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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00288-01

Fecha
17 de octubre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00288-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: Revócase la sentencia del 28 de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Declárase la responsabilidad patrimonial de la Secretaría Distrital de Movilidad por la pérdida del bus placa SAC – 152 del demandante Juan Gustavo Mendoza Poveda. TERCERO: Condénase a la Secretaría Distrital de Movilidad a reconocer al demandante Juan Gustavo Mendoza Poveda, a título de daño emergente el valor residual de autobús, el cual deberá liquidarse mediante incidente de conformidad con los parámetros fijados en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda. QUINTO: Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a las entidades demandadas. SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE (Firmado electrónicamente) ALBERTO MONTAÑA PLATA Aclara voto Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ Magistrado Aclara Voto Magistrado 14

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2010-00288-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

17 de octubre de 2025

Radicado: 25000-23-26-000-2010-00288-01 (68386)
Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de octubre dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de reparación
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00288-01 (68386)
Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda
Demandados: Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de Tránsito y
Transporte

La Sala resuelve el recurso de apelación1 interpuesto por el demandante contra la
sentencia dictada el 28 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que denegó las pretensiones de la
demanda y condenó en costas al demandante.

La Subsección es competente para proferir esta sentencia de segunda instancia
conforme con lo dispuesto en el artículo 129 del Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo (en adelante CCA), porque resuelve un recurso de
apelación interpuesto contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca era competente para conocer el
proceso en primera instancia en razón de la cuantía, según el numeral 6 del artículo
132 del CCA2.

SÍNTESIS3

El demandante solicita que se declare extracontractual y patrimonialmente
responsable a la Secretaría Distrital de Tránsito y Transporte (en adelante SETT),
hoy Secretaría Distrital de Movilidad por los perjuicios ocasionados al señor Juan
Gustavo Mendoza Poveda debido a la desaparición de un bus de su propiedad de
los patios autorizados para su custodia, lo cual conllevó a la imposibilidad de
acceder a la reposición del cupo del vehículo. La Sala revocará la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en su lugar, se
declarará la responsabilidad de la entidad demandada habida cuenta que el
régimen de responsabilidad aplicable es objetivo en la medida que la pérdida del
vehículo ocurrió mientras se encontraba bajo custodia estatal, sin que hubiese
demostrado alguna causal eximente de responsabilidad.

1 Índice 99 Samai del tribunal
2 Según el numeral 6 del artículo 122 del CCA, los Tribunales Administrativos conoces en primera instancia las

demandas de reparación directa cuya cuantía exceda los 500 SMLMV lo que ascendía a DOSCIENTOS
CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 204.000.000) al momento de presentación de la demanda. En este caso,
la cuantía de la demanda se estimó en MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.200.000).
3 Temas: Reparación directa – pérdida de vehículo – Régimen objetivo de responsabilidad.

1

Radicado: 25000-23-26-000-2010-00288-01 (68386)
Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. Mediante escrito presentado el 13 de diciembre de 2006 4 y subsanado el 29 de
enero de 20075, el señor Juan Gustavo Mendoza Poveda6 promovió acción de
reparación directa contra la Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría Distrital de
Tránsito y Transporto (hoy Secretaría de Movilidad de Bogotá) en la que formuló
las siguientes súplicas:

(…) PRIMERA.- Que la Alcaldía Mayor de Bogotá y/o la Secretaría de Tránsito y
Transportes de Bogotá, es responsable de todos los perjuicios ocasionados al
señor Juan Gustavo Mendoza Poveda, y por lo tanto deberá reconocer y pagar al
mencionado ciudadano las indemnizaciones provenientes de los daños y
perjuicios como consecuencia de la pérdida, sustracción, desaparecimiento o robo
del bus de servicio público de placas SAC-152 (antiguas SA-3152), modelo 1970,
Marca Dodge, afiliado a la empresa de Buses Amarillos y Rojos S.A., lo cual
sucedió dentro los patios de dicha entidad, hecho conocido hasta el 2 de
noviembre de 2006 cuando la abogada de la Secretaría de Tránsito y Transporte
de Bogotá, presentó ante el Procurador Delegado en lo Administrativo en la
diligencia de audiencia de conciliación prejudicial el Acta del Comité Conciliatorio
de la entidad, donde en uno de sus apartes se dice que no aparece ingresado y
tampoco registrada la salida.

SEGUNDA.- Que el demandado Alcaldía Mayor de Bogotá y/o Secretaría de
Tránsito y Transportes de Bogotá, proceda de inmediato a reconocer y pagar a
favor de mi mandante la suma de $45.000.000.oo valor del cupo del referido
automotor para su chatarrización conforme a las tarifas vigentes en el momento,
al haber sido imposible la obtención de la entrega del automotor por distintos
motivos y pretextos alegados por la parte demandada hasta llegar al
desaparecimiento y pérdida del vehículo cuando se encontraba dentro de los
mismos patios de la entidad.

TERCERA.- Que la entidad demandada sea condenada a pagar a favor de mi
poderdante el lucro cesante y daño emergente ocasionados por el largo tiempo
que el vehículo ha dejado de producir ingresos para su propietario a razón de un
promedio diario de $250.000.oo y cuya totalización actualizada asciende a la suma
de $1.055.950.310.oo.

CUARTA.- Que la entidad demandada sea condenada a pagar a favor de mi
poderdante al equivalente a 6.000 gramos oro en la fecha del fallo como
compensación al daño moral ocasionado al señor Juan Gustavo Mendoza.

QUINTA.- Se condenará al pago de intereses no inferiores al 6% anual
aumentados con el incremento promedio que en el mismo período haya tenido el
índice de precios al consumidor sobre las sumas que resulten a su favor desde la
fecha que el fallo deba cumplirse y hasta cuando se efectúe el pago.

4 Cuaderno principal, folios. 2 a 11.
5 Cuaderno principal, folios. 57 a 58.
6El 17 de noviembre de 2015 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Descongestión, Sección Tercera,

Subsección C, ordenó la sucesión procesal del presente proceso con los señores Blanca Cecilia Burgos Moreno
en la calidad de cónyuge supérstite y como curadora de Monica Nathalia Mendoza Burgos y Juan César
Mendoza Burgos, herederos del demandante fallecido Juan Gustavo Mendoza Poveda.

2

Radicado: 25000-23-26-000-2010-00288-01 (68386)
Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

SEXTA.- La parte demandada deberá dar cumplimiento a la sentencia en los
términos señalados en los Artículos 121 y 122 del Código de lo Contencioso
Administrativo.

SÉPTIMA.- Que se decrete la condena en costas, gastos del proceso y agencias
en derecho en contra de la parte demandada (…)”7

2. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes argumentos como
fundamento fáctico de las pretensiones:

2.1 El demandante Juan Gustavo Mendoza Poveda es propietario del bus de servicio
público con placas SAC-152, marca Dodge, modelo 1970, con capacidad de treinta
y cuatro (34) pasajeros, afiliado a la Empresa de Buses Amarillos y Rojos SA,
conforme con la licencia de tránsito No. 3 – 226049.

2.2 El 12 de enero de 1994, el bus fue retenido e inmovilizado en la ciudad de Bogotá
por agentes de tránsito debido a la intervención del vehículo en un accidente en el
que resultó una persona herida, y, posteriormente, fue remitido a un patio; lo cual
consta en el comparendo y el acta de depósito número 93106.

2.3 El actor adelantó los trámites necesarios ante la Secretaría de Tránsito y
Transporte para recuperar el bus; sin embargo, dichos esfuerzos resultaron
infructuosos por diversas razones, pues:

(…) unas veces le decían que era directamente la empresa donde el bus se
encontraba afiliado la que tenía que efectuar la solicitud de entrega, otras veces
le decían que en el historial o en la hoja de vida del bus apareciera registrados
unos embargos por cuenta de la DlAN y otro por cuenta del juzgado 40 Civil
Municipal de Bogotá, y que mientras eso no lo arreglara que era imposible lograr
la autorización para la entrega del bus.8

2.4 El señor Juan Gustavo Mendoza Poveda presentó una petición por escrito el 29
de octubre de 2004 al concesionario del servicio de patios, JV Inversiones, para
que se le informara la fecha y el número de la resolución con la cual se ordenó el
remate del bus de su propiedad, esto es:

(…) De acuerdo con el Artículo 23 de la Constitución Nacional, me permito solicitar
una certificación donde conste el número de la Resolución con su respectiva
fecha, mediante la cual se ordenó el remate del bus de servicio público de placas
SA 3152, el cual ingresó al patio No. 3 con fecha enero 12 de 1994, para lo cual
anexo fotocopia dde la tarjeta de propiedad y acta de depósito.(…).9

2.5 El 4 de febrero de 2005, el concesionario JV Inversiones respondió la petición,
e informó que había recibido un bus con placas SA-3252, registrado bajo el
inventario No. 93106, el cual había sido inmovilizado el 12 de enero de 1995, según
constaba en el acta de entrega de patio no. 3 de tránsito, página 9 de 13, asimismo,

7 Cuaderno principal, folios. 2 a 3.
8 Cuaderno principal, folio 3.
9 Cuaderno principal, folio. 40.

3

Radicado: 25000-23-26-000-2010-00288-01 (68386)
Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

informó que dicho vehículo no había sido objeto de remate; la respuesta dijo,
textualmente, lo siguiente:

(…) Le informamos que al momento de recibir la Concesión de patios de la
Secretaría de Tránsito y Transportes - Fondatt- contrato 093 /96 exactamente en
Noviembre de 1996, con el número de inventario mencionado por Ud., el 93106
en fotocopia que nos envió, RECIBIMOS un automóvil identificado con las placas
SA- 3252 inmovilizado el día 12 de Enero de 1995, según consta en el Acta de
Entrega del Patio 3 de Tránsito en su pagina 9/13. Además el certificado de
tradición No. CT900794414 que le expidió el SETT Bogotá en Noviembre 5 de
2004 le informa que la matrícula está vigente a su nombre en la fecha, lo que
aclara que, este vehículo no ha sido rematado.10

2.6 Según la interpretación del demandante, el informe del concesionario JV
Inversiones sugiere que, dentro de los patios de la Secretaría de Tránsito y
Transporte se habría producido un cambio fraudulento de identidad del bus con
placas SAC-152, el cual habría sido sustituido por un automóvil particular; esta
maniobra habría permitido poner en circulación el bus utilizando documentos falsos
y, posiblemente, obtener de manera irregular la tarjeta de operación, dado que el
vehículo original no se encontraba en los patios.

2.7 El apoderado del demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial, la
cual fue citada para el 2 de noviembre de 2006, audiencia a la cual asistió
únicamente la apoderada de la Secretaría de Tránsito y Transporte, quien se
presentó con el acta del Comité de Conciliación de 4 de octubre de 2006, en la cual
no propusieron fórmula conciliatoria.

2.8 El acta indica que, el bus SAC-152 no registró movimientos en los patios durante
el año 1994, no fue localizado por el concesionario JV Inversiones, y su última
tarjeta de operación fue emitida en 1997; no obstante, el vehículo recibió un
comparendo en el año 2000, lo cual evidencia que continuó prestando el servicio
público de manera ilegal, estando vinculado a la empresa Santa Lucía; según el
apoderado del demandante, estos hechos constituyen una confesión anticipada de
actos de corrupción al interior de la Secretaría de Movilidad.

2.9 El demandante sostiene que la Secretaría de Movilidad incurrió en una falla en
el servicio por no garantizar la adecuada custodia del bus de su propiedad, el cual
desapareció mientras se encontraba bajo responsabilidad de dicha entidad.

B. Posición de la entidad demandada

3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda mediante auto
del 15 de octubre de 201011, y ordenó su notificación a los demandados, lo cual
ocurrió mediante estado electrónico del 15 de octubre de 201012.

10 Cuaderno prinicipal, folio 4.
11 Índice 7 SAMAI del tribunal.
12 Índice 8 SAMAI del tribunal.

4

Radicado: 25000-23-26-000-2010-00288-01 (68386)
Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

4 El 29 de febrero de 201113 la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá se opuso
a las pretensiones de la demanda, como argumentos de defensa expuso que:

4.1Se configura la excepción de caducidad de la acción, debido a que la
inmovilización fue en enero de 1994, por lo cual, la demanda debió promoverse a
más tardar en enero de 1996, pero fue presentada el 13 de diciembre de 2006.

4.2 El bus de propiedad del señor Juan Gustavo Mendoza Poveda perdió su vida
útil desde el año 1990, conforme con lo dispuesto en la Ley 105 de 1993 y otras
normas aplicables, que limitan la vida útil de los vehículos de servicio público a
veinte (20) años; y, teniendo en cuenta que el mencionado bus no podía prestar el
servicio público desde 1990, no hay perjuicio derivado por su inmovilización, por lo
tanto, no existe daño a indemnizar.

4.3 El actor no gestionó oportunamente la salida del vehículo de los patios, y para
ello, solo era necesario pagar el valor de la infracción impuesta, los gastos de grúa
y del parqueadero.

4.4 No existe registro alguno de ingreso o salida del vehículo en los patios durante
el año 1994, y la última tarjeta de operación fue expedida en agosto de ese mismo
año.

C. La sentencia de primera instancia

5. El 28 de julio de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca14 negó las súplicas de la demanda porque no se
demostró que se haya causado un daño antijurídico debido a que el bus no fue
inmovilizado de forma arbitraria o ilegal, además, expuso lo siguiente:

5.1 El demandante no presentó solicitud alguna de reposición del vehículo ante la
empresa transportadora a la cual se encontraba afiliado el bus, para acreditar que
la causa de inmovilización había cesado o cesaría, ni demostró haber gestionado
la devolución del automotor ante la autoridad competente, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 230 del Decreto-Ley 1344 de 1970.

5.2 El actor contaba con la posibilidad de realizar los trámites correspondientes para
la cancelación de la matrícula por pérdida o hurto del bus, lo que le habría permitido
acceder a la reposición del automotor y del respectivo cupo, pero no lo hizo.

D. Recurso de apelación

6. El 15 de diciembre de 202115, el apoderado del demandante interpuso recurso de
apelación, mediante el cual solicitó que se revocara la sentencia de primera

13 Cuaderno principal, folios 268 a 284.
14 índice 99 SAMAI del tribunal.
15 índice 102 SAMAI del tribunal

5

Radicado: 25000-23-26-000-2010-00288-01 (68386)
Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

instancia y, que, en consecuencia, se accediera a las peticiones formuladas en la
demanda; como fundamentos del recurso, expuso los siguientes:

6.1 El tribunal comete un error en la apreciación de las pruebas, por el hecho de
considerar que no se encuentra acreditado el daño toda vez que, el acta de depósito
acredita de forma contundente (i) la calidad de depositaria de la Secretaría Distrital
de Movilidad, (ii) que el bus fue inmovilizado, y (iii) fue llevado a un patio autorizado.

6.2No puede imputarse omisión alguna al demandante en la gestión ante la
Secretaría Distrital de Movilidad para tramitar la devolución del autobús de su
propiedad.

6.3 La sentencia de primera instancia no examinó la responsabilidad de la Alcaldía
de Bogotá, entidad integrante de la administración distrital, lo cual evidencia una
falta de consonancia entre las pretensiones formuladas y el análisis de los hechos
probados en el proceso.

II. CONSIDERACIONES

E. Aspectos procesales

7. En este caso, el término de caducidad se computa a partir del momento en que
el demandante tuvo conocimiento cierto de que su vehículo no se encontraba en
los patios de la Secretaría Distrital de Movilidad, a pesar de haber sido previamente
inmovilizado; este conocimiento se produjo el 4 de febrero de 200516; en
consecuencia, el término de caducidad vencía el 5 de febrero de 2007 y la
demanda fue presentada oportunamente el 13 de diciembre de 200617.

8. Finalmente, frente al argumento según el cual el tribunal habría omitido
pronunciarse sobre la presunta responsabilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá en
los hechos objeto del presente proceso, la Sala considera necesario precisar que
dicha omisión no constituye una irregularidad procesal, ello obedece a que la
competencia funcional y la responsabilidad directa en materia de tránsito y
transporte en el Distrito Capital recae exclusivamente en la Secretaría Distrital de
Movilidad, conforme a lo dispuesto en el Decreto Distrital 567 de 2006, autoridad,
de carácter público y del orden distrital, que forma parte del sector central de la
administración distrital de Bogotá y actúa con autonomía técnica y operativa en el
ejercicio de sus funciones; en consecuencia, el tribunal no estaba llamado a emitir
pronunciamiento alguno respecto de la Alcaldía Mayor, por cuanto esta no ostenta
la calidad de autoridad competente ni de sujeto pasivo en relación con los hechos
debatidos en el proceso.

16 Cuaderno prinicipal, folio. 39. fecha en la cual el concesionario respondió a la petición del actor e indicó que

con el inventario No. 93106 recibió el vehículo de las placas SA3252, inmovilizado el 12 de enero de 1995, y
que no había registro de que el vehículo de placa SA 3152 hubiese sido rematado.
17 Cuaderno principal, folios. 2 a 11.

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Radicado: 25000-23-26-000-2010-00288-01 (68386)
Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

F. Sentido de la decisión

9. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de
la demanda y, en su lugar, declarará la responsabilidad de la entidad demandada
habida cuenta de que el régimen de responsabilidad aplicable es objetivo, pues la
pérdida del vehículo ocurrió mientras se encontraba bajo custodia estatal.

G. La responsabilidad patrimonial del Estado por los daños sufridos en
bienes que las entidades públicas tengan en depósito

10. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que, cuando una entidad
pública asume la custodia de un bien, se encuentra frente a una obligación de
resultado, pues adquiere el deber jurídico de conservar y restituir el bien en las
mismas condiciones en que lo recibió. Al respecto precisó:
(…) En relación con las obligaciones derivadas de la guarda o tenencia de ciertos
bienes que dejan al cuidado de la Administración, la Sala advierte que esa
prestación es de resultado, en la medida en que la entidad pública asume el
compromiso correlativo de devolver el bien al propietario, poseedor, o tenedor de
éste, por manera que en el evento de incumplir con ese cometido forzosamente
tendrá que reparar los perjuicios que hubiera irrogado a los titulares del respectivo
bien. Sin embargo, ese compromiso por parte de la Administración no debe
entenderse en términos absolutos, por cuanto de llegar demostrarse que una
causa extraña le impidió atender esa responsabilidad, ello sería un elemento
suficiente para liberarse de la obligación de reparar los perjuicios que sufra un
particular en su patrimonio18.

11. Por lo anterior, el régimen de responsabilidad aplicable en estos casos de
carácter objetivo, de manera que al demandante únicamente le corresponde
acreditar la entrega material o aprehensión del bien por parte de la autoridad. Esta,
a su vez, es objetivamente responsable por la pérdida o deterioro que pueda sufrir
el bien mientras está a su cargo.
(…) Los criterios anteriores resultan aplicables en los casos de depósito de bienes
que han sido objeto de medidas cautelares y que por decisión judicial o
administrativa posterior deban ser devueltos a sus legítimos propietarios,
poseedores o tenedores. Es deber de la entidad pública responsable de la
custodia del bien devolverlo en las mismas condiciones en las que ha sido
retenido, salvo su deterioro natural. Por lo tanto, dicha entidad es objetivamente
responsable por la pérdida o deterioro que pueda sufrir el bien mientras se decide
la suerte del mismo. Ahora, cuando ese depósito se prolonga a pesar de la orden
de entrega provisional o definitiva, por causas imputables al mismo interesado, por
ejemplo, cuando éste se abstiene de reclamar oportunamente el bien, la
responsabilidad del Estado es de carácter subjetivo y, por lo tanto, aquél deberá
demostrar la falla del servicio que impute a la entidad pública19. (...).

18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia 8 de febrero de 2006, expediente 25000-23-26-000-1995-

01218-01(14947) CP Germán Rodríguez Villamizar.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 8

de julio de 2016, expediente: 150001-23-31-000-2004-02952-01 CP Ramiro Pazos Guerrero; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 19 de septiembre
de 2011, expediente: 08001-23-31-000-1990-06003-01 (21600) CP Ruth Stella Correa Palacio.

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Radicado: 25000-23-26-000-2010-00288-01 (68386)
Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

12.La Corte Constitucional, en la Sentencia T-1000 de 2001, precisó que la
autoridad de tránsito asume la responsabilidad por la vigilancia y el cuidado de los
vehículos allí depositados, así:

(…) Suele suceder que un parqueadero, al mismo tiempo, desarrolle las dos
formas de servicio, es decir, preste las actividades de patios y parqueo. Al respecto
ha señalado el Consejo de Estado, ‘...en este tipo de establecimientos, se prestan
servicios de custodia de vehículos mediante dos modalidades: a) como patios,
cuando son inmovilizados por orden de autoridad competente, con duración
indefinida mientras se levanta la orden de inmovilización y sin que cuente
para nada el ánimo del propietario para dejar allí su carro; (....) Ciertamente,
tratándose de patios, los vehículos son depositados sin mediar la voluntad
de su dueño, asumiendo la autoridad competente todas las obligaciones y
responsabilidades por su vigilancia y cuidado, y requiriendo para su
entrega, la orden de autoridad mediante la cual se subsane la causa que dio
origen a su inmovilización. Mientras que en relación con el servicio de parqueo,
los automotores son depositados por el querer del propietario, siendo él, el
responsable de los costos y gastos que produzca su atención y vigilancia.
(…).(negrilla de la Sala).

13. En consecuencia, en casos de depósito y custodia de bienes surge en cabeza
del Estado una obligación de resultado y, por ello, el régimen aplicable es de
responsabilidad objetiva. En este escenario, la parte demandante solo debe
acreditar la aprehensión del vehículo por parte de la entidad demandada.

H. Análisis de la responsabilidad patrimonial del estado en el caso
concreto

14.De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes para la adopción de la
decisión de la controversia:

15. El demandante Juan Gustavo Mendoza Poveda es propietario del bus de servicio
público de placas SAC-152, marca Dodge, modelo 1970, afiliado a la Empresa de
Buses Amarillos y Rojos S.A., de conformidad con el certificado de tradición No.
CT900981397 de 11 de septiembre de 200620 expedido por la Secretaría de
Tránsito y Transporte y conforme con la licencia de tránsito No. 3 – 22604921.

16. El bus de propiedad del demandante fue inmovilizado el 12 de enero de 1994 y
llevado al patio número 3, conforme con el Acta de Depósito e Inventario No. 93106
del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – Fondo Rotatorio de
Seguridad Vial de Bogotá. En este documento se consigna lo siguiente:

(…) En Bogotá, D.E hoy 12 de enero de 1994 comparecieron a las instalaciones
de la jefatura de Patio el suscrito Jefe de Turno en representación del
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES, y el
señor: JUAN GUSTAVO MENDOZA P con C.C. 17081356 en calidad de
conductor y tenedor del vehículo de placas SA 3152 y cuya descripción aparece

20 Cuaderno principal, folios 20 a 21.
21 Cuaderno principal, folio 42.

8

Radicado: 25000-23-26-000-2010-00288-01 (68386)
Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

en el acápite II. INVENTARIO DEL VEHÍCULO, con. El fin de suscribir el presente
documento de depósito.
(…).
Registro de entrada, hora 22.15 motivo o infracción “ atropello.(…)22.

17. El 29 de octubre de 2004, el señor Juan Gustavo Mendoza Poveda presentó
escrito de petición al concesionario del servicio de patios, JV Inversiones, en el cual
solicitó que se le suministraran la fecha y el número de la resolución con la cual se
ordenó el remate del bus de su propiedad, así:

(…) De acuerdo con el Artículo 23 de la Constitución Nacional, me permito solicitar
una certificación donde conste el número de la Resolución con su respectiva
fecha, mediante la cual se ordenó el remate del bus de servicio público de placas
SA 3152, el cual ingresó al patio No. 3 con fecha enero 12 de 1994, para lo cual
anexo fotocopia dde la tarjeta de propiedad y acta de depósito. (…)23.

18. El Gerente Comercial de la Concesión Patios STT – FONDATT contrato - 093
de 1996, mediante oficio de 4 de febrero de 2005, respondió de la siguiente manera
a la solicitud del actor:

(…) que al momento de recibir la Concesión de patios de la Secretaría de Tránsito
y Transporte -Fondatt, Contrato 093 /96 exactamente en noviembre de 1996, con
el número de inventario mencionado por usted, el 93106 en fotocopia que nos
envió, RECIBIMOS un automóvil identificado con las placas SA 3252 inmovilizado
el 12 de enero de 1995, según consta en el acta de entrega del patio 3 de tránsito
en su página 9 de 13.-

Además, el certificado de tradición número CT900794414 que le expidió el SETT
Bogotá, en noviembre de 2004 le informa que la matrícula está vigente a su
nombre a la fecha, lo cual aclara que este vehículo no ha sido rematado.24

i) El Daño

19. La Sala considera que, con fundamento en el acervo probatorio, se encuentra
acreditado el daño, toda vez que (i) la Secretaría Distrital de Movilidad recibió en
custodia el bus de propiedad del demandante Juan Gustavo Mendoza Poveda el
12 de enero de 1994, conforme al Acta de Depósito e Inventario No. 93106,
levantada tras un accidente de tránsito; y (ii) el demandante manifestó
expresamente que el vehículo nunca le fue devuelto, negación indefinida que no
fue desvirtuada por la Secretaría Distrital de Movilidad. Esta entidad no allegó
prueba de la entrega material del automotor ni soporte de que se adelantó alguna
actuación administrativa que justificara su desaparición (por ejemplo, que hubiera
rematado el vehículo o chatarrizado).

20. En efecto, está acreditado que el bus del demandante ingresó bajo custodia
estatal, sin que exista rastro administrativo claro que permita establecer su
ubicación o entrega. El acta de depósito de 12 de enero de 1994 acredita su

22 Cuaderno principal, folio. 23.
23 Cuaderno principal, folio. 40.
24 Cuaderno principal, folio 39.

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Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

inmovilización, pero la información posterior es contradictoria, pues los datos de
placa y fecha de ingreso no coinciden y no se acreditó su remate ni devolución.

21. Por otro lado, en el expediente se encuentra acreditado que el demandante Juan
Gustavo Mendoza Poveda afirmó de manera expresa que nunca le fue devuelto el
bus, sin que la Secretaría Distrital de Movilidad hubiese aportado prueba alguna
que desvirtuara dicha afirmación, incumpliendo así con la carga procesal que le
correspondía para acreditar la entrega o informar la disposición final del auto bus
de propiedad del demandante.

22. Lo anterior adquiere relevancia porque quien plantea una negación indefinida
esta relevado de la prueba de la inexistencia del hecho, y es a la parte contraria (en
este caso a la administración) a la que le corresponde demostrar su ocurrencia
efectiva. En palabras de la Corporación:

(…) En los términos del artículo 167 del CGP, quien formula una negación
indefinida no está obligado a probarla, ya que es imposible demostrarla, lo que
implica, correlativamente, que en estos eventos la carga de la prueba de que el
hecho que se niega sí existió, se traslade al sujeto en contra de quien se aduce,
so pena de que, en caso de que no la supla, esa aseveración se tenga por
cierta.(…).25

23. En consecuencia, la Sala estima acreditada la pérdida del vehículo de placas
SAC-152.

ii) Imputación de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado y
reducción de la indemnización

24. El daño es imputable a la entidad demandada porque la pérdida del vehículo
ocurrió mientras se encontraba bajo custodia estatal; además, las inconsistencias
en el registro inicial y la ausencia de trazabilidad administrativa demuestran el
incumplimiento de sus obligaciones de depositario del vehículo inmovilizado, lo que
permite atribuirle responsabilidad por la pérdida del automotor bajo su poder.

25. De conformidad con la jurisprudencia arriba mencionada, la Secretaría Distrital
de Movilidad tenía a su cargo el vehículo, lo que implica el deber de asumir la
custodia, vigilancia, registro e inventario del vehículo inmovilizado, así como la
trazabilidad de su disposición final; este deber no se limita a la conservación
material del bien, sino que incluye una dimensión funcional orientada a garantizar
su localización, control y finalmente su entrega al propietario (cuando esto sea
procedente) siendo esta una obligación de resultado.

26. Como estaba demostrado que el vehículo fue aprehendido por la entidad
demandada, lo cierto es que le correspondía demostrar a esta una causal eximente
de responsabilidad, pero no lo hizo. Al respecto, se advierte que la entidad planteó
que el demandante no gestionó la salida del vehículo; sin embargo, la referida
conducta pasiva del demandante no exime a la entidad demandada de sus

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 1º de julio de 2025, expediente (71486).

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Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

obligaciones en cuanto a la trazabilidad del vehículo, ni mucho menos podría
concluirse que fue por la conducta pasiva del demandante que el vehículo se
perdió, puesto que, como se indicó con anterioridad, se desconoce qué pasó con
el vehículo.

27. Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto la conducta pasiva del propio
demandante, la cual será tenida en cuenta al momento de la liquidación de los
rubros indemnizatorios solicitados, habida cuenta que el artículo 2357 del Código
Civil señala que “La apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha
sufrido se expuso a él imprudentemente.”

I. Indemnización de Perjuicios

Lucro cesante

28. El demandante solicitó, a título de lucro cesante, el reconocimiento y pago de la
suma de mil cincuenta y cinco millones novecientos cincuenta mil trescientos diez
pesos ($1.055.950.310), suma que —según lo expuesto en la demanda—
corresponde a los ingresos que habría dejado de percibir durante el tiempo en que
el vehículo permaneció inmovilizado.

29. La Sala negará el reconocimiento de este perjuicio, por cuanto no se demostró
que, al momento de la inmovilización, el vehículo se encontrara en condiciones
legales y materiales para prestar el servicio público de transporte.

30. En efecto, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 105 de 1993, la vida útil de
los vehículos destinados al transporte público es de veinte (20) años, término que,
una vez cumplido, obliga a su reposición. Y en este caso, según la licencia de
tránsito, el automotor fue adquirido en 1970, por lo que había alcanzado su vida útil
en el año de 1990, cuatro (4) años antes a la inmovilización.

Daño Emergente

31. El demandante solicitó a título de daño emergente la indemnización de los
siguientes perjuicios: (i) el valor correspondiente al cupo del bus de su propiedad y
(ii) el valor total del bus.

32. En cuanto al cupo, se precisa que este último hace alusión a la vinculación del
vehículo de servicio público a la capacidad transportadora de la empresa de
transporte26, de lo cual se deriva un mayor valor del vehículo27. Precisado lo

26 “La capacidad transportadora supone el número de vehículos necesarios para la prestación adecuada del

servicio. Dicha capacidad es otorgada única y exclusivamente a la cooperativa [empresa de transporte público],
es decir a la persona jurídica y la asignación de ese cupo permite al afiliado beneficiarse económicamente con
la prestación de los servicios que se han autorizado por la celebración de un contrato de vinculación” Consejo
de Estado, Sección Primera, Sentencia del 1 de marzo de 2007, expediente 76001-23-31-000-2006-03633
01(AC), CP Martha Sofia Sanz Tobón
27 Al respecto ver concepto 20121340311831 del 19 de junio de 2012 del Ministerio de Transporte.

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Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

anterior, la Sala negará el daño emergente asociado a la pérdida del cupo, toda vez
que la pérdida de ese derecho es consecuencia directa de la inactividad del propio
demandante.

33. En efecto, el artículo 1° del Decreto 2556 de 2001 dispuso que los vehículos de
servicio público de radio de acción metropolitana, distrital o municipal que hubieran
alcanzado su vida útil tenían plazo hasta el 15 de diciembre de 2005 para efectuar
su reposición28.

34. Sin embargo, el demandante no adelantó ninguna gestión para la reposición de
su vehículo. Por ello la empresa Buses Amarillos y Rojos S.A. envió un comunicado
al demandante el 23 de marzo de 2007 en el cual indicó que este perdió el derecho
a reponer el vehículo por no haber realizado la gestión correspondiente antes de la
referida fecha, y que ya no hacia parte de la capacidad transportadora de la
empresa. El mencionado oficio señaló lo siguiente:

(…) que el vehículo Dodge clase BUS, placa SAC – 152, motor FT11860 CHASIS
D51FG0N107704, modelo 1970, venció el derecho a reponer de acuerdo con las
disposiciones vigentes sobre la materia.

Que, como consecuencia de lo anterior, el mencionado vehículo no se encuentra
activo dentro del parque automotor autorizado y en operación con la empresa (…).

35. Debe destacarse que el demandante conocía la inmovilización desde 1994, y,
pese a ello, no hay prueba que hubiera gestionado la entrega conforme al
procedimiento del artículo 230 del Decreto-Ley 1344 de 1970, es decir, que hubiese
subsanado la causa de la infracción (pago de comparendo, grúa o parqueadero),
solamente obra en el expediente una petición realizada diez (10) años después —
en octubre de 2004—para conocer la situación del automotor.

36. En octubre de 2004, fecha en la que el demandante hace la petición, el Código
de Tránsito Vigente era el la Ley 679 de 2002, Código Nacional de Tránsito
Terrestre el cual en su artículo 128 establecía que los vehículos inmovilizados que
permanezcan por más de un (1) año en los patios oficiales sin ser reclamados se
presumen abandonados, y faculta a la autoridad de tránsito para subastarlos.

37. De la redacción de la petición elevada por el demandante, al requerir
expresamente “(…) conste el número de la Resolución con su respectiva fecha,
mediante la cual se ordenó el remate del bus de servicio público de placas SA
3152,(…), revela que el actor era plenamente consciente de la posibilidad legal de
que su vehículo hubiese sido declarado en abandono conforme a la norma vigente;
no obstante pese a ese conocimiento, no desplegó ninguna actuación adicional
para reclamar su devolución o demostrar la imposibilidad de hacerlo, dejando
transcurrir más de una década desde la inmovilización.

28 El artículo 2 de la Ley 688 de 2001 señala que la reposición “consiste en sustituir un vehículo que ha

alcanzado el término de su vida útil por otro nuevo o de menor edad”, sin que ello implique “un incremento de
la capacidad transportadora de la empresa”.

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Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

38. Por otro lado, no es posible reconocer indemnización del valor comercial del
vehículo, pues el vehículo ya había perdido su vida útil, y el plazo máximo de
reposición del vehículo hasta diciembre de 2005 no implicaba que podía operar
hasta tal fecha porque el Decreto 2556 de 2001 expresamente dispuso que "en
ningún caso el plazo otorgado en el presente decreto, autoriza a las empresas y
propietarios a prestar el servicio de transporte de pasajeros en vehículos que
cumplieron o cumplan su ciclo de vida útil”.

39. Ahora bien, la pérdida del automotor en custodia de la Secretaría de Movilidad,
pese a que el mismo fuere obsoleto para el servicio público, no limita que el autobus
tuviera un valor patrimonial residual —el valor de su chatarra—, razón por la cual la
Sala procede reconocer su valor residual indemnizable bajo la modalidad de daño
emergente, equivalente al valor de la chatarra del vehículo al momento de los
hechos, debidamente actualizado, sin que ello implique el reconocimiento de su
valor comercial total.

40. En consecuencia, la Sala reconocerá al demandante el valor residual del
automotor, conforme a lo que resulte probado mediante dictamen pericial durante
el incidente de regulación de perjuicios, de conformidad con los siguientes
parámetros:

40.1.Identificación técnica por registro: Se identifique el peso del bus y el
volumen de material metálico de conformidad con las especificaciones de fábrica o
licencia de tránsito, el tipo de vehículo, modelo, marca.

40.2. Determinación de la fecha de referencia: Debe establecerse la fecha en
que, de conformidad con las resoluciones de la autoridad competente sobre
chatarrización, el vehículo de propiedad del demandante debió ser chatarrizado el
bus.

40.3. Valor de mercado de la chatarra en la fecha de referencia: Se deben utilizar
los precios promedio por kilo de chatarra o metal para esa época, provenientes de
registros industriales, publicaciones económicas, o resoluciones oficiales.

40.4. Depuración de obligaciones: Si había multas, impuestos, gastos de patios,
el perito deberá deducirlos para establecer el valor neto reconocible al propietario

40.5. El Resultado del valor residual deberá traerse a valor presente, de conformidad
con la siguiente fórmula:

Va = Vh * IPC Final_
IPC Inicial

Donde: Va = Valor actualizado, Vh = Valor histórico; IPC Final corresponde al índice
de precios al consumidor vigente para el momento en que se resuelve el incidente
y, el IPC Inicial corresponde al índice de precios al consumidor vigente para el
momento en que se incautó el rodante.

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Radicado: 25000-23-26-000-2010-00288-01 (68386)
Demandante: Juan Gustavo Mendoza Poveda

I. Costas

41. La Sala se abstendrá de condenar en costas, teniendo en cuenta que las partes
intervinieron de manera conjunta en la causación del daño.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Revócase la sentencia del 28 de julio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Declárase la responsabilidad patrimonial de la Secretaría Distrital de
Movilidad por la pérdida del bus placa SAC – 152 del demandante Juan Gustavo
Mendoza Poveda.

TERCERO: Condénase a la Secretaría Distrital de Movilidad a reconocer al
demandante Juan Gustavo Mendoza Poveda, a título de daño emergente el valor
residual de autobús, el cual deberá liquidarse mediante incidente de conformidad
con los parámetros fijados en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a las
entidades demandadas.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Aclara voto
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Aclara Voto
Magistrado

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