Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00357-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00357-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2010-00357-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
13 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
Demandante: Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A. y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
Temas: ACTO DECLARATIVO DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CONSULTORÍA– la entidad
contratante consideró que su consultor incumplió la entrega oportuna de los productos que debía desarrollar. /
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL – constituye un requisito de procedibilidad de la demanda según el artículo 13
de la Ley 1285 de 2009 – en el caso sub examine existe correspondencia entre los fundamentos fácticos que
sirvieron para convocar a la audiencia de conciliación y el escrito de demanda. / EXCEPCIONES DE INDEBIDA
REPRESENTACIÓN E INCORRECTA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES – el Tribunal a quo se pronunció
sobre los argumentos esbozados en la contestación de la demanda y no desconoció las alegaciones de la CAR
• el recurrente no sustentó motivos de reproche distintos al supuesto desconocimiento de los medios exceptivos.
/ COSA JUZGADA – mediante sentencia ejecutoriada, se declaró la nulidad de los actos administrativos
cuestionados / EFECTOS ERGA OMNES – son fijados por el artículo 175 del CCA cuando se declara la nulidad
de un acto administrativo. / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL – Debe ser examinado a la luz de las
reglas de la sana crítica y de las demás pruebas obrantes en el plenario.
1. La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia
del 27 de abril de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, declaró configurada la cosa
juzgada y accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Las sociedades Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A., Soluciones
Integrales S.A., Selfinver Banca de Inversión Ltda., y Consultoría y Dirección de
Proyectos Cydep Ltda. -integrantes del Consorcio Regionales Río Bogotá- (en
adelante, consorcio, contratista o consultor) alegaron que los actos expedidos por
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en lo sucesivo, CAR,
demandada o contratante), a través de los cuales declaró el incumplimiento y
terminó el contrato de consultoría No. 0464 de 2008, deben ser declarados nulos
por incurrir en falta de competencia, desviación de poder, vulnerar el debido proceso
y derecho de defensa y constituir una vía de hecho en contra del destinatario. Bajo
ese contexto, el extremo censor pidió condenar a la demandada al pago de los
recursos dejados de percibir por la terminación anticipada del negocio.
ANTECEDENTES
La demanda1
3. El 2 de junio de 2010, las sociedades que integraron el Consorcio Regionales Río
Bogotá presentaron demanda de controversias contractuales en contra de la CAR,
con el fin de que se acceda a las siguientes declaraciones y condenas (se transcribe
de forma literal):
1 De acuerdo con el escrito inicial, así como con su reforma.
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
Demandante: Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A. y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
“Pretensión primera principal. Que se declare que con la expedición de la Resolución No.
1165 del 10 de junio de 2009, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
‘por la cual se declara un incumplimiento, se da por terminado el contrato de consultoría No.
0464 de 2008 y se declara la ocurrencia del siniestro por incumplimiento y calidad’ la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR incurrió en vía de hecho y vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y audiencia y al acceso a la
administración de justicia de las sociedades Planteamiento y Gestión de Proyectos S.A. PGP
(Colombia), Selfinver Banca de Inversión Ltda. (Colombia), Consultoría y Dirección de
Proyectos Cydep Ltda. (Colombia) y Soluciones Integrales S.A. (Chile) integrantes del
consorcio Regionales Río Bogotá, contratista en el contrato 00464 del 17 de julio de 2008,
por las razones de hecho y de derecho que se consignan en este escrito.
Pretensión primera subsidiaria de la pretensión primera principal. Que se declare la nulidad
de la Resolución No. 1165 del 10 de junio de 2009, expedida por la Corporación Autónoma
Regional -CAR ‘por la cual se declara un incumplimiento, se da por terminado el contrato de
consultoría No. 0464 de 2008 y se declara la ocurrencia del siniestro por incumplimiento y
calidad’, por haber sido expedida irregularmente, con falta absoluta de competencia y con
desviación de poder, de conformidad con el concepto de violación consignado en este escrito.
Pretensión segunda principal. Que como consecuencia de la declaración anterior, se declare
que la Resolución No. 1165 del 10 de junio de 2009 proferida por la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca –CAR ‘por la cual se declara un incumplimiento, se da por
terminado el contrato de consultoría No. 0464 de 2008 y se declara la ocurrencia del siniestro
por incumplimiento y calidad’ no existe por haber sido expedida con falta absoluta de
competencia del funcionario emisor y, por lo mismo, ser producto de una vía de hecho.
Pretensión tercera principal. Que se declare que con la expedición de la Resolución No. 3287
del 22 de diciembre de 2009 expedida por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca -CAR ‘por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra
la Resolución 1165 de 2009 por el consorcio Regionales Río Bogotá y la Compañía de
Seguros del Estado’ la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR incurrió en
vía de hecho y vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
audiencia, y al acceso a la administración de justicia de las sociedades Planteamiento y
Gestión de Proyectos S.A. PGP (Colombia), Selfinver Banca de Inversión Ltda. (Colombia),
Consultoría y Dirección de Proyectos Cydep Ltda. (Colombia) y Soluciones Integrales S.A.
(Chile) integrantes del consorcio Regionales Río Bogotá, contratista en el contrato 00464 del
17 de julio de 2008, por las razones de hecho y de derecho que se consignan en este escrito.
Pretensión primera subsidiaria de la pretensión tercera principal. Que se declare la nulidad de
la Resolución No. 3287 del 22 de diciembre de 2009 ‘por la cual se resuelven los recursos de
reposición interpuestos contra la Resolución 1165 de 2009 por el consorcio Regionales Río
Bogotá y la Compañía de Seguros del Estado’, por haber sido expedida irregularmente con
falta absoluta de competencia y con desviación de poder, de conformidad con el concepto de
la violación consignado en este escrito.
Pretensión cuarta principal. Que como consecuencia de la declaración anterior, se declare
que la Resolución No. 3287 del 22 de diciembre de 2009, ‘por la cual se resuelven los recursos
de reposición interpuestos contra la Resolución 1165 de 2009 por el consorcio Regionales
Río Bogotá y la Compañía de Seguros del Estado’, no existe por haber sido expedida con
falta absoluta de competencia del funcionario emisor y, por lo mismo, ser producto de una vía
de hecho.
Pretensión quinta principal. Que como consecuencia de la declaración de inexistencia de las
Resoluciones Nos. 1165 de 10 de junio de 2009 ‘por la cual se declara un incumplimiento, se
da por terminado el contrato de consultoría No. 0464 de 2008 y se declara la ocurrencia del
siniestro por incumplimiento y calidad’ y 3287 del 22 de diciembre de 2009, ‘por la cual se
resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 1165 de 2009 por el
consorcio Regionales Río Bogotá y la Compañía de Seguros del Estado’ y a título de
restablecimiento del derecho de las sociedades Planteamiento y Gestión de Proyectos S.A.
PGP (Colombia), Selfinver Banca de Inversión Ltda. (Colombia), Consultoría y Dirección de
Proyectos Cydep Ltda. (Colombia) y Soluciones Integrales S.A. (Chile) integrantes del
consorcio Regionales Río Bogotá, contratista en el contrato 00464 del 17 de julio de 2008,
demandantes en este proceso se condene a la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca -CAR al reconocimiento y pago a los demandantes de la totalidad de los
perjuicios derivados de la actuación administrativa que se integra con los actos acusados que
resulten probados en este proceso.
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
Demandante: Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A. y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
Pretensión primera subsidiaria de la pretensión quinta principal. Que como consecuencia de
la declaración de nulidad de las Resoluciones Nos. 1165 del 10 de junio de 2009 ‘por la cual
se declara un incumplimiento, se da por terminado el contrato de consultoría No. 0464 de
2008 y se declara la ocurrencia del siniestro por incumplimiento y calidad’ y 3287 del 22 de
diciembre de 2009 por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la
Resolución 1165 de 2009 por el consorcio Regionales Río Bogotá y la Compañía de Seguros
del Estado’ y a título de restablecimiento del derecho de las sociedades Planteamiento y
Gestión de Proyectos S.A. PGP (Colombia), Selfinver Banca de Inversión Ltda. (Colombia),
Consultoría y Dirección de Proyectos Cydep Ltda. (Colombia) y Soluciones Integrales S.A.
(Chile) integrantes del consorcio Regionales Río Bogotá, contratista en el contrato 00464 del
17 de julio de 2008, demandantes en este proceso se condene a la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca -CAR al reconocimiento y pago a los demandantes de la totalidad
de las sumas que esta última entidad resulte a deber por los perjuicios irrogados al consorcio
y sus miembros por la actuación administrativa ilegal que resulten probados en este proceso.
Pretensión sexta principal. Que se condene a la Corporación Autónoma Regional -CAR al
reconocimiento y pago a los demandantes de los intereses moratorios que se causen sobre
las sumas integrantes de las condenas calculados desde el momento en que ha debido
producirse el pago, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 862 del Código de
Comercio.
Pretensión primera subsidiaria de la pretensión sexta principal. Que se condene a la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR al reconocimiento y pago a los
demandantes de los intereses moratorios que se causen sobre las sumas integrantes de las
condenas calculadas dese el momento en que ha debido producirse el pago todo de
conformidad con lo establecido en el artículo 4 numeral 8 de la Ley 80 de 1993.
Pretensión séptima principal. Que se condene en costas a la Corporación Autónoma Regional
-CAR”2.
4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se mencionaron:
5. El documento Conpes 3220 de 20043 definió la política pública para el manejo
ambiental del Río Bogotá, en virtud del cual la CAR estableció el programa
encaminado a esa finalidad, que se ejecutaría en dos etapas: (i) preinversión y (ii)
crédito multifases.
6. La CAR adelantó el proceso de selección SP-CARBID-01-2008, siguiendo los
criterios de calidad y costo establecidos por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) para la escogencia de consultores, con la finalidad de elegir un contratista
para la “estructuración y apoyo en la implementación de uno o varios esquemas
empresariales sostenibles para la aglomeración e integración de los servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios de la cuenca del Río
Bogotá”.
7. Como consecuencia del procedimiento llevado a cabo, el Consorcio Regionales Río
Bogotá obtuvo la mayor calificación. Tras un periodo de negociaciones, el 17 de julio
de 2008, las partes suscribieron el contrato de consultoría No. 0464, cuyo objeto fue
la “revisión, diagnóstico, análisis, estructuración, apoyo en la concertación,
socialización, promoción e implementación, de un esquema institucional, gerencial,
financiero y operativo, sostenible, de integración y aglomeración de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo de los municipios de la cuenca del Rio Bogotá, sin
2 En la estimación razonada de la cuantía, se reclamó el pago de: (i) $3.221’674.358, por concepto de “Valores
dejados de percibir por el consorcio contratista”, monto desagregado en los conceptos de “Valor acordado de la
fase I”, “Costos adicionales para la ejecución de la fase I” y “Valor restante del contrato pendiente de pago”; y
(ii) de “Intereses y perjuicios morales”, sin detallar la cuantía de éstos.
3 A pesar de que la parte actora no se refirió a este documento con su nombre exacto en el escrito de demanda,
sí se refirió expresamente a su contenido y lo identificó como el Conpes que fijó la estrategia para el manejo
ambiental de la cuenca del río Bogotá.
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
Demandante: Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A. y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
incluir a Bogotá D.C. para su prestación con la participación de operadores
especializados”.
8. Además, el negocio se planteó en las siguientes fases: (1) diagnóstico integral de los
servicios en los municipios incluidos; (2) estructuración de las opciones de
aglomeración e integración teórica; (3) implementación del esquema institucional
con operadores especializados; (4) apoyo en la implementación; y (5) transición.
9. El consultor presentó su plan de trabajo y estrategia de comunicaciones, que, adujo,
fue aprobado de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.1 del apéndice B del
contrato.
10. El consorcio presentó el primer informe de avance de la fase 1. Frente a este
documento, la interventoría realizó observaciones y solicitó hacer ajustes
relacionados con la entrega de productos relativos a la primera etapa del negocio.
11. El 4 de diciembre de 2008, el consorcio Regionales Río Bogotá, el interventor y el
supervisor del negocio -función ésta ejercida por el subdirector de Desarrollo
Ambiental Sostenible de la entidad contratante- firmaron un “acta tripartita” (así
denominada por la demandante en su escrito) en la que el contratista se
comprometió a realizar los ajustes relacionados con el primer informe de avance de
la consultoría, los cuales se debían incluir en el próximo documento de seguimiento.
12. El 6 de diciembre, el Consorcio entregó el segundo informe de avance de la fase 1,
que contenía aspectos técnicos, financieros, sociales, jurídicos e institucionales
para la prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios
de Zipaquirá, Cogua y Nemocón. En la misma fecha, pidió una prórroga en el plazo
de entrega de la tercera memoria de avance de la fase I, debido a las dificultades
presentadas en el levantamiento de la información requerida para su elaboración.
13. La CAR y la interventoría se reunieron el 14 de enero de 2009 para analizar la
ampliación de los términos para la entrega de los documentos de seguimiento
presentada por el consorcio contratista. Sin embargo, concluyeron que la petición
no se encontraba justificada.
14. El 26 de enero siguiente, la CAR requirió al Consorcio por el incumplimiento de sus
obligaciones, con fundamento en el desconocimiento de los compromisos asumidos
en el “acta tripartita” suscrita con antelación. De esa forma, le indicó que contaba
con 45 días para entregar la totalidad de los productos de la fase 1, sin que ello
hubiera implicado acceder a la ampliación del plazo solicitada por el contratista.
15. El 2 de febrero de 2009, el Consorcio se opuso al requerimiento de la entidad, para
lo cual indicó que ésta carecía de fundamento legal y contractual para declarar
unilateralmente el incumplimiento. Además, insistió en la necesidad de prorrogar las
fechas de entrega de los informes de ejecución faltantes.
16. Entre el 6 de febrero y el 13 de marzo el contratista presentó los siguientes
documentos ante la CAR: (i) los informes de diagnóstico que contemplaron los
municipios de Subachoque, Zipaquirá, Funza, Nemocón, Cogua, El Rosal, Madrid,
Tocaima, Agua de Dios, Girardot y Anolaima; (ii) los esquemas de aglomeración
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
Demandante: Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A. y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los
municipios de la cuenca del río Bogotá; y,(iii) el informe de producto correspondiente
a la primera fase del contrato.
17. El 23 de marzo, la interventoría emitió su concepto de evaluación respecto del
producto correspondiente a la primera fase del contrato denominado “avance
general de actividades”, en el que, de modo preliminar, indicó que era posible
constatar que el contratista realizó la entrega de archivos de diagnóstico y análisis
de la prestación de servicios de acueducto y alcantarillado de los 40 municipios
impactados con la ejecución del contrato relativos a la fase 1 del negocio. No
obstante, la CAR respondió a este documento indicando que dichas conclusiones
eran ambiguas, y que causaban “extrañeza” ante el requerimiento por
incumplimiento que ya se había emitido.
18. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca profirió la Resolución No.
1165 del 10 de junio de 2009, en la que declaró el siniestro por incumplimiento y
calidad del servicio por parte de su contratista, ordenó hacer efectiva la garantía
expedida por la Compañía de Seguros del Estado y terminó unilateralmente el
contrato No. 0464 de 2008. Contra este acto, se interpusieron recursos de
reposición por parte del contratista y la aseguradora, los cuales fueron resueltos
desfavorablemente con la Resolución No. 3287 del 22 de diciembre del mismo año.
Los cargos de nulidad
19. La demandante indicó que las Resoluciones No. 1165 y 3287 de 2009 adolecen de
los siguientes vicios: (i) falta de competencia del director de la CAR para declarar
unilateralmente el incumplimiento del contrato; (ii) configuración de una vía de
hecho, porque la entidad contratante no adelantó el procedimiento contractual fijado
para la terminación del negocio jurídico; (iii) vulneración del mecanismo de acuerdo
directo para solucionar las controversias surgidas entre los contrayentes; (iv)
violación del debido proceso, pues la definición sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales debía someterse a un tribunal de arbitraje y no podía ser
decidida por la entidad contratante; (v) desconocimiento del derecho de defensa, en
tanto la demandada expidió los actos administrativos sin permitir el pronunciamiento
del destinatario; (vi) falsa motivación de las decisiones adoptadas, dado que los
cargos endilgados al contratista no fueron demostrados; (vii) alegó que existió una
indebida tasación de perjuicios, al no haberse señalado el amparo de la póliza de
seguro que fue afectado; y, (viii) desviación de poder, en tanto existió la intención
de los funcionarios de la CAR de preparar los antecedentes necesarios para
declarar el incumplimiento del consorcio.
Contestación de la demanda4
20. La CAR se opuso a las pretensiones. Al respecto, propuso las excepciones que
denominó: (i) falta de agotamiento del requisito de conciliación prejudicial, porque el
trámite se incoó previo a que la Resolución No. 1165 de 2009 quedara en firme,
debido a que no se habían resuelto los recursos interpuestos en sede administrativa
4 En su escrito genitor, el consorcio pidió vincular a Seguros del Estado S.A. (garante del contrato) como
litisconsorte facultativo, a lo que el Tribunal accedió. No obstante, dicha sociedad no contestó la demanda,
según se hizo constar en auto del 7 de febrero de 2014 (fls. 528 y ss. c. ppal.).
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
Demandante: Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A. y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
previo a adelantar el trámite conciliatorio. También indicó que la solicitud de
conciliación se radicó para estudiar un objeto diferente -incumplimiento del contrato-
al que se presentó en la demanda -nulidad de las decisiones adoptadas por la CAR.
Asimismo, arguyó que el trámite adelantado ante el Ministerio Público se dio con la
finalidad de posteriormente convocar un tribunal arbitral y no para acudir ante la
jurisdicción contencioso-administrativa; (ii) indebida representación judicial de uno
de los demandantes, porque el poder otorgado por Soluciones Integrales S.A. no
definió de manera precisa el objeto del mandato, ni de la controversia para la que
se habilitó al apoderado a ejercer la acción judicial; e (iii) indebida acumulación de
pretensiones, dado que los pedimentos encaminados a declarar que los actos
administrativos fueron inexistentes, la nulidad de los mismos y que con ellos se
causó una vía de hecho, son contradictorios y excluyentes entre sí.
21. Seguidamente, expresó que (i) los actos administrativos demandados fueron
expedidos por el Director General de la CAR en ejercicio de sus funciones, a través
de un procedimiento contractual y que cobraron firmeza y eficacia una vez resueltos
los recursos en sede administrativa, por lo que no es procedente la declaratoria de
inexistencia; (ii) la entidad contratante tenía la competencia para terminar
unilateralmente el contrato en caso de incumplimiento del contratista, tal como se
previó en el numeral 2.6.1. del pliego de condiciones; y (iii) la CAR, mediante
comunicación del 26 de enero de 2009, notificó de manera oportuna a su consultor
sobre el inicio del procedimiento contractual para definir su incumplimiento y le
otorgó el término de 45 días para que entregara los productos de la fase 1 del
negocio, según las exigencias de calidad acordadas.
Sentencia de primera instancia
22. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en
providencia del 27 de abril de 2022, declaró la cosa juzgada sobre los cargos de
nulidad de las Resoluciones 1165 y 3287 de 2019. Además, accedió parcialmente
a las pretensiones indemnizatorias, en los siguientes términos (se transcribe
textualmente, con los posibles errores):
“Primero: Declarar configurada cosa juzgada, respecto de argumentos (sic) de la
nulidad de resoluciones 1165 del 10 de junio de 2009 y 3287 del 22 de diciembre de
2009, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Condenar a la Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca – CAR, a
título de restablecimiento del derecho, a pagar a las demandantes Planeamiento Y
Gestión De Proyectos PGP S.A., Soluciones Integrales S.A., Selfinver Banca De
inversión Ltda. y Consultoría y Dirección de Proyectos Cydep Ltda., integrantes del
Consorcio Regionales Río Bogotá, la suma de dos mil doscientos cincuenta y tres
millones ciento noventa y cuatro mil ochocientos noventa y un pesos con cincuenta y
dos centavos ($2.253.194.891,52), de conformidad con lo establecido en la parte
motiva de la presente providencia.
Tercero: Negar las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Cuarto: Sin condena en costas. (…)”.
23. El a quo desestimó las excepciones planteadas por la CAR. Como primera medida,
constató que la etapa de conciliación prejudicial finalizó el 28 de octubre de 2009 -
fecha en la que se declaró fallido el trámite- y que los actos administrativos
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
Demandante: Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A. y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
demandados cobraron ejecutoria el 22 de diciembre siguiente con la decisión de los
recursos interpuestos, pero que dicho aspecto debió ser tenido en cuenta en el
trámite prejudicial, y que no era posible revivirlo en el escenario judicial,
especialmente, porque al momento de presentación de la demanda las decisiones
cuestionadas en el litigio ya habían adquirido firmeza. Sobre la supuesta carencia
de identidad entre la solicitud de conciliación y el contenido de la demanda, encontró
que en ambas etapas la demandante alegó que la Resolución 1165 del 2009
contrarió el ordenamiento jurídico y que, de ello, se derivó un daño para el consultor,
por lo que se comprobó la congruencia entre la controversia puesta de presente
ante el Ministerio Público y la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo,
estimó que la parte actora agotó el señalado requisito de procedibilidad antes de
ejercer la acción contractual, y que el hecho de que el convocante hubiera indicado
que pretendía acudir a un tribunal de arbitraje no desvirtuaba esa conclusión.
24. Estableció que el poder aportado por la sociedad Soluciones Integrales S.A.
cumplió con los requisitos formales y las facultades otorgadas al apoderado, a pesar
de no realizar una mención específica sobre el ejercicio de la acción contractual, por
lo que desconocer el mandato implicaría un exceso de rigorismo que vulneraría el
derecho a la administración de justicia de una de las demandantes. En cuanto a la
excepción de indebida acumulación de pretensiones, manifestó que los cargos
planteados en la demanda pueden ser resueltos conjuntamente en virtud del artículo
145 del CCA, por lo que encontró infundado este medio de defensa.
25. Seguidamente, el Tribunal puso de presente que el Consejo de Estado en sentencia
del 18 de noviembre de 2021, que finalizó el proceso 25000-23-26-000-2011-00690-
01, declaró la nulidad de las Resoluciones 1165 del 10 de junio de 2009 y 3287 de
diciembre de 2009. De ese modo, indicó que la providencia referida produjo efectos
erga omnes, de forma que se configuró la cosa juzgada en cuanto al juicio de validez
de las decisiones demandadas, y procedió a examinar la indemnización de
perjuicios reclamada por los demandantes.
26. Bajo ese contexto, el a quo procedió a estudiar el material probatorio relevante para
decidir las pretensiones indemnizatorias. En primera medida, descartó la objeción
por error grave que formuló la CAR sobre el dictamen pericial rendido durante la
etapa probatoria, al considerar que la norma no exige que este tipo de pruebas se
fundamenten de manera exclusiva en la información que obre dentro del plenario, y
que el perito tiene la opción de aportar los soportes que sirvieron para rendir la
pericia, por lo que haber anexado los archivos referidos no conlleva de manera
alguna una falla de la pericia. Añadió que el sujeto que formuló la objeción no se
encuentra reconocido dentro del proceso en calidad de representante legal de
ninguna de las partes.
27. Por último, estableció que, con la expedición de los actos administrativos
declarados nulos, el contratista dejó de recibir los siguientes valores, según el
dictamen pericial5: (i) el saldo remanente relativo a la fase I de ejecución,
5 En este punto, se advierte que el a quo descartó los montos de dinero fundados en “mayores costos por
remuneración de personal”, debido a que las partes acordaron un sistema de precio global, de forma que ese
concepto solo resultaría plausible por acuerdo escrito entre las partes, el cual no existió. Este aspecto no fue
discutido en ninguno de los recursos de apelación y no hará parte del debate en esta instancia.
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
Demandante: Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A. y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
equivalente a $1.032’668.011; y (ii) el valor de la utilidad esperada de las fases 2 a
5 del contrato -no ejecutadas-, que estimó en $347’234.589 por todas. Así, el monto
total del perjuicio lo estimó en $1.379’902.600, suma que, actualizada a la fecha de
la providencia, correspondió a $2.253’194.891,52. En atención a esta actualización,
no accedió al reconocimiento de intereses moratorios.
Los recursos de apelación
28. La CAR cuestionó la sustentación y las conclusiones a las que arribó el Tribunal,
por lo que pidió que se revoque la sentencia de primera instancia y se nieguen todas
las pretensiones de la demanda. Alegó que la providencia apelada erró al decidir
las excepciones planteadas en la contestación de la demanda, debido a que sí están
demostradas y el a quo habría desconocido los siguientes argumentos:
29. En cuanto al agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación: (i) estimó
que no se podía entender que éste se satisfizo antes de que se hubiera agotado la
vía gubernativa, pues, para la fecha de la solicitud, no se había proferido la
resolución 3287 de 2009 atacada en la demanda; (ii) en la actuación adelantada
ante el Ministerio Público se discutieron pretensiones de incumplimiento del
contrato, pero en el presente litigio se controvirtió la legalidad de los actos
administrativos adoptados por la CAR durante la ejecución del negocio, lo cual
denota la falta de identidad en los dos escenarios; y (iii) el trámite conciliatorio tuvo
como objeto presentar una demanda ante un tribunal arbitral, y no ante la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
30. Frente al mandato otorgado por Soluciones Integrales S.A. -integrante del
Consorcio Regionales Río Bogotá-, la apelante señaló que en dicho instrumento no
se indicó con precisión su objeto, por lo que se debió declarar la indebida
representación judicial respecto de ese demandante.
31. El Tribunal omitió que los pedimentos de vía de hecho e inexistencia de las
decisiones demandadas son incompatibles, debido a que contravienen el artículo
82 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que establece los requisitos para la
acumulación de pretensiones.
32. También se opuso a la declaratoria de cosa juzgada sobre la nulidad de las
Resoluciones 1165 y 3287 de 2009, por las siguientes razones: (i) no existe
identidad de objeto, debido a que en el proceso decidido previamente por el Consejo
de Estado se analizó el contenido de los actos administrativos, únicamente, en
cuanto a las declaraciones que afectaban a Seguros del Estado S.A., mientras que,
en el presente litigio, se discuten las consideraciones adversas que recayeron sobre
el contratista (quien pretende la declaratoria de inexistencia de las resoluciones, la
ausencia de incumplimiento de su parte y el pago de perjuicios); (ii) la causa que
motivó los dos litigios es distinta, porque frente a la aseguradora se sustentó en la
declaratoria del siniestro y la efectividad de la póliza de seguro No. 21-44-
101017553 y, a su vez, respecto de los integrantes del Consorcio Regionales Río
Bogotá, se fundó en la declaratoria de incumplimiento y terminación del contrato No.
464 de 2008; y (iii) aunque en los dos procesos la CAR fungió como demandada, la
8
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
Demandante: Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A. y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
parte demandante fue diferente en cada litigio (la aseguradora en uno y el contratista
en otro).
33. Seguidamente, en defensa de la legalidad de las decisiones adoptadas, la entidad
expresó que, contrario a lo indicado en la providencia de primera instancia, el
incumplimiento por parte del Consorcio fue plenamente demostrado con las pruebas
que obran el plenario -documentales y testimoniales- por lo cual el trámite que
adelantó la CAR y que finalizó con los actos administrativos se encuentra justificado.
También indicó que el contratista fue notificado de la decisión que dio inicio del
proceso administrativo sancionatorio en el que se le notificó que tenía 45 días para
subsanar cualquier incumplimiento.
34. Por último, se opuso a la valoración del dictamen pericial, por considerar que el
Tribunal no tuvo en cuenta que el mismo versó sobre puntos de derecho. Además,
expresó que, como soporte, se incorporaron 5 carpetas contentivas de documentos
privados que no fueron oportunamente incorporados por la parte actora como
prueba en el sub lite, por lo que no podían ser válidamente valorados.
35. Por su parte, la demandante manifestó su inconformidad con el contenido de la
providencia de primera instancia, porque el a quo no reconoció los intereses
moratorios sobre las sumas adeudadas por la CAR.
36. Al respecto, este recurrente expresó que la indexación de la condena no impedía el
cálculo de los intereses moratorios, debido a que dichos conceptos no son
excluyentes entre sí. Además, indicó que no es posible interpretar que renunció a
los intereses de mora pactados en la cláusula sexta del contrato y que, en caso de
estimarse que el acuerdo sobre este punto fue confuso, debía acudirse, de manera
supletiva, a la tasa prevista en la Ley 80 de 1993 correspondiente al 12% anual.
Trámite relevante de los recursos de apelación
37. Las impugnaciones fueron concedidas inicialmente mediante auto del 11 de
diciembre de 20236. En la presente instancia, el despacho sustanciador, a través de
auto del 28 de abril de 20247, ordenó devolver el expediente al Tribunal con el fin
de que se agotara la audiencia de conciliación prevista en el inciso 4 del artículo 43
de la Ley 640 de 2001, adicionado por el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010. Una
vez surtida dicha etapa8, el expediente regresó a esta Corporación y se admitieron
los recursos de apelación9. Posteriormente, a través de proveído del 8 de
septiembre del presente año se negó la solicitud probatoria presentada por el
demandante10.
38. El 31 de octubre de 2025 se ordenó correr traslado a las partes para alegar de
conclusión. La demandante se refirió al recurso interpuesto por la CAR, para indicar
6 Índice 192 de Samai del Tribunal.
7 Índice 6 de Samai.
8 La audiencia de conciliación se llevó a cabo el 6 de septiembre de 2024 y se declaró fallida por falta de ánimo
conciliatorio de las partes (índice 218 de Samai del Tribunal).
9 Índice 16 de Samai.
10 Índice 20 ibid. Junto con el escrito de apelación, la parte demandante allegó un documento de Excel que
contiene tabla de cálculo de los intereses moratorios. Respecto de dicho archivo, se resolvió que el mismo no
debía ser decretado como prueba en segunda instancia, por no estar enlistado en ninguno de los eventos del
artículo 214 del CCA.
9
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
Demandante: Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A. y otros
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que ésta no acreditó ninguno de los cargos de la apelación, y pidió que se
reconocieran los intereses moratorios a su favor. La accionada guardó silencio.
39. El Ministerio Público pidió que se confirme la sentencia de primera instancia, con
fundamento en lo siguiente: (i) la conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad fue debidamente agotada y se declaró fallida ante la falta de ánimo
conciliatorio de las partes para zanjar la controversia planteada en el sub lite; (ii) la
sentencia que declara la nulidad de un acto administrativo tiene efectos erga omnes,
por lo que se considera que la decisión del Tribunal de primera instancia fue
acertada al considerar configurado el fenómeno de la cosa juzgada; (iii) sobre la
imputación de incumplimiento del Consorcio contratista, indicó que una declaración
judicial en ese sentido requería que la CAR hubiera presentado demanda de
reconvención; (iv) el dictamen pericial es idóneo porque la experticia se rindió con
sustento en documentos contractuales que, a pesar de no haber sido incorporados
al expediente como prueba, si podían ser usados para la elaboración de la pericia;
y (v) no es procedente la liquidación de intereses moratorios, porque la condena
impuesta a la CAR se sustentó en los perjuicios causados a los demandantes como
consecuencia de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 1165 y 3287 de
2009 y no en el incumplimiento de obligaciones contractuales parte de la entidad
demandada.
CONSIDERACIONES
40. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales11 relativos a
la jurisdicción12, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa
por activa y pasiva; y verificados los requisitos de la demanda en forma, la
Subsección procede a decidir la segunda instancia de la presente litis13.
41. Con ese propósito, de manera preliminar, la Sala se referirá a la ausencia de cargos
en el recurso presentado por la parte demandada en contra de los argumentos de
la sentencia de primera instancia referidos a las excepciones de indebida
representación de Soluciones Integrales S.A. y la imposibilidad de acumular las
pretensiones elevadas en la demanda. Posteriormente, se abordarán los siguientes
asuntos: (i) el objeto de los recursos de apelación y los problemas jurídicos para
resolver la controversia; (ii) lo acontecido durante la etapa de conciliación prejudicial;
(iii) el análisis sobre la configuración, o no, de la cosa juzgada respecto de la nulidad
de las Resoluciones No. 1165 y 3287 de 2009; (iv) el estudio sobre la demostración,
11 Se advierte que lo relacionado con el requisito de conciliación extrajudicial se desarrollará al decidir el caso
concreto por tratarse de uno de los cargos de la apelación presentada por la parte demandada.
12 En la cláusula 8.2 de las condiciones generales del contrato 464 de 2008, se estableció que la solución de
controversias surgidas en virtud del negocio jurídico debía resolverse según lo previsto en las condiciones
especiales -CEC- En el procedimiento fijado, las partes acordaron acudir a un tribunal de arbitraje para dirimir
sus conflictos. Sin embargo, la parte demandante pretendió la nulidad de las Resoluciones 1165 del 10 de junio
de 2009 y 3287 del 22 de diciembre del mismo año, por lo que -como se decantó desde la primera instancia,
sin oposición de las partes- al estimarse que el debate central se ubicaba en la validez de actos administrativos,
este litigio atañe a la jurisdicción contencioso-administrativa.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46.005,
C.P. Danilo Rojas Betancourth. En esta providencia, se indicó: “si se apela un aspecto global de la sentencia,
el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general (…)
desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta
de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el
apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”.
10
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o no, del cumplimiento del contrato; (v) las conclusiones; y (vi) las costas en segunda
instancia.
Cuestión preliminar: la falta de sustentación de algunos de los cargos de
apelación de la parte demandada
42. Esta Subsección14 ha reconocido que el marco fundamental para la competencia
del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la
decisión recurrida. Asimismo, la sustentación que le corresponde cumplir a la parte
recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el
proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque o modifique en
algún aspecto puntual, pues lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos
de hecho y de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que
se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria
a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o
motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que
lo decidido en primera instancia no fue acertado.
43. De ese modo, en cuanto a los planteamientos elevados por la entidad demandada
sobre la supuesta omisión del Tribunal a quo relacionada con la indebida
representación de Soluciones Integrales S.A. y la imposibilidad de acumular las
pretensiones elevadas en la demanda, la Sala encuentra que en la sentencia de
primera instancia sí se tuvieron en cuenta los argumentos esbozados por la CAR al
formular dichas excepciones y se resolvieron de manera desfavorable, por
considerar que el poder otorgado por la sociedad fue preciso en facultar a la
apoderada judicial para interponer cualquier tipo de acción ante la jurisdicción
contenciosa administrativa y adicionalmente consideró que sí era posible acumular
las pretensiones en la demanda de conformidad con el artículo 145 del CCA.
44. Ahora, si la parte demandada no compartía las conclusiones a las que se arribó en
la sentencia de primera instancia, era necesario que desarrollara los motivos de
inconformidad en contra del razonamiento del Tribunal a quo, ejercicio
argumentativo que no efectuó, pues se limitó a mencionar que las excepciones
estaban probadas y reiterar los argumentos de su contestación de demanda, sin
estructurar argumentos concretos en contra del fallo apelado15.
45. Bajo la precisión indicada, la Subsección concluye que el recurrente no esbozó
cuestionamientos, ni argumentó los motivos de su inconformidad con las
consideraciones desarrolladas en la sentencia de primera instancia en relación con
las excepciones de indebida representación y acumulación de pretensiones, por lo
que, ante la inexistencia de cargos concretos de apelación, no es posible referirse
sobre esos tópicos en esta instancia.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de septiembre de 2024, expediente
71.205, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
15 Respecto de la carga de sustentación del recurso de apelación se puede consultar, entre otras, las siguientes
sentencias proferidas por esta Sala de decisión: (i) 3 de diciembre de 2025, exp. 73.187; (ii) 26 de septiembre
de 2025, exp. 72.875; y (iii) 13 de septiembre de 2024, exp. 71.205 (en todas ellas, C.P Fernando Alexei Pardo
Flórez).
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El objeto de los recursos de apelación y los problemas jurídicos para
solucionar la controversia
46. Delimitado lo anterior, para resolver las impugnaciones formuladas, a la Sala le
corresponde referirse sobre los reparos específicos presentados en contra de la
sentencia de primer grado, los cuales -según lo indicado- establecen la competencia
del ad quem para ventilar la controversia, salvo situaciones que se deban examinar
de manera oficiosa16.
47. Se rememora que la decisión del Tribunal se sintetizó en los siguientes puntos: (i)
declaró imprósperas las excepciones propuestas por la entidad demandada; (ii)
estimó que operó la cosa juzgada sobre la legalidad de las Resoluciones No. 1165
y 3287 de 2009; y (iii) reconoció el saldo remanente relativo a la fase 1 y la utilidad
esperada dejada de percibir debido a la finalización anticipada del negocio jurídico
y que no permitió ejecutar todas las etapas del negocio, con sustento en el dictamen
pericial.
48. Frente a ello, la CAR manifestó que: (i) la sentencia de primera instancia desconoció
que la excepción planteada en torno a la falta de agotamiento del trámite
conciliatorio fue demostrada y, por ende, debió ser declarada en primera instancia;
(ii) el análisis sobre la cosa juzgada fue erróneo, debido a que no se acreditó la
identidad de objeto, causa y partes entre el proceso decidido por el Consejo de
Estado en sentencia del 18 de noviembre de 2021 y el actual litigio; (iii) las
resoluciones demandadas estuvieron plenamente justificadas y se profirieron con
respaldo de los motivos de incumplimiento del Consorcio Regionales Río Bogotá,
de forma que, contrario a lo indicado en el fallo, se encuentra debidamente
acreditado que el contratista demandante incumplió el contrato de consultoría, y no
tuvieron en cuenta una serie de testimonios que acreditaron esa circunstancia; y (iv)
el dictamen pericial debió ser excluido de la valoración porque versó sobre puntos
de derecho y por incorporar documentos que no fueron decretados como prueba.
49. A su vez, la demandante cuestionó el monto ordenado en su favor, por considerar
que la indexación de las sumas de dinero dejadas de percibir no excluía el
reconocimiento de intereses moratorios.
50. Así las cosas, en virtud de los cargos de los recursos de apelación que presentaron
ambos extremos del proceso, se deberán resolver los siguientes interrogantes: (i)
¿el Tribunal desacertó al tener por acreditado el cumplimiento del requisito de
procedibilidad, al omitir que no se agotó la vía gubernativa, que no había identidad
entre la solicitud de conciliación y la demanda, y que el tipo de proceso al que se
pretendía acudir en el primer escrito era diferente? ; (ii) ¿el a quo erró al determinar
que operó la cosa juzgada en relación con el juicio de legalidad de los actos
acusados, por no haber analizado que no existía identidad de objeto, causa y partes
respecto del anterior proceso judicial?; (iii) ¿el fallo de primer grado no tuvo en
cuenta que se acreditó el incumplimiento del contratista demandante, a partir de las
pruebas aportadas por la entidad demandada?; (iv) ¿el fallo de primera instancia
valoró indebidamente el dictamen pericial, dado que éste versó sobre un punto de
16 Id. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46.005,
C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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derecho e incorporó documentos que no fueron decretados como prueba? En
cuanto al reproche de la parte demandante, y en el evento en el que los cargos de
la parte pasiva no prosperen, la Subsección deberá definir si (v) ¿en el fallo apelado
se debieron reconocer intereses moratorios en favor de los integrantes del
Consorcio Regionales Río Bogotá -demandantes-?
Sobre la alegada falta de agotamiento del requisito de la conciliación
51. El recurrente reprochó que el Tribunal desconociera que el requisito de conciliación
prejudicial no había sido agotado en debida forma17, y planteó su inconformidad con
las siguientes afirmaciones: (i) las manifestaciones de la Procuraduría se emiten en
ejercicio de su función administrativa como conciliador, pero no tienen el alcance de
una decisión judicial, por lo que no vinculan a la jurisdicción contencioso-
administrativa al decidir sobre la procedibilidad de la demanda; y (ii) la constancia
expedida por el Ministerio Público el 28 de octubre de 2009 únicamente demuestra
la finalización de la conciliación prejudicial frente a la Resolución 1165 de 2009, pero
dos meses después la CAR profirió la resolución 3287 del 22 de diciembre de 2009
respecto de la que no se agotó el procedimiento establecido en el artículo 13 de la
Ley 1285 de 2009.
52. Sobre las alegaciones del recurrente en contra de la sentencia de primera instancia,
se destaca que, se encuentra que el a quo se refirió a lo acontecido durante el
trámite de conciliación adelantado ante el Procurador Noveno Judicial II de Bogotá
D.C. Sin embargo, para considerar agotado el requisito de procedibilidad
establecido en el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, dicha determinación se fundó
en la identidad que evidenció entre la mayor parte de la solicitud de conciliación y
del contenido de la demanda. Al respecto, esta Subsección18 ha considerado que
no es necesario que exista una reproducción exacta entre la solicitud de conciliación
y la demanda, sino que debe haber una correspondencia entre los documentos y en
el sentido de las pretensiones, sin que tenga que acudirse al uso de vocablos
idénticos en ambas actuaciones19.
53. En cuanto al contenido de la solicitud de conciliación prejudicial20 radicada el 3 de
agosto de 2009, se puso de presente que su intención era agotar el requisito de
procedibilidad para ejercer la acción prevista en el artículo 87 del C.C.A. Además,
como sustento del trámite incoado, las libelistas refirieron los hechos acontecidos
durante la ejecución del contrato No. 0464 de 2008 y la expedición de la Resolución
No. 1165 de 2009, por medio de la cual la entidad contratante declaró el
incumplimiento y terminó unilateralmente el negocio jurídico.
17
Las razones sustentadas en la apelación fueron: (i) no se podía adelantar dicha etapa antes de que se
resolviera el recurso de reposición en contra de la primera decisión ; (ii) falta de identidad en las pretensiones
discutidas ante el Ministerio Público se -incumplimiento del contrato No. 464 de 2008- y en el caso sub examine
-legalidad de las Resoluciones No. 1159 y 3287 de 2009-; y (iii) el procedimiento llevado a cabo tuvo como
objeto presentar una demanda ante la jurisdicción arbitral y no frente a la contencioso-administrativa.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, 17 de mayo de 2009. Exp. 60.904. C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, 17 de julio del 2018, exp. 58.931. C.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas.
20 Folios 1375 a 1409 del cuaderno principal.
13
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Referencia: Controversias contractuales (CCA)
54. A su vez, en el escrito de demanda21 se trajeron a colación los mismos fundamentos
fácticos que sirvieron para convocar a la audiencia de conciliación, aun cuando se
agregó lo relacionado con la Resolución 3287 del 22 de diciembre de 2009, que
resolvió desfavorablemente los recursos de reposición interpuestos en contra de la
decisión que declaró el incumplimiento y terminó unilateralmente el negocio jurídico.
55. Así, en lo que respecta al cargo de la CAR, según el cual se incluyeron nuevos
aspectos en la demanda que no se conocieron en la audiencia de conciliación, es
de anotar que lo discutido durante el trámite de la conciliación 22 guardó una
identidad con las pretensiones esbozadas en la demanda23 y su causa petendi, dado
que en ambos escenarios se expuso lo acontecido durante la ejecución del contrato
No. 0464 de 2008, las libelistas cuestionaron las decisiones adoptadas por la
entidad contratante, y se refirieron al daño padecido ante la frustración del objeto
negocial y a los perjuicios derivados de ello. Ligado a ello, la resolución 3287 de
2009 confirmó íntegramente el acto primigenio, motivo por el cual no incorporó
determinaciones diferentes, aunado al hecho de que, según el artículo 51 in fine del
CCA, la reposición es un recurso que no es obligatorio para agotar la vía
gubernativa. También es intrascendente que el escrito se hubiera dirigido como
supuesta antesala a un panel arbitral, pues el objetivo de esta etapa previa es,
esencialmente, que las mismas partes resuelvan su controversia de forma
autónoma antes de acudir a cualquier mecanismo heterocompositivo (una de las
cuales es la vía judicial, que exige el agotamiento de ese primer acercamiento). De
ese modo, se concluye que existió congruencia entre el objeto de la controversia
referido en los pedimentos de uno y otro escrito, de manera que el primer problema
jurídico propuesto debe resolverse de forma negativa, en tanto el Tribunal no erró
al tener por acreditado el cumplimiento del requisito de procedibilidad.
56. Bajo las anteriores consideraciones se resuelve el primer problema jurídico de
manera desfavorable para la CAR, en tanto el Tribunal no erró al tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación. Así, se
reafirma que la parte demandante sí agotó dicha fase previo a la presentación de la
demanda, sin que ello se viera afectado por la falta de firmeza de los actos
administrativos demandados al momento de presentar la solicitud y tampoco porque
se indicara que se pretendía acudir a un Tribunal de arbitraje.
Análisis de la cosa juzgada respecto de la nulidad de las Resoluciones No.
1165 y 3287 de 2009
57. En la apelación, la CAR sostuvo que el Tribunal erró al considerar que se configuró
la cosa juzgada en cuanto a la nulidad de las Resoluciones No. 1165 y 3287 de
2009, debido a que en el proceso 25000-23- 26-000-2011-00690-01 (No. interno
52.022), en el que se profirió la sentencia de segunda instancia del 18 de noviembre
de 2021, no fueron parte los integrantes del Consorcio Regionales Río Bogotá.
Además, señaló que el litigio versó sobre un objeto diferente, debido a que en ese
proceso se discutieron las afectaciones que tuvo que asumir la aseguradora del
contrato No. 464 de 2008 -Seguros del Estado S.A.- mientras que en el sub lite se
plantean las consecuencias adversas respecto del contratista; y la causa que motivó
21 Según lo previsto en el artículo 87 del Decreto 01 de 1984.
22 Folios 62 y 63 del cuaderno 3.
23 Folios 92 a 93 del cuaderno 5.
14
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
Demandante: Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A. y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
las controversias también es distinta en uno y otro caso, debido a que el primero se
sustentó en la afectación de la póliza de seguro No. 21-44-10107553, al cabo que
la presente controversia se fundó en la declaratoria de incumplimiento y terminación
del negocio jurídico.
58. Así, debido a que la CAR sustentó la inconformidad con las consideraciones de la
sentencia de primera instancia en que no se demostraron los requisitos normativos
consistentes en la identidad de objeto, causa, ni partes, la Sala procederá a analizar
cada uno de estos aspectos, con el fin de establecer si el tribunal erró al tener por
configurado dicho instituto.
59. En cuanto a la configuración de la cosa juzgada, el artículo 175 del CCA estableció
que “[l]a sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de
cosa juzgada erga omnes”24, es decir, que dicha definición sobre la validez de los
actos administrativos produce efectos hacia la generalidad de todos los sujetos bajo
el ordenamiento jurídico, lo que impide un nuevo pronunciamiento al respecto.
Adicionalmente, la misma disposición normativa estableció que, en casos de
procesos relativos a contratos, la sentencia “producirá cosa juzgada frente a otro
proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos
procesos haya identidad jurídica de partes”25. También se dispuso que, respecto del
restablecimiento del derecho, únicamente podrá aprovecharse de la sentencia quien
hubiera intervenido en el proceso y obtenido una declaración a su favor.
60. Esta Corporación26 ha indicado que la cosa juzgada constituye una consecuencia
que se le atribuye a la sentencia, respecto de la cual se pueden predicar efectos
procesales y sustanciales, que tienden a garantizar un estado de seguridad jurídica
y a la terminación definitiva de las controversias27. De ese modo, en el sentido
formal, implica que no es posible volver sobre una decisión adoptada en una
providencia que hubiere quedado ejecutoriada, ni dentro del mismo proceso ni en
otro en el que las partes debatan la misma causa petendi con idénticos fundamentos
jurídicos. A su vez, en el matiz material, hace alusión a la intangibilidad de la
sentencia o su equivalente en firme, pues se tiene por cierto que la actividad
jurisdiccional se ocupó plenamente de la relación, objeto y causa debatida en la
contienda, y que aquella fue decidida con la plenitud de las formas propias del
24 Artículo 175. “La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada
erga omnes.
La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi
juzgada.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa
juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos
haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien
hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo intendencial,
comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente los decretos
reglamentarios”.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2025, exp. 72.111. C.P.
Fernando Alexei Pardo Flórez.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de agosto de 2023, exp. 60.146. C.P.
Marta Nubia Velásquez Rico.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 26 de junio de 2014, exp. 36.220, C.P.
Danilo Rojas Betancourth.
15
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
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Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
juicio28. En virtud de ello, no es posible reabrir controversias definidas a través de
una sentencia ejecutoriada, pues esta adquiere el carácter de inmutable.
61. En ese contexto, se advierte que, según se reseñó en el proveído apelado, Seguros
del Estado S.A., en calidad de aseguradora del contrato No. 0464 de 2008 por medio
de la póliza No. 21-44-101017553, promovió otro proceso de controversias
contractuales -52.022- a través del cual cuestionó la validez de las mismas
decisiones impugnadas en el presente trámite judicial. El señalado pleito culminó 29,
en segunda instancia, con la sentencia del 18 de noviembre de 2021, proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera de esta colegiatura30, en la que se resolvió
(se transcribe textualmente con posibles errores):
“PRIMERO REVÓCASE la sentencia proferida el 30 de abril de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO En su lugar, DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 1165 del 10 de
junio de 2009 y 3287 del 22 de diciembre de 2009, por medio de las cuales la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca–CAR declaró el incumplimiento del
contrato de Consultoría No. 0464 de 2008 y la ocurrencia del siniestro de
INCUMPLIMIENTO Y CALIDAD e hizo efectiva la Póliza No. 21-44-101017553
expedida por Seguros del Estado S.A.
TERCERO Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del
derecho,
CONDÉNASE a la CAR a reintegrar a Seguros del Estado S.A. la suma de dinero que
haya cancelado en ejecución de los actos administrativos anulados, de conformidad
con lo establecido en la parte motiva de la presente providencia (…)”.
62. A fin de valorar lo expuesto, se extracta que la Subsección B de la Sección Tercera
de esta Corporación, en la providencia del 18 de noviembre de 2021 expuso las
siguientes razones como fundamento de su decisión (se transcribe de forma literal):
“El contrato celebrado entre la CAR y el Consorcio Regionales Río Bogotá se
encontraba sometido al reglamento del BID, y por tanto exceptuado de la Ley 80 de
1993 (…) La expedición del acto administrativo debía cumplir con la norma
general de procedimiento prevista en el artículo 35 del C.C.A., conforme con el cual
<<Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con
base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada
al menos en forma sumaria si afecta a particulares>>. La garantía de debido proceso
no quedaba satisfecha simplemente dando a la aseguradora la posibilidad de
recurrir el acto administrativo: era necesario otorgarle, previamente a su
expedición, la oportunidad de expresar sus opiniones o de presentar las pruebas
que estimara pertinentes para considerarlas al proferirla.
En el caso concreto está demostrado que a la demandante Seguros del Estado, no
se le otorgó este derecho, lo que impone declarar la anulación del acto por haber
sido expedido desconociendo el procedimiento legal al que estaba sometido” (se
destaca).
63. Así, esta Corporación consideró que, a pesar de que el contrato No. 0464 del 2008
se encontraba sometido al reglamento del BID y excluido de las disposiciones
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de enero del 2009, exp. 34.239, C.P. Ramiro Saavedra
Becerra.
29 Proceso identificado con radicado 25000-23- 26-000-2011-00690-01. C.P. Martín Bermúdez Muñoz. El fallo
fue allegado por la parte demandante al Tribunal a quo el día 17 de enero de 2022 (anotación 187 del aplicativo
Samai en primera instancia del presente proceso).
30 Providencia notificada a las partes mediante edicto del 14 de diciembre de 2021 (índice 68 de Samai en dicho
proceso) y cuya ejecutoria acaeció una vez notificado el auto del que negó la solicitud de aclaración de sentencia
presentada por la entidad demandada (anotación 76 ibid.).
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
Demandante: Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A. y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública -
EGCAP-, las decisiones proferidas por la CAR tuvieron la naturaleza de actos
administrativos, por lo que procedió a declarar su nulidad al considerar que la
entidad contratante incurrió en violación del debido proceso de la aseguradora por
no permitirle ejercer su derecho de defensa. Sobre este asunto, por el mismo
instituto de la cosa juzgada, se debe acoger el criterio definido por la Subsección B,
en el expediente 52.022, respecto de la calificación de las decisiones acusadas
como actos administrativos. Ese aspecto, además, fue determinante para la nulidad
declarada en ese proceso. Sin perjuicio de ello, es necesario precisar que, a juicio
de esta Sala de decisión, las Resoluciones demandadas en realidad
correspondieron a actos jurídicos contractuales, debido a que el contrato No. 0464
de 2008 se rigió por el reglamento del BID y estuvo excluido del EGCAP, la
declaratoria de incumplimiento y terminación del contrato se fundó en el
procedimiento fijado por el organismo multilateral y no estuvo sustentada en la
potestad legal contenida en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.
64. De manera que, al haberse declarado la nulidad de las resoluciones, la cosa
juzgada se torna absoluta (a diferencia de la relativa), lo que impide efectuar
nuevamente el juicio de validez incluso con fundamento en cargos diferentes. Tiene,
además, efectos erga omnes, a diferencia de los inter partes, en tanto afecta a todo
sujeto y no únicamente a los litigantes dentro del respectivo proceso. La anterior
determinación, igualmente, releva a la Sala de referirse a la pretensión de que se
declare que los actos acusados “no existen”, comoquiera que el fallo previamente
mencionado implica que los mismos son expulsados del ordenamiento jurídico.
65. Con ello, esta determinación no se ve afectada por la diferencia de causa, objeto o
partes en un juicio paralelo que verse sobre el mismo acto administrativo, de forma
que el segundo problema jurídico debe ser respondido de forma negativa, en cuanto
a que el a quo no erró al determinar que operó la cosa juzgada en relación con lo
decidido en el expediente 25000-23-26-000-2011-00690-01, exclusivamente, a la
luz del juicio de legalidad de los actos acusados, que fue el tópico al que se limitó
dicho punto resolutivo.
66. Ahora bien, cosa distinta ocurre con el restablecimiento del derecho derivado de la
nulidad del acto. Sobre la controversia que dio origen a este proceso, la Sala pone
de presente que el conflicto surgió por la inconformidad de los integrantes del
Consorcio Regionales Río Bogotá -contratista- a causa de las Resoluciones 1165
del 10 de junio de 2009 y 3287 del 22 de diciembre del mismo año proferidas por la
CAR -entidad contratante-, a través de las cuales declaró el incumplimiento de su
contratista y terminó unilateralmente el contrato No 0464 de 2008.
67. Así las cosas, aun cuando entre el proceso 52.022 y el caso sub examine no existe
identidad de partes -en tanto aquellas no ocupan los mismos extremos procesales
en ambos trámites31, el análisis sobre la configuración de este fenómeno no puede
31 Al respecto, los artículos 189 del CPACA y 303 del CGP refieren que la identidad de partes, necesaria para
que se configure el fenómeno de la cosa juzgada (que comparte los rasgos característicos del pleito pendiente
-triple identidad-), debe ser jurídica, de lo que se sigue que, más allá de la simple coincidencia de personas,
debe existir la misma relación jurídica respecto de la pretensión y la causa, lo que “implica que quienes actúan
como demandante y demandado en el proceso anterior deben actuar de la misma forma en el nuevo proceso”
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Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
limitarse a dicho aspecto, sino que debe comprender los demás elementos del
referido artículo 175 del CCA.
68. En efecto, se evidencia que ya existió un juicio de validez respecto de las decisiones
demandadas32, cuyo alcance y oponibilidad al caso sub examine debe producir los
efectos previstos en la última norma mencionada, es decir, que la declaratoria de
nulidad es vinculante para la generalidad de los sujetos (efectos erga omnes), de
forma que impacta todos los procesos que se adelanten en contra de las
Resoluciones 1165 y 3287 de 2009, con independencia de la identidad de objeto,
causa y partes a la que se refiere el inciso segundo de la disposición normativa.
69. Pese a ello, aunque el juicio previo sobre la validez de las decisiones tiene efectos
erga omnes, dicha consecuencia jurídica -si bien necesaria- no es suficiente para
proceder al restablecimiento del derecho reclamado por los aquí demandantes.
Como lo prevé el referido artículo 175 del CCA, la sentencia proferida en procesos
de restablecimiento del derecho solo aprovecha a quien hubiere intervenido en el
proceso y obtenido esta declaración a su favor, lo que no excluye que, en un trámite
separado, deba probar también la conculcación de sus derechos y el perjuicio que
se le haya irrogado para beneficiarse de la decisión anulatoria paralela.
70. Así, se resuelve el segundo problema jurídico, para afirmar que el Tribunal a quo
acertó al considerar que operó la cosa juzgada respecto de la legalidad de las
Resoluciones No. 1165 y 3287 de 2009.
El cargo de la apelación sobre el incumplimiento endilgado al contratista
71. En el siguiente cargo de apelación, la CAR adujo que, contrario a lo indicado en el
fallo objeto de apelación, se encuentra acreditado que el contratista demandante
incumplió el contrato de consultoría, para lo cual realizó un recuento de las
principales actuaciones contractuales y de los términos en los que se pactaron las
obligaciones del negocio. Trajo a colación una serie de testimonios que, a su juicio,
“no fueron tenidos en cuenta, ni mencionados, ni valorados en el fallo que se
impugna”, en lo relativo a la conducta del consorcio y a los requerimientos que se le
hicieron al respecto.
72. Al respecto, el artículo 87 del CCA permite que cualquiera de las partes de un
contrato estatal pueda pedir que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se
hagan otras declaraciones y condenas. No obstante, dicha potestad no exime a la
parte interesada de demostrar los supuestos de hecho en que funda sus
pretensiones, a la luz del principio de la carga de la prueba y de conformidad con lo
consagrado en el artículo 177 del CPC. En ese sentido, aun cuando se constató que
las decisiones acusadas son nulas (conforme al fallo que hizo tránsito a cosa
juzgada), esa condición -aunque necesaria- no es suficiente para proceder con el
consecuente restablecimiento que se depreca.
(Sección Tercera, Subsección “B” auto del 24 de noviembre de 2017, exp. 60.048, C.P. Danilo Rojas
Betancourth).
32 Como puede observarse del acápite transcrito de la sentencia del 18 de noviembre de 2021, que puso fin al
proceso de controversias contractuales 52.022, las decisiones en cuestión fueron juzgadas bajo la naturaleza
de actos administrativos; sin que dicha lógica genere debate dentro del presente asunto.
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Referencia: Controversias contractuales (CCA)
73. Sobre el asunto, el Tribunal estimó que la CAR, a través de las Resoluciones 1165
de 2009 y 3287 de 2009, le causó un daño a los integrantes del Consorcio, que
consistió en la afectación económica padecida por la terminación anticipada del
contrato No. 0464 de 2008. A raíz de ello, acudió al dictamen pericial para examinar
la acreditación de los perjuicios reclamados, por concepto de (i) el saldo adeudado
por la ejecución de la fase I y (ii) la utilidad dejada de recibir por las etapas II a V 33,
en ambos casos con su correspondiente cuantificación -según lo ya indicado-.
74. En ese orden de ideas, a la Sala le corresponde examinar si en el sub lite, el a quo
erró al tener por acreditado el derecho de la demandante a recibir las sumas de
dinero dejadas de percibir, que se hicieron consistir en (i) el saldo remanente de la
fase I y (ii) la utilidad esperada derivada de las etapas II a V.
75. Para el efecto, recuérdese que, con el fin de satisfacer el objeto del negocio jurídico,
el consultor se comprometió a ejecutar cinco fases que se detallaron en las
Condiciones Especiales del Contrato -CEC- en un plazo total de 23 meses. Cada
etapa pactada tenía un término individual de entrega, como se detalló en el
Apéndice A del contrato:
Fase Descripción Plazo (meses)
I Diagnóstico integral de los servicios en los municipios incluidos. 6
Definición conceptual detallada de las opciones de integración y
aglomeración (…).
II Estructuración de las opciones de aglomeración e integración teorías 4.5
posibles. Diseño detallado de los esquemas para los municipios que
participen en firme. Apoyo en la socialización. Apoyo en la gestión de
las inversiones prioridades del crédito BID.
III Estructuración de la implementación del esquema institucional y la 2
contratación, pliegos de licitación, contratos con operadores
especializados y otros documentos.
IV Apoyo en la implementación / contratación del del esquema de 4.5
aglomeración e integración
V Acompañamiento en la transición / implementación del esquema 6
institucional
Total 23
76. Asimismo, en el texto de las CEC, se fijó la contraprestación en favor del contratista
en la suma global, sin reajustes, de $3.632’092.948, de los cuales el saldo neto
ascendió a $2.838’326.546 y por impuestos $793’766.402. Sin embargo, se
estableció que no se pagaría anticipo y se sometió el desembolso de los pagos a la
aprobación de los productos que debía desarrollar el consultor por cada fase del
negocio34, de la siguiente manera:
Fecha de pago % [porcentaje] Condiciones generales de pago
[meses] de pago
2 20% Aprobado el primer informe de avance de los informes
previstos en la fase I.
6 20% Aprobado el informe final de resultados de la fase I.
11 15% Aprobado el informe final de resultados del plan de trabajo
al término de la etapa 2 de la segunda fase.
33 El Tribunal desestimó el cálculo relativo a los “mayores costos por remuneración de personal”, en atención a
que se había fijado con un precio global, por lo que su valor incluía todos los costos para la ejecución de las
actividades contratadas.
34 En las CEC se enfatizó que “El pago del Contrato se hará POR PRODUCTOS recibidos a entera satisfacción
por la parte Contratante, previo visto bueno del Interventor”.
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Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
14 15% Aprobado el informe final de resultados del plan de trabajo
al término de la tercera fase.
18 15% Aprobado el informe final de resultados del plan de trabajo
al término de la cuarta fase.
23 15% Aprobado el informe final y efectuada la liquidación o
finiquito del contrato.
77. De lo descrito anteriormente, se constata que las partes acordaron la ejecución de
fases sucesivas, cada una de ellas con un plazo propio, y cuya finalización daba
lugar a una nueva etapa con términos distintos, que en conjunto sumaban los 23
meses de vigencia del negocio. Igualmente, el derecho a la retribución del
contratista estaba sometida, en general, a la aprobación de los informes finales de
cada una de las fases acordadas.
78. Durante la ejecución del contrato, la interventoría realizó la evaluación del primer
informe de avance presentado por el contratista a los dos meses del inicio de las
actividades 35. De su examen concluyó que, en líneas generales, se había seguido
la programación convenida, pero que la metodología de trabajo desarrollada por el
consultor requería ajustes para satisfacer los resultados esperados en la fase 1,
debido a que no se presentaba una evaluación concluyente y pertinente de la
información recibida, del avance respecto de la programación de la consultoría.
79. Ante las observaciones planteadas, el consultor presentó nuevamente el informe
de avance con las correcciones exigidas y, posteriormente, la CAR autorizó el pago
del primer desembolso del negocio correspondiente al 20% de valor del contrato,
siempre y cuando el contratista suscribiera un acta en la que se comprometiera a
incorporar al segundo informe de avance los siguientes ítems36: (i) avance de los
productos del apéndice A -descripción de servicios.; (ii) resumen ejecutivo de la
situación general, el progreso de cada componente, las actividades y
procedimientos y el plan de acción; (iii) presentar los reportes individualizados por
cada uno de los 40 municipios; (iv) esquema de fichas municipales de seguimiento
y monitoreo; (v) detalle de las bases de datos en medio magnético; y (vi) elementos
sustanciales del plan de actividades para identificar el nivel de cumplimiento de la
fase 1 de diagnóstico.
80. El 4 de diciembre de 2008, la CAR, el Consorcio y la interventoría suscribieron el
“acta tripartita”, en la que el consultor asumió múltiples compromisos con el fin de
satisfacer los requerimientos realizados por la contratante37. Hecho ello, la entidad
expidió el aval de pago en favor del contratista por $726’418.590 correspondientes
al 20% del valor del negocio38.
35 Folios 641 a 684 del cuaderno de pruebas número 2.
36 Folios 717 a 725, id.
37 Los compromisos detallados fueron: (i) presentación de informes de cada municipio; (ii) diligenciamiento de
todos los anexos exigidos; (iii) elaboración de informe financiero; (iv) esquemas de aglomeración; (v) plan
detallado de trabajo; (vi) programación de talleres focales para actividades de acopio de información; (vii)
descripción de la situación general de los trabajos; (viii) estado de avance de cada componente del contrato y
que determinen el avance del período ejecutado de la fase 1; (ix) ilustrar las actividades y procedimientos que
generan complicación en la ejecución de actividades; (x) plan de acción y estrategias a seguir; (xi) radicar 40
reportes individualizados de diagnóstico por cada municipio; (xii) esquema completo de fichas municipales y
monitoreo de actividades; (xiii) detalle de las bases de datos con su aplicativo magnético y (xiv) incorporar
elementos sustanciales de ajuste del plan de actividades para identificar el cumplimiento y resultados (folios
726 a 729, id).
38 Folio 746, id.
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Referencia: Controversias contractuales (CCA)
81. La CAR, mediante oficio del 26 de enero de 200939, le comunicó al Consorcio el
inicio de un procedimiento administrativo tendiente a declarar el incumplimiento de
sus obligaciones contractuales, de conformidad con el procedimiento del BID para
dichos fines. De ese modo, le indicó al contratista que tenía un término de 45 días
calendario para que subsanase las observaciones realizadas por la entidad y la
interventoría, las cuales especificó así: (i) los compromisos acordados en el acta del
4 de diciembre de 2008; (ii) presentación de la información complementaria faltante
para la fase de diagnóstico; (iii) resultados de los compromisos asumidos con las
administraciones municipales; y (iv) garantía de entrega de todos los productos de
la fase 1.
82. Ante dicho requerimiento, el Consorcio presentó el 13 de marzo de 2009 (dentro de
los 45 días otorgados) el informe final de la fase 1 del contrato40. Dicho documento
fue sometido a la evaluación de la interventoría, la cual, mediante archivo del 23 de
marzo del mismo año41, concluyó que “no se ha seguido rigurosamente la
metodología y programación de actividades planteada por el consultor”. Además,
indicó que “se verifica que el consultor no cumple con la totalidad de las labores y
productos esperados para esta fase 1” y que los productos entregados “requerirían
diversos ajustes urgentes en la programación y metodología para asegurar que las
actividades desplegadas generen los efectos esperados”.
83. El 23 de marzo de 2009, la entidad contratante le solicitó a la interventoría realizar
una nueva evaluación de la fase 1, teniendo en especial consideración los
siguientes puntos: (i) cumplimiento del acta tripartita; (ii) la reprogramación de
actividades; (iii) el balance económico del contrato; (iv) la identificación de los
profesionales que han actuado en el periodo del informe; y (v) el estado de
cumplimiento de todos los compromisos pendientes42.
84. El 11 de mayo siguiente, la interventoría entregó el nuevo informe de evaluación 43
respondiendo a cada uno de los aspectos que se le pidió tener en consideración y
reiteró sus apreciaciones, bajo la siguiente conclusión:
“Situación general del cumplimiento del contrato. Además de lo ya expresado en los
informes de evaluación de avance de dos y cuatro meses y el final de la fase 1, así como
en el acta tripartita y lo consignado en este informe especial requerido por la CAR a la
interventoría, nos permitimos agregar unas acotaciones generales respecto de las
debilidades de calidad de lo presentado en la fase 1 por la consultoría de banca de
inversión.
De la relación de las comunicaciones cruzadas, de los reportes de interventoría (…) y
del informe final de la fase 1, reiteramos nuestra apreciación en cuanto a que el
Consorcio Regionales Río Bogotá no ha dado cumplimiento a lo estipulado en el Acta
Tripartita”.
En síntesis, respecto del informe final de fase 1 (…) es ostensible que existen
importantes deficiencias en el cumplimiento de los productos y alcances requeridos
contractualmente”.
39 Folios 903 a 909 del cuaderno de pruebas número 3.
40 Según consta en el memorando de entrega visible en folios 991 a 992, id.
41 Folios 996 a 1107, id.
42 Folios 1108 a 1113, id.
43 Folios 1125 a 1136, id.
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Referencia: Controversias contractuales (CCA)
85. Con fundamento en los anteriores documentos, la CAR expidió las Resoluciones
1165 del 10 de junio de 2009 y 3287 del 22 de diciembre del mismo año, que
posteriormente fueron declaradas nulas por esta Corporación en el proceso 25000-
23- 26-000-2011-00690-01.
86. En ese contexto, la Sala advierte que la ilicitud de los actos administrativos referidos
no desvirtúa la veracidad de los informes de evaluación elaborados por la
interventoría del contrato No. 0464 de 2008 y que pusieron de presente la falta de
calidad y cumplimiento en los productos elaborados por el contratista, ni impide su
estimación en el caso concreto44. Aun cuando el Tribunal no realizó la valoración de
los testimonios45, la Sala considera que esos medios no desvirtúan los
documentales previamente reseñados, con los cuales se soportó la declaratoria de
incumplimiento del consorcio.
87. A su vez, aunque en el referido proceso 52.022 la demandante alegó como cargos
de nulidad la violación a su debido proceso y la falta de motivación de la declaratoria
de incumplimiento, así como la forma de cuantificar el daño, la Sala advierte que la
Subsección B únicamente se pronunció sobre el primero de los cargos esbozados
y, al encontrarlo acreditado, declaró la nulidad de los actos. Dicho análisis, por
tratarse exclusivamente de la vulneración de las garantías procesales de la
aseguradora, no puede ser extensible, ni ser el fundamento para resolver sobre los
perjuicios reclamados por los accionantes en este litigio.
88. De ese modo, según los documentos del expediente contractual que obran en el
plenario, no se vislumbra el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo
del Consorcio. Sin embargo, la Sala encuentra que la parte accionante, junto con el
escrito de reforma de demanda, pidió el decreto como prueba documental del
instrumento que catalogó como “experticio emitido por Diego Fernández”46 y que
contiene un “concepto sobre el informe final de la Fase 1 integrado el 13 de marzo
de 2009 por el Consorcio Regionales Río Bogotá en el marco del contrato 0464 de
2008”, con el cual se pretendió demostrar la satisfacción de las prestaciones del
negocio hasta el plazo de su ejecución47. Respecto de dicha petición, la demandada
se opuso en el escrito de contestación de la reforma de la demanda48 por considerar
que fue extemporánea, que el concepto versó sobre puntos de derecho, que no se
acreditó la idoneidad de quien lo rindió y que lo elaboró un consultor de una de las
empresas que integran el Consorcio demandante.
44 Al respecto, se puede consultar; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 7 de noviembre de 2025, exp. 72.111. C.P. Fernando Alexei Pardo Floréz.
45 Se advierte que se practicaron los testimonios de: (i) Gloria Stella Moreno Fernández; (ii) Gustavo Ardila
Valenzuela; (iii) Mauricio Valderrama Vivas; (iv) Carlos Vitaliano Sánchez Beltrán; y (v) Mario Pedro Mauricio de
Milleri Bonilla. Declaraciones que no fueron relacionadas en la sentencia de primera instancia; sin embargo, en
esta instancia se destaca que las manifestaciones de los testigos estuvieron relacionadas a indicar sus
diferentes aproximaciones al contrato No. 0464 de 2008, sin brindar información certera acerca del cumplimiento
del objeto contractual, por lo que no se trató de pruebas útiles para otorgar convicción sobre la ejecución del
acuerdo de voluntades.
46 Escrito de reforma de demanda, acápite de pruebas, 6.1. pruebas documentales. Folio 437 del cuaderno
principal número 1.
47 En el escrito con el que la parte actora se pronunció sobre la contestación de la demanda solicitó decretar la
“prueba documental relacionada en el acápite 6.1.1 de la reforma de la demanda” como un “experticio elaborado
por un profesional especializado” (folio 508 a 514 del cuaderno principal).
48 Folios 439 a 472 del cuaderno principal número 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
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Referencia: Controversias contractuales (CCA)
89. Sobre el instrumento referido, la Sala advierte que, en auto del 7 de febrero de
2014, el Tribunal lo incorporó al proceso como dictamen de parte y corrió traslado a
la demandada49, quien se opuso al decreto de la prueba por considerar que no se
aportaron documentos que acreditaran la experiencia de quien lo confeccionó y que
tampoco se habría demostrado su imparcialidad debido a que el autor admitió haber
prestado sus servicios en por lo menos 5 oportunidades a la firma Consultoría y
Dirección de Proyectos Cydep Ltda; bajo esas consideraciones señaló que objetaba
el dictamen pericial50.
90. Ante la oposición de la CAR, el a quo, en providencia del 6 de febrero de 2015,
confirmó la decisión de decreto del “experticio emitido por Diego Fernández” como
prueba pericial y ordenó el traslado de la objeción planteada por la CAR al Consorcio
demandante de conformidad con el artículo 108 del CPC51; sin que se surtiera el
trámite de la objeción52 y tampoco se pronunció al respecto en la sentencia
apelada53 -sin que dicha circunstancia hubiere sido cuestionada por las partes en
sus recursos de apelación-.
91. En este punto, se concluye que, si bien el informe aportado por la parte demandante
fue pedido como prueba documental, lo cierto es que el a quo lo incorporó al
expediente como dictamen pericial, sin realizar su práctica de manera debida
porque no se tramitó la objeción grave planteada por la CAR bajo los cánones
descritos en el CPC.
92. Así, la Sala debe precisar que el referido documento no puede ser tenido en cuenta
en esta instancia, con independencia de su contenido, debido a que, se insiste,
49 Folios 518 a 520 del cuaderno principal número 1.
50 El apoderado de la CAR también indicó que (i) el concepto consistió en una prueba extraprocesal; y (ii)
pretende dilucidar un punto de derecho referente al cumplimiento de un contrato estatal. Recurso de reposición
contra el auto que decretó las pruebas visible en Folios 521 a 535 del cuaderno principal número 1.
51 Se advierte que, en ese momento, la demandante no se pronunció sobre la objeción por error grave planteada
por la demandante. En el expediente obra memorial del demandante del 19 de febrero de 2014 en el que la
parte actora se pronuncia frente al recurso de reposición elevado por la CAR en contra del auto que decretó
pruebas; en dicho escrito solicitó confirmar el decreto de la experticia como peritaje.
52 Código de Procedimiento Civil. “Artículo 238 Contradicción del dictamen. Para la contradicción de la pericia
se procederá así:
1. Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrán pedir que se
complemente o aclare, u objetarlo por error grave.
2. Si lo considera procedente, el juez accederá a la solicitud de aclaración o adición del dictamen, y fijará a los
peritos un término prudencial para ello, que no podrá exceder de diez días.
3. Si durante el traslado se pide complementación o aclaración del dictamen, y además se le objeta, no se dará
curso a la objeción sino después de producidas aquéllas, si fueren ordenadas.
4. De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, durante los cuales podrá
objetar el dictamen, por error grave que haya sido determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los
peritos o porque el error se haya originado en éstas.
5. En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para demostrarlo. De aquél se dará
traslado a las demás partes en la forma indicada en el artículo 108, por tres días, dentro de los cuales podrán
éstas pedir pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la existencia del error,
y concederá el término de diez días para practicarlas. El dictamen rendido como prueba de las objeciones no
es objetable, pero dentro del término del traslado las partes podrán pedir que se complemente o aclare.
6. La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente dentro del cual se practicó el
dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; el juez podrá acoger como definitivo el practicado para probar la
objeción o decretar de oficio uno nuevo con distintos peritos, que será inobjetable, pero del cual se dará traslado
para que las partes puedan pedir que se complemente o aclare”.
7. Las partes podrán asesorarse de expertos, cuyos informes serán tenidos en cuenta por el juez, como
alegaciones de ellas.
53 Al respecto, se encuentra que en la providencia apelada el Tribunal se pronunció sobre la validez e idoneidad
del peritaje rendido por Luz Teresa Rocha -prueba conjunta solicitada por las partes y cuyo contenido fue
objetado por el demandado-; este punto se resolvió y se consideró que la objeción de este segundo dictamen
no prosperaba. Sin embargo, nada se dijo sobre la experticia presentada por Diego Fernández, es decir, que
no se resolvió la objeción frente a este escrito, sin que las partes hubieran reprochado.
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dicha prueba -incorporada como pericial- no se practicó en la forma debida, ni se
tramitó el debido espacio de contradicción solicitado por la CAR a través de su
objeción por error grave.
93. Justamente, el no resolverse la objeción por error grave bajo las reglas propias del
CPC trae como consecuencia su exclusión por no haberse recaudado de forma
lícita. Esta Sección ha reconocido dicha consecuencia, en providencias del 29 de
mayo de 2014 (exp. 36.396) y del 11 de septiembre de 2020 (exp. 46.591). En igual
sentido, se ha pronunciado la Corte Constitucional, por ejemplo, en sentencia T-916
de 2008, en la que estimó que “el defecto fáctico puede configurarse desde una
dimensión positiva, cuando el operador jurídico aprecia pruebas que no ha debido
admitir, ni valorar, por haber sido indebidamente recaudadas (…) Otro aspecto de
marcada importancia que ha sido desarrollado por la jurisprudencia constitucional,
es el relativo a los efectos que tiene dentro de cualquier proceso judicial, la prueba
obtenida con violación del debido proceso, los cuales ha entendido la Corte, son en
principio limitados, razón por la cual, la sola existencia de un medio probatorio
obtenido ilícitamente, no implica la nulidad del proceso judicial que la contiene, sino
de la prueba en sí misma. En suma, la doctrina constitucional en relación con la
‘regla de exclusión en materia probatoria’, ha establecido que (i) no toda
irregularidad en el decreto, práctica y valoración probatoria, implica
automáticamente afectación del debido proceso; (ii) la existencia de una prueba con
violación del debido proceso, no conlleva la nulidad de todo el proceso judicial, sino
que la consecuencia procesal es limitada, en tanto la prueba deberá ser excluida y
(iii) en caso de que la prueba ilícita que reposa en el proceso sea determinante para
la decisión del juez, no queda más remedio que declarar la nulidad de todo el
proceso”.
94. Bajo las precisiones que anteceden, es claro que, con el material probatorio que
obra en el expediente, el Consorcio no probó haber cumplido a cabalidad con las
exigencias requeridas para finalizar la primera parte de ejecución del contrato, o que
la entidad se hubiese abstenido de aprobar los productos entregados de forma
injustificada, por lo que tampoco acreditó que debía recibir la remuneración
correspondiente al 20% del valor total del contrato que se encontraba sometida a la
aprobación del informe final de resultados de la fase I. Por ende, no demostró en el
plenario estar habilitada para pedir el restablecimiento del derecho que deprecó y la
correspondiente reparación de los perjuicios que adujo causados con la emisión de
las resoluciones acusadas.
95. En efecto, cuando el ejecutor pretende el reconocimiento de la utilidad esperada54,
es necesario constatar que le asistía el derecho a ejecutar el contrato y, en este
caso particular, que se reunían las exigencias requeridas para ejecutar las fases II
a V, sobre las cuales se reclamó la utilidad que el consorcio pretendía obtener.
96. Sobre el particular, según los plazos pactados y la forma de pago, sin recibir la
aprobación de los resultados de la primera etapa del negocio, no iniciaban las
siguientes fases, cuya ejecución estaba condicionada -temporalmente- al
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de septiembre de 2022, exp. 65.630.
C.P. Nicolas Yepes Corrales. Criterio reiterado por esta Subsección en sentencia del 19 de mayo de 2025,
expediente. 69.503. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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agotamiento de las fases previas y, por ende, al sumar el término independiente de
cada fase se completaba la vigencia total del contrato de 23 meses.
97. Así las cosas, hasta este punto, es viable concluir que el Consorcio no acreditó el
derecho que pretendió le fuera restablecido, y que hizo consistir en la afectación
económica derivada de las Resoluciones 1165 del 10 de 2009 y 3287 del mismo
año. A pesar de la declaratoria de nulidad de los referidos actos administrativos, en
el expediente se encuentra que el contratista no acreditó haber satisfecho sus
obligaciones contractuales, o que la entidad se hubiese abstenido de cumplir las
suyas de forma injustificada (lo cual no quedó probado con el dictamen, en tanto
éste solo se refirió a los perjuicios supuestamente padecidos), y, por ende, no tenía
derecho al pago reclamado. De este modo, el tercer problema jurídico debe ser
resuelto negativamente, para concluir que el fallo de primer grado no tuvo en cuenta
que el contratista no acreditó el cumplimiento de sus obligaciones negociales, y, por
ende, el demandante no acreditó tener derecho al restablecimiento por la afectación
económica alegada.
98. Si bien lo anterior es suficiente para revocar la sentencia de primer grado en punto
de la condena a la CAR, con el propósito de resolver en su plenitud el objeto del
debate puesto de presente en esta segunda instancia, se estima pertinente el
pronunciamiento sobre los cargos contra la valoración del dictamen pericial
decretado por el Tribunal como prueba conjunta.
Los reproches frente a la valoración del dictamen pericial
99. Como último motivo de inconformidad en contra de la sentencia de primera
instancia, la CAR cuestionó el contenido del informe pericial rendido por Luz Teresa
Rocha en el que el Tribunal a quo se fundó para considerar acreditados los
perjuicios reclamados por la parte demandante y ordenar el restablecimiento de su
derecho.
100. En este punto, la Sala parte por recordar que la CAR, en su apelación, cuestionó
el análisis que realizó el Tribunal sobre la prueba pericial que sirvió de fundamento
para acceder a las pretensiones indemnizatorias, que consistieron en el pago de: (i)
el saldo remanente relativo a la fase 1 de ejecución del negocio, por $1.032’668.011;
y (ii) el valor de la utilidad esperada de las fases II a V, por $347’234.589. Según la
impugnante, la experticia se soportó en documentos ajenos al expediente y que no
habían sido incorporados como prueba en la oportunidad pertinente55.
55 En el cargo, expresó: “el perito aportó una gran cantidad de documentos privados que no se encontraban en
el expediente del proceso –y sobre los cuales elaboró su dictamen- y que son de propiedad, manejo y/o autoría
de la parte demandante –que los debió haber aportado en la oportunidad procesal correspondiente, esto es, en
la demanda y su reforma– y que de esta forma fueron aportados de extemporáneamente al expediente”.
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101. En ese contexto, se debe precisar que el dictamen pericial, de conformidad con el
artículo 23356 del CPC57, para su eficacia probatoria, debe reunir ciertas condiciones
de contenido, como son la conducencia en relación con el hecho a probar; que el
perito sea competente, es decir, un verdadero experto para el desempeño del cargo;
que no exista un motivo serio para dudar de su imparcialidad y que sus conclusiones
sean claras, firmes y justificadas. Adicionalmente, la prueba debe surtir la
contradicción y no existir motivo retracto del perito o que sus afirmaciones sean
desvirtuadas por la parte contraria58.
102. Sobre dicho tópico, esta Subsección59 ha indicado que el dictamen pericial debe
ser firme, preciso y de calidad60. Asimismo, en él debe analizarse la explicación de
los exámenes, experimentos e investigaciones efectuadas, al igual que los
fundamentos técnicos, científicos o artísticos de las conclusiones, so pena de
carecer de eficacia probatoria.
103. De ese modo, la Sala en primera medida advierte que la referida experticia fue
decretada por el Tribunal como prueba conjunta de las partes y tuvo como objeto
“brindar elementos de juicio de índole técnico y financiero que auxilien y permitan
(…) adoptar una decisión de fondo”. Para ello, la parte actora planteó el siguiente
cuestionario: “(i) ¿es posible verificar la existencia de pérdidas contables por parte
de las sociedades integrantes del consorcio Regionales Ríos Bogotá derivados de
la ejecución del contrato celebrado con la CAR?; (ii) ¿cuál fue el perjuicio económico
sufrido por las empresas?; (iii) ¿determinar la cifra actualizada de los perjuicios
identificados y cuantificados en las preguntas anteriores? (iv) ¿según los conceptos
contables y financieros cual es la tasa de interés y de mora aplicable a los montos
56 Artículo 233. “Procedencia de la peritación. La peritación es procedente para verificar hechos que interesen
al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.
Sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino un dictamen pericial, salvo en el
incidente de objeciones al mismo, en el que podrá decretarse otro. Tampoco se decretará el dictamen cuando
exista uno que verse sobre los mismos puntos, practicado fuera del proceso con audiencia de las partes. Con
todo, cuando el tribunal o el juez considere que el dictamen no es suficiente, ordenará de oficio la práctica de
otro con distintos peritos, si se trata de una prueba necesaria para su decisión.
No será menester la intervención de peritos para avaluar bienes muebles cotizados en bolsa; su valor se
determinará por la cotización debidamente certificada que hayan tenido en la oportunidad correspondiente. El
juez podrá ordenar que se presente nuevo certificado de la cotización cuando lo estime conveniente”.
57 Aplicable en el asunto por la remisión consagrada en el artículo 267 del Decreto 01 de 1984 -CCA-, a cuyo
tenor: “En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que
sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo
contencioso administrativo”.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18
de febrero de 2015, expediente. 29794, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
59 Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, expediente 64.137,
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, a cuyo tenor: “Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Debe
contener la llamada ‘razón de la ciencia del dicho’, en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus
conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas
conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o
aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y puede negarse
a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable. Que las
conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos (...) puede ocurrir
también que el juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que
aceptarla; pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia
o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de la lógica, o que
son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en
los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede
rechazarlo (…)”. Criterio reiterado por esta Sala de decisión en providencia del 26 de septiembre de 2025,
expediente. 72.875. C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
60 Artículo 241 del CPC. “Apreciación del dictamen. Al apreciar el dictamen se tendrá en cuenta la firmeza,
precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que
obren en el proceso. (…)”.
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que se reclaman en este proceso?; y (v) ¿las cifras correspondientes a la respuesta
a la pregunta 2 fueron objeto de intereses de mora a que monto ascendería?”61.
104. Seguidamente, el dictamen se ocupó en desarrollar el monto de los perjuicios
reclamados por la parte demandante, para lo cual se refirió a los costos totales del
negocio y la manera en que debían ser pagados al contratista: (i) según el
documento interno firmado por las sociedades que conformaron el consorcio
Regionales Río Bogotá se verificó la distribución de responsabilidades y el
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes62; (ii) la propuesta
económica presentada por el consorcio y según los formularios PR-2 resumen de
precios, PR-3 desglose por actividad, PR-4 gastos reembolsables, junto con el valor
de la adición pactada durante el plazo de ejecución; y (iii) la forma de pago
establecida en el contrato No. 0464 de 2008.
105. También estimó que la utilidad que esperaba obtener el contratista por la ejecución
de las labores de consultoría podía calcularse de acuerdo con el documento
“presupuesto de costos” en el que se estimaron los “de personal” -inferiores a los
detallados en la propuesta económica-, por lo que la ganancia correspondería a la
diferencia entre la remuneración fijada en la propuesta económica y los valores
reales del personal -según los documentos referidos-. De esa manera, concluyó que
la utilidad esperada por la ejecución total del contrato hubiera correspondido a
$775’695.88463.
106. Así, concluyó que, según sus conceptos contables y cálculos matemáticos, los
perjuicios padecidos por los integrantes del consorcio Regionales Río Bogotá
debían calcularse según los siguientes ítems:
“(A) Saldo pendiente de pago por la Fase I
Precio de la Fase 1, sin tener en cuenta impuestos $1.600’333.320
Pago efectuado por la CAR descontando impuestos $567’332.309
Saldo pendiente de pago 1.032’668.011
(B) Mayores costos incurridos por remuneración con relación al valor presupuestado
en la fase I
Costos de personal sin incluir gastos reembolsables $902’019.100
Presupuestos de los costos de personal $726’333.500
Perjuicio económico $175’685.601
C) Utilidades esperadas para las ases II a V -no ejecutadas-.
Fase II $128’046.339
Fase III $49’437.639
Fase IV $57’050.735
61 Dictamen obrante en el cuaderno no. 11.
62 La distribución mencionada se detalló de la siguiente manera: (i) PGP. Actividades de acueducto,
alcantarillado, PTAR, levantamiento de información técnica e institucional, sistemas de información plan
financiero, socialización; (ii) Solin S.A. Aspectos económicos, sanitarios ambientales, entrevistas,
conceptualización de esquemas; (iii) Selfinver Ltda. Asuntos jurídicos e institucionales; y (iv) Cydep Ltda. Manejo
de residuos sólidos.
63 La utilidad presupuestada por costo de personal para cada una de las fases del negocio: (i) $428’130.229; (ii)
$128’046.339; (iii) $49’437.639; (iv) $57’050.735; (v) $112’699.876.
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Fase V $112’699.876
Perjuicio económico $347’234.589”
107. Con los ítems señalados, estimó los perjuicios padecidos por los integrantes del
consorcio Regionales Río Bogotá en $1.555’588.201. Así, procedió a actualizar el
quantum (i) para las afectaciones de la fase 1, desde la entrega del informe final -
marzo de 2009- y (ii) respecto de las demás etapas, desde la fecha pactada
contractualmente para finalizar cada una ellas. Dicha operación matemática arrojó
el monto global de $1.986’292.406.
108. De lo reseñado se observa que la experticia desarrollada por Luz Teresa Rocha
se ocupó de estimar los rubros de (i) saldo remanente relativo a la fase 1 de
ejecución del negocio ($1.032’668.011); y (ii) valor de la utilidad esperada de las
fases II a V del contrato; sin embargo64, el peritaje desarrollado no es idóneo para
acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, ni de su alcance
técnico, debido a que se limitó a una constatación de saldos y ejercicios contables
que tenían como finalidad probar el monto del perjuicio, pero no soporta el derecho
de los demandantes a recibir la indemnización por cumplimiento del objeto
contractual.
109. Lo anterior lleva a la Sala a considerar que no otorga certeza sobre el cumplimiento
de actividades y, por ende, ante la falta de un panorama completo sobre el acontecer
contractual, no pueden ser de recibo las sumas económicas allí consignadas. En
ese sentido, el dictamen así practicado -única pieza probatoria en que se
fundamentó el Tribunal para condenar a la CAR- no acreditó el cumplimiento de las
obligaciones contractuales del consultor, motivo por el cual no podía ser empleado
para justificar la indemnización reconocida en favor de las accionantes.
110. Así las cosas, a propósito de los argumentos de la apelación, el dictamen pericial
no podía demostrar el grado de cumplimiento de la parte demandante que
permitiese desvirtuar el contenido de las Resoluciones 1165 y 3287 de 2009.
Aunque lo delineado es suficiente para desestimar la conclusión de la experticia
sobre este punto, el Tribunal a quo no realizó un cotejo de la información contenida
en la pericia, ni de los documentos obrantes en el plenario, desconociendo las reglas
de valoración de dictamen pericial consignadas en el Código de Procedimiento Civil.
111. Por otra parte, se recuerda que el dictamen trajo a colación que la mora podía
calcularse según dos tasas de interés distintas, esto es, (i) de acuerdo con la
interpretación del texto contractual y (ii) según la normativa que consideró aplicable
al negocio. Sobre el particular, la Sala encuentra que, aunque dicho aspecto no fue
reconocido por el a quo, sí fue objeto de controversia en la apelación de la parte
demandante. No obstante, como en esta instancia se encontró que el daño alegado
por los demandantes no está probado, ni puede ser imputado a la CAR, debido a
que no se demostró el cumplimiento pleno de las obligaciones contractuales
64 Se fundó en los documentos del expediente contractual y, adicionalmente, se refirió a: (i) proyecto de pre
inversión para la preparación del programa de manejo ambiental de la cuenca del Río Bogotá, (ii) propuesta
económica, (iii) “presupuesto de costos”; (iv) presupuesto de personal y (v) contabilidad de las sociedades que
integraron el consorcio contratista.
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asumidas por el Consorcio, no hay lugar a examinar los intereses moratorios
reclamados por las accionantes en su recurso65.
112. Por lo tanto, la Sala concluye que el dictamen pericial no es idóneo para demostrar
el daño alegado por los demandantes ni el monto del perjuicio, razón por la cual el
cuarto problema jurídico debe ser respondido de manera afirmativa, en tanto la
sentencia recurrida sí erró al valorar esa pieza y considerar que ofrecía certeza
sobre el saldo de la fase 1 de ejecución del negocio y el valor de la utilidad esperada
de las fases II a V del contrato. A su vez, se releva de referirse al quinto problema
jurídico propuesto, relacionado con el reconocimiento de intereses moratorios en
favor de la parte demandante.
Conclusiones
113. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección accederá parcialmente
al recurso de apelación presentado por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y modificará la sentencia de primera instancia, para confirmar la
configuración del fenómeno de la cosa juzgada respecto de la anulación de los actos
acusados y revocar la indemnización de perjuicios reclamada por la parte
demandante, recapitulando lo siguiente:
114. La competencia de la Sala en segunda instancia se delimita por los cargos
planteados en contra de la sentencia impugnada. Así, le corresponde al recurrente
sustentar los cargos de inconformidad respecto a los fundamentos puntuales de
hecho y de derecho que sirvieron de sustento a la providencia apelada.
115. El Tribunal a quo sí se pronunció y resolvió los argumentos en que se fundaron las
excepciones de indebida representación y acumulación de pretensiones. Con ello,
si la entidad disentía de sus conclusiones, debió haber planteado su inconformidad,
pero no sustentó ningún reproche concreto en contra del razonamiento planteado
en la sentencia de primera instancia frente a esos puntos.
116. La solicitud de conciliación prejudicial y el escrito de demanda deben guardar
consonancia respecto del conflicto que se pretende dirimir, sin que ello implique una
reproducción exacta de la argumentación entre uno y otro documento. En el caso
concreto, se evidenció la identidad de la causa petendi planteada ante el Ministerio
Público y posteriormente en la jurisdicción contencioso-administrativa, debido a que
en ambos escenarios se cuestionaron las decisiones adoptadas por la entidad
contratante, el daño padecido ante la frustración del objeto negocial y los perjuicios
derivados de ello. Asimismo, se constató que, a pesar de que en el momento en
que se agotó la conciliación extrajudicial se encontraban pendientes de resolver los
recursos de reposición interpuestos en contra de la Resolución 1165 de 2009 por
parte de la CAR, se constató que, para el día de la presentación de la demanda, los
65 En todo caso, se advierte que el dictamen pericial pretendió definir la tasa de mora aplicable bajo la
interpretación del texto contractual y también al estimar que el porcentaje debía ser el regulado en la Ley 80 de
1993 por tratarse de un “contrato estatal”. Sobre el particular, la Subsección encuentra que, en ese punto, el
análisis fue eminentemente jurídico, dado que para arribar a esa conclusión se examinó lo que pretendieron
acordar las partes en el texto contractual, así como la naturaleza del negocio y la regulación fijada en el EGCAP.
En ese sentido, al versar sobre puntos de derecho, dicho aspecto debía ser definido por el juez natural del
asunto, razón por la cual la experticia no puede ser tenida en cuenta como demostrativa de ese aspecto.
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actos administrativos se encontraban en firme, y la segunda resolución confirmó
íntegramente la primera.
117. La decisión adoptada anteriormente por esta Corporación en torno a la nulidad de
las Resoluciones 1165 y 3287 de 2009 tiene efectos erga omnes que se extienden
al presente proceso y, por ende, respecto del juicio de validez de dichas decisiones
se configuró la cosa juzgada, a pesar de que no se evidencie la identidad de partes
entre el expediente 52022 y el caso sub examine. Sin embargo, ese juicio previo no
relevaba a los aquí demandantes de acreditar el derecho que pretendían que fuera
restablecido, ni los efectos de la cosa juzgada se extiendan a la indemnización de
perjuicios pretendida, debido a que, para ello, debieron demostrar la causación del
daño y los perjuicios irrogados a raíz de la conducta antijurídica endilgada, dado
que la expulsión de los actos enjuiciados no implica un restablecimiento o
reparación automáticos.
118. El Consorcio no acreditó haber cumplido a cabalidad con la entrega de los productos
exigidos en el contrato, ni en la calidad de la información necesaria para agotar la
fase 1 -diagnóstico-. Así, ante la falta de aprobación del informe final, no era
procedente ordenar el pago de aquellas actividades y tampoco se demostró que
fuese procedente la ejecución de las demás etapas del negocio.
119. En relación con el informe elaborado por Diego Fernández y aportado en la reforma
de la demanda como prueba documental -acápite 6.1.1.-, la Sala encontró que el
Tribunal incorporó dicho instrumento al expediente como prueba pericial, razón por
la cual la demandada planteó una objeción por error grave, la cual -a pesar de que
se corrió traslado a la demandante- no agotó el procedimiento previsto en el artículo
238 del CPC, lo cual no permite que se tenga en cuenta dicha experticia como
informe pericial en el caso concreto. Aunado a que dicho documento no fue tenido
en cuenta en la sentencia de primera instancia, sin que las partes se hubieran
opuesto a ello en sus recursos de apelación.
120. El Tribunal acogió las conclusiones del dictamen pericial practicado por Luz Teresa
Rocha, sin realizar un análisis de su contenido, de los presupuestos para aplicarlo
ni de la información relacionada y sin constatar que no fue idóneo para acreditar la
afectación económica que pretendían que fuera reparada. Además, el a quo se
relevó, sin justificación, de valorar la prueba de conformidad con los requisitos de
firmeza, precisión y claridad exigidos en el artículo 241 del CPC.
121. Sobre ese dictamen se encontró que su objeto consistió en “brindar elementos de
juicio de índole técnico y financiero que auxilien y permitan (…) adoptar una decisión
de fondo”, sin embargo, la perito se ocupó de estimar la experticia desarrollada por
Luz Teresa Rocha se ocupó de estimar los rubros de (i) saldo remanente relativo a
la fase 1 de ejecución del negocio ($1.032’668.011); y (ii) valor de la utilidad
esperada de las fases II a V del contrato. Lo anterior pretendió acreditar el quantum
del perjuicio reclamados; pero, no demostró el derecho de los demandantes a recibir
la indemnización por el cumplimiento del objeto contractual, lo cual constituía una
exigencia ineludible para proceder a establecer la indemnización de perjuicios.
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122. Así, no se demostró que el consorcio hubiese dado cumplimiento cabal a las
especificaciones requeridas por la CAR en los productos entregados.
La condena en costas
123. En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998.
124. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 27 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, la cual
queda así:
“Primero. Declarar configurada la cosa juzgada respecto de las
pretensiones de nulidad de las Resoluciones 1165 del 10 de junio de 2009,
‘por la cual se declara un incumplimiento, se da por terminado el contrato
de consultoría No. 0464 de 2008 y se declara la ocurrencia del siniestro por
incumplimiento y calidad’; y 3287 del 22 de diciembre de 2009, ‘por la cual
se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución
1165 de 2009 por el consorcio Regionales Río Bogotá y la Compañía de
Seguros del Estado’, proferidas por la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca -CAR.
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda.
Tercero. Sin condena en costas en primera instancia.
Cuarto. Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por Secretaría los
gastos de proceso. Devuélvanse los remanentes al interesado. Pasados
dos (2) años sin que hubieren sido reclamados dichos remanentes, la
Secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama Judicial.
Quinto. Cumplido lo anterior, por Secretaría de esta Subsección archívese
el expediente dejando las constancias del caso”.
SEGUNDO: Sin condena en costas por la segunda instancia.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto
31
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00357-01 (70974)
Demandante: Planteamiento y Gestión de Proyectos PGP S.A. y otros
Demandado: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR
Referencia: Controversias contractuales (CCA)
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.
VF
32
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