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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00726-01

Fecha
1 de marzo de 2023
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00726-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 26 de junio de 2014 por la Subsección C de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En su lugar, DECLÁRASE la responsabilidad extracontractual del Municipio de Chía por el daño antijurídico sufrido por María Elvira Díaz Arango, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE al Municipio de Chía a pagar a favor de María Elvira Díaz Arango trescientos setenta y ocho millones ochocientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos ($378.868.750) por concepto de lucro cesante. CUARTO: CONDÉNASE al Municipio a pagar a favor de María Elvira Díaz Arango ochenta (80) SMMLV por concepto de perjuicio moral. QUINTO: CONDÉNASE al Municipio a pagar a favor de María Elvira Díaz Arango ochenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (80 SMMLV) por concepto de daño a la salud. SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 177 y 178 del C.C.A. SÉPTIMO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda. OCTAVO: NIÉGANSE las pretensiones del llamamiento en garantía formulado por Codensa S.A. E.S.P. NOVENO: No se CONDENA en costas. DÉCIMO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2010-00726-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

1 de marzo de 2023

Radicado: 25000-23-26-000-2010-00726-01 (52115)
Demandante: María Elvira Díaz Arango

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de reparación directa
Radicación: 25000-23-26-000-2010-00726-01 (52115)
Demandante: María Elvira Díaz Arango
Demandados: Municipio de Chía y Codensa S.A. E.S.P.

Tema: Responsabilidad extracontractual del Estado por falta de
señalización de una obra pública. Se revoca la sentencia de
primera instancia que declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Municipio de
Chía y que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, se
declara la responsabilidad extracontractual del Municipio de Chía
porque está demostrado el daño sufrido por la demandante y que
el mismo es imputable a la entidad territorial, en tanto no dispuso
las señales y dispositivos que protegieran a los peatones de una
obra pública construida bajo su supervisión y en beneficio suyo.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 26 de junio de 2014 por la Subsección C de Descongestión
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio
de Chía y negó las pretensiones de la demanda.

Esta Subsección es competente para conocer el recurso de apelación de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 181 del CCA. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca era competente para conocer el proceso en
primera instancia en razón de la cuantía, de acuerdo con el numeral 6 del artículo
132 del CCA.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 25 de septiembre de
20141. En el auto del 16 de octubre de 20142 se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto,
respectivamente. Codensa S.A. E.S.P.3, Generali Colombia Seguros Generales
S.A.4 -llamado en garantía- y el Municipio de Chía5 presentaron alegatos de

1 Cuaderno principal, folio 380.
2 Cuaderno principal, folio 382.
3 Cuaderno principal, folios 383 – 392.
4 Cuaderno principal, folios 401 – 422.
5 Cuaderno principal, folios 393 – 399.

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

conclusión oportunamente. La demandante guardó silencio. El Ministerio Público
rindió concepto6; solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
declarar la responsabilidad extracontractual del Municipio de Chía porque
estaban demostrados los elementos necesarios para su configuración

I. ANTECEDENTES

A.- Posición de la parte demandante

1.- El 7 de octubre de 2010 María Elvira Díaz Arango (en adelante, la
<<demandante>>) presentó demanda de reparación directa7 contra el Municipio
de Chía y Codensa S.A. E.S.P. (en adelante, el <<Municipio>> y <<Codensa>>)
para que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

<<PRIMERA.- Que se declare responsables administrativamente al MUNICIPIO
DE CHÍA y a CODENSA S.A. por los perjuicios que le fueron causados a la señora
MARÍA ELVIRA DÍAZ ARANGO con ocasión de las lesiones personales que sufrió
el día 25 de julio de 2008 en la Calle 13 entre Carreras 10 y 11 de Chía, a causa
de la falla del servicio consistente en dejar unas bases de cemento con tornillos en
el piso, sin ninguna clase de señal preventiva, con los cuales la convocante tropezó
y cayó violentamente al piso, dando lugar con ello al daño antijurídico de que da
cuenta esta demanda.

SEGUNDA.- Que se condene en consecuencia al MUNICIPIO DE CHÍA y a
CODENSA S.A. E.S.P., como reparación del daño ocasionado, a pagar de manera
solidaria a la señora MARÍA ELVIRA DÍAZ ARANGO la suma de $15.112.121 por
concepto de daño emergente, suma que deberá ser debidamente actualizada.

TERCERA.- Que se condene en consecuencia al MUNICIPIO DE CHÍA y a
CODENSA S.A. E.S.P., como reparación del daño ocasionado, a pagar de manera
solidaria a la señora MARÍA ELVIRA DÍAZ ARANGO la suma de $881.758.868.34
por concepto de lucro cesante, o conforme a lo que resulte probado dentro del
proceso.

CUARTA.- Que se condene en consecuencia al MUNICIPIO DE CHÍA y a
CODENSA S.A. E.S.P., como reparación del daño ocasionado, a pagar de manera
solidaria a la señora MARÍA ELVIRA DÍAZ ARANGO la suma de dinero equivalente
a DOSCIENTOS (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto
de daños morales, o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso.

QUINTA.- Que se condene en consecuencia al MUNICIPIO DE CHÍA y a
CODENSA S.A. E.S.P. como reparación del daño ocasionado a pagar de manera
solidaria a la señora MARÍA ELVIRA DÍAZ ARANGO la suma de dinero equivalente
a DOSCIENTOS (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, por concepto
de daño a la vida de relación.

SEXTA.- Que la condena respectiva sea actualizada de conformidad con lo
previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, reajustándola
en su valor, tomando como base la variación del índice de precios al consumidor,
desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se de cabal cumplimiento
a la sentencia que le ponga fin al proceso.>>

6 Cuaderno principal, folios 423 – 432.
7 Cuaderno No 1, folios 2 – 12.

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

2.- La demandante basó sus pretensiones en las siguientes afirmaciones:

2.1.- El 12 de junio de 2003 Codensa y el Municipio suscribieron un convenio (en
adelante, el <<Convenio>>) en virtud del cual el primero se comprometió a
entregar en arrendamiento al segundo la infraestructura de alumbrado público de
su propiedad ubicada en el área urbana y rural del Municipio. Las obligaciones
de mantenimiento, modernización y expansión de la infraestructura quedaron a
cargo de Codensa. Por su parte, el Municipio se obligó a pagar oportunamente
el servicio de alumbrado público, que incluía la remuneración de las actividades
de mantenimiento, modernización y expansión.

2.2.- En el marco del Convenio, en 2007 el Municipio ejecutó una obra pública
para el cambio de los postes de concreto que estaban ubicados en el centro
histórico. En virtud de esta obra se dispusieron múltiples bases de anclaje para
la instalación de postes metálicos en la vía pública, lo cual introdujo un riesgo
para los transeúntes en tanto la estructura de las bases contaba con unos tornillos
que sobresalían aproximadamente diez (10) centímetros del andén.

2.3.- El 25 de julio de 2008 la señora María Elvira Díaz Arango caminaba por la
calle 13 del municipio entre las carreras 11 y 10 , cuando tropezó con los tornillos
que pertenecían a la estructura de una base de anclaje para la instalación de
postes metálicos y cayó al piso. Como consecuencia de la caída, sufrió una
<<(…) fractura del brazo izquierdo, más concretamente, la cabeza del Húmero,
causándole la completa destrucción del llamado “Manguito Rotador”, para el cual
no existe una prótesis que reemplace su función>>.

2.4.- Las lesiones sufridas por la demandante le causaron perjuicios materiales y
morales, y un daño a la vida de relación.

B.- Posición de la parte demandada

3.- Codensa se opuso a las pretensiones de la demanda8 y expuso los siguientes
argumentos:

3.1.- A diferencia de lo manifestado en la demanda, la base de anclaje para la
instalación de postes metálicos que, según la demandante, provocó el accidente,
no fue dispuesta en la vía pública en el marco de la ejecución del Convenio.

3.2.- Las bases de anclaje fueron instaladas en la vía pública dentro del marco
de la ejecución de un proyecto de adecuaciones arquitectónicas adelantado por
el Municipio en 2007 para la remodelación y modificación del centro histórico.
Este proyecto comprendía, entre otros, el cambio de <<(…) diseño e
infraestructura de los postes de alumbrado público de propiedad de CODENSA,
por lo cual los postes de concreto debían removerse e instalar postes metálicos,

8 Cuaderno No. 1, folios 32 – 43.

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

al igual que labores de subterranización de redes de alumbrado público y media
tensión en dicha zona del municipio>>.

3.3.- Codensa no instaló los postes metálicos en la zona en que se presentó el
accidente porque era <<(…) inminente la generación de un riesgo eléctrico (…),
sin que previamente se hubiese realizado la subterranización de redes de media
tensión y alumbrado público, ya que si se hubiesen instalado dichos postes
metálicos con las redes aéreas aún en funcionamiento, se hubiese generado el
riesgo de que se energizaran tales postes por ser estos conductores de
electricidad y con ello generar un riesgo eléctrico masivo>>.

3.4.- El Municipio ordenó subterranizar las redes de manera intempestiva y omitió
diseñar el proyecto de subterranización dentro de su Plan de Ordenamiento
Territorial, lo cual imposibilitó que Codensa analizara las distintas variables
necesarias para la estructuración del proyecto.

3.5.- Las bases de anclaje para los postes metálicos fueron instaladas en el
centro histórico de manera ligera por parte del Municipio. Mientras las redes de
alumbrado público no fueran subterranizadas, los postes metálicos no podían
instalarse, razón por la cual las bases de anclaje dispuestas por el Municipio
debían esperar.

3.6.- Codensa no recibió las bases de anclaje para la instación de postes, por lo
que debían continuar bajo la guarda del Municipio hasta tanto se realizara la
entrega formal de las mismas a Codensa.

3.7.- Propuso las excepciones de (i) falta de legitimación en la causa por pasiva,
(ii) hecho de un tercero, (iii) peligrosidad de una estructura ajena a Codensa, (iv)
inexistencia de la prueba del perjuicio, y (v) tasación excesiva de perjuicios
extrapatrimoniales.

4.- El Municipio se opuso a las pretensiones de la demanda9 y presentó los
siguientes argumentos:

4.1.- En el marco de la ejecución del Convenio se dispuso la expansión del
sistema de alumbrado público en el centro histórico del municipio, por lo que las
obligaciones inherentes a la instalación de nuevos postes y luminarias estaba a
cargo de Codensa.

4.2.- No era aceptable que Codensa se hubiera negado a instalar los postes
metálicos hasta que no se realizara la subterranización de las redes de
alumbrado público. Ello, porque Codensa, como prestadora del servicio de
alumbrado público, estaba obligada a definir y prever las necesidades en relación
con las redes de alumbrado público <<(…) sin que su falta de previsión deba ser
asumida por el Municipio>>.

9 Cuaderno No. 1, folios 54 – 63.

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

4.3.- Era inexplicable que Codensa hubiera instalado los postes metálicos en
otras áreas del centro histórico y no hubiera hecho lo propio en la zona de la calle
13 en la que se presentó el accidente.

4.4.- Codensa era quien debía instalar los postes metálicos de manera inmediata
para que las bases de anclaje no quedaran expuestas y causaran accidentes.
Por lo anterior, <<(…) la falla del servicio solo puede ser imputable a la empresa
CODENSA S.A. E.S.P. por su omisión en la instalación de los respectivos postes,
siendo esta una obligación a su cargo como empresa de servicios públicos y
además prestadora del servicio de alumbrado público en el Municipio de Chía>>.

4.5.- No existía nexo causal entre el comportamiento desplegado por el Municipio
y el daño antijurídico cuya reparación reclama la demandante. El factor
determinante en la causación del daño fue la no instalación de los postes
metálicos por parte de Codensa, razón por la cual quien debía responder ante
una eventual condena sería aquella y no el Municipio.

4.6.- Con base en los anteriores argumentos, propuso las excepciones de falta
de legitimación en la causa por pasiva y hecho de un tercero.

C.- Llamamiento en garantía

5.- Codensa llamó en garantía10 a Generali Colombia Seguros Generales S.A.
(en adelante, <<Generali>>) para que asumiera una eventual condena en su
contra por virtud de la póliza No. 4000018 que amparaba, entre otros, la
responsabilidad extracontractual que pudiera imputársele a Codensa. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca admitió el llamamiento en garantía mediante
auto del 24 de agosto de 201111.

6.- Generali se opuso a las pretensiones de la demanda12 y expuso los siguientes
argumentos:

6.1.- El Municipio fue quien construyó la base de anclaje necesaria para la
instalación de un poste metálico que, de acuerdo con lo expuesto en la demanda,
ocasionó el accidente.

6.2.- Codensa no podía instalar los postes metálicos hasta tanto las redes de
alumbrado público no fueran subterranizadas. De otra parte, el proyecto de
subterranización de las redes de alumbrado público no pudo ser ejecutado
porque fue ordenado por el Municipio de manera abrupta e inesperada, esto es,
sin que Codensa pudiera contar con el debido tiempo para estructurarlo.

10 Cuaderno No. 3, folios 1 – 3.
11 Cuaderno No. 3, folios 8 – 9.
12 Cuaderno No. 1, folios 70 – 96.

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

6.3.- Propuso las excepciones de (i) ausencia de falla del servicio por parte de
Codensa, (ii) inexistencia de nexo causal entre las actividades desarrolladas por
Codensa y el accidente acaecido, y (iii) inexistencia y/o sobre estimación de los
perjuicios alegados.

7.- Generali se opuso a las pretensiones del llamamiento en garantía y propuso
las siguientes excepciones:

7.1.- La póliza no otorgó cobertura respecto de los hechos materia del proceso.
Para sustentar esta excepción explicó que (i) la póliza No. 4000018 excluía la
responsabilidad extracontractual que debía ser objeto de cobertura por un seguro
obligatorio, (ii) la base de anclaje para la instalación de un poste metálico que
provocó el accidente fue construida en el marco del Convenio, y (iii) la
responsabilidad extracontractual que derivara de la ejecución del Convenio
estaba amparada por un seguro obligatorio, razón por la cual operaba la
exclusión estipulada en la póliza.

7.2.- Coexistencia de seguros, la cual sustentó en que se debía verificar si el
objeto del contrato de seguro constituido para amparar los daños derivados de la
ejecución del Convenio <<(…) coincid[ía] con el contrato de seguro celebrado
con GENERALLI (sic), y si esta fue debidamente notificada de la existencia de la
primera, a efectos de establecer si cab[ía] dar aplicación a las sanciones previstas
en las normas 1092 a 1094 del Estatuto Comercial, ya sea la de nulidad o
terminación del contrato de seguros celebrado con mi representada, ya sea la de
prorrata en la indemnización (…)>>.

7.3.- Existencia de deducible, porque al momento de liquidar una eventual
condena contra Codensa y Generali se debía tener en cuenta el descuento que
a título de deducible se encontraba pactado en la póliza No. 4000018.

D.- Sentencia recurrida

8.- En sentencia del 26 de junio de 201413, la Subsección C de Descongestión de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
Municipio y negó las pretensiones de la demanda. En síntesis, consideró que:

8.1.- Estaba demostrado que Codensa y el Municipio suscribieron el Convenio en
virtud del cual el primero se comprometió a entregar en arrendamiento al segundo
la infraestructura de alumbrado público, y a realizar el mantenimiento de la
misma, expandirla y modernizarla. De acuerdo con lo anterior, el Municipio no era
responsable <<(…) del mantenimiento de las redes de alumbrado público en el
sector de ocurrencia de los hechos>>. De ahí que no estuviera legitimado en la
causa por pasiva.

13 Cuaderno principal, folios 316 – 333.

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

8.2.- Codensa sí estaba legitimada en la causa por pasiva porque <<(…) los
hechos materia del daño, le son atribuidos a esta Sociedad, por ser la supuesta
responsable, de haber dejado en el lugar de ocurrencia del accidente unos
tornillos que sobresalían del andén y con los cuales tropezó la accionante>>.

8.3.- Estaba probado el daño antijurídico, esto es, las lesiones sufridas por la
demandante como consecuencia del accidente ocurrido el 25 de julio de 2008.

8.4.- No estaba acreditado que los tornillos que hacían parte de la estructura de
la base de anclaje para la instalación de postes metálicos hubieran provocado el
accidente que causó el daño reclamado por la demandante. Aun cuando en el
expediente fueron practicados varios testimonios en los que se refirieron las
condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el accidente, el tribunal
consideró que no brindaban certeza suficiente porque las personas que rindieron
testimonio no presenciaron directamente el momento en que la demandante se
accidentó.

E.- Recurso de apelación de la demandante

9.- La demandante solicita revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. En el recurso de apelación
expone los siguientes argumentos:

9.1.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se equivocó al declarar probada
la falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio. En el expediente
está demostrado que fue el Municipio quien instaló las bases para los anclajes
de los postes metálicos que provocaron el accidente. Y aun cuando Codensa
estaba obligado a realizar el mantenimiento de las redes de alumbrado público,
lo cierto era que ello no exoneraba de la responsabilidad al ente territorial <<(…)
que frente a terceros pud[iera] derivar el inadecuado mantenimiento o
señalización de dichos obras y redes>>.

9.2.- El Municipio incurrió en responsabilidad porque <<(…) primero, dejó unas
bases de cemento con tornillos que sobresalían del piso en un andén, sin reparar
que los transeúntes podían tropezar con los mismos y sufrir lesiones, y segundo,
no implantó en el lugar donde se encontraban las bases con los ladrillos, señales
preventivas para prevenir accidentes, como lo disponen las normas de seguridad.
(…) El ente territorial demandado dejó de actuar como e[ra] su deber y por ello
no protegió la integridad física de MARÍA ELVIRA DÍAZ ARANGO (…)>>.

9.3.- Codensa igualmente incurrió en responsabilidad extracontractual en tanto
estaba obligado a velar por el mantenimiento de las redes eléctricas del
alumbrado público y a instalar en las bases de anclaje dispuestas por el Municipio
para los postes metálicos, lo cual no hizo.

9.4.- Contrario a lo considerado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
sí estaba demostrado que el accidente que sufrió la demandante fue provocado

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

por las bases de anclaje para postes metálicos instaladas por el Municipio. Ello
estaba probado a partir de los testimonios practicados dentro del proceso.

II. CONSIDERACIONES

F.- Caducidad de la acción

10.- La Sala se pronunciará de fondo porque la acción de reparación directa fue
presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del CCA:
(i) el accidente que originó las lesiones sufridas por la demandante ocurrió el 25
de julio de 2008, (ii) la demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial
el 23 de julio de 2010, (iii) la constancia14 que acredita la falta de ánimo
conciliatorio fue proferida el 7 de octubre de 2010, y (iv) la demanda fue
presentada oportunamente el mismo 7 de octubre de 2010.

G.- Decisión que se adopta

11.- La Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del Municipio y negó
las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la responsabilidad
extracontractual del Municipio y lo condenará al pago de los perjuicios causados
a la demandante como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente
ocurrido el 25 de julio de 2008.

11.1.- Contrario a lo señalado por el tribunal, en el expediente está acreditado
que las bases de anclaje para postes metálicos fueron instaladas en el marco de
la ejecución de un proyecto adelantado por el Municipio para la remodelación y
modificación del centro histórico. Dicha entidad territorial estaba obligada a
adoptar las señales y dispositivos que advirtieran la existencia de la estructura y
el riesgo que comportaba y la falta de realización de estas actuaciones fue
determinante en la ocurrencia del accidente.

11.2.- Está acreditado entonces que (i) la demandante sufrió un daño antijurídico
como consecuencia del accidente sufrido el 25 de julio de 2008, y (ii) que dicho
daño antijurídico es imputable al Municipio en tanto el accidente fue provocado
por la falta de señalización de la estructura de las bases de anclaje construidas
para la instalación de postes.

11.3.- Se negarán las pretensiones de la demanda respecto de Codensa, porque
no incurrió en omisión alguna respecto a la instalación de postes y porque la
señalización y puesta de dispositivos que evitaran el accidente que sufrió la
victima no estaba a su cargo. Codensa no ejecutó la obra ni era la responsable
de la supervisión o control de la misma.

14 Cuaderno No. 2, folios 27 – 28.

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

11.4.- Se condenará al pago de perjuicios materiales por concepto de lucro
cesante porque está acreditado que las lesiones le generaron a la demandante
una pérdida de capacidad laboral que implicó un mayor esfuerzo. Se negarán los
perjuicios por daño emergente porque no se probó que la demandante incurriera
en los gastos que reclama por dicho concepto. Finalmente, se condenará al pago
de perjuicios inmateriales de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta
corporación.

H.- La legitimación en la causa por pasiva del Municipio

12.- El daño antijurídico reclamado por la demandante no fue causado por la falta
de mantenimiento de alguno de los elementos que integraban el alumbrado
público como pareció entenderlo el tribunal, sino por una base de anclaje para la
instalación de postes metálicos que fue construida sin que se señalizara el riesgo
que la misma comportaba. Por lo anterior, no resultaba admisible excluir de
responsabilidad al Municipio señalando que no era el encargado <<(…) del
mantenimiento de las redes de alumbrado público en el sector de ocurrencia de
los hechos>>.

13.- Contrario a lo afirmado en la demanda, las bases de anclaje para la
instalación de postes fueron dispuestas dentro del marco de la ejecución del
proyecto de adecuaciones arquitectónicas adelantado por el Municipio para la
remodelación y modificación del centro histórico.

14.- En el expediente obra copia del contrato No. C-0397-0715 suscrito el 2 de
mayo de 2007 por la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura y la Unión Temporal Corredores Viales, el cual
tenía por objeto la construcción de obras civiles de mejoramiento del espacio
público peatonal y vehícular en el municipio de Chía. De acuerdo con lo
consignado en el acta final de obra16 del contrato, suscrita el 30 de agosto de
2008, las bases de anclaje para la instalación de postes metálicos fueron
construidas durante la ejecución del mismo.

15.- Lo anterior fue corroborado por el testigo Agustín Cárdenas Ochoa17,
ingeniero topógrafo de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía. Este
testigo relató las condiciones en que fueron construidas las bases de anclaje para
la instalación de postes metálicos, así:

<<PREGUNTADO: Que tiene que informar, en cuanto a las circunstancias de
modo, tiempo y lugar en que hayan ocurrido los hechos y de la forma como llegó
a su conocimiento. CONTESTÓ: respecto de la persona que coloca la demanda
tuve conocimiento hasta el año anterior alrededor de octubre, en cuanto a los
hechos que supuestamente ocurrieron el elemento que estaba allí instalado hacía
parte de un contrato que adelantó el municipio con la OEI Organización de Estados
Iberoamericanos, con el objeto de hacer un mejoramiento de la zona histórica del
municipio (…) El Municipio se comprometió de acuerdo a estos diseños hacer la

15 Cuaderno No. 2, folios 181 – 185.
16 Cuaderno No. 2, folios 187 – 200.
17 Cuaderno No. 2, folios 281 – 286.

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

obra civil que correspondía llevar una tubería desde las cajillas o cámaras de
inspección que hacían parte del diseño y llevarían el cableado al sitio donde
quedaría instalado la luminaria con el poste; en la ejecución de las obras se tuvo
en cuenta el cambio de la postería a postes metálicos que incluían una base de
soporte del mismo poste; con CODENSA se coordinaba que una vez instaladas
dichas bases esta empresa de manera inmediata iría instalando los postes con la
luminaria. Una vez instaladas las bases de la carrera 12 entre calles 10 y 13 y las
de la calle 13, entre carreras 12 y 9 CODENSA dio inicio a la instalación de los
postes donde quedaron completos los de la carrera 12, pero en la calle 13 estos
no se instalaron, con funcionarios de CODENSA en unos de los comités se hizo el
comentario por la no instalación de estos postes, donde ellos manifestaron que
habían encontrado un tropiezo en la calle 13 ya que estos postes no los podían
instalar porque era necesario bajar las redes de media y baja que existían por esta
calle, el Municipio les manifestó que esta situación no había sido manifestada por
CODENSA para haber evitado la instalación de estas bases>>.

16.- Aun cuando el contrato No. C-0397-07 no fue firmado directamente por la
entidad territorial demandada, lo cierto es que el mismo tuvo origen en el
Convenio de Cooperación No. 001 de 2007 que suscribió con la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

17.- Adicionalmente, el Municipio era el supervisor del contrato y el beneficiario
directo de la obra, por lo que no podía desentenderse de la obligación de disponer
las señales y dispositivos que advirtieran la existencia de la estructura para la
instalación de postes con el objeto de proteger a los peatones. Máxime cuando
en el oficio No. CAIC-45-08 del 7 de abril de 200818 el interventor del contrato le
informó la molestía que representaba para los peatones las bases de anclaje en
las que no se habían instalado postes metálicos por parte de Codensa.

I.- De la responsabilidad extracontractual del Municipio

i) El daño antijurídico

18.- El daño antijurídico sufrido por la demandante está demostrado a partir de
del informe técnico médico de lesiones no fatales19 elaborado por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el informe de la valoración
médica de María Elvira Díaz20 realizado por el médico ortopedista y el médico
psiquiatra que atendieron a la demandante, la historia clínica21 de la Clínica del
Country, la historia clínica22 del médico ortopedista que atendió a la demandante
y el dictamen para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y
determinación de validez23 elaborado por la Junta Nacional de Calificación de
Invalidez.

19.- Estos medios de prueba demuestran que, como consecuencia del accidente
ocurrido, la demandante sufrió una fractura de la cabeza del húmero izquierdo y

18 Cuaderno No. 2, folios 94 – 95.
19 Cuaderno No. 2, folios 3 – 4.
20 Cuaderno No. 2, folios 5 – 10.
21 Cuaderno No. 3, folios 36 – 64.
22 Cuaderno No. 3, folios 66 – 74.
23 Cuaderno No. 2, folios 274 – 277.

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

destrucción total del manguito rotador que, a pesar de las intervenciones
quirúrgicas y las terapias fisícas recibidas, limitó la movilidad del brazo izquierdo
al punto de imposibilitar el desempeño del cargo que ostentaba al momento del
accidente como coordinadora médica de Urgencias de la Clínica Chía. Con
ocasión de las lesiones sufridas por la demandante, tanto la Junta Regional de
Calificación de Invalidez como la Junta Nacional de Calificación de Invalidez
determinaron una pérdida de capacidad laboral del cuarenta y tres punto nueve
por ciento (43.9%).

ii) El daño antijurídico es imputable al Municipio

20.- Está demostrado que la base de anclaje para la instalación de un poste
metálico provocó el accidente que causó el daño antijurídico reclamado por la
demandante. En efecto:

20.1.- En el proceso se recibió el testimonio de Julio César Manrique Martínez24,
propietario de un local comercial ubicado en la calle 13 No. 10 – 47 del municipio
de Chía, esto es, cerca al lugar en el que ocurrió el accidente. El testigo relató
que la demandante se accidentó por cuenta de los tornillos que hacían parte de
la estructura para el anclaje de postes metálicos, así:

<<Estoy ubicado en Chía en la calle 13 No. 10 – 47 donde tengo un local de
reparación de electrodomésticos, allí hicieron una obra -EL MUNICIPIO- para
reformar el centro histórico de CHÍA, pavimentaron y arreglaron los andenes, en
ellos dejaron unos tornillos que eran para colocar unas farolas, eso duro tiempos
ahí, muchas personas se cayeron ahí, muchas personas se cayeron porque no
colocaron señalización, en esos días yo estaba trabajando cuando de pronto
escuché unos gritos de auxilio, yo salí a la calle y vi que estaba doña ELVIRA DÍAZ
tirada en el piso boca abajo y ella se quejaba que le dolía el brazo izquierdo,
nosotros con los vecinos nos acercamos para auxiliarla, pero ella decía que no la
levantaran, uno o dos minutos porque le dolía mucho el hombro, un vecino mío
salió y como la hermana de doña Elvira trabajaba en la misma cuadra (MÓNICA
DÍAZ) fueron avisarle (sic) para decirle que había tenido un accidente la hermana,
en ese transcurso ya ella llegó ahí y entre todos la levantamos con mucho cuidado
porque el dolor era muy fuerte, y se fue con doña MÓNICA a la clínica, hasta ahí
fue lo que sucedió frente a mi local. (…) PREGUNTADO: infórmele al despacho si
dichos tornillos, o alrededor de los mismos existía alguna señal preventiva para
advertir a los peatones del peligro que representaban. CONTESTÓ: No tenía
ninguna señalización. PREGUNTADO: presenció usted o vio usted a otras
personas que hubieran sido víctimas de tropezones con dichos tornillos.
CONTESTÓ: Si vi varias personas que se accidentaron con dichos tornillos,
incluso vi a un señor que iba con unas sandalias y al tropezarse con el tornillo se
levantó la uña del dedo gordo del pie, vi tropezarse varias personas.
PREGUNTADO: Recuerda usted la hora en que sucedió el tropezón que ha
narrado de la señora MARÍA ELVIRA DÍAZ. CONTESTÓ: Sucedió como al medio
día. (…) PREGUNTADO: Pongo de presente la fotocopia autenticada que obra a
folio 2 del cuaderno de pruebas 2 correspondiente al periódico CHÍA para que
observe dicha foto si los tornillos que ha venido refiriéndose corresponde a dicha
publicación. CONTESTÓ: Sí, efectivamente, incluso yo tengo el periódico original
que lo guardé precisamente y son los mismos tornillos que se encuentran ahí se
observa la puerta azul de mi negocio (…)>>.

24 Cuaderno No. 2, folio 264.

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

20.2.- La testigo Ángela del Pilar Aguilera Gutiérrez25, quien también era
propietaria de un local comercial ubicado cerca al lugar en que ocurrió el
accidente, relató lo siguiente:

<<Tengo mi negocio en la calle 13 de Chía y escuché en esa oportunidad alboroto
porque una persona se había caído y salí a ver que había pasado, me acerqué al
sitio que es a media cuadra de mi negocio, y constaté que era María Elvira la
hermana de mi amiga Mónica que es mi vecina del frente, que tenía un negocio de
Comcel. En lo particular es lo que consta de ese día, ella quedó muy adolorida por
el golpe. Constantemente se escuchaba y aun hoy se escuchan casos de
personas que se tropezaban con esos tornillos porque no tenía señalización,
inclusive en oportunidades mi esposo y yo nos tropezábamos también con
ellos. (…) PREGUNTADO: Infórmele al Despacho a qué hora sucedió, el hecho
del que ha dado cuenta, respecto de la caída de la señora María Elvira Díaz.
CONTESTÓ: Eso sucedió alrededor del medio día. PREGUNTADO: Infórmele al
despacho si usted sabe que personas ayudaron a llevar a la Doctora María Elvira
Díaz y a que centro asistencial fue conducida. CONTESTÓ: Inicialmente Julio el
dueño de negocio de licuadoras le prestó ayuda para levantarla y enseguida llegó
la hermana con quien ella se fue en el carro a llevarla al médico. PREGUNTADO:
En este estado de la diligencia el apododerado de la parte actora pone de presente
la fotocopia auténtica del periódico de Chía que obra a folio 2 del cuadero 2 de
pruebas con el objeto de que lo observe y le informe al Despacho si los tornillos
con los que usted manifiesta se tropezó la Doctora María Elvira Díaz son los que
aparecen en dicha página. CONTESTÓ: Si, esos son. Inclusive aún existen las
bases sin los tornillos>>.

20.3.- La testigo Mónica Díaz Arango26, hermana de la demandante y propietaria
para esa época de un local comercial ubicado cerca al sitio donde ocurrió el
accidente, igualmente relató las circunstancias en que ocurrió:

<<El 25 de julio de 2008 me encontraba laborando en un local que yo tenía de
Comcel sobre la calle 13 del Municipio de Chía, hacia medio día un vecino se
acercó angustiado me informó que mi hermana se había caído, que se había
accidentado, salí del local y efectivamente mi hermana estaba en el piso más o
menos a mitad de cuadra y el señor Julio quien también es propietario de un local
ahí a media cuadra la estaba ayudando a levantar, tan pronto la levanté se quejaba
mucho y me pidió que la llevara a la Clínica, la llevé hasta el parqueadero donde
yo tenía el carro y nos dirigimos a la Clínica Chía donde por Urgencias la atendió
la Doctora Ivette Martín, Clínica donde mi hermana laboraba en ese momento,
inmediatamente le tomaron una radiografía, ella se quejaba muchito del dolor, el
ortopedista revisó y la remitió inmediatamente en una ambulancia a la Clínica del
Country donde tenía que ser sometida a una cirugía de inmediato. Como trabajaba
en el sector vi a personas tropezarse e incluso yo misma me tropecé sin
ninguna consecuencia afortunadamente. Los tornillos que estaban en el andén
fueron consecuencia de una obra que realizó el municipio con el sector histórico y
estos nunca tuvieron una señalización de precaución. (…) PREGUNTADO: En
este estado de la diligencia el apoderado de la parte actora pone de presente a la
testigo copia autenticada del periódico el de Chía que obra a folio 2 del cuaderno
2 para que informe si los tornillos a los que ha hecho referencia en anterior
respuesta son los que aparecen en tres gráficas de dicha página. CONTESTÓ: Si,
son los mismos>>.

25 Cuaderno No. 2, folio 263.
26 Cuaderno No. 2, folio 262.

12

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

20.4.- La Sala considera que los anteriores testimonios demuestran las
circunstancias en que ocurrió el accidente, porque es evidente que dejar una
estructura de esta naturaleza en el andén que es transitado por los peatones
implica crear un riesgo que puede producir este tipo de situaciones como la
sufrida por la demandante. A la creación de un riesgo como forma de imputación
del daño a la conducta del responsable se refiere la doctrina de la imputación
objetiva en los siguientes términos:

<<Para la actual teoría de la imputación resulta fundamental la idea de que las
consecuencias provocadas causalmente deben suponer la realidad de un riesgo
creado por el autor …; un peligro de que se produzcan concretos resultados por
la ejecución de un concreto comportamiento. Significa aquí que en la ejecución
de la acción existe una posibilidad cierta o una probabilidad de la producción de
tales resultados, esto es que aparezca conforme al conocimiento general
empírico como posible e incluso probable que de resultas de ese comportamiento
se genere un curso causal coronado por la producción de los resultados >> 27

20.5.- Aun cuando los testigos no presenciaron directamente la ocurrencia del
mismo, ello no les resta eficacia probatoria porque comparecieron
inmediatamente al lugar del accidente, lo cual les permitió tener conocimiento
directo de los factores que influyeron en su materialización; y, particularmente,
porque dieron razón del riesgo que implicaba no instalar señales de advertencia
a los peatones que transitaban en la zona.

20.6.- Aunado a lo anterior, lo relatado por los testigos coincide con la información
consignada en las pruebas documentales allegadas al expediente. Por ejemplo,
(i) en la hoja de admisión28 a la Clínica Chía se reportó que la demandante
ingresó el 25 de julio de 2008 a las 12:40 p. m. como consecuencia de una caída
de su propia altura luego de haber tropezado con unos tornillos en la calle 13, y
(ii) en el informe técnico médico de lesiones no fatales29 elaborado por el Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses igualmente se reportó que el
accidente que sufrió la demandante fue provocado por los tornillos que
integraban la base de anclaje de postes de metálicos.

21.- De manera que el daño antijurídico es imputable al Municipio pues, tal y
como se advirtió previamente, la base de anclaje que ocasionó el accidente
sufrido por la demandante fue construida en el marco de la ejecución de una obra
realizada bajo supervisión del Municipio y en beneficio suyo, sin que se
dispusieran las señales o dispositivos que, de acuerdo con lo establecido en la
Resolución No. 1050 de 2004 por medio de la cual el Ministerio de Transporte
adoptó el Manual de Señalización Vial–Dispositivos para la Regulación del
Tránsito en Calles, Carretera y Ciclorrutas de Colombia, debían advertir la
existencia de la obra con el objeto de proteger a los peatones.

22.- En efecto, a partir del testimonio de Julio César Manrique Martínez
referenciado en el numeral 19.1, está demostrado que en el momento en que

27 Frisch Wolfant, La imputación objetiva del resultado. Atelier, Barcelona 2015, p. 60.
28 Cuaderno No. 3, folios 26 – 27.
29 Cuaderno No. 2, folios 3 – 4.

13

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

ocurrió el accidente, la base de anclaje que lo provocó no estaba debidamente
señalizada con el objeto de prevenir a los peatones que transitaban por el sector.
Incluso los testigos Julio César Manrique Martínez, Ángela del Pilar Aguilera
Gutiérrez y Mónica Díaz Arango advirtieron que los accidentes provocados por
la estructura construida bajo supervisión del Municipio eran frecuentes.

23.- De acuerdo con lo anterior, es evidente que en este caso se estructura la
responsabililidad extracontractual del Municipio porque omitió el cumplimiento de
la obligación a su cargo de señalizar y disponer los dispositivos que alertaran a
los peatones el riesgo que comportaba la estructura de la base de anclaje
construida en el centro histórico para la instalación de un poste metálico.

24.- Por último, en lo que respecta a Codensa, a partir del testimonio de Pablo
Enrique Ponce de León Martínez30, quien como empleado de Codensa conoció
las obras adelantadas en el marco del proyecto de adecuaciones arquitectónicas
adelantado para la remodelación y modificación del centro histórico, está
demostrado que la instalación de postes metálicos en el sector en que ocurrió el
accidente no fue posible desde el punto de vista técnico por la existencia de redes
de media tensión que podrían propiciar un riesgo eléctrico. Por lo anterior, la no
instalación de postes no obedeció a una conducta omisiva por parte de Codensa,
sino a una medida de protección de la comunidad que transitaba el sector.

iii) Los perjuicios materiales

Daño emergente

25.- La Sala negará el reconocimiento del daño emergente reclamado por la
demandante que, de acuerdo con lo expuesto en libelo introductorio, está
asociado a los gastos en los que incurrió para su recuperación. Aunque en el
interrogatorio de parte de la demandante31 practicado dentro del proceso y en el
testimonio rendido por Marcela García Díaz32 se aseguró que esta última cubrió
los gastos que se hicieron necesarios para la recuperación de la demandante, en
el expediente no obran pruebas documentales que respalden tales afirmaciones
ni mucho menos la cuantía de los gastos asumidos.

Lucro cesante

26.- En el expediente reposan (i) el oficio del 15 de julio de 200833 por medio del
cual el representante legal de la Clínica Chía le ofreció a la demandante el cargo
de jefe del Servicio de Urgencias en la Nueva Central de Urgencias a partir del
16 de agosto de 2008, con una asignación mensual de cuatro millones quinientos

30 Cuaderno No. 2, folios 293.
31 Cuaderno No. 2, folios 258 – 259.
32 Cuaderno No. 2, folios 260 – 261.
33 Cuaderno No. 2, folio 14.

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Demandante: María Elvira Díaz Arango

mil pesos ($4.500.000), y (ii) el oficio del 17 de julio de 200834 mediante el cual la
demandante aceptó el cargo ofrecido a partir del 16 de agosto de 2008.

27.- La Sala no cuenta con suficiente certeza sobre la pérdida de la oportunidad
alegada en la demanda porque el testimonio Hernando Enrique Ospina
Castañeda35, quien en su calidad representante legal de la Clínica Chía ofreció
el nuevo cargo a la demandante, genera serias dudas sobre la veracidad de la
propuesta laboral. Conforme con las reglas de la experiencia este no es el
procedimiento normal que se utiliza para ofrecer a alguien un nuevo cargo en una
institución privada. Y el testigo relató que la Nueva Central de Urgencias de la
Clínica Chía en la que la demandante debía desempeñar el nuevo cargo fue
abierta, aproximadamente, en mayo de 2009 y el nuevo cargo, según el mismo
declarante, debía ser ejercido a partir del 16 de agosto de 2008.

28.- Aun cuando Hernando Enrique Ospina Castañeda hubiera precisado
posteriormente que <<(…) ten[ía] una duda de la apertura [de la Nueva Central
de Urgencias] entre el año 2008 y 2009, muy probablemente fue en el año 2008
(…)>>, su relato no brinda la certeza suficiente para confirmar la veracidad de la
propuesta laboral y, además, deslegitima toda credibilidad que pudieran tener las
pruebas documentales obrantes en el expediente que fueron firmadas por él en
su condición de gerente general de la Clínica Chía. Por lo anterior, no se trata de
un perjuicio cierto que pueda ser reconocido.

29.- Al proceso fue allegada una certificación36 expedida por el representante
legal de la Clínica Chía el 6 de junio de 2012, en la que hizo constar que en el
momento en que ocurrió el accidente la demandante ostentaba el cargo de
coodinadora médica de Urgencias y que devengaba un millón doscientos mil
pesos ($1.200.000) mensuales por una labor de medio tiempo.

30.- Está demostrado que, con posterioridad a la ocurrencia del accidente, la
demandante recibió ingresos de su entidad promotora de salud -setenta y cinco
por ciento (75%) de su salario durante los 6 meses siguientes a la ocurrencia del
accidente- y de su entidad administradora de pensiones -un (1) salario mínimo
legal mensual vigente durante los 12 meses siguientes al vencimiento de los 6
meses-. También está acreditado que (i) a partir del 25 de marzo de 2011 se
reintegró a la Clínica Chía como auditora médica con funciones administrativas
con un sueldo mensual de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000), y (ii) a
partir del 1° de diciembre del mismo año asumió el cargo de coordinadora de la
IPS de la Clínica Chía ubicada en el municipio de Cajicá con un sueldo mensual
de dos millones ciento cincuenta mil pesos ($2.150.000).

31.- No obstante lo anterior, estas circunstancias no afectan la procedencia de la
indemnización que por lucro cesante se debe ordenar, pues esta tiene como
finalidad reparar las lesiones físicas padecidas por la demandante y las

34 Cuaderno No. 2, folio 15.
35 Cuaderno No. 2, folios 269 – 270.
36 Cuaderno No. 3, folios 24 – 25.

15

Radicado: 25000-23-26-000-2010-00726-01 (52115)
Demandante: María Elvira Díaz Arango

implicaciones que las mismas tienen en su actividad laboral. Sobre el particular,
esto ha dicho la doctrina:

<<Hay lugar a indemnización por lucro cesante laboral por el solo hecho de la
pérdida de la capacidad fisiológica de la víctima, independientemente de que esta
hubiese efectivamente perdido ingresos con motivo de la incapacidad. Por lo tanto,
era errónea la doctrina que consideraba que solo cuando la víctima trabajaba a la
fecha de ocurrir el daño y obtenía ingresos por dicho trabajo, tenía derecho a
indemnización por lucro cesante. Por fortuna tal criterio ha sido desterrado de la
jurisprudencia y la doctrina contemporáneas, que hoy admiten que el salario
devengado por la víctima al momento de ocurrir su daño solo constituye un factor,
útil más no indispensable, para la cuantificación del monto indemnizable. Lo
reparable, pues, es la pérdida de la capacidad laboral del damnificado.
Al respecto, ROGER DALCQ manifiesta:

(…) “Inclusive, cuando no hay ninguna pérdida de remuneración, un daño material
puede existir por el solo hecho de las lesiones físicas y deberá siempre ser
evaluado teniendo en cuenta las repercusiones reales o probables, el esfuerzo
suplementario de la víctima para poder cumplir el mismo trabajo, el riesgo de no
poder hallar otro empleo en caso de que deba cambiar, la posibilidad de disponer
anticipadamente de su organismo, etc. Ese perjuicio material debe ser evaluado e
indemnizado. A este respecto los ingresos de la víctima no constituyen pues el
único factor de medida. No son más que un criterio de apreciación entre otros”.

En el mismo sentido se pronuncia MAX LE ROY, quien, al comentar la evolución
de la jurisprudencia al respecto, expresa que esta

“… de todas formas se basa en el principio de que para la apreciación del perjuicio
sufrido por un asalariado no importa que el accidente no tenga consecuencias
directas sobre su salario; el mantenimiento de este último no podría ser tenido en
cuenta para negarle toda indemnización y que solo la disminución de su capacidad
física debe ser tenida en consideración en la evaluación del daño”>>37

32.- La Sección Tercera del Consejo de Estado se pronució en el mismo sentido
en la sentencia del 13 de noviembre de 199238:

<<En cuanto a los perjuicios materiales, la sala no duda en que deberán
indemnizársele, dada la incapacidad permanente total que se le asignó al señor
Hugo Gil Pinzón por el jefe de la sección de Medicina del Trabajo (disminución del
100% de su capacidad laboral, correspondiente a un índice lesional 21).
Incapacidad permanente de carácter profesional que no puede desaparecer con el
hecho de que el mencionado oficial siga en actividad (en labores presumiblemente
de oficina) y se le sigan pagando las asignaciones propias de su grado militar. No;
aquí lo que se indemniza es la perdida de su capacidad como profesional militar;
la que se vio truncada por la falla de servicio y que no le permitirá realizarse como
un miembro en actividad en la carrera de las armas que eligió.

En otras palabras, el señor Hugo Gil Pinzón quedó totalmente incapacitado como
profesional castrense y por eso tendrá que indemnizársele esa pérdida total de su
capacidad, con prescindencia de que éste vinculado a la Universidad Militar y
devengue en ella una asignación similar a la percibida si estuviera sano y en pleno
ejercicio de su carrera militar.

37 TAMAYO JARAMILLO, Javier. “De la responsabilidad civil”. Tomo IV. 1999. Editorial Temis. Paginas 461

– 462.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. CP Carlos Betancur

Jaramillo. Radicación número: CE-SEC3-EXP1992-N4374.

16

Radicado: 25000-23-26-000-2010-00726-01 (52115)
Demandante: María Elvira Díaz Arango

(…)

Y si lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia transcrita, se aplica a la pérdida
parcial de la capacidad laboral, con mayor razón tendrá operancia en casos como
aquí decidido, en le cual la víctima perdió el 100% de dicha capacidad.>>

33.- Por lo anterior, el lucro cesante se calculará con base en el porcentaje de
pérdida de la capacidad laboral de la lesionada, en aplicación de los parámetros
jurisprudenciales establecidos para estos casos39.

33.1.- Ahora bien, el salario que devengaba la demandante en el momento en
que ocurrió el accidente ascendía a un millón doscientos mil pesos ($1.200.000).
La anterior suma de dinero se actualizará utilizando la siguiente fórmula:

𝐼𝑃𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑅𝑖 ∗ 𝐼𝑃𝐶 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑅𝑎

33.2.- Donde Ra (renta actualizada) es el valor actualizado de la condena, Ri
(renta inicial) es el salario devengado por la demandante en el momento en que
ocurrieró el accidente, el IPC inicial es el vigente al momento en que ocurrió el
accidente y el IPC final es aquel vigente al momento de proferirse la presente
providencia, así:

128,27 (𝑒𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 2023)
33.3.- 1.200.000 ∗ = $2.228.844
69,06 (𝑗𝑢𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒 2008)

33.4.- De acuerdo con lo anterior, los factores que se tendrán en cuenta para
calcular el lucro cesante son los siguientes:

Salario base de liquidación = $2.228.844
Porcentaje de incapacidad sobre el ingreso: ($2.228.844 * 0.439) = $978.463
Vida probable: De conformidad con la historia clínica emitida por la Clínica del
Country, en el momento en que ocurrió el accidente la demandante tenía
cincuenta y dos (52) años. Luego, la vida probable, conforme a la Resolución No.
1112 de 2007, era de 28.07 años, esto es, 336,84 meses.

Lucro cesante consolidado

34.- Periodo consolidado desde la fecha en que la víctima sufrió el accidente (25
de julio de 2008) hasta la fecha de esta sentencia (175.16 meses), que se calcula
según la siguiente fórmula:

S = Ra x (1+ i)n - 1
i

39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia del

28 de agosto de 2014. Consejero Ponente Enrique Gil Botero. expediente 31.170. Radicación número:
05001-23-31-000-1997-01172-01(31170).

17

Radicado: 25000-23-26-000-2010-00726-01 (52115)
Demandante: María Elvira Díaz Arango

En donde:

S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Es el Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante
consolidado $978.463.
n = Número de meses que comprende el período indemnizable (175.16).
i = Interés puro o técnico: 0.004867.

Entonces:

S = $978.463 (1+ 0.004867)175.16 - 1
0.004867

S = $269.528.023

Lucro cesante futuro

35.- Este periodo se liquida desde el día siguiente de la fecha de esta sentencia
hasta la expectativa total de vida de la demandante. El periodo futuro (n) equivale
a 161.68 que se deriva de la resta entre los meses de la expectativa total de vida
(336,84 meses) y el periodo consolidado (175.16 meses). Para la determinación
del lucro cesante futuro se utilizará la siguiente fórmula:

S = Ra (1+ i)n - 1
i (1+ i) n

Donde:

S = Es la indemnización a obtener.
Ra = Ingreso base de liquidación sobre el cual se liquidará el lucro cesante futuro
$978.463.
n= Número de meses que comprende el período de la indemnización 161.68
meses.
i= Interés puro o técnico: 0,004867.

Entonces:

S = $978.463. (1+ 0.004867)161.68 – 1 __
0.004867 (1+ 0.004867)161.68

S = $109.340.727.

36.- Sumados los valores de la indemnización debida y futura por concepto de
lucro cesante, se obtiene un valor total de trescientos setenta y ocho millones
ochocientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos ($378.868.750).

18

Radicado: 25000-23-26-000-2010-00726-01 (52115)
Demandante: María Elvira Díaz Arango

iv) El perjuicio moral

37.- Está demostrado que la demandante sufrió un perjuicio moral como
consecuencia de las lesiones padecidas por cuenta del accidente. De acuerdo
con lo expuesto en el concepto médico40 emitido por la médica psiquiatra Noemí
Sastoque Parisier, luego de la ocurrencia del accidente la demandante presentó
un cuadro depresivo ocasionado por la incapacidad física generada por las
lesiones padecidas, el dolor y el insomnio que provocaba dicho dolor.

38.- De conformidad con los parámetros fijados en la sentencia de unificación del
28 de agosto de 201441, se condenará al Municipio a pagar a la demandante
ochenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (80 SMMLV) por concepto
de perjuicio moral, teniendo en cuenta que la pérdida de la capacidad laboral fue
del cuarenta y tres punto nueve por ciento (43.9%).

v) El daño a la salud

39.- La demandante solicitó el reconocimiento del daño a la vida de relación que
derivó de las lesiones sufridas como consecuencia del accidente. En relación con
este perjuicio, se advierte que en la sentencia del 28 de agosto de 201442 la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia en
el sentido de adoptar el daño a la salud -en reemplazo del daño a la vida de
relación- como perjuicio inmaterial, diferente al moral, que podía ser solicitado y
decretado en casos de lesiones corporaciones.

40.- De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que la pérdida de la
capacidad laboral fue del cuarenta y tres punto nueve por ciento (43.9%), se
condenará al Municipio de Chía a pagar a la demandante ochenta (80) SMMLV
por concepto de daño a la salud.

J.- Condena en costas

41.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo.

III. DECISIÓN

40 Cuaderno No. 3, folio 76.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de

unificación del 28 de agosto de 2014. CP Olga Melida Valle De De La Hoz. Radicación número: 50001-23-
15-000-1999-00326-01(31172).
42
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2014. CP Enrique Gil Botero. Radicación número: 05001-23-31-000-
1997-01172-01(31170).

19

Radicado: 25000-23-26-000-2010-00726-01 (52115)
Demandante: María Elvira Díaz Arango

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia proferida el 26 de junio de 2014 por la
Subsección C de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En su lugar, DECLÁRASE la responsabilidad extracontractual del
Municipio de Chía por el daño antijurídico sufrido por María Elvira Díaz Arango,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONDÉNASE al Municipio de
Chía a pagar a favor de María Elvira Díaz Arango trescientos setenta y ocho
millones ochocientos sesenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos
($378.868.750) por concepto de lucro cesante.

CUARTO: CONDÉNASE al Municipio a pagar a favor de María Elvira Díaz
Arango ochenta (80) SMMLV por concepto de perjuicio moral.

QUINTO: CONDÉNASE al Municipio a pagar a favor de María Elvira Díaz Arango
ochenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (80 SMMLV) por concepto
de daño a la salud.

SEXTO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 177 y 178
del C.C.A.

SÉPTIMO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: NIÉGANSE las pretensiones del llamamiento en garantía formulado
por Codensa S.A. E.S.P.

NOVENO: No se CONDENA en costas.

DÉCIMO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Presidente Magistrado

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado

20

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