica de la respectiva petición55.
8.1.6. Está probado que el 29 de marzo de 2005, el Ministerio de Comunicaciones
hizo constar qué Servientrega S.A. había solicitado prórroga de la licencia para la
prestación del servicio de mensajería especializada, la cual se encontraba en
trámite. Lo anterior consta en la copia auténtica de la respectiva certificación56.
8.1.7. Está demostrado que el 25 de abril de 2005, Servientrega S.A. le solicitó al
Ministerio de Comunicaciones que aclarara “la necesidad de presentar nuevamente
los documentos en cumplimiento de los requisitos exigidos en el Decreto 229 de
1995 para la solicitud de una nueva licencia mensajería especializada” y el
procedimiento a seguir. Asimismo, la peticionaria advirtió que lo anterior era
importante “para efectos del pago de las obligaciones relacionadas con el canon por
el uso de licencia […] en consideración a que […] no existía obligatoriedad del pago
de obligaciones por cuanto en el lapso hoy transcurrido sin el otorgamiento de una
nueva licencia […] genera una situación de incertidumbre jurídica, que con el paso
del tiempo dejaría a su entidad sin el documento público que le permita hacer
exigible el cobro […] [y] no nos permite asumir con claridad nuestra condición de
licenciatarios frente a los usuarios del servicio y a su entidad como ente de control”.
Lo anterior consta en la copia auténtica de la respectiva petición57.
54 Fl. 22 a 26, C.1.
55 Fl. 28, C.1.
56 Fl. 30, C.1.
57 Fl. 31 a 32, C.1.
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8.1.8. Consta que el 31 de mayo de 2005 Servientrega S.A. solicitó al Ministerio de
Comunicaciones “ofrecer una respuesta a las solicitudes radicadas” con
anterioridad, reiterando su disposición para “suministrar los documentos requeridos
conforme a su determinación”. Lo anterior consta en la copia auténtica de la
respectiva petición58.
8.1.9. Se estableció que el 25 de junio de 2005, el Ministerio de Comunicaciones
respondió las peticiones de Servientrega S.A. informándole que, de conformidad
con el concepto de 9 de marzo de 2005 de la Oficina Asesora Jurídica, se hacía
necesaria la solicitud “de una nueva licencia para la prestación del servicio postal
de mensajería especializada”. Igualmente, el Ministerio indicó a la peticionaria que
“las empresas a quienes se les otorgan nueva licencia, […] deben cancelar el 4%
por contraprestaciones, a partir de la fecha del otorgamiento de la licencia de
mensajería especializada”. Lo anterior consta en la copia auténtica de la respuesta
administrativa59.
8.1.10. Está demostrado que el 3 de agosto de 2005 Servientrega S.A. radicó en el
Ministerio de Comunicaciones la solicitud de licencia de mensajería especializada.
Lo anterior consta en la copia auténtica de la referida petición60.
8.1.11. Quedó establecido que el 10 de agosto de 2005, el Ministerio de
Comunicaciones solicitó a Servientrega S.A. aclarar su solicitud de licencia. Lo
anterior consta en la copia auténtica de la referida comunicación61.
8.1.12. Está acreditado que el 18 de agosto de 2005, Servientrega S.A. aclaró su
solicitud de licencia. Lo anterior consta en la comunicación respectiva62
8.1.13. Quedó acreditado que mediante Resolución 2076 del 20 de septiembre del
2005, el Ministerio de Comunicaciones otorgó a Servientrega S.A. la licencia “para
prestar al público el servicio postal de mensajería especializada a nivel nacional”
por el término de 5 años, prorrogables por una sola vez en los términos de la
Resolución 3509 de 24 de diciembre de 1999. El acto administrativo que otorgó la
licencia estableció que “el licenciatario pagar[ía] al fondo de comunicaciones, por
concepto de la licencia objeto de la presente resolución, las siguientes sumas: a)
por el otorgamiento de la licencia, una suma equivalente a 20 salarios mínimos
58 Fl. 33, C.1.
59 Fl. 34 a 36, C.1.
60 Fl. 37 a 39, C.1.
61 Fl. 40 a 41, C.1.
62 Fl. 42 a 43, C.1.
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legales mensuales; b) por el uso de la licencia, el 4% de sus ingresos brutos de
explotación, el cual deberá ser pagado en forma trimestral”. Lo anterior consta en la
copia auténtica de la mencionada resolución63.
8.1.14. Está demostrado que, en octubre de 2006, el Ministerio de Comunicaciones
elaboró la auditoría a las empresas que prestan servicio de mensajería
especializada, entre ellas Servientrega S.A., en aras de verificar la actividad real
ejercida por la empresa auditada. Dentro de sus conclusiones la auditoría determinó
que la empresa licenciataria “ha venido liquidando correctamente los cánones
postales de acuerdo con las pruebas de auditoría practicada, a excepción del II y III
trimestre del año 2005 en los cuales prestaron el servicio sin licencia, porque estaba
en trámite y tuvieron inconvenientes en el proceso para obtener la nueva licencia y
por tanto asumieron que no estaban obligados a pagar el canon postal […] Por lo
anterior […] tiene un saldo pendiente por pagar al fondo de comunicaciones de
$1.333.527.811”. Lo anterior consta en la copia auténtica del respectivo informe64.
8.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado
En aras de resolver el cargo invocado en el recurso de apelación, la Sala analizará
de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad patrimonial
fundada en el artículo 90 de la Constitución Política, en este evento de un particular
hacía una entidad estatal, pero bajo la configuración del mismo instituto jurídico, el
cual depende de la sumatoria de los dos componentes que lo conforman. Por lo
anterior, se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el
daño antijurídico y ii) su imputación frente al Estado.
Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad
patrimonial de la Administración65-66.
63 Fl. 22 a 26, C.1.
64 Fl. 45 A 63, C.1.
65 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.
Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
66 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia
considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
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8.2.1. El daño antijurídico
El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho67, que contraría el orden legal68 o que está desprovista de una
causa que la justifique69, resultado que se produce sin derecho al contrastar con las
normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o
protegida70, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor
patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que aunque ilustra en
términos generales fenómeno lesivo indemnizable, resulta insuficiente para
explicarlo integralmente.
En el sub examine se tiene que el daño alegado es el detrimento patrimonial
padecido por el Fondo de Comunicaciones, derivado de la falta de pago del canon
de licenciamiento para la prestación del servicio de mensajería especializada a nivel
nacional, por parte de Servientrega S.A., durante los trimestres II y III de 2005.
Ahora bien, el Estado ejerce la titularidad del servicio público de telecomunicaciones
a través del Ministerio de Comunicaciones y, desde su artículo 1º71, la Ley 72 de
1989 contempla dentro de los servicios que comprenden el sector de las
telecomunicaciones “los servicios postales”, los cuales pueden ser objeto de
prestación directa del Estado o indirecta por medio de los particulares "en virtud de
autorización o concesión, o por ministerio de la ley".
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
67 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
68 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez
Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
69 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;
Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
70 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva
Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.
71 “Artículo 1. El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Comunicaciones, adoptará la política
general del sector de comunicaciones y ejercerá las funciones de planeación, regulación y control
de todos los servicios de dicho sector, que comprende, entre otros: - Los servicios de
telecomunicaciones. - Los servicios informáticos y de telemática. - Los servicios especializados de
telecomunicaciones o servicios de valor agregado. - Los servicios postales.”
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Demandante: Fondo de Comunicaciones
A la sazón, se advierte que el artículo 17 del Decreto 229 de 1995 señala que “la
prestación del servicio de mensajería especializada nacional […] se concederá
directamente, en régimen de libre competencia, a personas naturales o jurídicas,
mediante licencia, con arreglo a los principios de transparencia, economía y
responsabilidad de que trata la Ley 80 de 1993.”. Igualmente, el artículo 18 ibidem
advierte que “las […] licencias serán otorgadas por un término de cinco (5) años,
prorrogables por un lapso igual al inicial”.
En este sentido se establece la prestación del servicio público de mensajería
especializada a nivel nacional mediante el otorgamiento de licencia, entendida esta
como el acto administrativo por medio del cual el Ministerio de Comunicaciones,
previo cumplimiento de los requisitos y exigencias legales, le otorga a una persona
llamada licenciatario, la prestación, operación, explotación, organización o gestión,
total o parcial del servicio público, por cuenta y riesgo del licenciatario y bajo la
vigilancia y control de la entidad pública, a cambio de una remuneración que, en
este caso, se establece bajo un canon de licenciamiento que comprende una suma
fija correspondiente al otorgamiento de la licencia y un valor periódico y porcentual
como contraprestación por el uso de la misma.
Bajo este concepto, el artículo 24 del Decreto en comento, establece la
remuneración del licenciamiento del servicio de mensajería especializada bajo la
denominación de cánones. Así estipula: “Todas las personas naturales o jurídicas
que obtengan concesión para la prestación del servicio postal de mensajería
especializada, pagarán al Fondo de Comunicaciones: a) Por concepto del
otorgamiento de la licencia, una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos
legales mensuales; b) Por concepto de uso de las licencias, el 4% de sus ingresos
brutos de explotación. El cual debe ser pagado en forma trimestral.”.
Dicho esto, fuerza concluir que del otorgamiento de la licencia por parte del
Ministerio de Comunicaciones, a un particular, para la prestación del servicio de
mensajería especializada a nivel nacional, se desprenden dos consecuencias
jurídicas, a saber: i) la habilitación del particular que acredita las exigencias y
requisitos legales para la prestación del servicio y ii) la obligación del licenciatario
del pago del canon de licenciamiento a favor del Fondo de Comunicaciones.
A la luz de este panorama legal y reglamentario, en el caso de autos se tuvo
acreditado que, entre el 28 de febrero de 1995 y el 16 de marzo de 2005,
Servientrega S.A. actuó como licenciatario del Ministerio de Comunicaciones para
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la prestación del servicio de mensajería especializada a nivel nacional, habilitado
mediante las Resoluciones 589 de 1995, que otorgó la licencia inicial, y 238 de 2000,
que prorrogó dicho licenciamiento. En consecuencia, Servientrega S.A. pagó al
Ministerio de Comunicaciones los cánones de licenciamiento establecidos en el
Decreto 229 de 1995 y en los actos administrativos de otorgamiento y prorroga de
la mencionada licencia (hechos probados 8.1.1., 8.1.2. y 8.1.14.).
En el mismo orden, se observó que la licencia contenida en la Resolución 238 de
2000, se encontraba vigente hasta el 16 de marzo de 2005, previo a lo cual, el 6 de
enero de 2005 Servientrega S.A. solicitó una nueva prórroga de la misma que la
habilitaba para la prestación del servicio de mensajería especializada a nivel
nacional (hechos probados 8.1.2. y 8.1.3.).
Sin embargo, el Ministerio de Comunicaciones conceptuó la imposibilidad de
prorrogar la Resolución 238 de 2000, toda vez que esta actuación se había
configurado mediante una prórroga de la licencia otorgada en la Resolución 589 de
1995. Al respecto consideró que la prórroga reglamentada en el artículo 18 del
Decreto 229 de 1995 era viable “por una sola vez”. En otras palabras, el Ministerio
de Comunicaciones determinó la inviabilidad de una segunda prorroga de la licencia
que habilitaba a Servientrega S.A. para la prestación del servicio de mensajería
especializada a nivel nacional y, en este sentido, le solicitó iniciar el tramite de un
nuevo licenciamiento (hechos probados 8.1.4., 8.1.7., 8.1.8. y 8.1.9.).
Así las cosas, la licencia para la prestación del servicio de mensajería especializada
a nivel nacional de Servientrega S.A. no fue prorrogada y venció el 16 de marzo de
2005, luego de lo cual, tuvo lugar la nueva solicitud de licenciamiento, radicada el 3
de agosto de 2005, aclarada el 18 de agosto de 2005 y aprobada el 20 de
septiembre de 2005, mediante la Resolución 2076 del Ministerio de
Comunicaciones (hechos probados 8.1.2., 8.1.10., 8.1.11., 8.1.12. y 8.1.13.).
Ahora bien, de lo anterior también se infiere que la licencia otorgada mediante las
Resoluciones 589 de 1995 y 238 de 2000 por el Ministerio de Comunicaciones a
Servientrega S.A. estuvo vigente durante el primer trimestre de 2005, periodo en el
cual la licenciataria pagó el correspondiente canon de licenciamiento, a favor del
Fondo de Comunicaciones, tal y como lo certificó el informe de auditoría de octubre
de 2006. Sin embargo, dicho informe también advirtió que, pese al vencimiento de
la licencia mencionada y de su prorroga, en los trimestres II y III de 2005
Servientrega S.A. continuó con la prestación del servicio de mensajería
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especializada a nivel nacional, pero suspendió el pago del canon de licenciamiento
(hecho probado 8.1.2. y 8.1.14.).
Esta situación dio lugar a la acción de reparación directa incoada por el Fondo de
Comunicaciones, quien alegó como daño antijuridico el detrimento patrimonial
derivado de la falta de pago del canon de licenciamiento correspondiente a los
trimestres II y III de 2005.
Al respecto, primeramente, se advierte la conducta irregular de Servientrega S.A.,
desconocedora de lo dispuesto en toda la reglamentación del Decreto 229 de 1995
y, específicamente, en el artículo 37, según el cual, por regla general “ninguna
persona natural o jurídica podrá prestar servicios postales sin haber obtenido
previamente la concesión, por contrato o licencia, otorgada por el Ministerio de
Comunicaciones”, so pena de hacerse acreedor de las sanciones reguladas en
el Capítulo IX ibid., a saber las siguientes:
“Artículo 38: las personas naturales o jurídicas que sin concesión debidamente
otorgada establezcan o presten servicios postales, tanto en el ámbito urbano,
nacional o internacional, serán sancionadas por el Director General de
Telecomunicaciones del Ministerio de Comunicaciones, sin perjuicio del ejercicio de
las demás acciones civiles, penales o administrativas que de tal hecho se deriven,
así:
1. Ordenar el cese de las actividades ilegales e iniciar el correspondiente proceso
sancionatorio.
2. Con multas sucesivas hasta por mil (1.000) salarios mínimos mensuales.
Parágrafo: Contra la decisión sancionatoria sólo procederá el recurso de reposición
en los términos del Código Contencioso Administrativo.
Cuando la competencia no sea suya, procederá así:
1. Solicitar a las autoridades de las entidades territoriales o de policía
correspondientes, que dentro de su competencia, procedan a la cancelación de la
licencia de funcionamiento y al cierre de los establecimientos donde se presten
ilegalmente los servicios, en los términos del Decreto 1355 de 1970, artículo 208, o
de los códigos de policía departamentales.
2. Demandar de las autoridades competentes la aplicación de las medidas y
sanciones que por el establecimiento o prestación de servicios postales sin
concesión debidamente otorgada deban imponerse y que no corresponda imponer
al Ministerio de Comunicaciones.
Artículo 39. Prácticas ilegales. Cuando el Ministerio de Comunicaciones establezca
la existencia de Empresas de Transporte Terrestre o Aéreo que presten servicios
postales sin el correspondiente contrato o licencia, procederá a demandar del
Ministerio de Transporte o al Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil,
respectivamente, la aplicación de las sanciones que correspondan de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.”
Así las cosas, Servientrega S.A. prestó el servicio de mensajería especializada a
nivel nacional sin contar con la licencia legalmente exigida y con ello quebrantó la
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prohibición prevista en el artículo 37 del Decreto 229 de 1995, hacendose acreedora
de la aplicación de las sanciones estipuladas en los citados artículos 38 y 39.
Sin embargo, es precisamente la prestación irregular y clandestina del servicio la
que impide la causación del canon de licenciamiento que, como su nombre lo indica,
solo tiene lugar ante el otorgamiento y el uso de una licencia regular y legalmente
expedida. En este sentido se observa el mandato del artículo 24 del multicitado
Decreto 229 de 1995, que frente al servicio de mensajería especializada establece
dos momentos en los que se causa y nace la obligación de pago del mencionado
canon a favor del Fondo de Comunicaciones. El primero, determinado por el
otorgamiento de la licencia por parte del Ministerio de Comunicaciones a favor del
particular, y fijado en la suma de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales. El
segundo, motivado en el uso trimestral de la licencia y fijado en el 4% de los ingresos
brutos de explotación del servicio.
En otras palabras, ante la ausencia de la correspondiente licencia que concede y
autoriza la prestación del servicio de mensajería especializada en cabeza de
Servientrega S.A., no nace la obligación de pago del canon de licenciamiento a
favor del Fondo de Comunicaciones y en tal sentido el daño antijurídico alegado por
la entidad demandante es inexistente, se reitera, ante la falta de existencia de un
título jurídico que definiera la obligación.
Lo anterior impone que en la parte resolutiva se revoque la sentencia proferida el
31 de julio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró la
ineptitud sustantiva de la demanda, y en su lugar, se nieguen las pretensiones de la
demanda, por inexistencia de un daño antijurídico.
9. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
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Demandante: Fondo de Comunicaciones
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 31 de julio de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que declaró la inepta demanda por ausencia del
requisito de procedibilidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia, y en su lugar se dispone:
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda.
TERCERO: SIN COSTAS.
CUARTO: En firme esta providencia, ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen
para lo de su cargo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRÍQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
VF
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