Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00161-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2010-00161-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00161-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2010-00161-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
19 de abril de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023).
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Demandante: EQUIPOS Y CIMENTACIONES SA Y OTROS
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES - APELACIÓN
DE SENTENCIA
Asunto: RECHAZO DE PROPUESTA EN LICITACIÓN PÚBLICA
POR PARTICIPAR EN MÁS DE UNA OFERTA
Síntesis del caso: en el desarrollo de una licitación pública el Instituto de Desarrollo Urbano
rechazó la propuesta presentada por el consorcio integrado por los demandantes. Los
actores aseguran que no se configuró la causal de rechazo empleada por la entidad
demandada pues, a su juicio, no incurrieron en la prohibición prevista en el pliego de
condiciones.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 24 de julio de 2019 proferida por la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 579 a 595 cdno.
ppal.) mediante la cual se dispuso lo siguiente:
“PRIMERO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia LIQUÍDENSE por
Secretaría los gastos del proceso. Devuélvase los remanentes al
interesado. Pasados dos (2) años sin que hubieren sido reclamados, la
Secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama Judicial.” (fl. 595
cdno. ppal. - negrillas y mayúsculas sostenidas del original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 16 de marzo de 2010 (fl. 23 cdno. ppal.), las
compañías Equipos y Cimentaciones SA, Ingenieros Constructores e Interventores
ICEIN SA, Compañía Hernández Páramo Ltda (Coherpa Ltda), Indugravas Ltda,
Civilia SA y el señor Orlando Hernández Hernández –integrantes del consorcio Vial
2
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Transmilenio Fase III1– presentaron demanda en ejercicio de la acción de
controversias contractuales prevista en el artículo 87 del Código Contencioso
Administrativo (CCA) (fls. 23 a 89 y 93 a 94 cdno. ppal.) en contra del Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU) con las siguientes súplicas:
“PRIMERA.- Que se declare la nulidad de la Resolución no. 6676 del 21
de diciembre de 2007, por la que el INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO (IDU), adjudicó el contrato correspondiente al Grupo 5 de la
Licitación Pública IDU-LP-DG-022-2007 al proponente PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA INFRAESTRUCTURA URBANA SA, integrado por
CONALVÍAS SA, INFRACON SA, PATRIA SA, CÉSAR JARAMILLO &
CÍA LTDA, EDGAR JARAMILLO & CIA LTDA, AGRO MEZCLAS SA y
ALMACENES LA 14 SA.
SEGUNDA.- Que, como consecuencia de la declaración anterior, se
declare la nulidad absoluta del contrato no. 138 de 2007 suscrito entre el
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) y la sociedad
INFRAESTRUCTURAS URBANA SA, con fundamento en las causales
enunciadas en los numerales 2 y/o 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.
TERCERA.- Que se declare que el proponente CONSORCIO VIAL
TRANSMILENIO FASE III tenía derecho a la adjudicación del contrato
correspondiente al Grupo 5 de la Licitación Pública IDU-LP-DG-022-2007
adelantada por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) y, en
consecuencia, a celebrar y ejecutar el contrato respectivo, por haber
presentado la oferta que debió obtener el primer puesto dentro del orden
de elegibilidad del Grupo 5, de acuerdo con las reglas establecidas en el
Pliego de Condiciones.
CUARTA.- Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se
condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) a pagar a
INGENIEROS CONSTRUCTORES E INTERVENTORES ICEIN SA,
COMPAÑÍA HERNÁNDEZ PÁRAMO LTDA (COHERPA LTDA),
ORLANDO HERNÁNDEZ, INDUGRAVAS LTDA, EQUIPOS Y
CIMENTACIONES SA y CIVILIA SA, a modo de restablecimiento del
derecho, el valor de los perjuicios causados por no habérsele adjudicado
el contrato del Grupo 5 de la Licitación Pública IDU-LP-DG-022-2007 al
proponente CONSORCIO VIAL TRANSMILENIO FASE III, del que
aquellas formaban parte, desconociéndoseles el derecho a celebrar el
respectivo contrato y a ejecutar la totalidad del mismo. Estos perjuicios
corresponden al daño emergente, representado en las sumas que cada
uno de los demandantes hubiera recibido como beneficio económico
normal derivado de la ejecución del objeto contractual, esto es, el 30,2%
de la utilidad del contrato, así como al lucro cesante, consistente en los
rendimientos que dichos dineros recibidos oportunamente hubieran
producido.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA CUARTA PRETENSIÓN.- Que se
condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) a pagar, a
título de restablecimiento del derecho a los demandantes, el 30,2% del
monto amparado por la garantía de seriedad de la propuesta presentada
1 Los siguientes integrantes del consorcio –el resto– no demandaron: Mario Alberto Huertas Cotes,
Procopal SA, Meyan SA, DQ Ingeniería EU, MH Pavimentos SA, Conciviles SA y Agregados y
Mezclas Cachibi SA, pero, fueron vinculados como litisconsortes necesarios por activa.
3
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
dentro la Licitación Pública IDU-LP-DG-022-2007 Grupo 5, porcentaje que
corresponde a la participación de los demandantes dentro del grupo
proponente CONSORCIO VIAL TRANSMILENIO FASE III.
QUINTA.- Que se actualice el valor del daño emergente determinado de
acuerdo con la pretensión anterior, con base en el índice de precios al
consumidor certificado por el DANE, bien para el período comprendido
entre la época en que las sociedades demandantes debían percibir los
beneficios económicos derivados de la ejecución del contrato
correspondiente al Grupo 5 de la Licitación Pública IDU-LP-DG-022-2007
y la fecha en que se produzca la sentencia, para el caso de la pretensión
cuarta principal; o bien para el período comprendido entre la fecha de
presentación de la propuesta del oferente CONSORCIO VIAL
TRANSMILENIO FASE III, y la fecha en que se produzca la sentencia,
para el caso de la pretensión cuarta subsidiaria.
SEXTA.- Que por concepto de indemnización del lucro cesante se
condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) al pago de
intereses comerciales sobre el valor del daño emergente actualizado, de
acuerdo con el artículo 884 del Código de Comercio, para el periodo
comprendido entre la época de causación del daño y la fecha de la
sentencia.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA A LA SEXTA PRETENSIÓN.- Que para
indemnizar el lucro cesante se condene al INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO (IDU) a pagar intereses civiles sobre el valor del
daño emergente actualizado, para el período comprendido entre la época
de causación del daño y la fecha de la sentencia.
SÉPTIMA.- Que se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
(IDU) al pago de las costas del juicio y las agencias en derecho en la
cantidad que determine esa H. Corporación.
OCTAVA.- Que se ordene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
(IDU) dar cumplimiento a la sentencia a partir de su ejecutoria, en los
términos prescritos en el artículo 176 del Código Contencioso
Administrativo.
NOVENA.- Que sobre las cantidades liquidas reconocidas en la sentencia
se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) a pagar
intereses de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso
Administrativo.” (fl. 24 a 26 y 93 cdno. ppal. - negrillas y mayúsculas
sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso, en
síntesis, lo siguiente:
1) El 14 de septiembre de 2007, mediante la Resolución número 4382, el IDU
ordenó la apertura de una licitación pública para contratar la “ejecución de las obras
de construcción y todas las actividades necesarias para la adecuación de la Calle
26 (avenida Jorge Eliécer Gaitán) y de la carrera 10 (avenida Fernando Mazuera),
4
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
al sistema Transmilenio y su posterior mantenimiento en la ciudad de Bogotá DC”
(fl. 28 cdno. ppal.).
2) La licitación se dividió por tramos los cuales se distribuyeron en cinco (5) grupos,
en el quinto grupo participaron, entre otros oferentes, el Consorcio Vial
Transmilenio Fase III –el de los demandantes–, la promesa de sociedad futura
Constructora Bogotá Fase III SA –con la participación de la empresa Concesión
Santa Marta Paraguachón SA– y la promesa de sociedad futura Infraestructura
Urbana SA –la adjudicataria–.
3) El 21 de diciembre de 2007, en la audiencia pública de adjudicación, la entidad
demandada rechazó la propuesta presentada por el consorcio conformado por los
actores, por el hecho de que dos de sus integrantes –Mario Alberto Huertas Cotes y
Constructores e Interventores SA– eran accionistas de la compañía Concesión
Santa Marta Paraguachón SA que integraba la promesa de sociedad futura
Constructora Bogotá Fase III SA –uno de los otros proponentes del quinto grupo–.
4) El IDU consideró que el consorcio de los demandantes incumplió los términos de
referencia que prohibían la participación simultánea de sus integrantes por sí o por
interpuesta persona en varias propuestas.
5) El mismo día –21 de diciembre de 2007–, a través de la Resolución número
6675, el IDU adjudicó las obras del quinto grupo a la promesa de sociedad futura
Infraestructura Urbana SA, en consecuencia, suscribieron el contrato de obra
identificado con el número 138 del 28 de diciembre del mismo año.
3. Cargos de la demanda
La parte demandante consideró que el acto acusado desconoció los artículos 2, 6,
29, 83, 121, 122, 123 y 209 de la Constitución Política; 34 y 36 del Código
Contencioso Administrativo y 98 del Código de Comercio; la solicitud de nulidad se
sustentó en lo siguiente:
“Infracción de las normas en que debía fundarse”, “falta absoluta de competencia
del Instituto de Desarrollo Urbano para proceder a levantar el velo corporativo de la
sociedad anónima Concesión Santa Marta Paraguachón SA”, “falsa motivación
[por] la expresión ‘interpuesta persona’”, “desconocimiento del derecho de
5
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
audiencia y defensa de los integrantes del Consorcio Vial Transmilenio Fase III”,
“vía de hecho” y, “responsabilidad patrimonial en la que ha incurrido el Instituto de
Desarrollo Urbano”, por cuanto el IDU interpretó extensivamente la prohibición
prevista en el pliego de condiciones, si bien no estaba permitido que un proponente
ofertara más de una vez por sí o por interpuesta persona, lo cierto es que el hecho
de que dos de los integrantes de consorcio Vial Transmilenio Fase III fueran
accionistas en una compañía que hacía parte de otro proponente que también
competía en el quinto grupo no desconocía la prohibición en comento.
La entidad levantó de facto el velo corporativo con olvido de que la sociedad es una
persona autónoma y distinta de los socios que la integran, por lo tanto, los socios
no actuaron por interpuesta persona cuando la compañía de la que hacían parte
participó como miembro de otro oferente.
4. Contestaciones de la demanda e intervención de los litisconsortes
1) El Instituto de Desarrollo Urbano (fls. 128 a 141 cdno. ppal.) propuso las
excepciones de i) “inepta demanda por indebida escogencia de la acción”, porque
la legalidad de los actos precontractuales únicamente se podía cuestionar a través
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que, en todo caso, estaba
caducada; ii) “falta de legitimación en la causa por activa, indebida integración del
litisconsorcio necesario”, debido a que la demanda no fue promovida por todos los
integrantes del consorcio que participó en la licitación pública y, iii) “inexistencia de
vicios que invaliden la presunción de legalidad del acto administrativo acusado en el
presente litigio”, en tanto que el actor debía acreditar que el adjudicatario no
cumplía con los requisitos exigidos en el proceso de selección.
2) Por su parte, la compañía Infraestructura Urbana SA –la firma adjudicataria– (fls.
165 a 175 cdno. ppal.) aseguró que los miembros del Consorcio Vial Transmilenio
Fase III sí actuaron a través de interpuesta persona, porque la sociedad de la
hacían parte era un tercero vinculado a ellos.
3) Los litisconsortes2 Mario Alberto Huertas Cotes, Procopal SA, Meyan SA, MH
Pavimentos SA y Agregados y Mezclas Cachibi SA solicitaron que no se les
2 Por auto del 21 de junio de 2016 el a quo vinculó de oficio al resto de los integrantes del Consorcio
Vial Transmilenio Fase III como litisconsortes necesarios por activa (fls. 516 a 518 cdno. ppal.).
6
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
extendiera los efectos de la sentencia; Conciviles SA guardó silencio y DQ
Ingeniería EU intervino extemporáneamente (fls. 429 a 546 cdno. ppal.).
5. Sentencia de primera instancia
La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en providencia del 24 de julio de 2019 negó las pretensiones de la
demanda con los siguientes fundamentos:
1) Toda sociedad actúa en procura de los intereses de sus asociados, en
consecuencia, la compañía Concesión Santa Marta Paraguachón SA –que hacía
parte de otro proponente– intervenía en favor de sus accionistas Mario Alberto
Huertas Cotes y Constructores e Interventores SA, por consiguiente, esa múltiple
participación transgredió la prohibición prevista en el pliego de condiciones según la
cual ninguna persona podía intervenir en más de una oferta.
2) La entidad podía averiguar la composición accionaria de las sociedades
participantes sin que ello significara levantar el velo corporativo, además, el IDU
solicitó las explicaciones y las pruebas pertinentes antes de rechazar la propuesta.
6. Recurso de apelación
La parte actora (fls. 597 a 619 cdno. ppal.) manifestó su inconformidad con los
siguientes argumentos:
1) No es cierto que las sociedades siempre actúen como interpuesta persona en
favor de sus socios pues, ello desconoce que las sociedades son personas distintas
de sus asociados individualmente considerados y significa, de un lado, una
interpretación extensiva de la causal prevista en el pliego y, de otro, el
levantamiento de facto del velo corporativo.
2) Además, “no existe inhabilidad constitucional o legal que impida que una
sociedad anónima, de la cual es accionista una persona natural y/o jurídica
integrante de otro grupo proponente, pueda presentar propuesta en una misma
licitación y, como bien se sabe, las normas que consagran inhabilidades son
taxativas, de interpretación restrictiva y no admiten analogía” (fl. 602 cdno. ppal.).
7
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
3) La ilegal decisión del IDU produjo perjuicios a la parte actora, porque debió ser la
adjudicataria del respectivo contrato.
7. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 12 de marzo de 2020 (fl. 627 cdno. ppal.) se admitió el recurso de
apelación y el 26 de febrero de 2021 (índice 24 SAMAI) se corrió traslado para
alegar de conclusión, en dicho término la parte demandante (índice 28 SAMAI)
insistió en las razones de su apelación, el Instituto de Desarrollo Urbano (índice 29
SAMAI) advirtió que no se acreditó la ilegalidad del acto acusado y el agente del
Ministerio Público indicó que los términos de referencia impedían que una persona
participara por sí o por interpuesta persona en más de una propuesta, mientras que
Infraestructuras Urbanas SA y los litisconsortes por activa3 guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) el caso concreto: la causal de rechazo aplicada en la licitación
pública y, 3) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
La controversia planteada en término4, consiste en determinar, conforme a la
apelación de la parte demandante, si se debe revocar la decisión de primera
instancia porque, a juicio del impugnante, el acto acusado es nulo.
En esta instancia el análisis de legalidad no abordará las razones relacionadas con
la ausencia de una inhabilidad legal que sustentara la causal de rechazo empleada
por la entidad demandada en la licitación pública, porque el recurso de apelación no
3 El señor Mario Alberto Huertas Cotes (índice 34 SAMAI) allegó una solicitud a nombre propio; sin
embargo, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre esta toda vez que fue presentada sin
intervención de apoderado judicial contrario, por lo tanto, a lo establecido en el artículo 73 del
Código General del Proceso.
4 Las pretensiones se presentaron oportunamente, ya que el contrato se suscribió el 28 de diciembre
de 2007 (fl. 4.506 cdno. 8), la demanda se radicó el 16 de marzo de 2010 (fl. 23 cdno. ppal.) y el
término de caducidad se suspendió entre el 17 de diciembre de 2009 y el 3 de marzo de 2010 por el
trámite conciliatorio (fls. 4.588 a 4.592 cdno. 8).
8
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
es la oportunidad procesal para adicionar cargos de anulación, como parece haber
intentado el apelante cuando introdujo ese aspecto en su impugnación, pero, que
no desarrolló en su demanda.
Se confirmará la sentencia de primera instancia pues, tal como lo sostuvo el a quo,
el acto acusado no incurrió en ninguno de los cargos de nulidad propuestos en la
demanda.
2. El caso concreto: la causal de rechazo aplicada en la licitación pública
1) La parte demandante asegura que no incurrió en la prohibición prevista en los
términos de referencia por el hecho de que no hubo doble participación de los
integrantes del Consorcio Vial Transmilenio Fase III; al respecto, es necesario
precisar lo siguiente:
a) Los numerales 1.15.4 y 3.7 (literal d) del pliego de condiciones establecieron una
restricción y una casual de rechazo por incumplirla, en los siguientes términos:
“1.15.4 Limitación a presentación de ofertas por parte del
proponente. Cada proponente podrá presentar solamente una oferta por
grupo, ya sea por sí solo o como integrante de un consorcio o unión
temporal. El proponente o integrante de un consorcio o unión
temporal que presente más de una oferta o participe en más de una
de ellas por grupo causará el rechazo de todas las ofertas que
incluyan su participación.
3.7 Admisibilidad y rechazo de las propuestas: (…) d) Cuando un
proponente presente en un mismo grupo por sí o por interpuesta
persona, en consorcio, unión temporal más de una oferta o participe en
más de una de ellas por grupo, causará el rechazo de todas las
ofertas que incluyan su participación.” (fls. 20 y 257 cdno. 2 - se
resalta).
b) El Consorcio Vial Transmilenio Fase III y la promesa de sociedad futura
Constructora Bogotá Fase III SA presentaron propuesta en el quinto grupo de la
licitación, los participantes estaban integrados de la siguiente forma:
Consorcio Vial Transmilenio Fase Promesa de sociedad futura
III Constructora Bogotá Fase III SA
Mario Alberto Huertas Cotes Odinsa SA
Ingenieros Constructores e
Odinsa PI SA
Interventores ICEIN SA
9
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Consorcio Vial Transmilenio Fase Promesa de sociedad futura
III Constructora Bogotá Fase III SA
Concesión Santa Marta Paraguachón
Compañía Hernández Páramo Ltda
SA5
Indugravas Ltda Valores y contratos SA
Civilia SA Consultoría Colombiana SA
Orlando Hernández Construcorp SA
Equipos y Cimentaciones SA
Procopal SA
Meyan SA
DQ Ingeniería EU
MH Pavimentos SA
Conciviles SA
Agregados y Mezclas Cachibi SA
c) La Resolución número 6675 del 21 de diciembre de 2007 –el acto demandado–
rechazó la propuesta del Consorcio Vial Transmilenio Fase III por lo siguiente:
“[P]rocede la entidad a pronunciarse sobre hechos conocidos con ocasión
de la declaración publicada en la edición del periódico El Tiempo del día
domingo 16 de diciembre de 2007, en la cual el integrante del
CONSORCIO VIAL TRANSMILENIO FASE III señor MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES, manifiesta que él y el integrante ORLANDO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ tienen un tres por ciento (3%) de
participación en la CONCESIÓN SANTA MARTA PARAGUACHÓN SA,
sociedad que al igual que el mencionado consorcio, también participa en
el grupo no. 5 como integrante de la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III.
Por lo anterior, mediante oficio IDU-129566 del 18 de diciembre de
2007 la entidad solicitó al señor MARIO ALBERTO HUERTAS COTES
en su calidad de representante legal del CONSORCIO VIAL
TRANSMILENIO FASE III, que informara y soportara
documentalmente en qué consistía dicha participación y qué calidad
ostentaban dentro de la sociedad CONCESIÓN SANTA MARTA
PARAGUACHÓN SA.
Mediante comunicación no. 119522 del 19 de diciembre de 2007,
MARIO ALBERTO HUERTAS COTES informó lo siguiente:
‘El suscrito Mario Alberto Huertas Coles, tiene en la actualidad
384.108 acciones en la sociedad CONCESIÓN SANTA MARTA
PARAGUACHÓN SA que equivalen al 3,466% del total de las
acciones emitidas por dicha sociedad, de conformidad con la
certificación que me ha expedido sobre el participar su
representante legal, documento que me permito acompañar a
este escrito.
5 Mario Alberto Huertas Cotes e Ingenieros Constructores e Interventores ICEIN SA eran accionistas
de la compañía Concesión Santa Marta Paraguachón SA.
10
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
El ingeniero Orlando Hernández Hemández no tiene participación
accionaria alguna en la sociedad Concesión Santa Marta
Paraguachón. Por su parte, ICEIN SA [Ingenieros Constructores
e Interventores ICEIN SA], representada legalmente por el
ingeniero Orlando Hernández Hernández, tiene en la actualidad
400.650 acciones en la sociedad Concesión Santa Marta
Paraguachón SA, que equivalen al 3,616% del total de las
acciones emitidas por dicha Sociedad, de conformidad con la
certificación expedida sobre el tema por el representante legal
de esa sociedad que me permito acompañar a este escrito.’.
Ante los hechos enunciados, procede la Entidad a verificar la
normatividad consignada en el Pliego de Condiciones relativa a la
presentación múltiple de propuestas por los proponentes.
Es así que el Pliego de Condiciones estableció: [sigue cita de los
numerales 1.15.4 y 3.7 (literal d) del pliego de condiciones].
Ante lo cual es ineludible efectuar las siguientes conclusiones: el
proponente MARIO ALBERTO HUERTAS COTES participa
simultáneamente de las ofertas de CONSORCIO VIAL
TRANSMILENIO FASE III, CONSORCIO VIAL TRANSMILENIO 2007 y
PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA CONSTRUCTORA BOGOTÁ
FASE III, dándose claramente la hipótesis normativa del numeral
1.15.4. En efecto, es evidente la participación de Mario Huertas Cotes
como miembro directo en el CONSORCIO VIAL TRANSMILENIO
FASE III y en el CONSORCIO VIAL TRANSMILENIO 2007, y como
socio propietario de acciones de la Concesión Santa Marta
Paraguachón SA en la PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III.
Lo anterior por cuanto la afirmación normativa contenida en el
numeral 1.15.4 que establece como determinante para el rechazo la
mera participación en dos o más ofertas sin establecer ninguna
condición limitante a esa participación en grado o en magnitud, y
esto es así porque la Entidad pretende con este texto evitar que un
proponente tenga la posibilidad de obtener un beneficio no
justificable derivado de la ventaja matemática que le daría el
participar en múltiples ofertas, lo que claramente violentaría el
principio de igualdad consignado en la Ley 80 de 1993. Al respecto ha
expuesto la Corte Constitucional en Sentencia C-415 de 1994 que:
‘Se ha demostrado que la participación en una misma licitación de
licitantes unidos por los vínculos que establece la ley, está asociada
a un riesgo alto que se frustren los dos objetivos básicos de la
licitación y el concurso públicos: igualdad de oportunidades para
particulares y obtención de las mejores condiciones de contratación
para el Estado.
Las razones expuestas le dan precedencia, en esta ocasión, a la
defensa del interés general que se antepone a la igualdad.
Las limitaciones a la capacidad de las personas, como potenciales
contratistas del Estado, si bien deben observar la regla de la
excepcionalidad tambien han de dirigirse a concretar el interés
superior del Estado uno de los cuales es el de poder seleccionar
objetivamente la mejor propuesta. De esto último pueden surgir
restricciones y variadas reducciones, cuya validez dependerá de su
adecuada y razonable justificación y conexidad con dicho fin.’.
11
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Ahora bien, el análisis efectuado cubre también los supuestos
normativos prescritos en el literal d) del numeral 3.7 ADMISIBILIDAD
Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS, pues se da la participación del
señor MARIO ALBERTO HUERTAS COTES, por sí mismo en el caso
del CONSORCIO VIAL TRANSMILENIO FASE III y del CONSORCIO
VIAL TRANSMILENIO 2007, y por interpuesta persona (Concesión
Santa Marta Paraguachón SA) en el caso de la PROMESA DE
SOCIEDAD FUTURA CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III, en un
mismo grupo.
De lo expuesto es ineludible concluir que la aplicación de las
precitadas normas conduce al rechazo de las propuestas
presentadas por CONSORCIO VIAL TRANSMILENIO FASE III,
CONSORCIO VIAL TRANSMILENIO 2007 y PROMESA DE SOCIEDAD
FUTURA CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III para los grupos 1, 2 y
5.
Adicionalmente, es necesario tener presente que los mismos
supuestos normativos y de hecho aplicados a MARIO ALBERTO
HUERTAS COTES son aplicables a ICEIN SA [Ingenieros Constructores
e Interventores ICEIN SA] por su participación en la Concesión Santa
Marta Paraguachón SA, que conduce a la aplicación de la causal de
rechazo antes invocada a las mismas propuestas a saber
CONSORCIO VIAL TRANSMILENIO FASE III, CONSORCIO VIAL
TRANSMILENIO 2007 y PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA
CONSTRUCTORA BOGOTÁ FASE III para los grupos 1, 2 y 5.” (fls.
4.252 a 4.254 cdno. 7 - mayúsculas fijas del original y negrillas
adicionales).
2) Ahora bien, sobre la base de las anteriores pruebas, se concluye que dos (2) de
los integrantes del Consorcio Vial Transmilenio Fase III intervinieron de forma
concurrente en más de una propuesta para obtener la adjudicación del quinto grupo
de las obras objeto de la respectiva licitación, lo cual obligaba al rechazo de estas.
El pliego de condiciones previó, expresa y puntualmente, que el “integrante de un
consorcio [que] participe en más de una de una [oferta] por grupo causará el
rechazo de todas las ofertas que incluyan su participación”, además, también
precisó que la participación “en un mismo grupo [podía ser] por sí [mismo] o por
interpuesta persona”, en consecuencia, claramente le estaba vedado al mismo
individuo participar por sí o por interpuesta persona en más de una propuesta.
3) La participación por sí mismo es la intervención personal –sin intermediarios– y
por interpuesta persona se refiere a la hecha a través de otro individuo mediante los
actos de un tercero.
4) El hecho de que una sociedad comercial, en los términos del artículo 98 del
Código de Comercio, sea una persona distinta a sus socios no desdice la
participación por interpuesta persona, por el contrario, una intervención de este tipo
12
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
precisamente requiere la presencia de un tercero –alguien distinto al otro
participante–, característica que cumple la sociedad.
Cuando la sociedad opera lo hace como persona independiente pero, siempre en
favor de los intereses de sus asociados pues, si una compañía obtiene algún
provecho sus asociados también lo harán, en consecuencia, para lo que interesa al
alcance de la causal de rechazo empleada por la entidad demandada, la
participación por interpuesta persona en más de una oferta se configuraba con la
presencia del socio y de la compañía en el mismo grupo de la licitación pública.
5) La causal no necesariamente debía enlistar en forma específica –por ser
imposible– todos los supuestos de hecho o circunstancias fácticas que buscaba
evitar, bastaba una descripción lo suficientemente clara que permitiera identificar
las conductas o actuaciones no permitidas, entre las cuales estaba, precisamente,
el hecho de la participación por interpuesta persona, la cual incluye la actuación a
través de una sociedad en la cual se detenta la calidad de asociado.
Aunque aquí no se analiza la existencia de una inhabilidad lo cierto es que resulta
ilustrativo el entendimiento dado a las normas que las prevén, en efecto, con
ocasión de resolver un proceso de acción popular la Sección Tercera de esta
Corporación concluyó lo siguiente en relación con el alcance del artículo 86 (literal
h) de la Ley 80 de 1993:
“[N]o cabe duda en virtud de la consideración del criterio hermenéutico de
que ‘cuando se puede lo más se puede lo menos’ si cabe la inhabilidad
para un sujeto que es miembro de dos sociedades proponentes. Si la ley
reprocha el parentesco que pueda existir entre uno y otro de los
proponentes, con mayor razón reprocha la situación que una misma
persona natural sea miembro de dos sociedades proponentes y
adjudicatarias.”7 (resalta la Sala).
6) En consecuencia, en el proceso de selección objeto de análisis la participación
de una sociedad significaba la descalificación de las ofertas donde actuara alguno
de sus asociados y viceversa.
6 “De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 1°. Son inhábiles para participar en
licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales: (…) h) Las
sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o cualquiera de
sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el
representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya
presentado propuesta, para una misma licitación”.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de febrero de 2007, exp. 2005-00549-
01(AP), CP Alier Eduardo Hernández Enríquez.
13
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
Lo anterior no se sustenta en una interpretación extensiva de la causal, por el
contrario, esta determinó, inequívocamente, que ninguna persona podía participar
simultáneamente en más de una oferta, en otras palabras, nadie podía aspirar a la
selección por más de una vía de presentación o de formulación de ofertas.
Aceptar lo contrario sería tanto como admitir, por ejemplo, que en la licitación
podían presentarse tres (3) sociedades conformadas por el mismo socio y aun así
no se incurriría en la causal de descalificación (reductio ad absurdum).
7) A diferencia del entendimiento que sustentó las pretensiones, el hecho de que la
entidad demandada identificara que dos (2) individuos eran socios en una
compañía que también participaba en la licitación no significó el levantamiento de
facto del velo corporativo ya que, en ningún momento se responsabilizó a los
asociados de algún fraude o engaño ejecutado a través de la sociedad y tampoco
se les cargó patrimonialmente por algún acto de la compañía, la causal de rechazo
ni siquiera requería el uso de medios desleales, bastaba la sola participación
paralela de los integrantes en más de una propuesta.
8) Lo anterior sería suficiente para confirmar las pretensiones que negaron las
pretensiones; no obstante, en un asunto con similitudes fácticas –se trataba de la
descalificación del consorcio de los demandantes en el segundo grupo del mismo
proceso licitatorio, sobre el cual versan los hechos de la demanda de este otro
proceso, solo que en el expediente de la referencia se trata del quinto grupo de la
licitación– la Sala8 sostuvo lo siguiente:
“13.1.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo
de Estado, en el contexto de las solicitudes de pérdida de
investidura por violación al régimen de incompatibilidades, se ha
referido al término compuesto «interpuesta persona». En sentencia
del 12 de abril de 20059, dijo:
«De la norma transcrita se puede establecer que dentro de la
prohibición constitucional caben dos situaciones: una la celebración
directa por parte del congresista de contratos con entidades
públicas o personas que administren tributos, y otra, la
contratación del congresista por interpuesta persona, que tiene
ocurrencia cuando otra persona, natural o jurídica, celebra el
8 En ese momento, la Subsección B de la Sección Tercera estaba conformada por los magistrados
Martin Bermúdez Muñoz, Ramiro Pazos Guerrero y Alberto Montaña Plata, en aquella oportunidad la
providencia fue aprobada con voto favorable de los dos primeros magistrados y salvamento de voto
del último.
9 [cita original del texto] Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia
del 12 de abril de 2005, exp. 2004-01300-00(PI), CP Ana Margarita Olaya Forero (E).
14
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
contrato por encargo o en provecho suyo, pero aparentando
obrar en nombre propio, tal como lo ha señalado esta
Corporación.».
13.2.- La Sección Primera del Consejo de Estado también ha
señalado que una persona contrata por «interpuesta persona»
cuando suscribe un contrato a través de una sociedad o cuando
tiene el control de la misma, por ejemplo, cuando es el socio
mayoritario. En sentencia del 14 de diciembre de 200410, estableció lo
siguiente:
«El criterio de la Sala Plena de la Corporación ha sido que una
persona contrata a través de una sociedad o por intermedio de ella
cuando tiene el control de la misma, bien porque sea socio
mayoritario o por otra circunstancia que le habilite para dominar la
sociedad y hacerla aparecer como contratista ocultando la relación
real con el socio dominante.
Solo cuando una persona controla la sociedad de manera que
pueda servirse de ella, tiene el poder de interponer a la
sociedad para ocultar un contrato verdaderamente celebrado
con ella. Este ha sido el criterio de la Sala Plena al sostener que el
socio mayoritario controla la sociedad y es el verdadero
contratista.».
14.- En el expediente no obra medio probatorio que demuestre que
Mario Alberto Huertas Cotes y la sociedad Ingenieros Constructores
e Interventores ICEIN SA [Ingenieros Constructores e Interventores
ICEIN SA] tuvieran el control de la sociedad Concesión Santa Marta
Paraguachón SA y que por lo tanto, hubieran actuado por
interpuesta persona. Tampoco está probado que la sociedad Concesión
Santa Marta Paraguachón SA hubiere integrado la promesa de sociedad
futura Constructora Bogotá Fase III SA, por encargo o a nombre de Mario
Alberto Huertas Cotes y la sociedad Ingenieros Constructores e
Interventores ICEIN SA.”11 (mayúsculas propias del texto original y
negrillas adicionales).
En ese contexto, la Sala precisa que el sustento jurisprudencial empleado en
aquella ocasión hacía referencia al alcance que debe tener la actuación contractual
por interpuesta persona –tercero– en relación con las inhabilidades previstas en los
artículos 18012 (numeral 2) de la Constitución Política –en la primera providencia
citada– y 4313 (numeral 4) de la Ley 136 de 1994 –en la segunda–.
10 [cita original del texto] Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 14 de diciembre de
2004, exp. 2003-00267-01 (PI), CP Camilo Arciniegas Andrade.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 5 de octubre de 2020, exp.
48.293, CP Martín Bermúdez Muñoz, con salvamento de voto de Alberto Montaña Plata.
12 “Los congresistas no podrán: (…) 2. Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las
entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas,
celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las
excepciones a esta disposición.”.
13 “Inhabilidades: no podrá ser concejal: (…) 4. Quien haya intervenido en la celebración de contratos
con entidades públicas en interés propio o de terceros, dentro de los seis (6) meses anteriores a la
fecha de la inscripción.”.
15
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
9) En relación con el primer pronunciamiento aludido en esa oportunidad, se
advierte que la norma constitucional en comento tiene un ámbito de aplicación
específico ya que pretende evitar “el ejercicio abusivo de [la] condición congresal,
que no es otro que el fin a que apunta la prohibición del precitado artículo”14, es por
lo que la actuación contractual por interpuesta persona prevista en el artículo se
debe interpretar a partir de la finalidad que le es propia.
En esa medida, para que el parlamentario transgreda la prohibición prevista en la
norma superior se requiere que tenga el control efectivo de la sociedad que utiliza
para ocultar su participación pues, no podría abusar de sus prerrogativas a través
de una persona ajena o que escapa a su manejo.
El sentido que tiene la expresión “por interpuesta persona” en el artículo 180
constitucional no puede extrapolarse al proceso de selección de contratistas para
interpretar el pliego de condiciones, porque, en uno y otro escenario, el vocablo
debe entenderse en conjunto con la finalidad específica de cada previsión.
Con fundamento en lo anterior, se advierte que el objetivo de la limitante prevista en
los términos de referencia era impedir la participación simultánea de la misma
persona en más de una oferta y para hacerlo no era indispensable que existiera
control de la interpuesta persona –la sociedad–, bastaba la concurrencia del mismo
individuo en más de una propuesta.
10) Ahora bien, respecto del segundo pronunciamiento citado en aquella otra
ocasión, se encuentra que la inhabilidad legal –artículo 43 (numeral 4) de la Ley
136 de 1994 en su versión original– se configuraba por el hecho de celebrar un
contrato dentro de los seis (6) meses anteriores a la inscripción como candidato
para el respectivo concejo municipal, interponiendo para el efecto a una sociedad
con el fin de ocultar al verdadero titular de la relación contractual.
Esa inhabilidad busca, principalmente, “patrocinar el respeto y prevalencia de los
intereses públicos y evitar que estos se vean afectados por la eventual utilización
del cargo para obtener beneficios privados”15, aunque, es cierto que “la inhabilidad
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 12 de abril de
2005, exp. 2004-01300-00(PI), CP Ana Margarita Olaya Forero (E).
15 Corte Constitucional, sentencia C-1412 del 19 de octubre de 2000, exp. D-2969, MP Martha
Victoria Sáchica Méndez (E).
16
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
también puede cumplir otra finalidad constitucionalmente relevante, pues
obstaculiza el aprovechamiento de recursos públicos para desfigurar los procesos
electorales. En efecto, un contratista, por el hecho de adelantar obras de utilidad
para la comunidad, puede llegar a ejercer una cierta influencia local, que podría
aprovechar en los procesos electorales municipales, con lo cual se viola la igualdad
en este campo y se altera la propia dinámica de la participación política”16.
La inhabilidad sí requiere el control efectivo de la interpuesta persona, sin esa
característica el contratista difícilmente podría aprovechar electoralmente el hecho
de ejecutar un contrato estatal ya que, la comunidad no lo identificaría con el
beneficio derivado de la ejecución contractual, en contraste, para que se
configurara la causal de rechazo aplicada en la licitación pública adelantada por la
entidad demandada no se requería que el socio tuviera el control efectivo de la
compañía interpuesta persona pues, la finalidad en ambos escenarios es distinta.
Para que se configurara la causal de rechazo era indistinto saber si la actuación por
la interpuesta persona era subrepticia, torticera o mal intencionada, la única
finalidad era preservar la igualdad de oportunidades entre los participantes.
11) Así las cosas, la Sala –con su actual composición17– se aparta del
entendimiento expresado en aquella anterior oportunidad respecto de la causal de
rechazo prevista en el pliego de condiciones, y precisa ahora que, para su
configuración, no era necesario acreditar que el asociado tuviera el control efectivo
de la sociedad que tambien participaba en la licitación, a diferencia del ámbito
electoral donde sí es indispensable ese aspecto.
3. Condena en costas
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del CCA en el presente asunto
no hay lugar a condenar en costas por cuanto la conducta de las partes no
evidencia en modo alguno una actuación caprichosa, arbitraria o temeraria.
16 Corte Constitucional, sentencia C-618 del 27 de noviembre de 1997, exp. D-1692, MP Alejandro
Martínez Caballero.
17 Debe advertirse que la composición de la Sala de Decisión de la Subsección B de la Sección
Tercera varió por el vencimiento del periodo constitucional del magistrado Ramiro Pazos Guerrero,
ahora está conformada por los magistrados Martin Bermúdez Muñoz, Alberto Montaña Plata y Fredy
Ibarra Martínez.
17
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00161-02 (65.828)
Actor: Equipos y Cimentaciones SA y otros
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Confírmase la sentencia de 24 de julio de 2019 proferida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2º) Abstiénese de condenar en costas.
3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente
al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias
secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Salvamento de voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en
la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.