Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00237-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00237-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2010-00237-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
25 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 25 de mayo de 2023
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016)
Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación
injusta de la libertad (Ley 906 de 2004) – Detención provisional en trámite de extradición -
Daño especial
Síntesis del caso: El demandante fue capturado en virtud de la solicitud de detención
provisional con fines de extradición que presentó la Embajada de Estados Unidos ante el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. No obstante, en el transcurso del
procedimiento de extradición, el Estado requirente retiró la solicitud, por lo cual el
ciudadano fue dejado en libertad
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la Sentencia proferida el 12 de abril de 2013 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Esta Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una Sentencia proferida por un Tribunal
Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones
solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73
de la Ley 270 de 19961.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada;
1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
1 De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto de 9 de septiembre de 2008,
expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016)
Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
_____________________________________________________________________________________________________________
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 27 de abril de 2010, Antonio Ulises Cortés Escobar, con su grupo
familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa,
en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, Ministerio
del Interior y de Justicia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fiscalía General
de la Nación, Rama Judicial, Procuraduría General de la Nación, Congreso
de la República y Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados
con la privación de su libertad, la cual ocurrió en razón de la solicitud de
detención provisional con fines de extradición presentada por la Embajada
de Estados Unidos ante el Gobierno Nacional2.
2. En el escrito se solicitó como pretensión declarativa (se trascribe):
“Declárese que la NACIÓN COLOMBIANA – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional – DIJIN -, representado por el Ministro de Defensa o quien haga sus
veces, Ministerio del Interior y Justicia, representado por el Ministro del Interior y
Justicia o por quien haga sus veces, Ministerio de Relaciones Exteriores,
representado por el Ministro de Relaciones Exteriores o por quien haga sus veces,
Fiscalía General de la Nación, representada por el Fiscal General de la Nación o
por quien haga sus veces, Procuraduría General de la Nación, representada por
el Procurador General de la Nación o por quien haga sus veces, Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia representada por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, Congreso de la República, representado por el
Presidente del Congreso o quien haga sus veces, Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, representado por su Director Administrativo,
son administrativa, extracontractual, y solidariamente responsables de los daños
y perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales causados a los demandantes y en
especial al señor ANTONIO ULISES CORTÉS ESCOBAR, quien permaneció privado
injustamente de su libertad por espacio de 314 días con sus noches, en el
pabellón número siete (7) del establecimiento penitenciario y carcelario de alta
y mediana seguridad de Combita (Boyacá), debido a la falla en el servicio en
que incurrieron las entidades demandadas al detenerlo preventivamente con
fines de extradición, sin que se le identificara plenamente y fue capturado
dejando al verdadero culpable a la fuga. Todo esto lo padeció hasta que el
propio gobierno requirente -Estados Unidos de Norteamérica- desistió de la
solicitud de extradición, una vez constató que el capturado no era la persona
contra quien la Corte del Distrito Este de New York (Estados Unidos) había
proferido Resolución de acusación por los delitos de conspiración para poseer,
importar y distribuir 5 kilos o más de una sustancia controlada conocida como
cocaína (narcotráfico)”.
3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:
Perjuicio Demandante Calidad Monto
Antonio Ulises Cortés Escobar Víctima directa 1.000 SMLMV3
Perjuicios Yanett Sánchez Sánchez Compañera permanente 500 SMLMV
morales Sandra Zuley Cortés Parra Hija 500 SMLMV
Marisol Cortes Parra Hija 500 SMLMV
2 Folios 6 al 28 del cuaderno del Tribunal No. 1.
3 La abreviación SMLMV se refiere a salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016)
Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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Juan Manuel Cortes García Hijo 500 SMLMV
Lucy Cortes Escobar Hermana 500 SMLMV
Ana Tulia Escobar Hermana 500 SMLMV
Edith Cortes Escobar Hermana 500 SMLMV
María Stella Cortes Escobar Hermana 500 SMLMV
José Ferney Cortes Escobar Hermano 500 SMLMV
Flor Alba Cortes de Andrade Hermana 500 SMLMV
Cora Emma Cortes de Arévalo Hermana 500 SMLMV
Antonio Ulises Cortés Escobar Víctima directa 2000 gr. oro
Yanett Sánchez Sánchez Compañera permanente 1000 gr. oro
Sandra Zuley Cortés Parra Hija 1000 gr. oro
Marisol Cortes Parra Hija 1000 gr. oro
Juan Manuel Cortes García Hijo 1000 gr. oro
Perjuicios
“daño a la Lucy Cortes Escobar Hermana 1000 gr. oro
vida en Ana Tulia Escobar Hermana 1000 gr. oro
relación”
Edith Cortes Escobar Hermana 1000 gr. oro
María Stella Cortes Escobar Hermana 1000 gr. oro
José Ferney Cortes Escobar Hermano 1000 gr. oro
Flor Alba Cortes de Andrade Hermana 1000 gr. oro
Cora Emma Cortes de Arévalo Hermana 1000 gr. oro
Perjuicios
materiales
Antonio Ulises Cortés Escobar Víctima directa $26.120.000
“Daño
emergente” 4
Perjuicios
$ 12.000.000
materiales
Antonio Ulises Cortés Escobar Víctima directa más 500
“Lucro
SMLMV
cesante” 5
4. Adicionalmente, solicitó que, al momento de proferirse la sentencia, se
actualizara la condena al valor real del monto y se diera cumplimiento a la
providencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.
5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:
6. 1) El 31 de enero de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a
la Fiscalía General de la Nación, así como al Ministerio del Interior y de
Justicia, la Nota diplomática No. 285 de 26 de enero de 2007, por medio de
la cual la Embajada de Estados Unidos solicitó la detención provisional con
fines de extradición de Antonio Ulises Cortés Escobar.
7. 2) El 7 de febrero de 2007, la fiscalía ordenó la captura del ciudadano
solicitado para extradición. En cumplimiento de lo anterior, el 12 de abril de
2007, la Policía Nacional hizo efectiva la captura y puso al detenido a
disposición de la fiscalía, por lo que esta última entidad, mediante oficio de
4 Por los gastos en que incurrió en su defensa en el proceso penal, el gasto en transporte de los familiares a la cárcel
y los gastos de estadía durante esas visitas.
5 Por los ingresos dejados de percibir durante el tiempo de la detención y los ingresos que no percibió a causa de
la estigmatización por la detención.
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016)
Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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17 de abril de 2007, informó al Ministerio del Interior y de Justicia sobre la
detención.
8. 3) El 8 de junio de 2007, mediante Nota verbal No. 1534, el gobierno de
Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de Antonio Cortés, por lo
que, el 19 de junio siguiente, el Ministerio del Interior y de Justicia envió el
expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de
que emitiera concepto sobre la solicitud de extradición, en cumplimiento
del trámite previsto por la Ley 906 de 2004.
9. 4) El 3 de agosto, 18, 24 y 28 de septiembre, así como el 19 de noviembre
de 2007, los familiares del procesado presentaron solicitudes ante distintas
autoridades nacionales para que se corrigiera el error en el que se había
incurrido en la identificación del solicitado en extradición. Frente a dichas
peticiones, el Ministerio del Interior y de Justicia informó que Antonio Cortés
debía defenderse ante las autoridades competentes en Estados Unidos.
Asimismo, el abogado defensor presentó solicitud ante la Corte Suprema de
Justicia para que se practicaran las pruebas que permitieran corroborar la
verdadera identidad del solicitado por el gobierno extranjero, no obstante,
el 12 de septiembre de 2007, la Corte negó dicha petición.
10. 5) El 21 de febrero de 2008, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó
a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio del Interior y de Justicia sobre
la Nota diplomática No. 515, por medio de la cual la Embajada de Estados
Unidos retiró la solicitud de extradición de Antonio Cortés. Seguidamente, el
22 de febrero de 2008, la fiscalía revocó la orden de captura, por lo que el
26 de febrero de 2008, el procesado fue dejado en libertad.
11. 6) El 29 de febrero de 2008, la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de
continuar con el procedimiento de extradición y archivó las actuaciones
relacionadas con ese trámite y, finalmente, el 14 de marzo de 2008, el
Ministerio del Interior y de Justicia concluyó de manera definitiva el asunto.
1.2. Posición de la parte demandada
12. El 17 de agosto de 2010, el Ministerio del Interior y de Justicia presentó
contestación a la demanda, en la que solicitó el rechazo de las pretensiones
formuladas por la parte actora6. La entidad explicó que la extradición es un
trámite que se realiza en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
Estado con la comunidad internacional, con el fin de garantizar la sanción
de los delitos sin importar el lugar en que se hayan cometido. En ese sentido,
la labor de las autoridades nacionales se limita a la verificación de los
6 Folios 101 al 106 del cuaderno del Tribunal No. 1.
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requisitos formales previstos por la ley para la entrega de la persona
solicitada en extradición. Además, en ningún caso existe un estudio de
responsabilidad penal, ya que este corresponde hacerlo al Estado
requirente, por lo que el Estado requerido carece de jurisdicción para
verificar la legalidad de sus decisiones. Por lo anterior, en estos casos, al no
existir un juzgamiento por parte de las autoridades nacionales, no es posible
atribuirles responsabilidad por el daño que eventualmente se pueda derivar
de dicho trámite.
13. El 20 de septiembre de 2010, el Ministerio de Defensa allegó
contestación a la demanda, en la que propuso como excepción la falta de
legitimación pasiva en la causa7. En el escrito afirmó que en la demanda no
se refirió ningún hecho concreto a partir del cual se derivara su
responsabilidad. Además, señaló que, en el trámite de extradición, la
entidad se limitó a cumplir un requerimiento realizado por la fiscalía, por lo
que el daño reclamado no le era atribuible.
14. El 22 de septiembre de 2010, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República contestó la demanda, oponiéndose a las
pretensiones allí planteadas8. Como argumento de defensa expuso que la
entidad no intervino en el proceso de extradición del demandante y atendió
oportunamente todos los requerimientos, así como las solicitudes
presentadas por sus familiares. En todo caso, afirmó que el trámite fue legal,
por lo que en el caso concreto no se configuró un daño antijurídico. Por
último, propuso como excepciones “la incapacidad e indebida representación
del demandado”, “la notificación de la admisión de la demanda a persona distinta
a la demandada” y “la ineptitud sustantiva de la demanda por falta de
legitimación por pasiva”.
15. El 27 de septiembre de 2010, la Rama Judicial, en su contestación a la
demanda, explicó que en el procedimiento de extradición no se debatía la
culpabilidad de la persona señalada de cometer un delito en el exterior, sino
que se trataba de un mero trámite administrativo, en el cual la Corte
Suprema de Justicia debía emitir un concepto que indicara si la solicitud
presentada por el Estado requirente cumplía todos los requisitos exigidos en
la ley9. Sin embargo, en este caso, lo anterior ni siquiera ocurrió, porque el
gobierno de Estados Unidos retiró la solicitud antes de que la Corte profiriera
un pronunciamiento. Así, solicitó que se declarara probada la excepción de
falta de legitimación pasiva en la causa y, subsidiariamente, se declarara la
configuración de la causal eximente de responsabilidad de hecho de un
tercero, debido a que el daño alegado en la demanda se produjo como
consecuencia de las actuaciones de un Estado extranjero.
7 Folios 109 al 119 del cuaderno del Tribunal No. 1.
8 Folios 132 al 137 del cuaderno del Tribunal No. 1.
9 Folios 165 al 170 del cuaderno del Tribunal no. 1.
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16. En la misma fecha, la Procuraduría General de la Nación, en la
contestación a la demanda, manifestó que en el presente caso no existía
nexo causal entre la actuación desplegada por la entidad y la privación
injusta de la libertad del demandante10. En efecto, el concepto emitido por
la procuraduría no era vinculante, de manera que la entidad no tenía una
participación directa en la causación del daño. Además, la extradición
nunca se llevó a cabo, de modo que el daño no se configuró. Por lo anterior,
propuso como excepciones “la falta de legitimación en la causa por pasiva” y “el
cobro de lo no debido o falta de causa para demandar”.
17. El Congreso de la República también presentó contestación a la
demanda, en la que solicitó el rechazo de las pretensiones allí planteadas11.
En su escrito argumentó que la corporación era la encargada de crear las
leyes, pero no le correspondía aplicarlas, por lo que ninguna responsabilidad
le era atribuible por la correcta o incorrecta aplicación de las disposiciones
normativas referentes al trámite de extradición. Así, propuso las excepciones
de “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “cobro de lo no debido”.
18. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al contestar la demanda,
manifestó que esta entidad actúa como interlocutor, coordinador y enlace
para todas las gestiones oficiales que se adelantan entre las entidades
gubernamentales y los gobiernos de otros países12. Además, en el caso de
los trámites de extradición, es el canal diplomático entre el Estado requirente
y las autoridades competentes en el Estado requerido, no obstante, no tiene
competencia para decidir sobre la procedencia o no de las solicitudes.
Asimismo, indicó que, en el caso concreto, las actuaciones del ministerio
estuvieron acordes a las disposiciones de orden público e interés general
previstas por las normas nacionales e internacionales, por lo que no era
procedente atribuirle responsabilidad por los hechos alegados en la
demanda. En el escrito propuso las excepciones de “falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial”, “falta de legitimación en
la causa por pasiva” y “ausencia de falla en el servicio”.
19. La Policía Nacional también presentó contestación a la demanda13. En
el escrito, por una parte, afirmó que a la entidad no le era atribuible la
responsabilidad por los hechos alegados por la parte actora, dado que
actuó en cumplimiento de un deber legal y puso al capturado a disposición
de la autoridad competente dentro del término previsto por la ley. Por otra
parte, señaló, como causa eficiente del daño, el error en que incurrió la
Embajada de Estados Unidos, al presentar la solicitud de extradición de una
persona que no había cometido delito alguno, por lo que al Estado
colombiano no le era atribuible ninguna responsabilidad por esos hechos.
10 Folios 171 al 181 del cuaderno del Tribunal No. 1.
11 Folios 200 al 210 del cuaderno del Tribunal No. 1.
12 Folios 226 al 243 del cuaderno del Tribunal No. 1.
13 Folios 219 a 225 del cuaderno del Tribunal No. 1.
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En concordancia, presentó como excepciones “la falta de legitimación en la
causa por pasiva” y “el hecho de un tercero”.
20. El 30 de septiembre de 2010, la Fiscalía General de la Nación presentó
contestación a la demanda14. Sin embargo, en el Auto de 18 de agosto de
2011, el tribunal resolvió tener por no contestada la demanda por parte de
esta entidad, debido a que el escrito fue presentado
extemporáneamente . En los alegatos de conclusión , la entidad expuso
15 16
que su actuación se ajustó a lo dispuesto en la Constitución y la ley. En
relación con el requerimiento realizado por el gobierno estadounidense,
explicó que la fiscalía debía ordenar la captura del ciudadano, sin que esa
solicitud admitiera alguna controversia o estudio. En efecto, el Estado
requirente identificó debidamente al solicitado y, con base en esos datos, la
fiscalía reconoció y capturó a Antonio Cortés, por lo que no era cierto lo
afirmado por la parte actora acerca de la existencia de una falla en la
identificación e individualización del detenido. Por lo anterior, solicitó que se
negaran las pretensiones de la demanda.
1.3. Sentencia de primera instancia
21. El 12 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, profirió Sentencia de primera instancia, en
la que negó las pretensiones de la demanda17. El a quo explicó que la
captura con fines de extradición tiene como objeto poner a disposición del
Estado requirente a la persona solicitada que se encuentra en el Estado
requerido, la cual presuntamente ha cometido un delito en su territorio, con
el fin de que ese Estado extranjero, bajos sus propias normas, adelante el
respectivo proceso penal, en el que debe definir la responsabilidad del
acusado. De manera que, en estos casos, el Estado requerido no realiza
ningún control jurisdiccional sobre la decisión de restricción de la libertad y
se limita a realizar el trámite de verificación de la solicitud, en un proceso
administrativo que finaliza con un acto administrativo. En el caso concreto,
el tribunal encontró que el procedimiento estuvo acorde con la norma
procesal penal vigente para ese momento, por lo que concluyó que no
existió ninguna falla por parte de las entidades demandadas, las cuales,
además, estaban obligadas a realizar la detención conforme a las
obligaciones adquiridas por Colombia en virtud del principio de
colaboración entre Estados.
14 Folios 251 al 267 del cuaderno del Tribunal No. 1.
15 Auto que obra en los folios 278 al 279 del cuaderno del Tribunal No. 1.
16 Folios 377 al 386 del cuaderno del Tribunal No. 1.
17 Folios 403 al 416 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016)
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Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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1.4. Recurso de apelación
22. El 26 de agosto de 2013, la parte demandante presentó recurso de
apelación, en el que solicitó se revocara la Sentencia de primera instancia
y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda18. En el escrito
manifestó que debía declararse la responsabilidad de las entidades
demandadas, dado que todas ellas intervinieron en el trámite previo a la
extradición de Antonio Cortés, en el cual se le ocasionó un daño que no
tenía el deber jurídico de soportar. Asimismo, omitieron verificar la identidad
del capturado y corroborar que era la persona realmente requerida y
acusada por las autoridades judiciales de Estados Unidos.
23. Además, respecto al Congreso de la República, alegó que su
responsabilidad derivaba de lo que la doctrina y la jurisprudencia han
denominado “el hecho del legislador”. Así, explicó que el Estado estaba
obligado a responder “cuando el órgano legislativo expide una ley que, a pesar
de su carácter general e impersonal, ocasiona un daño especial, violando de esa
manera el principio de igualdad de todos los ciudadanos frente a las cargas
públicas”. En el mismo sentido, agregó que, en la reglamentación del
proceso de extradición, “el legislador omitió regular lo relativo a la privación
injusta de la libertad derivada de los procesos de extradición, al solo prever los
trámites y mecanismos para realizar la entrega de las personas al Estado solicitante
sin tener en cuenta la consecuencia jurídica cuando no hubiere condena o si se
desistiere de la solicitud de extradición”.
24. Por último, señaló que no resultaba procedente reclamar la reparación
del daño a la Embajada de Estados Unidos, como pareció sugerirlo el
tribunal y algunas de las entidades demandadas, ya que dicha entidad
gozaba de inmunidad diplomática, razón por la cual no podía ser sometida
a la jurisdicción nacional. En ese sentido, el Estado colombiano debía asumir
la responsabilidad por los daños o lesiones que el Estado extranjero había
causado al ciudadano.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación
del daño; 2.3. Análisis del trámite de extradición en el que se produjo la detención; 2.4.
Estudio del daño especial; 2.5. Entidades a las que se le atribuye el daño; 2.6. Inexistencia
de responsabilidad por hecho del legislador, así como de la Policía Nacional; 2.7.
Liquidación de perjuicios; 2.8. Costas
18 Folios 419 al 462 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
25. El Tribunal, en la Sentencia de primera instancia, negó las pretensiones
de la demanda, al considerar que las entidades demandadas actuaron de
conformidad con lo previsto por la ley y la Constitución, de modo que la
privación de la libertad que padeció el demandante era un daño que no
se les podía atribuir. La parte demandante presentó recurso de apelación
en el que solicitó la revocatoria de esa decisión, toda vez que las entidades
demandadas omitieron cumplir con sus deberes de verificar la identidad del
solicitado en extradición por el Estado requirente. Además, consideró que
debía estudiarse la responsabilidad del Congreso de la República por la
posible configuración de un hecho del legislador, y que se había
configurado un daño especial, dado que, el demandante no tenía la
obligación de soportar la restricción de la libertad ordenada por un Estado
extranjero.
26. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto porque
encuentra reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la
oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, el 14 de marzo
de 2008, el Ministerio del Interior y de Justicia expidió el acto mediante el
cual dio por terminado el trámite de extradición adelantado en contra de
Antonio Cortés, por lo cual, en principio, el término para la presentación
oportuna de la demanda se extendía hasta el 15 de marzo de 2010. No
obstante, el 24 de febrero de 2010, la parte actora presentó solicitud de
conciliación extrajudicial19, con lo cual interrumpió el término hasta el 27 de
abril de 2010, fecha en la que la Procuraduría 55 Judicial ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca expidió la constancia de no conciliación
entre las partes20. De modo que, al presentarse la demanda ese mismo día
(27 de abril de 2010), se concluye que la acción se ejerció dentro del término
previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.
27. En el presente asunto está demostrado que, Antonio Ulises Cortés
Escobar estuvo recluido, en centro carcelario, desde el 12 de abril de 2007
hasta el 26 de febrero de 200821, en razón de la solicitud de detención
provisional con fines de extradición presentada por la Embajada de Estados
Unidos, mediante la Nota diplomática No. 285 de 26 de enero de 200722, la
cual fue formalizada con la Nota verbal No. 1534 de 8 de junio de 200723,
por la presunta comisión de delitos relacionados con el narcotráfico.
19 Según consta en la constancia de no conciliación entre las partes.
20 Constancia de no conciliación. Folio 317 al 319 del cuaderno del Tribunal No. 1.
21 Al respecto, obra la certificación emitida por el INPEC (folio 27 del cuaderno No 2), el acta de derechos del
capturado y la constancia de buen trato (folio 74 del cuaderno No. 2), así como el informe de policía que puso a
disposición de la fiscalía al capturado (folio 78 del cuaderno No. 2.).
22 Nota diplomática No. 28 (folios 30 a 32 del cuaderno No. 2). Traducción no oficial (folios 33 a 36 del cuaderno
No. 2)
23 Nota diplomática No. 1534 de 8 de junio de 2007 (folios 232 a 235 del cuaderno No. 2). Traducción no oficial
(folios 236 a 239 del cuaderno No. 2).
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Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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28. También está acreditado que, el 21 de febrero de 2008, mediante Nota
verbal No. 515, el Estado requirente retiró la solicitud de extradición de
Antonio Cortés24, por lo que, el 22 de febrero de 2008, la Fiscalía General de
la Nación revocó la orden de captura25. Asimismo, el 29 de febrero de 2008,
la Corte Suprema de Justicia profirió Auto en el que se abstuvo de proseguir
con el trámite26. Y, finalmente, el 14 de marzo de 2008, el Ministerio del Interior
y de Justicia expidió la resolución por medio de la cual dio por terminado el
trámite de extradición27.
29. De acuerdo con lo anterior, en esta providencia, la Sala revocará la
Sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
En su lugar, declarará la responsabilidad del Estado por la privación injusta
de la libertad de Antonio Ulises Cortés Escobar, dado que al demandante
se le ocasionó un daño especial que no estaba en el deber jurídico de
soportar. Además, atribuirá dicha responsabilidad al Ministerio de Justicia y
del Derecho, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de
la Nación, quienes de manera conjunta adelantaron el trámite de
extradición y materializaron la privación de la libertad del demandante
durante el período aludido, en cumplimiento de los deberes del Estado de
cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia. Por último,
liquidará los perjuicios ocasionados a los demandantes, de acuerdo con lo
probado en el proceso y conforme a los criterios desarrollados por la Sala de
Subsección en casos similares.
30. Para la resolución del caso, la Sala abordará los asuntos en el siguiente
orden: primero, identificará que se acreditó un daño por la afectación del
derecho a la libertad. Luego, analizará la legalidad del trámite de
extradición en el que se produjo la detención y expondrá las razones por las
cuales se considera que estuvo ajustado a la ley. Seguidamente, estudiará
la configuración del daño especial. Posteriormente, dado que en este caso
no se evidenció el hecho exclusivo de la víctima, así como tampoco el
hecho de un tercero, atribuirá el daño al Ministerio de Justicia y del Derecho,
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y declarará
improcedente la condena en costas.
2.2. Identificación del daño
31. La Sala encuentra probado que, Antonio Ulises Cortés Escobar sufrió un
daño derivado de la privación de su libertad, la cual ocurrió, desde el 12 de
abril de 2007 hasta el 26 de febrero de 2008, es decir, 10 meses y 15 días.
24 Nota diplomática No. 515 de 21 de febrero de 2008 (folio 403 del cuaderno No. 2). Traducción no oficial (folio404
del cuaderno No. 2).
25 Resolución de 22 de febrero de 2008. Folio 408 al 412 del cuaderno No. 2.
26 Auto de 29 de febrero de 2008. Folios 419 al 422 del cuaderno No. 2.
27 Resolución de 14 de marzo de 2008. Folios 427 al 429 del cuaderno No. 2.
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016)
Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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2.3. Análisis del trámite de extradición en el que se produjo la detención
32. La Constitución Política, en el artículo 35, modificado por el artículo 1º
del Acto Legislativo No. 1 de 1997, prevé que la extradición “se podrá solicitar,
conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley”.
Para la época de los hechos, no existía ningún tratado entre Colombia y
Estados Unidos que reglamentara el procedimiento a seguir en casos de
extradición, por lo cual este caso se adelantó bajo las previsiones de la Ley
906 de 2004.
33. De acuerdo con el artículo 493 del C.P.P., la extradición puede
concederse u ofrecerse en aquellos casos en que se investigue un hecho
que esté previsto como delito en Colombia y tenga una sanción de pena
privativa de la libertad cuyo mínimo sea 4 años o más. Además, exige que
el Estado requirente dicte resolución de acusación o su equivalente en
contra de la persona solicitada. Asimismo, el artículo 494 dispone que el
Estado debe verificar que el solicitado no sea juzgado por un hecho anterior
distinto de aquel que motiva la extradición y debe salvaguardar que la
persona no sea sometida a sanciones diferentes a las que se le hubieren
impuesto en la condena.
34. En el artículo 496 y siguientes de la misma normativa se establece el
trámite a seguir por las autoridades nacionales, previo a poner a disposición
del estado requirente a la persona solicitada en extradición. Según lo
dispuesto en esas normas, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el órgano
encargado de recibir la solicitud y trasladarla al Ministerio de Justicia y del
Derecho para que inicie el trámite, anexando un concepto en el que
exprese si se debe proceder con sujeción a convenciones o usos
internacionales o si se debe proceder de acuerdo con las normas de
procedimiento penal nacionales (artículo 496)28. De existir una solicitud de
detención provisional, la fiscalía debe decretar la captura de la persona
requerida y, de no ser así, la captura se ordenará cuando se presente la
solicitud formal de extradición (artículo 509). El Ministerio de Justicia y del
Derecho debe examinar que la documentación allegada con la solicitud
de extradición esté acorde con lo descrito en el artículo 495 (artículo 497) y,
en caso de encontrar que los documentos son suficientes, debe enviar las
diligencias a la Corte Suprema de Justicia para que emita concepto
favorable o desfavorable sobre la extradición (artículo 499).
35. El concepto emitido por la Corte se debe fundamentar “en la validez
formal de la documentación presentada, en la demostración plena de la identidad del
solicitado, en el principio de la doble incriminación, en la equivalencia de la
providencia proferida en el extranjero y, cuando fuere el caso, en el cumplimiento de
28 Si bien en la Ley 906 de 2004 se alude al Ministerio del Interior y de Justicia, actualmente cumple dichas funciones
el Ministerio de Justicia y del Derecho.
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016)
Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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lo previsto en los tratados públicos” (artículo 502). En caso de ser negativo o
desfavorable, el Gobierno Nacional se obliga a presentar una respuesta
negativa al Estado requirente y, en el supuesto contrario, el gobierno estará
en la libertad de obrar según sus propias consideraciones (artículo 501).
Finalmente, el Gobierno Nacional deberá emitir la Resolución que niegue o
conceda la extradición (artículos 503 y 491).
36. En el presente asunto, la Sala advierte que, la Embajada de Estados
Unidos, mediante Nota diplomática No. 285 de 26 de enero de 2007, solicitó
la detención con fines de extradición de Antonio Ulises Cortes Escobar 29. El
31 de enero de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió la referida
solicitud al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Dirección de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación30. El 7 de febrero de 2007,
la fiscalía emitió orden de captura31, la cual se hizo efectiva por agentes de
la policía el 12 de abril de 200732. Ese mismo día, la policía dejó a disposición
de la fiscalía al capturado33 y, el 17 de abril de 2007, esta entidad puso en
conocimiento del Ministerio del Interior y de Justicia la captura efectuada34.
37. El 8 de junio de 2007, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió, en
ese momento, al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Dirección de
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, la nota verbal
No. 1534, mediante la cual el Estado requirente solicitó formalmente la
extradición de Antonio Cortés35. Seguidamente, el 19 de junio de 2007, el
Ministerio del Interior y de Justicia remitió las diligencias a la Corte Suprema
de Justicia36.
38. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 500 del C.P.P., la Corte
Suprema de Justicia, mediante Auto de 24 de julio de 2007, ordenó correr
traslado a las partes con el fin de que solicitaran las pruebas necesarias para
su defensa, previo a emitir concepto sobre el asunto. Debido a lo anterior, el
defensor de Antonio Cortés presentó su solicitud de práctica de pruebas37,
la cual fue resuelta desfavorablemente por la Corte Suprema mediante
Auto de 12 de septiembre de 200738. Dicha decisión fue confirmada por
medio del Auto de 14 de noviembre de 200739. El 6 de diciembre de 2007, la
Procuraduría General de la Nación allegó concepto al expediente de
extradición40.
29 Nota diplomática No. 28 (folios 30 a 32 del cuaderno No. 2). Traducción no oficial (folios 33 a 36 del cuaderno
No. 2)
30 Oficios que obran en los folios 28 y 29 del cuaderno No. 2.
31 Folios 60 a 62 del cuaderno No. 2.
32 Informe de captura. Folios 70 al 72 del cuaderno No. 2.
33 Oficio que obra en el folio 78 del cuaderno No. 2.
34 Oficio que obra en el folio 87 del cuaderno No. 2.
35 Oficios que obran en los folios 231y 240 del cuaderno No. 2.
36 Oficio que obra en los folios 241 y 242 del cuaderno No. 2.
37 Memorial que obra en los folios 274 a 278 del cuaderno No. 2.
38 Auto que resuelve solicitud de pruebas. Folios 284 a 297 del cuaderno No. 2.
39 Auto que resuelve recurso de reposición. Folios 327 a 339. del cuaderno No. 2.
40 Memorial. Folios 352 a 364 del cuaderno No. 2.
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016)
Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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39. Finalmente, el 21 de febrero de 2008, el Ministerio de Relaciones
Exteriores remitió, tanto al Ministerio del Interior y de Justicia, como a la
Fiscalía General de la Nación, la Nota verbal No. 515 expedida ese mismo
día por la Embajada de Estados Unidos, por medio de la cual comunicaba
el retiro de la solicitud de extradición de Antonio Cortés, sin ofrecer ninguna
motivación de esa decisión41. Por lo que, el 22 de febrero de 2008, la fiscalía
ordenó la revocatoria de la orden de captura42; el 29 de febrero de 2008, la
Corte Suprema se abstuvo de continuar el trámite de extradición43 y, el 14
de marzo de 2008, el Ministerio del Interior y de Justicia finalizó la actuación
mediante resolución que dio por terminado el trámite44.
40. En este caso, la fiscalía ordenó la captura del solicitado en extradición,
antes de la presentación de la solicitud formal, dado que la ley lo autorizaba
cuando así fuera expresamente solicitado por el Estado requirente en la
respectiva nota en la que se debía indicar la plena identidad de la persona,
la circunstancia de haberse proferido en su contra sentencia condenatoria,
acusación o su equivalente y la urgencia de tal medida, tal como ocurrió
en el presente asunto.
41. En efecto, la Embajada de Estados Unidos solicitó la detención
provisional en la Nota diplomática No. 285, en la que señaló los nombres y
apellidos del solicitado, su tipo y número de identificación, la fecha y lugar
de nacimiento. Asimismo, en su escrito informó que, el 5 de diciembre de
2006, la Corte de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York había
proferido resolución de acusación en su contra, en la cual se le atribuían los
cargos de “concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco
kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína”, “concierto para
importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, cinco
kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína” y “concierto para
distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía cocaína, con la
intención y el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a
los Estados Unidos”. Finalmente, refirió que, bajo el criterio de las autoridades
encargadas del caso, se trataba de una medida urgente.
42. También se cumplió con lo exigido en el artículo 28 de la Constitución
Política para que procediera la restricción del derecho a la libertad de una
persona, pues se contaba con el mandamiento escrito de autoridad judicial
competente, es decir, con la orden de captura proferida por la fiscalía, la
cual cumplió con las formalidades legales y se sustentó en un motivo
previamente definido en la ley, esto es, en la existencia de una nota
diplomática por medio de la cual se solicitó al ciudadano para extradición,
según lo señalado en el artículo 35 de la C.P., en las normas del Código de
41 Oficio que anexa nota verbal No. 515. Folios 401 al 406 del cuaderno No. 2.
42 Resolución de 22 de febrero de 2008. Folios 408 al 412 del cuaderno No. 2.
43 Providencia de 29 de febrero de 2008. Folios 419 al 422 del cuaderno No. 2.
44 Resolución de 14 de marzo de 2008. Folios 427 al 429 del cuaderno No. 2.
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016)
Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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Procedimiento Penal y en las obligaciones adquiridas por el Estado en
distintos instrumentos internacionales.
43. Además, el Ministerio del Interior y de Justicia adelantó el
procedimiento de extradición conforme a las normas que regulaban la
materia en el Código de Procedimiento Penal vigente para ese momento,
el cual resultaba aplicable al caso por no existir ningún instrumento
internacional que reglamentara el asunto entre Estados Unidos y Colombia.
No obstante, antes de que la Corte Suprema de Justicia profiriera el
concepto que determinaría si la solicitud formal presentada por el Estado
requirente cumplía con lo exigido en la norma procesal penal, el proceso
terminó por el retiro de la solicitud de extradición.
44. Debe destacarse que, una vez presentada la solicitud de la detención
provisional, la Ley 906 de 2004 es precisa en señalar que la captura
procederá con el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados por la
ley. De modo que, en ese momento, las autoridades nacionales no tenían
opción distinta que la de ejecutar la captura e iniciar el trámite, incluso si al
final se resolvía que la solicitud no resultaba procedente o no cumplía con
los requisitos establecidos en la norma.
45. Así, se observa que no existió ninguna irregularidad o desconocimiento
de los requisitos dispuestos en la ley por parte de las entidades que
intervinieron en el tramite de extradición. Por el contrario, de acuerdo con
las obligaciones señaladas en la normativa procesal penal, una vez se
recibió la solicitud de extradición por parte del Estado extranjero, las
autoridades administrativas y judiciales actuaron de conformidad con el
ordenamiento jurídico.
46. Al respecto, se precisa que, en el estudio de constitucionalidad del
artículo 566 del Decreto Ley 2700 de 1991, cuyo texto es similar al actual
artículo 509 de la Ley 906 de 2004, la Corte Constitucional afirmó que el
trámite de extradición “opera sobre la base de la necesaria ejecución de
decisiones judiciales adoptadas, cuyos antecedentes (internos en el Estado
requirente) no son objeto del análisis de las autoridades colombianas, ni podrían
incidir en la inconstitucionalidad de la norma legal que en Colombia contempla lo
referente a la captura”.45
47. De manera que, a pesar de que el Estado colombiano no pudo
corroborar si la solicitud cumplía con todos los requisitos previstos por la ley,
debido a que el trámite no avanzó hasta la resolución ejecutiva que
concede o niega la petición, lo cierto es que tanto la detención como el
trámite adelantado hasta el momento del retiro de la solicitud respetaron las
garantías del ciudadano requerido, así como las oportunidades y tiempo en
45 Corte Constitucional, Sentencia C-700 de 14 de junio de 2000.
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que cada fase debía agotarse. No obstante, la Sala advierte la
configuración de un daño especial, por lo que estudiará el caso bajo este
régimen objetivo de responsabilidad.
2.4. Estudio del daño especial
48. Mediante la Sentencia de unificación de 5 de julio de 201846, la Corte
Constitucional precisó que los artículos 90 de la Constitución Política de
Colombia y 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un título específico de
imputación, sino que prevén la posibilidad de que el juez adecúe la
situación específica al título pertinente. Además, recordó que la falla en el
servicio es el título de imputación preferente y que los títulos de
responsabilidad objetiva son residuales, reservados para aquellos casos en
que el régimen subjetivo es insuficiente para resolver la situación
determinada47.
49. La Corte Constitucional también señaló que, “la posibilidad que tienen los
administrados de ser resarcidos cuando el Estado les ocasione un daño que no estaban
en el deber de soportar en el marco de la privación injusta de la libertad es un derecho
que se deriva de la efectividad de los derechos, la igualdad y la libertad, al paso de
estar previsto en el artículo 90 de la Constitución y, en tal virtud, el criterio de
sostenibilidad fiscal no se erige en una barrera para ofrecer la protección efectiva de
tales derechos”. Así, es posible que el Estado, con su actuar legítimo, inflija
daños a particulares, lo que conlleva, por razones de igualdad y de
equidad, a que la persona deba ser reparada.
50. La Sala encuentra acreditada la existencia de una actuación lícita por
parte de las entidades que intervinieron en el trámite de extradición. Esta
figura, según ha afirmado la Corte Constitucional, “se caracteriza por ser
un mecanismo de cooperación internacional destinado a evitar que, al amparo
de la inviolabilidad del territorio, los delincuentes que han transgredido la ley penal
de otro país queden impunes por el hecho de su fuga, teniendo en cuenta la
imposibilidad del Estado ofendido para aprehenderlos dentro del territorio de otro”.
Así, se trata de un “instrumento de asistencia y solidaridad internacional que busca
desarrollar el principio de colaboración entre los Estados”.48 No obstante, en
cumplimiento de esos deberes, el Estado afectó injustificadamente el
derecho a la libertad personal de Antonio Cortés.
46 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018.
47 En la providencia se afirmó: “Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial-
del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo
caso, le exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se
apartó de los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia
ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia,
pues, será en aplicación del principio iura novit curia47, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de
Estado, que se establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le
asiste al demandante”.
48 Sentencia C-243 de 2009, Sentencia T-919 de 2012 y Sentencia C-700 de 2000
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51. En efecto, las autoridades adelantaron adecuadamente el trámite
previsto por la ley para aquellos casos en que un Estado solicita la
extradición de un ciudadano que se encuentra en territorio colombiano y
no incurrieron en error en la identificación del solicitado en extradición. El
daño se produjo por el error en que incurrió el Estado solicitante y no por una
falla de las entidades nacionales encargadas de atender la solicitud.
52. En el trámite de extradición, las autoridades no verifican la existencia
de elementos probatorios mínimos para fundamentar la captura (tales
como indicios de responsabilidad o inferencias de participación en el
delito), ni hay intervención de un juez con el fin de estudiar la posible
responsabilidad del involucrado, es decir, en estos casos, el fundamento de
la afectación a los derechos del ciudadano es el cumplimiento de una
obligación internacional y ello significa una reducción en sus garantías como
detenido.
53. Antonio Cortés soportó la afectación de su derecho a la libertad, como
consecuencia de la obligación del Estado de honrar sus compromisos
internacionales. La responsabilidad resulta objetiva, porque, pese a no existir
una falla en el trámite, el Estado causó un daño en virtud del cumplimiento
de sus deberes con otros Estados. La búsqueda del interés general, a través
de la colaboración entre los estados y el compromiso de enfrentar
conjuntamente la criminalidad, ocasionó una afectación que debe ser
reparada por quien asumió ese deber, esto es, el Estado.
54. La afectación del derecho a la libertad, el cual ha sido considerado
una garantía básica del ser humano por tratarse de un atributo propio de la
persona, no puede considerarse como una carga que deba soportar un
ciudadano como contraprestación propia de vivir en sociedad y
encontrarse en un determinado territorio. Por lo que resulta
desproporcionada la privación de la libertad aquella persona respecto de
la cual el Estado requirente desistió en la persecución penal.
55. El trámite finalizó con el retiro de la solicitud por parte del Estado
requirente y la consecuente resolución de terminación emitida por el
Ministerio del Interior y de Justicia. En conclusión, no existe ningún título
jurídico que justifique de manera definitiva la privación de la libertad de
Antonio Cortés, de manera que la presunción de inocencia del
demandante frente a los hechos que le fueron imputados por el Estado
extranjero se mantuvo incólume. No obstante, al aquí demandante se le
generó un daño anormal, especial y grave que no estaba en el deber de
soportar y que deberá ser indemnizado.
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016)
Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros
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Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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2.5. Entidad a la que se le imputa el daño
56. La Sala no advierte la configuración del hecho exclusivo de la víctima,
causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones
injustas de la libertad. El demandante no desplegó ninguna actuación de la
cual se pueda predicar su incidencia en la causación del daño. Por el
contrario, sus intervenciones se orientaron a presentar los argumentos y las
respectivas justificaciones tendientes a demostrar su inocencia en el
comportamiento investigado.
57. Además, tampoco se advierte la configuración del hecho de un
tercero como causal eximente de responsabilidad, debido a que la solicitud
presentada por el Estado extranjero no puede considerarse como una
actuación irresistible para las autoridades nacionales. Como se ha
explicado en párrafos anteriores, la extradición es un mecanismo pactado
entre los Estados para hacer eficiente la justicia penal en un territorio
diferente al del Estado requirente, de manera que el Estado colombiano no
puede excusar su responsabilidad en dicha causal, cuando su actuación
deriva de la aplicación de un acuerdo voluntario con otro Estado. En todo
caso, se reitera, las autoridades colombianas son las que ordenaron la
captura y materializaron la aprehensión del demandante.
58. La Sala precisa que, según lo previsto por la Ley 906 de 2004, el
Ministerio del Interior y de Justicia era la autoridad competente para
adelantar el trámite de extradición. Ahora bien, el mencionado ministerio
fue escindido en 2 despachos distintos, mediante Ley 1444 de 2011, en la
que se dispuso que el Ministerio del Interior continuaría cumpliendo sus
objetivos y funciones, con excepción de aquellas asignadas al Viceministro
de la Justicia y el Derecho y a las dependencias a su cargo, las cuales fueron
asignadas al Ministerio de Justicia y del Derecho, creado a través de la
misma norma. A su vez, el Decreto 2897 de 2011, por medio del cual “se
determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de
Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del
Derecho”, en su artículo 7, dispuso que la Oficina de Asuntos Internacionales
estaría encargada de “adelantar los trámites administrativos respectivos, para el
desarrollo de las funciones de repatriación, extradición y asistencia judicial”.
59. En ese sentido, pese a que en este asunto las pretensiones fueron
presentadas en contra del Ministerio de Interior y de Justicia (y otras
entidades), ya que en ese momento era la entidad encargada de
adelantar el trámite de extradición, lo cierto es que, dada la
reestructuración de la entidad, el Ministerio de Justicia y del Derecho es la
entidad llamada a responder por las eventuales condenas proferidas como
consecuencia de la causación de un daño antijurídico en ejercicio de esas
funciones.
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Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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60. Precisado lo anterior, la Sala observa que en la Ley 906 de 2004 se
estableció que las solicitudes de extradición serían tramitadas por varias
entidades, esto es, el Ministerio de Relaciones Exteriores (encargado de
recibir la solicitud y trasladarla al Ministerio de Justicia y a la fiscalía), el
Ministerio de Justicia y del Derecho (encargado de verificar que la
documentación allegada con la solicitud de extradición esté acorde con la
ley) y la fiscalía (encargada de decretar la captura de la persona
requerida). Asimismo, la ley dispuso que la Corte Suprema de Justicia
interviene en el trámite emitiendo un concepto no vinculante, pues, en caso
de ser favorable, el Gobierno Nacional tiene la libertad para decidir según
la conveniencia nacional.
61. En ese sentido, la Sala encuentra que la responsabilidad por los daños
ocasionados en virtud del trámite de extradición debe ser atribuida
solidariamente a las entidades que intervinieron en dicho trámite, esto es, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y
la Fiscalía General de la Nación, pues se observa que la causa adecuada
del daño fue el trámite en sí mismo, y no las actuaciones aisladas
desplegadas por cada entidad. Además, habida cuenta que cada una de
ellas influyó, por igual, en la imposición de la carga restrictiva de la libertad
del ciudadano. 49
62. Tal como se mencionó en párrafos anteriores, el daño se generó en
virtud del cumplimiento de un compromiso internacional, lo cual compete
principalmente al Gobierno Nacional, a través de sus distintos ministerios, y a
la fiscalía encargada de concretar la solicitud de detención. No se trata de
una actividad jurisdiccional, tampoco de una actividad administrativa, el
trámite de extradición es esencialmente una función política y de gobierno
y, por tanto, es este último en quien recae el deber de reparar los eventuales
daños causados con dicha actividad.
63. En este caso, a la Corte Suprema de Justicia, pese a intervenir en el
procedimiento, no le asiste ninguna responsabilidad. En primer lugar, porque
fácticamente el trámite de extradición finalizó previo a cualquier
pronunciamiento de la Corte sobre su procedencia. En segundo lugar,
porque el único hecho que le podría ser atribuible es la negación de
decretar las pruebas solicitadas por la defensa del solicitado en extradición,
no obstante, dicha solicitud estuvo encaminada a la verificación de la
identidad del procesado y, frente a ese hecho, no hubo ningún error: el aquí
49 En el mismo sentido ver: Conejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección
C. Sentencia de 28 de febrero de 2020, expediente No. 17001-23-31-000-2008-00255-01(50501). En la cual se
consideró: “como se vio, en el trámite de la solicitud de extradición que acude como hecho generador del daño
antijurídico fue determinante la actuación conjunta de la Fiscalía General de la Nación, del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Ministerio del Interior, situación de la que emana la obligación solidaria prescrita por el
artículo 234449 del C.C. y que, si bien no exige la integración de un litisconsorcio necesario, sí insta a la entidad
demandada a satisfacer la totalidad de la condena en virtud de la subrogación dispuesta por el artículo 1578 49
ibídem y a repetir contra las demás entidades que contribuyeron a la causación del mencionado daño antijurídico
– privación injusta de la libertad.”
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016)
Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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demandante fue la persona efectivamente solicitada en extradición por el
gobierno de los Estados Unidos. Y, por último, dado que la actividad de la
Corte en el trámite de extradición no es decisoria, se limita a la evaluación
del cumplimiento de requisitos mínimos y, como se señaló anteriormente,
aun cuando su concepto es favorable, el Gobierno Nacional es el
encargado de decidir sobre si accede o no a la solicitud del Estado
extranjero50
64. Así, en este caso, se declarará la responsabilidad solidaria del Ministerio
de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Interior y de Justicia y la Fiscalía
General de la Nación y se les condenará al pago de perjuicios, según se
explica a continuación.
2.6. Inexistencia de responsabilidad de las demás entidades demandadas
65. En este caso, no se configuró la responsabilidad del Estado por el hecho
del legislador, como lo refirió la parte actora en el recurso de apelación.
Pese a que la Constitución y la ley ordenan adelantar el trámite de
extradición en cumplimento de las obligaciones internacionales adquiridas
por el Estado colombiano, con el fin de “impedir que una persona que ha
cometido un delito en el exterior burle la acción de la justicia refugiándose
en un país diferente a aquel donde ha cometido la conducta punible” 51, lo
cierto es que las entidades demandadas ejecutaron lo allí previsto y, con
dicha actuación, concretaron el daño reclamado en la demanda. De
manera que el daño no derivó del contenido de la norma, sino de la
actividad de las entidades que materializaron el trámite allí descrito.
66. Por otra parte, también se debe precisar que, aunque la Policía
Nacional realizó la aprehensión material de Antonio Cortés, la entidad no es
responsable por su privación injusta de la libertad. El daño derivó del
cumplimiento de un deber adquirido en el marco de las relaciones
internacionales del Estado, lo cual es un asunto que está a cargo del
Gobierno Nacional. La Policía, en este caso, se limitó a cumplir una orden
de detención emitida por la Fiscalía, de manera que su actuación no tuvo
incidencia en la causación del daño.
50 Sobre la intervención de la Corte Suprema de Justicia en el trámite de extradición ver sentencias C-1106/00 y C-
460/08: “Por todo lo anterior, resulta claro que en el trámite de la extradición la Corte Suprema, Sala Penal, no
valora pruebas sobre la existencia del hecho y sus circunstancias, ni juzga al solicitado; tampoco cuestiona las
decisiones emitidas por la autoridad extranjera y sólo le compete verificar el cumplimiento de los requisitos para
otorgar la extradición, según lo dispuesto en el tratado internacional respectivo o, en su defecto, en la ley interna,
acatando la preceptiva superior (cfr. arts 12, 34 y 35 Const.) y la normatividad complementaria.// Los fundamentos
y la consiguiente controversia sobre la decisión judicial de la autoridad extranjera, con base en la cual se pide la
extradición, tienen su escenario natural en los respectivos estrados judiciales, es decir, al interior del
correspondiente proceso penal adelantado en el Estado solicitante y no ante autoridades judiciales colombianas,
que deben cooperar, junto con el Ejecutivo, para que la ubicación en país distinto a donde se cometió el presunto
delito, no sea vía para eludir la acción de la justicia, que internacionalmente debe permanecer aliada y diligente
en la lucha contra la criminalidad”
51 Corte Constitucional. Sentencia C-780 de 2004.
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016)
Demandante: Antonio Ulises Cortés Escobar y otros
Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación y otros
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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67. Por último, cabe señalar que no le asiste responsabilidad a la
Procuraduría y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, toda vez que dichas entidades no participaron ni tienen entre
sus funciones intervenir en el trámite de extradición en ninguna de sus
etapas.
2.7. Liquidación de perjuicios
2.7.1. Perjuicios inmateriales
68. En relación con los perjuicios morales, la privación de la libertad, de
acuerdo con las reglas de la experiencia, causa una afectación de índole
moral, así como sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre
otros, tanto en la persona que sufre la detención como en su núcleo familiar
y afectivo, por esta razón el perjuicio será reconocido a favor del
demandante.
69. En este caso, Antonio Cortés estuvo privado de la libertad durante 10
meses y 15 días. Por tanto, de acuerdo con los criterios de indemnización
definidos en la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 202152, al
demandante principal le correspondería una indemnización por 52,49
SMLMV53.
70. Asimismo, acreditado el parentesco de la víctima directa con Sandra
Zuley Cortés Parra -hija54-, Marisol Cortes Parra -hija55-, Juan Manuel Cortes
García -hijo56- se reconocerá una suma de 20,99 SMLMV a favor de cada
uno de ellos, esto es, lo equivalente al 40% de la indemnización otorgada a
la víctima directa, por encontrarse en el primer grado de consanguinidad y
haberse acreditado de manera general la afectación moral57. A Ana Tulia
52 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de
2021, exp. 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681).
53 En la providencia, se establecieron unos criterios para el cálculo de la indemnización según el tiempo de
privación de la libertad del afectado directo. Así, se refirió que, si la privación de la libertad tiene una duración
igual o inferior a un mes se debe indemnizar con una suma fija equivalente a 5 SMLMV, de ahí en adelante por
cada mes adicional transcurrido se suma un monto de 5 SMLMV y por cada día adicional al último mes transcurrido
se debe sumar una fracción equivalente a 0,166 SMLMV, la cual se obtiene de dividir 5 SMLMV entre los 30 días
que generalmente tiene un mes. Lo anterior hasta llegar a un tope de 100 SMLMV, correspondiente a las
privaciones de la libertad con una duración igual o menor a 20 meses.
54 Registro civil de nacimiento. Folio 6 del cuaderno No. 2
55 Registro civil de nacimiento. Folio 7 del cuaderno No. 2
56 Registro civil de nacimiento. Folio 1o del cuaderno No. 2
57 En la sentencia citada establece que el perjuicio se presume respecto a la víctima directa, compañeros/as
permanentes y parientes hasta el primer grado de consanguinidad. Para la cuantificación se observa la
acreditación de la afectación sufrida. En este caso, en la diligencia de testimonios, ante la pregunta de si conocía
al grupo familiar demandante, el testigo Álvaro Andrade Mantilla refirió: “los integrantes no tengo mayor
conocimiento, se de un hermano recién murió de Antonio Ulises Cortés, de un hijo y dos hijas de Antonio Ulises
Cortes (…)”, más adelante, señaló: “a los familiares del señor Antonio Ulises los vi en una situación moral y
económica muy crítica porque eso implicó hasta la venta de un pequeño apartamento que tenían”. Ante la
misma pregunta, el testigo Santiago Rivera Jiménez afirmó: “La señora Yanett Sánchez compañera sentimental de
don Antonio Ulises Cortes la conozco hace diez años, Sandra Zuley Cortes hija de Don Antonio Ulises Cortes, los
demás son familia, hijos y hermanos y madre de don Antonio Ulises Cortes, he compartido con ellos desde el lapso
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00237-01 (49016)
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Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
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Escobar -madre58- se le reconocerá una indemnización de 18,37 SMLMV,
equivalente al 35% del monto otorgado a la víctima directa, ya que esta
demandante solo acreditó la relación de parentesco, pero no una
afectación concreta.
71. Finalmente, se negarán las pretensiones respecto de los demandantes,
Lucy Cortes Escobar -hermana59-, Edith Cortes Escobar -hermana60-, María
Stella Cortes Escobar -hermana61-, José Ferney Cortes Escobar -hermano62-,
y Flor Alba Cortes de Andrade -hermana63-, en tanto, pese a que se probó
la relación de parentesco con la víctima directa, no se acreditó de manera
concreta el dolor, la angustia o zozobra, así como tampoco la relación
estrecha con la víctima. También se negarán las pretensiones solicitadas por
la demandante Cora Emma Cortes de Arévalo, quien acudió al proceso en
calidad de hermana de la víctima directa, en tanto no probó dicho
vínculo64, así como tampoco la afectación padecida.65
72. Respecto a la demandante Yanett Sánchez Sánchez, quien acudió al
proceso en calidad de compañera permanente de la víctima directa, la
Sala negara las pretensiones solicitadas a su favor, en tanto no encuentra
acreditado el vínculo. Al expediente se aportó la declaración extrajuicio
realizada ante notario por la demandante, la cual no tiene fuerza probatoria
para acreditar que ella y la víctima directa eran compañeros permanentes,
de tiempo de 10 años, se ve la integridad total, amoroso, afectiva, esa unión y esa afectividad religiosa a la gente
que los rodea”. Como se observa los testigos hicieron referencia, de manera general, a la relación de cercanía, a
los lazos afectivos y a la afectación moral padecida por los hijos e hijas y por quien acudió como compañera
sentimental de la víctima.
58 Registro civil de nacimiento. Folio 1 del cuaderno No. 2.
59 Registro civil de nacimiento. Folio 12 del cuaderno No. 2
60 Registro civil de nacimiento. Folio 16 del cuaderno No. 2
61 Registro civil de nacimiento. Folio 18 del cuaderno No. 2
62 Registro civil de nacimiento. Folio 20 del cuaderno No. 2
63 Partida de bautismo. Folio 24 del cuaderno No. 2. La Sala precisa que, en este caso, dicha prueba es válida,
toda vez que, si bien el Decreto 1260 de 1970 dispuso que el registro civil de nacimiento, matrimonio o defunción
es el único documento que posee la idoneidad legal para demostrar este atributo de la personalidad, lo cierto es
que la aplicación de esa regla probatoria depende del año de nacimiento de la persona que pretende acreditar
su estado civil. Esta Corporación, en Sentencia de 13 de agosto de 2009, exp. 41001-23-31-000-2007-00342-01,
estableció las siguientes reglas con el fin de precisar los medios probatorios admisibles para probar el parentesco
según el periodo histórico, al respecto se planteó: “1. Respecto de los hechos y actos relacionados con el estado
civil ocurridos al amparo de la Ley 57 de 1887, vigente desde el 21 de abril de 1887 hasta el 15 de junio de 1938,
tanto las actas del registro civil como las partidas eclesiásticas tienen idéntica eficacia probatoria (artículo 22) (…)
2. Respecto de los hechos y actos relacionados con el estado civil ocurridos al amparo de la Ley 92 de 1938,
vigente desde el 16 de junio de 1938 hasta el 5 de agosto de 1970, las actas del registro civil son pruebas principales,
en tanto que las partidas eclesiásticas, las declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos
constitutivos del estado civil de que se trata y, en defecto de estas, por la notoria posesión de ese estado civil son
pruebas supletorias (artículos 18 y 19) (…) 3. Respecto de los hechos y actos relacionados con el estado civil
ocurridos al amparo del Decreto Ley 1260 de 1970, vigente desde el 5 de agosto de 1970, sólo el registro civil es
admisible como medio de prueba (artículo 105)”. Así, las personas nacidas antes de 1938 tienen la posibilidad de
probar su estado civil con las respectivas certificaciones expedidas por los párrocos pertenecientes a la Iglesia
Católica. En este caso, la demandante nació el 22 de junio de 1936, por lo que, respecto a ella, resulta válida la
partida de bautismo para acreditar su relación de parentesco con la víctima directa. Al respecto ver: también
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia 26 de julio de 2021, exp.
68001-23-31-000-2010-00695-01(48574); Sentencia 6 de noviembre de 2020, exp. 76001-23-31-000-2008-00110-
01(65001), entre otras.
64 Partida de bautismo. Folio 22 del cuaderno No. 2.
65 El testigo Álvaro Andrade Mantilla dijo no reconocer más que a un hermano de la víctima, a quien no identificó
y, si bien el testigo Santiago Rivera Jiménez manifestó que entre todos los integrantes de la familia había una
relación afectiva y amorosa (incluidos los hermanos de la víctima), lo cierto es que nada dijo sobre la relación de
los hermanos con la víctima directa ni la afectación concreta padecida por la privación injusta de la libertad de
Antonio Cortés.
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ya que, por tratarse de una situación de hecho entre dos personas, la
declaración unilateral de una de ellas no demuestra tal situación66. Por otra
parte, si bien en el expediente obra la declaración de un testigo que
manifestó que conocía Yannet Sánchez desde hacía 10 años, lo cierto es
que ese testigo no especificó si desde esa fecha conocía a la demandante
como compañera permanente del afectado directo; asimismo, indicó que
le constaba que ella y Antonio Cortés eran compañeros permanentes, sin
embargo, no precisó la duración o las fechas en que se presentó la
convivencia entre los mencionados, por lo que se desconoce si al momento
de la detención ese vínculo existía, teniendo en cuenta, además, que en el
informe de captura se indicó que Antonio Cortés tenía estado civil
separado.
73. Por otra parte, la Sala considera que toda privación injusta de la
libertad trae consigo una intensa vulneración del derecho al buen nombre
de quien la padeció. En efecto, el ejercicio del ius puniendi del Estado se
sustenta en la confianza legítima de toda la población que lo acata porque
presume su corrección. De manera que, la reclusión de Antonio Ulises Cortés
Escobar también le generó un daño consistente en el menoscabo en su
reputación y la afectación de su imagen en su entorno social. Esta situación
se encontró acreditada con los testimonios practicados en el proceso67 y las
noticias sobre la captura con fines de extradición que fueron publicadas en
medios de comunicación68.
74. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, esta afectación se
deriva siempre y necesariamente en un perjuicio sobre la reputación, o el
concepto que de la persona tenían los demás69, un deterioro de la
apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su
desempeño dentro de la sociedad70. Este asunto, que podría parecer
coyuntural, ha sido considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de
la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el
Estado, como por la sociedad71. De ahí la gravedad del perjuicio que debe
66 Declaración bajo juramento realizada por Yaneth Sánchez Sánchez (Folio 5 del cuaderno No. 2).
67 Al respecto, se encuentra el testimonio de Santiago Rivera Jiménez que manifestó lo siguiente: “dado así tal
gravamen como narcotraficante se sintió un aislamiento, rechazo, señalamiento a tal causa, toda la familia se
sentía muy mal por eso” (folios 294 a 296 del cuaderno del tribunal No. 1). Por su parte, Álvaro Andrade de Mantilla
indicó: “la divulgación de la detención fue amplia por todos los medios de comunicación, al menos de los medios
de comunicación del Valle del Cauca que es lo que me consta, en medios hablados y escritos. Hay un periódico
de allá de mucha circulación que se llama Q’Hubo donde con foto de una página entera sale la detención de
Antonio Ulises Cortes con esposas y un letrero ‘capturado un narcotraficante con más poder económico que Pablo
Escobar’, tenemos el recorte; posteriormente en el noticiero Noti5 anunciaron la captura del famoso
narcotraficante Antonio Ulises Cortés (…) como lo manifesté anteriormente, todos, es decir los vecinos de esa
unidad donde vivía y amistades que conocieron los hechos de que hablamos -la detención de el- tomaron
medidas de distanciamiento, de alejamiento de Antonio (…)” (folios 165 y 166 del cuaderno No. 3).
68 En el expediente obra la noticia publicada en el periódico “Q’ hubo”, el 13 de abril de 2007, en la cual se informa
sobre la detención con fines de extradición de Antonio Ulises Cortes Escobar (Folio 475 del cuaderno No. 2).
También obra la noticia transmitida en “Noticias Uno” (Único Cd del cuaderno No. 2).
69 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
70 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
71 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.
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repararse con ocasión de la vulneración al buen nombre de Antonio Ulises
Cortés Escobar.
75. Por tal motivo, se ordenará al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación a que
emitan un comunicado en el que se disculpen con la víctima por el perjuicio
causado. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de
reparaciones integrales debe concertarse con la víctima, el demandante le
informará a dichas entidades, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de
esta providencia, si el documento solamente le será entregado en físico a
ellos o si, además, desea que se publique en las plataformas de
comunicación y difusión de las respectivas entidades, por lo que así
procederán las demandadas una vez tengan conocimiento de esa
decisión. De no hacerse ninguna manifestación durante ese lapso, se
entenderá que la víctima opta porque las disculpas se expresen de forma
privada, por lo que las entidades procederán a cumplir esta orden de
manera inmediata.
76. Además, la parte actora solicitó una indemnización por 2.000 gr. oro a
favor de la víctima directa y 1.000 gr. oro a favor de los demás demandantes
por “perjuicios por daño a la vida en relación”. Respecto a esta petición,
argumentó que “la detención preventiva causó que el señor Cortés Escobar
tuviera que separarse de sus seres queridos compañera, hijos, hermanos, con
quienes mantenía una relación estrecha caracterizada por el afecto,
cariño, la unión, la solidaridad entre sus miembros. De la misma manera, con
la injusta detención, se le afectaron los derechos a la honra, buen nombre,
con la incriminación de ser narcotraficante, lo que necesariamente
repercutió alterando sus condiciones de vida”.
77. La Sala recuerda que la denominación de dicha tipología de perjuicio
fue abandonada a partir de la Sentencia de unificación del 14 de
septiembre del 201172 y, en este caso, no se demostró la configuración de
una afectación a la salud, el daño a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente protegidos, o cualquier otra tipología vigente en la
jurisprudencia. En efecto las afectaciones alegadas por la parte actora
aluden al sufrimiento moral que afrontaron los demandantes como
consecuencia de la privación de la libertad de Antonio Cortés, así como la
estigmatización padecida debido a los señalamientos formulados durante
el trámite de extradición, todo lo cual fue analizado al momento de
reconocer los perjuicios inmateriales indicados anteriormente, por lo cual la
solicitud de indemnización será negada.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del 14 de septiembre de 2011. Exp. 38222. M.P. Enrique
Gil Botero.
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2.7.2. Perjuicios materiales
78. La parte demandante solicitó, por concepto de daño emergente, la
suma de $26.120.000 a favor de Antonio Cortés, por el pago de los honorarios
profesionales al abogado que lo representó en el proceso penal, el gasto en
transporte de los familiares a la cárcel y los gastos de estadía durante esas
visitas.
79. Sobre los honorarios pagados a los abogados, en la Sentencia de 18
de julio de 201973, la Sala Plena de la Sección definió como requisitos para
el reconocimiento de este perjuicio los siguientes: i) la prueba de la real
prestación de los servicios del abogado y ii) la factura o documento
equivalente que registre el valor de los honorarios y la prueba de su pago.
Así, la Sala negará esta petición, toda vez que, si bien en las copias del
trámite de extradición se evidencia la actuación del abogado William
Enrique Moreno Díaz como defensor de Antonio Cortés 74, lo cierto es que el
documento aportado para acreditar el pago no constituye factura o
documento equivalente en los términos establecidos en el Estatuto
Tributario, y tampoco sería una prueba efectiva de la cancelación de los
montos allí indicados75.
80. La indemnización por los gastos de transporte de los familiares a la
cárcel y los gastos de estadía durante esas visitas también será negada,
toda vez que los documentos aportados para acreditar esa erogación 76 no
constituyen un documento válido en los términos del Estatuto Tributario.
81. Por último, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de
lucro cesante, el demandante solicitó el pago de $12.000.000 que dejó de
percibir durante el tiempo que permaneció recluido en virtud del proceso
penal y 500 SMLMV por los ingresos que no percibió a causa de la
estigmatización por la detención.
82. Sobre este perjuicio, en la Sentencia de unificación antes citada, la
Sección estableció como presupuestos para la procedencia de este
perjuicio los siguientes: 1) que sea solicitado por la parte interesada y 2) que
se pruebe suficientemente que, con ocasión de la detención, la persona
privada de la libertad dejo o perdió la posibilidad de percibir sus ingresos.
Adicionalmente, para la liquidación de esta tipología de perjuicio se exigió:
1) que se establezca un periodo indemnizable que, por regla general, es el
tiempo de duración de la privación de la libertad y 2) que se pruebe el
monto de los ingresos.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019,
Exp. 44572.
74 Auto que reconoce al abogado como apoderado del requerido en extradición. Folios 260 del cuaderno No. 2.
75 Paz y Salvo que obra en el Folio 445 del cuaderno No.2.
76 Certificaciones que obran en los folios 446 al 449 del cuaderno No 2.
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83. La Sala negará la indemnización por este perjuicio, debido a que no
encuentra acreditado que el demandante ejerciera una actividad
económica lícita al momento de la detención, pues si bien en el expediente
obra la declaración de un testigo que afirmó que Antonio Cortés había
trabajado en el Banco Popular, lo cierto es que en dicha declaración no se
precisa si el demandante continuaba laborando en dicha entidad cuando
fue detenido. En todo caso, se considera que esa afirmación no encuentra
respaldo en ninguna otra prueba, como por ejemplo una certificación
emitida por la entidad bancaria, que corroborara esa información.77
Tampoco se reconocerá la indemnización solicitada por el tiempo que
tardó el demandante en conseguir trabajo, dado que para acceder a ello
debía probarse “el valor de los ingresos que hubiera percibido la víctima después
de recuperar su libertad y que se frustraron con ocasión de la pérdida de ésta”, lo
cual no fue acreditado en este caso.
2.8. Costas
84. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la constitución y la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, la
Sentencia proferida el 12 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Fiscalía General de la Nación
responsables del daño ocasionado a los demandantes, con ocasión de la
77 El testigo Álvaro Andrade Mantilla declaró “el inició su vida laboral como mensajero en el Banco Popular y ahí
fue mejorando su educación y fue ascendiendo siempre dentro de esa institución (…) el hizo un curso dentro del
mismo banco de auxiliar contable” (folios 165 y 166 del cuaderno No. 3).
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privación injusta de la libertad de Antonio Ulises Cortés Escobar por el
periodo de 10 meses y 15 días.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Fiscalía General de la Nación a pagar,
a título de reparación por los perjuicios morales, los siguientes valores:
Demandante Indemnización
Antonio Ulises Cortés Escobar 52,49 SMLMV
Sandra Zuley Cortés Parra 20,99 SMLMV
Marisol Cortes Parra 20,99 SMLMV
Juan Manuel Cortes García 20,99 SMLMV
Ana Tulia Escobar 18,37 SMLMV
CUARTO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho,
Ministerio de Relaciones Exteriores y Fiscalía General de la Nación para que
emitan un comunicado en el cual reconozcan el perjuicio causado y
ofrezcan disculpas por la afectación al buen nombre de Antonio Ulises
Cortés Escobar, en los términos expuestos en esta decisión.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: NO CONDENAR en costas.
SÉPTIMO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo.
OCTAVO: EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a
lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil. Para tal
efecto, el Tribunal de instancia cumplirá lo previsto por el artículo 362 del
C.P.C.
NOVENO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente a la
Corporación de origen para lo de su cargo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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