Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00810-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa: por acreencias no recuperadas en procedimiento de liquidación
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00810-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2010-00810-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
26 de abril de 2017
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Por acreencias no recuperadas en procedimiento de liquidación / PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA - De Ese José Prudencia Padilla / FALTA LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA - Del Ministerio de la Protección Social por no evidenciarse su participación real en la causación de los hechos demandados / PAGO DE ACREENCIAS - No procede. Ministerio de la Protección Social no era responsable del procedimiento de liquidación
El problema jurídico que subyace en la apelación que ahora se desata, consiste en determinar si el Ministerio de la Protección Social podía ser vinculado a la presente litis y, en caso afirmativo, si era o no responsable por razón de las acreencias no recuperadas en el procedimiento de liquidación de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA. El anterior interrogante debe ser resuelto pasando a examinar la legitimación pasiva en la causa, en el caso concreto.
LEGITIMACIÓN DE HECHO EN LA CAUSA - Relación procesal entre demandante y demandado que surge a partir de la notificación del auto admisorio, momento en que se trabada la litis / LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA - Participación real de las personas en el hecho que da origen a la interposición de la demanda
De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conviene distinguir entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa. La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda, de manera que quien demanda a otro y como apoyo “le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la pretensión, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva después de la notificación del auto admisorio de la demanda”. Por su parte, la legitimación material en la causa corresponde a la participación real de los sujetos procesales en el hecho que origina la presentación de la demanda. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la diferenciación entre legitimación de hecho en la causa y legitimación material en la causa, consultar auto 16 de marzo de 2017, Exp. 56715, CP. Hernán Andrade Rincón; y sentencia de 31 de octubre de 2007, Exp 13503, MP. Mauricio Fajardo Gómez.
FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA - No se evidenció participación real del Ministerio de Protección Social en los hechos demandados
Desde el punto de vista material, de acuerdo con la participación real del Ministerio de Protección Social en los hechos probados en el caso sub lite, debe concluirse que procede la excepción de falta de legitimación material por pasiva, toda vez que no se encontró probada conducta alguna del Ministerio de Protección Social que lo vinculara como responsable del pago de las acreencias que dieron lugar a la demanda en el sub lite.
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LA ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA - Marco normativo aplicable / DECRETO LEY 254 DE 2000 - Establece procedimiento de liquidación de entidades públicas del orden nacional
En este caso no se puede imputar un vacío en la regulación aplicable a la liquidación de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, del cual se pueda derivar una responsabilidad a cargo del Ministerio de la Protección Social en el pago de las acreencias que se trajeron al presente proceso, dado que se debe tener presente que con la expedición de la Ley 1105 de 2006 que modificó el Decreto-Ley 254 de 2000, se dispuso el procedimiento de liquidación de entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional. En dicha ley se estableció la transferencia de los activos de la liquidación a un patrimonio autónomo constituido con la destinación específica al pago de los pasivos de la respectiva entidad, lo cual resultó aplicable en este caso particular. Se hace notar que con la anterior disposición legal se observó la exigencia de determinar la entidad responsable de los pasivos de aquella entidad que liquidaba, siguiendo con la norma del artículo 52 de la Ley 489 de 1998.
FUENTE FORMAL: LEY 1105 DE 2006 / DECRETO LEY 254 DE 2000 / LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 52
INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN - Reparación directa era improcedente para demandar actos administrativos que definen liquidación de créditos / ACCIÓN PROCEDENTE - Nulidad y restablecimiento del derecho por tratarse de daños ocasionados por daños administrativos / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL - En relación con los créditos rechazados dentro del procedimiento de liquidación mediante acto administrativo proveniente del liquidador
No se puede aceptar lo afirmado por la parte actora en el sentido de que la demanda no incorporaba reparos contra el acto de graduación y calificación de créditos expedido por FIDUAGRARIA S.A. Por el contrario, se observa que por la vía de la acción de reparación directa se presentó una pretensión que incluyó el monto de los créditos rechazados en el proceso de liquidación de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA. Así las cosas, se advierte que la Resolución ROA 003 de 2007 era constitutiva de un acto administrativo que provenía del liquidador de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA y no del Ministerio de la Protección Social, por lo cual la demanda, en ese supuesto, habría debido ser entablada contra la entidad fiduciaria que obró como liquidadora, esto es, FIDUAGRARIA S.A. y bajo la modalidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA - Naturaleza / PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA - Se aplican disposiciones especiales de manera preferente respecto de otros procedimientos / ACTOS DEL LIQUIDADOR - Proferidos en liquidación forzosa administrativa son actos administrativos / ACTOS DEL LIQUIDADOR - Deben controvertirse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho / COBRO DE LO NO DEBIDO - Por indebida escogencia de loa acción
Con apoyo en el artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aplicable para el procedimiento de liquidación de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, se reitera para este caso la jurisprudencia acerca de que el procedimiento de liquidación forzosa administrativa es prevalente y obligatorio y que incurre en cobro de lo no debido el acreedor que acude a la acción contractual – o en este caso a la de reparación directa- para buscar el pago de aquellas acreencias que fueron objeto de rechazo en el acto administrativo de graduación y calificación de créditos, cuando, por otra parte, ese acreedor no entabló en su oportunidad la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que dejó que el respectivo acto administrativo cobrara firmeza. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el proceso de liquidación forzosa administrativa, consultar sentencia de 26 de mayo de 1994, de la Corte Constitucional, Exp. C-248 de 1994 MP. Fabio Morón Díaz; de 21 de noviembre de 2003, Exp. 2002-00356-01(8358), CP. Olga Inés Navarrete; de 25 de junio de 2014, Exp. 34899, CP. Hernán Andrade Rincón (E).
FUENTE FORMAL: ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO - ARTÍCULO 293
FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL - En relación con el pago de los créditos reconocidos / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL - La reclamación tendría que haberse planteado a la luz del contrato de fiducia en demanda impetrada contra Fiduprevisora
En relación con aquellos créditos que fueron reconocidos en el acto de graduación y calificación y que quedaron insolutos al cierre de la liquidación, se observa que la reclamación tendrían que haberse planteado a la luz del contrato de fiducia en demanda impetrada contra FIDUPREVISORA S.A., administradora del patrimonio autónomo que fungía como fuente de pago de los créditos reconocidos en el procedimiento de liquidación a favor de la ahora demandante, de acuerdo con el contenido del Acta Final del Proceso Liquidatorio que obró como prueba dentro del plenario.
PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA - Posibilidad de acudir a la figura del contrato de fiducia mercantil para constituir patrimonio autónomo
El Decreto-ley 254 de 2000 incorporó la aplicación supletiva de las reglas de liquidación forzosa administrativa, contenidas en el estatuto orgánico del sistema financiero (E.O.S.F.); a la vez que el artículo 19 de la Ley 1105 de diciembre 13 de 2006 - que modificó el Decreto-ley 254 de 2000- dispuso la posibilidad de acudir a la figura del contrato de fiducia mercantil, a través del cual se constituyó un patrimonio autónomo con los bienes transferidos por la liquidadora, para efectos de poder cerrar el procedimiento de liquidación y entregar a una sociedad fiduciaria la administración de los activos remantes, afectos al pago de las acreencias reconocidas, como en efecto sucedió en el caso que ahora se debate.
FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 254 DE 2000 / LEY 1105 DE 2006 - ARTÍCULO 19
PROCESO CONCURSAL DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA - Inaplicabilidad de reglas de cobertura de obligaciones extendidas a pasivos laborales y pensionales, respecto de créditos de quinta clase / PASIVOS LABORALES - Créditos de primera clase / CONMUTACIÓN DE PASIVOS PENSIONALES - No aplicable en relación con pasivos con proveedores / PASIVOS CON ACREEDORES - Créditos de quinta clase de distinta / PASIVOS CON ACREEDORES - Con naturaleza y fundamentos legales diferentes a los de primera clase
En cuanto a las obligaciones laborales, el Decreto 2505 de 2006 estableció un régimen especial de indemnizaciones por supresión de los cargos y en relación con los pasivos pensionales, invocó el régimen de conmutación de obligaciones, de conformidad con la Ley 550 de 1999. Como consecuencia, la argumentación de la demandante, en orden a reclamar para sí la cobertura que el Ministerio de la Protección Social habría extendido a los pasivos laborales y pensionales, no es de recibo, toda vez que los créditos eran de diferente naturaleza, siendo los laborales de primera clase y los de la demandante de quinta clase (…) Finalmente, en el Decreto 2506 de 2006 salta a la vista que la conmutación de pasivos pensionales tenía fundamentos legales totalmente diferentes a los que se aplicaban respecto de los pasivos con proveedores.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 25000-23-26-000-2010-00810-01(47651)
Actor: LINDE COLOMBIA S.A. antes AGA FANO FÁBRICA NACIONAL DE OXÍGENO S.A.
Demandado: MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
TEMAS: PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE LA ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA – falta de legitimación material por pasiva en relación con el Ministerio de la Protección Social
Conoce la Sala el recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 22 de marzo de 2013, mediante la cual se dispuso:
“PRIMERO: Declarar de oficio la indebida escogencia de la acción, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.
”SEGUNDO: No se condena en costas”.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
Mediante demanda presentada el 4 de noviembre de 2010, la sociedad Linde Colombia S.A (antes denominada Aga Fano Fábrica Nacional de Oxígeno S.A.), en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, solicitó las siguientes declaraciones y condenas contra La Nación – Ministerio de la Protección Social:
“PRIMERA: Que se declare que la Nación en cabeza del Ministerio de la Protección Social es responsable activa y extracontractualmente de los perjuicios ocasionados a AGA FANO FÁBRICA NACIONAL DE OXIGENO S.A. hoy LINDE COLOMBIA S.A. como proveedor de gases medicinales de la extinta Empresa Social del Estado JOSE PRUDENCIO PADILLA.
“SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración se condene al demandado, a pagar a favor de LINDE COLOMBIA S.A. antes AGA FANO FÁBRICA NACIONAL DE OXÍGENO S.A., la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($256´117.396), a título de daño emergente, debidamente actualizada de acuerdo con los índices de precios al consumidor. Por concepto de lucro cesante se solicita el valor correspondiente al rendimiento económico o interés legal sobre la suma reconocida e indexada.
“TERCERA: Que la condena respectiva sea actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo, aplicando los ajustes de valor (indexación) desde la fecha en que debió realizarse el pago hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia que le ponga fin al proceso.
“CUARTA: Que la condena aquí impuesta se cumpla en los términos del artículo 177 del C.C.A.
“QUINTA: Que se condene a la Entidad demandada al pago de las costas y agencias en derecho que se causen por el trámite del presente proceso”.
2. Los hechos
En el escrito de demanda, la parte actora narró los hechos, en dos grupos, así:
2.1. “HECHOS QUE ANTECEDEN A LA RECLAMACIÓN EN EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA EN LIQUIDACIÓN”
Mediante el Decreto 1750 de junio 26 de 2003, el Gobierno Nacional creó la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla, como entidad pública descentralizada de nivel nacional, adscrita al Ministerio de la Protección Social, la cual se organizó como resultado de la escisión del Instituto de Seguros Sociales, de conformidad con lo dispuesto en el mismo decreto.
AGA FANO S.A. estableció una relación contractual con la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, por virtud de sendos contratos de compraventa y órdenes de suministro de gases medicinales, con destino a los centros de atención ambulatoria y unidades hospitalarias de esa empresa, en virtud de los cuales la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA le adeudaba la suma de $507’848.139, resultante de la sumatoria de lo facturado por los gases medicinales efectivamente entregados.
En este acápite de los hechos de la demanda se expuso lo siguiente:
“ESE JOSE PRUDENCIO PADILLA, como entidad estatal (…) debe responder por los perjuicios causados a mi mandante, derivados del incumplimiento en el pago de las facturas originadas en el compromiso contractual, responsabilidad esta que se corresponde a las indemnizaciones por la disminución patrimonial ocasionada (….) Lo anterior sin perjuicio de que la liquidación sobreviniente de la entidad deudora y su extinción, haya virado la vía de reclamación de la acción contractual a la acción de reparación directa, pues existe para el caso concreto una responsabilidad patrimonial del Estado, que es la que aquí se demanda”.
2.2. “HECHOS PROPIOS DEL PROCESO LIQUIDATORIO”
Narró la demandante que mediante el Decreto 2506 de 2006, el Gobierno Nacional ordenó la supresión y liquidación de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA y que, entonces, AGA FANO S.A. se vio obligada a presentar la reclamación de sus acreencias, la cual radicó bajo el número 774 de 18 de septiembre de 2006, en el respectivo procedimiento de liquidación.
Expuso que mediante Resolución No. ROA-0033-07, expedida por el apoderado especial de la entidad liquidadora, que fue FIDUAGRARIA S.A., se resolvieron las reclamaciones y se reconocieron acreencias a favor de AGA FANO S.A. por la suma de $301’314.584.
Indicó que, como consecuencia del vencimiento de la última prórroga, concedida mediante el Decreto 900 del 28 de marzo de 2008, el proceso de liquidación se terminó.
Puntualizó que, en consecuencia, al cierre del proceso de liquidación, la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA se extinguió y, sin embargo, el crédito a favor de la ahora demandante, quedó impagado.
3. Actuación procesal
3.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda de reparación directa mediante auto de 17 de marzo de 2011.
3.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó las pruebas solicitadas mediante auto de 25 de agosto de 2011.
3.3. Contestación de la demanda
En la contestación de la demanda, la Nación - Ministerio de la Protección Social indicó como excepciones, la errónea invocación de la acción impetrada y la caducidad de la acción.
El Ministerio observó que la demanda tuvo por causa el hecho de que el proceso de liquidación no arrojó el dinero suficiente para cubrir el 100% de la acreencia surgida en virtud de la celebración de un contrato.
Aseveró que la demandante truncó los hechos y realizó esguinces en su relato, para evitar que se le aplique la caducidad de la acción, empero lo cierto es que las acreencias estaban prescritas antes de que se presentara la demanda en este proceso y que, también, la acción había caducado para esa fecha.
En relación con la legitimación en la causa, expuso que el Ministerio de la Protección Social no tuvo participación alguna en los contratos de la ESE JOSE PRUDENCIO PADILLA. Reseñó que la Ley 100 de 1993 dispuso la autonomía, administrativa, técnica y financiera de las empresas sociales del Estado en el sector salud.
Indicó que las funciones del Ministerio son regladas y que aunque le corresponde tutelar a las entidades descentralizadas del sector, de acuerdo con los artículos 104 y 105 de la Ley 489 de 1998, su función se orienta al cumplimiento armónico de las políticas. Destacó que de acuerdo con el articulo 105 citado, su función “no comprenderá la autorización o aprobación de actos específicos”.
En el caso concreto observó que la demandante pretende el cumplimiento de un contrato, sobre el cual no hizo explícito el nexo de causalidad entre los hechos generadores del daño y el actuar o la omisión del Ministerio.
Afirmó que la vinculación como litisconsorte necesario requiere de la existencia de una situación jurídica sustancial y puntualizó que, por otra parte, no tuvo lugar una sucesión procesal en cabeza del Ministerio, toda vez que la empresa social del Estado constituyó un patrimonio autónomo de remanentes, mediante contrato de fiducia mercantil con FIDUPREVISORA S.A., el cual tenía por objeto realizar los pagos y administrar los procesos judiciales y los contratos que quedaban en curso al cierre de la liquidación.
Finalmente, reiteró las siguientes excepciones: i) falta de legitimación por pasiva; ii) inexistencia de la obligación, iii) improcedencia del cobro perseguido y iv) la declaratoria de cualquier otra excepción que se encuentre probada en el proceso.
3.4. Contestación a las excepciones
La demandante invocó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, de acuerdo con el cual la caducidad de la acción de reparación directa ocurre en dos años a partir del día siguiente al acontecimiento, hecho u omisión en que ese funde la demanda. Explicó que, en este caso, el término “se interrumpió”, teniendo en cuenta el pago parcial efectuado por FIDUPREVISORA S.A., el 27 de agosto de 2009.
Afirmó que del artículo 42 del Decreto 1064 de 1999 se desprende que al Ministerio de la Protección Social le correspondió la legitimación en la causa por pasiva, por tratarse de la liquidación de una entidad vinculada a ese Ministerio.
Agregó que por insuficiencia de activos en cabeza de la entidad liquidada, la responsabilidad se traslada al Estado, en este caso al Ministerio de la Protección Social, toda vez que de no ser así, existiría un enriquecimiento sin causa en contra del particular.
Expuso que la prestación de servicios de salud es responsabilidad del Estado, aunque se delegue en particulares.
Reiteró la exposición de los hechos contenida en la demanda.
3.5. La sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, profirió sentencia el 22 de marzo de 2013, en la cual declaró de oficio la indebida escogencia de la acción.
El Tribunal a quo observó que las acreencias estaban en trámite de pago ante la fiducia, con fundamento en el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006 -que permitió la creación de los fideicomisos para la administración de los activos remanentes al cierre del procedimiento de liquidación de las entidades públicas- y expuso que de acuerdo con el objeto del contrato de fiducia mercantil 3-1-0373 de 30 de mayo de 2008, celebrado entre el liquidador de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA y FIDUPREVISORA S.A., se estaban realizando los pagos de los acreedores reconocidos, entre ellos AGA FANO S.A.
Reseñó que de acuerdo con la comunicación de 5 de marzo de 2010, FIDUPREVISORA S.A. le indicó a AGA FANO S.A. que “para efectos de la liquidación del próximo pago se requiere el envío INMEDIATO de una declaración juramentada en la que conste que no ha recibido pago por parte de la Nación por este mismo concepto”.
Advirtió que dentro del plenario no se encontró que LINDE COLOMBIA S.A. hubiera realizado los trámites requeridos para el cobro del saldo insoluto ante FIDUPREVISORA S.A.
Observó que la acción procedente no era la de reparación directa, toda vez que la demanda “atiende a la exigibilidad de la obligación contenida en facturas cambiarias que se presentan como soporte de sendos contratos” según el hecho 2 de la misma.
Precisó que el acto administrativo de reconocimiento de créditos tiene presunción de legalidad y estimó que con base en el mismo, podría ser reclamado el pago de los créditos reconocidos.
El Tribunal a quo indicó que, a su juicio, la cobranza debía adelantarse en su caso, mediante la acción ejecutiva en contra la FIDUPREVISORA S.A.
Reiteró la jurisprudencia del Consejo de Estado en torno de la acción procedente en tratándose de los daños causados con ocasión de los actos administrativos, la cual debe ser la de nulidad y restablecimiento del derecho.
Destacó que de conformidad con esa jurisprudencia, la acción impetrada debe estar en consonancia con los hechos de la demanda y, por ello, la escogencia de la acción no queda al arbitrio del demandante.
3.6. El recurso de apelación
La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia el 22 de marzo de 2013 y sustentó su recurso en el mismo escrito.
Manifestó su inconformidad con los argumentos expuestos por el Tribunal a quo, en la siguiente forma:
De acuerdo con el artículo 48 de la Constitución Política, la salud es un derecho de los colombianos y el Estado garantiza los servicios de salud; de conformidad con el artículo 83 de la Ley 489 de 1998, las empresas sociales del Estado son entidades creadas por la Nación o por entidades territoriales, para la prestación de servicios de salud y, por tanto -la apelante pasó a concluir que- el Estado es responsable por las actuaciones de sus órganos y entidades en el sector salud.
Especificó que el Ministerio de la Protección Social fue demandado mediante la acción de reparación directa, como “único ente encargado de la coordinación, dirección y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)”, por mandato constitucional y reglamentario de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 1122 de 2007, por lo cual el Ministerio era “la entidad llamada a responder por la supresión y liquidación de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA”.
Precisó que si bien es cierto que en el sub lite mediaba un acto administrativo de reconocimiento de créditos, la acción pertinente solo habría sido la de nulidad y restablecimiento del derecho, en el caso de que se pretendiera la anulación de ese acto y el resarcimiento del perjuicio derivado del mismo. Sin embargo, expuso que el Tribunal a quo no tuvo en cuenta que el contenido del referido acto administrativo no se atacó en este proceso.
Especificó que, a su juicio, FIDUPREVISORA S.A. no tiene calidad de parte, ni como cesionaria ni como subrogataria de las obligaciones de la ESE JOSE PRUDENCIO PADILLA, puesto que el llamado a responder es el Ministerio de la Protección Social.
Insistió en que la acción de reparación directa se apoya en el artículo 90 de la Constitución Política por cuanto “es el Estado quien debe responder por las actuaciones y omisiones de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, que generaron la supresión y liquidación de la misma, que finalmente conllevó a la ausencia de pago de las obligaciones”.
Finalizó el recurso de apelación afirmando que la decisión de primera instancia no entró al fondo de la litis y que, por tanto, se le vulneró el debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
3.7. Alegatos en segunda instancia
El Ministerio de la Protección Social insistió en que el control tutelar sobre las entidades adscritas y vinculadas está destinado “solo a asegurar que las acciones que adquieran ellas por especialidad se cumplan en armonía con las políticas gubernamentales”.
Se refirió a la sentencia C-727 de 2000, emanada de la Corte Constitucional, de acuerdo con la cual el control administrativo no “toca con las competencias legales de las entidades descentralizadas, ni con la toma de decisiones que operen dentro de las competencias legales del organismo, pues una interpretación contraria desvirtuaría el mecanismo de la descentralización”.
Observó que en el procedimiento de liquidación se había obrado de conformidad con las normas legales que disponían el régimen de la liquidación de las empresas del Estado.
Esgrimió que el Ministerio de la Protección Social no tenía calidad de sucesor procesal de la extinta ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, la cual constituyó para el efecto el patrimonio autónomo, obrando de acuerdo con lo permitido por el Decreto-ley 254 de 2000, la Ley 1105 de 2006 y el Decreto 405 de 2007.
Relacionó en detalle el régimen del procedimiento de liquidación que se rigió por las normas especiales antes citadas y en lo no previsto por las disposiciones del régimen de la liquidación forzosa administrativa de las entidades financieras (Decreto 663 de 1993 y Decreto 2211 de 2004), aplicable por remisión expresa del Decreto-ley 254 de 2000. De acuerdo con ello, el Ministerio destacó el carácter especial y su naturaleza de régimen concursal y prevalente al que debían someterse obligatoriamente todos los acreedores de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, para hacer valer sus derechos.
Observó que la demandante se hizo parte en el procedimiento de liquidación y que su crédito fue calificado en la quinta clase de acuerdo con el artículo 2509 del Código Civil.
Afirmó que, por tanto, la demandante debió hacer valer sus derechos mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, incoada contra los actos del liquidador, los cuales están expresamente calificados como actos administrativos de conformidad con el artículo 6º del Decreto 3870.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Para resolver la segunda instancia de la presente litis, se abordarán los siguientes temas: 1) Jurisdicción y competencia del Consejo de Estado; 2) el problema jurídico que se plantea en la presente litis; 3) falta de legitimación material; 4) caducidad; 5) anotación final acerca del debido proceso; 6) costas.
1. Jurisdicción y competencia del Consejo de Estado
1.1. Jurisdicción Competente
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de la acción impetrada, toda vez que la demanda se entabló en ejercicio del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, contra una entidad estatal, esto es la Nación - Ministerio de Protección Social, para obtener la reparación del daño causado por razón de los hechos y omisiones de esa entidad.
1.2. Cuantía
Precisa la Sala que le asiste competencia para conocer del presente proceso en segunda instancia, toda vez que la demandante fijó la estimación razonada de la cuantía en la suma de $507’848.139, pretensión que resulta superior al monto equivalente a 500 salarios mínimos legales vigentes, exigido para que un proceso de reparación directa, iniciado en el año 2010, tuviera vocación de doble instancia.
2. Problema jurídico que se plantea en la presente litis
El problema jurídico que subyace en la apelación que ahora se desata, consiste en determinar si el Ministerio de la Protección Social podía ser vinculado a la presente litis y, en caso afirmativo, si era o no responsable por razón de las acreencias no recuperadas en el procedimiento de liquidación de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA.
El anterior interrogante debe ser resuelto pasando a examinar la legitimación pasiva en la causa, en el caso concreto.
3. La falta de legitimación material
De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera del Consejo de Estado, conviene distinguir entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa.
La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda, de manera que quien demanda a otro y como apoyo “le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la pretensión, está legitimado de hecho por activa y aquél a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión resulta legitimado de hecho y por pasiva después de la notificación del auto admisorio de la demanda”.
Por su parte, la legitimación material en la causa corresponde a la participación real de los sujetos procesales en el hecho que origina la presentación de la demanda.
“En consecuencia, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra”.
En el presente caso se advierte que la sociedad demandante atribuyó responsabilidad al Ministerio de la Protección Social, basada en que la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA era una entidad adscrita al referido Ministerio, que ese Ministerio tenía el control sobre la referida entidad y debía responder por las acreencias en razón de la pertenencia de la entidad liquidada al sector salud.
Por ende se tiene que aceptar que desde el punto de vista procesal existió legitimación de hecho para trabar la demanda contra la Nación – Ministerio de la Protección Social.
Sin embargo, desde el punto de vista material, de acuerdo con la participación real del Ministerio de Protección Social en los hechos probados en el caso sub lite, debe concluirse que procede la excepción de falta de legitimación material por pasiva, toda vez que no se encontró probada conducta alguna del Ministerio de Protección Social que lo vinculara como responsable del pago de las acreencias que dieron lugar a la demanda en el sub lite.
Vale la pena observar que en este caso no se puede imputar un vacío en la regulación aplicable a la liquidación de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, del cual se pueda derivar una responsabilidad a cargo del Ministerio de la Protección Social en el pago de las acreencias que se trajeron al presente proceso, dado que se debe tener presente que con la expedición de la Ley 1105 de 2006 que modificó el Decreto-Ley 245 de 2000, se dispuso el procedimiento de liquidación de entidades públicas de la rama ejecutiva del orden nacional.
En dicha ley se estableció la transferencia de los activos de la liquidación a un patrimonio autónomo constituido con la destinación específica al pago de los pasivos de la respectiva entidad, lo cual resultó aplicable en este caso particular.
Se hace notar que con la anterior disposición legal se observó la exigencia de determinar la entidad responsable de los pasivos de aquella entidad que liquidaba, siguiendo con la norma del artículo 52 de la Ley 489 de 1998.
3.1. Legitimación pasiva en relación con los créditos rechazados dentro del procedimiento de liquidación
Para responder al problema jurídico enunciado en esta providencia, se observa, en primer lugar, que en los hechos de la demanda la parte actora narró que se vio precisada a presentarse al procedimiento de liquidación forzosa administrativa y que mediante Resolución No. ROA-0033-07, expedida por la entidad liquidadora, FIDUAGRARIA S.A., se resolvieron las reclamaciones y se le reconocieron acreencias por la suma de $301’314.584 –del total de $507’848.139 que refirió como estimación razonada de la cuantía en este proceso.
En el recurso de apelación la demandante argumentó que si bien es cierto que en el sub lite obró un acto administrativo de reconocimiento de créditos, no se pretendió la anulación de ese acto. Reseñó que el Tribunal a quo no tuvo en cuenta que el contenido del referido acto no se atacó en este proceso.
La Sala llama la atención sobre el contenido de la Resolución ROA No. 0033- 07 de 4 de enero de 2001, expedida por FIDUAGRARIA S.A., obrando como liquidadora de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA en liquidación, mediante la cual se reconocieron los valores correspondientes a las obligaciones del quinto orden de los créditos, a cargo de la masa de liquidación de la referida empresa social del Estado.
En el anexo 1 de la Resolución ROA No. 0033-07, número de radicación 774, consta que AGA FANO S.A. presentó acreencias por la suma de $507’848.139, lo cual coincide con la estimación razonada de la cuantía en el presente proceso.
Sin embargo, como lo narró la demandante, sus créditos fueron parcialmente rechazados. Ello se observa en el renglón correspondiente a la reclamación 774 del aludido anexo 1, en la cual consta que las acreencias presentadas por AGA FANO S.A. solo fueron reconocidas por la suma $301’314.584.
Según el cuadro correspondiente al referido anexo, las acreencias de AGA FANO S.A. fueron objeto de glosas por la suma de $206’533.555, por las razones establecidas en los “códigos 1.1., 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 4.12”.
De acuerdo con los soportes de la auditoría de cuentas de la reclamación, se hizo constar que “en varias facturas no aporta factura original, no aportan contrato, certificación del interventor, aprobación de póliza entre otros”.
Por tanto, el daño que se pretende reclamar en el presente proceso por la vía de la reparación directa, coincide, en parte, con el no pago de aquellas facturas objeto de glosas por parte de FIDUAGRARIA S.A., dentro del procedimiento de liquidación de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA.
Así las cosas, en el caso de las acreencias no reconocidas, se encuentra el acto administrativo contenido en la Resolución ROA No. 0033-07, soportada en el anexo 1, en el cual FIDUAGRARIA S.A. decidió acerca de las facturas rechazadas, con la nota: “se glosa por un valor de $206.533.555”, además de que refirió otros reparos a los valores de los títulos presentados por AGA FANO S.A., por razón de la aplicación de valores acreditados a las respectivas facturas, según se detalló en la misma constancia de la auditoria: “Existen facturas con notas crédito presentadas a continuación (…)”.
Como conclusión, no se puede aceptar lo afirmado por la parte actora en el sentido de que la demanda no incorporaba reparos contra el acto de graduación y calificación de créditos expedido por FIDUAGRARIA S.A.
Por el contrario, se observa que por la vía de la acción de reparación directa se presentó una pretensión que incluyó el monto de los créditos rechazados en el proceso de liquidación de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA.
Así las cosas, se advierte que la Resolución ROA 003 de 2007 era constitutiva de un acto administrativo que provenía del liquidador de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA y no del Ministerio de la Protección Social, por lo cual la demanda, en ese supuesto, habría debido ser entablada contra la entidad fiduciaria que obró como liquidadora, esto es, FIDUAGRARIA S.A. y bajo la modalidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Para soportar el anterior análisis debe tenerse presente que mediante Decreto 2505 de julio 29 de 2006, se suprimió la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA y se ordenó su liquidación. En ese decreto se hizo constar la sujeción al régimen de liquidación del Decreto Ley 254 de 2000 y se especificó que el acto de calificación de créditos dentro del proceso de liquidación administrativa era objeto de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, así:
“Artículo 2o. Régimen de Liquidación. Por tratarse de una Empresa Social del Estado del sector descentralizado del orden nacional, de conformidad con lo previsto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr001.html" \l "52" 52 de la Ley 489 de 1998, la liquidación de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla se someterá a las disposiciones del Decreto-ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0254_2000.html" \l "1" 254 de 2000, las normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten y a las especiales del presente decreto.
“(…).
“Artículo 6o. De los actos del Liquidador. Los actos del Liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, son actos administrativos y serán objeto de control por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Los actos administrativos del Liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso de liquidación.
“Contra los actos administrativos del Liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno.
“El Liquidador podrá revocar directamente los actos administrativos manifiestamente ilegales o que se hayan obtenido por medios ilegales”.
Finalmente, con apoyo en el artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, aplicable para el procedimiento de liquidación de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, se reitera para este caso la jurisprudencia acerca de que el procedimiento de liquidación forzosa administrativa es prevalente y obligatorio y que incurre en cobro de lo no debido el acreedor que acude a la acción contractual – o en este caso a la de reparación directa- para buscar el pago de aquellas acreencias que fueron objeto de rechazo en el acto administrativo de graduación y calificación de créditos, cuando, por otra parte, ese acreedor no entabló en su oportunidad la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que dejó que el respectivo acto administrativo cobrara firmeza.
Al respecto se ha pronunciado esta Sala de Subsección, en los siguientes términos:
“(…) la sentencia C- 248 de 1994 de la Corte Constitucional indica que el procedimiento de liquidación forzosa administrativa, contenido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero –aplicable en este caso a la liquidación de Cajanal S.A. E.P.S., según se verá adelante -es un procedimiento concursal, universal, de carácter forzoso, cuyas reglas aplican de preferencia a otros procedimientos, de acuerdo con lo que observó la mencionada Corte: (…)
“(…).
“Precisamente, la Sección Primera del Consejo de Estado hizo valer la legislación especial aplicable al procedimiento de liquidación de Cajanal S.A., E.P.S., con ocasión de la acción de nulidad impetrada por uno de los acreedores contra la resolución contentiva del reconocimiento de acreencias, en razón a que el actor no cumplió con presentar los cargos concretos acerca de la violación de la referida legislación especial: (…)
“(…).
“Teniendo en cuenta la normatividad especial que rige el procedimiento de liquidación forzosa administrativa, la Sala refrenda dos conclusiones:
“i) Los acreedores de la entidad sometida a la liquidación forzosa administrativa deben hacer valer sus reclamaciones dentro del procedimiento y bajo la normatividad especial que rige como consecuencia de esa medida, teniendo en cuenta el carácter imperativo y preferente de dicha legislación.
“ii) Una vez decretada la apertura de la liquidación forzosa administrativa, tiene lugar la pérdida de competencia por parte de la jurisdicción ordinaria para conocer acerca de los procesos de ejecución y de las reclamaciones causadas con fecha anterior a aquella en que se ordenó la liquidación, siempre que estas últimas cuenten al menos con prueba sumaria de la obligación.
“(…).
“En otras palabras, (…) no era un acreedor contingente puesto que no había discusión alguna sobre la existencia del contrato y por lo tanto forzosamente debía presentar la reclamación dentro del procedimiento especial de liquidación, como en efecto lo hizo, razón por la cual quedó bajo las resultas de ese procedimiento, máxime cuando allí tuvo cabida su derecho de defensa y la oportunidad de demandar los actos administrativos expedidos en el referido procedimiento de liquidación.
“(…).
“En el mismo sentido, acerca de las pruebas aportadas en el procedimiento de liquidación –mismas que se presentaron en este proceso- se debe estar a decisión contenida en la Resolución (…), en la cual se concluyó sobre la falta de prueba de la prestación efectiva del servicio, que no pudo ser salvada por la parte actora, teniendo en cuenta las condiciones y omisiones de las facturas, según se observa en las siguientes consideraciones: (…).
“En conclusión, en relación con las pretensiones principales presentadas en este proceso, prosperará la excepción de cobro de lo no debido”.
3.2. Legitimación pasiva en relación con el pago de los créditos reconocidos
Ahora bien, en relación con aquellos créditos que fueron reconocidos en el acto de graduación y calificación y que quedaron insolutos al cierre de la liquidación, se observa que la reclamación tendrían que haberse planteado a la luz del contrato de fiducia en demanda impetrada contra FIDUPREVISORA S.A., administradora del patrimonio autónomo que fungía como fuente de pago de los créditos reconocidos en el procedimiento de liquidación a favor de la ahora demandante, de acuerdo con el contenido del Acta Final del Proceso Liquidatorio que obró como prueba dentro del plenario.
Se advierte que el Ministerio de la Protección Social no puede ser condenado como legitimado por pasiva, toda vez que el Decreto-ley 254 de 2000 incorporó la aplicación supletiva de las reglas de liquidación forzosa administrativa, contenidas en el estatuto orgánico del sistema financiero (E.O.S.F.); a la vez que el artículo 19 de la Ley 1105 de diciembre 13 de 2006 - que modificó el Decreto-ley 254 de 2000- dispuso la posibilidad de acudir a la figura del contrato de fiducia mercantil, a través del cual se constituyó un patrimonio autónomo con los bienes transferidos por la liquidadora, para efectos de poder cerrar el procedimiento de liquidación y entregar a una sociedad fiduciaria la administración de los activos remantes, afectos al pago de las acreencias reconocidas, como en efecto sucedió en el caso que ahora se debate.
La norma citada estableció lo siguiente:
“Artículo 19. El artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6050" \l "35" 35 del Decreto-ley 254 de 2000 quedará así:
“Artículo 35. A la terminación del plazo de la liquidación, el liquidador podrá celebrar contratos de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria por el cual se transferirá activos de la liquidación con el fin de que la misma los enajene y destine el producto de dichos bienes a los fines que en el inciso siguiente se indican. La entidad fiduciaria contratista formará con los bienes recibidos de cada entidad en liquidación un patrimonio autónomo.
“La entidad fiduciaria destinará el producto de los activos que les transfiera el liquidador a pagar los pasivos y contingencias de la entidad en liquidación, en la forma que hubiere determinado el liquidador en el contrato respectivo, de conformidad con las reglas de prelación de créditos previstas en la ley.
“Si pagadas las obligaciones a cargo de la entidad en liquidación quedaren activos o dinero en poder de la entidad fiduciaria contratada, esta los entregará al Fopep o al Fondo de Reservas de Bonos Pensionales, según corresponda, en la forma y oportunidad que señale el Gobierno Nacional en el decreto que ordene la liquidación o en uno que lo complemente.
“Pagados los pasivos o cuando los bienes entregados en fiducia sean suficientes para atenderlos, los demás activos que no hayan sido objeto de fiducia, se traspasarán al Ministerio, Departamento Administrativo o entidad descentralizada que determine la ley o el acto administrativo expedido por el Gobierno Nacional. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando se enajenen bienes, su producto se entregue al Fopep o al Fondo de Reserva de Bonos Pensionales, según lo determine el Gobierno Nacional.
“Cumplido el plazo de la liquidación en el acta final de liquidación por la cual se pone fin a la existencia legal de la entidad y, cuando sea del caso, se indicarán los activos que se transfieren o que se encuentran en un patrimonio autónomo de conformidad con el presente artículo, así como los pasivos que se pagarán con cargo a dicho patrimonio autónomo, y las obligaciones que asuman otras entidades con sujeción a lo previsto en el presente decreto.
“Si al terminar la liquidación existieren procesos pendientes contra la entidad, las contingencias respectivas se atenderán con cargo al patrimonio autónomo al que se refiere el presente artículo o a falta de este, el que se constituya para el efecto. Lo anterior sin perjuicio de los casos en que la Nación u otra entidad asuman dichos pasivos, de conformidad con la ley”.
Es útil agregar que la demanda no identificó conductas en las cuales se pudiera fundar un incumplimiento del contrato de fiducia mercantil constituido con los activos remanentes; tal como se reseñó en la sentencia de primera instancia, FIDUPREVISORA S.A. en comunicación radicada el 12 de marzo 2010, referida a la “solicitud de declaración juramentada para soportar el pago a los acreedores” del fideicomiso P.A.R. –ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA EN LIQUIDACIÓN, requirió a la ahora demandante para que presentara constancia de no haber recibido pagos por parte de la Nación, para efectos de definir “la generación del próximo pago”.
Se observa, además, que en la comunicación emitida por FIDUPREVISORA S.A., “en su calidad de vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo de Remantes PAR ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA”, esa entidad le informó a AGA FANO S.A., que:
“(…) la acreencia a favor de la empresa que Usted representa ascendía a la suma de $301’314.584,oo sobre la cual se ha pagado gradualmente en la medida que la disponibilidad de recursos lo permita, a la fecha de la citada acreencia presenta un saldo por el orden de $256’117.396,40” (la negrilla no es del texto).
3.3. Argumentos que no se corresponden con los hechos probados en el sub lite
En la demanda que ahora se examina, algunos de los argumentos jurídicos esgrimidos por la demandante no se corresponden con los hechos que se describen en el mismo libelo introductorio, ni se encuentran acreditados con las pruebas que se allegaron al plenario.
Por esa razón, se llega, también, a concluir que el Ministerio de la Protección Social no puede ser condenado a responder dentro de la acción impetrada en el caso sub lite.
A continuación se presenta una referencia a los citados argumentos.
En la demanda, la parte actora expuso “la aplicación del principio de responsabilidad en cabeza del Estado” y afirmó que las directivas de la empresa social del Estado fueron nombradas por el Presidente de la República y la Junta Directiva, la cual estaba presidida por el Ministro de la Protección Social.
Sin embargo, la demandante no relacionó hechos concretos de los administradores, ni del liquidador, como fuentes del daño.
Por otra parte, la actora pretendió derivar la responsabilidad del Ministerio de la Protección Social, afirmando que, de acuerdo con el Decreto 2506 de 2006, la decisión de liquidación de la empresa se fundó, en “las deficiencias en la calidad y en la capacidad resolutiva de los servicios de salud” por parte de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA. En igual forma, la demandante reseñó el informe de la Contraloría General de la República citado en los considerandos del mismo decreto, en el cual esa entidad de control señaló que no pudo fenecer la cuenta de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA por las vigencias de 2004 y 2005, habida cuenta de que evidenció que dicha empresa no logró desarrollar su gestión de manera eficiente y no alcanzó sus metas y objetivos en forma eficaz.
La demandante concluyó que hubo “fallas y omisiones” estatales con repercusión negativa, en este caso, para ella, como proveedor de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA.
No obstante, se advierte que las fallas de control no fueron especificadas ni probadas en el proceso, como causa del no pago de las acreencias con la ahora demandante, las cuales se debían pagar con cargo al patrimonio autónomo administrado por FIDUPREVISORA S.A.
Desde otra perspectiva, si en gracia de discusión se aceptara que el Ministerio de la Protección Social estaba llamado a responder, se llegaría a concluir que, en ese supuesto no probado en el proceso, la causa del daño habría sido el Decreto 2505 de 2006, mediante el cual se dispuso la liquidación de empresa social del Estado. En esa hipótesis la acción procedente habría sido la de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el referido decreto.
Por otra parte, la parte actora aseveró en la demanda:
“La omisión al deber objetivo de control, que terminó con los créditos de quinta clase insolutos, y con la determinación de [que el] Ministerio de Protección Social asumiera el pasivo pensional y laboral reconocido por el Liquidador de la ESE JOSE PRUDENCIO PADILLA, se hizo extensiva al propio proceso de liquidación”.
Estos últimos argumentos –referidos al acto mediante el cual se decidió la asunción de pasivos laborales y pensionales-, tampoco se fundaron en hecho concreto alguno.
Sin embargo, teniendo en cuenta que se presentan en relación con la eventual fuente del daño, la Sala debe advertir lo siguiente:
En cuanto a las obligaciones laborales, el Decreto 2505 de 2006 estableció un régimen especial de indemnizaciones por supresión de los cargos y en relación con los pasivos pensionales, invocó el régimen de conmutación de obligaciones, de conformidad con la Ley 550 de 1999.
Como consecuencia, la argumentación de la demandante, en orden a reclamar para sí la cobertura que el Ministerio de la Protección Social habría extendido a los pasivos laborales y pensionales, no es de recibo, toda vez que los créditos eran de diferente naturaleza, siendo los laborales de primera clase y los de la demandante de quinta clase.
Finalmente, en el Decreto 2506 de 2006 salta a la vista que la conmutación de pasivos pensionales tenía fundamentos legales totalmente diferentes a los que se aplicaban respecto de los pasivos con proveedores.
4. Caducidad
Aunque de conformidad con lo ya expuesto en este proceso no se abre paso la indebida escogencia de la acción impetrada, es útil advertir que la caducidad de la acción no se interrumpió por los pagos parciales realizados por la fiduciaria administradora del patrimonio autónomo de remantes, toda vez que no existe norma que así lo disponga.
Se debe tener presente que la caducidad de la acción es una institución procesal que constituye presupuesto de la demanda, improrrogable e inmodificable por las partes, respecto de la cual solo está prevista la suspensión del término por razón de la solicitud de conciliación extrajudicial.
5. Anotación final acerca del debido proceso
Se puntualiza que la decisión de primera instancia no desconoció el derecho de defensa de la parte actora, puesto que en el procedimiento de liquidación administrativa esta tuvo acceso para discutir sus acreencias, mediante el recurso de reposición correspondiente contra el acto del liquidador y, en caso de que no se le hubiere concedido el reconocimiento, en su oportunidad pudo haber incoado la acción ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para obtener la nulidad de la decisión y la inclusión de los créditos, como, por ejemplo, lo reconoció el Consejo de Estado a otro de los acreedores.
Se advierte que los derechos de los proveedores en caso de liquidación de la empresa social del Estado se protegen de acuerdo con el régimen legal de liquidación, en el cual los bienes de la masa de liquidación se destinan al pago de los pasivos, bajo las reglas de la calificación de créditos.
En el mismo orden de ideas, se agrega que la demandante no enfiló la demanda contra FIDUPREVISORA S.A. y se reafirma que de conformidad con el artículo 19 de la Ley 1105 de 2006 existió una norma legal que identificaba el patrimonio autónomo -en este caso administrado por esa entidad fiduciaria- como destinado al pago de los pasivos.
También se reitera que en este proceso no se demostró que la citada fiduciaria, obrando como administradora del patrimonio autónomo hubiera faltado al deber de pago de las acreencias reconocidas a la ahora demandante.
Así las cosas, por todo lo antedicho se revocará la sentencia de primera instancia, en tanto que lo procedente resulta ser la declaración de la falta de legitimación material del Ministerio de la Protección Social, como obligado por pasiva en el litigio que ahora se desata.
6. Costas
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998, aplicable en materia de costas en el presente proceso, indica que sólo hay lugar a la imposición de costas teniendo en cuenta la conducta de las partes. Toda vez que en el sub lite ninguna de las partes actuó en forma temeraria, en el presente asunto no habrá lugar a imponer condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 22 de marzo de 2013 y en su lugar se dispone:
1. DECLARAR la FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, como obligado por pasiva dentro del presente litigio, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.
2. DENEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
HERNÁN ANDRADE RINCÓN
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
También se denominará en este proveído como AGA FANO S.A.
Mediante la Ley 1444 de 2011, se modificó la estructura de la Administración Pública y se creó el Ministerio de Salud y Protección Social, “cuyos objetivos y funciones serán los escindidos del Ministerio de la Protección Social” (artículo 6º).
En adelante se identifica como ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA
Folio 3, cuaderno 1.
Folios 25 a 27, cuaderno 1.
Folios 62 y 63, cuaderno 1.
Por el cual se expidió el “régimen de liquidación de entidades públicas del orden nacional”. La cita es incorrecta por cuanto para la fecha de la demanda ese decreto había sido declarado inexequible mediante sentencia C-918 de 1999.
Citó la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, sentencia de 27 de enero de 2005, 41001233100020040047501 (28559).
Folio 128, cuaderno principal, segunda instancia.
La cita es equivocada por cuanto el Decreto 405 de 2007 se refiere la supresión de la Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe y se ordena su liquidación.
Decreto 3870 de 3 de octubre de 2008, “Por el cual se suprime la Empresa Social del Estado Antonio Nariño y se ordena su liquidación”. Se observa que esa cita es equivocada, aunque el artículo 6 del Decreto 2505 de 29 de julio de 2006, “Por el cual se suprime la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla y se ordena su liquidación”, contenía similar disposición:
“Artículo 6o. De los actos del Liquidador. Los actos del Liquidador relativos a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de créditos y, en general, los que por su naturaleza constituyan ejercicio de funciones administrativas, son actos administrativos y serán objeto de control por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Los actos administrativos del Liquidador gozan de presunción de legalidad y su impugnación ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no suspenderá en ningún caso el proceso de liquidación.
“Contra los actos administrativos del Liquidador únicamente procederá el recurso de reposición; contra los actos de trámite, preparatorios, de impulso o ejecución del proceso, no procederá recurso alguno.
“El Liquidador podrá revocar directamente los actos administrativos manifiestamente ilegales o que se hayan obtenido por medios ilegales”.
“Artículo 86 C.C.A. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa”.
Folio 23, cuaderno 1.
$515.000 x 500= $257’500.000.
La apelación se presentó el 22 de abril de 2013, habiendo entrado a regir, para este caso, la competencia por razón de la cuantía establecida en el C.P.A.C.A., por virtud de lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: Hernán Andrade Rincón, auto de 16 de marzo de 2017, radicación número: 73001-23-33-000-2015-00450-01(56715), actor: Proyectos Urbanísticos Gutiérrez S.A.S, demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y otro, referencia: acción de reparación directa.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, sentencia de Bogotá D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007), Radicación número: 11001-03-26-000-1997-13503-00(13503) actor: Sociedad Minera Pelaez Hermanos & Cia, demandado: Ministerio de Minas y Energía y otro, referencia: nulidad y restablecimiento del derecho. Nota de Relataría: Ver: “Sentencia de 15 de junio de 2000, Magistrado Ponente: María Elena Giraldo Gómez, Exp.10171; sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), Magistrado Ponente: Germán Rodríguez Villamizar, Exp.4178; sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001), Magistrado Ponente: María Elena Giraldo Gómez, Exp.10973; sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004), Magistrado Ponente: María Elena Giraldo Gómez; Exp.14452; sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001), Magistrado Ponente: María Elena Giraldo Gómez, Exp.13356; sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006), Magistrado Ponente: Ramiro Saavedra Becerra, Exp.15352; sentencia del quince (15) de junio de dos mil ( 2000), Magistrado Ponente: María Elena Giraldo Gómez, Exp.10171”
“Parágrafo 1º.- El acto que ordene la supresión, disolución y liquidación, dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y derechos de los organismos o entidades suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación y, de conformidad con las normas que rigen la materia, la situación de los servidores públicos”.
Memorial presentado el 19 de enero de 2011, para atender el requerimiento del auto de 9 de enero de 2010, folio 21 a 23, cuaderno 1.
Folio 79, cuaderno 2.
Folio 85, cuaderno 2.
Folio 85, cuaderno 2.
Decreto 663 de 1993. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (E.O.S.F.). Artículo 293: - Naturaleza y Normas Aplicables de la Liquidación Forzosa Administrativa.
“1. Naturaleza y objeto del proceso. El proceso de liquidación forzosa administrativa de una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria es un proceso concursal y universal, tiene por finalidad esencial la pronta realización de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos, preservando la igualdad entre los acreedores sin perjuicio de las disposiciones legales que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase de créditos”. (La negrilla no es del texto).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 21 de noviembre de 2003, expediente: 2002-00356-01(8358), Consejera Ponente: Olga Inés Navarrete Barrero, jurisprudencia reiterada en la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera Ponente: María Elizabeth García González, sentencia de 27 de septiembre de 2012, radicación número: 250002324000200700211-01, actor: Ese Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, demandado: Caja Nacional de Previsión Social S.A. EPS en liquidación, referencia: acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, Consejero Ponente (E): Hernán Andrade Rincón, sentencia de 25 de junio de 2014, radicación 250002326000200501742 01 (34899), actor: Promédica Ltda, demandado: Cajanal S.A., E.P.S., en liquidación y Cajanal E.P.S., Empresa Industrial y Comercial del Estado; acción contractual.
Folio 58, cuaderno 2.
"Por el cual se expide el régimen para la liquidación de las entidades públicas del orden nacional".
“Por medio de la cual se modifica el Decreto-ley 254 de 2000, sobre procedimiento de liquidación de entidades públicas de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional y se dictan otras disposiciones”.
Folio 52, cuaderno 2.
Folio 52, cuaderno 2.
“Artículo 12. Indemnización. La tabla de indemnización a que tienen derecho los servidores públicos incorporados automáticamente como empleados públicos en la planta de personal de la Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla en cumplimiento de la Sentencia C 349 de 2004, cuyos empleos sean suprimidos como consecuencia de la supresión y liquidación de la Entidad, será la siguiente: (…). Parágrafo 5o. Las indemnizaciones serán canceladas en el término máximo de dos (2) meses siguientes de ejecutoria de la resolución que ordene el reconocimiento y pago”.
“Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales”.
“Artículo 2509 CC. Créditos de quinta clase. La quinta y última clase comprende los bienes que no gozan de preferencia.
“Los créditos de la quinta clase se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha”.
Ley 640 de 2001, artículo 21.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejera ponente: Maria Claudia Rojas Lasso, sentencia de 16 de abril de 2015, radicación: 08001-23-31-000-2007-00734-01, actor: Sociedad Distribuciones Clínicas Ltda., Disclínica Ltda, demandado: E.S.E. Jose Prudencio Padilla en Liquidación, referencia: apelación sentencia – acción de nulidad y restablecimiento del derecho. En esa oportunidad se decidió la nulidad parcial del acto administrativo complejo conformado por la Resolución ROA N° 033-2007 del 4 de enero de 2007 expedida por el apoderado especial del Liquidador de la Empresa Social del Estado ESE. JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, que en el artículo 2° dispuso: “Rechazar los valores señalados en el anexo uno, columna valor glosado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta resolución”- lo anterior, en relación con la reclamación de Disclínica Ltda. .
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