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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00436-02

Fecha
2 de agosto de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00436-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Revócase la sentencia proferida el 21 de mayo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C de Descongestión y, en su lugar, se dispone: “PRIMERO: DECLÁRASE a la Superintendencia Financiera de Colombia patrimonial extracontractualmente responsable por los perjuicios causados al demandante, de conformidad con lo explicado en esta sentencia. SEGUNDO: Como consecuencia y a título de reparación del daño, CONDÉNASE a la Superintendencia Financiera de Colombia, a pagar a José Joaquín Valderrama Hernández la suma equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicio moral. 21 Expediente: 25000-23-26-000-2010-00436-02 (55.365) Actor: José Joaquín Valderrama Hernández Reparación directa Apelación de sentencia TERCERO: La Superintendencia Financiera de Colombia emitirá una misiva en la que exprese disculpas al señor José Joaquín Valderrama Hernández por la afectación de su buen nombre, conforme a los términos señalados en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda”. 2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal. 3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2010-00436-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

2 de agosto de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dos (2) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00436-02 (55.365)
Demandante: JOSÉ JOAQUÍN VALDERRAMA HERNÁNDEZ
Demandados: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y OTRO
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA - APELACIÓN DE SENTENCIA
Asunto: TARDANZA EN EL CUMPLIMIENTO DE FALLO
JUDICIAL

Síntesis del caso: el demandante pretende que se declare la responsabilidad patrimonial
extracontractual de las entidades demandadas por la falla del servicio derivada de la demora en el
cumplimiento de la orden judicial de anular el reporte negativo consignado en la página electrónica
de la Superintendencia Financiera, aplicativo “sanciones en firme a directivos”.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia del 21 de mayo de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C de
Descongestión (fls. 209 a 316 cdno. apelación) que declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público1 y
negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 2 de julio de 2010 (fls. 1 a 29 cdno. 1), el señor José Joaquín Valderrama
Hernández presentó demanda de reparación directa en contra de la
Superintendencia Financiera de Colombia con las siguientes pretensiones:

“1. Solicito que se declare que el buen nombre del demandante sufrió un
daño, a causa de la sanción que le impuso la Superintendencia Bancaria
(hoy Superintendencia Financiera de Colombia) y la publicación de dicha

1 Por auto del 5 de abril de 2013 (fls. 161 a 165 cdno. 3) esta Corporación dispuso la admisión de la

demanda respecto de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00436-02 (55.365)
Actor: José Joaquín Valderrama Hernández
Reparación directa
Apelación de sentencia

sanción en la página web de dicha Superintendencia, sanción que fue
decretada nula por la jurisdicción contencioso administrativa y publicación
que se ordenó retirar por la misma jurisdicción en la misma sentencia.

2. Solicito que a título de reparación directa de los daños patrimoniales
causados por la lesión a mi buen nombre la Superintendencia
Financiera de Colombia me reconozca una suma equivalente a MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO PESOS ($1.397.779.068)
por concepto de lucro cesante pasado periódico por la pérdida de
oportunidad para acceder a cargos administrativos y/o de representación
legal en el sector financiero.

3. Solicito que a título de reparación directa de los daños
extrapatrimoniales correspondientes a la lesión a mi buen nombre la
Superintendencia Financiera de Colombia me reconozca una suma
equivalente a DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES vigentes a la fecha de pago.

4. Solicito que a título de reparación directa de los daños
extrapatrimoniales correspondientes a los daños morales subjetivos,
la Superintendencia Financiera de Colombia me reconozca una suma
equivalente a DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES vigentes a la fecha de pago.

5. Solicito que sobre el lucro cesante pasado periódico se paguen
intereses de mora desde el nueve (9) de abril de 2010 hasta la fecha de
pago de dicho monto” (fls. 2 a 3 cdno. 1 -negrillas y mayúsculas
sostenidas del original).

2. Hechos

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

1) A través de resolución no. 0764 de 18 de julio de 2001, la Superintendencia
Bancaria2 le impuso al señor José Joaquín Valderrama Hernández una sanción
pecuniaria por valor de un millón de pesos ($1.000.000) por haber ejercido el cargo
de vicepresidente jurídico y secretario general del Banco BCH sin previamente
haber tomado posesión ante la superintendencia del ramo.

2) Contra la anterior decisión el demandante interpuso recursos de reposición y
apelación, los cuales fueron decididos con las resoluciones nos. 1420 del 12 de
diciembre de 2001 y 1514 del 20 de diciembre de 2002 que confirmaron la sanción.

2 Mediante Decreto 4327 de 2005 se fusionaron la Superintendencia Bancaria de Colombia y la

Superintendencia de Valores en la Superintendencia Financiera de Colombia.

3
Expediente: 25000-23-26-000-2010-00436-02 (55.365)
Actor: José Joaquín Valderrama Hernández
Reparación directa
Apelación de sentencia

3) En sentencia del 24 de enero de 2008, la Subsección B de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de las resoluciones
nos. 0764 del 18 de julio de 2001, 1420 del 12 de diciembre de 2001 y 1514 del 20
de diciembre de 2002 proferidas por la Superintendencia Bancaria y le ordenó a la
entidad la devolución de los dineros cancelados por José Joaquín Valderrama
Hernández a título de multa, así como también borrar su nombre de las listas y
archivos de sancionados.

4) Pese a que la sentencia que anuló los actos administrativos cobró firmeza el 22
de abril de 2008, la Superintendencia tan solo eliminó de su página electrónica el
reporte negativo el 9 de abril de 2010, lo cual le ocasionó a José Joaquín Valderrama
Hernández la pérdida de oportunidad de desempeñar cargos como administrador
con facultades de representación legal de instituciones financieras.

3. Posición de las entidades demandadas

1) La Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público (fls. 173 a 179 cdno. 1)
refirió carecer de legitimación en la causa por pasiva dado que i) no intervino en los
hechos que se aducen como fuente del daño, ii) las pretensiones de la demanda no
se dirigieron en su contra, sino que, su vinculación se dio por disposición del
Consejo de Estado al desatar el recurso de apelación contra el auto que rechazó la
demanda y, iii) la adscripción de la Superintendencia Financiera no implica que la
cartera ministerial sea responsable de las actividades administrativas que
legalmente le competen a esa entidad.

A su vez, propuso como excepciones las que denominó i) falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad, ii) caducidad de la acción, iii) vía procesal errónea y iv)
cosa juzgada.

2) Por su parte, la Superintendencia Financiera (fls. 195 a 200 cdno. 1) se opuso a
las pretensiones de la demanda por considerar que en el presente caso operó el
fenómeno de la cosa juzgada, toda vez que mediante sentencia del 24 de enero de
2008 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se pronunció sobre los actos
administrativos que sancionaron al demandante y el consecuente restablecimiento
de los perjuicios ocasionados; con similares argumentos solicitó decretar la ineptitud
sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción, porque las súplicas

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Expediente: 25000-23-26-000-2010-00436-02 (55.365)
Actor: José Joaquín Valderrama Hernández
Reparación directa
Apelación de sentencia

de la demanda debieron debatirse en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Finalmente, en caso de no prosperar las excepciones planteadas, las súplicas de la
demanda deben ser negadas por ausencia de medio de prueba del daño generado
por la imposición de la sanción administrativa.

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C de
Descongestión en providencia del 21 de mayo de 2015 (fls. 299 a 316 cdno.
apelación) decretó la ausencia de legitimación en la causa por pasiva de la Nación
– Ministerio de Hacienda y Crédito Público y negó los requerimientos de la
demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:

1) En primer lugar, el tribunal interpretó la demanda y determinó que en el presente
proceso de reparación directa el daño reclamado era el derivado del incumplimiento
de la sentencia del 24 de enero de 2008 y la consecuente pérdida de oportunidad
del demandante de ser nombrado en un cargo de administrador en el sector
financiero, pues, las demás pretensiones debieron reclamarse a título de
restablecimiento del derecho en el proceso no. 2003-004713.

3 En la sentencia de primera instancia se indicó: “Ahora bien, en el presente caso la Subsección

considera que los daños consistentes en "el sufrimiento, la zozobra y el temor" por su vinculación a
un proceso administrativo sancionador y posteriormente a un proceso judicial, en el "sentimiento de
deterioro de mi imagen profesional que a lo largo de mi vida había logrado concitar el respeto y
admiración de sectores importantes de la sociedad en general y del sector financiero en particular"
y en la mención de su nombre en la página web de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, así como
en la afectación de las condiciones sociales, económicas, culturales y laborales del señor JOSÉ
JOAQUÍN VALDERRAMA HERNÁNDEZ derivan del proferimiento de las Resoluciones No. 0764 del
19 de julio de 2001, No. 1420 del 12 de diciembre de 2001 y No. 1514 del 20 de diciembre de 2002,
y por lo tanto debieron ser reclamadas a título de restablecimiento del derecho dentro del Proceso
de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2003-00471 desde la ejecutoria de los mismos y
hasta el cumplimiento de la sentencia.

En consecuencia, la Subsección declarará la indebida escogencia de la acción respecto de las
pretensiones en mención, y se adentrará en el fondo del asunto interpretando la demanda en el
sentido de que lo que se pretende es la declaratoria de responsabilidad de la NACIÓN - MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA por la falla del servicio
consistente en el incumplimiento de la sentencia del 24 de enero de 2008, en la que se ordenó
eliminar el nombre del demandante de las listas y archivos de sancionados, lo cual le ocasionó la
pérdida de la oportunidad o chance de "ser nombrado en un cargo de administrador en el sector
financiero-cargos que en el pasado ya había ocupado”.” (fl. 306 cdno. apelación -mayúsculas
sostenidas del original).

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Expediente: 25000-23-26-000-2010-00436-02 (55.365)
Actor: José Joaquín Valderrama Hernández
Reparación directa
Apelación de sentencia

2) En segundo término, encontró demostrado que la Superintendencia Financiera
no cumplió en el término dispuesto con lo ordenado en la sentencia del 24 de enero
de 2008, tardanza que implicó que el señor José Joaquín Valderrama Hernández
permaneciera reportado en la página electrónica de la entidad sin causa justificada,
lo cual comporta una falla en la prestación del servicio.

3) Aunque se demostró la falla del servicio no se probó la causación de un daño
cierto al demandante, por manera que “…no se allegó al plenario prueba concreta
de los cargos a los cuales el señor JOSÉ JOAQUÍN VALDERRAMA HERNÁNDEZ
aspiró y no pudo acceder entre el 10 de junio de 2008 y el 9 de abril de 2010, ni de
aquellos que no podrá desempeñar en el futuro como consecuencia de la
permanencia de la publicación de la sanción en la página web de la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, como tampoco de los salarios o dineros que
no recibió ni podrá recibir ante tal circunstancia, lo cual era indispensable para
considerar la pérdida de oportunidad como perjuicio indemnizable” (fl. 315 vto. cdno.
apelación -mayúsculas sostenidas del original).

5. Recurso de apelación

El extremo activo (fls. 320 a 330 cdno. apelación) solicitó revocar la sentencia de
primera instancia y, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda porque “…
la determinación de la pérdida de oportunidad no es una mera especulación, habida
cuenta que dentro del expediente existe suficiente material probatorio que permite
acreditar que el Dr. Valderrama tenía una promisoria carrera profesional en
entidades vigiladas por la Superintendencia, la cual se vio frustrada o truncada por
omisiones o erradas acciones en la actuación desplegada por la entonces
Superintendencia Bancaria, perspectiva desde la cual existen unos perjuicios de
orden material y moral que deben ser indemnizados en los términos y condiciones
solicitados en la demanda pues existe certeza acerca de su ocurrencia” (fl. 329
cdno. apelación).

En esa dirección, añadió que el daño por el cual se demandó reviste carácter cierto
y, por ende, es procedente la indemnización reclamada, en tanto que “…la inclusión
del nombre de una persona en esa lista negra que elabora la hoy Superintendencia
Financiera se erige en una barrera para acceder al ejercicio de cargos de
administración y representación legal en entidades y establecimientos que realizan

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Expediente: 25000-23-26-000-2010-00436-02 (55.365)
Actor: José Joaquín Valderrama Hernández
Reparación directa
Apelación de sentencia

actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionada con el
manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público” (fls. 329 y
330 cdno. apelación).

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 8 de octubre de 2015 (fl. 335 cdno. apelación) se admitió el recurso de
apelación y el 19 de octubre del mismo año (fl. 337 cdno. apelación) se corrió
traslado a las partes para alegar de conclusión en esta instancia y al Ministerio
Público para rendir concepto.

1) En dicho término, el extremo demandante reiteró los argumentos formulados en
su recurso de apelación (fls. 338 a 350 cdno. apelación).

2) Por su parte, la Superintendencia Financiera de Colombia (fls. 351 a 359 cdno.
apelación) solicitó mantener la decisión de negar las pretensiones de la demanda
por cuanto i) se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, dado que los perjuicios
reclamados debieron discutirse en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que anuló los actos administrativos que le impusieron la multa al
demandante, ii) el daño por el que se accionó fue producto de la culpa de la víctima
por no gestionar con diligencia y prontitud la eliminación de su nombre de la lista de
sancionados y, iii) no obra prueba de las oportunidades laborales que perdió por
aparecer reportado en la página electrónica de la entidad, de modo que no hay lugar
a acceder a las indemnizaciones reclamadas en la demanda.

3) A su turno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público insistió en su falta de
legitimación en la causa por pasiva (fls. 361 a 362 cdno. apelación).

4) Finalmente, el Agente Delegado del Ministerio Público pidió confirmar la
sentencia de primera instancia (fls. 363 a 383 cdno. apelación), por considerar que
“aunque está demostrado que la anotación de la sanción en la página web de la
Superintendencia Financiera perduró casi dos años después de la ejecutoria de la
sentencia que le ordenó suprimirla, los testimonios practicados no aportan la
convicción necesaria como para concluir que dicha anotación hubiere tenido las
características de un veto o una inclusión en una lista negra que impidiera al actor
acceder a los cargos de administración o representación legal a los que aspiraba”
(fl. 381 cdno. apelación).

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Expediente: 25000-23-26-000-2010-00436-02 (55.365)
Actor: José Joaquín Valderrama Hernández
Reparación directa
Apelación de sentencia

5) El 17 de noviembre de 2022, el magistrado Martín Bermúdez Muñoz manifestó
tener impedimento para conocer el presente asunto debido a su amistad íntima con
el demandante (SAMAI índice 32), impedimento que fue aceptado en auto del 2 de
junio de 2023 (SAMAI índice 35).

6) Posteriormente, el 30 de agosto de 2023 (SAMAI índice 42) el ponente declaró
impedimento para tramitar el proceso por cuanto hizo parte de la Sala de Decisión
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que emitió la referida sentencia del 24
de enero de 2008 mediante la cual se anularon los actos administrativos que
impusieron la sanción al demandante; sin embargo, por auto del 8 de febrero de
2024 se declaró infundado el impedimento (SAMAI índice 45).

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado,
y, 3) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda oportunamente4, corresponde a la Sala determinar,
conforme a la apelación, si se debe revocar la decisión de primera instancia porque
la demora en excluir el nombre del demandante del aplicativo electrónico “actos
administrativos en firme registrados a directivos” de la Superintendencia Financiera
de Colombia le representó la pérdida de oportunidad de desempeñar cargos de
administración y representación en instituciones dedicadas a actividades

4 La sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho que anuló lo actos administrativos que

multaron al señor José Joaquín Valderrama Hernández cobró ejecutoria el 25 de abril de 2008, por
lo cual en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, la Superintendencia
Financiera tenía el plazo de treinta (30) días para cumplir la orden de eliminar el nombre del
demandante de las listas y archivos de sancionados por la entidad, esto es, hasta el 12 de junio de
2008, de modo que el término de dos años de que trata el numeral 8 del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo para ejercer la acción de reparación directa fenecía, en principio, el 13
de junio de 2010; no obstante, debe advertirse que 15 de marzo de 2010 la parte demandante
presentó solicitud de conciliación extrajudicial y el 15 de junio de 2010 se expidió la constancia de
ley (fl. 36 cdno. 2), prolongándose el término para accionar hasta el 13 de septiembre de 2010, de
suerte que la demanda presentada el 2 de julio de 2010 fue oportuna.

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Actor: José Joaquín Valderrama Hernández
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financieras, bursátiles y aseguradoras relacionadas con el manejo,
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público.

La sentencia de primera instancia denegatoria de las pretensiones será revocada,
por cuanto la valoración conjunta de los medios de convicción del proceso permite
validar, fundadamente, que la demora de la Superintendencia Financiera de
Colombia en el cumplimiento de la orden judicial que le ordenó suprimir el nombre
del demandante de las bases de datos de sancionados por esa entidad comportó la
afectación de sus derechos al habeas data y al buen nombre.

2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

Como punto de partida, es preciso destacar que en la sentencia impugnada el a quo
sostuvo que la acción de reparación directa no es la vía procesal adecuada para
esgrimir las pretensiones encaminadas a obtener la reparación pecuniaria por el
sufrimiento, la zozobra, el temor, el deterioro de la imagen profesional y las
condiciones sociales, económicas, culturales y laborales del actor debido a que
estas derivan de la emisión de las Resoluciones números 0764 de 19 de julio de
2001, 1420 del 12 de diciembre de 2001 y 1514 de 20 de diciembre de 2002 y, por
ende, que debieron reclamarse a título de restablecimiento del derecho dentro del
respectivo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, determinación que,
resalta la Sala, no fue objeto de reproche o censura en el recurso de apelación.

A propósito de lo anterior, el juez de primera instancia, en un ejercicio de
interpretación de la demanda, estimó que la acción de reparación directa de la
referencia debía entenderse interpuesta con el fin de que se declare la
responsabilidad patrimonial extracontractual de las entidades demandadas por la
falla del servicio derivada del cumplimiento tardío de la orden judicial que anuló los
actos administrativos que multaron a José Joaquín Valderrama Hernández y
dispuso eliminar su nombre de las bases de datos de sancionados por la
Superintendencia Financiera, pues, esa demora le representó la pérdida de
oportunidad de acceder a cargos de dirección y representación en instituciones
vigiladas por la referida superintendencia.

El tribunal de primer grado negó las súplicas de la demanda por considerar que del
material probatorio allegado al proceso no es posible establecer los cargos a los

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Actor: José Joaquín Valderrama Hernández
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que se postuló y que no pudo acceder el demandante entre el 10 de junio de 2008
y el 9 de abril de 2010 por razón de la anotación en la página web de la
superintendencia aludida; por su parte, el extremo recurrente solicitó revocar la
sentencia denegatoria de las pretensiones por cuanto, en su criterio, el daño por el
que se demandó cumple con requisito de certeza en la medida que en el expediente
se probaron sus calidades profesionales y promisoria carrera profesional y laboral,
sumado al hecho de que el reporte en la base de datos de la Superintendencia
Financiera constituye una verdadera barrera para el acceso a empleos en
instituciones financieras, bursátiles y aseguradoras.

Las pruebas válidamente recaudadas demuestran los siguientes hechos relevantes
para la decisión del caso:

1) En sentencia proferida el 24 de enero de 2008, la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de las
resoluciones 0764 del 18 de julio de 2001, 1420 del 12 de septiembre de 2001 y
1514 del 20 de diciembre de 2002 en su momento emitidas por la Superintendencia
Bancaria, a través de las cuales se multó al demandante por ejercer el cargo de
vicepresidente jurídico y secretario general del Banco BCH sin previamente tomar
posesión del cargo ante la Superintendencia Bancaria; en consecuencia, ordenó a
la referida superintendencia la devolución de los dineros pagados por José Joaquín
Valderrama Hernández por concepto de multa, debidamente indexados, así como
también eliminar su nombre de las listas y archivos de sancionados5, sentencia que

5 Según lo consignado en la referida providencia las súplicas de la demanda fueron del siguiente

tenor:
“1. Que se declare que es nula la Resolución 0764 del 18 de julio de 2001 expedida por la
Superintendencia Bancaria en la que textualmente se resolvió: "MULTAR al doctor JOSÉ JOAQUÍN
VALDERRAMA HERNÁNDEZ, exrepresentante legal (sic) del Banco Central Hipotecario (hoy en
liquidación), con la suma de UN MILLÓN DE PESOS M/CTE. ($1'000.000.00) a favor del Tesoro
Nacional (...)".
2. Que se declare que es nula la Resolución 1420 del 12 de septiembre 2001 expedida por la
Superintendencia Bancaria en la que textualmente se resolvió: "CONFIRMAR en todas sus partes la
Resolución 0764 del 18 de julio de 2001, por medio del cual se sancionó pecuniariamente al doctor
JOSÉ JOAQUÍN VALDERRAMA HERNÁNDEZ (...)".
3. Que se declare que es nula la Resolución 1514 del 20 de diciembre de 2002, expedida por la
Superintendencia Bancaria en la que textualmente se resolvió: "CONFIRMAR en todas sus partes la
Resolución 0764 del 18 de julio de 2001 (...)".
4. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se restablezca el derecho del demandante
ordenándole a la Superintendencia Bancaria de Colombia restituir la multa cancelada por el
demandante junto con la indexación e intereses comerciales desde el día 3 de abril de 2003, fecha
en la que se hizo el pago, hasta cuando se dicte la sentencia que ponga fin al proceso.
5. Que se ordene a la Superintendencia Bancaria a título de restablecimiento del derecho, borrar de
las listas y de los archivos de sancionados al demandante.
6. Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas que se ocasionen con este proceso.

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Expediente: 25000-23-26-000-2010-00436-02 (55.365)
Actor: José Joaquín Valderrama Hernández
Reparación directa
Apelación de sentencia

cobró ejecutoria el 25 de abril de 2008 según constancia secretarial (fls. 14 a 34
cdno. de pruebas no. 2).

2) Por auto del 11 de marzo de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -
Sección Primera - Subsección B negó la solicitud de adición de la sentencia del 24
de enero de 2008 por estimar que lo pedido por el demandante comportaba la
inclusión de una nueva pretensión6 (fls.61 a 64 cdno. 1), decisión notificada por
estado del 26 de marzo de 2008 (fl. 170 cdno. 1).

3) La Notaria Cuarenta y Siete (47) del Círculo de Bogotá DC certificó que para el
17 de marzo de 2010 aparecía fijado en la página electrónica de la Superintendencia
Financiera el nombre del señor José Joaquín Valderrama Hernández en el listado
de “actos administrativos en firme registrados a directivos”, con multa por valor de
un millón de pesos por incumplimiento de deberes por ejercer el cargo de
vicepresidente jurídico del Banco Central Hipotecario sin estar posesionado por la
Superintendencia Bancaria (fls. 4 y 5 cdno. de pruebas no. 2).

4) De la certificación suscrita por el subdirector de Recursos Humanos de la
Superintendencia Financiera de Colombia se extrae que el señor José Joaquín
Valderrama Hernández se desempeñó laboralmente en el ejercicio de diversos
cargos en esa entidad, en dos periodos, el primero comprendido del 1 de julio de
1992 al 15 de febrero de 1994 y, el segundo, del 13 de julio al 27 de septiembre de
1998 (fl. 266 cdno. 1; asimismo, consta que el demandante ejerció la representación
legal de la entidad Ultra Servicios Fiduciarios SA – en liquidación del 17 de abril de
1995 al 26 de julio de 1998 y de la compañía de financiamiento Mi Plata SA a partir
del 12 de abril de 2012 en condición de suplente del gerente (fls. 267 a 269 cdno.

7. Dispóngase que las condenas producirán intereses moratorios estimados a una tasa equivalente
al doble de los corrientes, a partir de la ejecutoria de la sentencia y hasta que se produzca su pago,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del CCA” (fls. 14 y 15 cdno. de pruebas no. 2).
6 En la providencia se transcribió la petición de aclaración así: “... solicito que se adicione la sentencia

dictada con fecha 24 de enero de 2008, con el fin de que ese Honorable Tribunal se pronuncie sobre
la solicitud de incluir una condena por perjuicios morales contenida en el alegato de conclusión, como
parte del restablecimiento del derecho solicitado en las pretensiones de la demanda.
(…)
En ese sentido y como parte del restablecimiento del derecho, además de la restitución de la multa
cancelada y de borrar de las listas y archivos de sancionados al demandante, en el alegato de
conclusión solicité que se incluyera una indemnización por perjuicios morales derivados de la
divulgación que hizo de mi nombre la entidad demandada dentro de las listas de "Sanciones en Firme
a Directivos (…)” (fl. 61 cdno. 1).

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1); al propio tiempo, se probó que fungió como vicepresidente jurídico del Banco
BCH entre el 28 de septiembre de 1998 y el 8 de febrero de 2000 (fl. 35 cdno. 1).

5) De igual manera, en el curso de la primera instancia se recibieron las
declaraciones de los señores Carlos Eduardo Bermúdez Muñoz7, Joaquín Rafael
Valderrama Benavides8, Luis Gonzalo Baena Cárdenas9 y María Clemencia
Peñuela Espitia10 quienes, en términos generales, indicaron que la multa impuesta
por la Superintendencia Bancaria afectó el crecimiento y desarrollo profesional del
señor José Joaquín Valderrama, cuyos relatos se resumen en lo siguiente:

a) El señor Carlos Eduardo Bermúdez Muñoz refirió que al poco tiempo de que
José Joaquín Valderrama Hernández se retiró del Banco Central Hipotecario le fue
impuesta una sanción por la Superintendencia Financiera, la cual se mantuvo
vigente en la página electrónica de la entidad incluso después de la ejecutoria de la
sentencia que la anuló, lo cual, puntualizó, “condujo en la práctica a lo que conducen
ordinariamente este tipo de sanciones que se traducen en un verdadero veto para
acceder al ejercicio de la actividad profesional en un especifico sector como lo es
en este caso el financiero y bursátil” (fl. 224 vto. cdno. 1); asimismo, adujo que el
demandante “quedó marginado literalmente de la posibilidad de acceder al sector
financiero y en la práctica no tuvo, no obstante su trayectoria, la oportunidad de
volverse a vincular a ninguna entidad del sector porque todas estas entidades, como
es más que obvio, se cuidan de contratar personas que tengan impuestas sanciones
por la Superintendencia que ejerce las funciones de inspección control y vigilancia
sobre ellas mismas” (fl. 225 cdno. 1), circunstancia que conllevó a que durante una
larga temporada el demandante se viera abocado a llevar procesos menores junto
a su padre Joaquín Valderrama y casos encomendados por algunos excompañeros
de la universidad, hasta que una vez eliminada la publicación de la sanción logró
vincularse en el sector financiero en un cargo muy importante en una compañía de
capital extranjero del sistema transaccional no bancarizado.

Sobre los intentos realizados por el demandante para vincularse laboralmente en el
sector financiero durante el periodo de publicación de la sanción en la página

7 Fls. 224 a 226 cdno. 1.
8 Fls. 228 a 229 cdno. 1. Padre del demandante.
9 Fls. 246 a 247 cdno. 1.
10 Fls. 248 a 249 cdno. 1. Esposa del demandante.

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electrónica de la Superintendencia el testigo indicó “…supe de algunos intentos que
hizo para tratar de vincularse, no obstante la situación de hecho ya comentada, y lo
supe porque siempre me consultó para colocarme como referencia en sus hojas de
vida, porque sabía del reconocimiento de nuestra firma en el sector financiero y
porque sabía que el suscrito en el pasado había participado de alguna que otra junta
directiva del sector y en esa medida entendía el que yo podía ser un referente de
confianza para avalar sus créditos personales. Tengo la idea de que intentó
vincularse en algún momento como defensor del cliente que fue una actividad que
nació a la vida del sector como consecuencia de una reforma financiera que impuso
la institucionalización de la figura y que obligó a los bancos a acudir a abogados
expertos del sector que con una perspectiva independiente pero conocedora de las
normas financieras pudieran asumir solventemente esa función, supe también que
intentó vincularse a través de otra figura de reciente creación cuyo nombre exacto
no recuerdo pero que es algo así como un oficial de auto regulación que se encarga
al interior de las entidades de vigilar el cumplimiento de la normativa específica del
sector, es decir, que es una especie de auditor legal concebido bajo los esquemas
actuales de auto regulación imperantes tanto en el sector bursátil como en el sector
financiero. Lo que entiendo es que ninguno de sus intentos tuvo buen fin, entiendo
que todo fracasó, como era más que previsible y como él ya debía suponer no
obstante su insistencia algo tozuda” (fls. 225 vto. a 226 cdno. 1).

b) Por su parte, Joaquín Rafael Valderrama Benavides respecto de la situación
laboral de su hijo José Joaquín Valderrama Hernández afirmó: “Fue cierto que
durante la vigencia o el periodo en que tuvo que enfrentar esa sanción, no conocí
que hubiera tenido oportunidad de acceder a cargos significativos en el sistema
financiero y bursátil donde venía desarrollando su rápida y notoria carrera
profesional y algo más, me enteré que ya desaparecida del mundo jurídico la
sanción que le había sido impuesta, en la página web de la Superintendencia
Financiera, que tiene un ámbito universal, habían colgado la sanción ya revocada
que le había impuesto la Superintendencia. Ello lo obligó a buscar otras alternativas
en que pudiera obtener los ingresos que su buena calidad de abogado que
acreditado le permitieran una subsistencia congrua en ramas del derecho que no
habían sido las elegidas por el desde muy temprana juventud para proyectarse
como un abogado prestigioso como lo venía siendo en ese mundo financiero y
bursátil” (fl. 228 vto. cdno. 1).

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c) De otro lado, el señor Luis Gonzalo Baena Cárdenas manifestó que el señor José
Joaquín Valderrama Hernández fue subalterno suyo en la Superintendencia
Bancaria y, que tiempo después, se enteró de la sanción que le fue interpuesta por
no haber tomado posesión previa del cargo de representante legal de una institución
financiera ante la Superintendencia, en esa dirección aseveró que “es práctica
generalizada en el sector financiero averiguar por los antecedentes que las
personas tengan o hayan tenido, entre otros aspectos, en temas relacionados con
sanciones administrativas impuestas por los organismos de control. (…) el Doctor
Valderrama ya había llegado a un estatus al que no se llega sino con determinadas
cualidades personales, profesionales, morales como son las que se requiere para
ser administrador de una entidad financiera, que implicaciones tiene esa sanción,
pues que dada la posición a la que ya había llegado el Doctor Valderrama dentro
del sector financiero, ninguna otra entidad dentro del sector financiero podría
contratar sus servicios para desempeñar cargos de este mismo orden porque muy
seguramente la superintendencia se abstendría de autorizar su posesión con base
en ese antecedente sancionatorio (…) hace algún tiempo me enteré por un amigo
común que el Doctor Valderrama había perdido unas oportunidades laborales en el
sector financiero en cargos de dirección precisamente por razones de la sanción
que le impuso la superintendencia, yo hace mucho tiempo no me veía con el Doctor
José Joaquín Valderrama hasta ahora que me citaron acá, esto que acabo de decir
lo supe por un tercero amigo en común entonces no podría precisar en qué
entidades” (fls. 246 vto. y 247 cdno. 1).

d) Finalmente, María Clemencia Peñuela Espitia refirió que su esposo José Joaquín
Valderrama Hernández “…se dedicó a tratar de quitarse la sanción a como fuera
lugar estaba dedicado a eso, después logró que la sanción se quitara, se absolvió,
salió a favor de él de que le quitaran esa sanción de deslealtad como si no fuera
honorable cuando pues eso era lo más preciado que él tenía en las compañías en
las que había trabajado que eran cargos de confianza. A raíz de que la sanción se
quitó volvieron a tomar las cosas su curso y de hecho hoy en día es el
Representante Legal, el Secretario General y el Gerente Jurídico de una empresa
que es pequeña pero está en el Área financiera, está como volviendo a iniciar su
carrera. Ahora está trabajando”, agregó que “…después de la sanción todas las
puertas se cerraron en el sector financiero… él pasó hojas de vida en las empresas
en donde él sabía que podría ejercer su carrera, su profesión y no fue posible,
amigos intentaron vincularlo al sector pero no fue fructífero” (fls. 248 vto. cdno 1).

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6) En relación con el fondo de la controversia, es pertinente mencionar que la
oportunidad perdida debe estar dotada de una cierta relevancia jurídica que permita
calificarla como valiosa o real, que justifique el interés legítimo del demandante, es
decir, aunque para acreditar la pérdida de oportunidad basta con la aleatoriedad del
eventual resultado favorable debe existir certeza sobre la existencia de la
oportunidad, entendida como la expectativa real, seria y relevante perdida, esto es,
que en ausencia del hecho dañoso la víctima habría mantenido intacta la
expectativa de obtener un provecho o de evitar un perjuicio, de manera que la
oportunidad se extinguió de forma irreversible para la víctima pues, de lo contrario,
el daño sería eventual y por tanto no indemnizable.

De este modo, los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño
por pérdida de oportunidad se han condensado jurisprudencialmente11 en los tres
siguientes:

El primero, se refiere a alea del resultado como la incertidumbre acerca de si el
beneficio se iba a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar lo cual constituye un mero
interés legítimo de la frustración de una expectativa, sin que ello se oponga al
carácter cierto del daño pues la certeza en este caso debe analizarse respecto de
la oportunidad perdida y no del resultado.

El segundo, se relaciona con la certeza de la oportunidad propiamente dicha que
impone la obligación de probar que el afectado realmente se hallaba en una
situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el resultado
esperado, es decir, que se encontraba en una situación potencialmente apta para
obtener la indemnización de los perjuicios causados.

El tercero, exige demostrar que la oportunidad de obtener la reparación se extinguió
definitivamente puesto que si dicha reparación aún puede ser lograda la oportunidad
no estaría perdida.

11 Pueden consultarse, entre otras, las sentencias del Consejo de Estado, del 3 de abril de 2020

Sección Tercera, Subsección B, en el expediente con radicación número 19001-23-31-000-1998-
00571-01(21554) MP Ramiro Pazos Guerrero y en sentencia del 11 de octubre de 2021, Sección
Tercera, Subsección B, en el expediente no. 76001-23-31-000-2011-00686-01 (49.939), MP Fredy
Ibarra Martínez.

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7) Precisado lo anterior, advierte la Sala que en este caso no hay certeza sobre la
oportunidad que se reclama como perdida por la parte demandante, en tanto que
los medios de prueba son insuficientes en orden a establecer que precisamente por
cuenta de la anotación de la multa en la página electrónica de la Superintendencia
Financiera el demandante se vio privado de la posibilidad de acceder al ejercicio de
empleos en instituciones vigiladas por la referida superintendencia, pues, aunque
los testimonios practicados en el proceso aluden de manera general y abstracta a
la imposibilidad que en la práctica profesional representa esa anotación, lo cierto es
que no dan cuenta de modo especifico de las circunstancias de tiempo, modo y
lugar de las supuestas oportunidades laborales concretas a las que se presentó el
señor José Joaquín Valderrama Hernández y que ciertamente fueron denegadas
por esa precisa circunstancia entre el 13 de junio de 200812 y el 9 de abril de 201013.

En efecto, el testigo Luis Gonzalo Baena Cárdenas declaró que un tercero le contó
que, por causa de la sanción que le fue impuesta por la superintendencia
demandada, el señor José Joaquín Valderrama Hernández perdió algunas
oportunidades laborales en cargos de dirección en el sector financiero, sin embargo,
puntualizó que desconocía a cuáles entidades presentó su aspiración laboral el
demandante, luego, su declaración no tiene la fuerza de convicción necesaria para
demostrar el daño por el que se demandó, en la medida que su conocimiento de los
hechos frente a los cuales declaró no es directo ni específico en tanto que no precisa
las aspiraciones laborales trucadas, el momento en que se presentaron, como
tampoco individualiza la persona que le comentó sobre la situación del demandante.

Al propio tiempo, el testigo Carlos Eduardo Bermúdez refirió que conoció de algunos
intentos ejecutados por el señor José Joaquín Valderrama Hernández para
vincularse laboralmente pero no especificó de manera concreta ante cuáles

12 Fecha en que se hizo exigible la obligación de eliminar el reporte negativo de las bases de datos

de la Superintendencia Financiera de Colombia, conforme lo ordenado en la sentencia proferida por
la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 24 de enero
de 2008.

13 Fecha en que la parte demandante aseveró se suprimió la anotación de la sanción del aplicativo

virtual de la Superintendencia aludida, afirmación frente a la cual las entidades demandadas no
formularon reproche o censura alguna como tampoco aportaron prueba que la refute y, por ende, se
tiene como demostrada.

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entidades o instituciones ni en qué tiempo, aspecto de capital importancia en el
presente asunto, pues, no puede pasar inadvertido que en este proceso el daño
cuya reclamación se reclama por el actor no deriva de la expedición del acto
administrativo que impuso la multa y que, por ende, dio lugar a la anotación en la
página web de la entidad, pues, como ya se advirtió, los eventuales perjuicios
derivados de esa situación debieron reclamarse en su momento a título de
restablecimiento del derecho en el proceso de nulidad de los actos administrativos
sancionatorios, sino que, insiste la Sala, el daño en este proceso de reparación
directa, deviene de la tardanza en el cumplimiento de la orden judicial de
desanotación o eliminación del registro de la sanción en los archivos oficiales y
particularmente de la página electrónica oficial de la entidad demandada, razón por
la cual era menester demostrar las oportunidades laborales concretas que durante
ese tiempo le fueron truncadas al demandante por causa de un sanción que no se
encontraba vigente, con la necesaria y debida especificación de fechas, lugares,
personas y/o entidades en las que se presentaron y que supuestamente se
frustraron.

8) En esa dirección, aunque los testigos coincidieron en señalar que las sanciones
que impone la Superintendencia Financiera suponen un verdadero veto para ejercer
actividades en entidades del sector financiero, bursátil o asegurador, ninguno afirmó
tener conocimiento directo, particular y concreto sobre las vacantes laborales a las
que se presentó el demandante y que le fueron negadas por causa de la anotación
en la página electrónica de la entidad demandada luego de anulados los actos
administrativos que lo sancionaron, por lo cual, para la Sala la prueba testimonial
no demuestra la pérdida de oportunidad reclamada y, en consecuencia, no es
posible acceder al reconocimiento de indemnización por perjuicio material en la
modalidad de lucro cesante.

9) De otro lado, la afirmación sobre la pérdida de oportunidad de ocupar un cargo
de dirección en el sector financiero por causa de la demora en suprimir el reporte
negativo en la página electrónica de la Superintendencia Financiera se ve
contrastada por el hecho de que el señor José Joaquín Valderrama Hernández no
probó desempeñar un cargo de dirección y manejo en el sector financiero incluso
desde antes de la publicación de la sanción en la página electrónica de la
demandada, circunstancia que impide concluir que su prominente carrera

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profesional se truncó por la tardanza en cumplir la orden judicial que imponía borrar
su nombre de las bases de datos de sancionados por la referida superintendencia.

Al respecto, evidencia la Sala que la última vinculación acreditada por el
demandante en un cargo directivo del sector financiero fue como vicepresidente
jurídico del Banco BCH la cual finalizó el 8 de febrero de 2000 y, en el hecho 19 del
libelo inicial se refirió que en algún momento a partir del 20 de diciembre de 2002 la
Superintendencia efectuó la publicación virtual de la sanción, de manera que la
ausencia de demostración de la actividad profesional desempeñada por el
demandante para el mes de diciembre de 2002 impide colegir que el ejercicio de su
profesión se afectó por la anotación registrada en la página web de la
Superintendencia Financiera y su demora en suprimirla.

En efecto, en el proceso no obra ningún medio de prueba que en forma idónea,
concreta y fehaciente acredite las supuestas postulaciones que hubiera realizado
directamente o que otros le hubieran efectuado, como tampoco de postulaciones o
participaciones en procesos o convocatorias de selección de personal en el sector
de su desempeño laboral, concurso de méritos o nominaciones o actos de
nombramiento o de elección ni se especificó nada de quién o quiénes
supuestamente realizaron tales actividades que se hubieren frustrado o truncado
por motivo de permanecer vigente en el registro de la Superintendencia Financiera
la sanción que en su momento le fue impuesta y, que pese a haber sido anulada
judicialmente no fue eliminado oportunamente su registro.

10) Sin perjuicio de lo anotado, aunque no se acreditó la pérdida de oportunidad de
acceder a cargos directivos en el sector financiero reclamada por el demandante, lo
cierto es que a partir de los elementos de convicción practicados en el proceso, está
demostrado que la tardanza de la Superintendencia Financiera en acatar la orden
judicial impartida en la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 24 de enero de 2008
constituye una falla en el servicio que afectó los derechos fundamentales al habeas
data y al buen nombre del señor José Joaquín Valderrama Hernández.

11) Particularmente con las declaraciones de los señores Carlos Eduardo
Bermúdez Muñoz y Luis Gonzalo Baena Cárdenas, encuentra la Sala acreditado
que la tardanza de la Superintendencia Financiera en la supresión del nombre del

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demandante del aplicativo de “sanciones en firme a directivos” visible en la página
electrónica de la entidad le aparejó una aflicción emocional, representada en
sentimientos de congoja, pesadumbre, frustración y molestia, por ende, como los
hechos que dan origen al presente proceso por su contenido y alcance constituyen
una violación a un derecho constitucional fundamental especialmente protegido por
la Carta como lo es el habeas data14, resulta procedente su reparación.

12) Sobre este punto, es preciso destacar que la Corte Constitucional en sentencia
de unificación jurisprudencial15 reconoció la naturaleza de derecho fundamental
autónomo del habeas data, cuyo centro de protección recae en el dato personal, “…
en tanto información que tiene la posibilidad de asociar un determinado contenido a
una persona natural en concreto, cuyo ámbito de acción es el proceso en virtud del
cual un particular o una entidad adquiere la potestad de captar, administrar y
divulgar tales datos”16. En ese marco de análisis, reiteró que el núcleo del aludido
derecho está dado por los contenidos mínimos de acceso, actualización, inclusión,
corrección y exclusión de la información contenida en bases de datos 17, la cual, en
todo caso, debe ser tratada y administrada con estricto apego a los principios de
“libertad; necesidad; veracidad; integridad; finalidad; utilidad; acceso y circulación
restringida; incorporación; caducidad; e individualidad”.

A su vez, en pronunciamiento de unificación la Corte Constitucional puntualizó que
el carácter de derecho fundamental autónomo del habeas data supone, de un lado,
la garantía de que el titular de la información registrada en bases de datos puede
acceder a ella y, de otra parte, el consiguiente deber de los administradores de las
bases de datos de acatar los principios para el tratamiento de estos, destacándose,

14 Constitución Política de Colombia, artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad

personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual
modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido
sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías
consagradas en la Constitución (…).
15 SU-139 de 14 de mayo de 2021, expediente T-8.004.793. MP Jorge Enrique Ibáñez Najar.
16 Ídem.

17 En términos de la Corte Constitucional: “Igualmente, debe destacar que estas dos dimensiones

están íntimamente relacionadas con el núcleo esencial del derecho, el cual, a la luz de la Sentencia
C-540 de 2012, se compone de los siguientes contenidos mínimos: 1) el derecho de las personas a
conocer (acceder) a la información que sobre ellas está recogida en las bases de datos; 2) el derecho
a incluir nuevos datos con el fin de que se provea una imagen completa del titular; 3) el derecho a
actualizar la información; 4) el derecho a que la información contenida en las bases de datos sea
corregida; y, 5) el derecho a excluir información de una base de datos (salvo las excepciones
previstas en las normas)”.

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para el caso particular, el de veracidad de la información, en virtud del cual la
información reportada debe obedecer a situaciones verídicas, actuales y
comprobables excluyendo el registro de contenido parcializado o que induzca a
error.

13) Así las cosas, como en este proceso se demostró que en la página electrónica
de la Superintendencia Financiera se divulgó una información desactualizada y
errónea sobre el señor José Joaquín Valderrama Hernández, lo cual supone una
transgresión de su derecho al habeas data, en atención a la dimensión de ese
perjuicio y por las implicaciones que conlleva se estima razonable y justo decretar
una indemnización por concepto de perjuicio moral en cuantía equivalente a quince
(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

14) En línea con lo anotado, para la Sala está probada la afectación del buen
nombre18 del demandante por la permanencia del reporte negativo en la página
electrónica de la entidad pese a la existencia de una orden judicial que anuló los
actos administrativos que lo sancionaron y ordenó la supresión de la información
contenida en sus bases de datos, pues, como lo sostuvo el testigo Luis Gonzalo
Baena Cárdenas, el reporte en el aplicativo de sanciones en firme a directivos
“puede calificarse como una lista negra de sancionados, independientemente de si
la sanción está o no adecuadamente fundamentada pues ellas terminan por afectar
el buen nombre del sujeto sancionado”; igualmente, a partir del testimonio del señor
Carlos Eduardo Bermúdez Muñoz19 es posible colegir que la persistencia del reporte
negativo en la página institucional de la demandada, sin que hubiera lugar a ello,
generó descrédito y señalamiento o estigmatización del señor José Joaquín
Valderrama Hernández en el sector financiero en el cual había desempeñado su
actividad laboral.

18 El buen nombre hace referencia a la estima o buena opinión que se forma de una determinada

persona, es decir, el concepto favorable que se tienen los congéneres o la comunidad de alguien en
particular.
19 En diligencia de testimonio del 14 de agosto de 2014 afirmó que “…el veto derivado de la sanción

y de su publicación preservada aun después de que la sanción había sido revocada, surtió el efecto
que suelen surtir estas sanciones y para el cual fueron creadas. De esa manera, JOSÉ JOAQUÍN,
quedó marginado literalmente de la posibilidad de acceder al sector financiero y en la práctica no
tuvo, no obstante su trayectoria, la oportunidad de volverse a vincular a ninguna entidad del sector
porque todas estas entidades, como es más que obvio, se cuidan de contratar personas que tengan
sanciones impuestas por la superintendencia que ejerce las funciones de inspección control y
vigilancia sobre ellas mismas” (fls. 224 vto. y 225 cdno 1 -mayúsculas propias del original).

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Actor: José Joaquín Valderrama Hernández
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15) En el descrito panorama, la Sala encuentra que una forma de indemnizar este
perjuicio es a través de la rectificación como medida de reparación no pecuniaria y,
en tal sentido, dispondrá que, a través de un comunicado con especial difusión en
la página electrónica oficial de la entidad, la Superintendencia Financiera de
Colombia exprese disculpas al señor José Joaquín Valderrama Hernández por
mantener una información desactualizada y equivocada en el aplicativo virtual de
consulta pública denominado “sanciones en firme a directivos”.

3. Condena en costas

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 –que modificó el artículo 170 del CCA–
determina que solo habrá lugar a la imposición de costas cuando alguna de las
partes haya actuado con temeridad o mala fe dentro del proceso. En este caso
concreto no habrá lugar a la imposición de costas y agencias en derecho toda vez
que la parte vencida no obró de esa forma.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Revócase la sentencia proferida el 21 de mayo de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C de
Descongestión y, en su lugar, se dispone:

“PRIMERO: DECLÁRASE a la Superintendencia Financiera de
Colombia patrimonial extracontractualmente responsable por los
perjuicios causados al demandante, de conformidad con lo explicado
en esta sentencia.

SEGUNDO: Como consecuencia y a título de reparación del daño,
CONDÉNASE a la Superintendencia Financiera de Colombia, a
pagar a José Joaquín Valderrama Hernández la suma equivalente a
quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes por
concepto de perjuicio moral.

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TERCERO: La Superintendencia Financiera de Colombia emitirá
una misiva en la que exprese disculpas al señor José Joaquín
Valderrama Hernández por la afectación de su buen nombre,
conforme a los términos señalados en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda”.

2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.

3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente
al tribunal de origen para lo su cargo, previas las correspondientes constancias
secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
Magistrado
Aclara voto
(Firmado electrónicamente)

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) Impedido
(Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI (con
excepción del magistrado Martín Bermúdez Muñoz a quien se le aceptó el impedimento
manifestado y quedó separado del caso), en consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la
Ley 2213 de 2022.

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