Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00243-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00243-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2010-00243-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
9 de julio de 2018
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD – Homicidio en modalidad de tentativa, lesiones personales culposas / SENTENCIA PENAL CONDENATORIA – Lesiones personales / CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA PUNIBLE – Variación en la sentencia / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - No configurada
El señor Paul Alberto Flórez Yepes fue privado de la libertad desde el 3 de agosto de 2005 hasta el 12 de octubre de 2006 como consecuencia de la imposición de la medida de aseguramiento proferida en su contra por la Fiscalía 33 de la Unidad de Vida e Integridad Personal Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, por el delito de tentativa de homicidio que no cometió, pues dentro de la investigación y el juicio se le imputó el delito de lesiones personales culposas por el que finalmente se le condenó (…) Si bien la calificación de la conducta varió al momento de proferirse sentencia en contra del enjuiciado Paul Alberto Flórez Yepes, esta variación estaba permitida por la codificación procesal penal vigente, y por eso la calificación que a la conducta investigada le daba la fiscalía, recibía el nombre de calificación jurídica provisional. Es decir, que este instituto que estaba previsto en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, era una facultad legal que le asistía tanto al juez como al fiscal, de manera que no puede considerarse como irregularidad violatoria del debido proceso o del derecho de defensa, máxime cuando el funcionario instructor al imponer la medida de aseguramiento al demandante Flórez Yepes por el delito de tentativa de homicidio, valoró de manera objetiva y razonada las exigencias tanto objetivas como subjetivas para ordenar la detención preventiva del sujeto que había sido declarado persona ausente. Ahora bien, es importante destacar que al tenor de lo previsto en el artículo 357 numeral 2 de la Ley 600 de 2000, tanto el delito de homicidio como el de lesiones personales tenían prevista la detención preventiva como medida de aseguramiento. Bajo los anteriores argumentos, la Sala precisa que la privación de la libertad del demandante provino de decisiones ajustadas a derecho, dictadas bajo criterios de sana crítica, razonabilidad, dentro del marco legal vigente y la autonomía y certeza que las pruebas recaudadas y controvertidas, por todos los sujetos procesales, le otorgaron a los funcionarios que intervinieron tanto en la etapa de instrucción como en la etapa de juzgamiento. Así las cosas, no se configura en el presente evento el daño como el primer elemento de la responsabilidad sin el cual no es posible continuar con el análisis pretendido por el demandante, puesto que “el daño es la razón de ser la responsabilidad” como lo señala la jurisprudencia
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE APLICACIÓN
Es claro entonces que en vigencia de la Ley 600 de 2000 la calificación que de la conducta hacía el fiscal en el curso de la investigación y al proferir resolución de acusación, podía variar en la etapa del juicio, sin que dicha variación implicara desconocimiento del derecho de defensa o de contradicción del acusado, quien de todas maneras tenía la oportunidad de controvertir esta nueva calificación (…) Aun antes de la expedición de la Ley 600 de 2000 al analizar la Corte la disposición que definía el carácter provisional de la resolución de acusación estando vigente el Decreto 2700 de 1991, afirmó que entender inmodificable lo indicado en la resolución de acusación llevaría a violentar el valor de la justicia. Por ende, “el funcionario o corporación a cuyo cargo se encuentra la decisión final debe estar en condiciones de modificar, parcial o totalmente, las apreciaciones con base en las cuales se dio principio al proceso”.
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00243-01(44854)
Actor: PAUL ALBERTO FLÓREZ YEPES Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Contenido: Descriptor: Responsabilidad por privación injusta de la libertad. Restrictor: Calificación jurídica provisional/ausencia de daño/confirma.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 16 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –Sección Tercera Subsección C- de Descongestión, que declaró probada la falta de legitimación en la causa por activa de los señores Claudia Flórez Yepes y Jhon Flórez Yepes, y negó las pretensiones de la demanda presentada por los demás actores.
SINTESIS DEL CASO
El señor Paul Alberto Flórez Yepes fue privado de la libertad desde el 3 de agosto de 2005 hasta el 12 de octubre de 2006 como consecuencia de la imposición de la medida de aseguramiento proferida en su contra por la Fiscalía 33 de la Unidad de Vida e Integridad Personal Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá, por el delito de tentativa de homicidio que no cometió, pues dentro de la investigación y el juicio se le imputó el delito de lesiones personales culposas por el que finalmente se le condenó.
ANTECEDENTES
2.1. La demanda
El 9 de marzo de 2010 los señores Paul Alberto Flórez Yepes, Adriana Flórez Bonilla, Viviana Flórez Bonilla, Sara Emilia Yepes de Flórez, Vicente Paul Flórez Cruz, Claudia Flórez Yepes, Pamella Flórez Yepes, Jhon Flórez Yepes y Sara Patricia Flórez, a través de apoderado, presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa, contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, con la pretensión de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
Que la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACION es administrativamente responsable de los daños y perjuicios materiales e inmateriales causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad de la cual fue objeto el señor Paul Alberto Flórez Yepes, como consecuencia de la medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de tentativa de homicidio, que no cometió, pues fue condenado por el delito de lesiones personales culposas.
Que como consecuencia de lo anterior, las entidades demandadas deben cancelar a los demandantes los perjuicios causados así:
Morales:
Para la víctima directa del daño señor Paul Alberto Flórez Yepes el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes, o el monto máximo que reconozca la jurisprudencia.
Para los señores Sara Emilia Yepes de Flórez en su condición de madre y Vicente Paul Flórez Cruz en su condición de padre de la víctima, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno, o el monto máximo que establezca la jurisprudencia.
Para Viviana Pamella Flórez y Mónica Adriana Flórez, hijas del señor Paul Alberto Flórez, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno, o el monto máximo que reconozca la jurisprudencia.
Para Claudia Patricia Flórez Yepes, Sara Patricia Flórez Yepes, Pamella Flórez Yepes y Jhon Flórez Yepes, hermanos de la víctima directa del daño, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno, o el monto máximo que reconozca la jurisprudencia.
Daño a la vida de relación:
Para la víctima directa del daño señor Paul Alberto Flórez Yepes el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes, o el monto máximo que reconozca la jurisprudencia.
Para Sara Emilia Yepes de Flórez en su condición de madre y Vicente Paul Flórez Cruz en su condición de padre de la víctima, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno, o el monto máximo que establezca la jurisprudencia.
Para Viviana Pamella Flórez y Mónica Adriana Flórez, hijas del señor Paul Alberto Flórez, el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno, o el monto máximo que reconozca la jurisprudencia.
Para Claudia Patricia Flórez Yepes, Sara Patricia Flórez Yepes, Pamella Flórez Yepes y Jhon Flórez Yepes, hermanos de la víctima directa del daño, el equivalente a 50 salarios mínimos mensuales vigentes, para cada uno, o el monto máximo que reconozca la jurisprudencia.
Lucro cesante:
La entidad deberá cancelar todo aquello que la víctima directa del daño dejó de percibir durante el tiempo que estuvo privado de la libertad. Estas sumas deberán liquidarse con base en el ingreso mensual que se demuestre en el curso del proceso, o en subsidio, tomando el salario mínimo legal mensual vigente.
Que se condene a la entidad al pago de las costas del proceso y se le ordene cancelar las sumas a las que resulte condenada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 174 y siguientes del C.C.A.
Estas pretensiones están fundadas en los hechos que la Sala resume así:
La Fiscalía General de la Nación inició una investigación contra el señor Paul Alberto Flórez Yepes, contra quien dictó medida de aseguramiento de detención preventiva por el presunto delito de tentativa de homicidio. Como consecuencia de esta medida de aseguramiento, estuvo privado de la libertad un total de 14 meses y 12 días en la cárcel Modelo de Bogotá.
El 17 de noviembre de 2005, la fiscalía profirió resolución de acusación contra el señor Paul Alberto Flórez Yepes, al considerar reunidos los requisitos exigidos por el artículo 397 del C. de P.P., en calidad de autor responsable del punible de tentativa de homicidio.
La medida de aseguramiento fue revocada por el Juzgado 50 penal del Circuito, el 12 de octubre de 2006, al estimar que se había presentado un error en la tipificación del delito, toda vez que, no se trataba de tentativa de homicidio sino de lesiones personales culposas
El Juzgado 50 Penal del Circuito, mediante sentencia proferida el 5 de marzo de 2008, reiteró que el verdadero tipo penal que desde un principio debió imputársele al acusado era el de lesiones personales, por el cual fue condenado a la pena principal de 11 meses de prisión, otorgándosele el subrogado penal de la ejecución condicional, es decir, que en virtud de la sentencia nunca debió pagar pena privativa de la libertad, con lo cual, a juicio del demandante, quedó demostrado que el tiempo que pago injustamente deviene en una falla del servicio que generó un perjuicio que debe ser reparado.
2.2. Trámite procesal
El Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera-, por auto del 23 de marzo de 2010 declaró la falta de competencia para conocer la demanda y ordenó remitirla al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El Tribunal Administrativo una vez verificó el cumplimiento de los presupuestos procesales de la acción y de los requisitos formales, admitió la demanda por auto del 30 de junio de 2010. Notificado el auto admisorio a la entidad demandada y al Ministerio Público, según constancias visibles a los folios 98 vto. y 100 del cuaderno principal, se fijó el proceso en lista.
La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda manifestando su total oposición a los hechos y a la prosperidad de las pretensiones. Afirma que la fiscalía no incurrió en falla del servicio porque las actuaciones se desarrollaron oportunamente y durante el trascurso de la investigación se recaudó el suficiente material probatorio que varió la calificación de la conducta.
Agrega que la privación de la libertad del señor Flórez Yepes por el tiempo que se señala en la demanda, tuvo su fundamento en pruebas valoradas bajo las reglas de la sana crítica y pese a que finalmente se cambió el delito de tentativa de homicidio por el de lesiones personales culposas, esta decisión por sí misma no desvirtúa o deslegitima la medida de aseguramiento de detención preventiva que le fue impuesta en su momento, ya que los presupuestos para imponerla estaban presentes.
Como excepción propone la genérica que se encuentre probada.
Vencido el término de fijación en lista, por auto del 9 de diciembre de 2010 se abrió el proceso a pruebas y por auto del 26 de octubre de 2011 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo, término del cual hizo uso la entidad demandada y el Ministerio Público.
2.3. Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C” de Descongestión, decidió el 16 de mayo de 2012 declaró la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes Claudia Flórez Yepes y Jhon Flórez Yepes, y negó las pretensiones de la demanda.
En cuanto a la legitimación en la causa por activa consideró el a quo que los demandantes Claudia y Jhon Flórez Yepes, quienes acudieron al proceso en su condición de hermanos de la víctima directa del daño, no allegaron fotocopia autenticada de los registros civiles de nacimiento con los cuales acreditar el parentesco, por lo que, carecían de legitimación por activa.
En segundo término, el Tribunal planteó como problema jurídico: “¿Es posible imputar responsabilidad a la FISCALIA GENERAL DE LA NACION por los perjuicios ocasionados a los demandantes con la privación injusta de la libertad del señor PAUL ALBERTO FLOREZ YEPES, entre el 3 de agosto de 2005 y el 12 de octubre de 2006, al ser condenado por un delito diferente al que dio lugar a su detención preventiva?”.
Para el juez de primera instancia, las resoluciones del 3 de agosto de 2005 y del 17 de noviembre de 2005 en virtud de las cuales se impuso medida de aseguramiento y se profirió resolución de acusación contra el señor Flórez Yepes, fueron jurídicamente sustentadas y soportadas con una extensa valoración de las pruebas legal y oportunamente allegadas al expediente y con el cumplimiento de los requisitos consagrados en el Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos.
Consecuente con lo anterior, consideró el tribunal que la respuesta al problema jurídico planteado debía ser negativa.
2.4. Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, al considerar que la Fiscalía cometió graves errores que condujeron a privar de la libertad al señor Flórez Yepes, uno de ellos, el no haber valorado integralmente el material probatorio recaudado y que le hubiera permitido tipificar adecuadamente el delito.
Como irregularidades relevantes cometidas por la entidad demandada en perjuicio de la libertad del demandante, señala el apoderado las siguientes:
No realizar una valoración probatoria para imputar el delito de tentativa de homicidio.
Haber dado valor probatorio a testigos de oídas.
Hacer caso omiso al dictamen de medicina legal.
Ordenar la medida de aseguramiento basado en una errónea calificación del delito.
Haber permitido que el señor Paul Alberto Flórez Yepes estuviera recluido por espacio de 14 meses y 12 días.
2.5. Trámite en segunda instancia
El recurso de apelación presentado por el apoderado de la parte demandante fue admitido por esta Corporación por auto del 26 de septiembre de 2012 y el 10 de octubre de 2012 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
Las partes y el Ministerio Público no hicieron uso del término concedido para alegar de conclusión y rendir concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Presupuestos materiales de la sentencia de mérito
La Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y al auto de 9 de septiembre de 2008, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.
En efecto, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia”, y sostiene que “únicamente el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos” son competentes para ello, lo cual significa que el conocimiento de los citados procesos en primera instancia se radica en los Tribunales Administrativos y en segunda instancia en esta Corporación, sin importar la cuantía del proceso.
La acción de reparación directa estaba vigente al momento de presentación de la demanda, pues la demanda se presentó el 9 de marzo de 2010 (folio 32 del cuaderno principal) y la actuación que para el demandante concretó el daño, se profirió el 5 de marzo de 2008 y cobró ejecutoria el 28 del mismo mes y año. A su vez, se presentó solicitud de conciliación prejudicial el 4 de septiembre de 2009 faltando 6 meses y 24 días para que se venciera el plazo de los dos años establecido en la ley para el ejercicio de la acción.
De esta manera y como la diligencia de conciliación extrajudicial se llevó a cabo el 12 de noviembre de 2009, la demanda se presentó oportunamente, aún antes de vencerse los 6 meses y 24 días restantes para el cumplimiento de los dos años para acudir a la jurisdicción.
La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo, y sobre ella, la Sala se ha referido a la existencia de una legitimación de hecho, cuando se trata de una relación procesal que se establece entre quien demanda y el demandado y que surge a partir del momento en que se traba la litis, con la notificación del auto admisorio de la demanda y por otra parte, habla de una legitimación material en la causa, que tiene que ver con la participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda, independientemente de que hayan sido convocadas al proceso.
Para el presente evento, el señor Paul Alberto Flórez Yepes está legitimado en la causa por activa, por cuanto fue el sujeto sobre quien recayó la medida de detención preventiva que limitó su libertad personal y cuya injusticia se aduce como causa de reparación.
De otra parte, la calidad con la que acuden al proceso los restantes demandantes, se demuestra con los registros civiles que acreditan la condición de padres del señor Flórez Yepes de los señores Sara Emilia Yepes y Vicente Paul Flórez Cruz; de hermanos de los señores Pamella Flórez Yepes y Jhon Flórez Yepes; de hijos de Viviana Flórez Bonilla y Mónica Adriana Flórez Bonilla.
Así las cosas, puesto que “el registro civil de nacimiento constituye el documento idóneo para acreditar la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”; y es criterio reiterado y pacífico en esta Corporación, que la acreditación del parentesco constituye un indicio para la configuración del daño moral en los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, se concluye que la privación de la libertad que sufrió el demandante causó un grave dolor en sus padres, hijos y hermanos, y por tanto, se encuentran legitimados para la causa, por activa.
Respecto a la legitimación en la causa por pasiva, se evidencia que la Nación es la persona llamada a responder por la eventual condena, toda vez que es a ella a quien se endilga en la demanda, responsabilidad por las actuaciones del órgano Fiscalía General de la Nación encargado de la investigación penal, la vinculación del accionante y la imposición de la medida de aseguramiento por el presunto delito de tentativa de homicidio.
3.2. De la prueba de los hechos
A partir de la preceptiva del artículo 90 de la Constitución, dos son los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración, a saber, que haya un daño antijurídico y que éste sea imputable a una acción u omisión de una autoridad pública, razón por la cual el estudio de los hechos probados lo hará la Sala en dos grandes apartes, a saber: hechos relativos al daño y hechos relativos a la imputación.
3.2.1. Sobre la prueba de los hechos relativos al daño
El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, lo hace consistir la parte demandante en la afrenta que padeció Paul Alberto Flórez Yepes en su libertad física por causa de la imputación, de la captura y de la detención preventiva de las que fue víctima directa; y en el dolor que sufrieron sus familiares por cuenta de los señalamientos efectuados a quien sindicaron de tentativa de homicidio y finalmente fue condenado por lesiones personales culposas.
La parte actora pretende acreditar de la siguiente manera los hechos constitutivos de este daño:
3.2.1.1 Resolución interlocutoria de 3 de agosto de 2005, de la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual resolvió la situación jurídica del señor PAUL ALBERTO FLÓREZ YEPES, con medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por el delito de tentativa de homicidio descrito en los artículos 103 y 27 del C.P. – Ley 599 de 2000.
La fiscalía reprochó a PAUL ALBERTO FLÓREZ YEPES:
“ …Como se puede apreciar a través de la óptica probatoria esto es, aplicando la lógica, la sana crítica de la prueba y las leyes de experiencia tenemos en este evento que en verdad, nos encontramos frente a un delito de TENTATIVA DE HONMIDICIO, pues el primer antecedente que existe es una riña, pues se agredieron ambos contrincantes, según lo afirma el sindicado por lo que tiene una denuncia por daño en bien ajeno y lesiones personales en contra de NÉSTOR LOZANO VARGAS, y una vez que PAUL ALBERTO FLOREZ YEPES toma aborda el automotor de su propiedad, toma el volante y lo lanza contra la humanidad de NÉSTOR LOZANO VARGAS, es en ese momento donde aflora la intención de matar a su contrincante, y es de tal manera esta intencionalidad que se nota al quedar encallado contra un ande, tratar de retroceder sin tener en cuenta a la víctima que se encontraba tirado en el piso, para luego huir del lugar. (…) se infiere esa intencionalidad de la que se ha venido debatiendo, en primera medida porque un automotor es idóneo para desarrollar la conducta, con un resultado muerte de la víctima, de una parte y de la otra que no torna la dirección correcta para salir del lugar, esto es haber tomado la vía, por modo que su actuar es antijurídico y culpable, elementos del hecho punible que en este evento se reúnen, por manera que conocía el hecho y quiso su realización, pues inicia la ejecución de la conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación la cual no se produjo por causas ajenas a la voluntad del sujeto agente, tal como lo describe el artículo 27 del C.P., por manera que emergen elementos de juicio suficientes como lo es la prueba testimonial y de peritación, como lo es la misma incapacidad médico legal que permiten evidenciar que se reúnen los elementos sustanciales para proferir medida de aseguramiento de detención preventiva contra PAUL ABLERTO FLÓREZ YEPES, como autor del delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO”.
3.2.1.2 Resolución de 17 de noviembre de 2005, del ente instructor, por medio de la cual se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra de PAUL ALBERTO FLÓREZ YEPES, al encontrar el ente investigador que, con la prueba recaudada y valorada bajo el criterio de la sana crítica, se demostró la existencia de la conducta típica de homicidio tentado en contra del bien jurídico de la vida e integridad personal del señor Néstor Lozano Vargas. Conducta que resultó antijurídica y culpable a título de dolo.
Esta decisión la soportó jurídicamente la fiscalía, en lo previsto en el artículo 397 de la ley 600 de 2000.
3.2.2. En la etapa del juicio el proceso le fue asignado al Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá, el cual citó para audiencia de juzgamiento que se llevó a cabo los días 17, 25 de agosto y 11 de octubre de 2006. En esta diligencia la fiscalía luego de solicitar la aclaración del dictamen pericial y de efectuar su valoración y confrontación con los testimonios recaudados y lo dicho por el acusado en el curso de la investigación, concluye que:
“(…)
Nos preguntamos entonces ¿PAUL ALBERTO FLORES YEPES tenía la intención de matar a NÉSTOR LOZANO VARGAS? Indiscutiblemente entendemos que no, su intención no era matar, porque si su intención hubiese sido la de matar, tenía todos los elementos propios para hacerlo y no lo hizo. Debemos indicar entonces, que existen algunas conductas que son consideradas aptas para producir la muerte, es decir, que tienen una actitud lesiva, pero, se debe demostrar que efectivamente tuvo la intención de producir la muerte, situación que nos parece no ocurrió en este caso. (…) debemos afirmar que los dos contrincantes se encontraban en una situació9n de riña, en las que voluntariamente habían captado (sic) causarse lesiones, que se encontraban en una situación ilícita y por lo tanto, ningún resultado que ella produjere puede ser justificado.
(…) reconstruyendo todos los elementos probatorios que se han traído nos damos cuenta que PAUL ALBERTO FLORES YEPES, golpeó con su carro a NESTOR LOZANO VARGAS, causándole lesiones y que las mismas son dolosas, que es obvio concluir que ante el impacto que recibió su vehículo, golpeó a la víctima, pero que su intención no era la de matarlo. (…) No cabe duda que PAUL ALBERTO LFOREZ YEPES, debe responder por el resultado final de su actuar, y que este no es otro que las lesiones personales ocasionadas en el cuerpo de la víctima y que de acuerdo a la incapacidad médico legal traída al proceso debatido y aprobado por los intervinientes recibe adecuación en el artículo 111 del C. penal en armonía con el 112, tercer párrafo, 113 y 114 de la misma obra, solicitando por lo tanto sentencia de carácter condenatoria en contra de PAUL ALBERTO FLORES YEPES, como autor del delito de lesiones personales cometida en la integridad del señor NESTOR LOZANO VARGAS.
(…)
En esta diligencia y basado en la variación de la conducta imputada, el defensor solicitó la libertad provisional.
3.2.3. El Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá, decidió el 12 de octubre de 2006 que la solicitud de libertad provisional era procedente conforme el contenido de los artículos 365 numeral 1º de la Ley 600 de 2000 y el artículo 63 de la Ley 599 de 2000, en cuanto la pena a imponer en caso de condena, no excedía de 3 años, el enjuiciado no tenía antecedentes penales, y había cumplido 14 meses y 12 días de privación efectiva de la libertad.
3.2.4. Mediante sentencia del 5 de marzo de 2008 el Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá, condenó al señor PAUL ALBERTO FLÓREZ YEPES a la pena principal de once (11) meses de prisión y multa equivalente a cinco punto dos (5.2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, y la suspensión de la actividad de conducción por un término de seis meses como responsable de la conducta punible de lesiones personales culposas. Como pena accesoria se le impuso la interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal.
Para el juez, una vez analizado el acervo probatorio, se infiere que tal y como lo afirma la fiscalía:
“La intención de PAUL ALBERTO FLÓREZ YEPES no era cegar la vida de NESTOR LOZANO VARGAS, como lo aseveró el ente acusador, primero porque no tenía ninguna razón para hacerlo pues se desprende de los diferentes testimonios recepcionados dentro del plenario que mantenían relaciones laborales y aún más que eran amigos luego no se vislumbran motivos en el encausado para querer quitar la vida a la víctima: por el contrario, lo que se colige es que luego de haberse causado lesiones mutuamente, FLÓREZ YEPES lo que quiso fue huir del lugar de los acontecimientos no contando con la continuidad de la agresión por parte del aquí afectado que quiso continuar con la reyerta utilizando para tal fin una piedra de tamaño considerable y que tal y como se encuentra probado arremetió contra el automotor en el que se desplazaba el acusado, siendo ésta la forma como al perder el control del vehículo éste causó las lesiones al ofendido.
De otra parte, debemos tener en cuenta que para que se configure el delito de homicidio, las agresiones que se causen en el sujeto pasivo deben ser determinantes y que pongan en peligro de manera inminente la vida de la persona, es decir, que afecte un órgano vital que pueda llevar a la muerte a un ser humano. Bajo ese orden de ideas tenemos que obra a folios 203 y 204 del 2º C.O., dictamen del Instituto de Medicina Legal en el que se determina que las lesiones sufridas por NESTOR LOZANO, según lo registrado en la historia clínica anexada no comprometió órganos vitales (…), sino estructuras óseas de miembros inferiores como cuello de pie derecho, platillos tibiales izquierdos y manguito rotador derecho. (…) no podemos encuadrar la ilicitud en que incurrió FLÓREZ YEPES dentro (sic) del punible de Homicidio Tentado (sic) sino que como lo afirma la fiscal de audiencias el delito por el cual se debe juzgad al encausado es lesiones personales, pero no dolosas sino culposas, tipificado dentro de la normatividad ya referida, como en efecto se procede, no sin antes aclarar que debido a que en el pliego de cargos el ente acusador omitió incluir los agravantes establecidos en los numerales 1 y 2 del artículo 110 de la Ley 599 de 2000, el despacho está imposibilitado para agravar la conducta del procesado.
(…)
…[R]eunidos los presupuestos demandados por el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, se dictará sentencia condenatoria en contra del acusado, por el punible de lesiones personales culposas, más no dolosas como lo solicitó la Fiscalía”.
Esta decisión condenatoria cobró ejecutoria el 26 de marzo de 2008 tal y como lo certifica el secretario del Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá al folio 1 del cuaderno de pruebas número 8.
Para el demandante las actuaciones configuran la falla del servicio que le causó daño, dado que estuvo privado de la libertad acusado de un delito que no cometió, y por tanto se genera la obligación de reparar.
4. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si hay responsabilidad patrimonial de la Nación - Fiscalía General de la Nación, por privación injusta de la libertad, cuando se varía la calificación jurídica que sirvió de fundamento para dictar la medida de aseguramiento, teniendo en cuenta que se condenó por el delito de lesiones personales culposas y no por el inicialmente endilgado, esto es, tentativa de homicidio.
5. La variación de la calificación jurídica provisional en la Ley 600 de 2000
Para responder el problema jurídico planteado, es necesario que la Sala haga una breve reseña de la figura jurídico penal de la variación jurídica provisional que describía la Ley 600 de 2000:
“Artículo 404: Variación de la calificación jurídica provisional de la conducta punible. Concluida la práctica de pruebas, si la calificación provisional dada a la conducta punible varió por error en la calificación o prueba sobreviniente respecto de un elemento básico estructural del tipo, forma de coparticipación o imputación subjetiva, desconocimiento de una circunstancia atenuante o reconocimiento de una agravante que modifiquen los límites punitivos, se procederá así:
"1. Si el Fiscal General de la Nación o su delegado, advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, procederá a variarla y así se lo hará saber al juez en su intervención durante la audiencia pública. Finalizada su intervención, se correrá traslado de ella a los demás sujetos procesales, quienes podrán solicitar la continuación de la diligencia, su suspensión para efectos de estudiar la nueva calificación o la práctica de las pruebas necesarias.
Si se suspende la diligencia, el expediente quedará inmediatamente a disposición de los sujetos procesales por el término de diez días para que soliciten las pruebas que consideren pertinentes. Vencido el traslado, el juez, mediante auto de sustanciación, ordenará la práctica de pruebas y fijará fecha y hora para la continuación de la diligencia de audiencia pública, la que se realizará dentro de los diez días siguientes.
Si los sujetos procesales acuerdan proseguir la diligencia de audiencia pública o reanudada ésta y practicadas las pruebas, se concederá el uso de la palabra en el orden legal de intervenciones.
2. Si el juez advierte la necesidad de variar la calificación jurídica provisional, así se lo hará saber al fiscal en la audiencia pública, limitando su intervención exclusivamente a la calificación jurídica que estima procedente y sin que ella implique valoración alguna de responsabilidad. El fiscal podrá aceptarla u oponerse a ella.
Si el fiscal admite variar la calificación jurídica, se dará aplicación al numeral primero de este artículo.
Cuando el proceso sea de competencia del Fiscal General de la Nación, podrá introducir la modificación por medio de memorial dirigido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Cuando el proceso sea de aquellos que conoce en su integridad la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se introducirá la modificación por decisión notificable en estrados.”
Es claro entonces que en vigencia de la Ley 600 de 2000 la calificación que de la conducta hacía el fiscal en el curso de la investigación y al proferir resolución de acusación, podía variar en la etapa del juicio, sin que dicha variación implicara desconocimiento del derecho de defensa o de contradicción del acusado, quien de todas maneras tenía la oportunidad de controvertir esta nueva calificación.
Sobre el punto, la Corte Constitucional al declarar exequible el numeral 2 inciso 2° del artículo 404 de la Ley 600 de 2000 en sentencia C-620 del 13 de junio de 2001 con ponencia del magistrado Jaime Araujo Rentería, precisó lo siguiente:
“… El proceso penal es uno sólo, conformado por diferentes etapas no excluyentes entre sí, sino, por el contrario, complementarias, pues lo que se busca es la consecución de la verdad, tanto en la etapa de investigación que adelanta el fiscal, como a lo largo de la etapa de juzgamiento, en aras de hacer efectivo el principio de justicia material. En consecuencia, no se puede pretender que el juez quede atado a las decisiones del fiscal, máxime teniendo en cuenta que en él radica la decisión final del proceso.
Así pues, se entiende que la resolución de acusación no es definitiva22 ya que el proceso penal no se agota en la etapa de instrucción, de modo que durante la etapa de juzgamiento el juez puede modificarla si, luego del análisis del acervo probatorio, encuentra que el delito establecido por el fiscal en la acusación no corresponde a la conducta realmente llevada a cabo por el procesado.23 Es inadmisible entender que la posibilidad de modificar la calificación jurídica vulnera el derecho de defensa, ya que sería absurdo sostener que su protección radica en la permanencia en el error o la omisión en que haya podido incurrir el fiscal al proferir dicha providencia. Adicionalmente, la provisionalidad de la calificación responde a la necesidad de garantizar el derecho al debido proceso, toda vez que protege la presunción de inocencia, la cual sólo se desvirtúa con la sentencia condenatoria.
De esta forma, la calificación inicial sobre el delito no puede ser invariable, ya que el objetivo de todo proceso, en especial los procesos penales, es esclarecer los hechos, los autores y partícipes con fundamento en el material probatorio recaudado, para administrar justicia con apoyo en la verdad y en la convicción razonada de quien resuelve. De ahí que el funcionario o corporación a cuyo cargo se encuentra la decisión final debe estar en condiciones de modificar, parcial o totalmente, las apreciaciones con base en las cuales se inició el proceso.
La Corte no comparte entonces el criterio de la demandante y del Procurador, cuando afirman que al facultar al juez para declarar la nulidad de la resolución de acusación se estaría violando el ámbito de competencia del fiscal, pues de sostenerse que la decisión del fiscal debe quedar incólume, es decir, que sea inmodificable por el juez, se caería en el absurdo de avalar la permanencia en el error con la excusa de estar protegiendo los ámbitos de competencia del juez y del fiscal.
Por el contrario, esta Corporación encuentra perfectamente lógico y ajustado a derecho que el juez, como director del proceso, pueda corregir los errores que se cometan en el transcurso del mismo, de modo que se proteja el fin del proceso penal, esto es, el esclarecimiento de los hechos, la búsqueda de la verdad y la justicia material, así como los derechos fundamentales de quien está siendo procesado por la comisión de un hecho punible. Esto responde también al principio varias veces mencionado de la colaboración funcional, según el cual los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines (art. 113 de la C.P).”
Y en una sentencia de tutela al referirse a la calificación provisional de la conducta punible y su posibilidad de variación en el curso del proceso penal señaló:
“la posibilidad de que el ordenamiento jurídico habilite variar la calificación jurídica – por su carácter de provisional- implica que la calificación no necesariamente debe ser inmodificable sino que lo importante es que el procesado pueda alterar su estrategia defensiva y contradecir los hechos nuevos a la vez que se garantice el principio de congruencia entre acusación y la imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto”.
Aun antes de la expedición de la Ley 600 de 2000 al analizar la Corte la disposición que definía el carácter provisional de la resolución de acusación estando vigente el Decreto 2700 de 1991, afirmó que entender inmodificable lo indicado en la resolución de acusación llevaría a violentar el valor de la justicia. Por ende, “el funcionario o corporación a cuyo cargo se encuentra la decisión final debe estar en condiciones de modificar, parcial o totalmente, las apreciaciones con base en las cuales se dio principio al proceso”.
A su turno la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre la facultad que se viene comentado, en auto del 14 de febrero de 2002 estableció los parámetros que desde entonces se han reiterado de manera uniforme:
“(…) La modificación del calificatorio puede ser hecha como consecuencia de prueba sobreviniente, pero también del antecedente, cuando el fiscal se equivoca en la elaboración del pliego de cargos.
(…) Solamente es necesaria cuando se hace más gravosa la situación del procesado.
(…) El juez, al proferir la sentencia, puede degradar la responsabilidad del sindicado, porque si está habilitado para absolverlo, también lo está para atenuar su situación, siempre que respete el núcleo central de la imputación fáctica o conducta básica.
(…) Si el fiscal considera que se debe proferir sentencia condenatoria, pero por un comportamiento menos grave que el deducido en el calificatorio, no es menester seguir estrictamente el trámite establecido en la ley para la variación. Simplemente, de manera expresa e indudable, lo hace saber al juez durante su intervención.
(…) El fiscal puede hacer la mutación con base en su propia iniciativa o por insinuación del juez, pues continúa con su función acusadora en el juicio. La opinión del juez, admitida o no por la fiscalía, tiene que ser objeto de debate para efectos de la congruencia.
(…) La resolución acusatoria, su variación y las manifestaciones del juez, no se excluyen para efectos del principio de consonancia. Por tanto, la sentencia puede ser armonizada con cualquiera de esas posturas e, incluso, con una conducta diferente, siempre que sea respetado ese núcleo básico y sea benéfica al acusado, pues nada impide al juez disminuir la responsabilidad.
(…) La función acusatoria, exclusiva de la fiscalía, finaliza con el cambio de la calificación o con la oposición del fiscal a las manifestaciones del juez en ese sentido.
(…) El juez respeta la congruencia si condena con base en la imputación fáctica y jurídica de la resolución acusatoria, o en la variación, o en la hipótesis que él mismo ha formulado en la audiencia, o en una conducta atenuada. Pero le está vedado agregar, porque sí, hechos nuevos o, de cualquier forma, agravar la situación del procesado, a quien lo más desventajoso que le puede pasar es que sea condenado por los cargos que le fueron definitivamente acreditados en el debate público.
(…) La Corte también ha afirmado lo siguiente:
Dentro del esquema procesal implementado por la Ley 600 del 2000, la resolución de acusación hace parte del acto jurídico complejo de la acusación, caracterización que, entre otras cosas, implica su mutabilidad dentro de la fase de juzgamiento. Tal naturaleza es necesaria dentro de un sistema procesal diseñado como acusatorio y que intenta priorizar la fase oral de juzgamiento otorgando al Juez plenos poderes de control sobre la acusación en aras de obtener la realización del principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial como única manera de que un Estado definido como social de derecho garantice la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Pero la naturaleza compleja del acto jurídico de acusación, que es la que da cabida a su mutabilidad, no puede pasar por alto dos aspectos esenciales del sistema: que la función de investigar y acusar es exclusiva de la Fiscalía General de la Nación; y, que es necesaria una oportunidad en que la acusación sea definitiva.
Esta última característica tiene a su vez dos extremos: el inicio de la acusación, marcado por la resolución de tal categoría expedida por la Fiscalía General; y, la consolidación del acto jurídico complejo de la acusación, determinado por la variación que haya tenido conforme lo dispone la ley. Esa fijeza, inicial y final, es absolutamente necesaria para que la fase de juzgamiento transite purgada de vicios y pueda adoptarse un fallo que merezca las presunciones de legalidad y acierto.
(…) El estatuto procesal penal del 2000 despojó a la resolución acusatoria de aquella connotación tradicional de "ley del proceso", entendiendo por ésta el acto invariable, intocable en el juzgamiento, respecto de la conducta. Y le restó esa característica sencillamente porque de manera expresa autoriza varias oportunidades que permiten su variación.
Es claro, entonces, que la providencia que califica un sumario con acusación ya no es "ley" inmodificable para el juicio. Constituye solamente un objeto más de ese posible acto complejo que es la "acusación", conformado -cuando es del caso- por esa resolución y por las diversas situaciones que se presentan en el incidente de variación de la calificación jurídica.
En otras palabras: la variación en el juicio de la calificación provisional de la conducta punible por error en la resolución de acusación, solo es necesaria cuando se pretenda hacer más gravosa la situación jurídica del procesado, esto es, cuando se trate de imputarle una especie delictiva más grave o una modalidad comportamental más severa, no cuando la nueva imputación es más benigna o se revele equivalente en términos punitivos, siempre que al dictarse la sentencia se respete por el juez el núcleo central de la imputación fáctica.
La jurisprudencia de la Sala ha precisado que la congruencia no implica perfecta armonía o identidad entre el acto de acusación y el fallo, sino señalamiento de un eje conceptual fáctico-jurídico para garantizar el derecho de defensa y la unidad lógica y jurídica del proceso, de manera que no se desconoce la consonancia, si el juez, al decidir sobre los cargos imputados, condena en forma atenuada, por la razón de que si puede absolver, también puede atemperar, siempre y cuando se respete el núcleo básico de la conducta imputada”.
El caso concreto
Bajo el marco normativo y jurisprudencial que se acaba de exponer, considera esta Sala que las decisiones de la Fiscalía General de la Nación, a través de las cuales se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva y se calificó el mérito del sumario con resolución de acusación, por el punible de tentativa de homicidio, se ajustaron a la normatividad vigente y al material probatorio existente en dicha etapa procesal.
Si bien la calificación de la conducta varió al momento de proferirse sentencia en contra del enjuiciado Paul Alberto Flórez Yepes, esta variación estaba permitida por la codificación procesal penal vigente, y por eso la calificación que a la conducta investigada le daba la fiscalía, recibía el nombre de calificación jurídica provisional. Es decir, que este instituto que estaba previsto en el artículo 404 de la Ley 600 de 2000, era una facultad legal que le asistía tanto al juez como al fiscal, de manera que no puede considerarse como irregularidad violatoria del debido proceso o del derecho de defensa, máxime cuando el funcionario instructor al imponer la medida de aseguramiento al demandante Flórez Yepes por el delito de tentativa de homicidio, valoró de manera objetiva y razonada las exigencias tanto objetivas como subjetivas para ordenar la detención preventiva del sujeto que había sido declarado persona ausente. Ahora bien, es importante destacar que al tenor de lo previsto en el artículo 357 numeral 2 de la Ley 600 de 2000, tanto el delito de homicidio como el de lesiones personales tenían prevista la detención preventiva como medida de aseguramiento.
Bajo los anteriores argumentos, la Sala precisa que la privación de la libertad del demandante provino de decisiones ajustadas a derecho, dictadas bajo criterios de sana crítica, razonabilidad, dentro del marco legal vigente y la autonomía y certeza que las pruebas recaudadas y controvertidas, por todos los sujetos procesales, le otorgaron a los funcionarios que intervinieron tanto en la etapa de instrucción como en la etapa de juzgamiento.
Así las cosas, no se configura en el presente evento el daño como el primer elemento de la responsabilidad sin el cual no es posible continuar con el análisis pretendido por el demandante, puesto que “el daño es la razón de ser la responsabilidad” como lo señala la jurisprudencia:
“...el primer aspecto a estudiar en los procesos de reparación directa, es la existencia del daño, puesto que si no es posible establecer la ocurrencia del mismo, se torna inútil cualquier otro juzgamiento que pueda hacerse en estos procesos.
En efecto, en sentencias proferidas (…) se ha señalado tal circunstancia precisándose (…) que “es indispensable, en primer término determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede, o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado…” y, por tanto, releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado”.
Cuando se pretende obtener el resarcimiento de perjuicios por un actuar activo y omisivo de la administración, quien demanda está en la obligación de demostrar los supuestos de hecho sobre los cuales funda su pretensión, para el caso, debió el acto demostrar en primer lugar el daño que deriva de lo injusta de la privación de su libertad. Injusticia que como se precisó en párrafos precedentes, no se evidencia dado que la medida de aseguramiento de detención preventiva que le generó restricción de la libertad por espacio de 14 meses y 12 días, estuvo debidamente soportada tanto en los supuestos fácticos que rodearon la investigación, como en los supuestos jurídicos que valoró la fiscalía eran aplicables en ese momento.
Así las cosas, la sola inferencia o afirmación en la demanda acerca de la ocurrencia de un daño no es suficiente para tenerlo como acreditado, en la medida que es necesario e indispensable que respalde tales aseveraciones con el material probatorio idóneo y suficiente para su comprobación en el proceso, y que en el presente evento la Sala echa de menos.
3.7. Sobre las costas
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de mayo de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “C” de Descongestión.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 36146-15 #1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00243-01(44854)
Actor: PAUL ALBERTO FLÓREZ YEPES Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Cfr. Rad. 36146 15 # 1
Temas: Privación injusta de la libertad–Competencia del Consejo de Estado para conocer en segunda instancia. Privación injusta de la libertad-La sentencia C-037 de 1996 fijó el sentido del artículo 68 de la Ley 270 de 1996. Privación injusta de la libertad por in dubio pro reo-El demandante tiene la carga de demostrar que su detención es injusta.
ACLARACIÓN DE VOTO
1. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, en cuanto a la competencia, se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, Rad. 34.985, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta Corporación conoce en segunda instancia de los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Dijo la Sala:
Según tales directrices, para conocer de las acciones de reparación directa derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, serán competentes, únicamente, el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos, lo cual significa que de dicha competencia fueron excluidos los jueces administrativos del circuito cuyo funcionamiento y existencia como parte integral de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo fue contemplada también de manera expresa a lo largo de los artículos 11-3, 42 y 197 de esa misma Ley Estatutaria.
A mi juicio el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, al no ostentar el rango de norma estatutaria, ya había sido derogado tácitamente por los artículos 40 y 42 de la Ley 446 de 1998, que dispusieron que los procesos de reparación directa por hechos u omisiones imputables a la administración de justicia estaban sujetos a la cuantía de las pretensiones.
Por ello, a partir del 1º de agosto de 2006, fecha en que entraron en operación los juzgados administrativos (art. 1 y 2 del Acuerdo PSAA 06-3409 de 2006), el Consejo de Estado sólo tiene competente para conocer de estos procesos en segunda instancia, cuando su cuantía sea superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. En esta decisión del 22 de octubre de 2015, también se reiteró el criterio jurisprudencial contenido en la sentencia del 2 de mayo de 2007, con arreglo al cual los tres eventos del artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 se deben abordar bajo un título objetivo de responsabilidad:
En tercer término, se ha reiterado el carácter injusto de los tres casos de detención que preveía el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal y, por consiguiente, se sostuvo que frente a la reclamación de perjuicios fundada en alguno de los tres supuestos consignados en dicho precepto, resultaba indiferente establecer si en la providencia que ordenó la privación de la libertad se incurrió o no en error judicial, por cuanto lo que compromete la responsabilidad del Estado —se dijo— no es la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo.
En mi criterio, el fundamento jurídico de la responsabilidad del Estado en los eventos de privación injusta de la libertad no puede radicarse en el artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, justamente porque se trata de una norma que no se encuentra vigente.
Dicho fundamento se encuentra en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que previó la posibilidad de demandar al Estado la reparación de perjuicios cuando la privación de la libertad tenga el carácter de injusta.
La Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, condicionó la exequibilidad de esta norma, al indicar que la expresión “injustamente” hace referencia a una actuación “abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales”, por lo que los eventos de privación injusta de la libertad deben ser abordados en los estrictos y precisos términos de la modulación que se hizo en este control de constitucionalidad, que por tratarse de una norma estatutaria, tiene el alcance de cosa juzgada absoluta.
3. Igualmente, esta decisión reiteró el criterio adoptado en la sentencia del 4 de diciembre de 2006, Rad. 13.168 y en la sentencia del 17 de octubre de 2013, Rad. 23.354, proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera, con arreglo al cual cuando la absolución obedece a la aplicación del in dubio pro reo, la responsabilidad es de carácter objetivo:
Exonerar al Estado de responsabilidad por no realizar o culminar las averiguaciones que habrían ⎯probablemente⎯ conducido a la estructuración de la causal de detención preventiva injusta consistente en que el sindicado no cometió el hecho, habiéndose previamente dispuesto su encarcelamiento, constituiría una manifiesta inequidad. Y esa consideración no se modifica por el hecho de que la absolución se haya derivado de la aplicación del multicitado principio “in dubio pro reo”, pues la operatividad del mismo en el sub júdice no provee de justo título ⎯ex post⎯ a una privación de libertad por tan prolongado período, si el resultado del proceso, a su culminación y de cara a la situación de aquí demandante, continuó siendo la misma que ostentaba antes de ser detenido: no pudo desvirtuarse que se trataba de una persona inocente.
Considero que aún en vigencia del artículo 414 del derogado Decreto Ley 2700 de 1991, los casos de in dubio pro reo no podían analizarse bajo un título de imputación objetivo, toda vez que la norma previó esta posibilidad solo para los eventos en que la sentencia absolutoria o su equivalente se hubiere dictado porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era punible. En los demás casos, el demandante tenía la carga de demostrar que su detención había sido injusta.
Esta conclusión se impone con más fuerza a partir de la sentencia C-037 de 1996, que definió el sentido del artículo 68 LEAJ, al establecer que la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, en todos los eventos, debía ser abordada desde el título de imputación por antonomasia: la falla del servicio.
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Fls. 84 a 86 cd ppal.
Fls. 96 a 98 cd ppal.
Fl. 98 vto. cd ppal.
Fls. 101 a 113 cd ppal.
Fl. 268 cd ppal.
Fls. 292 a 299 cd 2ª instancia.
Fls 317 cd 2ª instancia.
Fl 319 cd 2ª instancia.
2008-0009(IJ), MP. Mauricio Fajardo Gómez.
Fl. 9 cd ppal.
Fls 13 y 14 cd ppal.
Fls. 11 y 12 cd ppal.
Consejo de Estado, sentencia de 7 de abril de 2011, Exp. 20.750
Folio 127 a 132 C. dos
Folio 15 a 19 C. principal.
Folio 45 a 46 C. de pruebas No. 8
Folios 68 a 71 del cuaderno de pruebas núm. 8.
T-1038 de 2012
C-491 de 1996
En este mismo sentido puede consultarse la sentencia de 19 de julio de 2017 proferida por esta Subsección dentro del expediente con número interno 44401.
El Daño. Análisis Comparativo de la Responsabilidad Extracontractual del Estado en Derecho Colombiano y francés. Juan Carlos Henao. Universidad Externado de Colombia. Pág. 36.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2002 rad. 12.625.
Cfr. Salvamento de voto de la Magistrada Ruth Stella Correa Palacios a la sentencia del 25 de febrero de 2009, Rad. 25.508.
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