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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00362-01

Fecha
18 de marzo de 2024
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00362-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 29 de septiembre de 2015. Segundo: Sin condena en costas. Tercero: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección devolver el expediente al Tribunal de origen. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. aspx

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2010-00362-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

18 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)

Actor: CRISALLTEX S.A. Y OTROS

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y DIRECCIÓN
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –DEFECTUOSO
FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Dilación durante el trámite
de notificación en la fase inicial del proceso de extinción de dominio – No se configuró –
FALLA EN EL SERVICIO – Indebida administración de bienes – No se demostró la
causación de un daño.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 29 de septiembre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, mediante la cual
se negaron las súplicas de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los demandantes imputan a la Fiscalía General de la Nación el daño que afirmaron
haber sufrido por haberles iniciado un proceso de extinción del derecho de dominio,
sin contar con las pruebas que demostraran la procedencia ilícita de los bienes;
además, haber prolongado injustamente la notificación de la resolución que dio
inicio al proceso en la primera fase del mismo. A la Dirección Nacional de
Estupefacientes le atribuyen responsabilidad por los perjuicios ocasionados por la
indebida administración de la empresa Crisalltex S.A.

II. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 4 de junio de 2010 (fls. 6-254 c. 1), el señor Jairo García González, actuando en

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

nombre propio y como representante legal de la empresa Crisalltex S.A., y los
señores Jesús Alfonso Castillo Ruíz, Isabel Cristina Gallón Giraldo, Ricardo Alfonso
Castillo Gallón, Juan Alejandro Castillo Gallón, Ángela María Castillo Gallón,
Policarpa (Pola) Ruíz de Castillo y Martha Azucena Castillo Ruiz, por intermedio de
apoderado judicial (fls. 1-5 c. n.° 1), interpusieron acción de reparación directa en
contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Dirección Nacional de
Estupefacientes, con el fin de que se acceda a las siguientes pretensiones:

Primera: Que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la
Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Dirección Nacional de
Estupefacientes, por los daños antijurídicos ocasionados a los demandantes y
a la empresa Crisalltex S.A.

Segunda: Que como consecuencia de la declaración anterior se condene a la
Nación-Fiscalía General de la Nación a que reconozca y pague la
indemnización por los perjuicios materiales y morales ocasionados a los
demandantes y la empresa Crisalltex S.A., como consecuencia del defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia y el error judicial por la actuación
judicial de la Fiscalía 26 de la ciudad de Bogotá, delegada para la extinción del
derecho de dominio y contra el lavado de activos, por la intervención y
administración de los bienes objeto de la medida provisional de extinción de
dominio realizada el 22 de noviembre de 2006 contra los demandantes y la
empresa Cristalltex S.A. y que la Dirección Nacional de Estupefacientes
reconozca y pague la indemnización por los perjuicios ocasionados por la falla
en el servicio, por la acción y omisión durante la administración de los bienes
de los demandantes, tanto de manera directa como indirecta por las decisiones
tomadas por la depositaria provisional nombrada por la entidad demandada,
durante el tiempo que permaneció vigente la medida cautelar. Ambas
instituciones del Estado responderán solidariamente.

Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicitaron que se hicieran los
siguientes reconocimientos económicos:

Perjuicios Materiales – Daño emergente a favor de la sociedad Cristalltex S.A.:
.- Por desvalorización de la empresa la suma de $71.836´000.000.
.- Por las obligaciones de IVA, renta e impuesto al patrimonio dejadas de pagar
durante los años 2007 y 2008, la suma de $5.464´739.000.
.- El valor que la empresa debió pagar por concepto de fiducia mercantil, la suma
de $7.995´168.000,50.
.- Por gastos operacionales que debió asumir la empresa durante los años 2007,
2008 y hasta el 31 de agosto de 2009, la suma de $12.127´910.643.
.- Por los gastos operacionales en que incurrirá la empresa desde septiembre de
2009 hasta la fecha proyectada en siete años con la ejecución del contrato de fiducia
mercantil , correspondiente a $47.281´884.141,oo.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

.- La suma de $233´466.666 correspondiente a los honorarios pagados a la
administradora nombrada.

Perjuicios morales, la suma equivalente a 100 SMLMV, para cada una de las
personas naturales que demandaron.

Perjuicios a la vida de relación, la suma equivalente a 400 SMLMV, para cada una
de las personas naturales que demandaron.

Por concepto de perjuicios a la vida de relación social y comercial de la empresa
Crisalltex S.A., la suma equivalente a 1.000 SMLMV.

A título de reparación integral, pidieron que se condenara a la Fiscalía General de
la Nación a rectificar públicamente en todos los medios de comunicación el buen
nombre de la empresa Cristalltex S.A.

Como fundamentos fácticos se narró, en síntesis, lo siguiente:

La empresa Crisalltex S.A. fue creada en Pereira, en 2003, por el señor Jesús
Alfonso Castillo Ruiz y su cónyuge, la señora Isabel Cristina Gallón Giraldo, son
accionistas de la sociedad los nombrados y sus 3 hijos. La compañía tiene varias
marcas y enseñas, entre éstas últimas, la de Gino Pascalli.

Desde su creación, la empresa presentó un crecimiento acelerado. En el año 2004
decidió expandirse y entrar al mercado bogotano, para lo cual, el 29 de octubre de
ese año, celebró contrato de permuta con la empresa Made in Italy Ltda.,
representada por el señor Giorgio Sale, cuyo objeto consistía en que esta última
empresa le cedía a Crisalltex S.A. 5 establecimientos de comercio con la
mercancía; entre dichos establecimientos se encontraba el que funcionaba en el
local 2-01 del centro comercial Unicentro1. El valor del contrato ascendió a la suma
de $2.800’000.000, los cuales pagó con la entrega de un apartamento ubicado en
Cartagena y varios cheques por valor de $1.900’000.000.

1 Informa la demanda que el local de Unicentro era administrado por la DNE por intermedio de la

inmobiliaria Mevic Ltda., que el contrato de arrendamiento que había celebrado esta empresa con
Giorgio Sale como representante legal de Made in Italy, le dio confianza a los demandantes. Que fue
con esta inmobiliaria que la empresa Crisalltex S.A: y los deudores solidarios Jesús Alfonso Castillo
Ruiz, Isabel Cristina Gallón Giraldo y Germán Alonso Londoño Giraldo (representante legal de
Crisalltex para la época), firmaron en Bogotá el día 30 de enero de 2004, el contrato de
arrendamiento No. 1652.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Mediante resolución de 21 de noviembre de 2006, proferida en el proceso con
radicado 4354 E.D., la Fiscalía General de la Nación inició trámite de extinción de
dominio contra los bienes de los señores Giorgio Sale, David Sale, Cristian Sale,
Estefano Sale, Jesús Alfonso Castillo Ruiz y Celso Alfredo Salazar Castañeda, y
ordenó, de forma provisional, el embargo y secuestro de 4 predios urbanos, los
activos y participación accionaria de la sociedad, 46 establecimientos de comercio
y 14 cuentas bancarias de Crisalltex S.A. Además, se dispuso el embargo y
secuestro de un local y una cuenta bancaria pertenecientes al señor Jesús Alfonso
Castillo Ruiz.

El decreto de la medida cautelar encontró fundamento en el informe de 14 de
noviembre de 2006, elaborado por la Policía Nacional, el cual dio cuenta de los
hallazgos del ente acusador en otro proceso de extinción de dominio (radicado
2609), en el que se detectaron actividades de lavado de activos en Colombia y en
Italia por parte del señor Giorgio Sale, quien constituyó empresas con patrimonios
injustificados, entre estas, Made in Italy S.A. También se tuvieron en cuenta otros
informes, interceptaciones telefónicas, conclusiones de las autoridades italianas y
las declaraciones de renta del señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz, informaciones a
partir de las cuales los analistas dedujeron una relación entre el investigado, el
establecimiento Gino Pascalli, la empresa Crisalltex S.A. y el señor Jesús Alfonso
Castillo Ruiz.

El 22 de noviembre de 2006, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía
26 delegada para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado de activos
de Bogotá intervino la empresa Crisalltex S.A. y los bienes del señor Jesús Alfonso
Castillo Ruíz, los cuales fueron dejados a disposición de la Dirección Nacional de
Estupefacientes.

El 19 de diciembre de 2006, la subdirectora de bienes de la Dirección Nacional de
Estupefacientes solicitó a la Fiscalía a cargo del caso ordenar el desembargo de
los saldos en las cuentas bancarias a nombre de Crisalltex S.A. en los bancos
Bogotá, Occidente, Bancolombia, Colpatria y Santander, para que la empresa
pudiera continuar con el giro ordinario de sus negocios.

El 26 de febrero de 2007, Crisalltex S.A. presentó escrito de oposición a la
pretensión extintiva del dominio. Solicitó que los bienes involucrados fueran tenidos

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

como pertenecientes a un tercero de buena fe exenta de culpa y se declarara la
improcedencia total de la extinción respecto de todos los bienes, porque estaba
probado su origen lícito y la inexistencia de causales que dieran lugar a la medida.

El 20 de septiembre de 2007, por petición de Crisalltex S.A., la Fiscalía 26 delegada
decretó la ruptura de la unidad procesal, porque para ese momento no se había
logrado la notificación personal a los señores Sale, lo que había generado la
paralización del proceso. El 7 de diciembre de 2007, Crisalltex S.A. insistió en que
se declarara la improcedencia de la acción seguida en su contra.

Mediante resolución de 31 de marzo de 2008, la Fiscalía de conocimiento resolvió
la improcedencia de la extinción de dominio sobre los bienes de propiedad del señor
Jesús Alfonso Castillo Ruiz, luego de revisar las aclaraciones presentadas por un
contador público, en las cuales explicó la evolución patrimonial del investigado y las
razones de los movimientos de dinero en sus cuentas personales. Concluyó que no
había evidencia de que el señor Castillo Ruiz estuviera incurso en actividades al
margen de la ley. Decisión que fue confirmada, en sede de consulta, el 13 de junio
de 2008, por la Unidad de Fiscalías delegada ante el Tribunal de Distrito Judicial de
Bogotá.

A través de la resolución 1017 de 25 de julio de 2008, se ordenó la devolución de
la empresa a sus dueños y accionistas. La depositaria provisional hizo entrega de
una empresa “totalmente destruida”.

Se imputa responsabilidad por error judicial a la Fiscalía General de la Nación: i)
porque no tenía competencia para adelantar el proceso de extinción de dominio,
dado que desde el acto legislativo 03 de 2002, no ejerce funciones jurisdiccionales,
solo de acusación, ii) porque para la expedición de la resolución de 21 de
noviembre de 2006 no hizo un estudio previo de la procedencia de los bienes y tuvo
como base el informe de Policía Judicial de 14 de noviembre de 2006, en el que se
relacionan pruebas obtenidas de autoridades italianas, como la carta rogatoria no.
44, los informes 5567 y 5568 e interceptaciones telefónicas, pruebas obtenidas del
proceso 2609 que no tenían fuerza probatoria contra el señor Jesús Alfonso Castillo
Ruiz y por eso debían ser rechazadas y, además, no indicó cuáles eran los recursos
que procedían en su contra; iii) los indicios señalados por los investigadores son
suposiciones que llevaron a conclusiones equivocadas, que además constituyeron

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

juicios de responsabilidad penal en cuanto establecieron que el señor Castillo Ruiz
debía ser vinculado al proceso de extinción de dominio, iv) las pruebas eran ilegales
porque la carta rogatoria n.° 44 no fue anexada al proceso 5812, se realizaron dos
inspecciones judiciales con el mismo objeto, las interceptaciones telefónicas no
eran legales, no se ordenó el traslado a los sujetos procesales de la prueba pericial
para solicitar su aclaración, ampliación o adición, v) la resolución del 21 de
noviembre de 2006 era violatoria del debido proceso, porque no consignó cuáles
eran los recursos que procedían contra ella.

Aseguró que la medida decretada por la Fiscalía General de la Nación fue publicada
a nivel nacional e internacional en varios medios de comunicación, lo cual perjudicó
notoriamente los intereses morales y materiales de Crisalltex S.A. y de los
demandantes. Se afectó la imagen, el Goodwill, las ventas y el desarrollo de
Crisalltex S.A., así como la situación económica, buen nombre familiar y social de
sus socios y familiares.

El defectuoso funcionamiento lo hace consistir en que la Fiscalía General paralizó
el proceso en espera de que se surtieran todas las notificaciones personales de los
señores Sale, cuando éstas no eran obligatorias según la Ley 600 de 2000, en
detrimento de los derechos del señor Castillo Ruiz, y tampoco designó abogado de
oficio. Adicionalmente, hubo un exceso en el tiempo de duración de la investigación,
que no debía ser superior a 3 meses, lo que hizo más gravosa y precaria la situación
financiera de Crisalltex S.A.

Considera que la falla del servicio de la Dirección Nacional de Estupefacientes
consiste en haber nombrado como administradora provisional de la empresa a una
persona que no tenía experiencia en gerencia empresarial ni en producción,
distribución, comercialización, importación y exportación de empresas dedicadas a
la confección. Las decisiones tomadas por esta persona conllevaron a la
descapitalización de la empresa, la caída de las ventas y una cuantiosa deuda con
la DIAN. La constitución del patrimonio autónomo “con los 19 mejores almacenes
ha significado en la práctica y desde el punto de vista administrativo, patrimonial,
presupuestal y jurídico la coexistencia de dos empresas con patrimonio y
administración independiente”.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
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Referencia: Acción de Reparación Directa

2. Trámite de primera instancia

La demanda, admitida el 17 de junio de 2010 (fl. 262 c. 1), fue debidamente
notificada a las entidades demandadas y al Ministerio Público 2 (fls. 262 vto, 270 y
271 c. 1).

La DNE se opuso a todas las pretensiones de la demanda y solicitó que fueran
negadas. Adujo que no tuvo injerencia en el trámite que se le imprimió al proceso
de extinción de dominio, dado que carece de funciones judiciales, razón por la cual
hay un rompimiento del nexo causal en relación con los perjuicios supuestamente
causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y el error
judicial.

En lo relativo a la administración de los bienes que fueron incautados, manifestó
que una vez fueron puestos a su disposición se nombró un depositario quien entró
inmediatamente a ejercer actos de administración sobre los mismos, con lo cual
cumplió la primera de sus obligaciones. También ejerció vigilancia y control sobre
las actividades de la depositaria, quien presentó los respectivos informes de
gestión, a los que les realizó las correspondientes observaciones cuando hubo
lugar.

Agregó que el artículo 4 de la Ley 785 de 2002 autoriza a dictar medidas de cautela
sobre acciones, cuotas que tenga una persona en una sociedad, lo que significa
que dicha medida no se extiende a aquellas cuotas de propiedad de otros socios
que no se encuentren vinculados a la investigación de extinción de dominio.

Que la depositaria provisional retiró el personal principal investido de facultades
administrativas de la empresa, haciendo uso de las facultades que le otorga el
artículo 5 de la Ley 785 de 2002.

Fue necesaria la constitución de la fiducia con el fin de mantener a flote la
maniobrabilidad en el sector financiero, lo que permitió entregar la empresa “en una
buena situación económica en la medida de las posibilidades que generan el
mercado y la situación de estar incursos en un proceso de esta categoría”.

2 La parte demandante adicionó la demanda en la oportunidad legal, en relación con el perjuicio

material en la modalidad de daño emergente y con la solicitud de unas nuevas pruebas (fls 321-322
c. 1). Mediante providencia del 20 de enero de 2011 se admitió dicha adición (fl. 324 c. 1).

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Referencia: Acción de Reparación Directa

La situación en la que estuvo inmersa la empresa generó un descenso incalculable
de ingresos y resultó necesario que la depositaria tomara decisiones, entre ellas, el
cierre de algunos almacenes con el fin de evitar el “descalabro de toda la sociedad,
y el crecimiento de pasivos de manera desorbitada por la no toma de decisiones”.

En relación con el no pago de impuestos, adujo que no se puede olvidar que antes
de la incautación de la empresa, está tenía un acuerdo de pago de impuestos con
la DIAN, es decir, “existía unos pasivos que tuvieron ser negociados de manera
excepcional con la DIAN, puesto que ya existían acuerdos anteriores, estos se
debieron volver a suscribir en razón a la incapacidad de pago que generaba el
remanente que se traía anteriormente” y la pérdida de las ventas.

Además, la depositaria provisional le solicitó a la DIAN definir el tema de los
intereses sobre los impuestos adeudados de conformidad con la sentencia 15042
de 2008 proferida por el Consejo de Estado, situación que aún no había sido
definida para la fecha de entrega de la sociedad.

Aseguró haber cumplido su deber legal en relación con la administración de los
bienes que fueron puestos a su disposición3 (fls. 273-315 c. 1).

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se negaran las pretensiones de la
demanda, dado que actuó ajustándose estrictamente a la normatividad vigente;
tuvo como base para el inicio del proceso de extinción de dominio el informe del 14
de noviembre de 2006 de la Policía Nacional, en el que se comunicó que “de
acuerdo a la investigación adelantada por la Fiscalía Delegada 23 de la Unidad de
Lavado de Activos, se detectaron una serie de bienes de propiedad de los señores
Sale, quienes se encuentran investigados en Colombia y en Italia por el delito de
lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes, quienes además, han
constituido varias empresas a las que se les realizó un estudio patrimonial,
presentando incremento patrimonial injustificado; encontrándose entre esas
empresas (…), Crisalltex S.A.”, razón por la cual en cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley 793 de 2002 resultaba necesario iniciar el proceso de extinción del derecho
de dominio, notificar a los afectados y dada la imposibilidad de notificar a los
señores Sale se procedió a romper la unidad procesal para darle celeridad a la

3 En el mismo escrito de contestación llamó en garantía a la señora Sol Beatriz Gómez Restrepo; sin

embargo, revisado todo el expediente no se encontró que se le haya dado trámite a dicha petición.

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investigación (fls. 323-332 c. 1).

Mediante auto del 20 de noviembre de 2012 se abrió a pruebas el proceso (fls. 382-
384 c. 1), providencia que fue adicionada el 29 de enero de 2013 (fls. 390-392 c.
1).

El 18 de febrero de 2015 se corrió traslado a las partes para alegar y al Ministerio
Público para que presentara concepto si lo consideraba pertinente (fl. 218 c. 2). Las
partes reiteraron lo manifestado en la demanda y sus contestaciones (fls. 219-301,
351-361, 377-381 c. 2). El Ministerio Público guardó silencio.

3. Sentencia de primera instancia

La Sala de Descongestión de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, en
providencia del 29 de septiembre de 2015 (fls. 414-450 c. 28).

Luego de hacer un recuento del trámite que se le imprimió al proceso de extinción
del derecho de dominio concluyó que la Fiscalía 26 de la Unidad Nacional para la
Extinción del Derecho de Dominio no había incurrido en error judicial y, por el
contrario, había adelantado el trámite conforme a lo establecido en la Ley 793 de
2002, al margen de que hubiera llegado finalmente a la conclusión de que el señor
Jesús Alfonso Castillo Ruiz había obrado de buena fe exenta de culpa.

Agregó que las pruebas recaudadas, tales como el informe de policía, el importante
incremento patrimonial, “la ausencia de prueba inicial sobre el origen de los dineros
usados para la creación de Crisalltex S.A. y el vínculo negocial del señor Jesús
Alfonso Castillo con la familia Sale” eran suficientes para dar inicio al proceso de
extinción del derecho de dominio.

Consideró que la sociedad demandante “incurrió en culpa en la celebración de las
negociaciones con el señor Giorgio Sale, entendida como mera falta de atención del
comerciante profesional, pues adquirió múltiples bienes de la firma Made in Italy
Ltda. y negoció la prima respecto de un local comercial a sabiendas de que el mismo
había sido incautado por la Fiscalía General de la Nación y que era administrado
por la DNE a través de la inmobiliaria Mevic Ltda, circunstancia que cuando menos

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lo llevaba a suponer que había alguna investigación respecto de los mismos de la
cual era prudente mantener distancia”.

En lo que tiene que ver con la falla del servicio de la DNE por la administración de
la sociedad demandante, precisó que si bien en el curso del proceso se estableció
el decrecimiento financiero de aquella durante la vigencia de la medida cautelar, no
era posible atribuir el mismo a la deficiente administración de la depositaria
provisional, porque confluyeron varias circunstancias tales como la desconfianza
generada por la medida cautelar en el sector financiero y los proveedores, las
dificultades de liquidez derivada de aquella y la crisis económica que enfrentó el
país por la época de la intervención, especialmente, en el sector textil, “que
constituye un hecho notorio exento de culpa”.

4. Recurso de apelación

Inconforme con lo decidido, la parte demandante interpuso recurso de apelación
contra la sentencia, oportunidad en la que solicitó que fuera revocada y, en su lugar,
se accediera a sus pretensiones (fls. 453-485 c. 38).

El impugnante aduce que el a quo no realizó un análisis integral del acervo
probatorio recaudado y que simplemente hizo una relación de pruebas que no
fueron valoradas, porque solo se ocupó de comparar lo que dispone la Ley 793 de
2002 con la resolución del 21 de noviembre de 2006, desconociendo que dicha
resolución “se basó en pruebas ilegales”.

Que la resolución del 21 de noviembre de 2006 era violatoria del debido proceso,
porque no consignó cuáles eran los recursos que procedían contra ella.

Que la Fiscalía General de la Nación carecía de competencia para adelantar el
trámite, porque desde el acto legislativo 03 de 2000 esta entidad solo tenía la
función de adelantar el ejercicio de la acción penal para perseguir el delito y acusar
a los presuntos responsables de los “hechos punibles” ante los jueces de la
República. Además, el proceso de extinción del derecho de dominio se tramitó con
apego a lo dispuesto en la Ley 600 de 2000, a pesar de ser una acción de naturaleza
patrimonial, jurisdiccional y real.

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Actor: Crisalltex S.A. y otro
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Que las pruebas eran ilegales, porque: i) la carta rogatoria n.° 44, no fue anexada
al proceso 5812, ii) a pesar de haber trasladado la inspección judicial practicada en
el proceso 2609, se realizó una nueva inspección judicial en la que se encontraron
los mismos documentos en los que se podía constatar que no existió ningún ingreso
de origen desconocido, iii) no hay constancia de que las interceptaciones
telefónicas hubieran sido legales, iv) la prueba pericial practicada “entendida como
análisis contable” es ilegal, porque no se le corrió traslado a los sujetos procesales
para que solicitaran aclaración, ampliación o adición.

Insistió en que se configuró el defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia por la dilación del proceso al haberlo tenido suspendido, por no haber podido
notificar al señor Giorgio Sale y sus hijos, desde el 21 de noviembre de 2006 hasta
el 20 de septiembre de 2007, fecha en la que se ordenó la ruptura de la unidad
procesal.

Manifestó que no tenía fundamento lo afirmado por el a quo en cuanto a que la
sociedad demandante había incurrido en culpa al hacer realizado negociaciones
con el señor Giorgio Sale, a sabiendas de que el local comercial de Unicentro estaba
vinculado a un proceso de extinción de derecho de dominio, porque tal circunstancia
no le resultaba imputable a aquel sino a la DNE, “quien tenía como arrendatario a
una persona que estaba siendo investigada por narcotráfico”; sin embargo, el señor
Sale, para la época en la que celebró negociación con Crisalltex tenía negocios con
el Estado y no era sujeto de proceso alguno.

En lo que tiene que ver con la actuación de la DNE, insistió en que la depositaria
provisional ejerció un mal manejo de la empresa, porque no tenía el conocimiento
necesario para su administración; además, separó de sus cargos al personal más
idóneo de la empresa que “venía manejando el plan estratégico”, lo que produjo
improvisación, desgreño administrativo, problemas financieros, problemas de
representación legal, de falta de confianza y credibilidad para la realización de los
negocios.

También se desconoció que al tomarse la decisión de constituir la fiducia mercantil
con “19 de los mejores almacenes de la empresa, significó desde el punto de vista
práctico, jurídico y financiero la existencia de dos empresas en una sola,
desvertebrando la unidad de empresa como bien se explicó en la demanda”.

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5. Trámite de segunda instancia

Recibido el proceso en segunda instancia, mediante providencia del 3 de marzo de
2016, se admitió el recurso de apelación (fls. 491-492 c. 3); el 14 de abril de 2016,
se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio
Público para que presentara concepto, si lo consideraba pertinente (fl. 494 c. 38).

La parte demandante y la DNE reiteraron lo alegado a lo largo del proceso. La
Fiscalía General de la Nación y el Ministerio Público guardaron silencio.

CONSIDERACIONES

1. Los presupuestos procesales de la acción

Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre
la competencia de esta Corporación, la procedencia de la acción, la legitimación en
la causa y la caducidad.

1.1. Competencia de la Sala

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en
razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida por la subsección C de descongestión del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, el 29 de septiembre de 2015, habida cuenta de
que, según el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y lo considerado por la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre
de 20084, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que
se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los
Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en
segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso5.

4 A pesar de que para el momento en que se profirió la sentencia impugnada ya se encontraba

vigente la Ley 1437 de 2011 que modificó las reglas de competencia en este tipo de procesos, el
auto de unificación se debe aplicar en este caso, dado que el proceso inició en vigencia del CCA.
5Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 9 de

septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Además de lo anterior, dado que también se encuentra demandada la DNE por falla
del servicio, resulta pertinente advertir que esta Corporación igualmente es
competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante, toda vez que la cuantía de la demanda fijada por la pretensión mayor 6,
supera la exigida por la norma para tal efecto7.

1.2. Legitimación en la causa

Al presente asunto acudió como demandante la empresa Crisalltex S.A. con el fin
de que le fueran resarcidos los perjuicios materiales que dice haber sufrido con
ocasión de la medida cautelar que le fue impuesta por la Fiscalía General de la
Nación e implementada por la DNE.

Para la Sala esta demandante se encuentra legitimada en la causa, dado que, de
conformidad con el artículo 98 del Código de Comercio, cuando una sociedad se
constituye, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente
considerados. Es decir que los atributos inherentes a la personalidad jurídica,
entendida como la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, se
obtienen desde el momento mismo del otorgamiento de la escritura pública de
constitución, para los tipos societarios previstos en el Código de Comercio.

La limitación del riesgo del accionista o de los accionistas al monto del capital
aportado es una consecuencia económica del atributo de la personalidad jurídica,
que la ley generalmente le atribuye a las sociedades8. Dicha limitación responde a
la denominada garantía de separación patrimonial, esto es, al hecho de que el
patrimonio de la sociedad es distinto al patrimonio de cada socio, lo cual, sin lugar
a dudas, constituye un reconocimiento de la autonomía moral de las personas
jurídicas.

6 Según el numeral 2 del artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, antes de la modificación

efectuada por la Ley 1395 de 2010, la cuantía se determinaba así: “Por el valor de la pretensión
mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones”.
7 De conformidad con el artículo 40 de la Ley 446 de 1998, los Tribunales Administrativos conocían

en primera instancia de las acciones de reparación directa cuando la cuantía excediera la suma
equivalente a 500 SMLMV a la fecha de la presentación de la demanda -4 de junio de 2010-. En el
libelo introductorio la parte actora pidió por uno de los conceptos de perjuicios materiales
$5.464´739.000, suma que supera el monto exigido para el efecto.
8 En materia de derecho societario, la limitación del riesgo del socio o de los socios al monto del

capital aportado es la regla general. Esto indica que existen excepciones como las previstas en los
artículos 294 y 323 del Código de Comercio, según las cuales, en su orden, (i) todos los socios de
la sociedad colectiva responderán solidaria e ilimitadamente por las operaciones sociales y (ii) los
socios gestores o colectivos de la sociedad en comandita comprometen solidaria e ilimitadamente
su responsabilidad.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

En los anteriores términos, el hecho de tener personalidad jurídica permite que una
sociedad solicite la reparación de los daños patrimoniales que se le causen. Y
teniendo en cuenta que el patrimonio (comercial) de la empresa se entiende
separado del patrimonio (civil) del socio o de los socios, es claro que a estos últimos
no les asistiría interés en pedir para sí la indemnización por los perjuicios materiales
que sufrió la sociedad.

Se encuentra probada la constitución de la empresa demandante con la escritura
pública 1108 de 12 de marzo de 2003, suscrita en la notaría cuarta del círculo de
Pereira, en la que se destaca que la sociedad Crisalltex E.U. se convirtió en
Crisalltex S.A. –Sociedad anónima Cerrada-9 (fls. 94-101 c. 3).

De acuerdo con lo anterior se debe concluir que la empresa Crisalltex S.A. se
encuentra legitimada en la causa por activa para acudir al plenario a solicitar la
indemnización de los perjuicios materiales que considera le fueron causados con la
imposición e implementación de una medida cautelar.

También se presentaron al proceso como demandantes los señores Jesús Alfonso
Castillo Ruiz (vinculado al proceso), Isabel Cristina Gallón Giraldo (cónyuge 10 del
investigado), Ricardo Alfonso Castillo Gallón, Juan Alejandro Castillo Gallón y
Ángela María Castillo Gallón (hijos11 del vinculado), Policarpa (Pola) Ruiz de Castillo
y Martha Azucena Castillo Ruiz (madre12 y hermana del señor Jesús Alfonso Castillo
Ruiz13), quienes solicitan le sean reconocidos los perjuicios morales y a la vida de
relación, que les fueron causados con la vinculación del señor Jesús Alfonso Castillo
Ruz al proceso de extinción del derecho de dominio y por la medida cautelar
impuesta sobre la sociedad Crisalltex S.A.

9 En dicho documento se lee: “Teniendo en cuenta que el 7 de marzo de 2003 se realizó la cesión

de cuotas de la empresa unipersonal Crisalltex E.U en documento privado, y que en virtud de ello la
empresa quedó con cinco propietarios a saber: Jesús Alfonso Castillo Ruiz, de estado civil casado
con sociedad conyugal disuelta y liquidada, Ricardo Alfonso Castillo Gallón, Angélica María Castillo
Gallón, mayores de edad representados por Jesús Alfonso Castillo Ruiz y/o Isabel Cristina Gallón
Giraldo conforme a los poderes que se anexan y Juan Alejandro Castillo Gallón menor de edad del
que se anexa registro civil de nacimiento, representado por Isabel Cristina Gallón Giraldo y/o Jesús
Alfonso Castillo Ruiz”.
10 A folio 2 del cuaderno 3 obra registro civil de matrimonio de los señores Jesús Alfonso Castillo

Ruiz y Isabel Cristina Gallón Giraldo.
11 A folios 6-8 C. 3 obran los registros civiles de nacimiento de los señores Ricardo Alfonso Castillo

Gallón, Juan Alejandro Castillo Gallón y Ángela María Castillo Gallón en los que consta que estas
personas son hijos de Isabel Cristina Gallón Giraldo y Jesús Alfonso Castillo Ruiz.
12 A folio 3 c. 3 reposa el registro civil de nacimiento del señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz en el que

consta que la demandante es su mamá.
13 A folio 9 c. 3 se encuentra el registro civil de nacimiento de esta señora, en el que consta que es

hermana del señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Se debe dejar claro que los demandantes que constituyen la sociedad Crisalltex
S.A., no se encuentran legitimados para solicitar la indemnización de los perjuicios
que afirman le fueron causados a ésta, porque carecen de legitimación para
solicitarlos, en tanto que el daño y los perjuicios no tienen el carácter personal
respecto de los socios, tal como quedó explicado en líneas anteriores.

Sin embargo, todas las personas naturales y que actúan como demandantes en el
presente asunto, si se encuentran legitimados para solicitar el reconocimiento de
los perjuicios morales y a la vida de relación, con ocasión de la vinculación del señor
Jesús Alfonso Castillo Ruiz al proceso de extinción del derecho de dominio.

La Nación-Fiscalía General de la Nación y La DNE se encuentran legitimadas en la
causa por pasiva, por haber tramitado el proceso de extinción del derecho de
dominio y haber recibido la empresa para su administración mientras duró la
imposición de la medida cautelar, respectivamente.

1.3. La demanda en tiempo

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de
reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del
día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación
administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad
ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

La parte demandante solicita que se declare la responsabilidad de la Fiscalía
General de la Nación por el error judicial y el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia en el que incurrió durante el trámite del proceso de
extinción del derecho de dominio.

En relación con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, la
demanda advierte que la Fiscalía 26 de la unidad para la Extinción del Derecho de
Dominio y contra el lavado de activos incurrió en mora dado que se “excedió en el
término investigativo” porque las diligencias deben adelantarse en el menor tiempo
posible, e hizo especial énfasis en el tiempo transcurrido entre el 21 de noviembre

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

de 2006 y la decisión de ordenar la ruptura de la unidad procesal el 10 de septiembre
de 2007.

En relación con el error judicial, se encuentra que el 31 de marzo de 2008, la Fiscalía
26 de la unidad para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el lavado de
activos profirió resolución, mediante la cual declaró la improcedencia de la acción
de extinción del derecho de dominio sobre los bienes que habían sido vinculados al
trámite entre los que se encontraba la sociedad Crisalltex S.A. (fls. 462-511 c. 16).
Dicha decisión fue confirmada por la Unidad Nacional de Fiscalías Delegada ante
el Tribunal del Distrito-Extinción de dominio y lavado de activos, el 13 de junio de
2008 (fls. 512-528 c. 16).

Considera la Sala que en relación con ambas imputaciones debe contarse el término
para interponer la demanda desde la terminación del proceso, porque es ese el que
determina si, en verdad, el trámite se dilató injustificadamente y si, además, la
decisión que puso fin al proceso reveló la existencia de un error judicial.

Así las cosas, la demanda debió ser radicada entre el 14 de junio de 2008 y el 14
de junio de 2010, pero, dicho término fue suspendido el 3 de marzo de 2010, con la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial. El 3 de mayo siguiente, se
expidió la constancia de que no se llegó a acuerdo conciliatorio (fls. 255-259 c. 1) y
la demanda fue presentada el 4 de junio de 2010, razón por la cual se debe concluir
que fue oportuna (fl. 259 C. 1)14.

Igualmente, solicita que se declare la falla del servicio en que incurrió la DNE
durante el término en que estuvo a cargo de la administración de la sociedad
demandante.

La DNE, en cumplimiento de la orden dada por la Fiscalía 26 de la Unidad para la
Extinción del Derecho de Dominio y confirmada por el Tribunal del Distrito, expidió
la resolución 1017 de 25 de julio de 2008, en la que ordenó la entrega de la sociedad
Crisalltex S.A. y sus establecimientos de comercio (fls. 782-785 c. 6). Dicha orden
fue cumplida por la depositaria provisional el 4 de agosto de 2008.

14 Resulta oportuno advertir que, para el 3 de marzo de 2010, fecha en la que se radicó la solicitud

de conciliación extrajudicial, quedaban 104 días, inclusive, para que se cumpliera el término de
caducidad y una vez fue expida la certificación de la Procuraduría, en la que constaba que no hubo
acuerdo conciliatorio, la demanda fue presentada 32 días después, el 4 de junio de 2010 y el término
de caducidad se había extendido hasta el 15 de agosto de ese año.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

El término de caducidad, en relación con esta imputación corrió desde el 5 de agosto
de 2008, fecha en la cual se hizo la entrega material de la empresa Crisalltex S.A.
y los demandantes conocieron la situación en la que fue retornada a sus socios,
hasta el 5 de agosto de 2010 y dado que la demanda fue presentada el 4 de junio
de 2010, fue oportuna.

2. Objeto del recurso

El impugnante aduce que no comparte la decisión a la que llegó el tribunal porque
el a quo no estudió el material probatorio arrimado al plenario, ni se pronunció sobre
los temas de error judicial e indebido funcionamiento de la administración de justicia
planteados desde la demanda. Además, considera que no incurrió en culpa al haber
realizado negocios con el señor Giorgio Sale.

En esta oportunidad se fijará el siguiente derrotero con el fin de resolver el recurso
interpuesto:

En lo que tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación, se estudiarán los
siguientes temas:

Por el error judicial: i) la Fiscalía General de la Nación carecía de competencia para
iniciar el trámite de extinción del derecho de dominio, ii) el proceso fue iniciado sin
fundamento y no se enunció en la resolución del 21 de noviembre de 2006 los
recursos que procedían contra la misma, iii) las pruebas que sirvieron para dar inicio
al proceso eran ilícitas, razón por la cual la demandada incumplió con su deber de
probar el aumento económico.

Por el indebido funcionamiento de la administración de justicia, verificar si hubo una
dilación injustificada del proceso desde el momento en que se profirió la resolución
del 21 de noviembre de 2006 y la decisión de ordenar la ruptura de la unidad
procesal.

También la Sala se pronunciará en relación a si el señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz
incurrió en culpa al haber realizado negocios con el señor Giorgio Sale.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Finalmente, en relación con la responsabilidad de la DNE, si la administración
ejercida por esta entidad fue constitutiva de falla del servicio.

3. La acción de extinción del derecho de dominio

En primer lugar, hay que destacar que el proceso de extinción del derecho de
dominio15 que se estudia en esta oportunidad se tramitó con la Ley 793 de 2002. El
artículo quinto16 de esta normativa le impone la obligación a la Fiscalía General de
la Nación de iniciar de oficio o a petición de cualquier persona dicha acción, cuando
concurra alguna de las causales previstas en el artículo segundo17 de la misma ley.

15 ARTÍCULO 4o. DE LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN. La acción de extinción de dominio de
que trata la presente ley es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial,
y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los
tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos. Esta acción es distinta e
independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la
que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe exentos
de culpa.
Procederá la extinción del derecho de dominio respecto de los bienes objeto de sucesión por causa
de muerte, cuando dichos bienes correspondan a cualquiera de los eventos previsto en el artículo 2o.
16 “La acción deberá ser iniciada de oficio por la Fiscalía General de la Nación o a solicitud de

cualquier persona, cuando se considere que existe la probabilidad de que concurra alguna de las
causales previstas en el artículo 2o de la presente ley. También se iniciará la acción de extinción de
dominio cuando los bienes o recursos de que se trate hubieren sido afectados dentro de un proceso
penal, y el origen de tales bienes, su utilización o destinación ilícita no hayan sido objeto de
investigación o habiéndolo sido no se hubiese tomado sobre ellos, por cualquier causa, una decisión
definitiva.
La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fuerza Pública, la
Dirección Nacional de Estupefacientes, cualquier institución pública, o cualquier persona natural o
jurídica, deberá informar a la Fiscalía General de la Nación, sobre la existencia de bienes que
puedan ser objeto de la acción de extinción de dominio. El incumplimiento de este deber por parte
de un servidor público constituirá falta disciplinaria. Los organismos internacionales, habilitados para
el efecto por un tratado o convenio de colaboración recíproca celebrado con el Gobierno de
Colombia, podrán dar noticia de ello, para el inicio de la acción de extinción de dominio”.
17 ARTÍCULO 2. Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere

cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique el
origen lícito del mismo.
2. El bien o los bienes de que se trate provengan directa o indirectamente de una actividad ilícita.
3. Los bienes de que se trate hayan sido utilizados como medio o instrumento para la comisión de
actividades ilícitas, sean destinadas a éstas, o correspondan al objeto del delito.
4. Los bienes o recursos de que se trate provengan de la enajenación o permuta de otros que tengan
su origen, directa o indirectamente, en actividades ilícitas, o que hayan sido destinados a actividades
ilícitas o sean producto, efecto, instrumento u objeto del ilícito.
5. Los bienes o recursos de que se trate hubieren sido afectados dentro de un proceso penal y que
el origen de tales bienes, su utilización o destinación ilícita no hayan sido objeto de investigación o
habiéndolo sido, no se hubiese tomado sobre ellos una decisión definitiva por cualquier causa.
6. Los derechos de que se trate recaigan sobre bienes de procedencia lícita, pero que hayan sido
utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes de ilícita procedencia.
Se exceptúan de lo dispuesto en el presente numeral, exclusivamente, los casos de títulos que se
negocian en centrales de depósito de valores, debidamente acreditadas ante la autoridad
competente, siempre y cuando los intermediarios que actúen en ellas, cumplan con las obligaciones
de informar operaciones sospechosas en materia de lavado de activos, de conformidad con las
normas vigentes.
7. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Cuando en cualquier circunstancia no se justifique el
origen ilícito del bien perseguido en el proceso.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

También le impone la obligación a la Procuraduría General de la Nación, a la
Contraloría General de la República, a la Fuerza Pública, a la Dirección Nacional
de Estupefacientes, a cualquier institución pública, o cualquier persona natural o
jurídica, de informar sobre la existencia de bienes que puedan ser objeto de la
acción de extinción de dominio; igualmente, habilita a los organismos
internacionales que tengan este conocimiento para que informen a la Fiscalía.

El proceso de extinción del derecho de dominio se desarrolla en tres etapas: i) una
fase inicial que se surte ante la Fiscalía, en la que se promueve una investigación
para identificar bienes sobre los que podría iniciarse la acción de extinción de
dominio y en la que puede haber lugar a medidas cautelares; ii) una segunda fase,
que se inicia con la decisión de la Fiscalía de perseguir bienes determinados y que
culmina con la decisión sobre la procedencia o improcedencia de la extinción de
dominio y la remisión de lo actuado al juez competente y iii) una última fase, que se
surte ante el juez de conocimiento, y en la que hay lugar a un traslado a los
intervinientes para que controviertan la decisión de la Fiscalía y a la emisión de la
sentencia declarando la extinción de dominio o absteniéndose de hacerlo.

De acuerdo con lo anterior, se deduce que la Fiscalía General de la Nación inicia la
actuación, vincula a las personas afectadas, practica pruebas, surte el traslado y
toma la decisión de declarar la procedencia o improcedencia de la extinción del
derecho de dominio; luego, la actuación es remitida a los jueces de conocimiento,
quienes después de otorgar el traslado, dictan sentencia.

2.1. Error judicial

2.1.1. El impugnante aduce que la Fiscalía carecía de competencia para tramitar el

PARÁGRAFO 1o. El afectado deberá probar a través de los medios idóneos, los fundamentos de su
oposición.
PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Las actividades ilícitas a las que
se refiere el presente artículo son:
1. El delito de enriquecimiento ilícito.
2. Las conductas cometidas, en perjuicio del Tesoro Público, y que correspondan a los delitos de
peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales,
emisión ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados a moneda; ejercicio ilícito de
actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico; hurto sobre efectos y enseres destinados a
seguridad y defensa nacionales; delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado;
utilización indebida de información privilegiada; utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.
3. Las que impliquen grave deterioro de la moral social. Para los fines de esta norma, se entiende
que son actividades que causan deterioro a la moral social, las que atenten contra la salud pública,
el orden económico y social, los recursos naturales y el medio ambiente, seguridad pública,
administración pública, el régimen constitucional y legal, el secuestro, secuestro extorsivo, extorsión
y proxenetismo.

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Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

proceso de extinción del derecho de dominio desde el acto legislativo 003 de 2002.

El anterior cargo lo sustentó en dos razones: i) de acuerdo con el acto legislativo
enunciado la Fiscalía no ejerce funciones jurisdiccionales, su única función consiste
en adelantar el ejercicio de la acción penal para perseguir el delito y acusar a los
presuntos responsables de “hechos punibles” ante los jueces de la República; ii) la
actuación de la Fiscalía fue abiertamente contradictoria, porque a pesar de que la
acción de extinción del derecho de dominio es de naturaleza patrimonial,
jurisdiccional y real, aplicó las formas del proceso penal, razón por la cual no se
puede concluir que se llevó a cabo una actuación administrativa.

La primera parte del cargo guarda relación con la constitucionalidad de la
competencia que le fue asignada a la Fiscalía General de la Nación para tramitar la
acción de extinción del derecho de dominio, que según la parte demandante
transgrede las competencias fijadas por el acto Legislativo 003 de 2002.

Resulta necesario advertir que la Corte Constitucional en la sentencia C-740 de
2003 definió el tema. Consideró que era al legislador a quien le correspondía
determinar la autoridad competente para desarrollar la acción de extinción del
derecho de dominio, y así lo hizo en el primer inciso del artículo 5 de la ley 793 de
2002 al disponer que la Fiscalía General de la Nación es la llamada desarrollar
dicho trámite, norma que no riñe con la Constitución. Así quedó explicado en la
providencia enunciada:

De acuerdo con esto, la atribución de competencia a la Fiscalía General de la
Nación para que conozca oficiosamente de la acción de extinción de dominio,
si bien no cuenta con una norma constitucional expresa, si se circunscribe en el
marco de las funciones que la Carta le atribuye, pues es evidente que tal acción
guarda relación con la política criminal del Estado. Como se sabe, la política
criminal no se agota en la política penal, pues comprende un espectro
estructural y funcional que desborda el marco del sistema penal ya que vincula
a todas las ramas del poder público y a la sociedad en que tal poder se ejerce.

En ese marco, si bien es cierto que no existe un precepto superior expreso que
le asigne a la Fiscalía General competencia para iniciar los procesos de
extinción de dominio, también lo es que de esa omisión no se puede derivar
inexequilidad alguna pues ello equivaldría a exigir que toda atribución de
competencia requeriría previsión constitucional expresa, con lo que se caería
en un reglamentarismo constitucional excesivo. Además, si la Fiscalía General
debe “Cumplir las demás funciones que establezca la ley”, el legislador bien
podía, como lo hizo, atribuirle competencia para adelantar oficiosamente la
acción de extinción de dominio, pues se trata de una tarea que está relacionada
con el ámbito funcional de esa entidad.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
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(…)

De acuerdo con lo expuesto, el lugar que ocupa la Fiscalía General de la Nación
en la estructura del poder público dispuesta por el constituyente y el ámbito
funcional que éste le ha asignado, suministra un piso de legitimidad para la
asignación de competencia en materia de extinción de dominio. Además, la
atribución de tal competencia a una entidad que hace parte del sistema penal,
no desconoce la naturaleza constitucional de la acción de extinción de dominio,
pues no puede perderse de vista que ésta, si bien no es una acción penal,
tampoco es una acción civil cuyo ejercicio haya de regularse por el principio
dispositivo. Por el contrario, se trata de una acción constitucional pública,
directamente consagrada por el constituyente, que, por vía del desarrollo legal
de las fuentes constitucionales que dan lugar a su ejercicio, toca con ámbitos
funcionales propios de la Fiscalía y, siendo así, esa asignación de competencia,
resulta compatible con tales fuentes.

En tal virtud, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo 5º de
la Ley 793 de 2002.

Ahora, en cuanto a que la acción de extinción del derecho de dominio fue tramitada
conforme a la Ley 600 de 2000, a pesar de ser una acción de naturaleza patrimonial,
jurisdiccional y real, se debe advertir que la Ley 793 de 2000 reguló el trámite que
se le debía imprimir a la misma y en su artículo 718 dispuso que los vacíos que se
encontraran en dicha norma debían ser suplidos con el Código de Procedimiento
Penal o el Código de Procedimiento Civil, en su orden.

Revisado el proceso se advierte que la Fiscal 26 cumplió con el trámite regulado
por la Ley 793 de 2000, dado que realizó una fase inicial en la que profirió la
resolución del 14 de noviembre de 2006 (fls. 10-11 c. 16), mediante la cual avocó
el conocimiento de las diligencias y decretó las pruebas que consideró necesarias
para determinar los bienes sobre los cuales se desarrollaría el trámite de la acción;
luego, en la resolución del 21 de noviembre de 2006 (fls. 353-393 c. 16) vinculó al
ahora demandante y decretó las medidas cautelares que consideró necesarias. El
8 y el 30 de enero de 2008 decretó las pruebas que consideró necesarias con el fin
de lograr el objeto del proceso (fls. 4-6, 83-84 c. 29).

Es decir, el trámite de la acción de extinción del derecho de dominio se encuentra
totalmente regulado por la Ley 793 de 2000 y fue atendido por la entidad
demandada, razón por la cual no hay lugar a concluir que en las decisiones que se

18 ARTÍCULO 7. La acción de extinción se sujetará exclusivamente a las disposiciones de la presente

ley y, sólo para llenar sus vacíos, se aplicarán las reglas del Código de Procedimiento Penal o del
Código de Procedimiento Civil, en su orden. En ningún caso podrá alegarse prejudicialidad para
impedir que se profiera sentencia, ni exigirse la acumulación de procesos. Una vez que el expediente
entre al despacho para fallo, tendrá prelación sobre los demás procesos que en el mismo se
adelanten, salvo sobre aquellos en los que fuere preciso resolver la situación jurídica de un detenido.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
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Referencia: Acción de Reparación Directa

tomaron en la misma se hubiera incurrido en error judicial por defecto sustantivo o
procedimental.

2.1.2. Considera el impugnante que el proceso fue iniciado sin fundamento.

El proceso de extinción del derecho de dominio que involucró los bienes del señor
Jesús Alfonso Castillo Ruiz tuvo su origen en la información remitida el 14 de
noviembre de 2006, por la Policía Nacional -Dirección Central de Policía Judicial-,
con ocasión de la colaboración brindada al gobierno italiano en una investigación
contra la familia Sale (proceso 2609 LA), porque sus miembros se encontraban
vinculados con el tráfico de estupefacientes. En dicha investigación se logró
determinar que estas personas habían constituido una serie de empresas que
presentaban un incremento patrimonial injustificado, entre ellas, Made in Italy
S.A.19.

En dicha investigación también se advirtió que la sociedad Crisalltex S.A., cuyos
socios eran los señores Jesús Alfonso Castillo Ruiz, Isabel Cristina Gallón Giraldo,
Ricardo Alfonso Castillo Gallón y Angelica María Castillo Gallón, el 29 de octubre
de 2004, había celebrado con Made in Italy Ltda, cuyo representante legal era el
señor Giorgio Sale, un contrato de permuta y con ocasión de dicha negociación, el
señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz sostuvo algunas comunicaciones telefónicas con
dicha persona y con otras cercanas a él, que también estaban siendo investigadas
en el proceso de lavado de activos.

En razón de dicha relación comercial, la Fiscalía ordenó a la Policía Judicial realizar
un estudio patrimonial20 con el fin de verificar quién explotaba la marca Gino
Pascalli y se verificó que esta era explotada por Crisalltex S.A., cuyo socio

19 La Fiscalía 26 de la Unidad Nacional para la extinción del derecho de dominio y contra el lavado

de activos, en la resolución del 14 de noviembre de 2006, mediante la cual avocó el conocimiento
de las diligencias y abrió la fase inicial, advirtió que “la Policía Nacional, Dirección Central de Policía
Judicial, por medio de oficio de fecha catorce de los corrientes mes y año, informa que de acuerdo a
la investigación adelantada en el Despacho 23 de la Unidad de Lavado de Activos, radicado 2609
LA, se han podido detectar una serie de bienes relacionados con los ciudadanos Giorgio, David y
Christian Sale, quienes además han constituido una serie de empresas las que presentan un
incremento patrimonial por justificar, encontrándose entre ellas Made in Italy S.A., L´enoteca vinería
italiana S.A., L´enoteca Atlántico S.A., por lo que se solicita se estudie la posibilidad de afectación
del derecho de dominio de los bienes citados y de otros que puedan surgir a través de la
investigación” (Fls. 333-334 c. 16).
20 Dichos informes fueron desarrollados por la policía judicial con fundamento en el artículo 319 de

la Ley 600 de 2000, que dispone: “quienes ejerzan funciones de policía judicial rendirán sus informes,
mediante certificación jurada. Estos se suscribirán con sus nombres, apellidos y el número del
documento que los identifique como policía judicial. Deberán precisar si quien lo suscribe participó o
no en los hechos materia del informe”.

22

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

mayoritario era el señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz y se determinó, además, que
el mismo, a lo largo de su actividad económica, presentaba incrementos
económicos por justificar21 .

Cabe advertir que el numeral primero del artículo 2º de la Ley 793 de 2000
establece que habrá lugar a declarar la extinción del derecho de dominio cuando
“exista incremento patrimonial injustificado, en cualquier tiempo, sin que se explique
el origen lícito del mismo”.

Dado que con las investigaciones desarrolladas se estableció que el señor Jesús
Alfonso Castillo Ruiz había tenido durante el año 2003 un incremento patrimonial
del 169.99%, sin justificar, existía mérito para iniciar el trámite de extinción del
derecho de dominio sobre sus bienes y vincularlo al proceso, con el fin de que
explicara el origen lícito de su patrimonio22.

Resulta pertinente advertir que al proceso de extinción del derecho de dominio
también fueron vinculados los señores Isabel Cristina Gallón Giraldo, Ricardo
Alfonso Castillo Gallón y Angélica María Castillo Gallón quienes tenían participación
accionaria en la empresa Crisalltex S.A.

El impugnante también refiere que el proceso de extinción del derecho de dominio
se encuentra viciado de nulidad porque la resolución del 21 de noviembre de 2006,
que dispuso sobre las medidas cautelares, no informó cuáles eran los recursos que
procedían contra dicha decisión y, además, éstas eran confusas y extralimitadas.

21 En la resolución del 14 de noviembre, sobre el tema se dejó consignado lo siguiente: “Ahora si
tomamos el patrimonio líquido que como persona natural le resta al señor Alfonso Castillo Ruíz,
después de haber constituido su empresa unipersonal, tenemos que como persona natural le queda
un patrimonio líquido de $1.294´313.000, que el mismo a 31 de diciembre de 2003 se aumenta a
$3.494´594.000 equivalente a $2.200.281.000, o sea el 169.99%, un crecimiento como persona
natural significativo. Toda vez que como persona natural en el 2003 presentó una renta líquida de
$485´328.000.
De otra parte, en las observaciones finales indica el analista que es importante mencionar que el
estudio realizado al señor Alfonso Castillo Ruiz sobre la base de las declaraciones de renta,
presentadas en forma ininterrumpida, arroja resultados negativos, teniendo que presentar diferencia
e ingresos desconocidos o por justificar.
Infiriéndose de lo anterior que a lo largo de su actividad económica el señor Castillo Ruiz presenta
incrementos por justificar siendo uno de los más significativos el correspondiente al año 2003 que
asciende a la suma de $3.009.266.000 millones de pesos”.
22 Ley 793 de 2002. ARTÍCULO 8o. DEL DEBIDO PROCESO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE>

En el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantizará el debido proceso que
le es propio, permitiendo al afectado presentar pruebas e intervenir en su práctica, oponerse a las
pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes, y ejercer el derecho de
contradicción que la Constitución Política consagra.

23

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

En relación con las medidas cautelares, que la apelante considera confusas y
extralimitadas, se advierte que, en la resolución del 21 de noviembre de 2006, se
ordenó el embargo y secuestro y consecuente suspensión del poder dispositivo
sobre los activos y participación accionaria de Crisalltex S.A., de 46 almacenes
Gino Pascalli, ubicados a lo largo del territorio nacional y de 14 cuentas de los
bancos Bogotá, Bancolombia, GNB Sudameris, de Crédito, Colpatria y Davivienda.

El 28 de noviembre de 2006, el representante legal de Crisalltex S.A. presentó
escrito ante la Fiscalía con el fin de poner de presente los inconvenientes que le
causaron la imposición de las medidas cautelares de embargo y secuestro sobre
las cuentas bancarias (fls. 119-123 c. 36). Con ocasión de dicha comunicación, la
Fiscalía 26 expidió la resolución del 30 de noviembre siguiente en la que le informó
a esta persona que las medidas de embargo y secuestro solo pesaban sobre los
saldos que había en la cuenta al momento en que se tomó la determinación y no
sobre los demás dineros que ingresaran en adelante (fl. 124 c. 36).

El 9 de abril de 2007, el señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz, mediante petición,
solicitó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas (fls 42-50 c. 22). El
13 de abril siguiente, la Fiscalía 26 le informó al peticionario que ese no era el
mecanismo idóneo para la obtención de un pronunciamiento de fondo sobre el
levantamiento de las medidas cautelares; que, en su calidad de sujeto procesal
reconocido en el trámite, a través del profesional del derecho que lo representaba,
podía “ejercer los recursos que le otorga la ley, si a bien lo tienen, para impugnar la
resolución que ordenó la afectación de los bienes dentro del mismo” (fl. 58 c. 22).

El 2 de mayo de 2007, la administradora provisional nombrada por la DNE solicitó
que se aclarara la medida cautelar impuesta, dado que las empresas en las que la
sociedad había concurrido como proponente en procesos de licitación le exigían la
demostración del origen lícito de sus recursos (fl. 60-62 c. 22). El 4 de mayo
siguiente, la Fiscalía 26 le informó que dado que en ese momento se encontraba
una investigación abierta para determinar el origen de los recursos de Crisalltex
S.A., no era posible hacer afirmación alguna sobre el tema y que la aplicación de
las medidas cautelares no impedía que la empresa continuara con las operaciones
comerciales23 (fls. 69-70 c. 22).

23 Específicamente dijo: “no implica que la empresa deje de cumplir con su objeto social, siendo dable

entonces que pueda efectuar contratos, realizar operaciones comerciales, así como todas las
operaciones tendientes a que continúe en productividad, máxime cuando a la fecha se encuentra

24

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Resulta relevante advertir que el artículo 13 de la Ley 793 de 2000 dispone que
contra la decisión en la que el fiscal decreta y practica las medidas cautelares
procederán los recursos de ley, es decir, reposición y apelación; sin embargo, ni en
la referida norma, ni en el código de procedimiento penal vigente para la fecha,
norma que resulta supletoria de conformidad con el artículo 724 de dicha ley, se
dispone la obligación de informar a la parte los recursos que proceden contra las
decisiones, dado que quien ostenta la representación de los particulares son los
profesionales del derecho que deben tener conocimiento de la norma que regula la
actuación.

Por su parte el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 dispone que en los casos de error
judicial hay lugar a declarar la culpa exclusiva de la víctima si no se interpusieron
los recursos de ley contra la decisión que se considera viciada de error.

Además de las solicitudes referidas con antelación, presentadas en torno a las
medidas cautelares impuestas en la resolución del 21 de noviembre de 2006, no se
advierte que se hubiera interpuesto recurso alguno en contra de la misma con el fin
de lograr su modificación o revocatoria, al considerar que estas eran confusas y
extralimitadas, razón por la cual no hay lugar a entrar a estudiar el fondo de la
solicitud, dado que la parte demandante no cumplió con la carga que le impone el
artículo 67 de la Ley 270 de 1996.

2.1.3. Afirma también la parte demandante que las pruebas que fundamentaron el
inicio del proceso eran ilegales. Además, la demandada incumplió con su deber de
probar el aumento económico.

Es importante resaltar que la Corte Suprema de Justicia ha definido que la prueba
“ilegal o irregular que extiende sus alcances hacia los “actos de investigación” y
“actos probatorios” propiamente dichos, es aquella que se ha obtenido o practicado
al margen del procedimiento fijado en la ley” y que “la exclusión de un medio de

administrada por un órgano estatal como es la Dirección Nacional de Estupefacientes entidad que
conforme a la Ley 785 de 2002 debe velar porque los bienes continúen productivos y generadores
de empleo como en el presente caso”.
24 ARTÍCULO 7. La acción de extinción se sujetará exclusivamente a las disposiciones de la presente

ley y, sólo para llenar sus vacíos, se aplicarán las reglas del Código de Procedimiento Penal o del
Código de Procedimiento Civil, en su orden. En ningún caso podrá alegarse prejudicialidad para
impedir que se profiera sentencia, ni exigirse la acumulación de procesos. Una vez que el expediente
entre al despacho para fallo, tendrá prelación sobre los demás procesos que en el mismo se
adelanten, salvo sobre aquellos en los que fuere preciso resolver la situación jurídica de un detenido.

25

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

conocimiento afectado de ilegalidad exige determinar si el requisito legal
pretermitido es en verdad esencial, así como establecer su trascendencia sobre el
debido proceso, pues la omisión de cualquier formalidad, per se, no conduce a
expulsar la prueba de la actuación”25.

2.1.3.1. Aduce el impugnante que las pruebas que sirvieron de base para la
expedición de la resolución del 21 de noviembre de 2006 eran ilegales,
específicamente, alude a los informes 5567 y 5568, a la carta rogatoria 44, a las
interceptaciones telefónicas, a la inspección judicial realizada a la empresa
Crisalltex S.A. y a la casa de habitación del señor Castillo Ruiz.

En este punto se reitera que la noticia que dio origen al inicio del proceso de
extinción del derecho de dominio de los bienes del señor Jesús Alfonso Castillo
Ruiz fue el oficio remitido por la Dirección Central de Policía Judicial, en el que
ponían de presente que en una investigación sobre lavado de activos se habían
detectado una serie de bienes adquiridos con dineros provenientes del tráfico de
estupefacientes.

Con base en dicha información se inició el proceso con el radicado 4354, en el que
mediante resolución del 14 de noviembre de 2006 se avocó el conocimiento de las
diligencias; se dio apertura a la fase inicial del trámite; se impartió una misión de
trabajo al grupo de policía judicial DIJIN-SIU, para que se estableciera a nivel
nacional la existencia de bienes, sociedades, establecimientos de comercio,
cuentas bancarias y demás productos financieros de los integrantes de la familia
Sale, y se decretó una inspección judicial al proceso 2609 L.A. con el fin de trasladar
las piezas procesales relacionadas con la conducta delictiva de dichos señores, “así
como aquellas demostrativas de los vínculos de éstos con terceras personas y los
bienes que allí se encuentren relacionados”26 (fls. 10 y 11 c. 36).

El artículo 9A de la Ley 793 de 2000 dispone que son medios de prueba la
inspección, la peritación, el documento, el testimonio y la confesión, también faculta
al fiscal para practicar otros medios de prueba no contenidos en esta ley, de
acuerdo con las disposiciones que lo regulen, respetando siempre los derechos

25 Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencias del 21 de junio de 2021, proceso 58601, 29

de julio de 2007, proceso 42307.
26 En el acta de inspección judicial se dejó constancia de que se encontró de interés los informes

5567 y 5568 de 31 de julio de 2006 y 6553 de 18 de noviembre siguiente, todos emanados del grupo
de Policía Judicial DIJIN.

26

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

fundamentales.

En la misma línea, el artículo 12-A dispone que durante la fase inicial del proceso,
y con el exclusivo propósito de identificar bienes y recaudar materiales probatorios
que fundamenten la causal a invocar, el fiscal podrá utilizar las siguientes técnicas
de investigación: registros y allanamientos, interpretaciones de comunicaciones
telefónicas y similares, recuperación de información dejada al navegar por Internet
u otros medios tecnológicos que produzcan efectos equivalentes y la vigilancia de
cosas, y le exige que cuando se decrete la práctica de las anteriores técnicas de
investigación se deberá proferir decisión de sustanciación que contenga las
razones o motivos fundados para su práctica.

El impugnante, específicamente, considera ilegales la carta rogatoria n.° 44, los
informes 5567 y 5568, las interceptaciones telefónicas y las inspecciones judiciales.

A juicio de la Sala, ni la carta rogatoria n.° 44, ni las interceptaciones telefónicas
fueron trasladadas como pruebas al proceso 4354. La primera prueba enunciada
constituyó el origen del proceso por lavado de activos 2609 iniciado a los
integrantes de la familia Sale, pero no se tuvo como prueba en el proceso de
extinción del derecho de dominio que ocupa la atención de la Sala. Apartes de las
interceptaciones telefónicas fueron referidas en los informes 5567 y 5568, en ellas
se hace referencia al señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz y al negocio de permuta
que realizó con el señor Giorgio Sale, circunstancia que es aceptada por el referido
demandante.

Tal como lo informa el impugnante, esas interceptaciones no se encuentran en el
proceso, porque no fueron decretadas como pruebas, razón por la cual no se puede
llegar a la conclusión de que son ilegales por no cumplir con los procedimientos
fijados en la ley.

Ahora, en relación con la prueba que el impugnante denomina prueba pericial, cabe
señalar que se refiere realmente a los informes 5567 y 5568 que fueron rendidos
en el proceso 2609 y legalmente trasladados al proceso 4354. Tal como se refirió
en líneas anteriores, se decretó una inspección judicial al primer proceso enunciado
y, por considerar de interés dichos informes, estos fueron trasladados.

27

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

En relación con el tema, se debe resaltar que el capítulo II de la Ley 600 de 2000
desarrolla lo correspondiente a las funciones de la policía judicial. El artículo 316 27
de dicha norma dispone que este organismo durante la etapa de investigación
actuará por orden del fiscal con el fin de practicar pruebas técnicas o diligencias
tendientes al esclarecimiento de los hechos.

Tal como se observa, en los informes 5567 y 5568 se dejó constancia de que fueron
elaborados con sustento en el artículo 319 del CPP28, por la Dirección Central de
Policía Judicial de la Policía Nacional; se identificaron las personas que lo
realizaron, quienes manifestaron ser funcionarios de Policía Judicial – Dijin. En el
mismo no se hace referencia al artículo 249 del CPP que se encarga de definir la
pericia29.

Además, en dichos informes se hizo una comparación de los estados financieros
del señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz durante un periodo de tiempo, pero en ningún
momento se expuso una opinión técnico-científica sobre un tema especial.

Como los informes 5567 y 5568 no eran pruebas periciales no había lugar a correr
el traslado de que trata el artículo 254 del CPP y que ahora reclama el impugnante.
El código de procedimiento penal de esa época no imponía el traslado para esta
clase de informes.

En esos términos, los informes referidos gozaban de validez, porque se
incorporaron al proceso cumpliendo los requerimientos legales, es decir, fueron
decretados mediante auto en el que se expuso en forma clara cuál era el objeto de

27 ARTÍCULO 316. ACTUACIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN Y EL JUZGAMIENTO. Iniciada
la investigación la policía judicial sólo actuará por orden del fiscal, quien podrá comisionar a cualquier
servidor público que ejerza funciones de policía judicial para la práctica de pruebas técnicas o
diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, lo cual podrá ser ordenado y comunicado
por cualquier medio idóneo, dejando constancia de ello. La facultad de dictar providencias
interlocutorias es indelegable.
Los miembros de policía judicial pueden extender su actuación a la práctica de otras pruebas
técnicas o diligencias que surjan del cumplimiento de la comisión, excepto capturas, allanamientos,
interceptación de comunicaciones, las que atenten contra el derecho a la intimidad o cualquier
actividad que represente la vinculación de los implicados a la actuación procesal.
Por comisión del juez respectivo, en la etapa del juzgamiento cumplirán las funciones en la forma
indicada en los incisos anteriores.
28 ARTÍCULO 319. INFORMES DE POLICÍA JUDICIAL. Quienes ejerzan funciones de policía

judicial rendirán sus informes, mediante certificación jurada. Estos se suscribirán con sus nombres,
apellidos y el número del documento que los identifique como policía judicial. Deberán precisar si
quien lo suscribe participó o no en los hechos materia del informe.
29 ARTICULO 249. PROCEDENCIA. Cuando se requiera la práctica de pruebas técnico-científicas

o artísticas, el funcionario judicial decretará la prueba pericial, y designará peritos oficiales, quienes
no necesitarán nuevo juramento ni posesión para ejercer su actividad.

28

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

la prueba -14-11-06-; las respectivas copias en inspección judicial se tomaron -17-
11-0630-, y se incorporaron al proceso en forma legal.

El hecho de que en el proceso 581231 se realizara una nueva inspección a la
contabilidad de la empresa Crisalltex SA., a pesar de que esta ya se había llevado
a cabo en el proceso 4354, no viciaba de ilegalidad dicha prueba, dado que las
autoridades judiciales se encuentran facultadas para decretar las pruebas que
consideren necesarias con el fin de resolver las controversias jurídicas. En este
caso se debía determinar el origen del incremento patrimonial del señor Jesús
Alfonso Castillo Ruiz32. Además, en el proceso 4354 la prueba se llevó a cabo en
la fase inicial, en la que se determinan los bienes sobre los que se podría iniciar la
acción y en el proceso 5812, la prueba se decretó en la segunda fase,
específicamente, para determinar la procedencia de la extinción del derecho de
dominio.

La inspección es uno de los medios de prueba previstos por la norma especial que
regula la extinción del derecho de dominio; además, el fiscal cumplió con los
requisitos que exige la norma para decretarla, es decir, la fijó mediante resolución
y en dicha decisión señaló el objeto de la prueba y la necesidad de la misma.

Dado que fue decretada y desarrollada en cumplimiento de las normas que la
regulan, dicha prueba no es ilegal. Además, no puede olvidarse que para ese
momento el señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz se encontraba vinculado al proceso
y estaba debidamente representado y, si tenía objeciones sobre la práctica de
pruebas, debió ejercer los medios de impugnación con los que contaba; revisado el
expediente se verifica que la resolución cobró ejecutoria sin intervención del ahora
demandante.

También se tilda de ilegal la diligencia de inspección judicial decretada en el
proceso 2609, porque el señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz nunca fue parte en el

30 Fol. 13 c. 16
31 Es importante aclarar que el proceso de extinción del derecho de dominio sobre los bienes del

señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz inició con el radicado 4358; sin embargo, en dicho trámite también
se encontraban vinculados los miembros de la familia Sale, debido a la dificultad para notificar estas
personas, el 20 de septiembre de 2007 se ordenó la ruptura de la unidad procesal y se le dio un
nuevo número de radicación al proceso del señor Castillo Ruiz, el 5812.
32 En el proceso 5812, el 8 de enero de 2008, luego de haber declarado surtida la etapa de

notificaciones, se decretaron pruebas, entre las que se ordenó practicar inspección judicial a los
procesos radicados con los números 4354 y 2609 LA, con el fin de recopilar pruebas que fueran de
interés a dicho trámite (fls. 4A-6 c. 29).

29

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

mismo.

En este punto se debe dejar claro que el proceso de extinción del derecho de
dominio iniciado contra los bienes del señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz fue
radicado inicialmente con el número 4358; sin embargo, en ese mismo trámite se
encontraban vinculados los miembros de la familia Sale y debido a la dificultad para
notificarlos, la Fiscalía profirió la resolución del 20 de septiembre de 2007, en la que
ordenó la ruptura de la unidad procesal y se le asignó al trámite del señor Castillo
Ruiz el número 5812.

El proceso 2609 corresponde a una investigación por lavado de activos iniciada
contra los señores Sale. Tal como lo afirma el impugnante en este radicado se
decretó una inspección judicial con el fin de que se verificara en la contabilidad de
Crisalltex S.A. posibles ingresos injustificados de dinero, lo anterior porque de las
pruebas recaudadas en ese radicado se había encontrado que estas personas
habían constituido una serie de empresas que presentaban un incremento
patrimonial injustificado y que entre dichas empresas se encontraba Made in Italy
S.A.

En dicha investigación, también se encontró que la sociedad Crisalltex S.A., el 29
de octubre de 2004, realizó con Made in Italy Ltda, cuyo representante legal era el
señor Giorgio Sale, un contrato de permuta y con ocasión de dicha negociación el
señor Alfonso Castillo Ruiz sostuvo algunas comunicaciones telefónicas con dicha
persona y con algunas personas cercanas a ellos, que también estaban siendo
investigadas.

Por lo anterior en esa radicación se ordenó llevar a cabo inspección judicial a la
contabilidad de Crisalltex S.A., si bien el señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz no se
encontraba vinculado a esa investigación, dicha circunstancia no vicia de ilegalidad
la diligencia, dado que ese medio de prueba está permitido por el Código de
Procedimiento Penal33 y no dispone como requisito la vinculación de la persona
jurídica a la cual se le realiza la inspección a la investigación, en tanto que dicha

33 Artículo 435. El juez, excepcionalmente, podrá ordenar la realización de una inspección judicial
fuera del recinto de audiencia cuando, previa solicitud de la Fiscalía o la defensa, estime necesaria
su práctica dada la imposibilidad de exhibir y autenticar en la audiencia, los elementos materiales
probatorios y evidencia física, o cualquier otra evidencia demostrativa de la manera como ocurrieron
los hechos objeto de juzgamiento.
En ningún caso el juez podrá utilizar su conocimiento privado para la adopción de la sentencia a que
hubiere lugar.

30

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

prueba le otorga la oportunidad a la autoridad judicial de apreciar directamente
personas, cosas, circunstancias y demás elementos vinculados o asociados al
hecho ilícito.

2.1.3.2. Ahora, en relación con la afirmación de que la Fiscalía incumplió con su
deber de probar el aumento injustificado del patrimonio del señor Jesús Alfonso
Castillo Ruiz, se debe advertir que desde el momento en que le fue asignado el
proceso con radicación 4354, la fiscal 26, con el fin de que estudiara la posibilidad
de iniciar la acción de extinción del derecho de dominio sobre los bienes de
propiedad de la familia Sale, profirió, el 14 de noviembre de 2006, la resolución
mediante la cual decretó pruebas34 (fls. 333 y 334 c. 16).

Una vez le fue entregada la misión de trabajo, mediante resolución del 17 de
noviembre de 2006, la fiscal ordenó oficiar a la oficina de la Cámara de Comercio,
con el fin de obtener los certificados de existencia y representación, así como las
matrículas mercantiles de los establecimientos de comercio reportados (fls. 345-
348 c. 16).

Con las pruebas compiladas en la fase inicial, la fiscal 26 encontró mérito para
iniciar el trámite de extinción del derecho de dominio sobre los bienes de la familia
Sale y sobre los bienes del señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz, entre los que se
encontraba su participación en la empresa Crisalltex S.A. -21 de noviembre de
2006-.

Ahora, luego de que fuera decretada la ruptura de la unidad procesal -20 de
septiembre de 2007-, se le asignó el número de proceso 5812 a las diligencias
correspondientes a los bienes del señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz -23 de octubre
de 2007-. El 24 de octubre siguiente, la Fiscalía 26 avocó el conocimiento de dichas
diligencias.

El 8 de enero de 2008 se decretaron las pruebas solicitadas por las partes y,
oficiosamente, se dispuso escuchar en declaración a los señores Alfonso Castillo
Ruiz, Isabel Cristina Gallón y Giorgio Sale; además, ordenó practicar la inspección
judicial de los procesos 4354 y 2609 (fls. 4A-6 c. 29).

34 Impartió misión de trabajo a la Dijin con el fin de establecer a nivel nacional los bienes de la familia

Sale y ordenó la práctica de inspección judicial del proceso 2609.

31

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

El 30 de enero de 2008, se decretaron pruebas con el fin de establecer: i) si en la
contabilidad de Crisalltex aparece reflejado el capital inicial con el cual fue creada,
y que -se afirmó- corresponde a la liquidación conyugal de los señores Jesús
Alfonso Castillo Ruiz e Isabel Cristina Gallón Giraldo; ii) cómo aparece reflejado el
valor de la prima comprada al señor Giorgio Sale, y iii) verificar contablemente el
valor que año a año se incrementó el good will de la empresa Crisalltex S.A. (fls.
83-84 c. 29).

El 18 de febrero de 2008, se resolvió una solicitud radicada por el apoderado del
señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz, en la que pidió que se remitiera copia de la
inspección judicial practicada el 8 de febrero de 2008, al proceso 2609, y se
prescindiera de la declaración del señor Giorgio Sale. Se accedió a ambas
solicitudes. (fls. 91-92 c. 29).

Con lo expuesto, es evidente que la Fiscalía 26 cumplió con su deber al ejercer una
seria actividad probatoria, con el fin de recaudar un conjunto de elementos de
convicción, para establecer si el dominio que ejercía el señor Jesús Alfonso Castillo
Ruiz sobre determinados bienes encontraba su explicación razonable en el ejercicio
de actividades lícitas o si era el producto de actividades ilícitas. Lo anterior, porque
como se resaltó desde la etapa inicial y durante el trámite de la segunda etapa
decretó las pruebas que consideró necesarias con el fin de comparar el patrimonio
inicial y el final del señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz, para así llegar a la conclusión
de que era improcedente la acción de extinción del derecho de dominio.

El hecho de que la Fiscalía General de la Nación, al final del proceso no hubiera
encontrado la ilicitud del incremento en el patrimonio del señor Jesús Alfonso
Castillo Ruiz, no implica que dicha demandada se encuentre incursa en un error
judicial susceptible de ser indemnizado o una responsabilidad automática, dado que
la entidad estaba ejerciendo la función constitucional y legal para la cual fue creada.

2.1.4. En conclusión, no es posible afirmar que la Fiscalía General de la Nación
hubiera incurrido en error judicial en el proceso de extinción del derecho de dominio,
porque, tal como quedó explicado, había mérito para iniciarlo; el trámite se realizó
con apego a las disposiciones contenidas en la Ley 793 de 2002 y demás normas
que regulan el tema.

32

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Además, es necesario advertir que la parte demandante se encontraba en la
obligación de soportar la carga de someterse a la investigación de la acción de
extinción del derecho de dominio, dado que la entidad demandada tenía el deber
legal y constitucional de investigar la justificación de su incremento patrimonial y
descartar que el mismo no estuviera ligado a las actividades ilícitas de las personas
con las que había entrado en trato comercial.

En dichos términos, se insiste en que no se acreditó el error judicial en las decisiones
tomadas durante el trámite de la acción de extinción del derecho de dominio iniciado
al señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz.

2.2. Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia35

En relación con este punto, la parte demandante insiste en que se configuró una
dilación injustificada del proceso, entre el momento en que se profirió la resolución
del 21 de noviembre de 2006 y la decisión de ordenar la ruptura de la unidad
procesal.

2.2.1. La jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que para establecer si
se ha incurrido en retardo al proferir una decisión judicial, se deben observar
diversos factores, entre ellos, la complejidad del asunto, la conducta de las partes,
el volumen de trabajo y los estándares de funcionamiento de cada despacho
judicial, así como las especificidades de cada trámite judicial, incluido el análisis de
factores exógenos al proceso, como reformas normativas, paralización del servicio
y, en general, circunstancias de toda índole con impacto directo en el trámite de los
procesos y su duración, punto que debe analizarse desde la propia realidad de una
administración de justicia con problemas de congestión, y no desde un Estado
ideal36.

35 El defectuoso funcionamiento de la administración de justicia es una modalidad de
responsabilidad aplicable de forma residual, en tanto solo opera en supuestos fácticos distintos al
error jurisdiccional o a la privación injusta de la libertad. Adicionalmente, la jurisprudencia y la
doctrina han señalado que el título de imputación aplicable, por regla general, es la falla del servicio,
por lo que corresponde al demandante, inicialmente, acreditar la desatención o el incumplimiento
obligacional que se presente con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia.
36 Al respecto, esta Corporación ha sostenido: “Para resolver si en un caso concreto hay lugar a la

responsabilidad del Estado por fallas en la administración de justicia derivadas del retardo en
adoptar decisiones, debe decidirse si ese retardo estuvo o no justificado, conclusión a la cual se
llegará luego de señalar la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como
haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los
estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino
al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, ya que este es un
asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Por ello, solo la dilación injustificada que desborde la acción diligente de las
autoridades judiciales puede tomarse como causa de afectaciones antijurídicas a
los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva de
las partes e intervinientes, dado que no todo procedimiento que se prolongue en el
tiempo, más allá de las previsiones legales, puede calificarse automáticamente
como desmesurado, excesivo o irrazonable. Esto, si se tiene en cuenta que el paso
del tiempo sin que se produzca una decisión judicial puede obedecer a diversas
circunstancias ajenas al operador judicial, de ahí que deban analizarse las
condiciones particulares del servicio de administración de justicia; en concreto, de
la entidad a cargo del respectivo proceso, de los despachos encargados de su
trámite, del tipo de proceso que se invoca como fundamento del petitum y de la
conducta de las partes, con el fin de constatar si la tardanza constituye o no un
defectuoso funcionamiento del servicio 37.

La parte demandante imputa mora en el trámite del proceso, por considerar que fue
excesivo el tiempo transcurrido entre la expedición de la resolución de 21 de
noviembre de 2006 y la resolución que ordenó la ruptura de la unidad procesal el
20 de septiembre de 2007. Petición realizada por los ahora demandantes, dado que
la imposibilidad de notificar a los miembros de la familia Sale retrasó el trámite de
la acción del derecho de dominio en relación con los bienes de estos.

La parte demandante considera que la dilación injustificada en el trámite del
proceso, contribuyó al perjuicio económico que le fue causado a la sociedad
Crisalltex S.A., en tanto que de no haberse prolongado tanto tiempo la notificación
de los integrantes de la familia Sale, la medida cautelar que pesaba sobre la
sociedad habría sido levantada en menor tiempo.

La Sala considera que no se configuró la dilación injustificada que se acusa, por las
razones que se pasa a exponer:

El 21 de noviembre de 2006 se dio inicio al trámite de extinción del derecho de
dominio y se ordenó la notificación de los señores Giorgio Sale, David Sale, Cristian

administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demandada que supera
la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla”. Ver. Consejo de Estado,
Sección Tercera, sentencia de 25 de noviembre de 2004, exp. 13539, C.P. Ruth Stella Correa
Palacio; sentencia de 25 de agosto de 2011, exp. 19162, C.P. Hernán Andrade Rincón.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 48.271, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Sale, Estefano Sale, Alfonso Castillo Ruiz y Celso Alfredo Salazar Castañeda.

Con el fin de notificar la anterior decisión, el 24 de noviembre de 2006, se libraron
los despachos comisorios 102138, 102239, 1023 y 1024.

El despacho comisorio 1023 del 24 de noviembre de 2006 se dirigió al Director
Seccional de Fiscalías de Pereira para que llevara a cabo la notificación personal a
los señores Jesús Alfonso Castillo Ruiz (investigado), Isabel Cristina Gallón Giraldo,
Ricardo Alfonso Castillo Gallón y Ángela María Castillo Gallón –accionistas de la
sociedad Crisalltex S.A.- (fl. 95 c. 36). En cumplimiento de la comisión anterior, se
notificó a esas personas, entre el 11 y el 17 de diciembre de 2006 (fl. 255 c. 36).

El despacho comisorio 1024 fue dirigido al Cónsul de Colombia en Roma, Italia,
para que llevara a cabo la notificación personal a los señores Giorgio, Cristian y
David Sale, para lo cual se le otorgó un término de 20 días, más la distancia (fl. 96-
98 c. 36). El exhorto fue remitido a la Directora de la Oficina de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mediante oficio 14000, para
que le diera el trámite requerido (fl. 99 c. 36).

El 28 de noviembre de 2006, se libró el oficio 13877 dirigido a la sala de retenidos
del grupo de Policía Judicial-Dijin, para que llevara a cabo la notificación personal
de la resolución del 21 de noviembre de ese mismo año, al señor Stefano Sale,
requerimiento que fue cumplido el 4 de diciembre siguiente.

El 28 de diciembre de 2006, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía
General de la Nación devolvió a la Fiscalía 26 el exhorto 1024, para que procediera
a elaborar una carta rogatoria con el mismo objeto de dicho despacho comisorio,
en razón a que lo pretendido era la notificación de ciudadanos italianos y, por tanto,
esto solo podían hacerlo las autoridades italianas40. (fls. 245-246 c. 36).

38 Al Director Seccional de Fiscalías de Cartagena para que se llevara a cabo la notificación personal

al representante legal Incoprint S.R.L., al señor Giuseppi Ferratti como accionista de Made in Italy
S.A., a los señores Ermanno Panichelly y Luz Ángela Lastra como accionistas de L´enoteca vinería
italiana S.A.–terceros que podían resultar afectados- (Fl. 93 C. 36).
39 Al Director Seccional de Fiscalías de Barranquilla para que se llevara a cabo la notificación

personal a los señores Ermanno Panichelli y Guiseppe Ferreti como accionistas de L´enoteca
Atlántico S.A. –terceros que podían resultar afectados- (FL. 94 C. 36).
40 El texto del documento dice: “En este caso y en los eventos en que se requiera la práctica de

diligencias con respecto a las autoridades o a los nacionales del Estado requerido, es necesaria e
imperante la elaboración de una carta rogatoria, para que sean las autoridades del Estado requerido
quienes practiquen la diligencia requerida. Para el caso específico de la normatividad italiana, se
señala que no es posible adelantar por parte de la representación consular de Colombia acreditada

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

En atención al anterior requerimiento, se profirió la resolución del 2 de enero de
2007, que ordenó la elaboración de la carta rogatoria (fl. 247 c. 36). El 10 de enero
siguiente fue elaborada la carta rogatoria 01 (fls. 288-289 c. 36) y en la misma fecha
fue remitida a la Directora de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía
General de la Nación (fl. 291 c. 36).

El 6 de agosto de 2007, la embajada italiana le informó a la Fiscalía 26 que el 9 de
mayo y el 3 de agosto había solicitado a las autoridades italianas información sobre
el cumplimiento de la carta rogatoria; así mismo, informó que al no tener
competencia para realizar las notificaciones no le era posible acelerar el trámite (fl.
302 c. 36).

El 24 de diciembre de 2007, la Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía
General de la Nación le remitió a la fiscal 26 las notificaciones personales de la
resolución del 21 de noviembre de 2005, a los señores Giorgio, David y Cristian
Sale, las cuales se habían llevado a cabo el 25 de agosto, 13 de agosto y 24 de
agosto de 2007, respectivamente, en cumplimiento de la carta rogatoria 01 de 9 de
enero de 2007 (fls. 27-134 c.22).

En el interregno del trámite de notificación, el señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz
solicitó en dos ocasiones la ruptura de la unidad procesal, con el fin de que se
continuara con el trámite de la acción de extinción del derecho de dominio.

El 7 de mayo de 2007, el apoderado de Crisalltex S.A. le solicitó a la Fiscalía 26 la
ruptura de la unidad procesal y como sustento de la misma manifestó que según
noticia publicada por el diario El Tiempo el 26 de abril de 2007, el señor Salvatore
Mancuso había remitido carta al Fiscal General de la Nación en la que le anunciaba
la entrega de unos bienes entre los que se encontraba L´Enoteca Atlántico e
Incusol, afectados en el trámite 4354, que “de ser cierta la existencia de la carta”,
en la misma se omitía alguna referencia al señor Alfonso Castillo, a Crisalltex S.A.
y a Gino Pascalli (Fl. 76 c. 22).

El 9 de mayo siguiente la Fiscalía 26 negó la solicitud porque “el trámite de extinción

en Italia, la notificación personal de la citada resolución a los ciudadanos de nacionalidad italiana. Lo
anterior en virtud de la Ley 675/96 y el Decreto Ley 196/2003, normas italianas que garantizan el
derecho a la privacidad de las personas y que impiden legalmente a las autoridades judiciales
italianas adelantar diligencias como las requeridas, sin que medie autorización previa y escrita de
los ciudadanos italianos”

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

iniciado con relación a los bienes del señor Castillo, no obedece a que él o su
empresa tengan o hayan tenido vínculos con Salvatore Mancuso”, situación que
había quedado clara desde la resolución de inicio en la que se explicó que “en
cuanto a Alfonso Castillo Ruiz, la situación que se vislumbra es desde otra óptica,
ya que si bien es cierto no se pregona por parte de él vinculación con Salvatore
Mancuso, si hay una vinculación con la familia Sale y sus empresas que llama la
atención” (fls. 73-75 c. 22).

Se debe dejar claro que contra la anterior decisión no se ejercieron los recursos
procedentes de conformidad con el artículo 176 CPP, es decir, cobró ejecutoria sin
intervención de los ahora demandantes.

El 20 de septiembre de 2007, se resolvió una nueva solicitud radicada con el fin de
que se ordenara la ruptura de la unidad procesal, dado que para esa fecha no había
sido posible la notificación de los miembros de la familia Sale. En esa oportunidad
se manifestó que, en aplicación del artículo 29 de la CP, se disponía la ruptura de
la unidad procesal, con el fin de “no afectar los derechos constitucionales de las
personas cuyos bienes fueron involucrados en el presente trámite”, porque de esa
manera “se salvaguardan tantos los derechos del señor Castillo Ruiz como de los
señores Sale”; además, se dejó claro que en anterior ocasión no se había accedido
a la ruptura de la unidad procesal porque el planteamiento presentado en esa
oportunidad correspondía a que “el señor Castillo Ruiz no había sido mencionado
por Salvatore Mancuso” (Fls. 407-414 c. 16).

Como se puede observar, el trámite que la Fiscalía 26 le imprimió a la notificación
de la familia Sale fue expedito, no se verifica la dilación que manifiesta la parte
demandante, dado que inmediatamente fue expedida la resolución del 21 de
noviembre de 2006 se libraron los exhortos necesarios con el fin de lograr la
notificación de todas las personas vinculadas al proceso y afectadas por el mismo,
entre estos los miembros de la familia Sale, que se encontraban en Italia. Una vez
fue requerida la expedición de la carta rogatoria para la notificación de los señores
Sale, ésta fue ordenada y expedida inmediatamente. El tiempo entre la expedición
de la carta rogatoria y la notificación de los señores Sale escapaba del resorte de
la Fiscalía 26, dado que la notificación personal estaba a cargo de las autoridades
italianas.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Ahora, la Fiscalía explicó en forma clara el por qué no accedió a la primera solicitud
de la ruptura de la unidad procesal, decisión con la cual estuvieron conformes los
demandantes. Esta cobró ejecutoria sin que se hubieran interpuesto los recursos
de ley y una vez se realizó la segunda solicitud accedió en forma inmediata a la
misma, con el fin de darle impulso al proceso al que se encontraban vinculados los
bienes del señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz.

De acuerdo con el material probatorio que obra en el proceso y que se analizó en
líneas anteriores, no es dable concluir que en la actuación que se le imprimió al
proceso de extinción del derecho de dominio iniciado a los bienes del señor Jesús
Alfonso Castillo Ruiz, se hubiera incurrido en defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia.

2.3. La Sala no comparte el reproche que el a quo le hizo a los ahora demandantes
en relación a la buena fe exenta de culpa, a la que consideran faltaron, porque
realizaron negociaciones con la familia Sale, tales como el contrato de permuta y la
cesión del contrato de arrendamiento del local comercial ubicado en el Centro
Comercial Unicentro, donde funcionaba uno de los almacenes de Made in Italy.

Crisalltex S.A. suscribió el 29 de octubre de 2004 un contrato de permuta con Made
in Italy, en cuyo acuerdo se dejó estipulado que se debería hacer la cesión de los
contratos de arrendamiento de los locales donde funcionaban los almacenes de
Made in Italy en Bogotá, entre los que se encontraba el local del centro comercial
Unicentro que estaba siendo administrado por la DNE y que no era de propiedad
del señor Sale.

El tema fue aclarado con las pruebas que fueron recaudadas en el proceso de
extinción del derecho de dominio, en el cual se llegó a la conclusión de que para el
momento de la negociación el señor Giorgio Sale gozaba de un excelente prestigio
y que no había noticia de que estuviera siendo investigado, lo cual se conoció “en
noviembre de 2006, cuando se produce su captura”41.

41 Resolución del 13 de junio de 2008. También en la declaración del señor Alfonso Castillo Ruíz

rendida el 23 de enero de 2008, al respecto manifestó: “El señor Francisco Obando, él fue quien me
presentó al señor Giorgio Sale, y me manifestó que el señor estaba vendiendo las primas de los
locales de Bogotá, me trasladé a la ciudad de Bogotá, conocí el local de Unicentro, los de la 85 y los
de Cafám de la Floresta… El señor Francisco Obando era la persona que asesoraba en ese
momento al señor Sale en lo referente a los almacenes y este señor tenía un gran reconocimiento a
nivel nacional como ejecutivo en la línea de textiles y en el medio empresarial era muy reconocido
puesto que había sido propietario de los almacenes Tommy… por medio de él conocí al señor Giorgio

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Además, también se logró establecer que el señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz,
había ejercido como comerciante desde el año 1978 cuando inició con una empresa
de confecciones en la ciudad de Pereira, que era su deseo entrar al mercado de la
capital en el centro comercial Unicentro donde era difícil encontrar locales de las
dimensiones que quería, razón por la cual realizó la negociación con Made in Italy
empresa que tenía el local indicado en el lugar que quería 42.

Refirió que el local de Unicentro era administrado por la DNE a través de la
inmobiliaria Mevic y que fue con dicha empresa con la que realizó la negociación
correspondiente a la cesión del contrato de arrendamiento que tenía el señor
Giorgio Sale con dicha inmobiliaria 43. La DNE autorizó la cesión del contrato con
un canon de $25´000.000, por el primer año y, al segundo año, le adicionarían
$5´000.000.

Resulta necesario resaltar que en el plenario no obran pruebas de las cuales se
pueda determinar a qué proceso se encontraba vinculado el local del centro
comercial Unicentro, ni quien era su propietario.

De lo anterior no se vislumbra que el señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz haya faltado
a la buena fe del comerciante, dado que fue cuidadoso en su actuar y realizó la
negociación con una persona, que para la fecha del acuerdo contractual gozaba de
prestigio como comerciante y no había noticia de que lo estuvieran investigando
por narcotráfico.

Sale y se iniciaron las negociaciones sin que para nosotros en ningún momento hubiera algún riesgo
de estar tratando con personas que no estuvieran dentro de la ley, porque en el transcurso de las
relaciones comerciales que se tuvo con ellos, no hubo ninguna manifestación de algo ilegal en sus
comportamientos, antes por el contrario se manifestaban como personas siempre bien rodeadas
como se ha sabido de magistrados, ex fiscales y hasta personalmente lo vi atendiendo la visita del
entonces presidente de la república Andrés Pastrana, en la Enoteca de Cartagena, no sé si sería por
querer alardear pero siempre manifestaba que lo visitaban u que era el sitio de personajes
reconocidos en la política y en la vida social del país” (fls. 7-24 c. 29)
42 Así lo manifestó el señor Alfonso Castillo Ruiz en declaración rendida el 23 de enero de 2008 ante

la Fiscalía 26: “Esta negociación fue muy difícil, primero por el valor que el señor Sale le estaba
colocando a las primas de sus establecimientos en Bogotá, y que es la prima, en términos de
negociación la prima es el valor del derecho de cesión de un local y estos valores varían
ostensiblemente de acuerdo con la ubicación. La prima del local de Unicentro fue la de mayor valor
y diría yo que es el local el que motivó toda la negociación, porque para mí era una obsesión entrar
a Bogotá con un almacén con el metraje que tenía que son aproximadamente 600 metros, que entre
otras cosas son muy escasos los locales de esas dimensiones en ese centro comercial”.
43 A folios 415 a 418 del c. 1 reposa el contrato de arrendamiento suscrito el 30 de octubre de 2004

entre los señores Isabel Cristina Gallón Giraldo, Jesús Alfonso Castillo Ruiz y Germán Alfonso
Londoño Giraldo en calidad de deudores solidarios del arrendatario Crisalltex S.A. y la inmobiliaria
Mevic Ltda como arrendadora en cumplimiento de la Resolución 0330 de 12 de marzo de 2004
expedida por la DNE por la cual designó a dicha inmobiliaria como depositaria provisional y
secuestre.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
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Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Lo anterior no relevaba a la Fiscalía para que iniciara el proceso de extinción del
derecho de dominio al recibir información sobre el incremento patrimonial
injustificado del señor Jesús Alfonso Castillo Ruiz, porque tal como se dejó
consignado en renglones anteriores existía mérito suficiente para realizar la
investigación con el fin de esclarecer los hechos puestos en conocimiento del ente
investigador.

2.4. Falla del servicio de la DNE

El impugnante aduce que el a quo desacertó al exonerar de responsabilidad a la
DNE. Como sustento de dicha inconformidad aduce que la persona que fue
nombrada como administradora provisional no tenía formación académica como
administradora en el mundo de la confección; además, que asegurar que el
decrecimiento que sufrió la empresa durante el término en que duró la imposición
de la medida cautelar se dio por la desconfianza del sector financiero y los
proveedores, sería “desconocer la reputación comercial de la empresa durante más
de 30 años, afirmación que carece de soporte probatorio, es una simple
especulación”.

Agregó que la inexperiencia de la administradora provisional llevó a que se
separara de los puestos de trabajo al personal más idóneo de la empresa –gerente
comercial, representante legal que era el administrador, el revisor fiscal y el
personal que venía manejando el plan estratégico-, lo que causó innumerables
problemas en el manejo administrativo, dado que una empresa como esta no podía
darse el lujo de empezar de cero, bajo la dirección de una persona inexperta.

Finalmente, adujo que la decisión de constituir una fiducia mercantil con un
patrimonio autónomo con 19 de los mejores almacenes, “significó desde el punto
de vista práctico, jurídico y financiero la existencia de dos empresas en una sola,
desvertebrando la unidad de empresa”.

De conformidad con lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 12 de la Ley 793
de 200244, le corresponde a la DNE actuar como secuestre o depositario de los

44 “Artículo 12. Fase inicial. La fase inicial será adelantada por el fiscal competente. Esta fase tendrá

como finalidad identificar los bienes sobre los cuales podría recaer la acción, (…).
En esta fase o en cualquier momento del proceso el fiscal podrá decretar medidas cautelares de
embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de cualquier tipo de bien, lo cual incluye las
divisas, los metales y piedras preciosas, dinero en depósito en el sistema financiero, de títulos

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
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Referencia: Acción de Reparación Directa

bienes que sean objeto de medidas cautelares durante el trámite del proceso de
extinción del derecho de dominio. La misma norma dispone que dicha entidad debe
proveer su adecuada administración, de conformidad con los mecanismos previstos
en la Ley 785 de 2002, que corresponden a enajenación, contratación, destinación
provisional y depósito provisional, debiendo escoger de manera preferente la
constitución de fideicomisos de administración, en cualquiera de las entidades
fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Financiera; o, en su defecto, optar por
el arrendamiento o celebración de otros contratos que mantengan la productividad
y valor de los bienes, o aseguren su uso45.

El artículo 5 de la Ley 785 de 2002 dispone que la DNE debe ejercer los derechos
sociales que correspondan a las acciones, cuotas o partes de interés social que
hubieran sido objeto de medida cautelar hasta que se produzca la decisión judicial
definitiva, en procura de mantener la productividad de la sociedad; norma que
igualmente impide a los socios y órganos de dirección y administración de la
sociedad ejercer actos de disposición, administración o gestión, salvo que fueren
expresamente autorizados por escrito por la DNE46.

valores y los rendimientos de los anteriores, lo mismo que la orden de no pagarlos aún sin su
secuestro o aprehensión, así como también la ocupación y la incautación sobre bienes cautelados.
En todo caso, la Dirección Nacional de Estupefacientes será el secuestre o depositario de los bienes
objeto de medidas cautelares.
Los bienes muebles e inmuebles sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de
inmediato a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado -Frisco-, quien podrá
enajenarlos, directamente o a través de terceras personas, de acuerdo con las normas aplicables a
la venta de bienes con extinción de dominio. Mientras no se produzca la enajenación, la Dirección
Nacional de Estupefacientes deberá proveer por su adecuada administración de acuerdo con los
sistemas previstos en la Ley 785 de 2002 y en sus normas reglamentarias”.
45“Artículo 12.

“(…)
“Los bienes sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de inmediato a disposición de
la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social
y Lucha contra el Crimen organizado, el cual procederá preferentemente a constituir fideicomisos de
administración, en cualquiera de las entidades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Bancaria;
o, en su defecto, a arrendar o celebrar otros contratos que mantengan la productividad y valor de los
bienes, o aseguren su uso a favor del Estado. Mientras los recursos monetarios o títulos valores que
se encuentren sujetos a medidas cautelares, las instituciones financieras que reciban la respectiva
orden abrirán una cuenta especial, que genere rendimientos a tasa comercial, cuya cuantía formará
parte de sus depósitos. Los rendimientos obtenidos pasarán al Estado en el caso de que se declare
extinguido el dominio sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el evento contrario.
“(…) De igual forma, los bienes inmuebles se administrarán de conformidad con las normas vigentes.
Los rendimientos obtenidos pasarán al Estado, en el caso de que se declare extinguido el dominio
sobre tales recursos, o se entregarán a su dueño, en el evento contrario.
En todos los casos, la fiduciaria se pagará, con cargo a los bienes administrados o a sus productos,
el valor de sus honorarios y de los costos de administración en que incurra. Cualquier faltante que
se presentare para cubrirlos, será exigible con la misma preferencia con la que se tratan los gastos
de administración en un concurso de acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez que se
liquiden o se subasten. Esta fiducia no estará sujeta en su constitución o desarrollo a las reglas de
la contratación administrativa, sino a la ley comercial o financiera ordinaria”.
46 En sentencia C-1025 de 2004, la Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del

artículo 5 de la Ley 785 de 2002, en los siguientes términos: “es claro para la Corte que si la medida

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
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Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Por su parte el artículo 2 numerales 1 y 3 del Decreto 1461 de 2000 dispone que la
DNE debe “ejercer los actos necesarios para la correcta disposición, mantenimiento
y conservación de los bienes, de acuerdo con su naturaleza, uso y destino,
procurando mantener su productividad y calidad de generadores de empleo”, así
como, “realizar las gestiones necesarias con las autoridades pertinentes, para el
pago de impuestos sobre los bienes objeto de administración”.

Vale precisar que las facultades de administración enunciadas con antelación,
benefician no sólo al Estado, en caso de prosperar la acción que este ejerce, sino
también a quien hasta ese momento es titular del derecho de dominio sobre un bien
determinado, en caso de que no haya lugar a la extinción de tal derecho, pues en
uno y otro evento se evitan pérdidas derivadas de la falta de explotación económica
de los bienes objeto de las medidas cautelares47.

Solo serán objeto de reproche los gastos que sean ajenos a la labor de
administración autorizada por la ley, siempre y cuando sea evidente que la
disposición de los recursos fue abiertamente desproporcionada, arbitraria,
caprichosa, o completamente omisiva, es decir, que vaya en detrimento de la
finalidad de mantener y conservar los bienes y procurar su productividad, de ahí que
deba analizarse en el contexto de la prueba si de por medio obró una omisión o
actuación desviada del deber que le asiste a la DNE respecto de la administración
de los bienes sujetos a medidas cautelares en un proceso de extinción de dominio.

De acuerdo con los parámetros antes enunciados, la Sala procederá a revisar si la
actuación de la DNE se ajustó a éstos o si, por el contrario, no los cumplió e incurrió
en una falla del servicio, lo que ocasionó el detrimento patrimonial de Crisalltex S.A.

La Fiscalía 26, en la resolución del 21 de noviembre de 2006 dispuso que una vez
se hicieran efectivas las medidas cautelares decretadas en los numerales segundo

cautelar fue dictada por el Fiscal o por el juez competente en su caso, la Dirección Nacional de
Estupefacientes ha de obrar con sujeción a la autoridad judicial. Por tal razón, debe enterar
previamente a la autoridad judicial respectiva sobre la pretensión de realizar actos de disposición,
administración o gestión por quienes aparezcan inscritos como socios, para que sea el juez o fiscal,
con conocimiento de causa, quien autorice a la Dirección Nacional de Estupefacientes para que ella,
a su turno, lo haga. De otra manera, la autoridad judicial quedaría ausente del control sobre las
medidas cautelares y el proceso, en ese aspecto, no se encontraría dirigido por ella, lo que resulta
inadmisible. En consecuencia, el artículo 5 inciso primero de la ley 785 de 2002 se declarará
exequible en forma condicionada, es decir, bajo el entendido que la Dirección Nacional de
Estupefacientes puede conferir la autorización a que él se refiere, pero a su turno requiere para el
efecto autorización de la autoridad judicial competente”.
47 Así lo sostuvo la Corte Constitucional en sentencias C-1025 de 2004 y C-030 de 2006.

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

y tercero, los bienes debían ser dejados a disposición de la DNE 48, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 793 de 2002.

Una vez la DNE tuvo para su administración la sociedad Crisalltex S.A., profirió la
resolución 1330 de 24 de noviembre de 2006 49, mediante la cual en cumplimiento
de las disposiciones contenidas en la Ley 785 de 2002 procedió a: i) nombrar como
depositaria provisional a la señora Sol Beatriz Gómez Restrepo, persona que había
sido escogida por el Comité de Selección de Hojas de Vida de dicha entidad. En
esa misma fecha, de acuerdo con lo consignado en acta 006 de 2006 (fls. 50-51 c.
2), ii) ordenó la inscripción de dicho nombramiento en el registro mercantil de las
Cámaras de Comercio de Bogotá, Pereira, Armenia, Cartagena y Medellín, iii)
describió las obligaciones del depositario provisional, iv) dispuso que la depositaria
debía presentar dentro de los 15 días hábiles siguientes a su posesión una póliza
global comercial de manejo que garantizara el manejo de los bienes que se le
entregaban y de los recursos provenientes de la actividad económica, y v) fijó los
honorarios mensuales de la depositaria provisional50. La señora Gómez Restrepo
se posesionó el 27 de noviembre de 2006 (fl. 780 c. 6).

La Sala carece de elementos de juicio para concluir que la depositaria provisional
no contaba con la formación académica en el sector de las confecciones para
desarrollar el cargo para el cual fue nombrada mediante la resolución 1330 de 2006,
porque en relación con la misma solo se cuenta con el acta 006 del comité de
selección de hojas de vida de la DNE y la resolución de nombramiento, documentos
de los que es imposible deducir su carencia de idoneidad para administrar la
empresa.

48 “En todo caso, la Dirección Nacional de Estupefacientes será el secuestre o depositario de los

bienes objeto de medidas cautelares.
Los bienes muebles e inmuebles sobre los que se adopten medidas cautelares quedarán de
inmediato a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través del Fondo para la
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado –Frisco–, quien podrá
enajenarlos, directamente o a través de terceras personas, de acuerdo con las normas aplicables a
la venta de bienes con extinción de dominio. Mientras no se produzca la enajenación, la Dirección
Nacional de Estupefacientes deberá proveer por su adecuada administración de acuerdo con los
sistemas previstos en la Ley 785 de 2002 y en sus normas reglamentarias”.
49 La resolución 1330 fue aclarada mediante la resolución 1339 del 28 de noviembre de 2006, en la

que se dispuso que la representación legal de la empresa la ejercería el señor Jairo García González
y luego con la resolución 1387 del 13 de diciembre de 2006 se modificó la 1330 y revocó la 1339 y
se dispuso que la señora Sol Beatriz Gómez Restrepo ejercería la representación legal de la empresa
Crisalltex S.A. y los establecimientos de comercio (fls. 757-769 c. 6).
50 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Decreto 1461 de 2000: “Es facultad de la

Dirección Nacional de Estupefacientes fijar los honorarios de los depositarios provisionales
diferentes de los señalados en el inciso segundo del artículo 47 de la Ley 30 de 1986, teniendo en
cuenta el uso, destino y productividad del bien y el mercado laboral. Las tarifas serán fijadas por la
Dirección mediante resolución”.

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Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Ahora, en relación a que la separación de los cargos del personal más idóneo de la
empresa -gerente comercial, representante legal que era el administrador, el revisor
fiscal y el personal que venía manejando el plan estratégico- se debió a la
inexperiencia de la depositaria provisional, se ha de reiterar que en el plenario no
obra prueba de la cual se pueda determinar la formación profesional y la
experiencia de esta persona; sin embargo, es necesario aclarar que mientras
pesara la medida cautelar sobre la sociedad, de acuerdo con el inciso segundo del
artículo 5 de la Ley 785 de 2002, “las facultades de los órganos de administración
y dirección de la sociedad o de las unidades de explotación económica, incluyendo
la disposición definitiva de las mismas en la forma y términos establecidos en el
Código de Comercio y demás normas concordantes, serán ejercidas por la
Dirección Nacional de Estupefacientes”. En este caso, la depositaria provisional
nombrada se encontraba facultada para tomar las determinaciones necesarias con
el fin de lograr que la empresa continuara desarrollando la actividad para la cual
había sido creada.

En lo que tiene que ver con la constitución de la fiducia y la consecuente ruptura de
la unidad de la empresa, resulta necesario advertir que una vez fue impuesta la
medida cautelar, se presentaron varios inconvenientes económicos que se
encuentran suficientemente documentados en el plenario.

Las anteriores afirmaciones tienen sustento en comunicaciones que obran en el
proceso, las cuales fueron remitidas por la gobernación del Meta, el Departamento
del Magdalena y el municipio de Soracá, entidades territoriales que informaron
sobre la determinación de no continuar con los procesos licitatorios para provisión
de dotaciones. También se cuenta con el testimonio rendido ante esta jurisdicción
por el señor Ricardo Vargas Cano, quien para el momento en que se impuso la
medida cautelar se desempeñaba como gerente comercial de la empresa. En dicha
oportunidad manifestó que la imposición de las medidas cautelares impactó
económicamente la empresa porque muchos de los negocios que se encontraban
en curso no pudieron llegar a término y además porque los bancos se retiraron51 (fl.
304 c. 13).

51 Manifestó que: “Muchos negocios que estaban en ese momento en curso se cayeron porque los

clientes argumentaron no querer tener negocios con una empresa del narcotráfico y no querían
además enredos en el futuro…. al retirarse los bancos, la empresa se queda sin recursos para poder
desarrollar proyectos”.

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Referencia: Acción de Reparación Directa

En los mismos términos el testigo Carlos Alberto Bedoya Giraldo manifestó que
para el momento de los hechos la empresa estuvo en una situación económica
complicada porque el sector financiero suspendió los cupos de endeudamiento y
canceló productos importantes como el poder recibir tarjetas de crédito52 y además,
refirió que en las licitaciones a las que se presentaron, los demás oferentes
solicitaron la exclusión de Crisalltex S.A. de dichos procesos (fl. 325 c. 13).

Un panorama similar expuso la depositaria provisional al momento en que rindió el
informe para la entrega de la empresa, quien manifestó que, a pesar de haber
logrado continuar con las cuentas bancarias, no se logró la renovación de los
créditos, razón por la cual se vieron “abocados a aceptar en el mes de abril de 2007
la única opción real que consistió en un cupo de crédito con Colpatria por valor de
$8.000´000.000, bajo la modalidad de patrimonio autónomo”.

En los anteriores términos se debe reiterar lo que se dejó consignado en líneas
anteriores, en relación a que la DNE, por disposición legal debe ejercer los actos
necesarios para mantener la productividad y la calidad de generadores de empleo
de los bienes que son puestos bajo su administración.

También se acreditó que para el momento en que fue nombraba la depositaria
provisional, la situación económica de la empresa se deterioró por varios aspectos
y dado que su obligación era entregar una empresa productiva, debió tomar
decisiones con el fin de mantenerla a flote y continuar con el giro ordinario de los
negocios.

Entonces, lo que está probado, mediante el informe que presentó la depositaria
provisional el 4 de agosto de 2008, es lo siguiente: i) aunque fue necesario cerrar
algunos almacenes, también se habían abierto 10 nuevos en diferentes ciudades

52 Así lo manifestó textualmente: “Después de la media la situación cambió radicalmente,
principalmente porque la empresa requería el apalancamiento financiero y la primera consecuencia
del escándalo fue la suspensión de los cupos de endeudamiento con el sector financiero, también
se presentó con ese sector financiero la cancelación de productos importantes como el uso de las
tarjetas de crédito Diners, también la American Express que era una franquicia del Banco de
Colombia, … e igualmente con el sector financiero que es importantísimo para la empresa se
cancelaron el portafolio financiero con Bancolombia y Davivienda, esos eran los dos bancos más
importantes para la prestación del servicio a nivel nacional, por lo tanto ya no se pudo seguir
utilizando la plataforma de pagos, de recaudos a nivel nacional…en la parte de dotaciones que es
un sistema de ingresos de la empresa donde se licita a nivel nacional para dotar al personal del
sector estatal y del sector privado de su dotación de trabajo, de sus uniformes, entonces la empresa
recibía dentro de los pliegos de licitaciones requerimientos de los oferentes, de la competencia donde
solicitaban la exclusión de Crisalltex”.

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del país, ii) que la empresa fue recibida con un pasivo de $32.049´558.000 y se
devolvió con un pasivo de $21.678´000.000, iii) que la imposición de las medidas
cautelares produjeron una reacción negativa del sector financiero, que aunque se
logró evitar la cancelación de las cuentas de la empresa no se pudo lograr la
renovación de los créditos, por tanto fue necesario “aceptar en el mes de abril de
2007 la única opción real que consistió en un cupo de crédito con Colpatria por valor
de $8.000´000.000, bajo la modalidad de patrimonio autónomo”, iv) que al momento
de recibir la empresa existía un acuerdo de pago con la DIAN, el cual fue cumplido,
que fue necesario realizar otro que fue cancelado en su totalidad en diciembre de
2007, que la deuda por impuestos, para el momento de la entrega, ascendía a
$4.620´000.000, suma que en su mayoría sería devuelta a la empresa al momento
de desmontar el patrimonio autónomo, v) a diciembre de 2007 se obtuvo un
superávit neto del ejercicio por $2.496.7 millones frente a un superávit de $149.7
millones del año 2006, vi) a pesar de la crisis inicial, producto de la intervención, la
empresa pudo normalizar las labores de producción y la operación comercial plena,
lo cual permitió mantener el nivel de empleos directos, 1.018 personas, la mayoría
mujeres cabeza de familia.

Las anteriores afirmaciones no se encuentran desvirtuadas en el plenario, razón por
la cual no es dable concluir que la DNE no hubiera realizado una debida
administración de la empresa, en las circunstancias en que correspondía hacerlo.

Se reitera que no es dable concluir que la DNE no hubiera cumplido con las
obligaciones legales que le competen, es decir, nombró una depositaria provisional,
estuvo atenta durante el término que duró la imposición de la medida cautelar, tomó
las medidas necesarias para que la empresa continuara ejerciendo su objeto social,
evitando con ello la paralización o el cierre de la actividad económica desarrollada
por el bien secuestrado, razón por la cual la Sala considera que no se demostró un
daño cierto susceptible de indemnización.

Por todo lo expuesto es dable concluir que se debe confirmar la sentencia
impugnada mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

3. Costas

Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de
condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código

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Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00362-01(56491)
Actor: Crisalltex S.A. y otro
Demandado: Nación- Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de Reparación Directa

Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 29 de septiembre de 2015.

Segundo: Sin condena en costas.

Tercero: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección
devolver el expediente al Tribunal de origen.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la
fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el
enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
aspx

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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