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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00262-01

Responsabilidad del estado por privación injusta de la libertad: posición jurisprudencial. Líneas jurisprudenciales

Fecha
1 de marzo de 2018
Consejero ponente
Carlos Alberto Zambrano Barrera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00262-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: REVÓCASE la sentencia del 25 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; en su lugar: PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Nelson Lerma Herrera. SEGUNDO: CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar, a título de indemnización por perjuicios morales, cincuenta (50) s.m.ml.v. a favor de cada uno de los señores Nelson Lerma Herrera, Hansel Jovan Lerma Acevedo, Jader Herney Lerma Acevedo, Jhonier Lerma Acevedo, Celso Lerma Caicedo y Martha Lucía Acevedo Pérez y veintinco (25) s.m.ml.v., a favor de cada uno de los señores Lisandro Lerma Herrera, Ana Lucía Lerma Herrera, Luz Estella Lerma Herrera y Luz María Lerma Herrera. TERCERO: CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de Nelson Lerma Herrera, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de veintiún millones novecientos noventa y ocho mil quinientos treinta pesos ($21’998.530). CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Sin condena en costas. SEXTO: DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C.P.C. SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2010-00262-01

Consejero ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera

1 de marzo de 2018

REPARACION DIRECTA - Condena

SÍNTESIS DEL CASO: Ciudadano vinculado a proceso penal por el delito de extorsión, derivado de esto se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. La investigación en su contra fue precluida por lo cual fue desvinculado del proceso.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Posición jurisprudencial. Líneas jurisprudenciales / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - Supuestos previstos en el artículo 414 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Criterios de interpretación y aplicación / PRIMERA LINEA JURISPRUDENCIAL - Restrictiva y absoluta / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Por error judicial / ERROR JUDICIAL - Error del juez / INVESTIGACION DEL DELITO - Indicios serios / ABSOLUCION FINAL - Indebida detención

[A] pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política. (…) las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión (…) En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta Corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados. Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención.

FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 / DECRETO 2700 DE 1991 – ARTICULO 414

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - Supuestos previstos en el artículo 414 / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Criterios de interpretación y aplicación / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Preceptos / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Absolución. Acreditación. Supuestos / CRITERIOS DE INTERPRETACION Y APLICACION - Segunda línea jurisprudencial / SEGUNDA LINEA JURISPRUDENCIAL - Responsabilidad objetiva / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Presunción / ERROR JURISDICCIONAL - No se debe demostrar / ILEGALIDAD EN LA ADOPCION DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD - No se debe demostrar para que proceda la responsabilidad

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P. -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible-, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa. Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención. En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos: el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible –, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad. NOTA DE RELATORIA: Sobre la irrelevancia de estudiar la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa, consultar sentencia de 15 de septiembre de 1994, exp. 9391. En relación con la acreditación del error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención, ver sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056.

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. DECRETO 2700 DE 1991 - ARTICULO 414

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Criterios de interpretación y aplicación / CRITERIOS DE INTERPRETACION Y APLICACION - Tercera línea jurisprudencial / TERCERA LINEA JURISPRUDENCIAL - Moderó la primera línea jurisprudencial / CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ARTICULO 414 - Ampliación de los tres supuestos / PRINCIPIO DEL IN DUBIO PRO REO - Aplicación

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo. NOTA DE RELATORIA: Sobre el tema consultar sentencia de 18 de septiembre de 1997, exp. 11754

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. DECRETO 2700 DE 1991 - ARTICULO 414

PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Código de Procedimiento Penal artículo 414 / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Aplicación del régimen objetivo / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Exoneración por causales distintas a las previstas en el artículo 114 del Código de Procedimiento Penal / PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Configuración del daño / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Causales exonerativas de responsabilidad

En la actualidad, y para aquellos asuntos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la privación de la libertad de una persona durante su vigencia, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia. Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en la sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. (…) Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o –en la opinión mayoritaria de la Sala- a la aplicación de la figura del in dubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla. Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, o en el evento de que ésta no haya interpuesto los recursos de ley, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad. NOTA DE RELATORIA: Sobre la causal de justificación de estado de necesidad, consultar sentencia de 20 de febrero de 2008, exp. 15980

FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL - DECRETO 2700 DE 1991 - ARTICULO 414

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Delitos contra el patrimonio económico / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD - Ciudadano vinculado a proceso penal por el delito de extorsión / PROCESO PENAL - Preclusión de la investigación

[E]l señor Nelson Lerma Herrera fue capturado el 7 de septiembre de 2007 y que dicha medida duró hasta el 8 de febrero de 2008, por orden proferida por la Fiscalía General de la Nación, previa declaración de preclusión de la investigación. Así, es claro que se configura una de las circunstancias en que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala, quien ha sido privado de la libertad tiene derecho a ser indemnizado, ya que, según la misma administración de justicia, no hubo ni siquiera un indicio de su responsabilidad en el ilícito investigado o, lo que es lo mismo, aquél no cometió el punible de homicidio doloso, por el que fue vinculado a un proceso penal y restringida su libertad. (…) el acá demandante no está en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que éste debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación a cargo de la Fiscalía General de la Nación de indemnizar o resarcir los perjuicios causados, pues, como se desprende del material probatorio valorado, fue por disposición de ese organismo que se vinculó el acá demandante a la investigación penal y se efectuó su captura. Ahora, en casos como éste, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados, en el asunto sub júdice. En cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima , las cuales no fueron acreditadas en el plenario.

LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS - Perjuicios morales / TASACIÓN DE PERJUICIOS MORALES - Reiteración sentencia de unificación jurisprudencial

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad y de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, y así lo ha reconocido en diferentes oportunidades . Ahora, a fin de indemnizar de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la privación injusta de la libertad de una persona, esta Corporación, mediante sentencias del 28 de agosto de 2013 (expediente 25022) y del 28 de agosto de 2014 (expediente 36149), formuló una guía para la tasación de perjuicios derivados de tal circunstancia, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual la víctima estuvo bajo dicha medida de aseguramiento (…) teniendo en cuenta que el señor Nelson Lerma Herrera estuvo privado injustamente de la libertad durante 5.01 meses , medida que les produjo a él y a sus familiares un profundo dolor, aflicción, angustia y congoja que deben ser resarcidos, se reconocerán, por concepto de perjuicios morales, cincuenta (50) s.m.m.l.v. a favor de la víctima, la misma suma para su padre, otro tanto para sus hijos y su compañera permanente y veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de sus hermanos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la tasación de perjuicios morales en casos de privación injusta de la libertad, consultar sentencia de unificación de la sección tercera, exp. 25022 del 28 de agosto de 2014

LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES - Daño emergente. Lucro cesante / DAÑO EMERGENTE - Gastos de defensa judicial en proceso penal / LUCRO CESANTE - Agente de la Policía Nacional

El señor Nelson Lerma Herrera solicitó, por este concepto, $15'000.000 que -dijo- tuvo que pagar al abogado que ejerció su defensa en el proceso penal. Para acreditar dicho perjuicio, se practicó el testimonio del abogado, quien aseguró que, cuando finalizó ese proceso, recibió dicha suma por parte del acá demandante, por concepto de honorarios profesionales; además, aportó el respectivo paz y salvo a favor del acá demandante (…) en el momento de la aprehensión el actor se desempeñaba como agente de la Policía Nacional y, por otro lado, que mediante Resolución 3310 del 12 de septiembre de 2007 la Dirección General de la Policía Nacional lo suspendió en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, como consecuencia del proceso penal que se tramitó en su contra y dispuso la retención del 50% de su salario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto 1791 de 2000. No obstante, en virtud de la posición jurisprudencial que al respecto ha sostenido esta Corporación, no hay lugar a que se acceda a esta pretensión, pues, en lo que se refiere a la medida de suspensión derivada del acatamiento de una orden judicial, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha manifestado que ella no comporta la extinción del vínculo laboral, toda vez que tal medida consiste en una condición resolutoria que, posteriormente, será determinada con las consecuencias del proceso penal, razón por la cual, en los eventos en que el trabajador resulte favorecido (como sucedió en este caso), la suspensión del cargo desaparece de manera retroactiva, debiendo el empleador cancelar los salarios y prestaciones sociales por todo el tiempo que duró la suspensión.

DAÑOS A BIENES CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS - Daño a la vida de relación / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / DAÑO A BIENES CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS - No se acreditó

[E]ste tipo de perjuicio ha sido objeto de estudio por la Sala en diversas oportunidades; en efecto, en la sentencia del 19 de julio de 2000 (expediente 11.842) se reformuló el concepto del perjuicio fisiológico por el de daño a la vida de relación y allí se precisó que éste “corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico”, de modo que “debe la Sala desechar definitivamente su utilización”. Posteriormente, la Sala abandonó la denominación de “daño a la vida de relación” y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, bajo el entendido de que, cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que, a su vez, afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral, por lo que aquél no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas (…) lo expuesto, esta Corporación ha concluido que es procedente el reconocimiento de indemnización por concepto de perjuicios inmateriales distintos a los de carácter moral, a título de daño a bienes constitucionalmente protegidos. Así las cosas, habrá lugar a confirmar su reconocimiento en los términos de la sentencia de primera instancia, pero bajo la denominación de daño a bienes constitucionalmente protegidos. (…) la solicitud de indemnización por este concepto se fundó en que la privación de la libertad de que fue objeto el señor Nelson Lerma Herrera alteró la vida de cada uno de los demandantes, por cuanto se trató de “una acusación calumniosa o injuriosa, y además peligrosa para su seguridad personal … que le impide desenvolverse ante la sociedad con el mismo honor, ímpetu y dignidad que lo hacía antes” ; no obstante, revisado el acervo probatorio, la Sala no halla evidencia alguna que acredite que, con la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor Lerma Herrera, éste, su padre, su compañera, sus hijos y/o cada uno de sus hermanos resultaron afectados en su honra, dignidad y buen nombre, o que vieron amenazada su seguridad y su tranquilidad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de bienes constitucionalmente protegidos, consultar Sentencia de Unificación de la Sección Tercera, exp. 32988 del 28 de agosto de 2014

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Bogotá, D.C., primero (1º) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00262 01(46535)

Actor: NELSON LERMA HERRERA Y OTROS

Demandado: LA NACIÓN –FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 25 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual negó las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

1. El 4 de mayo de 2010, los señores Nelson Lerma Herrera y Martha Lucía Acevedo Pérez, en nombre propio y en representación de sus hijos menores Hansel Jovan, Jader Herney y Jhonier Lerma Acevedo, y los señores Celso Lerma Caicedo, Lisandro, Ana Lucía, Luz Estella y Luz María Lerma Herrera, obrando en nombre propio, en ejercicio de la acción de reparación directa y por conducto de apoderado judicial, solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de que fue objeto el primero de los demandantes, desde el 7 de septiembre de 2007 (momento de la captura) hasta el 8 de febrero de 2008 (cuando recuperó la libertad por preclusión de la investigación).

Solicitaron que, en consecuencia, se condenara a la parte demandada a pagar indemnización, por concepto de perjuicios morales, de 100 s.m.m.l.v. a favor de cada uno de los demandantes, y otro tanto por daño a la vida de relación. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, Nelson Lerma Herrera solicitó $15'000.000 y, por lucro cesante, lo que dejó de percibir, teniendo en cuenta que para el momento de su captura trabajaba como sargento de la Policía Nacional.
Como fundamento de sus pretensiones, expusieron que Nelson Lerma Herrera fue vinculado a una investigación penal y acusado por el delito de homicidio y, en virtud de dicho proceso, fue objeto de una medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario, por orden de la Fiscalía General de la Nación; no obstante, el 7 de febrero de 2008, el organismo investigador le declaró la preclusión y dispuso su libertad inmediata.

Según la parte actora, la privación de la libertad que sufrió Nelson Lerma Herrera fue injusta pues, por un lado, su captura se produjo de forma arbitraria e ilegal y, por otro lado, el proceso penal cesó por la inexistencia de pruebas en su contra, de suerte que no era su deber soportar la carga derivada de la medida de aseguramiento que se le impuso (f. 7 a 29, c. 1).

2. La demanda fue admitida por el Consejo de Estado, mediante auto del 21 de febrero de 2011, y se notificó en debida forma a la parte demandada (f. 53 a 5 y 64, c. 1).

La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, para lo cual alegó que los fundamentos de la misma carecen de asidero y que, por el contrario, la investigación que adelantó en contra del señor Nelson Lerma Herrera obedeció a las funciones que le fueron asignadas, esto es, investigar conductas punibles y asegurar la comparecencia del implicado al proceso cuando en su contra existían serios indicios de haber participado en la comisión de un ilícito, como ocurrió en este caso (f. 69 a 78, c. 1).

3. Vencido el período probatorio, el cual fue abierto mediante auto del 3 de noviembre de 2011, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio de Público, para que rindiera concepto (f. 81 a 82 y 95, c.1.).

3.1. La Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda, con el fin de que se nieguen las pretensiones de los demandantes (f. 96 a 98, c. 1).

3.2. El Ministerio Público presentó concepto favorable a los intereses de la parte actora, pues encontró que el señalamiento que hizo la Fiscalía al señor Nelson Lerma Herrera, como presunto autor de un homicidio, se basó únicamente en la enemistad que tenía con el occiso, mas no en indicios serios de su responsabilidad penal; en consecuencia, consideró que el demandante sufrió un daño antijurídico que debe ser indemnizado por el Estado (f. 103 a 109, c. 1).

3.3 La parte demandante guardó silencio.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 25 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que si bien la Fiscalía impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor Nelson Lerma Herrera y posteriormente revocó dicha decisión por falta de los requisitos legales para su proferimiento, lo cierto es que el encartado no controvirtió aquélla decisión, de manera que se puede inferir que, en esa oportunidad, estuvo conforme con la valoración probatoria que realizó el organismo investigador; en consecuencia, no es posible declarar la responsabilidad del Estado, como se pretende en la demanda (f. 111 a 121, c. ppl.).

Recurso de apelación

La parte actora formuló recurso de apelación con el fin de que la anterior decisión sea revocada e insistió en que la Fiscalía debe resarcir los perjuicios causados a cada uno de los demandantes, para lo cual reiteró que aun cuando ese organismo no contaba con indicio alguno, ni mucho menos con una prueba de la responsabilidad penal en contra del señor Nelson Lerma Herrera, ordenó de forma injustificada la privación de su libertad.

Agregó que si bien es cierto no recurrió la providencia en la que se dispuso aquella medida de aseguramiento, ello no puede ser motivo de eximente de responsabilidad del Estado, pues, de lo contrario, se le estaría imponiendo una carga que no está en el deber de soportar (f. 123 a 140 c. ppl.).

III. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El recurso de apelación se concedió el 19 de febrero de 2013 y se admitió en esta Corporación el 27 de mayo del mismo año. El 3 de julio siguiente, se corrió traslado a las partes, para alegar de conclusión y al Ministerio Público, para que rindiera concepto (f. 142, 148 y 150 c. ppl.).

1. En el traslado para alegar de conclusión, la parte demandante reiteró los motivos en los que fundó el recurso de apelación, con el fin de que se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a sus pretensiones (f.151 a 158, c. ppl.).

2. La Fiscalía General de la Nación expresó que no hay lugar a que se le declare responsable por los perjuicios alegados, pues está acreditado que Nelson Lerma Herrera estaba en el deber de soportar la carga que implica la privación de su libertad, toda vez que en el proceso penal adelantado en su contra se encontraron indicios que permitieron adoptar dicha decisión; en consecuencia, no se puede concluir que dicha medida fue arbitraria ni mucho menos que genere responsabilidad patrimonial a su cargo (f. 159 a 161, c. ppl.).

3. El Ministerio Público guardó silencio (f. 162, c. ppl.).

CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer del recurso de apelación, toda vez que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia y con el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionados con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado, sin tener en cuenta la cuantía del proceso.

2. Oportunidad de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos, la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena, por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos en los que se alega la privación injusta de la libertad como fuente del daño indemnizable, esta Corporación ha sostenido de manera reiterada que el cómputo de la caducidad de la acción de reparación directa inicia desde el momento en el cual el sindicado recupera la libertad y/o la providencia absolutoria queda ejecutoriada –lo último que ocurra-.

La providencia por medio de la cual se declaró la preclusión de la investigación adelantada en contra del señor Nelson Lerma Herrera fue proferida el 7 de febrero de 2008 y quedó ejecutoriada el 8 de febrero del esa anualidad, de manera que la oportunidad para formular la acción de reparación directa fenecía, en principio, el 8 de febrero de 2010.

Ahora, como en el plenario obra una constancia de la Procuraduría 10 Judicial II ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que certifica que la parte demandante solicitó audiencia de conciliación el 29 de enero de 2010 (faltando 10 días para que feneciera el término) y que ésta se llevó a cabo el 27 de abril de esa anualidad, se evidencia que el término para demandar vencía el 7 de mayo siguiente; en consecuencia, como la demanda se presentó el 4 de mayo de 2010, es claro que la acción se ejerció oportunamente.

3. El régimen de responsabilidad aplicable al caso concreto

Previo a analizar los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, es necesario precisar que la demanda de la referencia tiene por objeto la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, por razón de la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor Nelson Lerma Herrera, entre el 7 de septiembre de 2007 (momento de la captura) y el 8 de febrero de 2008 (cuando recuperó la libertad), de manera tal que se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia de la Ley 270 de 1996, que establece:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

“En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad.

“(…)

“ARTÍCULO 68. PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios”.

Respecto de las normas transcritas, la Sala ha considerado en varias oportunidades que, a pesar de la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996, cuando una persona privada de la libertad es absuelta por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, se configura un evento de detención injusta y, por lo tanto, procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado, en virtud del artículo 90 de la Constitución Política.

Al respecto, en sentencia de 2 de mayo de 2007, precisó:

“Como corolario de lo anterior, ha de entenderse que la hipótesis precisada por el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en la cual procede la declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado por detención injusta, en los términos en que dicho carácter injusto ha sido también concretado por la Corte Constitucional en el aparte de la sentencia C-036 (sic) de 1996 en el que se analiza la exequibilidad del proyecto del aludido artículo 68 ⎯y que se traduce en una de las diversas modalidades o eventualidades que pueden generar responsabilidad del Estado por falla del servicio de Administración de Justicia⎯, esa hipótesis así precisada no excluye la posibilidad de que tenga lugar el reconocimiento de otros casos en los que el Estado deba ser declarado responsable por el hecho de haber dispuesto la privación de la libertad de un individuo dentro del curso de una investigación penal, siempre que en ellos se haya producido un daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.

“Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-036 (sic) de 1997 (sic), mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado -a la que se hizo referencia en apartado precedente- [responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal] ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996” (se resalta).

Asimismo, la jurisprudencia ha señalado que las hipótesis establecidas en el artículo 414 antes citado, al margen de su derogatoria, continúan siendo aplicables a hechos ocurridos con posterioridad a su vigencia, sin que ello implique una aplicación ultractiva del citado precepto legal, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo, pues, en virtud del principio iura novit curia, el juez puede acoger criterios de responsabilidad objetiva o subjetiva para respaldar su decisión.

Ahora bien, la Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el citado artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente.

En torno a la privación injusta de la libertad varias han sido las líneas jurisprudenciales de la Sección Tercera de esta Corporación: una primera, que podría calificarse de restrictiva, parte del entendido de que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. En ese sentido, la responsabilidad del Estado subyace como consecuencia de un error ostensible del juez, que causa perjuicios a sus coasociados. Posteriormente, se dice que la investigación de un delito, cuando medien indicios serios contra una persona sindicada de haberlo cometido, es una carga que todas las personas deben soportar por igual, de manera que la absolución final no es indicativa de que hubo algo indebido en la detención.

Una segunda línea entiende que, en los tres eventos previstos en el artículo 414 del C.P.P. -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible-, la responsabilidad es objetiva, por lo que resulta irrelevante el estudio de la conducta del juez para tratar de definir si éste incurrió en dolo o culpa. Se consideró que, en tales eventos, la ley presume que se presenta una privación injusta de la libertad y que, en aquellos casos no subsumibles en tales hipótesis normativas, se debe exigir al demandante acreditar el error jurisdiccional derivado no sólo del carácter “injusto” sino “injustificado” de la detención.

En el marco de esta segunda línea, el artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal contenía dos preceptos: el primero, previsto en su parte inicial, señalaba que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios”, disposición que vendría a constituir una suerte de cláusula general de responsabilidad del Estado por el hecho de la privación injusta de la libertad, la cual requiere su demostración bien por error o bien por ilegalidad de la detención; el segundo, en cambio, tipificaba los tres precitados supuestos -absolución cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible –, los cuales, una vez acreditados, dan lugar a la aplicación de un régimen de responsabilidad objetiva, evento en el que no es menester demostrar la ocurrencia de error judicial o de ilegalidad en la adopción de la medida privativa de la libertad.

Una tercera tendencia jurisprudencial morigera el criterio absoluto conforme al cual la privación de la libertad es una carga que todas las personas deben soportar por igual, pues ello implica imponer a los ciudadanos una carga desproporcionada; además, amplía, en casos concretos, el espectro de responsabilidad por privación injusta de la libertad, fuera de los tres supuestos de la segunda parte del artículo 414 del citado código y, concretamente, a los eventos en que el sindicado sea exonerado de responsabilidad en aplicación del principio universal del in dubio pro reo.

En la actualidad y para aquellos casos en los cuales resulta aplicable el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, por haberse configurado la libertad de una persona bajo los supuestos previstos en dicha norma, la Sala ha venido acogiendo el criterio objetivo, con fundamento en que la responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.

Igualmente, la Sala ha precisado que el daño también puede llegar a configurarse en aquellos eventos en los que la persona privada de la libertad es exonerada por razones distintas a las causales previstas por el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal. Así ocurrió, por ejemplo, en sentencia de 20 de febrero de 2008, donde se declaró la responsabilidad de la Administración por la privación injusta de la libertad de una persona que fue exonerada en el proceso penal por haberse configurado una causal de justificación de estado de necesidad. Sobre el particular, la providencia aludida señaló:

“(…) Encuentra igualmente acreditado la Sala que dicha detención fue injusta, en consideración a que, como se explicó, al señor Higuita le fue precluida la investigación adelantada en su contra, mediante providencias del 11 de mayo y del 26 de diciembre de 1994. En efecto, (…) respecto de los delitos de omisión de informe y favorecimiento, se afirmó que el acusado actuó bajo una causal eximente de responsabilidad como es el estado de necesidad, que excluye la culpabilidad del acusado, lo que permite concluir que la privación fue injusta y que la víctima debe ser indemnizada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política”.

Debe precisarse, en todo caso, que si las razones para la absolución o preclusión de la investigación obedecen a alguna de las tres (3) causales previstas en la parte final del artículo 414 del Código de Procedimiento Penal o –en la opinión mayoritaria de la Sala- a la aplicación de la figura del in dubio pro reo, se está frente a un daño imputable al Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política; no obstante, si se presenta un evento diferente a éstos, deberá analizarse si la medida que afectó la libertad fue impartida “injustamente” (C-037/96), caso en el cual el ciudadano debe ser indemnizado por no estar en el deber jurídico de soportarla.

Lo anterior, sin perjuicio de que el daño haya sido causado por el obrar doloso o gravemente culposo de la propia víctima, pues en esos casos el Estado quedará exonerado de responsabilidad.

La Sala ha estimado conveniente hacer las anteriores precisiones con miras a establecer si en el presente proceso está demostrada la responsabilidad de las entidades demandadas por los hechos que se les imputan.

Es conveniente resaltar que, desde la propia preceptiva constitucional, es claro que la libertad personal, como valor superior y pilar de nuestro ordenamiento, es un auténtico derecho fundamental que sólo admite limitación “en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” (artículo 28 C.P.) y, como certeramente lo anota la doctrina:

“No basta, sin embargo, cualquier norma: es preciso que la norma jurídica que determina los supuestos en que procede la privación de libertad sea una ley. Esta exigencia tiene un fundamento evidente: desde el momento en que la libertad individual es asumida por la sociedad como un principio básico de la organización de su convivencia social, es solo la propia sociedad la que puede determinar los casos que dan lugar a la quiebra de ese principio básico, y esa expresión de la voluntad general de la sociedad tiene lugar a través de la ley. Constitucionalmente, esta exigencia se plasma en otra: la de que sean los representantes del pueblo, libremente elegidos, los que determinen las causas de privación de libertad.

“La determinación previa de las causas de privación de libertad tiene, además, otra razón material, la de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos, esto es, que los ciudadanos sepan de antemano qué conductas pueden suponer la privación de un bien básico como la libertad. Se trata, con ello, de desterrar la arbitrariedad…”.

Por lo demás, aunque la detención preventiva emerge como un instrumento válido para el desarrollo del cometido estatal de perseguir los delitos, desde una perspectiva democrática no puede olvidarse que nuestro Estado de derecho reconoce –sin discriminación alguna- la primacía de los derechos inalienables de la persona (artículo 5 C.P.) y, por lo mismo, la Constitución, sin ambages, señala, dentro de los fines del Estado, el de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos el de la libertad, como ámbito de autodeterminación de los individuos (artículo 2 C.P.), en el marco de aplicación del principio universal de presunción de inocencia (artículo 29 eiusdem).

Así mismo, sobre el derecho a la libertad, el artículo 28 de la Constitución Política de 1991 señala que:

"Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley.

“La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
“En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”.

Ese mismo derecho está regulado en otras normas jurídicas, así:

• En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, se expresa que "Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta...".

• En la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972, se dice que: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ellas".

De lo anterior se infiere que la libertad es un derecho fundamental, restringido en eventos precisos y bajo condiciones de orden constitucional o legal, tema respecto del cual la Corte Constitucional ha señalado:

“(…) esa libertad del legislador, perceptible al momento de crear el derecho legislado, tiene su límite en la propia Constitución que, tratándose de la libertad individual, delimita el campo de su privación no sólo en el artículo 28, sino también por virtud de los contenidos del preámbulo que consagra la libertad como uno de los bienes que se debe asegurar a los integrantes de la nación; del artículo 2º que en la categoría de fin esencial del Estado contempla el de garantizar la efectividad de los principios, y de los derechos consagrados en la Constitución, a la vez que encarga a las autoridades de su protección y del artículo 29, que dispone que toda persona ‘se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable’ y que quien sea sindicado tiene derecho ‘a un debido proceso público’ sin dilaciones injustificadas”.

La presunción de inocencia también es de categoría constitucional, pues, según el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política, "Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable" y, por tanto, las autoridades judiciales competentes tienen el deber de obtener las pruebas que acrediten la responsabilidad del implicado.

Según el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado es responsable patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. En ese orden de ideas, es menester señalar que en aquellos eventos en los que una persona es privada de la libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dan los supuestos legales que determinan su desvinculación de una investigación penal, bien porque el hecho imputado no existió o porque el sindicado no lo cometió o porque el hecho no es punible o –en la opinión de la mayoría de la Sala- porque se le favoreció con la aplicación del in dubio pro reo y si, además, prueba la existencia de un daño causado por esa privación de la libertad, no hay duda que tal daño se torna antijurídico y debe serle reparado por el Estado.

Se precisa, igualmente, que no puede tenerse como exoneración de responsabilidad, en estos casos, el argumento según el cual todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.

En ese contexto, se concluye que, cuando se produce la exoneración del sindicado, mediante sentencia absolutoria o su equivalente, por alguna de las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P. P., las cuales se aplican a pesar de la derogatoria de la norma, o –en la opinión mayoritaria de la Sala- por virtud del in dubio pro reo, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con el material probatorio válidamente aportado al proceso, si existe responsabilidad por los daños causados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de Nelson Lerma Herrera.

El caso concreto

La Sala, con fundamento en el material probatorio válidamente recaudado, encuentra acreditado lo siguiente:
4.1. Mediante informe 585, la Coordinación Unidad Investigativa CTI del municipio de Gachetá puso en conocimiento de la Fiscalía Seccional los hechos acaecidos el 8 de octubre de 2006, en los que el señor Dinael Darío Diaz Prieto perdió la vida (f. 14 y 17, c. 4).

4.2. El 28 de junio de 2007, la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Gachetá vinculó a la investigación al señor Nelson Lerma Herrera, quien rindió indagatoria el 26 de julio del mismo año (f. 4 y 27 a 39 c. 4).

4.3. El 31 de agosto de 2007, la Fiscalía encargada de la investigación profirió medida de aseguramiento de detención preventiva en contra de Nelson Lerma Herrera, al encontrarlo presunto responsable del homicidio doloso del señor Dinael Darío Diaz Prieto. Según informe investigativo FGN-CTI-GOC, la captura se llevó a cabo el 7 de septiembre de 2007 (f. 75 a 101 y 123 a 126, c. 5).

4.4. El 4 de diciembre de 2007, la Dirección Seccional de Cundinamarca – Fiscalía Seccional de Gachetá profirió resolución de acusación en contra del señor Nelson Lerma Herrera por considerarlo posible autor del delito de homicidio; sin embargo, el 7 de febrero de 2008, en sede de apelación, la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca – Fiscalía Segunda, revocó aquélla decisión y, en su lugar, declaró la preclusión de la investigación y ordenó la libertad inmediata del procesado, con fundamento en lo siguiente (se transcribe literal):

“Analizadas las probatorias obrantes en el plenario, considera esta Delegada, los indicios enunciados en la providencia recurrida difícilmente se pueden estructurar; máxime si se tiene en cuenta que dicha valoración probatoria se basa en las apreciaciones y conclusiones contenidas en los informes de policía judicial, cuando analizados los medios probatorios obrantes en la investigación, se puede desvirtuar cada una de tales apreciaciones, lo que lleva al despacho apartarse de los argumentos de primera instancia, ya que el sustento de la decisión se basa, como ya se dijo, en indicios estructurados indebidamente, lo cual desconoce las demás pruebas recaudadas, y que, valoradas debidamente, no permiten deducir la responsabilidad del Nelson Lerma Herrera en el fallecimiento de Dinael Darío Díaz Prieto.

“Es más, revisados los informes de policía judicial, se menciona la existencia de un arma cortopunzante, de la cual ya se dijo, no corresponde a la escena del crimen. Al parecer, lo pretendido desde un inicio era corroborar lo asegurado por la ciudadanía respecto de la responsabilidad del Sargento de la Estación, pues todas las 'pruebas' iban en su contra, y la instancia se dio a la tarea de abordar las peticiones de los informes, en lugar de analizar cada testimonio y probatura de manera objetiva.

“(…)

“Así las cosas, los indicios de responsabilidad penal alegados por la instancia en contra del encartado Lerma Herrera, no satisfacen los requerimientos sustanciales del artículo 397 del compendio procesal penal; de configurarse algún indicio, solamente contaríamos con uno, el del móvil, cuando la plural exigencia normativa hace pensar al menos en dos. En consecuencia, se revocará la resolución recurrida para en su lugar precluir la instrucción a favor del sindicado, y ordenar su libertad inmediata” (f. 37 a 39, c. 2).

4.5. Según constancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, el señor Nelson Lerma Herrera recuperó su libertad el 8 de febrero de 2008 (f. 94, c. 2).

Se acreditó, entonces, que el señor Nelson Lerma Herrera fue capturado el 7 de septiembre de 2007 y que dicha medida duró hasta el 8 de febrero de 2008, por orden proferida por la Fiscalía General de la Nación, previa declaración de preclusión de la investigación. Así, es claro que se configura una de las circunstancias en que, conforme a la jurisprudencia reiterada de la Sala, quien ha sido privado de la libertad tiene derecho a ser indemnizado, ya que, según la misma administración de justicia, no hubo ni siquiera un indicio de su responsabilidad en el ilícito investigado o, lo que es lo mismo, aquél no cometió el punible de homicidio doloso, por el que fue vinculado a un proceso penal y restringida su libertad.

Por consiguiente y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que el acá demandante no está en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que éste debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación a cargo de la Fiscalía General de la Nación de indemnizar o resarcir los perjuicios causados, pues, como se desprende del material probatorio valorado, fue por disposición de ese organismo que se vinculó el acá demandante a la investigación penal y se efectuó su captura.

Ahora, en casos como éste, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijurídico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados, en el asunto sub júdice. En cambio, a la parte accionada le corresponde demostrar, mediante pruebas legales y regularmente traídas al proceso, si se ha dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiere entenderse configurada una causal de exoneración: fuerza mayor, hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva y determinante de la víctima, las cuales no fueron acreditadas en el plenario.
Finalmente se pone de presente que, si bien es cierto el acá demandante no impugnó la medida de aseguramiento que la Fiscalía impuso en su contra, también es cierto que ello no se erige como una causal eximente de responsabilidad en los asuntos de privación de la libertad –como lo concluyó el a quo-, pues, aunque el artículo 70 de la Ley 270 de 1996 dispone que hay culpa exclusiva de la víctima cuando “no haya interpuesto los recursos de ley”, el artículo 67 ibídem exceptúa este presupuesto “en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial”; por consiguiente, no es posible exigir el agotamiento de los recursos legales en el proceso penal, como requisito de procedibilidad de la acción de reparación directa en asuntos de privación injusta de la libertad.
Indemnización de perjuicios

Perjuicios morales

Los demandantes acreditaron el parentesco entre el señor Nelson Lerma Herrera (víctima), Hansel Jovan, Jader Herney y Jhonier Lerma Acevedo (hijos) y Celso Lerma Caicedo (padre), Lisandro, Ana Lucía, Luz Estella y Luz María Lerma Herrera (hermanos), con los respectivos registros civiles de nacimiento.

La señora Martha Lucía Acevedo Pérez compareció al proceso en calidad de compañera permanente de la víctima; al respecto, en primera instancia se practicó el testimonio de los señores Nelson Eduardo López Garzón y Flor Marina Barreto Acosta, quienes aseguraron que aquélla es la “esposa” del señor Lerma Herrera y hace parte de su núcleo familiar; por lo tanto, se le indemnizará como tal.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la persona que fue privada injustamente de su libertad y de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, y así lo ha reconocido en diferentes oportunidades. Ahora, a fin de indemnizar de manera semejante los perjuicios morales reclamados por la privación injusta de la libertad de una persona, esta Corporación, mediante sentencias del 28 de agosto de 2013 (expediente 25022) y del 28 de agosto de 2014 (expediente 36149), formuló una guía para la tasación de perjuicios derivados de tal circunstancia, teniendo en cuenta el tiempo durante el cual la víctima estuvo bajo dicha medida de aseguramiento, en los siguientes términos:

Así y teniendo en cuenta que el señor Nelson Lerma Herrera estuvo privado injustamente de la libertad durante 5.01 meses, medida que les produjo a él y a sus familiares un profundo dolor, aflicción, angustia y congoja que deben ser resarcidos, se reconocerán, por concepto de perjuicios morales, cincuenta (50) s.m.m.l.v. a favor de la víctima, la misma suma para su padre, otro tanto para sus hijos y su compañera permanente y veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada uno de sus hermanos.

Perjuicios materiales

Daño emergente

El señor Nelson Lerma Herrera solicitó, por este concepto, $15'000.000 que -dijo- tuvo que pagar al abogado que ejerció su defensa en el proceso penal. Para acreditar dicho perjuicio, se practicó el testimonio del abogado, quien aseguró que, cuando finalizó ese proceso, recibió dicha suma por parte del acá demandante, por concepto de honorarios profesionales; además, aportó el respectivo paz y salvo a favor del acá demandante (f. 33 a 36, c. 6).

En consecuencia, se actualizará dicha suma a la fecha de esta sentencia, así:

Vp = Vh Índice Final
Índice Inicial

Donde Vp: valor presente de la suma a actualizar.
Vh: valor a actualizar
Índice final: índice de precios al consumidor del mes anterior a la fecha de esta sentencia (enero de 2018).
Índice inicial: índice de precios al consumidor del mes en que se realizó el pago (febrero de 2008, cuando finalizó el proceso).

Vp = $15'000.000 139,72
95,27

Vp = $21’998.530

En este orden de ideas, el valor de la indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, a favor del señor Nelson Lerma Herrera es de veintiún millones novecientos noventa y ocho mil quinientos treinta pesos ($21’998.530).

Lucro cesante

El señor Nelson Lerma Herrera solicitó, por este concepto, “las sumas de dinero que dejó de percibir como miembro de la policía nacional, en el grado de sargento, mientras estuvo detenido en prisión a órdenes de la fiscalía”.

Pues bien, por un lado, con las pruebas documentales que militan en el proceso quedó demostrado que en el momento de la aprehensión el actor se desempeñaba como agente de la Policía Nacional y, por otro lado, que mediante Resolución 3310 del 12 de septiembre de 2007 la Dirección General de la Policía Nacional lo suspendió en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, como consecuencia del proceso penal que se tramitó en su contra y dispuso la retención del 50% de su salario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto 1791 de 2000.

No obstante, en virtud de la posición jurisprudencial que al respecto ha sostenido esta Corporación, no hay lugar a que se acceda a esta pretensión, pues, en lo que se refiere a la medida de suspensión derivada del acatamiento de una orden judicial, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha manifestado que ella no comporta la extinción del vínculo laboral, toda vez que tal medida consiste en una condición resolutoria que, posteriormente, será determinada con las consecuencias del proceso penal, razón por la cual, en los eventos en que el trabajador resulte favorecido (como sucedió en este caso), la suspensión del cargo desaparece de manera retroactiva, debiendo el empleador cancelar los salarios y prestaciones sociales por todo el tiempo que duró la suspensión.

Con fundamento en el anterior criterio esta Subsección ha considerado:

“En este sentido, la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en Sentencia de 25 de enero de 2007, al recoger la posición sentada en la sentencia proferida dentro del proceso radicado con el No. 730012331000199613147-01 (IJ-004) señaló:

‘El levantamiento de la suspensión - Efectos.

‘En el momento en que la medida judicial se levante, decisión que la autoridad judicial debe comunicar a la respectiva autoridad administrativa, cesan los efectos de la suspensión.

‘Ahora en eventos como el de autos, en el que el funcionario suspendido no fue condenado, debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante dicha etapa, retrotrayéndose la situación al momento en que fue suspendido del cargo, es decir (sic) como si nunca hubiera sido separado del servicio, y por ende tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir (sic) como si el trabajador efectivamente hubiera prestado el servicio por efectos de la función legal. En otras palabras vuelven las cosas al estado anterior.

‘(…).

‘La administración debió reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales correspondientes al término en cuestión, no siendo de recibo el argumento esgrimido por ella en el sentido de que no hubo prestación del servicio, pues ese era el efecto lógico y jurídico del acto de suspensión que expidió y con el cual autorizó, en forma implícita, la no prestación del servicio.

‘Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.

‘Si bien es cierto que la suspensión del actor no fue iniciativa del ente territorial con el que estaba vinculado laboralmente, tal circunstancia no lo releva de su condición de empleador y por ende no lo exonera del reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir como consecuencia del acto de suspensión’:

“Este criterio fue reiterado, en sentencia de 22 de marzo de 2012, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, en los siguientes términos:

‘De otra parte, advierte la Sala que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sostenido que la decisión judicial de suspender del cargo y en consecuencia el pago de salarios y prestaciones, no implica que la relación laboral haya finalizado, dicho acto contiene por una parte una condición resolutoria respecto de la vinculación laboral (numeral 4 del artículo 66 del C.C.A), que depende del resultado del proceso y de otra parte una condición suspensiva en relación con el derecho a percibir la remuneración.

‘En ese orden, cuando la condición resolutoria desaparece su efecto es retroactivo, esto es, desde la fecha en la que se dispuso la suspensión, en consecuencia queda sin sustento el acto que impuso la suspensión del derecho a percibir los emolumentos económicos aunque no se haya prestado el servicio. En el momento en que la medida judicial se levante, cesan sus efectos.

‘En casos en los que el funcionario suspendido no fue condenado, el efecto lógico es que debe ser restablecido en la totalidad de los derechos de los cuales se vio privado durante el retiro temporal del cargo, su situación debe restablecerse a la que tenía al momento en que fue suspendido, es decir como si no hubiera sido separado del servicio, y en consecuencia tiene derecho al pago de los salarios y prestaciones sociales durante el tiempo que cesó en el ejercicio de sus funciones; es decir que vuelven las cosas al estado anterior.

‘Con el levantamiento de la medida penal las cosas se retrotraen al estado anterior, como si nunca se hubiera expedido el acto de suspensión, de manera que así como se dispuso el reintegro del actor al servicio debieron reconocérsele los derechos salariales y prestacionales, por tal período.

‘(…).

‘En cuanto al restablecimiento del derecho de carácter laboral, la Entidad a la cual estaba vinculado el actor debe asumir tal carga, sin embargo el nominador tiene la posibilidad de repetir contra la Fiscalía General de la Nación, entidad que impartió la orden de suspensión del cargo’ (Se destaca).

“Teniendo en cuenta lo anterior, considera la Sala que la aspiración indemnizatoria formulada por concepto de los intereses moratorios derivados de los emolumentos dejados de percibir por los señores …, en calidad de servidores públicos vinculados a la Fiscalía General de la Nación, no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, en su carácter de derechos procedentes de una relación laboral administrativa que no tuvo solución de continuidad -pues como quedó acreditado en el expediente fueron efectivamente reintegrados mediante Resolución nro. 0207 del 17 de febrero de 2004-, no pueden ser reclamados con fundamento en la responsabilidad extracontractual deprecada en la demanda, comoquiera que la entidad nominadora es la obligada a su pago, habida cuenta, se repite, de su naturaleza eminentemente laboral” (se destaca).

En tal sentido, es claro que los perjuicios derivados de la suspensión en el cargo que pudo haber sufrido el señor Lerma Herrera debieron ser reclamados a la institución a la cual prestaba sus servicios, tal como lo ha considerado esta Sala en sentencias como la que acaba de transcribirse.

5.3 Daño a bienes o derechos convencional o constitucionalmente protegidos

La parte actora solicitó 100 s.m.m.l.v. como indemnización a favor de cada uno de los demandantes, a título de daño a la vida de relación (f. 10, c. 1).

Entratándose del daño a la vida de relación, es indispensable manifestar que este tipo de perjuicio ha sido objeto de estudio por la Sala en diversas oportunidades; en efecto, en la sentencia del 19 de julio de 2000 (expediente 11.842) se reformuló el concepto del perjuicio fisiológico por la de daño a la vida de relación y allí se precisó que éste “corresponde a un concepto mucho más comprensivo, por lo cual resulta ciertamente inadecuado el uso de la expresión perjuicio fisiológico”, de modo que “debe la Sala desechar definitivamente su utilización”.

Posteriormente, la Sala abandonó la denominación de “daño a la vida de relación” y se refirió al perjuicio por la alteración grave de las condiciones de existencia, bajo el entendido de que, cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que, a su vez, afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral, por lo que aquél no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas.

Luego, en sentencia del 14 de septiembre de 2011, la Sala dijo que:

“(…) que la tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de ‘daño corporal o afectación a la integridad psicofísica’ y que merezca una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación”.

Por último, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (expediente 32.988), la Sala hizo las siguientes precisiones en torno a los perjuicios por vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados:

“i) Es un daño inmaterial que proviene de la vulneración o afectación a derechos contenidos en fuentes normativas diversas: sus causas emanan de vulneraciones o afectaciones a bienes o derechos constitucionales y convencionales. Por lo tanto, es una nueva categoría de daño inmaterial.

“ii) Se trata de vulneraciones o afectaciones relevantes, las cuales producen un efecto dañoso, negativo y antijurídico a bienes o derechos constitucionales y convencionales.
“iii) Es un daño autónomo: no depende de otras categorías de daños, porque no está condicionado a la configuración de otros tradicionalmente reconocidos, como los perjuicios materiales, el daño a la salud y el daño moral, ni depende del agotamiento previo de otros requisitos, ya que su concreción se realiza mediante presupuestos de configuración propios, que se comprueban o acreditan en cada situación fáctica particular.

“iv) La vulneración o afectación relevante puede ser temporal o definitiva: los efectos del daño se manifiestan en el tiempo, de acuerdo al (sic) grado de intensidad de la afectación, esto es, el impedimento para la víctima directa e indirecta de gozar y disfrutar plena y legítimamente de sus derechos constitucionales y convencionales.

“15.4.2. La reparación del referido daño abarca los siguientes aspectos:

“i) El objetivo de reparar este daño es el de restablecer plenamente a la víctima en el ejercicio de sus derechos. La reparación de la víctima está orientada a: (a) restaurar plenamente los bienes o derechos constitucionales y convencionales, de manera individual y colectiva; (b) lograr no solo que desaparezcan las causas originarias de la lesividad, sino también que la víctima, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, pueda volver a disfrutar de sus derechos, en lo posible en similares condiciones en las que estuvo antes de que ocurriera el daño; (c) propender para que en el futuro la vulneración o afectación a bienes o derechos constitucionales y convencionales no tengan lugar; y (d) buscar la realización efectiva de la igualdad sustancial.

“ii) La reparación del daño es dispositiva: si bien las medidas de reparación de este tipo de daños pueden serlo a petición de parte, también operan de oficio, siempre y cuando aparezca acreditada su existencia.

“iii) La legitimación de las víctimas del daño: se reconoce a la víctima directa de la lesión como a su núcleo familiar más cercano, esto es, cónyuge o compañero (a) permanente y los parientes hasta el 1º (sic) de consanguinidad, incluida la relación familiar biológica, la civil derivada de la adopción y aquellas denominadas 'de crianza', en atención a las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos.

“iv) Es un daño que se repara principalmente a través de medidas de carácter no pecuniario: se privilegian por excelencia las medidas reparatorias no indemnizatorias; sin embargo, en casos excepcionales cuya reparación integral, a consideración del juez, no sean suficientes, pertinentes, oportunas o posibles podrá otorgarse una indemnización, única y exclusivamente a la víctima directa, mediante el establecimiento de una medida pecuniaria hasta 100 SMLMV, si fuere el caso, siempre y cuando la indemnización no hubiere sido reconocida con fundamento en el daño a la salud. Ese quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño y/o la naturaleza del bien o derecho afectado” (se resalta).

Así las cosas, al realizar la adaptación correspondiente a la comentada línea jurisprudencial, debe entenderse que, en cuanto la parte actora solicitó la indemnización por “daño a la vida de relación”, ello encuadra perfectamente en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos.

Pues bien, la solicitud de indemnización por este concepto se fundó en que la privación de la libertad de que fue objeto el señor Nelson Lerma Herrera alteró la vida de cada uno de los demandantes, por cuanto se trató de “una acusación calumniosa o injuriosa, y además peligrosa para su seguridad personal … que le impide desenvolverse ante la sociedad con el mismo honor, ímpetu y dignidad que lo hacía antes”; no obstante, revisado el acervo probatorio, la Sala no halla evidencia alguna que acredite que, con la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al señor Lerma Herrera, éste, su padre, su compañera, sus hijos y/o cada uno de sus hermanos resultaron afectados en su honra, dignidad y buen nombre, o que vieron amenazada su seguridad y su tranquilidad.

Ahora, si bien es cierto que en este proceso se practicaron dos testimonios en los que los declarantes manifestaron que el señor Nelson Lerma Herrera y su familia, particularmente su compañera y sus hijos, sintieron tristeza y vergüenza por la situación de aquél, para la Sala tales pruebas no son elementos suficientemente contundentes que acrediten un perjuicio que haya trascendido a una vulneración de derechos constitucional y convencionalmente protegidos, susceptible de indemnización por ese concepto, pues de ellos no es posible siquiera identificar de manera concreta qué tipo de interés jurídico de tal estirpe resultó afectado; en su lugar, a juicio de la Sala, se trata de evidencias que sólo dan cuenta del perjuicio moral que sufrieron los demandantes, el cual ya se dijo que se reconocerá a su favor.

6. Condena en costas

En consideración a que no se evidencia temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 25 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; en su lugar:

PRIMERO: DECLÁRASE patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor Nelson Lerma Herrera.

SEGUNDO: CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar, a título de indemnización por perjuicios morales, cincuenta (50) s.m.ml.v. a favor de cada uno de los señores Nelson Lerma Herrera, Hansel Jovan Lerma Acevedo, Jader Herney Lerma Acevedo, Jhonier Lerma Acevedo, Celso Lerma Caicedo y Martha Lucía Acevedo Pérez y veintinco (25) s.m.ml.v., a favor de cada uno de los señores Lisandro Lerma Herrera, Ana Lucía Lerma Herrera, Luz Estella Lerma Herrera y Luz María Lerma Herrera.

TERCERO: CONDÉNASE a la Fiscalía General de la Nación a pagar a favor de Nelson Lerma Herrera, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de veintiún millones novecientos noventa y ocho mil quinientos treinta pesos ($21’998.530).

CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del C.P.C.

SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

Al conocer del recurso de apelación formulado en contra del auto del 27 de mayo de 2010, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda por caducidad (f.32 a 33, c. 1). Expediente 2008 00009. Ley 446 de 1998 del 7 de julio de 1998. Entre otros, sentencias del 14 de febrero de 2002 (expediente 13.622) y del 11 de agosto de 2011 (expediente 21.801). F. 26 a 39, c. 2. F. 1, c. 2. F. 44, c. 2. F. 94, c. 2. La Ley 270 de 1996 entró en vigencia el 7 marzo de 1996.
“Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007 (expediente 15.463). En este sentido, la Sección Tercera, Subsección C en Sentencia de 19 de octubre 2011, expediente 19.151, precisó: “…no se avala una aplicación ultractiva del citado precepto legal (art. 414) que se encuentra derogado, sino de los supuestos que se regulaban de manera específica en el mismo. No quiere ello significar, entonces, que se estén modificando los efectos en el tiempo de una norma que se encuentra claramente abrogada. Sin embargo, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, por ser una institución donde rige el principio iura novit curia, es posible que el juez adopte o acoja supuestos de responsabilidad objetiva o subjetiva, lo cual dependerá del fundamento en que se soporte la misma…”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006 (expediente 13.168); Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007 (expediente 15.463). Sección Tercera, Sentencia de 1 de octubre de 1992 (expediente 7058). Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 1994 (expediente 8666). Sección Tercera, Sentencia de 15 de septiembre de 1994 (expediente 9391). Sección Tercera, Sentencia de 17 de noviembre de 1995 (expediente 10056). RODRÍGUEZ VILLAMIZAR, Germán: “Responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad”, Memorias del décimo encuentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Consejo de Estado, Riohacha, junio de 2003, pág. 107. Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 1997 (expediente 11.754). No obstante, el ponente de la presente sentencia advierte que no comparte la extensión de la responsabilidad del Estado a los casos en que se haya aplicado el principio del in dubio pro reo. Sentencia de 20 de febrero de 2008 (expediente 15.980). GARCÍA MORILLO, Joaquín. Los derechos de libertad (I) la libertad personal, en LÓPEZ GUERRA, Luis et al. Derecho Constitucional, Volumen I, 6ª edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, Pág. 258. El Tribunal Constitucional Español en la Sentencia STC 341 de 1993 (BOE 295 de 10 de diciembre) que resolvió unos recursos de inconstitucionalidad contra la ley orgánica sobre protección de la seguridad ciudadana, en sus fundamentos 4, 5 y 6 hizo uno de los más interesantes estudios sobre la libertad personal como derecho fundamental y su relación con la detención preventiva: “debe exigirse una proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan –aun previstas en la Ley- privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho y su limitación”. Igualmente, el mismo Tribunal, en sentencia de 29 de diciembre de 1997 (RTC 156, F.D.

4), indicó: “...por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de penas privativas de la libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, su configuración y aplicación como medida cautelar ha de partir de la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva, ha de perseguir un fin constitucionalmente legítimo que responda a la necesidad de conjurar ciertos riesgos relevantes para el proceso que parten del imputado, y en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria, necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines” (STC 128/1995, fundamento jurídico 3, reiterada en la STC 62/1996). Sentencia C - 397 de 1997, de 10 de julio de 1997. Al efecto puede consultarse la sentencia C-774 de 25 de julio de 2.001 de la Corte Constitucional. F. 78 a 100, c. 2. Al respecto, pueden consultarse las sentencias del 8 de julio de 2009 (expediente 17.517), 15 de abril de 2011 (expediente 18.284) y 26 de mayo de 2001 (expediente 20.299), proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado. F. 13 a 16 y 18 a 21, c. 2. F. 34 a y 36, c. 1. Entre otras, sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076. Sentencia de 20 de febrero de 2.008, expediente 15.980, por ejemplo. Desde el 7 de septiembre de 2007, según informe investigativo (f. 123 a 126, c. 5) hasta el 8 de febrero de 2008, cuando recuperó su libertad. F. 10, c. 1.
• Informe de la diligencia de captura llevada a cabo en la Estación de Policía de Candelaria (Valle) y el oficio 994 del 31 de agosto de 2007, en el que la Fiscalía solicitó al Director General de la Policía Nacional la suspensión del señor Nelson Lerma Herrera, entre otros (f. 124, 102 a 103, c. 5). F. 76 a 77, c. 2.
“Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo, Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional”. Original del texto: radicación 05001-23-31-000-1998-00883-01 (1618-03) C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Original del texto: radicación 25000-23-25-000-2003-05439-01(0090-09), C.P. Alfonso Vargas Rincón. Original del texto: Sentencias de 6 de marzo de 1997, expediente 12.310, Consejero Ponente: Dr. Carlos Arturo Orjuela Góngora, y de 25 de enero de 2007, expediente 1618-03, Consejera Ponente: Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia del 12 de mayo de 2016, expediente 40.182. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de noviembre de 2007 (expediente 16407). Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre 2011 (expediente 19031). F. 10. c. 1. F. 34 a 37, c. 1.

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