Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00933-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2009-00933-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Contrato: la jurisprudencia ha señalado que con el auto admisorio de la demanda la entidad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2009-00933-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2009-00933-02
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
21 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
MAGISTRADA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandantes: Equant Colombia S.A.
Demandado: Superintendencia de Notariado y Registro
Referencia: Acción contractual
TEMAS: COMPETENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PARA LIQUIDAR UNILATERALMENTE EL
CONTRATO — la jurisprudencia ha señalado que con el auto admisorio de la demanda la entidad
contratante pierde competencia para liquidar unilateralmente el contrato. EXISTENCIA, VALIDEZ Y
EFICACIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS — son conceptos que, aunque relacionados, tienen
connotaciones e implicaciones diferentes. NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE DE
ACTOS ADMINISTRATIVOS — su regulación se encuentra en el artículo 48 del Código Contencioso
Administrativo, en concordancia con el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil, según lo ha
sostenido la jurisprudencia — opera con el conocimiento del acto administrativo por parte del
interesado, siendo oponible a partir de ese momento, sin que para ello incida la forma en cómo
obtuvo ese conocimiento. INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA — esta excepción se
configura cuando, habiendo sido liquidado unilateralmente el contrato, en la demanda en la que se
persigue la responsabilidad contractual o en la oportunidad para reformarla no se incluye la
pretensión de nulidad del acto administrativo por medio del cual se liquida unilateralmente el negocio
jurídico — esta postura se hace extensible, con mayor razón, en aquellos asuntos en los que se
pretenda la liquidación judicial del contrato, dado que, si lo pretendido es sacar avante la pretensión
de liquidación judicial del contrato, de manera preliminar debe desvirtuarse la presunción de legalidad
del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE
LAS DECISIONES JUDICIALES — según lo dispuesto en el artículo 305 del CPC, la sentencia debe
estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda. JUSTICIA
ROGADA — no es posible ni viable un control oficioso por parte de los jueces frente a actos
administrativos que no fueron demandados.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia del 27 de junio de 2019, proferida por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se resolvió
lo siguiente (se transcribe de forma literal):
«PRIMERO: DECLARAR liquidado judicialmente el contrato 070 de 2004, suscrito
entre la Superintendencia de Notariado y Registro y la unión temporal Equant – Siglo
21, sin que haya lugar a reconocimiento pecuniario alguno a favor de las partes.
SEGUNDO: DECLARAR que los numerales primero y segundo de la Resolución
8900, proferida el 6 de noviembre de 2009 por la Superintendencia de Notariado y
Registro, carecen de fuerza ejecutoria.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de los numerales tercero y cuarto de la
Resolución 8900 proferida el 6 de noviembre de 2009 por la Superintendencia de
Notariado y registro.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda (…)».
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La unión temporal Equant Informática Siglo 21 —integrada por Equant Colombia
S.A. y por Informática Siglo 21 Ltda.— y la Superintendencia de Notariado y Registro
suscribieron el contrato No. 070 de 2004, cuyo objeto consistió en la prestación de
un servicio técnico especializado integral que involucrara, entre otras cosas, la
operación de un software para la realización del proceso de registro y certificación
inmobiliaria, así como también el suministro al ciudadano de los productos y
servicios que desarrolla la Superintendencia utilizando servicios web.
El 12 de noviembre de 2009, Equant Colombia S.A. —integrante de la unión
temporal mencionada—, en ejercicio de la acción contractual, presentó demanda
solicitando declarar la terminación del contrato, liquidar el negocio jurídico y
condenar a la demandada al pago de las sumas resultantes de la liquidación que,
en criterio de la actora, le adeuda la entidad pública contratante. Antes de presentar
su demanda, la Superintendencia de Notariado y Registro había expedido la
Resolución 8900 de 2009, por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato,
acto administrativo que la demandante vino a conocer antes de que quedara en
firme el auto admisorio de la demanda.
El Tribunal a quo dictó sentencia de mérito, por medio de la cual liquidó judicialmente
el acuerdo de voluntades, haciendo la claridad de que no había lugar a
reconocimiento pecuniario alguno a favor de las partes; declaró que los numerales
primero y segundo de la Resolución 8900, proferida el 6 de noviembre de 2009 por
la Superintendencia de Notariado y Registro, carecen de fuerza ejecutoria; declaró
la nulidad de los numerales tercero y cuarto de la mencionada resolución; y negó
las demás pretensiones de la demanda. La sentencia fue apelada por ambas partes.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. El 12 de noviembre de 2009, Equant Colombia S.A., por conducto de apoderado
judicial, interpuso demanda —subsanada el 11 de diciembre de 2009—1 en ejercicio
de la acción contractual contra la Superintendencia de Notariado y Registro, con las
siguientes pretensiones, transcritas literalmente, incluso con posibles errores:
«PRIMERA: Que se declare la terminación del contrato 070 de 2004 suscrito entre la
Superintendencia de Notariado y Registro y la Unión Temporal Equant-Siglo 21, por
agotamiento de su objeto y vencimiento del plazo contractual.
SEGUNDA. Que se liquide judicialmente las prestaciones pendientes del contrato así
terminado, de conformidad con el proceso acordado entre las partes en el acuerdo
1 Mediante auto del 3 de diciembre de 2009, el Tribunal a quo inadmitió la demanda, con el fin de
que Equant Colombia S.A. estimara razonadamente la cuantía (folios 34 a 36 del cuaderno No.1), lo
cual cumplió con escrito radicado el 11 de diciembre de 2009, subsanando así el libelo introductorio
(folios 38 y 39 del cuaderno No. 1). A través de auto del 27 de enero de 2010, el Tribunal de primera
instancia admitió la demanda (folios 43 a 46 del cuaderno No. 1).
2
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
modificatorio número 06, a través de la fijación de las sumas a favor o a cargo de la
Superintendencia de Notariado y Registro.
TERCERA: Que en desarrollo de lo anterior, se condene a la entidad pública al pago
de las sumas adeudadas a favor de mi patrocinada, que resulten de dicha liquidación.
De la misma manera, la condena deberá incluir aquellas sumas a que tenga derecho
mi patrocinada, fijadas pericialmente, por concepto de danos y perjuicios ocasionados
por la Superintendencia de Notariado y Registro. Las sumas que resulten deberán ser
indexadas desde la fecha de la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha en que se
produzca el pago (…)».
1.2. En síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:
1.2.1. Previa licitación adelantada por la Superintendencia de Notariado y Registro,
que culminó con la respectiva adjudicación, el 25 de junio de 2004 tal entidad y la
unión temporal Equant Informática Siglo 21 —integrada por Equant Colombia S.A.
y por Informática Siglo 21 Ltda.— suscribieron el contrato No. 070, cuyo objeto
consistió en la «Prestación del servicio técnico especializado integral que como
mínimo involucre el suministro y operación de lo siguiente: Web Hosting,
Datacenter, administración en sitio (Help Desk Técnico), de infraestructura de
software licenciado, aplicaciones, conectividad, seguridad lógica y servicios de
soporte y mantenimiento para la realización del proceso de registro y certificación
inmobiliaria y el suministro al ciudadano de los productos y servicios que desarrolla
la Superintendencia de Notariado y Registro utilizando servicios web».
1.2.2. El 15 de julio de 2004 se suscribió el acta de inicio del contrato. Aquel negocio
jurídico fue modificado en varias ocasiones, ampliándose su objeto y su valor, así
como también la forma de pago, mediante los otrosíes 1, 2, 3 y 4. Al objeto del
acuerdo de voluntades inicial se le incluyeron prestaciones relativas al análisis,
diseño, desarrollo e implementación de funcionalidad y la migración de 37 oficinas
de Registro de Instrumentos Públicos —en adelante, Orip—. Como consecuencia
de lo anterior, el valor del contrato, que inicialmente se había pactado en la suma
de $7.902’438.434,00, se adicionó para un total de $12.024’083.070.
1.2.3. Al momento de celebrar el otrosí 5 y con el fin de determinar el alcance de las
obligaciones, los contratantes tuvieron en cuenta las actas de concertación
mediante las cuales se había definido el estado de las prestaciones a cargo del
contratista en relación con el avance del proyecto. Con el otrosí 5, suscrito el 12 de
julio de 2007, las partes definieron las tareas pendientes del llamado Sistema de
Información de Registro y Certificación Inmobiliaria (SIR) y del Portal Transaccional,
acordando una extensión del plazo contractual hasta el 30 de noviembre de 2007,
con la finalidad de que se cumpliera lo relativo al desarrollo, prueba, recepción y
aceptación de funcionalidades del SIR y de la integración del Portal de Transacción.
En relación con las obligaciones de mantener los servicios de infraestructura de
hosting, servidores, licenciamiento Oracle, correo electrónico, portal, soporte SIR y
conectividad de 33 Orip, en el otrosí 5 se dispuso que por estas actividades había
un saldo de $109’250.704, que se pagaría el 7 de octubre de 2007. En el otrosí 5,
además, se excluyó del objeto contractual la obligación de migración de 7 Orip, y
3
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
los recursos que correspondían a tales migraciones se destinaron a remunerar los
servicios de infraestructura de las 33 Orip que se encontraban en funcionamiento.
1.2.4. En el otrosí 6, se dispuso que quedaba pendiente lo siguiente: (i) un 10% de
la integración del Portal Transaccional con el SIR, equivalente a $77’430.823,47; y
(ii) un 2.4% del rediseño, desarrollo, pruebas, puesta en marcha y entrega en
correcto funcionamiento a la Superintendencia del SIR, equivalente a
$78’349.832,19. En virtud de lo anterior, en la cláusula primera de dicho otrosí se
acordó que solamente quedaban pendientes 777 funcionalidades del programa SIR
y la integración del Portal Transaccional con ese sistema, acordándose entre las
partes que harían sus mejores esfuerzos para ejecutar todo lo pendiente hasta antes
del 30 de noviembre de 2007, y que si para esa fecha seguían asuntos pendientes
por cumplir se aplicaría la metodología precisada en el otrosí 6, «a efectos de
cuantificar económicamente su valor para compensarlos con servicios de soporte
de infraestructura, con el objeto de que, en todo caso, se iniciara la liquidación del
contrato y se diera terminación a la misma antes del 31 de diciembre de 2007».
1.2.5. A la fecha de terminación del contrato, los saldos pendientes entre las partes
quedaron así: (i) $109’250.705.00, a favor de la unión temporal Equant Informática
Siglo 21, correspondiente a los servicios de hosting, soporte, administración y
mantenimiento de la infraestructura SIR, portal, correo y conectividad, los cuales
fueron prestados a satisfacción de la Superintendencia de Notariado y Registro; y
(ii) $25’282.603, a favor de tal entidad, en razón de las funcionalidades pendientes
del SIR y del Portal Transaccional, valor que debía compensarse con días de
servicio, para un monto neto de $83’968.102.00, a favor de dicha figura asociativa.
1.2.6. La Superintendencia de Notariado y Registro incumplió con su obligación de
pagar a la unión temporal, por lo que esta última, en varias oportunidades, requirió
a dicha entidad para que llevara a cabo la liquidación del contrato, aplicando la
metodología pactada en el otrosí 6, para que le pagara las sumas correspondientes.
1.2.7. En el segundo semestre de 2008, la aquí entidad demandada presentó un
proyecto de liquidación bilateral del contrato, estableciendo como balance final la
suma de $39’789.071, a cargo de la unión temporal Equant Informática Siglo 21;
cruce de cuentas cuyo borrador fue cuestionado por la figura asociativa, con
sustento en que desconocía la metodología prevista en el otrosí 6. Producto de lo
anterior, las partes decidieron que firmarían una liquidación bilateral parcial, en todo
aquello en lo que estaban de acuerdo, concretamente en cuanto al grado de
cumplimiento de las obligaciones relativas al SIR, dejando para un proceso de
conciliación lo relativo a las valoraciones de las funcionalidades pendientes. Fue así
que, el 14 de octubre de 2008, el representante de la unión temporal suscribió en
dos ejemplares el acta de liquidación que reflejaba dicho acuerdo, pero la
Superintendencia de Notariado y Registro no procedió a firmar el acta.
1.2.8. El 17 de diciembre de 2008, la entidad demandada, de manera sorpresiva y
apartándose de lo definido, liquidó unilateralmente el contrato mediante la
Resolución No. 9138. Contra esta determinación, la unión temporal Equant
4
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
Informática Siglo 21 interpuso recurso de reposición, con base en que aquel acto
administrativo fue expedido teniendo en cuenta unos informes técnicos que le eran
desconocidos, vulnerándose así su derecho de defensa. A través de la Resolución
No. 2443 del 30 de marzo de 2009, se resolvió negativamente el recurso. En tal
virtud, la unión temporal interpuso acción de tutela contra la Superintendencia de
Notariado y Registro, alegando la vulneración de sus derechos fundamentales, la
cual fue negada en primera instancia por el Juzgado 21 Penal del Circuito de
Bogotá, pero en segunda instancia fue concedida por la Sala Penal de Tribunal
Superior de Bogotá, en fallo del 16 de julio de 2009, ordenando a dicha entidad que
dejara sin efectos las resoluciones por medio de las cuales liquidó unilateralmente
el contrato y que, como consecuencia, rehiciera la actuación correspondiente.
1.2.9. Con ocasión del fallo de tutela, la Superintendencia de Notariado y Registro
revocó los actos administrativos por medio de los cuales liquidó unilateralmente el
contrato, a través de la Resolución No. 5849 del 29 de julio de 2009, y procedió a
darle traslado a la unión temporal de los informes que le eran desconocidos,
oportunidad en la que presentó solicitudes de aclaración y complementación, que
fueron resueltas por la entidad, pero posteriormente objetadas por el contratista.
1.2.10. Según la parte actora, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, «a partir de la presentación de esta demanda es el Tribunal Contencioso
Administrativo el único competente para liquidar el contrato 070 y sus adicionales».
2. Auto admisorio y contestación de la demanda
2.1. Mediante auto del 27 de enero de 20102, el Tribunal admitió la demanda. Contra
esta providencia, la Superintendencia de Notariado y Registro interpuso recurso de
reposición, entre otras razones, porque dicho tribunal carecía de competencia para
liquidar el contrato objeto de discusión, en tanto aquel fue liquidado unilateralmente
mediante la Resolución No. 8900 del 6 de noviembre de 2009, acto administrativo
cobijado por la presunción de legalidad y que, por demás, fue expedido con
anterioridad a la notificación personal del auto admisorio del presente libelo3.
El Tribunal, previo a resolver el referido recurso de reposición —el cual se fijó en
lista el 9 de marzo de 2010—4, requirió a las partes para que allegaran la constancia
de la notificación personal de la Resolución No. 8900 del 6 de noviembre de 2009,
proferida por la entidad demandada.
2.1.1. En cumplimiento de lo anterior, la Superintendencia de Notariado y Registro
allegó los siguientes documentos: (i) citaciones remitidas a los representantes
legales de cada una de las sociedades integrantes de la unión temporal Equant
Informática Siglo 21, con el fin de que concurrieran a la entidad para que se
notificaran personalmente de dicha resolución; y (ii) edicto No. 17 de 2009, fijado el
2 Folios 43 a 46 del cuaderno No. 1.
3 Folios 67 a 82 del cuaderno No. 1.
4 Folio 82 vto. del cuaderno No. 1.
5
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
19 de noviembre de ese año por el término de 10 días, por medio del cual se notificó
la citada resolución a los sociedades que conformaron la unión temporal. Acto
seguido, agregó que, en caso de que se estimara que la Resolución No. 8900 fue
notificada sin el lleno de requisitos legales establecidos en el Código Contencioso
Administrativo, el Tribunal debía considerar que las irregularidades en la notificación
afectan exclusivamente la eficacia del acto administrativo, mas no su existencia y
validez, y que dicho acto goza de presunción de legalidad hasta tanto no sea
anulado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, «lo que impide al
Tribunal pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda formulada por Equant
Colombia S.A., y en especial aquella relacionada con la liquidación judicial del
contrato 070 de 2004, ya que este fue liquidado unilateralmente por la
Administración»5.
2.1.2. Con escrito del 19 de abril de 20106, en oposición a lo sostenido por la
Superintendencia de Notariado y Registro, la parte demandante señaló que la
Resolución No. 8900 del 6 de noviembre de 2009 no le fue notificada en debida
forma con anterioridad al ejercicio de la acción contractual que dio origen a la
presente controversia. Luego, con escrito del 27 de abril de 20107, sostuvo que el
edicto No. 17 de 2009, allegado por la demandada, no contiene la parte resolutiva
del acto administrativo que se pretendió notificar, como lo exige el artículo 45 del
Código Contencioso Administrativo, «circunstancia que invalida dicha notificación»,
agregando que la resolución por medio de la cual se liquidó unilateralmente el
contrato no podía surtir ningún efecto, de ahí que, a su juicio, resulten infundados
los argumentos presentados en el recurso de reposición, en torno a la
incompetencia del Tribunal a quo para llevar adelante la liquidación del contrato.
2.1.3. A través de auto del 26 de mayo de 2010, el Tribunal desestimó el recurso de
reposición interpuesto contra el auto admisorio de la demanda, al señalar que la
Resolución No. 8900 del 6 de noviembre de 2009, por medio de la cual se liquidó
unilateralmente el contrato No. 070 de 2004, no fue notificada en debida forma,
siguiendo los requisitos del Código Contencioso Administrativo, de ahí que, según
indicó, aquel acto administrativo no produjo efectos legales y, por tanto, «esta
corporación sí goza de competencia para liquidar judicialmente el dicho contrato»8.
2.2. La Superintendencia de Notariado y Registro contestó la demanda9,
oponiéndose a sus pretensiones, con fundamento en que no había lugar a la
liquidación judicial del contrato, dado que aquel fue liquidado unilateralmente.
Expuso, no obstante, que en caso de que se decidiera la liquidación judicial del
contrato, debía tenerse en cuenta que el contratista incumplió parcialmente sus
obligaciones con graves perjuicios para la Superintendencia. Sobre el particular,
sostuvo que en un informe técnico quedaron plasmados los defectos estructurales
5 Folios 171 a 179 del cuaderno No. 1.
6 Folios 180 del cuaderno No. 1.
7 Folio 181 del cuaderno No. 1.
8 Folios 183 a 195 del cuaderno No. 1.
9 Folios 242 a 266 del cuaderno No. 1.
6
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
de lo entregado por Equant Colombia S.A., lo cual se traduce en un incumplimiento
parcial y que, por ende, debía ser evaluado para efectos de la liquidación.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
3.1. La parte demandante10 señaló que, sin perjuicio de lo pedido en la demanda en
el sentido de que se declarara la terminación del contrato No. 070 de 2004 y se
liquidara judicialmente dicho acuerdo de voluntades, debía revocarse la Resolución
No. 8900 del 6 de noviembre de 2009, «como medida previa a la liquidación judicial
del contrato», toda vez que, según afirmó, adolecía de unos vicios.
En síntesis, adujo que el mencionado acto administrativo se profirió con violación
de los derechos al debido proceso, particularmente los de defensa y contradicción,
porque la Superintendencia de Notariado y Registro impidió la realización de un
peritazgo técnico dirigido a controvertir aquel con base en el cual dicha entidad
fundó su acto administrativo, a pesar de las oposiciones presentadas por el
contratista. Añadió que la expedición de la Resolución No. 8900 de 2009 «implicó
un desconocimiento de los actos propios por parte de la Superintendencia de
Notariado y Registro, al afirmar, con fundamento en el informe técnico de Locknet,
que el contrato no había sido ejecutado a satisfacción». Indicó, adicionalmente, que
la entidad demandada reconoció que el porcentaje de cumplimiento del contrato
excedía el 98% y, en consecuencia, la liquidación se debía efectuar teniendo en
cuenta ese porcentaje.
3.2. La Superintendencia de Notariado y Registro reiteró11 lo expuesto en la
contestación de la demanda, insistiendo en que el contratista fue quien incumplió el
contrato objeto de estudio.
3.3. El Ministerio Público rindió concepto12, sosteniendo que debía accederse a la
pretensión de liquidación judicial del contrato, toda vez que, cuando se presentó la
demanda, si bien ya se había expedido la Resolución 8900 del 6 de noviembre de
2009 —por medio de la cual se liquidó unilateralmente el contrato—, lo cierto es que
aquella cobró ejecutoria el 11 de diciembre de 2009, con posterioridad a la
interposición del libelo introductorio objeto de examen.
4. Sentencia de primera instancia
4.1. Mediante sentencia del 27 de junio de 201913, la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dispuso: (i) declarar liquidado
judicialmente el contrato No. 070 de 2004, sin lugar a reconocimiento pecuniario a
favor de las partes; (ii) declarar que los numerales primero y segundo de la
Resolución 8900 de 2009 —por medio de la cual se liquidó unilateralmente el
negocio jurídico—, proferida por la Superintendencia de Notariado y Registro,
10 Folios 520 a 530 del cuaderno No. 2 principal.
11 Folios 531 a 534 del cuaderno No. 2 principal.
12 Folios 538 a 555 del cuaderno No. 2 principal.
13 Folios 558 a 589 del cuaderno del Consejo de Estado.
7
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
carecen de fuerza ejecutoria; (iii) declarar la nulidad de los numerales tercero y
cuarto de la Resolución No. 8900 de 2009 —por medio de los cuales se declaró la
ocurrencia del siniestro, en razón de un incumplimiento de la cláusula segunda del
contrato y se dispuso informar a la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la
afectación de la póliza de seguro—; y (iv) negar las demás pretensiones de la
demanda.
4.2. Como fundamento de su decisión, el a quo, en síntesis, razonó lo siguiente:
4.2.1. En su análisis indicó, preliminarmente, que a pesar de que en las pretensiones
de la demanda no se solicitó la nulidad de la Resolución No. 8900 del 6 de
noviembre de 2009, mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato objeto
del litigio y se declaró el incumplimiento del contratista, resultaba necesario plantear
un problema jurídico en torno a dicho acto administrativo, dadas las facultades
oficiosas de los jueces administrativos para examinar los eventos de falta de
competencia. Al efecto, el Tribunal planteó el interrogante de si era nula la
Resolución No. 8900 del 6 de noviembre de 2009 y si, consecuentemente, procedía
la liquidación judicial del negocio jurídico en cuestión, aunado al hecho de si en el
presente asunto se había probado que, con ocasión de la ejecución del contrato, el
contratista tenía un saldo a favor de $383.968’102, por los servicios prestados.
4.2.2. De cara al análisis de la liquidación del negocio jurídico, el Tribunal sostuvo
que, si bien la Superintendencia de Notariado y Registro liquidó unilateralmente el
contrato mediante la Resolución No. 8900 del 6 de noviembre de 2009, lo cierto es
que dicho acto administrativo no se le notificó al contratista antes de que a la entidad
demandada le fuera notificado el acto admisorio de la demanda.
Así, advirtió que en el proceso se acreditó que el 10 de noviembre de 2009 la entidad
envió la citación para surtir la notificación personal, la cual fue recibida por el
contratista ese mismo día, sin que pudiera efectuarse tal notificación porque el
contratista no acudió a la Superintendencia. Agregó que no hubo una notificación
en debida forma de la Resolución No. 8900 de 2009, ya que el edicto fijado el 19 de
noviembre y desfijado el 2 de diciembre de 2009 no cumplió con el requisito exigido
en el artículo 45 del CCA, al no transcribirse en aquel su parte resolutiva, de ahí que
«no se tendrá por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión».
En ese orden de ideas, el a quo concluyó que la decisión contenida en la Resolución
No. 8900 de 2009, a través de la cual se liquidó unilateralmente el contrato, carece
de fuerza ejecutoria en tanto no se notificó antes de que a la entidad demandada se
le notificara el auto admisorio de la demanda que dio origen al presente proceso.
Adicionalmente, indicó que al demandante no podía exigírsele que modificara sus
pretensiones una vez conoció, en el curso del proceso judicial, el acto de liquidación
unilateral, toda vez que «el proceso judicial no es el medio idóneo para notificar un
acto administrativo», aunado al hecho de que «el acto administrativo mediante el
cual se liquidó unilateralmente el contrato no surte efectos, en tanto carece de
eficacia, pues no se notificó en los términos establecidos en las disposiciones
normativas del CCA».
8
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
4.2.3. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal sostuvo que procedía la liquidación
judicial del contrato No. 070 de 2004, por cuanto la Superintendencia de Notariado
y Registro había perdido competencia temporal para liquidar unilateralmente el
negocio jurídico en cuestión, ya que el auto admisorio se notificó cuando el acto
administrativo de liquidación unilateral no se había notificado al contratista.
Seguidamente, luego de examinar las pruebas, el Tribunal a quo indicó que en el
proceso no se acreditó el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista,
ni tampoco los pagos que le había realizado la entidad, por lo que no era posible
reconocer las sumas de dinero solicitadas en la demanda. Por consiguiente, optó
por declarar liquidado judicialmente el acuerdo de voluntades, señalando que no
había lugar a reconocimiento alguno a favor de las partes contratantes.
Sobre el particular destacó que, en relación con las obligaciones pactadas en el
contrato inicial, en el proceso se acreditaron unos porcentajes de ejecución del
98.02%, 97.65% y 100%, pero no se probaron cuáles pagos se habían hecho al
contratista y por qué valores, a fin de determinar si se le adeudaba algún valor por
los servicios prestados. Sostuvo, además, que el oficio emitido por el director de
registro y por la jefe de informática de la Superintendencia de Notariado y Registro
no era prueba de una ejecución superior a la antes mencionadas, pues dicho oficio
únicamente demostraba cuántas oficinas habían sido migradas, la utilización de una
versión mejorada del aplicativo y que el aplicativo entregado en virtud del contrato
objeto de estudio sufrió múltiples modificaciones. Igualmente, frente al informe de
diagnóstico presentado en marzo de 2008 por las empresas Locknet Ltda. y unión
temporal Comsat, sostuvo que no constituía prueba del cumplimiento o del
incumplimiento de las obligaciones, «pues tal informe no se realizó con base en las
obligaciones pactadas en el contrato y sus modificaciones, sino que, de manera
general, se hizo una revisión al funcionamiento de los aplicativos y procedimientos
que componen el sistema de registro inmobiliario, generando sugerencias».
Finalmente, indicó que el dictamen pericial rendido por el experto financiero no
ofrecía certeza, en la medida en que liquidó el daño emergente y el lucro cesante
en favor del demandante, sin que hubiese claridad acerca de las obligaciones que
cumplió y que se le adeudaban. Lo mismo concluyó frente al dictamen pericial
rendido por el ingeniero de sistemas, en el cual se indicó que el porcentaje de
ejecución del contrato era el establecido en la modificación No. 6 y en el cual, con
el fin de establecer el valor a favor de las partes, replicó el análisis realizado por la
entidad en el acto administrativo por medio del cual liquidó unilateralmente el
contrato No. 070 de 2004, de ahí que, a juicio de Tribunal a quo, ello tampoco ofrecía
certeza alguna, «en la medida en que no se probó qué pagos se han realizado al
demandante, para efectos de determinar si había algún saldo a favor».
4.2.4. En relación con el incumplimiento declarado por la entidad, mediante la
Resolución No. 8900 de 2009, el Tribunal sostuvo que en los contratos celebrados
bajo la vigencia de la Ley 80 de 1993, pero con anterioridad a la expedición de la
Ley 1150 de 2007, la Administración no tenía la potestad para expedir actos
9
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
administrativos mediante los cuales se declarara el incumplimiento del negocio
jurídico, pues para ello debía acudir al juez. Bajo este contexto, atendiendo a que el
acuerdo de voluntades sometido a estudio se suscribió en el 2004 y teniendo en
cuenta que la incompetencia constituye el vicio más grave de ilegalidad, el a quo,
oficiosamente, declaró la nulidad, por falta de competencia, de la decisión contenida
en el numeral tercero de la Resolución 8900 de 2009, por medio de la cual se
declaró la ocurrencia del siniestro asegurado, a la vez que, consecuencialmente,
declaró la nulidad del numeral cuarto del mismo, en el que se ordenó informar a la
Cámara de Comercio sobre la afectación de la póliza de seguro.
5. Recurso de apelación
5.1. La entidad demandada interpuso recurso de apelación14, señalando que en la
contestación de la demanda dejó claro que el contrato había sido liquidado
unilateralmente y que no era cierto lo manifestado por la parte actora en punto de
haberse pactado una metodología para efecto de establecer los valores de los
servicios prestados y efectuar la liquidación contractual por su alcance.
Además, señaló que las actas de concertación mencionadas por el demandante, en
las que se consignaron porcentajes de avance del proyecto, no fueron suscritas por
el jefe de la oficina de sistemas de la entidad, quien era el supervisor del contrato;
ni tampoco fueron firmadas por el secretario general de la Superintendencia de
Notariado y Registro, quien representaba a tal entidad. Indicó que, en virtud del
contrato suscrito entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Ciencia
y la Cultura (OEI) y Locknet Ltda., se realizó un informe en el cual se demostró la
existencia de fallas estructurales en el diseño y elaboración del aplicativo SIR,
estableciéndose la incapacidad de la plataforma tecnológica puesta a disposición
por el contratista para operar las oficinas de registro de instrumentos públicos.
Finalizó destacando que la Superintendencia de Notariado y Registro no tuvo
responsabilidad y que la parte incumplida fue el contratista.
5.2. La parte demandante apeló15 el fallo de primera instancia, solicitando revocar
el numeral (iv) de su parte resolutiva, en el cual se dispuso negar las demás
pretensiones.
Sostuvo que, contrario a lo concluido por el Tribunal, en el expediente sí se probó
el cumplimiento de las obligaciones del contrato, así como los pagos que se le
realizaron. Señaló que los extremos contratantes determinaron «la parte del
contrato que se cumplió ‘in natura’, vale decir, como se convino originalmente»,
indicando que en el acta de concertación No. 007-07 del 31 de octubre de 2007,
suscrita por el interventor y por el representante de la unión temporal contratista, se
plasmó que las obligaciones se atendieron en un 100%, documento que no podía
ser desconocido por el fallador, en tanto fue firmado por las personas delegadas por
14 Folios 591 a 593 del cuaderno del Consejo de Estado.
15 Folios 598 a 605 del cuaderno del Consejo de Estado.
10
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
las partes para verificar el cumplimiento técnico de lo acordado. Igualmente, indicó
que, además de esa prueba, la cual sería suficiente para acreditar el cumplimiento
de las obligaciones, el dictamen rendido por el ingeniero de sistemas, quien intervino
por petición de la entidad demandada, concluyó lo mismo, al afirmar «que la
arquitectura y diseño de la aplicación es la adecuada para el sistema SIR y que
cuenta con una presentación funcional del 100%, incluso afirmando en el punto seis
de la complementación a su dictamen que ‘Desde que la Unión Temporal Equant
S21 entregó el software desarrollado, este sigue siendo aplicable a la
Superintendencia de Notariado y Registro al 100% de la lógica desarrollada»,
aunado al hecho de que, en el escrito de aclaración de su dictamen pericial, señaló
que el SIR seguía funcionando actualmente en la entidad contratante.
Acto seguido, la parte recurrente señaló lo siguiente:
«Establecido lo anterior, por mera sustracción de materia y con apoyo en los propios
acuerdos de las partes, se podía determinar el valor a cargo del contratista
correspondiente a las obligaciones que iban a ser objeto de compensación mediante
la prestación de servicios que no pudieron ser prestados como consecuencia de que
la contratante empezó a ejecutar otro contrato que sustituis (sic) las prestaciones
destinadas a la compensación. Esta determinación no requiere prueba distinta de los
propios acuerdos de las partes, en los cuales se asignó un valor a las mentadas
prestaciones que serían objeto de compensación y que, finalmente y como está
aceptado por ambas partes en el proceso, no se pudieron compensar con la
prestación de servicios.
Dicho en términos simples: está probado cuál era el saldo que el contratista debía
pagarle a la contratante en dinero, en caso de que no la compensara con la prestación
de servicios. Y está establecido que no la compensó, porque la compensación
pactada resultó de imposible ejecución».
Dijo que para completar la liquidación únicamente correspondía determinar cuánto
le debía la entidad contratante al contratista, lo cual se hallaba en la prueba
documental que daba cuenta de todo lo pagado; sin embargo, erróneamente el
Tribunal consideró que en el expediente no se acreditó qué pagos se habían
efectuado al contratista ni sus valores, omitiendo que la demandante afirmó desde
el libelo introductorio que recibió pagos por $11.914’833.238 y que dicho monto no
fue controvertido en el curso del proceso judicial por la Superintendencia de
Notariado y Registro.
A juicio de la parte recurrente, una vez conocido el valor pagado, solamente restaba
liquidar el saldo a cargo, como se hizo en la demanda, «saldo que no podía ser otro
que el fruto de una resta u operación de sustracción: precio total, menos parte
pendiente de compensación mediante la prestación de servicios, menos parte
pagada del precio. El resultado de esa resta era el saldo a cargo de la entidad».
En resumen, la parte demandante destacó que el Tribunal no debió negar el pago
de la suma correspondiente al saldo restante para completar el precio total del
contrato, equivalente a $109’250.705, por cuanto: (i) se probó que las partes, de
común acuerdo, determinaron que el contrato se cumplió en un 100%, atendiéndose
aquellas prestaciones que convinieron terminar de ejecutar in natura; (ii) se acreditó
11
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
que los pagos realizados por la entidad pública al contratista ascendieron a
$11.914’833.238, cuando la totalidad del contrato era de $12.024’084.070; y (iii) la
Superintendencia de Notariado y Registro no cumplió con su carga probatoria de
demostrar el pago de $109’250.705, suma restante para el pago total del contrato.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
6.1. Por auto del 26 de junio de 2020, esta Corporación admitió los recursos de
apelación interpuestos16. Posteriormente, mediante providencia del 2 de junio de
2021, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio
Público para que emitiera concepto.
6.1.1. La parte demandante, en primer lugar, señaló que el memorial de apelación
presentado por la entidad demandada no es un recurso de alzada, pues «es,
exactamente, todo lo contrario, una solicitud de conformación de la sentencia de
primera instancia», al punto que, si bien en dicho escrito se anunció que se
presentarían reparos, no se formuló ninguno, tanto así que en su aparte final se
solicitó que se «reafirme» la sentencia de primera instancia17. En segundo lugar,
reiteró lo expuesto en el recurso de apelación, destacando que el balance final de
la liquidación del contrato No. 070 de 2004 debía realizarse teniendo en cuenta los
acuerdos celebrados por las partes.
6.1.2. La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES
La Sala abordará los siguientes aspectos para resolver los recursos de apelación
interpuestos por las partes: (1) presupuestos procesales; (2) problema jurídico a
resolver; (3) caso concreto; y (4) costas.
16 Folios 621 del cuaderno del Consejo de Estado.
17 En escrito aparte al de los alegatos de conclusión, la actora solicitó que, de manera oficiosa, se
dejara sin efectos el auto del 26 de junio de 2020, en lo que atañe a la admisión del recurso de
apelación interpuesto por la Superintendencia de Notariado y Registro contra la sentencia de primera
instancia, toda vez que, a su juicio, en la supuesta alzada no se presentaron reparos concretos frente
al fallo dictado por el a quo; por el contrario, se pidió que se reafirmara dicha decisión. En oposición
a lo anterior, la Superintendencia de Notariado y Registro manifestó que en la apelación que
interpuso sí existen motivos de inconformidad contra la sentencia de primera instancia y que, si bien
en dicho escrito se señaló que se «reafirmara» el fallo del a quo, aclaró que ello fue simplemente un
error mecanográfico. Mediante auto del 30 de agosto de 2020, el Despacho sustanciador de la época
no accedió a la solicitud de la parte demandante, consistente en dejar sin efectos el auto admisorio
de los recursos de apelación, en lo que atañe al presentado por la entidad demandada, con
fundamento en «que el proceso ya surtió las etapas en segunda instancia y lo que corresponde es
que el expediente pase al Despacho en turno para proferir el correspondiente proyecto de fallo, por
consiguiente, además de lo expuesto por el memorialista, que no se trata de un recurso contra el
auto que admitió la apelación, la admisión del recurso es una decisión que quedó en firme y será
para el momento de proferir el correspondiente fallo, que la Sala de Subsección determine si los
fundamentos expuestos en el escrito de impugnación formulado por la demandada cuestionan o no
lo dicho por la primera instancia» (índice 37, Samai).
12
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
1. Presupuestos procesales
1.1. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8218 del Código Contencioso
Administrativo (CCA), modificado por el artículo 1° de la Ley 1107 de 2006 —vigente
para la fecha en que se interpuso la demanda—, a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la
controversia gira en torno al contrato No. 070 de 2004, que fue suscrito entre la
unión temporal Equant Informática Siglo 21 y la Superintendencia de Notariado y
Registro19, esta última cuya naturaleza jurídica corresponde a la de una entidad
descentralizada, técnica, con personería jurídica, autonomía administrativa,
financiera y patrimonial20, de donde se desprende claramente su naturaleza estatal.
1.2. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos
de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 27 de junio de 2019,
proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo previsto en el artículo 129 del CCA21, dado
que el proceso tiene vocación de doble instancia, en tanto la cuantía que se estimó
excede los 500 SMLMV a la fecha de presentación de la demanda22.
18 El artículo 82, modificado por la Ley 1107 de 2006, norma vigente a la fecha de la presentación de
la demanda, establece: «Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en
la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía con capital superior al
50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del
Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados
Administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive,
las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno (…)».
19 De conformidad con el artículo 2º de la Ley 80 de 1993: «Para los solos efectos de esta ley (…) b)
El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la
Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías
departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría
Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las
superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o
dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos» (se destaca).
20 Para la fecha de presentación de la demanda, el artículo 1° del Decreto 412 de 2007 establecía:
«La Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad descentralizada, técnica, con
personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonial».
21 «ARTÍCULO 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación,
así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto
distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión».
22 La demanda fue presentada en el 2009, época para la cual el salario mínimo era de $496.900. De
este modo, los 500 salarios mínimos equivalían a $248’450.000, lo cual supone que la cuantía
estimada en dicho escrito, que ascendía a $383’968,102, supera el monto exigido. Es cierto que con
el CPACA la cuantía se determina con la pretensión mayor, pues el artículo 157 ibidem consagra:
«Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la
cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor»; no obstante, la Sala precisa que, a
pesar de que las pretensiones formuladas, no se indicó el monto de la condena o el restablecimiento
pretendido, de ahí que, para efectos de determinar la competencia en este asunto, se acuda a la
estimación razonada en la cuantía plasmada en la demanda (folios 38 y 39 del cuaderno No. 1).
13
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
2. Problema jurídico a resolver en punto a la ineptitud de la demanda
Sería del caso resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia
de primera instancia, pero esta Sala de Subsección advierte, de entrada, la
importancia de examinar un aspecto necesario que impediría una decisión de
mérito, concerniente a si en el presente asunto se configuró la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda, al no elevarse la pretensión de nulidad contra
la Resolución No. 8900 de 2009, por medio de la cual la Superintendencia de
Notariado y Registro liquidó unilateralmente el contrato No. 070 de 2004, suscrito
entre dicha entidad y la unión temporal Equant Informática Siglo 21.
Lo anterior, valga señalar, no afecta el principio de congruencia ni desborda los
límites de competencia del ad quem, en la medida en que, de acuerdo con la
jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera de la Corporación23,
el juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente
sobre todas aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de
mérito, aun cuando no hubiesen sido propuestas en los recursos de apelación.
3. Caso concreto
La Sala anticipa que revocará la sentencia de primera instancia, al advertirse que
en el presente caso se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda,
por cuanto la resolución que liquidó unilateralmente el contrato No. 070 de 2004 fue
conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda —antes
de que quedara trabada la litis—, sin que en la oportunidad para reformar el libelo
introductorio la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto
administrativo de liquidación unilateral del negocio jurídico en cuestión, lo cual
resultaba necesario por cuanto, a efectos de examinar la petición de liquidación
judicial de dicho acuerdo de voluntades en los términos solicitados, debía
desvirtuarse preliminarmente la presunción de legalidad de tal acto administrativo.
El análisis de la Subsección se desarrollará abordando los siguientes aspectos: (i)
la jurisprudencia relacionada con la pérdida de competencia de la Administración
para liquidar unilateralmente el contrato con el auto admisorio de la demanda, y lo
sucedido en el caso sub examine; (ii) requisitos de existencia, validez y eficacia de
los actos administrativos, y la notificación por conducta concluyente de la liquidación
unilateral del negocio jurídico en cuestión; (iii) la configuración de la excepción de
ineptitud sustantiva de la demanda en el presente caso; y (iv) el principio de
congruencia de las decisiones judiciales, en aras del control de la declaratoria
oficiosa de nulidad de un acto administrativo que no fue demandado.
23 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2008, exp.
46005.
14
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
3.1. La jurisprudencia relacionada con la pérdida de competencia de la
Administración para liquidar unilateralmente el contrato estatal con el auto
admisorio de la demanda, y lo sucedido en el caso sub examine
3.1.1. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado,
de manera reiterada, que la Administración pierde competencia para liquidar
unilateralmente el contrato cuando se notifica el auto admisorio de la demanda cuyo
objeto o pretensión consista en liquidar en sede judicial el negocio jurídico24.
Lo anterior, bajo el entendido de que la notificación del auto admisorio de la
demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce
la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras
aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente. Así, ciertamente,
lo ha entendido la Corporación, a partir de la lectura del literal d), numeral 10 del
artículo 136 del CCA, subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998:
«La norma es clara en el sentido de precisar que si transcurrió el término de dos años
y la liquidación del contrato no se ha efectuado ni bilateral ni unilateralmente, la
administración pierde competencia; pero ante este hecho, surgen dos situaciones a
tenerse en cuenta: (i) Si a pesar de haber transcurrido los cuatro meses que otorga la
ley o cualquier otro tiempo que haya sido estipulado por los contratantes más dos
meses para la liquidación del contrato, y ésta no se ha efectuado ni de mutuo acuerdo
ni por parte de la administración, siempre y cuando no se demande ante el juez
competente y se notifique a la contraparte de tal actuación, la administración durante
el tiempo de caducidad de la acción, es decir de los dos años, conserva competencia
para liquidar. (II) Si la administración no liquida unilateral o bilateralmente, dentro
del término legal o convencional, el contratista puede obtener la liquidación a
través del juez competente, siempre y cuando así lo solicite dentro del término
de dos años que es la caducidad de la acción y tan pronto a la administración
se le notifique el auto admisorio de la demanda, ésta pierde competencia para
proceder a la liquidación unilateral del contrato»25 (se destaca).
Este criterio también ha sido acogido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, al conceptuar que la competencia de la entidad para liquidar de
forma unilateral un contrato estatal se pierde «cuando ha expirado el término de
caducidad para la presentación de la demanda en ejercicio del medio de control de
controversias contractuales o cuando se ha notificado el auto admisorio de la
demanda que persigue la liquidación del contrato»26 (se destaca).
Lo expuesto encuentra sentido dados los efectos procesales de la notificación y
posterior firmeza del auto admisorio de la demanda, trabándose la litis y, por
consiguiente, estableciéndose la relación procesal entre las partes en contienda —
en sede judicial— con los pedimentos formulados en el libelo introductorio.
24 Ver, entre otros, los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado: (i)
sentencia del 18 de marzo de 2022, exp. 50863; (ii) auto del 13 de abril de 2011, exp. 18878; y (iii)
sentencia de 22 de junio de 2000, exp. 12723.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 13 de abril de 2011, exp. 18878.
26 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 2253 del 28 de junio de 2016.
15
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
No obstante lo anterior, la Sala señala que existe una postura —que no es la
mayoritaria— en el sentido de que la competencia de la Administración para liquidar
unilateralmente no se pierde con la notificación del auto admisorio del libelo
introductorio sino con la misma demanda en la que se pretende la liquidación judicial
del acuerdo de voluntades, criterio que se sustenta en “los efectos que la legislación
procesal le atribuye a la presentación de la demanda, y que no están condicionados
a su notificación”27.
3.1.2. Pues bien, con el fin de determinar lo sucedido en el presente asunto, en
punto a si la Superintendencia de Notariado y Registro había perdido competencia
para liquidar unilateralmente el contrato No. 070 de 2004, la Subsección realizará
un recuento cronológico de las actuaciones procesales, contrastándolas con la
fecha de expedición del acto administrativo por medio del cual se liquidó
unilateralmente el negocio jurídico objeto de estudio.
Lo primero a señalar es que, de acuerdo con las pruebas que obran en el
expediente, la Resolución 8900 de 200928, por medio de la cual la entidad liquidó
unilateralmente el contrato No. 070 de 2004, se expidió el 6 de noviembre, seis días
antes de que Equant Colombia S.A. presentara su demanda —12 de noviembre de
2009—29 pidiendo la liquidación judicial del negocio jurídico en cuestión.
Hay que indicar, tal como quedó plasmado en el apartado 2.1. de los antecedentes
de esta providencia, que el auto admisorio de la demanda se profirió el 27 de enero
de 2010, proveído frente al cual la Superintendencia de Notariado y Registro
interpuso recurso de reposición, con sustento en que el negocio jurídico celebrado
entre las partes no podía ser liquidado en sede judicial, ya que había sido objeto de
liquidación unilateral mediante la Resolución No. 8900 del 6 de noviembre de 2009,
a propósito de lo cual aportó con el recurso copia del referido acto administrativo,
destacando que gozaba de presunción de legalidad y que fue expedido con
antelación a la notificación personal del auto admisorio del libelo introductorio
presentado por Equant Colombia S.A.
27 “Ciertamente, la demanda produce numerosos e importantes efectos jurídicos materiales que
equivalen, en general, a un reforzamiento o intensificación, desde el punto de vista del actor, de una
situación jurídica sustantiva. Este reforzamiento se produce creando consecuencias que
originalmente no existían, como la constitución en mora, o conservando consecuencias que existían,
pero estaban en trance de desaparecer. La consecuencia típica de conservación es la que produce
la presentación de la demanda, al interrumpir la prescripción. Al efecto, el Artículo 90 del Código de
Procedimiento Civil, modificado por el decreto 2282 de 1989, aplicable a la presente controversia,
disponía (…) Frente al vacío que se pretende colmar se hace necesario un ejercicio de integración
normativa que esté más acorde con los efectos que la legislación procesal le atribuye a la
presentación de la demanda, y que no están condicionados a su notificación. Desde este enfoque,
la Sala declarará que la Administración perdió competencia para liquidar el contrato en forma
unilateral, a partir de la fecha en que se presentó la demanda que pretendió su liquidación judicial”
(Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1° de junio de 2020, exp 48522).
28 Folios 83 a 168 del cuaderno No.1.
29 Ver punto 1.1. de los antecedentes de este proveído.
16
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
El aludido recurso de reposición —que fue fijado en lista el 9 de marzo de 2010—30
fue resuelto por auto del 26 de mayo de 2010, en el cual el Tribunal a quo lo
desestimó con el argumento de que la Resolución No. 8900 de 2009 no fue
notificada en debida forma al contratista, por lo cual, en su criterio, el acto
administrativo de liquidación unilateral no produjo efectos legales y, por ende, en
sede judicial sí era factible liquidar el contrato No. 070 de 2004.
Hecho el anterior recuento, esta Subsección precisa que, al margen de lo señalado
en el auto del 26 de mayo de 2010 en punto de que la Resolución No. 8900 de 2009
no surtió efectos —aspecto sobre el cual se ahondará en el acápite siguiente—, lo
cierto es que este acto administrativo se expidió el 6 de noviembre de 2009,
reputándose existente y válido en esa fecha, vale decir, antes de que quedara en
firme el auto admisorio de la demanda e, incluso, con anterioridad a la presentación
del libelo introductorio.
En efecto, según lo ha sostenido la Corporación, el acto administrativo existe desde
que la Administración ha manifestado su voluntad a través de una decisión, es decir,
que su existencia está ligada al momento en que el acto es producido por la
Administración31. De acuerdo con lo señalado por la doctrina autorizada, en este
punto resulta importante destacar que para que un acto administrativo pueda
tenerse como creado es necesario que quien lo expida sea conocido como
autoridad, lo cual significa que el órgano emisor es un elemento de la existencia,
independientemente de que aquel actúe o no con competencia para expedirlo, ya
que este último aspecto tiene relación con el campo de la validez, de ahí que, por lo
menos, para predicar la existencia de un acto administrativo «el órgano debe
parecer competente, para que el acto exista, ser expedido por alguien que siquiera
tenga atribuciones relacionadas o que estén dentro del área o de la función a la que
corresponde el asunto de que trata el acto (…) de lo contrario, si esa falta de
competencia brilla a ojo, es tan de bulto que incluso la percibe el común de las
personas, no cabe duda de que no hay acto administrativo que considerar (…)»32.
A partir de lo anterior, puede señalarse, por regla general, que el acto administrativo
existe desde su expedición, con excepción de aquellos eventos en los que el
correspondiente acto es proferido por un órgano que —a simple vista— no tenga
atribuciones para ello, es decir, que no cuente con la «titularidad del poder legal»33
para el efecto, condición mínima que, según se ha reconocido 34, se encuentra
implícita para que sea viable la existencia del acto administrativo.
30 Folio 82 vto. del cuaderno No. 1.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 5 de octubre de 2017, exp. 1563-10.
32 BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo, según la ley, la
jurisprudencia y la doctrina. Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2019, p. 90.
33 JEZÉ, Gastón. Principios Generales del Derecho Administrativo. Editorial Depalma, Buenos Aires,
1948, p. 30 y 31.
34 BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique, op. cit, p.90.
17
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
Por otra parte, la Sala reconoce que «la competencia temporal de la Administración
para ejercer sus facultades a través de un acto administrativo (elemento subjetivo
de validez del mismo) se verifica en el momento en que esa manifestación de
voluntad se forma, esto es, cuando el acto es proferido»35 (se destaca).
Bajo estos términos, la Sala considera que, en este caso, contrario a lo señalado
por el Tribunal a quo36, no puede concluirse que la entidad demandada,
Superintendencia de Notariado y Registro —órgano emisor del acto, en su condición
de contratante del acuerdo de voluntades bajo examen en este asunto—, para la
fecha en que profirió el referido acto administrativo había perdido competencia para
liquidar unilateralmente el negocio jurídico, pues para el momento en que fue
expedido ni siquiera se había interpuesto la demanda objeto de estudio.
En línea con lo expuesto, la Sala pasará a examinar si en el caso que se analiza la
parte actora podía pretender la liquidación judicial del acuerdo de voluntades, sin
atacar en sus pretensiones la legalidad de acto administrativo de liquidación
unilateral del contrato, o si, por el contrario, esa circunstancia configura la excepción
de inepta demanda en este caso.
Lo anterior, no sin antes hacer referencia a los requisitos de existencia, validez y
eficacia de los actos administrativos, aclarando cómo y cuándo la ahora sociedad
demandante conoció la resolución de liquidación unilateral del contrato 070 de 2004.
3.2. Requisitos de existencia, validez y eficacia de los actos administrativos, y
la notificación por conducta concluyente de la liquidación unilateral del
negocio jurídico en cuestión
3.2.1. La existencia, la validez y la eficacia de los actos administrativos son tres
conceptos que, aunque relacionados, tienen connotaciones e implicaciones
diferentes, las cuales, por su importancia para este caso, han de traerse a colación:
(i) La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la
voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión 37. Los
presupuestos para su existencia son aquellos requisitos sin los cuales el
correspondiente acto no se configura y, por ende, no nace a la vida jurídica, a saber:
órgano emisor —aspecto respecto del cual se ahondó líneas atrás—, la expresión
de la voluntad, el objeto o asunto sobre el cual recae la declaración, la causa o
motivo que condujo a la decisión de la Administración38, la forma y la finalidad39.
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de junio de 2024, exp. 70371.
36 Ver apartado 4.2.3. de los antecedentes de este proveído.
37 Corte Constitucional, C-069 de 1995.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2014, exp. 29741.
39 BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo, según la ley, la
jurisprudencia y la doctrina. Librería Ediciones del Profesional Ltda., 2019, p. 90 a 96.
18
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
(ii) La validez se refiere a la conformidad del acto administrativo con el
ordenamiento jurídico, es decir, que aquel sea producto del cumplimiento de las
formalidades sustanciales exigidas para su producción. Según lo ha señalado la
jurisprudencia, «los presupuestos de validez son aquellas condiciones de un acto
existente que determinan que sea valorado positivamente por encontrarse ajustado
al ordenamiento o, con otras palabras, que si el acto es sometido a un juicio de
validez no permiten que le sobrevenga una valoración negativa»40. En efecto, los
requisitos para la validez del acto administrativo son los siguientes: conformidad con
la Constitución y la ley, que sea expedido por órgano competente, que tenga una
real y adecuada motivación, observación de formalidades y fin legítimo41.
(iii) La eficacia tiene relación con aquellos requisitos indispensables para que el
acto administrativo existente y válido produzca finalmente los efectos que estaría
llamado a producir. En palabras de la doctrina autorizada, los requisitos de eficacia
«aluden a las condiciones necesarias para que el acto administrativo que ha nacido
a la vida jurídica pueda ser idóneo para que se agote o realice lo que en él se
dispone o decida»42. Entre esos requisitos y presupuestos de la eficacia, sin los
cuales los actos no producen efectos, se encuentra la publicidad y la notificación, la
firmeza jurídica y la ausencia de la pérdida de su fuerza ejecutoria43.
Cabe señalar que la publicación y la notificación de los actos administrativos son
actuaciones o procedimientos que no forman parte de aquellos, sino que se surten
en una etapa posterior; se trata de instrumentos que garantizan su eficacia,
permitiendo que produzcan la plenitud de sus efectos, que sean obligatorios y que
sean oponibles frente a terceros. Es así como el artículo 43 del CCA —estatuto
procesal vigente para el momento en que se expidió la liquidación unilateral del
contrato objeto de estudio— consagraba que los actos administrativos generales no
serían obligatorios «mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el
diario, gaceta o boletín…», a la vez que, frente a los actos administrativos
particulares, los cuales requieren de notificación, el artículo 48 del CCA establecía
que cualquier falta o irregularidad en el acto de darlo a conocer a los interesados
aparejaba la consecuencia de que «no se tendrá por hecha la notificación ni
producirá efectos legales».
En ese orden de ideas, la Sala de Subsección advierte que la falta de publicidad o
de notificación de los actos administrativos no afecta la existencia ni su validez, sino
la eficacia, acarreando la imposibilidad de producir efectos jurídicos. Dicho de otro
modo, un acto administrativo puede existir y reputarse válido, pero al tiempo ser
ineficaz, dada la ausencia de publicidad y/o notificación a los particulares, y en el
entendido de que la existencia y la validez no están condicionadas a su eficacia.
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de agosto de 2012, exp.
23358.
41 BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique, op. cit, p.115 a 137.
42 BERROCAL GUERRERO, Luis Enrique, op. cit, p.88.
43 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de julio de 2014, exp. 29741.
19
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
3.2.2. Al trasladar estas consideraciones al caso concreto, vale insistir que la
Resolución No. 8900 del 6 de noviembre de 2009, por medio de la cual se liquidó
unilateralmente el contrato, existía y se reputaba válida antes de la presentación de
la demanda, la cual se interpuso el 12 de noviembre del mismo año, al margen de
que para esa fecha no se hubiese notificado tal acto administrativo al contratista.
De acuerdo con el acontecer procesal y con las pruebas que obran en el expediente,
cabe destacar lo siguiente: (i) que la entidad demandada, cuando interpuso recurso
de reposición contra el auto admisorio de la demanda, aportó copia auténtica de la
Resolución No. 8900 del 6 de noviembre de 200944; (ii) que el 10 de noviembre de
2009 —antes de la interposición de la demanda— la Superintendencia de Notariado
y Registro envió citación a los integrantes de la unión temporal Equant Informática
Siglo 21, informándoles que mediante la referida resolución se liquidó
unilateralmente el contrato No. 070 de 2004 y se declaró la ocurrencia del siniestro,
al tiempo que les solicitó acercarse a las oficinas de la entidad «para efectuar la
notificación personal de la citada resolución», señalándoles, además, que «de no
ser posible la notificación personal, se procederá a realizar la notificación del acto
administrativo mediante edicto»45; (iii) que la Superintendencia de Notariado y
Registro, con el propósito de notificar dicho acto administrativo, fijó el edicto No. 17
el 19 de noviembre de 2009 y lo desfijó el 2 de diciembre del mismo año46.
En el curso del presente proceso judicial, antes de que el Tribunal resolviera el
recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda, (iv) el apoderado de
la parte demandante, el 19 de abril de 2010, informó que su representada no fue
notificada personalmente ni por otro medio idóneo «de Resolución alguna a través
de la cual se haya llevado a cabo por parte de la administración la liquidación
unilateral del contrato 070 de 2004»;47 a la vez que, el 27 de abril de 2010, le señaló
y le insistió al a quo «que la Resolución No. 8900 del 6 de noviembre de 2009 no le
fue notificada en debida forma a mi patrocinada con anterioridad a la inicio de la
acción que ha dado lugar a este proceso (…) por cuanto salta a la vista que el edicto
No. 17 de 2009, anexo al escrito presentado por la contraparte, no contiene la parte
resolutiva de la providencia que se pretendió notificar, como lo exige el artículo 45
del Código Contencioso Administrativo», añadiendo, con énfasis, que la citada
resolución «no surtió efectos de manera previa a la presentación de la demanda»48.
Tal como se puso de presente en el apartado 2.1.3. de los antecedentes de este
proveído, (v) mediante auto del 26 de mayo de 201049, el Tribunal no repuso el auto
admisorio de la demanda, al considerar que la Resolución No. 8900 del 6 de
noviembre de 2009 no fue notificada en debida forma, entre otras cosas, porque en
el edicto No. 17 no se insertó la parte resolutiva de dicho acto administrativo, como
44 Folios 67 a 168 del cuaderno No. 1.
45 Folios 173 y 175 del cuaderno No. 1.
46 Folios 178 y 179 del cuaderno No.1.
47 Folios 180 del cuaderno No. 1.
48 Folio 181 del cuaderno No. 1.
49 Folios 183 a 195 del cuaderno No. 1.
20
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
lo exigía el artículo 45 del CCA, y ante irregularidades en la notificación, aquella
resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48 del CCA, no contaba con la
virtualidad de producir efectos legales, razón por la cual el a quo concluyó que
gozaba de competencia para liquidar judicialmente el contrato No. 070 de 2004.
3.2.3. Hecho este recuento procesal, la Sala advierte que, en efecto, ante la no
comparecencia del contratista cuando la Superintendencia de Notariado y Registro
lo citó en sus oficinas para que se notificara personalmente de la Resolución No.
8900 de 2009, la entidad procedió a realizar la notificación por edicto; sin embargo,
esta no cumplió con las exigencias del artículo 45 del CCA, tal como lo señaló la
parte actora en su oportunidad y el auto del 26 de mayo de 2010, dado que en el
edicto no se insertó la parte resolutiva del acto administrativo, falencia que, al tenor
de lo previsto en el artículo 48 ibidem, conduce a la inexistencia de la notificación,
a la vez que no produce efectos legales la decisión adoptada por la Administración.
Con todo, se destaca que la demandante tuvo conocimiento directo de la existencia
de ese acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato No. 070 de 2004,
cobijado por la presunción de legalidad, cuando la Superintendencia de Notariado y
Registro lo trajo al presente proceso en el recurso de reposición que interpuso
contra el auto admisorio de la demanda, es decir, antes de que quedara en firme
dicha providencia. Este conocimiento por parte de Equant Colombia S.A. en dicho
momento procesal es tan claro y manifiesto que, como se vio líneas atrás, la actora
presentó dos escritos fechados el 19 y 27 de abril de 2010, en los que hizo referencia
expresa a la mencionada resolución de liquidación unilateral del negocio jurídico en
cuestión, señalando que no le fue notificada y que, por ende, no surtió sus efectos.
En criterio de la Sala, y sin desconocer que la Resolución No. 8900 del 6 de
noviembre de 2009 no estaba produciendo efectos para la fecha en que se presentó
la demanda objeto de estudio —12 de noviembre de 2009—, la manifestación que
en el curso de este proceso realizó Equant Colombia S.A. sobre el citado acto
administrativo, dando cuenta de su pleno conocimiento, aparejó el surtimiento de
sus efectos jurídicos, enmarcándose esta situación en lo que se denomina una
notificación por conducta concluyente, tal como pasa a verse a continuación.
3.2.4. El artículo 48 del CCA, que regula la falta o la irregularidad en las
notificaciones, establecía que «Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá
por hecha la notificación ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la
parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o
utilice en tiempo los recursos legales» (se destaca). Este último aparte de la
norma, como bien lo ha señalado la jurisprudencia de la Corporación, consagra la
notificación por conducta concluyente de los actos administrativos.
Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado, de manera reiterada,
ha señalado:
«En lo que concierne a la notificación por conducta concluyente el Artículo
48 ibidem prevé que ella tiene por finalidad convalidar o legitimar la falta o
21
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
irregularidades de la notificación personal o por edicto y sólo procede en dos eventos:
cuando el interesado conviene con el acto, esto es, está de acuerdo con el contenido
del mismo; o cuando el mismo utiliza en tiempo los recursos gubernativos
procedentes. Al circunscribirse a los dos eventos anotados aparece claro que el
citado Artículo 48 presenta un vacío y es el de que no contempla la posibilidad
de que el interesado, a pesar de no haberse surtido las formalidades para la
notificación personal o por edicto, puede tener conocimiento de la existencia y
contenido del acto, esté en desacuerdo con el mismo y no hubiere ejercido en
tiempo los recursos gubernativos procedentes. Ante tal vacío, debe acudirse a las
normas del Código de Procedimiento Civil, por mandato del Artículo 267 del C.C.A.
El Estatuto Procesal Civil en su Artículo 330 regula la notificación por conducta
concluyente, así:
‘Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o
la menciona en escrito que lleve su firma o verbalmente durante una audiencia o
diligencia, si queda constancia en el acta, se considerará notificada personalmente
de dicha providencia en la fecha de presentación del escrito o de la audiencia o
diligencia...’.
El texto legal transcrito sirve de sustento a la modalidad de notificación anteriormente
anunciada. Dicha modalidad de notificación por conducta concluyente fue la que
operó, a juicio de la Sala, en el caso sub examine»50 (se destaca).
Adicionalmente, sobre la notificación por conducta concluyente, la jurisprudencia del
Consejo de Estado también ha dicho que esta opera con el conocimiento del acto
administrativo por parte del interesado, siendo oponible a partir de ese momento,
sin que para ello incida la forma en cómo obtuvo ese conocimiento51:
«En parte alguna dispone la ley que la notificación de un acto administrativo no pueda
hacerse sino por iniciativa de la administración. Antes, por el contrario, la figura de
la notificación por conducta concluyente abre esa amplia posibilidad y permite
que la decisión devenga oponible al que así manifestó conocerlo. No juega en
esto cómo tuvo conocimiento. Lo que se requiere es que haya sido expedido y
afecte o incida en la órbita jurídica del administrado» (se destaca).
A partir del contexto normativo y jurisprudencial sobre la notificación por conducta
concluyente, en el sub examine la Sala advierte que aquella operó en el momento
en que la ahora demandante, Equant Colombia S.A., en este proceso judicial tuvo
conocimiento directo de la Resolución No. 8900 de 2009, lo cual ocurrió antes de
que cobrara firmeza el auto admisorio de la demanda. Ciertamente, luego de que la
Superintendencia de Notariado y Registro aportara al expediente el referido acto
administrativo de liquidación unilateral del contrato No. 070 de 2004 —cuando
interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda—, Equant
Colombia S.A. hizo mención, en escritos del 19 y 27 de abril de 2010, a la resolución
en cuestión, señalando que no le fue notificada y que no surtió efectos.
50 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 13 de junio de 1996, exp. 3690; criterio
reiterado, entre otros, en los siguientes pronunciamientos: (i) sentencia del 20 de mayo de 1999,
exp. 3592; (ii) sentencia del 21 de febrero de 2002, exp. 6991; (iii) sentencia del 27 de agosto de
2008, exp. 25000-23-24-000-2005-01331-01; (iv) sentencia del 20 de junio de 2012, exp. 13001-23-
31-000-1998-00128-02
51 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 3 de febrero de 2010, exp. 18413.
22
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
Lo anterior muestra, se insiste, que en ese instante conoció dicho acto
administrativo, momento para el cual empezó a surtir efectos para Equant Colombia
S.A., resultando eficaz y, por ende, oponible al particular desde ese entonces, ya
que se configuró la notificación por conducta concluyente.
No desconoce la Sala que la Resolución No. 8900 de 2009, a pesar de su existencia
y validez desde el 6 de noviembre de 2009, no produjo efectos para el administrado
sino a partir del 27 de abril de 2010, fecha en la que tuvo su conocimiento pleno,
pues las actuaciones adelantadas previamente por la entidad, con miras a surtir la
notificación personal y por edicto, resultaron infructuosas. Precisamente, la
notificación por conducta concluyente se erige como un mecanismo tendiente a
subsanar las omisiones o irregularidades que se hubiesen presentado al intentar
por parte de la Administración las formas de notificación personal y por edicto52.
Cabe añadir que no resulta extraño que en el curso de este proceso judicial se
hubiese concretado la notificación por conducta concluyente respecto del acto
administrativo de liquidación unilateral del contrato No. 070 de 2004, ya que, para
su configuración, no importa cómo tuvo conocimiento de aquel, dado que lo que
interesa es que el administrado manifieste que realmente lo conoce, como sucedió
en este caso, lo cual claramente se desprende de sus actuaciones procesales.
Además, esta idea se refuerza con el hecho de que Equant Colombia S.A., cuando
presentó la demanda, conocía que con la Resolución No. 5849 del 29 de julio de
200953 —la cual mencionó en su libelo introductorio y aportó como prueba—54 la
Superintendencia de Notariado y Registro reinició un procedimiento administrativo
para liquidar unilateralmente el contrato objeto de estudio, que culminó con la
expedición de la Resolución No. 8900 de 2009 del 6 de noviembre de 2009, antes
de la presentación de la demanda —12 de noviembre de 2009—, pero que
realmente fue conocida por el ahora demandante en el trámite de este proceso,
configurándose así la notificación por conducta concluyente.
52 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de octubre de 2020,
expediente No. 4699-14.
53 En los hechos de la demanda se indicó lo siguiente: (i) que, mediante la Resolución No. 9138 del
17 de diciembre de 2008, la Superintendencia de Notariado y Registro liquidó unilateralmente el
contrato No. 070 de 2004 y declaró la ocurrencia del siniestro haciendo efectiva la póliza de seguro.
54 Ver apartado 1.2.9. de los antecedentes de este proveído; (ii) que tal acto administrativo, luego
del recurso de reposición interpuesto por la unión temporal Equant – Siglo 21, fue confirmado
mediante la Resolución No. 2443 del 30 de marzo de 2009; (iii) que la referida unión temporal
interpuso acción de tutela para que se dejaran sin efectos las mencionadas resoluciones y se
rehiciera la actuación, frente a la cual, en segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de
Bogotá, en fallo del 16 de julio de 2009, accedió, con sustento en que se vulneró el debido proceso
administrativo, y ordenó a la Superintendencia de Notariado y Registro que dejara sin efectos las
resoluciones por medio de las cuales tal entidad liquidó unilateralmente el negocio jurídico objeto de
estudio y se rehiciera la actuación, cumpliendo con el debido proceso administrativo y respetando el
derecho de defensa del contratista; y (iv) que, con ocasión de la orden de tutela, la Superintendencia
de Notariado y Registro expidió la Resolución No. 5849 del 29 de julio de 2009, en la cual dispuso:
revocar en todas sus partes las resoluciones por medio de las cuales se liquidó unilateralmente el
contrato No. 070 de 2004 y «reiniciar el procedimiento administrativo para liquidar
unilateralmente el contrato No. 070 de 2004 y declarar la ocurrencia del siniestro asegurado,
con el propósito de afectar la póliza de seguro No. N-A0046078» (se destaca). Lo anterior se
encuentra acreditado en el proceso, con las pruebas que reposan en los cuadernos Nos 1, 2 y 5.
23
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
3.2.5. En definitiva, la Sala concluye que Equant Colombia S.A., en el marco de este
proceso judicial, se notificó por conducta concluyente de la Resolución No. 8900 de
2009, a partir del 27 de abril de 2010, cobrando eficacia y resultándole oponible tal
acto administrativo en ese mismo momento, al margen de que aquel existiera y se
reputara válido desde el 6 de noviembre de 2009, fecha en la que se expidió.
3.3. La configuración de la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
en el presente caso
3.3.1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 97 del CPC, la
«ineptitud sustantiva de la demanda» es una excepción previa que se configura en
los siguientes eventos: (i) por la falta de requisitos formales de la demanda, cuando
quiera que no se reúnan los presupuestos relacionados con el contenido y anexos
del libelo; o (ii) por la indebida acumulación de pretensiones, cuando no se atienden
los presupuestos normativos contenidos en los artículos 87 del CCA y 82 del CPC,
falencias que pueden ser subsanadas, entre otras oportunidades, a través de la
reforma de la demanda, en los términos de los artículos 207.5 y 208 del CCA, en
concordancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 89 del CPC.
Cabe señalar, entonces, que la reforma de la demanda tiene una doble dimensión
procesal, pues es una carga y, a la vez, una garantía. Carga55, en el entendido de
la diligencia que le asiste al demandante para la satisfacción de sus intereses, pues
en caso de optar por reformar la demanda puede obtener una ventaja y, si no la
lleva a cabo ante circunstancias sobrevinientes, desencadena en un resultado
desfavorable. Y garantía, toda vez que salvaguarda el derecho de acceso a la
administración de justicia, por cuanto la reforma de la demanda, desde luego, le
permite al demandante enmendar los errores, suplir los vacíos en los que pudo
haber incurrido en el escrito inicialmente presentado o, ante nuevas circunstancias,
ajustar las pretensiones, los hechos o las pruebas, con el fin de obtener una
sentencia de mérito, fundada en los aspectos fácticos y jurídicos pertinentes para la
efectivad de los derechos subjetivos de las partes en contienda en el proceso56.
3.3.2. La Sección Tercera del Consejo de Estado, de manera reiterada, ha señalado
que no es posible solicitar la declaratoria de incumplimiento de la entidad o la ruptura
del equilibrio económico del contrato sin incluir en la demanda la pretensión de
nulidad del acto administrativo de liquidación unilateral del negocio jurídico, cuando
aquel ha sido conocido por el contratista —que funge como parte actora— con
anterioridad a la presentación del escrito inicial, configurándose, en estos eventos,
la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda57.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de febrero de 2010, exp. 18076.
56 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 23 de octubre de 2020, rad. 11001-03-28-000-
2020-00052-00.
57 Ver los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera del Consejo de Estado: (i) sentencia
del 16 de agosto de 2018, expediente No. 57649; (ii) sentencia del 14 de marzo de 2018, expediente
No. 55671; (iii) sentencia del 5 de octubre de 2016, expediente No. 49820; (iv) sentencia del 27 de
junio de 2013, expediente No. 28919; (v) sentencia del 7 de noviembre de 2012, expediente No.
25915; y (vi) sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente No. 16941.
24
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
Esto porque, una vez proferido por parte de la entidad pública el acto administrativo
de liquidación unilateral del acuerdo de voluntades, solamente es posible
controvertir aspectos relacionados con la celebración o ejecución del contrato si se
desvirtúa la presunción de legalidad de que goza dicho acto administrativo, lo cual
torna necesario que la demanda incluya la pretensión de nulidad de dicha decisión
unilateral, junto con el respectivo concepto de violación.
Lo anterior es aplicable, con mayor razón, en aquellos asuntos en los que se
pretenda la liquidación judicial del contrato. Y es que, ante la existencia de un acto
administrativo de liquidación unilateral del negocio jurídico que se encuentra
cobijado por la presunción de legalidad, la parte que pretenda derivar
consecuencias distintas a su contenido debe solicitar expresamente y acreditar la
configuración de alguna de las causales de nulidad previstas en la ley procesal, por
cuanto, una vez ejecutoriado el correspondiente acto administrativo, aquel no puede
modificarse a través de un proceso judicial en el que su apego a la realidad
contractual y al ordenamiento jurídico no es objeto de juzgamiento 58. Por
consiguiente, con el fin de sacar avante la pretensión de liquidación judicial del
contrato, de manera preliminar y necesariamente debe desvirtuarse la presunción
de legalidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato, claro está,
previo pedimento expreso de la parte actora en su demanda.
3.3.3. En igual sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la
inepta demanda se configura no solamente cuando la decisión unilateral fue
conocida por el contratista con anterioridad a la presentación de su demanda, sino
que también se presenta cuando el acto de liquidación unilateral del contrato se
expide y es conocido por el contratista con posterioridad a la radicación de la
demanda, pero con antelación al vencimiento de la oportunidad de
reformarla59, sin que en esta etapa se adicione la demanda incluyendo la
pretensión dirigida a cuestionar la legalidad del acto de liquidación. Esto, con
fundamento en que a la parte accionante le asisten unas cargas procesales, las
cuales, en lo que aquí interesa, se concretan en el hecho de que, si aquel tuvo
conocimiento de que la entidad contratante liquidó el contrato de manera unilateral
antes de la oportunidad para reformar la demanda —artículos 207.5 y 208 del
58 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 18 de noviembre de 2024, exp.
68750.
59 Al respecto, la jurisprudencia de la Corporación ha señalado: “Puesto de relieve lo anterior, cabe
anotar que la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado ha considerado que se presenta la
ineptitud de la demanda en aquellos casos en los cuales el contratista solicita declarar el
incumplimiento de la entidad contratante o la ruptura de la ecuación contractual del negocio por
circunstancias imprevisibles acaecidas durante su ejecución y reclama los consecuentes perjuicios
sin incluir en la demanda la pretensión de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato,
cuando el mismo ha sido conocido por dicho contratista con anterioridad a la demanda o a la
oportunidad procesal para reformarla y en su contenido se condensan aspectos concernientes al
cruce final de cuentas relacionados con la reclamaciones que constituyen el centro del litigio” (se
destaca) (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2018,
exp. 57649). Ver también, entre otros pronunciamientos, los siguientes: (i) sentencia del 25 de
octubre de 2019, exp. 60851, y (ii) fallo del 5 de octubre de 2016, exp. 49820, ambos proferidos por
la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
25
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
CCA—, debe adicionar e incluir en su libelo la pretensión de declaratoria de nulidad
del acto administrativo de liquidación unilateral del negocio jurídico.
Este criterio, valga advertir, resulta aplicable con mayor razón si el acto
administrativo de liquidación unilateral del contrato queda en firme antes de que el
auto admisorio de la demanda se encuentre ejecutoriado, punto este a partir del
cual se entiende trabada la litis y establecida la relación procesal entre las partes.
En suma, si el acto administrativo de liquidación unilateral del negocio jurídico queda
en firme con posterioridad a la presentación de la demanda pero antes de la
notificación y ejecutoria de su auto admisorio, el contratista demandante cuenta con
la oportunidad para reformar su libelo, para que adicione la correspondiente
pretensión de nulidad contra el acto liquidatorio, de modo que la demanda se ajuste
a las nuevas circunstancias fácticas y jurídicas. No hacerlo conduce a la ineptitud
de la demanda, que impide al juez emitir un pronunciamiento de fondo.
3.3.4. Bajo este panorama conceptual y jurisprudencial, la Sala de Subsección
advierte que Equant Colombia S.A. tuvo conocimiento pleno de la existencia del
acto administrativo de liquidación unilateral del contrato con posterioridad a la
presentación de la demanda, pero antes del vencimiento de la oportunidad para
reformarla, etapa esta que se extendió hasta el 5 de octubre de 2010, porque el
libelo introductorio se fijó en lista el 21 de septiembre de 201060, por 10 días, en los
términos del numeral 561 del artículo 207 del CCA, en concordancia con lo dispuesto
en el artículo 20862 del mismo cuerpo normativo.
En efecto, la Resolución No. 8900 de 2009, por medio de la cual se liquidó
unilateralmente el contrato No. 070 de 2004, se expidió el 6 de noviembre de ese
año —antes de la presentación de la demanda, lo cual ocurrió el 12 de noviembre
de 2009—, pero el contratista demandante, por lo dicho líneas atrás, tuvo
conocimiento de su existencia a partir del 27 de abril de 2010, momento en el que
tal acto administrativo empezó a surtir sus efectos, resultándole oponible desde ese
entonces, atendiendo a la ocurrencia de la notificación por conducta concluyente.
Resulta del caso precisar que, para el 27 de abril de 2010, no se encontraba en
firme el auto admisorio de la presente demanda, pues estaba pendiente por
60 Folio 46 vto. del cuaderno No. 1
61 “ARTICULO 207. AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA. Recibida la demanda y efectuado el
reparto, si aquélla reúne los requisitos legales, el Ponente debe admitirla y además disponer lo
siguiente (…) 5. Que se fije en lista, por el término de diez (10) días, para que los demandados
puedan contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas y para que los terceros
intervinientes la impugnen o coadyuven”.
62 “ARTICULO 208. ACLARACION O CORRECCION DE LA DEMANDA. Hasta el último día de
fijación en lista podrá aclararse o corregirse la demanda. En tal caso, volverá a ordenarse la
actuación prevista en el artículo anterior, pero de este derecho sólo podrá hacerse uso una sola vez”
(se destaca). A propósito de la oportunidad con la cuenta la parte actora para reformar la demanda
en los casos adelantado en vigencia del CCA, la jurisprudencia de la Corporación ha señalado: Así,
por ejemplo, se ha sostenido: «Tal actuación, considera la Sala, constituye una reforma de la
demanda, a todas luces extemporánea, si se tiene en cuenta que la oportunidad procesal para
adicionarla o modificarla llegaba hasta la etapa de fijación en lista (artículo 208 Código
Contencioso Administrativo)» (sentencia del 31 de mayo de 2001, exp. 12920, Sección Tercera).
26
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
resolverse el recurso de reposición interpuesto en su contra por la Superintendencia
de Notariado y Registro, lo que vino a tener lugar mediante auto del 26 de mayo de
2010, en el que se confirmó el auto admisorio de la demanda.
En ese sentido, Equant Colombia S.A., conociendo la existencia y contenido del
acto de liquidación unilateral del contrato No. 070 de 2014 antes de la firmeza del
auto admisorio y con antelación a la oportunidad de reformar la demanda, se
abstuvo de adicionar su libelo introductorio incluyendo la pretensión de declaratoria
de nulidad de la Resolución No. 8900 de 2009, lo que, consecuencialmente,
convierte su demanda en inepta, de acuerdo con lo expuesto en el apartado 3.3.3.
de este proveído.
En otras palabras, ante las circunstancias que sobrevinieron en el curso del proceso
judicial y, particularmente, el conocimiento que la parte demandante tuvo del acto
de liquidación unilateral del negocio jurídico que había sido expedido antes de la
interposición de la demanda, no le quedaba otro camino a la parte actora que hacer
uso de la oportunidad procesal de reformar de la demanda, adicionando la
pretensión de nulidad contra la Resolución No. 8900 de 2009, para así obtener una
decisión de mérito frente a su pretensión de liquidación judicial del contrato.
3.3.5. La Sala no desconoce que la inclusión de nuevas pretensiones con ocasión
de la reforma de la demanda exige el agotamiento del requisito de procedibilidad de
conciliación extrajudicial63, cuyo incumplimiento deviene en el rechazo de esas
peticiones adicionadas. En este caso, ha de señalarse que el agotamiento del
aludido requisito de procedibilidad no era una carga imposible de cumplir antes de
proceder con la reforma de la demanda, toda vez que el acto administrativo de
liquidación unilateral del contrato No. 070 de 2004 fue conocido, por la vía de la
conducta concluyente, el 27 de abril de 2010, y el plazo máximo para agotar tal
requisito de conciliación extrajudicial es de 3 meses desde la presentación de la
solicitud de conciliación64, mientras que el plazo para reformar la demanda en este
asunto se extendió hasta el 5 de octubre de 201065, de ahí que, a juicio de la
Subsección, Equant Colombia S.A. contaba con tiempo suficiente para cumplir con
el agotamiento del requisito de procedibilidad para luego, en el proceso en curso,
reformar la demanda incluyendo la pretensión de nulidad contra el acto liquidatorio.
En las condiciones analizadas, la Sala advierte que la ineptitud sustantiva de la
demanda en estos asuntos conduce a un fallo inhibitorio, con fundamento en que,
habiendo sido liquidado unilateralmente el contrato No. 070 de 2004 por la
63 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, auto de unificación del 25 de mayo de 2016,
exp. 40077.
64 El artículo 3 del Decreto 1716 de 2009 —que reglamentó la conciliación extrajudicial como requisito
de procedibilidad— estableció que la solicitud de conciliación extrajudicial suspende el término de
caducidad de la acción, según el caso, hasta: a) Que se logre el acuerdo conciliatorio, o; b) Se
expidan las constancias a que se refiere el artículo 2° de la Ley 640 de 2001, o; c) Se venza el
término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de la solicitud; lo que ocurra primero.
Los últimos dos supuestos son los que deben entenderse cuándo se entiende agotado el requisito
de procedibilidad, cuyo plazo máximo para el efecto es el de 3 meses después de la presentación
de la solicitud de conciliación extrajudicial.
65 Ver primer párrafo del apartado 3.3.3. de las consideraciones de este proveído.
27
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
Superintendencia de Notariado y Registro, no es posible ni viable, de ninguna
manera, el análisis de la pretensión de liquidación judicial del negocio jurídico en
cuestión, y es que, en caso de hacerlo, se estaría desconociendo el contenido y la
validez de ese acto administrativo liquidatorio —Resolución 8900 de 2009—, que
goza de presunción de legalidad y que, en últimas, fue el que estableció el balance
final en relación con las cifras correspondientes a la ejecución del contrato,
determinando quién debe a quién, cuánto adeuda y por qué conceptos.
Tan consciente era Equant Colombia S.A. —parte demandante— de que no era
posible la liquidación judicial del contrato sin desvirtuar preliminarmente la
presunción de legalidad de la Resolución No. 8900 de 2009, al punto que, en los
alegatos de conclusión de primera instancia66, solicitó que debía revocarse tal acto
administrativo «como medida previa a la liquidación judicial del contrato»,
arguyendo sobre aquel el vicio de nulidad de violación del debido proceso. Además,
ha de señalarse que Equant Colombia S.A., con esta actuación, reconoció que la
referida resolución, la cual conoció en el curso de este proceso judicial antes de la
firmeza del auto admisorio de la demanda, sí se encontraba dotada de eficacia,
traducido esto en el sentido de que tal acto produjo sus efectos y le era oponible.
Dicho de otro modo, la parte actora, a sabiendas de que previamente debía retirarse
el velo de legalidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato para
que se examinara su pretensión de liquidación judicial, optó por exponer en los
alegatos de conclusión de primera instancia los vicios de nulidad en los que habría
incurrido, cuando esa no era la oportunidad procesal correspondiente, en tanto para
ello, con el fin de evitar un fallo inhibitorio por inepta la demanda, podía hacer uso
de la garantía procesal de la reforma de la demanda, adicionando para el efecto la
pretensión de nulidad contra la Resolución No. 8900 de 2009, lo cual no hizo y, por
ende, no es posible dictar una decisión de mérito en el caso sub examine.
3.3.5 Por todas las razones anotadas, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declarará probada, de oficio, la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda, inhibiéndose de resolver de fondo las pretensiones.
3.4. El principio de congruencia de las decisiones judiciales, en aras del
control de la declaratoria oficiosa de nulidad de un acto administrativo que no
fue demandado
3.4.1. De entrada, la Subsección advierte que, aunque con lo expuesto resulta
suficiente para revocar la sentencia de primera instancia, es menester pronunciarse
sobre la determinación del a quo al declarar la nulidad de unos ordinales de un acto
administrativo que no fue demandado —Resolución No. 8900 de 2009—, en aras
de garantizar no solamente el principio de congruencia que debe regir las decisiones
judiciales sino también el de justicia rogada.
66 Ver apartado 3.1. de los antecedentes de esta providencia.
28
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
3.4.2. Según lo dispuesto en el artículo 305 del CPC, la sentencia debe estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las
demás oportunidades previstas y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley, disposición en la que, además, se
consagró que “No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por
objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la
invocada en esta”.
Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sección Tercera de la Corporación 67 ha
señalado que con la demanda y su correspondiente corrección o adición la parte
actora tiene la oportunidad de fijar el alcance de la controversia que plantea, de
manera que, con posterioridad a esas etapas procesales, no puede
caprichosamente cambiar el petitum y el contexto fáctico y jurídico de lo expuesto
inicialmente, de ahí que la apelación contra el fallo dictado por el a quo ni los
alegatos de conclusión tengan por objeto el que las partes adicionen o modifiquen
sus demandas, pues con ello sorprenderían a su contraparte con cargos nuevos
frente a los cuales no se tuvo la oportunidad de defenderse y, en caso de permitir
tales actuaciones, se desconocería el principio de congruencia y el debido proceso.
Por su parte, la justicia rogada se materializa, con mayor fuerza, en aquellos
procesos que se adelantan contra actos administrativos. Este principio, desde su
fundamento constitucional, implica, entre otras cosas, que los jueces no pueden
convertirse en superiores jerárquicos de las autoridades administrativas, «es decir,
que no suplanten a las autoridades administrativas en la toma de decisiones, lo que
podría ocurrir en controles que sean, en cierta medida, oficiosos»68 (se destaca).
Se destaca, entonces, que no es posible ni viable un control oficioso por parte de
los jueces frente a actos administrativos que no han sido demandados, los cuales
se presumen legales y que, para efectos de desvirtuar esa presunción, es a la parte
afectada a quien le corresponde activar el aparato judicial para que los jueces
procedan con su análisis, partiendo de los vicios de nulidad alegados en el libelo.
3.4.3. De cara al caso concreto, la Sala recuerda que la Resolución No. 8900 de
2009 no fue demandada en este asunto, ni tampoco se ejerció la garantía procesal
de la reforma de la demanda con el objeto de que se declarara su nulidad.
Pese a lo anterior, en la parte resolutiva de la sentencia apelada, concretamente en
el ordinal tercero, el a quo declaró la nulidad de los numerales tercero y cuarto de
la referida resolución proferida por la Superintendencia de Notariado y registro.
En tal acto administrativo, particularmente en los numerales anulados, se dispuso:
67 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 13 de agosto de 2012, Rad.: 65589.
68Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 2 de agosto de 2024, exp. 68965.
29
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
«ARTÍCULO TERCERO: DECLARAR la ocurrencia de siniestro asegurado, para
hacer efectiva la póliza de seguro No. N-A0046078, expedida por la aseguradora
Mundial de Seguros, por un monto equivalente a la suma de MIL QUINIENTOS
OCHENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS
TREINTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($1.580’.487.686,80), en razón del
incumplimiento de la obligación estipulada en la cláusula segunda, literal A, numeral
i del contrato 070, referente a:
i) Rediseño, desarrollo, pruebas, puesta en marcha y entrega en correcto
funcionamiento a la Superintendencia, del Sistema de Información de Registro y
Certificación Inmobiliaria existente, de acuerdo con lo estipulado en el pliego de
condiciones, sus adendas y la oferta presentada.
ARTÍCULO CUARTO: INFORMAR a la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la
afectación de la póliza de seguro No. N-A0046078, expedida por la aseguradora
Mundial de Seguros, en desarrollo del contrato No. 070 de 2004».
Como se puso de presente en el apartado 4.2.4. de los antecedentes de esta
providencia, el Tribunal a quo, de manera oficiosa, declaró la nulidad de esas
determinaciones contenidas en la Resolución No. 8900 de 2009, por falta de
competencia, al considerar que, en vista de que el contrato objeto de estudio se
suscribió con antelación a la expedición de la Ley 1150 de 2007, la
Superintendencia de Notariado y Registro no tenía la potestad de expedir actos
administrativos mediante los cuales se declarara el incumplimiento del contrato,
pues debía acudir al juez para ello. Su poder oficioso, además, lo sustentó en el
hecho de que la incompetencia constituía el vicio más grave de ilegalidad.
3.4.4. Visto lo anterior, no cabe duda para esta Sala de Subsección que en este
punto la sentencia de primera instancia desconoció el principio de congruencia que
debe regir toda decisión judicial, por cuanto se resolvió anular parcialmente un acto
administrativo que no fue demandado, lo que denota que el Tribunal a quo actuó
por fuera del objeto pretendido en la demanda.
No se desconoce que en una época de la jurisprudencia de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, lo cual ya no opera en la actualidad, se consideraba que «el
vicio de incompetencia del acto jurídico [demandado] comporta tal gravedad que,
incluso de no haberse agotado su configuración en la demanda, el juez natural
está facultado para abordar su estudio y eventual declaratoria de manera
oficiosa»69. Esta postura, sin embargo, se aplicaba partiendo de la base de que el
69 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de junio de 2014, exp. 34649.
En esta providencia se sostuvo lo siguiente: «Es así como la jurisprudencia de esta Corporación ha
considerado que el vicio de incompetencia del acto jurídico comporta tal gravedad que incluso de no
haberse alegado su configuración en la demanda, el juez natural está facultado para abordar su
estudio y eventual declaratoria de manera oficiosa. En esa línea a pesar de que CODETER no
hubiere invocado la falta de competencia del municipio de Yumbo, como causal de nulidad de la
Resolución que terminó unilateralmente el contrato, lo cierto es que la misma debía abordase y de
encontrarse configurada, propio resultaba proceder a su declaratoria. En consecuencia, al
evidenciare por esta instancia la falta de competencia en que incurrió el ente territorial al proferir el
acto acusado, ello conduce a que la declaratoria de nulidad proferida en primera instancia se
mantenga incólume, pero con sustento en las razones aquí expuestas». Ver, también, sentencia del
29 de agosto de 2007, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, exp. 15324.
30
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
acto administrativo estuviera demandado; es decir, aun cuando no se alegara en la
demanda el vicio de nulidad por incompetencia contra el acto acusado,
oficiosamente el operador judicial estaba facultado para declarar la nulidad por ello.
Esto significa que la tesis puesta de presente se construyó para advertir el vicio de
incompetencia que no se alegó en la demanda frente a actos administrativos
demandados, mas no para advertirlo respecto de actos cuya legalidad no se
encuentra sometida a juicio, y esto último fue lo que realizó el Tribunal a quo, al
anular por falta de competencia la Resolución No. 8900 del 6 de noviembre de 2009,
la cual no fue demandada.
Ahora bien, en procura de la reivindicación del principio de justicia rogada, esta Sala
de Subsección considera que para que un acto administrativo sea anulado debe ser
demandado y cuestionado en sede judicial, es decir, que los jueces no pueden
juzgar, oficiosamente, la legalidad de actos administrativos que no fueron acusados
en la demanda70, en tanto actuando así estarían suplantando a la Administración.
Igualmente, en línea con lo anterior, vale advertir que la efectividad y la
materialización de la justicia rogada también se encuentra cuando, frente a actos
administrativos demandados, los jueces solamente abordan y estudian los vicios de
nulidad estrictamente alegados en el libelo introductorio, de manera que, si no se
invoca el vicio por incompetencia, los operadores judiciales no pueden examinarlo,
ni siquiera bajo la excusa de que es el vicio de ilegalidad más grave, por cuanto de
ese modo escaparían de los linderos fijados en la demanda, extralimitándose.
Bajo este contexto, la Sala concluye que el Tribunal a quo, al ejercer el control
oficioso frente a la Resolución No. 8900 de 2009, anulando sus artículos tercero y
cuarto, no solamente desconoció el principio de congruencia, sino también el de
justicia rogada, por cuanto dicho acto administrativo no fue demandado en este
proceso judicial, como ha quedado visto en líneas anteriores.
Lo señalado habilita al juez de segunda instancia, aun cuando no fue objeto de
apelación, a revocar esas determinaciones de nulidad por parte del a quo frente a
la Resolución 8900 de 2009, por contravenir el principio de congruencia. Así lo ha
considerado la jurisprudencia de esta Corporación71:
70 «33. De otra parte, el acto de liquidación no es un acto accesorio y los actos que declararon el
incumplimiento son sus principales, como alegó explícitamente el apelante, por lo que no puede
aplicarse aquella máxima, “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, para fundamentar una
declaratoria de nulidad del acto de liquidación sin que se hayan presentado cargos contra este. El
valor constitucional de separación de poderes y el principio de justicia rogada, que guía el
actuar de esta jurisdicción, exige que se estudie la legalidad de aquellos actos que han sido
demandados; no puede el juez, oficiosamente, entrar a juzgar la legalidad de actos
administrativos que no han sido acusados» (se destaca) (Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, sentencia del 19 de abril de 2023, exp. 68388).
71 Consejo de Estado de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 21 de septiembre de
2016, exp. No. 44360. En el mismo sentido puede verse, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017, exp. 41650.
31
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
«(…) lo anterior, comoquiera que el juez en observancia del principio de congruencia
no puede reconocer más de lo que fue solicitado, incluso así ese punto no haya sido
apelado. (…) Por consiguiente, como el juez de primera instancia incurrió en un fallo
ultra petita, es decir, en una contravención al principio de congruencia de la sentencia,
en punto al reconocimiento de perjuicios materiales bajo la modalidad de lucro
cesante, la Sala modificará el correspondiente acápite».
3.4.5. En definitiva, esta Subsección señala que la revocatoria de la sentencia de
primera instancia que aquí se dispone debe ser integral, comprendiendo, entonces,
también lo decidido por el Tribunal a quo en cuanto a la declaratoria de nulidad de
los artículos tercero y cuarto de la Resolución 8900 de 2009, dado que con ello se
desconocieron los principios de congruencia y de justicia rogada.
4. Costas
De conformidad con lo previsto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998, la imposición de costas procede únicamente cuando alguna
de las partes hubiere actuado de manera temeraria; sin embargo, en el presente caso
no se evidenció ese tipo de conducta, por lo que no hay lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
Ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR totalmente la sentencia del 27 de junio de 2019, proferida por
la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y, en su lugar, DECLARAR PROBADA, de oficio, la excepción de ineptitud sustantiva
de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
32
Radicado: 25000-23-36-000-2009-00933-02 (65636)
Demandante: Equant Colombia S.A.
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
CT1
2
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.