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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00090-01

Acción de reparación directa: condena, accede. Entrega defectuosa de vehículo automotor, bus de transporte urbano, por orden…

Fecha
5 de julio de 2018
Consejero ponente
Jaime Orlando Santofimio Gamboa

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00090-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

R E S U E L V E REVOCAR la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y en su lugar se dispone: PRIMERO: DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a LA NACIÓN- RAMA JUDICIAL, de los perjuicios ocasionados a EDGAR VELOZA VELOZA como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de Justicia en que incurrió la Secretaría del Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, al elaborar un oficio en el que ordenó la entrega del vehículo de placas SGP-701, del que VELOZA VELOZA era poseedor, a una persona distinta a él; contrariando lo dispuesto por el titular de ese juzgado. SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL, a pagar al señor EDGAR VELOZA VELOZA, por concepto de perjuicios morales, una suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. TERCERO: CONDENAR a la RAMA JUDICIAL, a pagar al señor EDGAR VELOZA VELOZA, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad daño emergente, la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DOCE PESOS ($96.246.612.oo ). CUARTO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL a pagar a EDGAR VELOZA VELOZA, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad lucro cesante; para la correspondiente liquidación deberán tenerse presente los criterios consignados en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: SIN CONDENA EN COSTAS, en esta instancia SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2010-00090-01

Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa

5 de julio de 2018

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Condena, accede. Entrega defectuosa de vehículo automotor, bus de transporte urbano, por orden judicial / VEHÍCULO AUTOMOTOR - Derecho de propiedad: Poseedor legítimo / DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Condena. Error en oficio que ordenó entrega de vehículo / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Condena. Error en oficio que ordenó entrega de vehículo: Se ordenó entregar a persona diferente del poseedor legítimo / CONTRATO DE PERMUTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR / PROPIEDAD DE VEHÍCULO AUTOMOTOR - Formulario de traspaso: Inscripción. Transferencia de dominio

Al respecto la Sala observa que es evidente que la secretaría del mencionado juzgado contrarió lo ordenado por el juez, en el sentido que desconoció que el mandato de entrega emanado del despacho tenía como destinatario (…) [el señor] (…), por haber sido este quien detentaba la posesión del vehículo en el momento de la retención. Posesión que, contrariamente a lo afirmado por el A quo, si estaba demostrada, como quiera que la entrega de la misma se había documentado en el contrato de permuta, pues dicho contrato, en términos del artículo 1955 del Código Civil, es un intercambio de cosa por cosa; y conforme al 1956 ejusdem, se reputa perfecto con el mero consentimiento, a menos que los bienes intercambiados sean raíces o derechos de sucesión hereditaria. Así las cosas, al celebrarse la permuta de vehículos automotores, la entrega de uno y otro vehículo transfirió a los receptores de los mismos la posesión sobre cada uno de estos; y si bien respecto del vehículo retenido, cuando ocurrió la retención, aún no se había inscrito el formulario de traspaso, y por lo tanto no se había transferido el dominio al señor (…); pese a ello, el aquí demandante lo recibió con ánimo de señor y dueño y en tal virtud detentaba la posesión del mismo. Así las cosas, la secretaría del Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, al haber elaborado el oficio que ordenaba la entrega del vehículo SGP-701, a una persona distinta a quien era su poseedor, no obstante que el juez titular de ese despacho había ordenado que tal entrega se realizara a este; incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Por lo tanto, la Sala revocará la decisión y en su lugar declarará la responsabilidad de la Rama Judicial. NOTA DE RELATORÍA: Con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque; al respecto ver las consideraciones expresadas en los votos disidentes de los exps. 34146 numeral 1, 35796 numeral 2, 34158 numeral 3, 34751 y 38876 numeral 1.

PERJUICIOS MORALES POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PERJUICIOS MORALES POR PÉRDIDA DE BIEN INMUEBLE / TESTIMONIO - Valoración probatoria / PRINCIPIO DE EQUIDAD

Valorados estos testimonios, la Sala les otorga credibilidad en cuanto al perjuicio moral sufrido por el señor (…), dado que resulta verosímil que quien le prestó dinero para atender sus obligaciones familiares y el abogado que lo ayudó en la recuperación del vehículo conocieran su estado de ánimo; y en cuanto a la vecina, ésta de manera concordante con los dos anteriores, señala la angustia que le produjo la pérdida del vehículo por ser su único medio de subsistencia. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que cada declarante dio la razón de su dicho, los mismos resultan creíbles. Sin embargo, no pueden valorarse de la misma manera esas declaraciones respecto del supuesto perjuicio moral sufrido por los otros demandantes, pues algunos de ellos nada dicen sobre el sufrimiento de la cónyuge y de la mamá del señor (…), ni el de sus menores hijos. Y los testigos que los mencionan, sostienen que todos los miembros de la familia iban a la oficina de los abogados para ver cómo se desarrollaba el incidente de desembargo del bien; lo cual, de suyo, no demuestra sufrimiento por parte de esos demandantes; otra de las testigos da cuenta que la esposa debió trabajar cuidando niños y la madre del señor (…) lavando ropa, circunstancias que no denotan en quienes las desarrollan desasosiego o sufrimiento. Así las cosas, se reconocerá el perjuicio moral al demandante (…), y se negará respecto de los demás. Ahora bien, en cuanto a la liquidación del perjuicio, aplicando la equidad la Sala establece la indemnización de dicho perjuicio en suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales, habida cuenta del tiempo en que estuvo retenido el vehículo y su posterior destrucción.

DAÑO EMERGENTE - Determinación de la cuantía. Cálculo de indemnización / CONTRATO DE PERMUTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR - Bus. Valor de la permuta para establecer perjuicio

Se solicita en la demanda como daño emergente el valor del vehículo automotor Bus (…), y para el efecto se reclama un valor equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales, o lo que resultare probado en el proceso. Sobre el particular la Sala observa que el contrato de permuta da cuenta (…), fue recibido por un valor de $50.000.000, el día 23 de febrero de 2007, en consecuencia, esta cifra será tenida en cuenta como el valor del vehículo retenido y destruido, suma que será actualizada con la siguiente fórmula matemática utilizada por esta Corporación.

LUCRO CESANTE - Reconoce / LUCRO CESANTE - Fórmula actuarial. Sumas dejadas de percibir: Ingresos de vehículo automotor inscrito en transporte público en la ciudad de Bogotá Distrito Capital / LUCRO CESANTE - Descuento de gastos de mantenimiento

La Sala constata que dentro del expediente obra una certificación expedida por la Empresa (…) [transportadora], y en esta se afirma que un vehículo automotor, bus de 46 pasajeros, modelo 1995, prestando los servicios de rutas en Bogotá, según estadísticas, pueden tener un producido mensual de $4.800.000. Como esta certificación no da cuenta de lo específicamente dejado de percibir por los demandantes, la Sala condenará en abstracto. Para efectos de la correspondiente liquidación se deberán acreditar, por los medios probatorios idóneos, los ingresos mensuales que el señor (…) obtuvo como poseedor del vehículo (…), por su explotación desde febrero 23 de 2007, hasta el 17 de julio del mismo año, fecha esta última en la que fue retenido el automotor; lo anterior a fin de determinar el promedio mensual de ingresos. A la cifra que allí se determine deberá descontársele el 50%, que representan los gastos de mantenimiento y combustible, en que se habría incurrido si el vehículo, en lugar de estar incautado hubiese sido explotado económicamente. Una vez realizado ese descuento, la suma correspondiente deberá actualizarse, y la cantidad obtenida constituirá la base para la liquidación del lucro cesante impetrado en la demanda. El periodo indemnizatorio estará comprendido entre la fecha de la retención y el día en que se efectúe la correspondiente liquidación de la condena en abstracto.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

Bogotá D.C., cinco (05) de julio de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00090-01(42620)

Actor: EDGAR VELOZA VELOZA Y OTROS

Demandado: LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Contenido: Descriptor: Contenido: Descriptor: Se revoca la sentencia que negó las pretensiones de la demanda, porque se encuentra acreditado el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Restrictor: Aspectos procesales – Competencia- legitimación en la causa – caducidad de la acción / Acervo Probatorio/ Presupuestos de la responsabilidad extracontractual del estado - La responsabilidad del Estado por daños derivados de la Administración de Justicia - Régimen de Responsabilidad de daños derivados de la actividad judicial en el ordenamiento Colombiano - La responsabilidad al Estado por defectuoso funcionamiento de la Administración Judicial - El daño antijurídico en el evento de defectuoso funcionamiento de la Administración Judicial/ Análisis del caso concreto.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 5 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante la cual resolvió negar las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Fue presentada el 24 de febrero de 2010 por EDGAR VELOZA VELOZA Y MARIBEL RODRÍGUEZ FRANCO, obrando en nombre propio y en representación de sus hijos menores WILDER SNAYDER Y KAREN LISETH VELOZA RODRIGUEZ; y por ROSALBINA VELOZA CADENA; todos ellos en ejercicio de la acción de reparación directa contenida en el artículo 86 del C.C.A, mediante apoderado judicial solicitaron que se declare administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación – Rama Judicial, por los “perjuicios ocasionados a los demandantes con motivo del daño antijurídico sufrido por el señor Edgar Veloza, por la actuación ilegal, contraria a derecho del Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá D.C”; y que, en consecuencia, sea condenada a pagar el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales por concepto de perjuicios morales a cada uno de los demandantes; y por concepto de perjuicios materiales para el señor Edgar Veloza, los que en el momento de la presentación de la demanda estimaron en suma superior a $118.880.000.

2. Como fundamento de sus pretensiones la parte actora expuso los siguientes hechos:

2.1 El señor EDGAR VELOZA VELOZA, celebró contrato de permuta, el 23 de febrero de 2007, mediante el cual dijo adquirir de JAMES YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ el vehículo automotor de placas SGP-701.

2.2 Se afirma en la demanda que el señor JAMES YESID RODRIGUEZ RODRIGUEZ incumplió el contrato de permuta; pero que el señor VELOZA conservó la posesión del vehículo de placas SGP-701.

2.3 El 19 de junio de 2007, el Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá decretó el embargo y secuestro del vehículo automotor de placas SGP- 701, dentro del proceso ejecutivo adelantado por Pablo Emilio Gil contra Douglas Rivera Basto y Alfonso Chaparro.

2.4 El 11 de julio siguiente, el mismo Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, ordenó la aprehensión del referido vehículo, cuyo dominio se encontraba a nombre del señor Douglas Rivera Basto; la retención del automotor se llevó a cabo el 18 de julio de 2007 por parte de la Policía Nacional.

2.5 El 18 de diciembre de 2007, el apoderado de la parte actora solicita al Juzgado 69 Civil Municipal que declare terminado el proceso ejecutivo de Pablo Emilio Gil contra Douglas Rivera Basto por pago total de la obligación. A esta solicitud accede el despacho mediante auto de la misma fecha, providencia en la que, además, se ordena entregar el vehículo que había sido retenido, a quien lo poseía en el momento en que se practicó la retención.

2.6 Pese a lo anterior, la secretaría de ese Juzgado, el 19 de diciembre de 2007 elaboró un oficio en el que se ordenaba la entrega del vehículo al demandado, DOUGLAS RIVERA BASTO.

2.7 Frente a esta situación el aquí demandante solicitó, el 15 de enero de 2008, al Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá que ordenara dar cumplimiento a la providencia del 18 de diciembre de 2007, en el sentido que la entrega del vehículo retenido se le hiciera a él como poseedor; y no al demandado.

2.8 El Juzgado 69 Civil Municipal dejó sin valor el oficio mediante el cual se había ordenado la entrega del vehículo al señor Douglas Rivera Basto; y en su lugar ordenó a dicho señor que lo entregara al aquí demandante, Edgar Veloza. No obstante, esta orden no fue cumplida por el señor Rivera Basto, como quiera que el vehículo fue chatarrizado.

3. El trámite procesal

Mediante auto del 17 de marzo de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección B, admitió la demanda contra la Nación – Rama Judicial – y ordenó tramitarla conforme a ley. Esta providencia fue notificada el 27 de abril de 2010 a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

4. Contestación de la demanda

4.1.- El 18 de mayo de 2010 la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial radicó escrito con el que contestó la demanda; se opuso a las pretensiones aduciendo que esa entidad no tuvo incidencia alguna en los presuntos perjuicios reclamados. En relación con los hechos admitió algunos; y respecto de otros sostuvo que no le constaban, por lo que manifestó que se atendría a lo que resultare probado. Propuso que se declarara probada la excepción de culpa exclusiva de la víctima, por cuanto el demandante no pidió la restitución del vehículo cuando el mismo le fue inmovilizado, y porque omitió registrar el contrato de permuta, lo que lo hubiese convertido en propietario del automotor; afirmó la parte demandada que, al no hacerlo, permitió que el vehículo fuera objeto de la medida cautelar.

5. Periodo probatorio.

Vencido el término de fijación en lista, mediante auto de 23 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, decretó las pruebas solicitadas por las partes.

6. Alegatos de conclusión.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por medio de auto proferido el 13 de octubre de 2010, ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión. El Ministerio Público solicitó el 20 de octubre de 2010 que se le diera el traslado especial previsto en el articulo 210 del C.C.A.

6.1. La parte demandante presentó alegatos de conclusión en los que reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y puso de presente que conforme a las declaraciones de la secretaria y otro empleado del juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, rendidas en el proceso disciplinario que se inició en su contra, se evidencia que se preocuparon de cumplir con las estadísticas, sin advertir que elaboraron un oficio ordenando la entrega del vehículo a persona distinta de la que había dispuesto el juez en la providencia que dio por terminado el proceso.

6.2 El Ministerio Público rindió concepto, y sostuvo que la acción podría encontrarse caducada, toda vez que la entrega del vehículo se había ordenado el 19 de diciembre de 2007, y la demanda se había presentado el 24 de febrero de 2010; pese a lo anterior, el mismo agente del Ministerio Público se pronunció sobre el fondo del asunto y solicitó que se declarara la responsabilidad de la entidad demandada. A propósito del reconocimiento de perjuicios, se opuso a que se reconocieran los morales, y materiales deprecados como daño emergente, por falta de prueba. En relación con el lucro cesante manifestó estar de acuerdo con su reconocimiento, pues, a su juicio, dentro del expediente existe prueba de su monto.

7. La Sentencia del Tribunal de primera instancia

El 5 de septiembre de 2011 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, subsección B, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que no se acreditó el daño antijurídico. Fundamentó su decisión en que el demandante no demostró tener el dominio o la posesión del vehículo retenido, toda vez que el hecho de que lo estuviera conduciendo en el momento de la aprehensión, per se no demuestra la posesión sobre el mismo. Tuvo también en cuenta el A quo, una transacción extraprocesal suscrita por el aquí demandante y el señor James Yesid Rodríguez Rodríguez el 19 de diciembre de 2007, en la que expresaron la intención de resolver el contrato de permuta sobre el referido vehículo automotor, y en la que acordaron que el señor Veloza Veloza autorizaría el retiro de los oficios que ordenaban la entrega del vehículo, a un tercero. En desarrollo de este acuerdo, el mismo 19 de diciembre de 2007, Edgar Veloza suscribió una autorización dirigida al Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, para que la doctora Rene Ivette Millán Millán fuese quien retirara tales oficios.

8. El recurso de apelación

El 28 de septiembre de 2011, el apoderado de la parte demandante instauró recurso de apelación mediante el cual solicitó que se revoque la decisión de primera instancia; y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda. Lo anterior con fundamento en que en el contrato de permuta se consignó que el vehículo le había sido entregado; de otra parte, considera el recurrente que yerra el Tribunal cuando pone en entredicho la posesión del bien por parte del demandante, so pretexto que obra una factura por concepto de análisis de gases a nombre del propietario Rivera Basto, pues para la revisión técnico mecánica basta presentar la tarjeta de propiedad del vehículo y a nombre de quien aparezca como propietario se hace la factura.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B mediante auto del 12 de octubre de 2011 concedió el recurso de apelación interpuesto.

9. Trámite en segunda instancia

9.1 El 05 de diciembre de 2011 el Consejero Ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
9.2 Mediante auto del 22 de agosto de 2011 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que este rindiera el concepto.

9.3 En escrito del 13 de febrero de 2012, la parte demandante presentó alegatos de conclusión, en estos solicita que se revoque la decisión de primera instancia, y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda, para lo cual reitera que el Tribunal se equivoca al no tener por probado el daño antijurídico por una supuesta ausencia de las pruebas que acrediten que el demandante detentaba la posesión material del vehículo cuando fue retenido; pues, a su juicio, esa posesión sí fue acreditada con el texto mismo del contrato de permuta, que daba cuenta que el bien le había sido entregado al señor Veloza, y con la declaración extraprocesal que adjuntó a la solicitud del incidente de desembargo, que presentó en el proceso ejecutivo.
A propósito del último argumento esgrimido por el Tribunal, conforme al cual se aportaron unos documentos al proceso ejecutivo que dan cuenta que entre James Yesid Rodríguez Rodríguez y el señor Edgar Veloza, se celebró una transacción extraprocesal que daba cuenta que habían resuelto el contrato de permuta volviendo las cosas al estado anterior, es decir, que cada uno de los contratantes devolvería los vehículos que se habían intercambiado, y al señor Veloza se le entregaría, además, la suma de 17.000.000; sostiene el recurrente que ese documento fue entregado por él mismo al juzgado 69 Civil Municipal para demostrar la mala fe de los demandantes en el proceso ejecutivo; toda vez que el dinero no le fue entregado, pues mientras estaba firmando tales documentos, los oficios estaban siendo retirados en el Juzgado.

Se sostiene, además, que el daño debe ser imputado a titulo de defectuoso funcionamiento, pues este se configuró en el momento en que la secretaría del Juzgado 69 ordenó entregar el vehículo retenido a una persona distinta a la que había sido designada en la providencia que declaró terminado el proceso.

La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

El expediente ingresó al despacho para que se elaborara el respectivo fallo el 15 de febrero de 2012.

CONSIDERACIONES

1.- Aspectos procesales

1.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008; de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado.

1.2. Legitimación en la causa

La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso” o, en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.

En el caso concreto comparecen al proceso como demandantes, EDGAR VELOZA VELOZA, aduciendo la calidad de poseedor del vehículo automotor que fuera retenido, condición que acredita con el contrato de permuta celebrado sobre el mismo; junto a él, comparecen también Maribel Rodríguez Franco, como compañera permanente del anterior, condición que acreditó con los testimonios que obran a folios 14-18 C.2; y actúan igualmente como demandantes, representados por los dos anteriores, en su condición de hijos, los menores Wilder Snayder y Karen Liseth Veloza Rodriguez, quienes demostraron tal condición con los registros civiles de nacimiento obrantes a folios 2 y 3 del C.2; finalmente, comparece también como actora, la señora ROSALBINA VELOZA CADENA, madre de Edgar Veloza, calidad que demostró con el registro civil de nacimiento que reposa a folio 1 del C.2. En tal virtud, la legitimación en la causa de los integrantes de la parte actora se encuentra acreditada.

Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación – Rama Judicial, frente a lo cual debe preverse que el asunto que aquí se conoce fue de conocimiento del Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, en tal virtud la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

1.3.- Caducidad de la acción de reparación directa

La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados por el artículo 136 del C.C.A., que en su numeral 8º dispone que la acción “de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.

La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, y sólo se interrumpe, de acuerdo con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el Código Contencioso Administrativo. Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez.

Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho u omisión, sin embargo, se debe tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante.

En el caso concreto, la Sala observa que el oficio que ordenó la entrega del bien fue librado el 19 de diciembre de 2007, es decir, a partir de esta fecha el demandante contaba con dos años para la presentación de la acción de reparación directa. Pese a ello, habrá de tenerse en cuenta que el actor radicó solicitud de conciliación el 16 de octubre de 2009, y la misma de declaró fallida el 14 de enero de 2010. Lo anterior significa que el término de caducidad se suspendió por 88 días, que deberán ser agregados al término inicial, es decir que, en virtud de la solicitud de conciliación, el término para presentar la demanda, que en principio vencía el 20 de diciembre de 2009, se prorrogó hasta el 18 de marzo de 2010; y como la demanda se radicó el 24 de febrero de ese año, es evidente que la acción se ejerció dentro del término de caducidad previsto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.

2. Análisis de la impugnación.

El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte demandante en su escrito de apelación oportunamente presentado, [siguiendo la sentencia de Sala Plena de Sección Tercera de 9 de febrero de 2012, expediente 21060]; por lo cual la Sala procederá a analizar si en el expediente se encuentra acreditada la posesión del vehículo por parte del demandante; o si por el contrario, como lo determinó el A quo, tal condición no fue probada y en cuanto tal no se acreditó el daño antijurídico.

Para resolver lo pertinente, la Sala en primer lugar reseñará las pruebas que obran en el expediente y que resultan trascendentes a la cuestión que aquí se debe resolver; a continuación, examinará los presupuestos para configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado; luego se analizará la responsabilidad del Estado por daños derivados de la administración de justicia; y finalmente se realizará el análisis del caso concreto.

3. Del acervo probatorio.

Los siguientes documentos, obrantes en copia auténtica dentro del expediente, serán valorados por la Sala para resolver el problema jurídico planteado en la impugnación interpuesta por la parte demandante.

Contrato de permuta suscrito entre Edgar Veloza Veloza, y James Yesid Rodríguez, el 23 de febrero de 2007 (Fl. 2 del C.3). En este contrato se estableció que el primero entregaba al segundo un vehículo de placas SVF 171, por un valor de $153.000.000; y, correlativamente, James Yesid Rodríguez entregaba a Veloza Veloza el vehículo de placas SGP701 por un valor de $50.000.000. En la cláusula séptima del referido contrato se estipuló, además, que Rodríguez Rodríguez le pagaría a Veloza Veloza, la suma de $103.000.000, dinero que fue respaldado con 47 letras de cambio pagaderas mensualmente a partir del 20 de marzo de 2007, hasta cancelar la totalidad de la cifra debida.

Auto del 19 de junio de 2007, mediante el cual el Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, decreta el embargo y secuestro del Vehículo Automotor de placas SGP701, dentro del Proceso Ejecutivo de Pablo Emilio Gil Puertas contra Douglas Rivera y otro (Fl.5 del C.5).

Auto del 11 de Julio de 2007, en el que el Juzgado Sesenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, una vez inscrito el embargo decretado, ordena la aprehensión del vehículo de placas SGP 701 (fl.12 del C.5).

Documento suscrito por el Patrullero de la Policía de placa 21572, el 17 de julio de 2007, en el que pone a disposición del Juzgado 69 Civil Municipal el vehículo de placas SGP 701, y en el que deja constancia que en el momento en que fue inmovilizado la posesión del mismo la tenía el señor Edgar Veloza (fl. 14 del C.5).

Declaración Extraproceso rendida por Héctor Javier Arias López, el 2 de agosto de 2007, ante la Notaría Doce del Círculo de Bogotá, dirigida al Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, en la que manifiesta que en su condición de ayudante del Bus de placas SGP 701, le consta que quien ejerce actos de señor y dueño sobre ese vehículo es el señor Edgar Veloza Veloza (Fl. 3 del C.3).

Solicitud de trámite incidental de embargo y entrega del vehículo automotor de placas SGP701, presentada por Edgar Veloza Veloza ante el Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, el 8 de octubre de 2007 (fl. 19-23 del C.3).

Auto del 12 de octubre de 2007, mediante el cual el Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, se abstiene de tramitar el incidente por cuanto aún no se ha practicado la diligencia de secuestro (fl.24 del C.3).

Auto del 2 de noviembre de 2007, en la que el mismo Juzgado rechaza el incidente presentado, aduciendo para el efecto que la diligencia de secuestro no se ha realizado (fl. 25 C.3).

Memorial radicado por el apoderado de la parte actora dentro del proceso ejecutivo de Pablo Emilio Gil contra Douglas Rivera Basto y otro, el 18 de diciembre de 2007, en el que solicita al Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, que declare terminado tal proceso por pago total de la obligación (fl.15 del C.4).

Auto del 18 de diciembre de 2007, en el que el Juzgado 69 Civil Municipal declara terminado el proceso ejecutivo de Pablo Emilio Gil contra Douglas Rivera y otro, y ordena el levantamiento de las medidas cautelares y la entrega inmediata del automotor a quien poseía el bien en el momento en que se practicó la diligencia (fl. 16 del C.4).

Memorial manuscrito por Edgar Veloza, y dirigido al Juez 69 Civil Municipal el 15 de enero de 2009, en el que pone de presente que el 19 de diciembre de 2007 se libró oficio por la secretaría de ese despacho, ordenando entregar el vehículo que había sido inmovilizado, al propietario demandado dentro del proceso ejecutivo, contrariando así lo ordenado por el juzgado, que había dispuesto entregar el automotor a quien lo poseía en el momento en que se llevó a cabo la diligencia correspondiente (fls. 21-23 del C.4).

Transacción extraprocesal celebrada entre Edgar Veloza Veloza y James Yesid Rodríguez Rodríguez, en la que deciden resolver el contrato de permuta celebrado entre ellos (fls. 19-20 del C.4).

Memorial dirigido por Edgar Veloza Veloza al Juez 69 Civil Municipal de Bogotá, en el que autoriza a la abogada Ivette René Millán Millán, para retirar los oficios. Este documento, pese a que tiene nota de presentación personal del 19 de diciembre de 2007, fue aportado al proceso ejecutivo el 15 de enero de 2008, por el mismo señor Veloza, cuando puso en conocimiento del Juzgado que ante el incumplimiento de la entrega del dinero, conservó tal autorización y no la entregó al juzgado el 19 de diciembre mismo, como había sido acordado (FL. 18 del C.4).

Auto del 29 de enero de 2008, en el que el Juzgado 69 Civil Municipal deja sin efecto el oficio que había ordenado entregar el vehículo de placas SGP701 A Douglas Rivera Basto; y se le ordena a dicho señor entregar el referido automotor en el término de 10 días al aquí demandante Edgar Veloza (fls.25-27 del C.4).

Auto del 13 de marzo de 2008, emitido por el mismo juzgado en el que, ante el incumplimiento de la orden impartida al señor Douglas Rivera, ordena que se oficie a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue su conducta y para que se procuren las medidas tendientes al restablecimiento del derecho del señor Edgar Veloza (fl. 40 del C.4).

Oficio de un funcionario de la Secretaría de Movilidad, dirigido el 3 de abril de 2008 al señor Douglas Rivera Basto, en la que se le informa que la licencia de tránsito del vehículo automotor de placas SGP701 ha sido cancelada por destrucción total del mismo (fl. 52 del C.4).

Oficio dirigido al Juzgado 69 civil Municipal de Bogotá, por el abogado de la Coordinación Jurídica para la movilidad, en el que pone en conocimiento de ese despacho que el Vehículo de placas SGP701, fue dado en reposición por el vehículo de placas VER 336 (fl.67 del C.4).

4. Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado.

Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, este concepto tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública tanto por la acción, como por la omisión, bien sea bajo los criterios de falla en el servicio, daño especial, riesgo excepcional u otro.

En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico).

4.1 El daño.

El daño comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”, en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.
En cuanto al daño antijurídico, la Corte Constitucional ha señalado que la:

“(…) antijuridicidad del perjuicio no depende de la licitud o ilicitud de la conducta desplegada por la Administración sino de la no soportabilidad del daño por parte de la víctima”.

Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado Social de Derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado Social de Derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”. Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable, anormal y que se trate de una situación jurídicamente protegida.

Es preciso advertir que en la sociedad moderna, el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamado a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva y no sujetada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de un daño cierto, que afecta o genera un detrimento en derechos, bienes o intereses jurídicos, y que esperar a su concreción material, podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece.

4.2 Imputación de la responsabilidad al Estado y fundamento del deber jurídico de reparar.

En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio; daño especial; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”.

Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad, según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica.

En cuanto a lo anterior, la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”.

Esto es sin duda, un aporte dado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”. Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no. Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”.

Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación que el juez está llamado a aplicar bajo la consideración de la utilización de la máxima “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”.

Esta formulación no debe suponer, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal, teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la Administración, puesto que no puede considerarse (…) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”, y que además debe obedecer a la cláusula del Estado Social de Derecho.

Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba delimitarse la responsabilidad extracontractual del Estado, sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede en primera medida la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos, que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho; en caso de no poder aplicarse dicha motivación, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “(…) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1.991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas –a manera de recetario- un específico título de imputación (…)”.

Así mismo, debe considerarse que la responsabilidad extracontractual no puede reducirse a su consideración como herramienta destinada solamente a la reparación, sino que debe contribuir con un efecto preventivo que permita la mejora o la optimización en la prestación, realización o ejecución de la actividad administrativa globalmente considerada.

5. La responsabilidad del Estado por daños derivados de la Administración de Justicia.

Los elementos de la responsabilidad del Estado que se vienen de comentar, han tenido un desarrollo particular en el ámbito específico de la responsabilidad del Estado por los daños derivados de los actos emanados de las autoridades judiciales, o por sus omisiones.

5.1 Régimen desde la óptica convencional

Ese desarrollo, desde la perspectiva convencional está consagrado en los artículos 1.1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos bajo la égida de la tutela judicial efectiva, y del acceso efectivo a la administración de justicia, que suponen que no solo deben existir los procedimientos y recursos, sino que los mismos tienen que mostrarse eficaces; de suerte que cualquier acto procesal de una autoridad jurisdiccional que vaya en contra de tal efectividad, o cualquiera omisión por parte de estas mismas autoridades que afecten a las personas intervinientes en un proceso judicial, en su derecho de defensa, generará responsabilidad del Estado frente a este particular.

La garantía de la tutela judicial efectiva vincula a los Tribunales internacionales, tanto en el orden universal, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; como en el orden regional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello es así, pese a que se establece en principio una inmunidad diplomática y en sus votos, pero únicamente respecto de los miembros que conforman estos Tribunales; pero no de la institución misma, que está vinculada a un régimen de responsabilidad derivada de sus procedimientos y decisiones. De suerte que si en ejercicio de esta actividad judicial internacional se incurre en actos u omisiones que vulneren los elementos que conforman el acceso efectivo a la administración de justicia, el organismo tendrá que responder por los daños que de tales actos u omisiones se deriven.

5.2 Régimen de Responsabilidad de daños derivados de la actividad judicial en el ordenamiento colombiano.

En el ámbito interno, a propósito de la responsabilidad del Estado por daños derivados de la actividad de las autoridades jurisdiccionales, se pueden identificar tres etapas claramente diferenciadas: Un primer periodo anterior a la expedición de la Constitución de 1991, en la que no existía esta responsabilidad bajo el argumento que las decisiones jurisdiccionales, al estar revestidas de la autoridad de cosa juzgada, cualquier omisión, error o anomalía en que incurrieran las autoridades judiciales al proferirlas, configuraba un riesgo que debía ser asumido por los coasociados.

Pese a lo anterior, y por influjo del ordenamiento convencional, artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por vía excepcional fue abriéndose paso la responsabilidad por error judicial y por defectuoso funcionamiento; entendiéndose que el primero se verificaba cuando se condenaba a una persona mediante sentencia que comportaba un error; y para configurar el segundo evento se precisó que una cosa es la intangibilidad de la cosa juzgada y otra diversa ciertos actos ejecutados por los jueces en orden a resolver los procesos, que solo requieren de la prudencia administrativa.

Una vez entra en vigencia la constitución de 1991, pueden advertirse dos épocas: una primera en que a la cláusula prevista por el artículo 90 de la Constitución se le dio una aplicación jurisprudencial en materia de daños derivados por la actividad judicial, en la que, en aplicación de las hipótesis previstas en el artículo 414 del entonces vigente código de procedimiento penal, se asoció como un mismo supuesto la privación injusta de la libertad y el error judicial; y un segundo periodo que comienza con la expedición de la ley 270 de 1996, normatividad que especificó como fundamentos de la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional tres hipótesis: la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

De suerte que, observado en conjunto el ámbito convencional y la legislación colombiana, son cuatro los supuestos que generan la responsabilidad por la actividad judicial, los tres que se acaban de mencionar, a nivel interno; y el deficiente acceso a la administración de justicia, desde la perspectiva convencional.

Por cuanto en el sub judice se acusa a la Rama Judicial de haber incurrido en un defectuoso funcionamiento, cuando la secretaría del Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá elaboró un oficio en que se ordenaba la entrega de un vehículo a una persona distinta a aquella indicada en la providencia que disponía tal entrega; la Sala estima oportuno examinar el defectuoso funcionamiento como criterio de imputación de responsabilidad al Estado.

5.2.1 La responsabilidad al Estado por defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia

5.2.1.1 El daño antijurídico en la hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.

La configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por el defectuoso o anormal funcionamiento de la justicia parte de la premisa de que “todo acto de comportamiento del servicio de la justicia que haya tenido incidencia sobre los derechos de las personas y con relación a la función judicial, debe poder fundar la responsabilidad del Estado”.

Siendo esto así, inicialmente se exige precisar qué puede considerarse como funcionamiento normal de la justicia. En el derecho comparado se ha entendido por tal, “la tutela judicial efectiva”, lo que implica el respeto a varios derechos: “el derecho al proceso, el derecho a que éste se desarrolle según los parámetros constitucionales y el derecho al aseguramiento del bien o derecho en litigio”. En este orden de ideas, la responsabilidad podrá enervarse cuando el funcionamiento de la justicia deviene anormal o defectuoso y procede de actuaciones materiales que representan “infracciones graves de las normas procesales que la jurisdicción ha de emplear para decidir”.

Así las cosas, resulta necesario delimitar el concepto de “anormal” o “defectuoso”, para que el funcionamiento de la administración de justicia produzca un daño antijurídico. En este sentido la doctrina ha señalado:

“Esta debe obtenerse a través de los estándares de normalidad que, en el caso de una Justicia tradicionalmente lenta, cobran especial importancia en lo tocante a las dilaciones procesales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sentencia de 13 de julio de 1983 [Caso Zimmermann y Steiner], interpretando el artículo 6.1 del Convenio de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales señaló como criterios a tener en cuenta para la medición de la razonabilidad en el retraso, “la complejidad del litigio, la conducta de los propios litigantes y de las autoridades y las consecuencias del litigio presuntamente demorado se siguen para aquéllos”.

En la misma línea se ha pronunciado la Corte Constitucional, a fin de fijar criterios para que, a partir del alcance y contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se pueda delimitar lo que debe entenderse como funcionamiento anormal o defectuoso de la justicia. Así:

“El derecho a una tutela judicial efectiva, apareja, entre otras cosas, la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda acometer, libremente, la plena defensa los derechos o intereses propios a fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Es un derecho de naturaleza prestacional, pues exige la puesta en obra del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, debe afirmarse que se trata de un derecho de configuración legal y, en consecuencia, depende, para su plena realización, de que el legislador defina los cauces que permitan su ejercicio”.

“Debe tenerse en cuenta que, tal como lo ha expresado la Corte, “... si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos al legislador, “en razón de que no se agotan en si (sic) mismas, sino que con ellas trasciende la idea, por demás general, impersonal y abstracta, de realización de justicia”.

“(…) la tutela judicial que el Estado está en el deber de garantizar a las personas vinculadas a la decisión es un derecho fundamental que demanda actuaciones ciertas, reales, y de claro compromiso institucional, de parte de las autoridades y de los particulares, enmarcadas dentro del postulado constitucional de la buena fe y el deber de respeto de los derechos ajenos y no abuso de los propios”.

“El derecho a la tutela judicial efectiva comprende no solo la posibilidad que se reconoce a las personas, naturales o jurídicas, de demandar justicia ante las autoridades judiciales del Estado, sino, también, la obligación correlativa de éstas, de promover e impulsar las condiciones para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo. Así, ha dicho la Corte que “[n]o existe duda que cuando el artículo 229 Superior ordena ‘garantiza[r] el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia’, está adoptando, como imperativo constitucional del citado derecho su efectividad, el cual comporta el compromiso estatal de lograr, en forma real y no meramente nominal, que a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico y se protejan las garantías personales que se estiman violadas.” De este modo, el derecho de Acceso a la Administración de Justicia permite alentar a las personas la expectativa de que el proceso culmine con una decisión que resuelva de fondo las pretensiones. Para ello es necesario que el juez adopte las medidas de saneamiento que sean necesarias para subsanar los vicios que puedan impedir una decisión de fondo”.

Ahora bien, por su parte esta Corporación desde muy temprano consideró que puede existir un “mal funcionamiento del servicio público de la justicia” como consecuencia de la negligencia de los empleados judiciales. Se trata de encuadrar la responsabilidad en relación con los “actos que cumplen los jueces en orden de (sic) definir cada proceso, los que no requieren de más que de la prudencia administrativa”.

De acuerdo con lo anterior, la responsabilidad por funcionamiento anormal o defectuoso de la administración de justicia “se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para el (sic) realizar el juzgamiento o la ejecución de las decisiones judiciales”, lo que encaja en la tesis de la falla probada en el servicio. Igualmente pueden incluirse “(…) todas las acciones u omisiones que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia en que incurran no sólo los funcionarios sino también los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, los empleados judiciales, los agentes y los auxiliares judiciales”.

Lo anterior ha llevado a que la doctrina recientemente afirme que:

“el daño antijurídico en las hipótesis de defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, tiene carácter residual, deviniendo en consecuencia el mismo, no de una providencia judicial viciada por error,… o de una privación injusta de la libertad que de una u otra manera involucra decisiones judiciales, sino, y en esto radica su carácter residual, de todas aquellas conductas del aparato judicial abiertamente contrarias a derecho que resulten ser escandalosas y contrarias al ordenamiento jurídico generadoras de daños y perjuicios materiales y morales que la victima de las mismas no esta llamada a soportar”.

5.2.1.2. Imputación del daño en los eventos de defectuoso funcionamiento.

El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo definió el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia como aquel que constituye una falla del servicio, por “mal servicio administrativo”. Su configuración precisa de excluir que no se trate de un acto jurisdiccional [propiamente], sino que sea, por ejemplo, un acto administrativo que implica que no hubo una revisión meticulosa por parte del despacho judicial de los elementos y actos de ejecución que permitan el impulso y desarrollo de la obligación de impartir justicia.

Cabe señalar que antes de la Constitución Política de 1991 el precedente de la Sala distinguía la falla del servicio judicial, del error judicial, donde el primero “se asimiló a las actuaciones administrativas de la jurisdicción”. De acuerdo con esta definición, se definieron como supuestos de fallas del servicio judicial: i) la sustracción de títulos valores, ii) la falsificación de oficios, iii) el hecho omisivo “consistente en la falla administrativa cometida por el secretario del Juzgado” de no haber dado a conocer al demandante la existencia de la apertura de un proceso de quiebra [que afectó un remate que se iba a realizar], iv) error en un aviso de remate que lleva a declararlo sin valor, v) prevalencia del embargo y secuestro respecto de bienes que ya habían sido objeto de esas medidas en otro proceso ejecutivo, vi) las omisiones del juzgado al no exigir al secuestre prestar la caución, vii) actuación secretarial que llevó a que una diligencia de remate se hubiera tenido que declarar sin valor.

En este orden de ideas, la responsabilidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce por una falla probada del servicio; sin que ello implique que no sea posible que la imputación pueda realizarse desde el punto de vista objetivo.

6.-Análisis del caso concreto

Para realizar el análisis del caso concreto la Sala en primer lugar verificará si se encuentra acreditado el daño antijurídico; si ello es así, posteriormente examinará si dicho daño es imputable a la Nación –Rama Judicial por un defectuoso funcionamiento que permita atribuirle falla del servicio de administración de justicia.

6.1 El daño antijurídico en el caso concreto.

En la demanda el daño se hace consistir en la pérdida del vehículo automotor de placas SGP701, que se presentó como consecuencia del oficio elaborado por la Secretaría del Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, en el que se ordenó entregar a persona distinta al demandante el vehículo que le había sido retenido. Este daño se tiene por acreditado, toda vez que obran en el expediente el auto del 11 de Julio de 2007, mediante el cual el Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, una vez se embargó el vehículo en cuestión, ordenó su aprehensión (fl.12 del C.5); de igual forma aparece en el plenario que el mismo fue retenido el 17 de julio 2007 y puesto a disposición del Despacho, y que quien lo poseía en el momento de la retención era el aquí demandante (fl. 14 del C.5).

Igualmente se acreditó que, una vez terminado el proceso ejecutivo, el juzgado ordenó entregar el vehículo a quien había sido despojado del mismo (fl.16.c4) y, pese a ello, en el oficio en que se ordenó entregar el bien, se indicó que el mismo debía ser entregado al demandado; se advierte que si bien este oficio no obra en el expediente, sí existe un reconocimiento del error por parte del juez civil 69 municipal, consignado en el auto del 29 de enero en el que deja sin efecto el referido oficio y admite que ocurrió una equivocación por parte de la secretaria de ese despacho(fls.25-27 del C.4).

Finalmente, la pérdida del vehículo se tiene por acreditada con el oficio de la Secretaría de Movilidad del 3 de abril de 2008, en el que informa que la licencia del vehículo de placas SGP ha sido cancelada por destrucción total del mismo (fl. 52 del C.4); lo que se ratifica con el oficio de la Coordinación Jurídica de movilidad, en el que informa que el vehículo que le había sido retenido al aquí demandante fue dado en reposición, por otro vehículo (fl.67 del C.4).

6.2 La imputación en el caso concreto

Procede ahora la Sala a verificar si el daño antijurídico que se viene de constatar, resulta imputable a la Rama Judicial, y para el efecto, analizará si de la conducta desplegada por la secretaria del Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, constituye un defectuoso funcionamiento en la prestación del servicio de administración de Justicia.

Al respecto la Sala observa que es evidente que la secretaría del mencionado juzgado contrarió lo ordenado por el juez, en el sentido que desconoció que el mandato de entrega emanado del despacho tenía como destinatario a Edgar Veloza Veloza, por haber sido este quien detentaba la posesión del vehículo en el momento de la retención. Posesión que, contrariamente a lo afirmado por el A quo, si estaba demostrada, como quiera que la entrega de la misma se había documentado en el contrato de permuta, pues dicho contrato, en términos del artículo 1955 del Código Civil, es un intercambio de cosa por cosa; y conforme al 1956 ejusdem, se reputa perfecto con el mero consentimiento, a menos que los bienes intercambiados sean raíces o derechos de sucesión hereditaria. Así las cosas, al celebrarse la permuta de vehículos automotores, la entrega de uno y otro vehículo transfirió a los receptores de los mismos la posesión sobre cada uno de estos; y si bien respecto del vehículo retenido, cuando ocurrió la retención, aún no se había inscrito el formulario de traspaso, y por lo tanto no se había transferido el dominio al señor Veloza Veloza; pese a ello, el aquí demandante lo recibió con ánimo de señor y dueño y en tal virtud detentaba la posesión del mismo.

Así las cosas, la secretaría del Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, al haber elaborado el oficio que ordenaba la entrega del vehículo SGP-701, a una persona distinta a quien era su poseedor, no obstante que el juez titular de ese despacho había ordenado que tal entrega se realizara a este; incurrió en un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Por lo tanto, la Sala revocará la decisión y en su lugar declarará la responsabilidad de la Rama Judicial.

7. Reconocimiento y liquidación de perjuicios.

7.1 Perjuicios morales

En la demanda se solicitó el reconocimiento de perjuicios morales para cada uno de los demandantes, en una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales. A propósito del reconocimiento de perjuicios morales por la pérdida de bienes materiales, esta Corporación ha indicado que los mismos no se presumen, sino que deben ser probados. En el sub judice, el demandante solicitó, con el propósito de acreditar tales perjuicios, los testimonios de 4 personas, tres de los cuales fueron recepcionados el 7 de septiembre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 14-18 C.2).

Las declaraciones rendidas por María del Pilar Salas, Oswaldo Pérez Garavito y María Espejo Hernández, dan cuenta de manera fehaciente del desasosiego que sufrió el señor Veloza Veloza con ocasión de la retención y la pérdida del vehículo automotor; la primera de ellas tuvo conocimiento del hecho por haber prestado dinero para atender algunas obligaciones que como padre tenía con sus hijos; el segundo, en su condición de abogado que adelantó las diligencias para la recuperación del vehículo incautado, da cuenta de la situación de inseguridad que lo acongojaba por su condición de cabeza de familia, por ser el único que trabajaba para la manutención de los hijos; la tercera declarante, en su condición de vecina de los demandantes, da cuenta que al señor Veloza Veloza se le veía muy angustiado por la pérdida del vehículo que era su único medio de sustento.

Valorados estos testimonios, la Sala les otorga credibilidad en cuanto al perjuicio moral sufrido por el señor Edgar Veloza Veloza, dado que resulta verosímil que quien le prestó dinero para atender sus obligaciones familiares y el abogado que lo ayudó en la recuperación del vehículo conocieran su estado de ánimo; y en cuanto a la vecina, ésta de manera concordante con los dos anteriores, señala la angustia que le produjo la pérdida del vehículo por ser su único medio de subsistencia. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que cada declarante dio la razón de su dicho, los mismos resultan creíbles. Sin embargo, no pueden valorarse de la misma manera esas declaraciones respecto del supuesto perjuicio moral sufrido por los otros demandantes, pues algunos de ellos nada dicen sobre el sufrimiento de la cónyuge y de la mamá del señor Veloza Veloza, ni el de sus menores hijos. Y los testigos que los mencionan, sostienen que todos los miembros de la familia iban a la oficina de los abogados para ver cómo se desarrollaba el incidente de desembargo del bien; lo cual, de suyo, no demuestra sufrimiento por parte de esos demandantes; otra de las testigos da cuenta que la esposa debió trabajar cuidando niños y la madre del señor Veloza lavando ropa, circunstancias que no denotan en quienes las desarrollan desasosiego o sufrimiento.

Así las cosas, se reconocerá el perjuicio moral al demandante Edgar Veloza Veloza, y se negará respecto de los demás. Ahora bien, en cuanto a la liquidación del perjuicio, aplicando la equidad la Sala establece la indemnización de dicho perjuicio en suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales, habida cuenta del tiempo en que estuvo retenido el vehículo y su posterior destrucción.

7.2 Perjuicios materiales.

7.2.1 Daño emergente

Se solicita en la demanda como daño emergente el valor del vehículo automotor Bus de Placas SGP -701, y para el efecto se reclama un valor equivalente a 200 salarios mínimos legales mensuales, o lo que resultare probado en el proceso. Sobre el particular la Sala observa que el contrato de permuta da cuenta que el bus SGP- 701, fue recibido por un valor de $50.000.000, el día 23 de febrero de 2007, en consecuencia, esta cifra será tenida en cuenta como el valor del vehículo retenido y destruido, suma que será actualizada con la siguiente fórmula matemática utilizada por esta Corporación.

Va = Vi ( If / Ii )
donde,

Va : valor actual
Vi : valor inicial, equivalente a la suma por la cual fue permutado el vehículo, esto es, $50.000.000.oo
If : índice final, equivalente al ultimo IPC conocido, mayo de 2018, esto es, 142,06
Ii : índice inicial, equivalente al IPC para febrero de 2007, fecha en que se realizó el contrato de permuta, esto es, 89,58

En este orden, Va = Vi ( If / Ii )
Va = 50.000.000.oo (142,06 / 73,80)
VA = 96.246.612.oo

Se condenará entonces a la Rama Judicial, a pagar por concepto de daño emergente la suma de $96.246.612.oo

7.2.2 Lucro cesante.

La Sala constata que dentro del expediente obra una certificación expedida por la Empresa Sidauto S.A, Pacifico S.A., y en esta se afirma que un vehículo automotor, bus de 46 pasajeros, modelo 1995, prestando los servicios de rutas en Bogotá, según estadísticas, pueden tener un producido mensual de $4.800.000. Como esta certificación no da cuenta de lo específicamente dejado de percibir por los demandantes, la Sala condenará en abstracto. Para efectos de la correspondiente liquidación se deberán acreditar, por los medios probatorios idóneos, los ingresos mensuales que el señor Veloza Veloza obtuvo como poseedor del vehículo de placas SGP -701, por su explotación desde febrero 23 de 2007, hasta el 17 de julio del mismo año, fecha esta última en la que fue retenido el automotor; lo anterior a fin de determinar el promedio mensual de ingresos. A la cifra que allí se determine deberá descontársele el 50%, que representan los gastos de mantenimiento y combustible, en que se habría incurrido si el vehículo, en lugar de estar incautado hubiese sido explotado económicamente. Una vez realizado ese descuento, la suma correspondiente deberá actualizarse, y la cantidad obtenida constituirá la base para la liquidación del lucro cesante impetrado en la demanda. El periodo indemnizatorio estará comprendido entre la fecha de la retención y el día en que se efectúe la correspondiente liquidación de la condena en abstracto.

8. Condena en costas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se impondrán.

Por lo expuesto la Sala revocará la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que negó las pretensiones de la demanda.

R E S U E L V E

REVOCAR la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a LA NACIÓN- RAMA JUDICIAL, de los perjuicios ocasionados a EDGAR VELOZA VELOZA como consecuencia del defectuoso funcionamiento de la administración de Justicia en que incurrió la Secretaría del Juzgado 69 Civil Municipal de Bogotá, al elaborar un oficio en el que ordenó la entrega del vehículo de placas SGP-701, del que VELOZA VELOZA era poseedor, a una persona distinta a él; contrariando lo dispuesto por el titular de ese juzgado.

SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL, a pagar al señor EDGAR VELOZA VELOZA, por concepto de perjuicios morales, una suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TERCERO: CONDENAR a la RAMA JUDICIAL, a pagar al señor EDGAR VELOZA VELOZA, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad daño emergente, la suma de NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEICIENTOS DOCE PESOS ($96.246.612.oo ).

CUARTO: CONDENAR EN ABSTRACTO a la NACIÓN- RAMA JUDICIAL a pagar a EDGAR VELOZA VELOZA, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad lucro cesante; para la correspondiente liquidación deberán tenerse presente los criterios consignados en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: SIN CONDENA EN COSTAS, en esta instancia

SEXTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaró voto Cfr. AV. Rad. 34146-15 #1; Rad. 35796-16 #2; Rad. 34158-15 #3; Voto disidente Rad. 34751/16; Rad. 38876/18#1

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente
Fls.115-119 C.P
Fls. 105-113 C.P
Fls.132-139 C.P
Folio 16 Cuaderno No. 1. Folio 18 Cuaderno No. 1. Folios 19-26 Cuaderno No.1. Folio 29-31 Cuaderno No.1. Folio 69 Cuaderno No 1. Folio 71-82 Cuaderno No 1. Folio 83-103 Cuaderno No 1. Folio 105-113 Cuaderno principal
Folio 115-119 Cuaderno principal
Folio 121 Cuaderno principal
Folio 125 Cuaderno principal
Folio 127 Cuaderno principal
Folio 128-133 Cuaderno principal. Folio 134 Cuaderno principal. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez, Exp.: 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 9 de diciembre de 2010, Exp.: 39085, C.P.: Ruth Stella Correa; Auto de 21 de octubre de 2009, Exp.: 36913, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez; y Auto de 28 de marzo de 2012, Exp.: 42864, C.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Corte Constitucional. Sentencia C- 965 de 2003. ARTICULO 21. SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0640_2001.html" \l "2" 2o. de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”. (Subrayado fuera de texto)
Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, Rad. 10909, M.P. Delio Gómez Leyva. Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, Rad. 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
“3- Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de
Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada –en especial en el artículo 16- los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, sentencia C-864 de 2004, sentencia C-037 de 2003. Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes: 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”.
“(…) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la Administración la que tenga que soportarlo”.

PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, No.4, 2000, p.185.
“(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”. ob., cit., p.186. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal – bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía- sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, sentencia C-285 de 2002. Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana". Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente: 9550. Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.
“(…) por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente: 12166. Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente: 1999-02382 AG.
"(…) el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo (…) Se parte, en acuerdo con C. THIBIERGE cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad sólo por la simple amenaza del daño, con la condición de que éste último sea suficientemente grave” (…) La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido (…) La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil.

Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”. HENAO, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª editorial, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pp.194, 196 y 203. Corte Constitucional, sentencia C-043 de 2004. En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. KANT, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, p.35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003. El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, sentencia C-254 de 2003.
“El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. GIMBERNAT ORDEIG, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pp.77 ss. MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7. LARENZ, K. “Hegelszurechnungslehre”, en MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob., cit., p.7. JAKOBS, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994.

Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo… No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005, expediente: 14170. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob., cit., p.171. El principio de proporcionalidad se compone de tres sub- principios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización (…) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer sub principio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62. La ley de la ponderación pone de manifiesto que ésta se puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.64. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob., cit., p.62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “… la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación –afirma Habermas- los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, p.259. A lo que agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”.

Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. HABERMAS, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en ROSENFELD, Michel; ARATO, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, p.430. La profesora BELADIEZ comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados desproporcionados e injustos>> para la Administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. LEGUINA VILLA, Jesús. “Prólogo”, en BELADIEZ ROJO, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, p.23. MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema., ob., cit., p.204.
“(…) el tema de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las Administraciones Públicas como consecuencia de la amplia actividad que éstas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la Administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de Derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de Derecho”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob., cit., p.308. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente: 21515; de 23 de agosto de 2012, expediente: 23492. Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. MERKL, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, p.211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no «parezcan» excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la Administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la Administración”.

MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob., cit., p.311.
“En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente: 21515; 23 de agosto de 2012, expediente 24392. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015. Una reseña de las decisiones del Consejo de Estado que contiene este sincretismo entre error y privación injusta de la libertad puede ser consultada en SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, cit. pág. 22. SABOURAULT, Didier. “La responsabilidad del servicio público de la justicia en Bélgica”, en DEGUERGUE, Maryse (Coord.) La justicia y la responsabilidad del Estado, Bogotá, Universidad de Santo Tomás, 2010, p.94. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva. Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p.57. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.58. TOLIVAR ALAS, Leopoldo. “La responsabilidad patrimonial del Estado-Juez”, en QUINTANA LÓPEZ, Tomás (Dir.). La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales. Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, p.518. Corte Constitucional, Sentencia C-318 de 30 de junio de 1998, M.P.: Carlos Gaviria Díaz. Corte Constitucional, Sentencia C-1043 de 10 de agosto de 2000, M.P.: Álvaro Tafur Galvis. Tesis reiterada en la sentencia C-207 de 11 de marzo de 2003, M.P.: Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, Sentencia T-424 de 6 de mayo 2004, M.P.: Álvaro Tafur Galvis. Corte Constitucional, Sentencia T-247 de 10 de abril de 2007, M.P.: Rodrigo Escobar Gil. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 10 de noviembre de 1967. Exp.: 867. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Lo que se ratifica en el precedente afirmando que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915, C.P.: María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se sostiene en el precedente que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que… efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Recientemente el precedente de la Sala hace referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp.: 17301, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez (E). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.

Lo que significa que la responsabilidad del Estado puede surgir también “cuando tales daños son producidos en desarrollo de la función judicial, o por el acto judicial mismo o por los hechos, omisiones o excesos en el desarrollo judicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de septiembre de 2001, Exp.12915, C.P.: María Elena Giraldo Gómez. Así mismo, se ha sostenido que la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la administración de justicia incluye las actuaciones “que (…) efectúen en el ámbito propio de la actividad necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Recientemente la Sala ha hecho referencia a hechos o simples trámites secretariales o administrativos como hipótesis de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp.: 17301, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez (E). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. En el derecho comparado se afirma que “se trata de un funcionamiento anormal debido a la actividad de los juzgados y tribunales, tanto de los propios jueces y magistrados en el ejercicio de su actividad jurisdiccional como de la oficina judicial a través de los secretarios judiciales que la dirigen y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia”. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.57. COLOMBIA, Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 1º de octubre de 1992, expediente: 7058. Sentencia del 13 de agosto de 1993, expediente: 7869 y sentencia de 18 de septiembre de 1997, expediente: 12686. SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por el actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015. Pág. 155.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp.: 10285, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 1990, Exp.: 5451, C.P.: Julio Cesar Uribe Acosta.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de septiembre de 1997, Exp.: 10285, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.
En el derecho comparado el funcionamiento anormal procede de actuaciones materiales, normalmente dilaciones indebidas, pero también por omisiones de fases, trámites o etapas procesales que impiden el recto enjuiciamiento de los asuntos. Son ejemplos típicos de funcionamiento anormal: las dilaciones indebidas, la desaparición de dinero, joyas, documentos u otras pruebas de convicción, sustracción de las mismas”. GONZÁLEZ ALONSO, Augusto. Responsabilidad patrimonial del Estado en la administración de justicia. Funcionamiento anormal, error judicial y prisión preventiva., ob., cit., p.58.
Consejo de estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque. Puede verse el precedente Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 24 de mayo de 1990, Exp.: 5451, C.P.: Julio Cesar Uribe Acosta.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 12 de septiembre de 1996, Exp.: 11092.
La actuación fallida está relacionada con “una actuación necesaria para la aplicación de la decisión judicial previa: la que ordenó el remate”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 10 de mayo de 2001, Exp.: 12719, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de noviembre de 2001, Exp.: 13164, C.P.: Ricardo Hoyos Duque.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de agosto de 2010, Exp.: 17301, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez (E).

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