RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2010-00559-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00559-01

Repetición: elementos

Fecha
2 de agosto de 2019
Consejero ponente
Martín Bermúdez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00559-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO.- CONFIRMAR, con base en las consideraciones expuestas, de 27 de marzo de 2014, proferida por la Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual accedió a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO.- ACTUALIZAR la condena en contra del agente de policía Javier Enrique Ávila Díaz, quien deberá reintegrar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($233.558.853). TERCERO.- FIJAR el plazo de seis (6) meses para el cumplimiento de esta sentencia, a partir del día siguiente a su ejecutoria. CUARTO.- Sin condena en costas. QUINTO.- Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo. Por Secretaría de la Sección expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 114 del C.G.P. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando. SEXTO.- Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2010-00559-01

Consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz

2 de agosto de 2019

REPETICIÓN - CONDENA

SÍNTESIS DEL CASO: Los Demandados se desempeñaban como agentes de policía cuando en una patrulla de la institución atropellaron a un ciudadano provocándole la muerte, en proceso de reparación directa la entidad demandada fue condenada al pago de los perjuicios ocasionados en razón a estos hechos.

REPETICIÓN - Elementos / REPETICIÓN - Sobre condena en proceso de reparación directa contra la Policía Nacional / PAGO DE LA CONDENA / RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DE POLICIÁ - Muerte de ciudadano

Al proceso se allegó copia de la sentencia de condena proferida del 4 de octubre de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con la cual la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional fue declarada responsable de la muerte del señor JORGE ENRIQUE CHÁVEZ LAVERDE en hechos ocurridos el 21 de octubre de 2002 en el municipio de El Rosal. Como consecuencia de lo anterior, la entidad demandada fue condenada a pagar la suma de 100 smmlv para la madre de la víctima y 50 smmlv para cada uno de los doce hermanos. La anterior decisión se produjo al encontrar probado que el agente de policía Javier Enrique Ávila Díaz conducía en estado de embriaguez una patrulla por la vía alterna a la autopista Medellín que conduce al municipio de Subachoque y a la altura de la Finca La María atropelló al señor Jorge Enrique Chávez Laverde, ocasionándole la muerte (…) obra copia de la resolución número 0062 de 4 de febrero de 2008 por medio de la cual el Ministerio de Defensa-Policía Nacional dio cumplimiento a la sentencia y dispuso la cancelación de la suma de $324.341.083, representada en capital ($303.590.000) más intereses ($20.751.083) y el pago se hizo efectivo el 15 de febrero de 2008, mediante consignación en el Banco de Bogotá por la suma de $323.614.795,58 y según comprobante de egreso Nº 560 de 19 del mismo mes y año de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad, previo descuento de la retención en la fuente (…) Mediante sentencia de 20 de octubre de 2005, el mismo comandante de policía declaró probados los cargos y responsabilizó disciplinariamente al subintendente Javier Enrique Ávila con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de cinco (5) años, por transgredir el artículo 38, numerales 4, 8, 25 y 36 literal h) del Decreto 1798 de 2000, relativos a la comisión de faltas graves por comportamientos negligentes o arbitrarios dentro del servicio, ingerir bebidas embriagantes, incumplir las instrucciones impartidas por un superior y conducir un vehículo oficial sin autorización.

REPETICIÓN - Liquidación del valor a restituir / VALOR A RESTITUIR - Condena impuesta a la entidad demandante / VALOR A RESTITUIR - Actualización

Acreditada la responsabilidad del agente demandado se procede a revisar la condena impuesta por el a quo, pues según lo previsto por el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, la entidad demandante puede repetir, en todo o en parte, contra el servidor público por lo que le correspondiere. Se tiene probado que mediante la resolución número 0062 de 4 de febrero de 2008, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional reconoció y ordenó pagar la suma de $324.341,083,50 a favor de los familiares de la víctima y el pago se hizo efectivo el 15 de febrero de 2008, mediante consignación en el Banco de Bogotá por la suma de $323.614.795,58 y según comprobante de egreso Nº 560 de 19 del mismo mes y año de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad. El Tribunal solo condenó al demandado a pagar el capital, como quiera que los intereses no eran procedentes en el marco de la acción de repetición y, en virtud de la participación de los hechos del patrullero Jhon Jairo Marín Marín, redujo la condena a la mitad de la suma pagada por la entidad, esto es, reconoció a su favor solo el capital, esto es la suma de $151.795.000 y la actualizó para un total de $183.645.341. Al respecto, la Sala comparte la decisión del a quo de negar el reconocimiento de intereses, toda vez que el demandado no es responsable de la mora en que haya incurrido la entidad al realizar el pago, pues en los términos del parágrafo del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la cuantía de la pretensión de la demanda de repetición se fijará por el valor total y neto de la condena impuesta al Estado. En consecuencia, el valor a repetir contra el señor Javier Enrique Ávila Díaz equivaldrá a la suma que resulte actualizada de la condena impuesta en primera instancia

FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., dos (02) de agosto de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00559-01(51287)

Actor: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL

Demandado: JAVIER ENRIQUE ÁVILA DÍAZ

Referencia: REPETICIÓN

Tema: Acción de repetición por hechos ocurridos en vigencia de la Ley 678 de 2001 con fundamento en la presunción de dolo por existir condena disciplinaria en contra del Agente estatal demandado.

No observándose irregularidad que invalide la actuación, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia de 27 de marzo de 2014 proferida por la Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la acción de repetición de la referencia, en la cual se accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que el agente demandado causó el daño y obró con dolo, en hechos ocurridos luego de la vigencia de la Ley 678 de 2001.

La parte resolutiva de la sentencia expresa:

“Primero.- Declarar patrimonialmente responsable al señor Javier Enrique Ávila Díaz por la suma de dinero pagada por la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional mediante al resolución No. 0062 del 4 de febrero de 2008, la cual dio cumplimiento a la providencia del 4 de octubre de 2007, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Segundo.- Condenar al señor Enrique Ávila Díaz a reintegrar la suma de ciento ochenta y tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y un pesos m/cte ($183.645.341) a favor de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.

Tercero.- Fijar para el cumplimiento de esta sentencia, el plazo de un (1) año contado a partir del día siguiente a la ejecutoria de la presente providencia.

Cuarto.- Contra la presente providencia procede el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 181 del C.C.A.

Quinto.- En caso de no ser apelada la presente sentencia, puesto que el demandante fue representado por curador ad litem, por secretaría remitir el expediente al superior para que se tramite el grado jurisdiccional de consulta. Lo anterior, de conformidad con el artículo 184 del C.C.A.

Sexto.- Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección, liquidar los gastos del proceso y en caso de remanentes, devolver al interesado. Pasados dos (2) años sin que la parte demandante los haya reclamado, la mencionada secretaría declarará la prescripción a favor del Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial”.

I. ANTECEDENTES

1.- El presente proceso tuvo origen en la demanda presentada el 13 de abril de 2010 por la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, contra el subintendente retirado de la Policía Nacional Javier Enrique Ávila Díaz, para que se declarara su responsabilidad patrimonial y, como consecuencia, reintegrara lo pagado por la entidad, en virtud de una sentencia condenatoria, en la cual se ordenó el pago de los daños causados con la muerte del señor Jorge Enrique Chávez Laverde, en hechos ocurridos el 21 de octubre de 2002 en el municipio de El Rosal, Cundinamarca. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

“1.- Que se declare al señor subintendente retirado de la Policía Nacional JAVIER ENRIQUE ÁVILA DÍAZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.908.050 responsable por su actuar en los hechos que dieron lugar a la condena proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, dentro de la acción de reparación directa número 2500023260002003000648-01, de fecha 4 de octubre de 2007, sobre el pago de perjuicios morales que debía asumir la Policía Nacional, por la muerte del señor JORGE ENRIQUE CHÁVEZ LAVERDE.

2.- Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al señor JAVIER ENRIQUE ÁVILA DÍAZ a reembolsar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional el total del capital pagado por la Policía Nacional, es decir, la suma de TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($303.590.000.oo), conforme a la sentencia condenatoria y los hechos ya narrados en los numerales 9, 10 y 11, suma a la que la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional fue condenada a pagar a los demandantes por los perjuicios causados.

3.- Que la sentencia que ponga fin al presente proceso sea de aquellas que reúnan los requisitos exigidos por los artículos 68 del C.C.A. y 488 del C.P.C., es decir que en ella conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, a fin de que preste mérito ejecutivo.

4.- Que el monto de la condena que se profiera en contra del señor JAVIER ENRIQUE ÁVILA DÍAZ sea actualizado hasta el monto del pago efectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del C.C.A.

5.- Que se condene en costas al demandado.

6.- Que me sea reconocida personería jurídica para actuar como apoderada de la parte demandante en este proceso”.

2.- En la demanda se afirmó que en la madrugada del 21 de octubre de 2002, el señor Jorge Enrique Chávez Laverde se desplazaba por la vía pública cuando fue atropellado por el vehículo oficial de siglas 13-466, conducido por el subintendente de policía Javier Enrique Ávila Díaz, quien para el momento de los hechos se encontraba de servicio, causándole la muerte. Por lo anterior, los familiares de la víctima reclamaron del Estado la reparación de los daños causados y, mediante sentencia de 4 de octubre de 2007, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional fue condenada a pagar la suma de 100 smmlv para la madre de la víctima y 50 smmlv para cada uno de los doce hermanos.

3.- Mediante resolución Nº 0062 de 4 de febrero de 2008, la Dirección Administrativa de la Policía Nacional ordenó el cumplimiento del fallo y el pago de las sumas antes señaladas, el cual se cumplió el 15 de febrero de 2008, mediante consignación en el Banco de Bogotá por la suma de $323.614.795,58 y según comprobante de egreso Nº 560 de 19 del mismo mes y año de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad (fls. 68-69 c. 1).

4.- Por estos hechos el agente fue sancionado disciplinariamente a título de dolo con destitución e inhabilidad por cinco (5) años para ejercer cargos públicos; y condenado penalmente por homicidio culposo a la pena de 28 meses de prisión (fls. 2-4 c. 1).
5.- El demandado no compareció al proceso, razón por la cual le fue designado curador ad litem, quien se opuso a la prosperidad de las pretensiones y solicitó tener como pruebas las que obraban en el expediente (fls. 137-138 c. 1).

6.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección B, mediante sentencia de 27 de marzo de 2014 accedió a las pretensiones de la demanda por considerar que el agente estatal actuó con culpa grave, por cuanto el hecho dañoso que dio lugar a la erogación patrimonial para la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional fue desencadenado por una conducta imprudente y violatoria del deber objetivo de cuidado, en los términos del artículo 6 de la Ley 678 de 2001, por haber tomado el vehículo oficial de siglas 13-466 sin autorización del comandante de la estación de policía, en estado de embriaguez y atropellar al señor Jorge Enrique Chávez Laverde, ocasionándole la muerte.

7.- El Tribunal sostuvo que ello quedó demostrado con la sentencia proferida dentro del proceso penal y en la decisión adoptada en el proceso disciplinario.

8.- En la investigación disciplinaria también fue vinculado el agente de policía Jhon Jairo Marín Marín, quien fue sancionado con 30 días de suspensión, por cuanto era la persona que tenía a cargo el vehículo que entregó sin autorización al subintendente Javier Enrique Ávila Díaz a pesar del estado de embriaguez en el que se encontraba, razón por la cual el Tribunal redujo la condena a la mitad de la suma pagada por la entidad, esto es, impuso la condena al demandado por $151.795.000 y al actualizarla le arrojó un valor de $183.645.341.

9.- En atención a que la sentencia no fue apelada, el demandado fue condenado y estuvo representado por curador ad litem, el Tribunal ordenó remitir la actuación a esta Corporación para tramitar el grado jurisdiccional de consulta (fls. 200-201 c. ppal.).

II. CONSIDERACIONES

10.- En los términos del artículo 184 del C.C.A., la Sala es competente para conocer del presente asunto en grado jurisdiccional de consulta por cuanto la sentencia de primera instancia no fue apelada y se profirió en contra de quien estuvo representado por curador ad litem

11.- Se valorarán las pruebas documentales trasladadas que forman parte de la investigación disciplinaria adelantada contra el agente demandado, con base en lo dispuesto en el artículo 174 del Código General del Proceso, según el cual “las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”.

12.- El fallo de primera instancia será confirmado porque, tal como lo señaló el Tribunal, la demanda fue presentada dentro del término legal y se encuentran probados los presupuestos previstos en la segunda parte del artículo 90 para condenar al agente demandado, puesto que i) la entidad demandante fue condenada al pago de perjuicios; ii) realizó su pago a las víctimas; iii) y el hecho dañoso fue causado por el agente estatal demandado obrando con dolo, el cual se presume con la condena disciplinaria proferida en su contra, aplicando lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 5 de la Ley 678 de 2001.

a.- La condena al pago de perjuicios proferida contra la entidad demandante

13.- Al proceso se allegó copia de la sentencia de condena proferida del 4 de octubre de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con la cual la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional fue declarada responsable de la muerte del señor JORGE ENRIQUE CHÁVEZ LAVERDE en hechos ocurridos el 21 de octubre de 2002 en el municipio de El Rosal. Como consecuencia de lo anterior, la entidad demandada fue condenada a pagar la suma de 100 smmlv para la madre de la víctima y 50 smmlv para cada uno de los doce hermanos.

14.- La anterior decisión se produjo al encontrar probado que el agente de policía Javier Enrique Ávila Díaz conducía en estado de embriaguez una patrulla por la vía alterna a la autopista Medellín que conduce al municipio de Subachoque y a la altura de la Finca La María atropelló al señor Jorge Enrique Chávez Laverde, ocasionándole la muerte (fls. 51-63 c. 1).

b.- El pago de la condena

15.- En el expediente obra copia de la resolución número 0062 de 4 de febrero de 2008 por medio de la cual el Ministerio de Defensa-Policía Nacional dio cumplimiento a la sentencia y dispuso la cancelación de la suma de $324.341.083, representada en capital ($303.590.000) más intereses ($20.751.083) y el pago se hizo efectivo el 15 de febrero de 2008, mediante consignación en el Banco de Bogotá por la suma de $323.614.795,58 y según comprobante de egreso Nº 560 de 19 del mismo mes y año de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad, previo descuento de la retención en la fuente (fls. 68-69 c. 1).

c.- La condición de agente en el demandado

16.- La calidad de funcionario público del demandado está acreditada con la copia de su acta de posesión, el extracto de su hoja de vida y el fallo condenatorio proferido por el Comando del Departamento de Policía de Cundinamarca a causa de una conducta dolosa (fls. 48-51 c. 2)

d.- La sentencia disciplinaria de condena

17.- El Comando del Departamento de Policía de Cundinamarca, mediante auto de 17 de octubre de 2003, formuló pliego de cargos contra el subintendente Javier Enrique Ávila Díaz por haber actuado con dolo en los hechos materia de investigación. Para el efecto, invocó la sentencia C-892 de 1999 que establece que en dicha formulación se debe hacer la calificación de la naturaleza de la falta que se endilga al sujeto disciplinable. En el caso concreto, se estableció:

“Para el caso concreto concurre el DOLO, ya que están presentes dos aspectos fundamentales que hacen que sus comportamientos sean dolosos, uno de carácter intelectivo o cognoscitivo y otro de naturaleza volitiva, en palabras más elementales, para que a una persona se le pueda imputar un hecho a título de dolo es necesario que sepa algo y quiera algo.

Entre otras definiciones, se entiende por dolo, de acuerdo a lo señalado por Cuello Calón: “Dolo es la voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que la ley prevé como delito”. Para el caso presente, los investigados JAVIER ENRIQUE ÁVILA DÍAZ y JHON JAIRO MARÍN MARÍN actuaron de manera dolosa, ya que como se observa dentro del expediente los uniformados tuvieron la conciencia de que las acciones de tomar el vehículo policial asignado a la Estación de Policía El Rosal, salir a horas de la madrugada a realizar actividades que hasta el momento se desconocen, sin el correspondiente permiso o autorización del Comando de la Unidad o del Comando del Distrito tal y como se encontraba ordenado, ingerir bebidas embriagantes y posteriormente haber causado un accidente de tránsito que desencadenó en la muerte del señor JORGE ENRIQUE ÁLVAREZ (sic) LAVERDE, iban con las normas internas de la institución y hasta de la misma norma penal, aplicaron su voluntad y las ejecutaron, dando como resultado los hechos materia de la presente investigación”.

18.- Mediante sentencia de 20 de octubre de 2005, el mismo comandante de policía declaró probados los cargos y responsabilizó disciplinariamente al subintendente Javier Enrique Ávila con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de cinco (5) años, por transgredir el artículo 38, numerales 4, 8, 25 y 36 literal h) del Decreto 1798 de 2000, relativos a la comisión de faltas graves por comportamientos negligentes o arbitrarios dentro del servicio, ingerir bebidas embriagantes, incumplir las instrucciones impartidas por un superior y conducir un vehículo oficial sin autorización.

La investigación tuvo origen en el informe de novedad suscrito por el Comandante de la Estación de Policía de El Rosal, en el que se narró que el 21 de octubre de 2002, sin la autorización del comando, el subintendente de policía Javier Enrique Ávila Díaz y el patrullero Jhon Jairo Marín Marín tomaron la patrulla de siglas 13-466 asignada al segundo de los nombrados y salieron de la estación con el argumento de que iban a realizar patrullajes. Luego, el comandante reportó haber encontrado un cuerpo sin vida al lado de la carretera, hecho sobre el cual los agentes manifestaron que dicha persona había sido arrollada por un carro fantasma. No obstante, los vecinos del lugar indicaron que la víctima fue atropellada por una patrulla policial identificada con las placas antes señaladas. Además, el comandante puso de presente que habiendo interrogado a los policiales, estos negaron su autoría; sin embargo se les practicó prueba de alcoholemia que arrojó resultado positivo grado 1 y se verificó que el vehículo oficial estaba estrellado en la parte izquierda del guardabarros, presentaba daños en el bómper y en el capó, sin que los investigados hubieran informado de dicho suceso.

20.- En cuanto a la culpabilidad, en dicho fallo se consideró:

“FORMA DE CULPABILIDAD

De acuerdo con las circunstancias de ocurrencia de los hechos el despacho observa que los investigados actuaron a título de dolo, comoquiera que se evidencia la intención de cometer la conducta a sabiendas de su ilicitud, dándose los elementos que lo componen, como el conocimiento de los estatutos y de las instrucciones relativas al servicio, las previsiones del hecho ilícito, la libertad de elegir y la libertad de obrar.

De acuerdo a las circunstancias de los hechos y las pruebas ya referidas los disciplinados tuvieron la intención de desacatar las órdenes impartidas, al ingerir bebidas embriagantes y llevar consigo la patrulla de siglas 13-466 adscrita a la estación de policía El Rosal con el argumento de realizar patrullajes y es conducida posteriormente por el Subintendente Ávila Díaz Javier, quien se accidenta y arrolla a una persona a quien es dejada en la vía, lo que produjo que la comunidad se comunicara con la estación para informar los hechos”.

21.- Así las cosas, la Sala encuentra que la presunción establecida por la citada ley para los eventos en los que el funcionario fue declarado responsable por los mismos hechos que derivaron en la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la entidad estatal, puede predicarse en el caso sub examine, toda vez que en la sanción disciplinaria impuesta al señor Javier Enrique Ávila Díaz su conducta se calificó expresamente como dolosa.

22.- Correspondía al demandado desvirtuar la presunción que pesaba en su contra, por lo cual debió probar que, a diferencia de lo resuelto por la justicia disciplinaria, sus actuaciones no fueron dolosas, lo que no sucedió.

e.- El valor a restituir por el agente demandado

23.- Acreditada la responsabilidad del agente demandado se procede a revisar la condena impuesta por el a quo, pues según lo previsto por el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo, la entidad demandante puede repetir, en todo o en parte, contra el servidor público por lo que le correspondiere.
24.- Se tiene probado que mediante la resolución número 0062 de 4 de febrero de 2008, la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional reconoció y ordenó pagar la suma de $324.341,083,50 a favor de los familiares de la víctima y el pago se hizo efectivo el 15 de febrero de 2008, mediante consignación en el Banco de Bogotá por la suma de $323.614.795,58 y según comprobante de egreso Nº 560 de 19 del mismo mes y año de la Dirección Administrativa y Financiera de la entidad (fls. 68-69 c. 1).

25.- El Tribunal solo condenó al demandado a pagar el capital, como quiera que los intereses no eran procedentes en el marco de la acción de repetición y, en virtud de la participación de los hechos del patrullero Jhon Jairo Marín Marín, redujo la condena a la mitad de la suma pagada por la entidad, esto es, reconoció a su favor solo el capital, esto es la suma de $151.795.000 y la actualizó para un total de $183.645.341.

26.- Al respecto, la Sala comparte la decisión del a quo de negar el reconocimiento de intereses, toda vez que el demandado no es responsable de la mora en que haya incurrido la entidad al realizar el pago, pues en los términos del parágrafo del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, la cuantía de la pretensión de la demanda de repetición se fijará por el valor total y neto de la condena impuesta al Estado.

27.- En consecuencia, el valor a repetir contra el señor Javier Enrique Ávila Díaz equivaldrá a la suma que resulte actualizada de la condena impuesta en primera instancia, con aplicación de la siguiente fórmula:

Va = Vh x índice final_
índice inicial

Va = $183.645.341 102,71
80,76

Va = $233.558.853

28.- No se hará condena en costas por costas por no aparecer causadas y por no darse los presupuestos legales previstos para su imposición en el artículo 171 del C.C.A.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR, con base en las consideraciones expuestas, de 27 de marzo de 2014, proferida por la Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO.- ACTUALIZAR la condena en contra del agente de policía Javier Enrique Ávila Díaz, quien deberá reintegrar a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($233.558.853).

TERCERO.- FIJAR el plazo de seis (6) meses para el cumplimiento de esta sentencia, a partir del día siguiente a su ejecutoria.

CUARTO.- Sin condena en costas.

QUINTO.- Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo. Por Secretaría de la Sección expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 114 del C.G.P. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.

SEXTO.- Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

RAMIRO PAZOS GUERRERO

MIPR/3CDNOS

El 15 de febrero de 2010 la parte actora elevó solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría Judicial Administrativa Delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el 12 de abril siguiente se adelantó la audiencia de conciliación, la cual se declaró fallida por la inasistencia del convocado.
Consultado el sistema de la Corporación no se encontraron procesos de repetición adelantados en su contra.
Cabe anotar que el Tribunal estableció que la suma a reembolsar por el funcionario ascendía a $303.590.000, representada en el capital sin intereses.
Cabe anotar que el Tribunal estableció que la suma a reembolsar por el funcionario ascendía a $303.590.000, representada en el capital sin intereses.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.