Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00008-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00008-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-00008-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
30 de marzo de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, treinta (30) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-26-000-2011-00008-01 (51.413)
Actor: LUIS ESTEBAN CALDERÓN ACOSTA
Demandados: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – ERROR
JURISDICCIONAL
Síntesis del caso: el demandante era acreedor de la sociedad Casa Color SA la cual fue objeto
de liquidación obligatoria por parte de la Superintendencia de Sociedades, proceso concursal
dentro del cual la acreencia no le fue cancelada con dinero en efectivo sino con unos bienes
obsoletos, por falta de liquidez de la sociedad, situación que, en juicio del demandante, dicha
entidad lo provocó cuando calificó y graduó su crédito como contingente y no como de primera
clase, de manera ilegal, generando un daño antijurídico que reclama le sea reparado.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 27 de marzo de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B por medio
de la cual resolvió lo siguiente:
“PRIMERO. DECLARAR de oficio la culpa exclusiva de la víctima en
la producción del daño.
SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda de conformidad
con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
providencia.
TERCERO. Sin condena en costas de instancia.
(…)” (fl. 16 respaldo cdno. ppal. – mayúsculas sostenidas del original).
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Expediente 25000-23-26-000-2011-00008-01 (51.413)
Actor: Luis Esteban Calderón Acosta
Reparación directa - apelación de sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 11 de enero de 2011 (fl. 1 cdno. 1) el señor Luis
Esteban Calderón Acosta promovió demanda de reparación directa en contra de
la Superintendencia de Sociedades con las siguientes pretensiones:
“Declarativas:
Primera principal: Que se declare que el señor Luis Esteban Calderón
sufrió daños materiales antijurídicos imputables a la Superintendencia
de Sociedades a título de falla del servicio.
Subsidiaria a la primera principal: Que se declare que el señor Luis
Esteban Calderón sufrió daños antijurídicos imputables a la
Superintendencia de Sociedades a título de riesgo excepcional.
Subsidiaria a la pretensión anterior: Que se declare que el señor Luis
Esteban Calderón sufrió daños antijurídicos imputables a la
Superintendencia de Sociedades a título de violación del principio de
igualdad de las cargas públicas.
Segunda principal: Que se declare la responsabilidad patrimonial de
la Superintendencia de Sociedades por los daños materiales
antijurídicos sufridos por el señor Luis Esteban Calderón.
Tercera Principal: Que se declare que el señor Luis Esteban Calderón
sufrió daños morales antijurídicos imputables a la Superintendencia
de Sociedades.
Cuarta principal: Que se declare la responsabilidad patrimonial de la
Superintendencia de Sociedades por los daños morales sufridos por
el señor Luis Esteban Calderón.
Quinta principal: Que se declare que el señor Luis Esteban Calderón
sufrió daños a la vida en relación imputables a la Superintendencia de
Sociedades.
Sexta principal: Que se declare la responsabilidad patrimonial de la
Superintendencia de Sociedades por los daños a la vida en relación
sufridos por el señor Luis Esteban Calderón.
De condena:
Primera: Se condene a la Superintendencia de Sociedades al pago
de la suma de novecientos millones de pesos (COP$ 900.000.000) a
favor del señor Luis Esteban Calderón, correspondiente a la acreencia
que mi representado tenía frente a la sociedad Casa Color, liquidada
por la mencionada entidad.
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Actor: Luis Esteban Calderón Acosta
Reparación directa - apelación de sentencia
Segunda: Se condene a la Superintendencia de Sociedades al pago
de intereses moratorios desde la fecha en que debió realizarse el
pago, o la fecha que considere el tribunal, hasta la efectiva del pago,
o la fecha que determine el tribunal, en los términos del artículo 65 del
Código Sustantivo del Trabajo, o la norma que lo sustituya o
modifique.
Subsidiaria a la pretensión anterior: Se condene a la
Superintendencia de Sociedades al pago de intereses moratorios
sobre la condena emitida respecto de la pretensión primaria,
liquidados a la tasa que determine el tribunal.
Subsidiaria a la pretensión anterior: Se condene a la
Superintendencia de Sociedades a la actualización de la condena
emitida respecto de la pretensión primera conforme al Índice de
Precios al Consumidor – IPC.
Tercera: Se condene a la Superintendencia de Sociedades al pago de
100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o la suma más alta
reconocida jurisprudencialmente, como indemnización por los daños
morales sufridos por el señor Luis Esteban Calderón.
Cuarta: Se condene a la Superintendencia de Sociedades al pago de
100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o la suma más alta
reconocida jurisprudencialmente, como indemnización por los daños
a la vida en relación sufridos por el señor Luis Esteban Calderón.
Quinta: Se condene a la Superintendencia de Sociedades al pago de
treinta millones de pesos (COP$30.000.000) por concepto de
honorarios de abogado y gastos en que incurrió mi representado para
defenderse dentro de la investigación penal iniciada en su contra a
instancias de la superintendencia.
Sexta: Se condene en costas y agencias en derecho a la entidad
demandada”. (fls. 9 a 10 cdno. 1 – subrayado original).
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) El señor Luis Esteban Calderón Acosta fungió como presidente de la sociedad
Casa Color SA hasta el 1 de abril de 2005 cuando fue terminado el contrato de
trabajo, en virtud de lo cual surgió para esta la obligación de indemnizarlo y
liquidar sus prestaciones sociales.
2) El 5 de abril de 2005 se llevó a cabo una audiencia de conciliación ante el
Ministerio de la Protección Social en la que se acordó que la referida sociedad
le debía la suma de $1.586’117.363 al señor Luis Esteban Calderón Acosta por
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concepto de prestaciones sociales adeudadas y la indemnización por despido
sin justa causa, acuerdo que fue aprobado por la inspectora de trabajo en auto
número 0072 de esa fecha.
3) Luego, entre las partes acordaron reducir esa cifra a $900’000.000 en un
contrato de transacción suscrito el 6 de abril de 2005, suma que equivalía
únicamente a los 3 últimos años de servicio.
4) La Superintendencia de Sociedades inició de oficio el proceso de liquidación
obligatoria de la sociedad Casa Color SA en los términos de la Ley 222 de 1995.
5) Dentro del término legal, en el proceso de liquidación el señor Luis Esteban
Calderón Acosta se presentó como acreedor de la sociedad y para probar su
acreencia allegó el acta de conciliación y el contrato de transacción ya
mencionados.
5) Mediante auto proferido el 14 de julio de 2006 la Superintendencia de
Sociedades determinó la graduación de créditos en la cual se incluyó el del
demandante como un crédito contingente y no como crédito laboral de primer
grado por tener dudas sobre las pruebas de la acreencia, para el efecto ordenó
al liquidador constituir una reserva con el fin de garantizar el pago cuando se
haría exigible, a su turno, ordenó enviar copias de la providencia a la Fiscalía
General de la Nación con el fin de que investigara las posibles conductas
punibles en las que habría incurrido el señor Luis Esteban Calderón Acosta y,
oficiar a la DIAN para denunciar las presuntas irregularidades que encontró.
6) El 22 de enero de 2007 el Superintendente Delegado para Procedimientos
Mercantiles presentó denuncia penal en contra del ahora demandante por
considerar que había incurrido en los delitos de fraude procesal y falsedad en
documento privado, con lo cual se creó una contingencia a su acreencia (resolver
la existencia de los delitos en la jurisdicción penal) porque cuestionaba los
documentos que presentó para demostrar la existencia del crédito reclamado.
7) Por auto número 405-012767 del 28 de octubre de 2008 la Superintendencia
de Sociedades modificó, de oficio, el auto del 14 de julio de 2006, en el sentido
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Reparación directa - apelación de sentencia
de excluir el mencionado crédito de los catalogados como contingentes e incluirlo
como crédito de primera clase.
8) A través de un auto número 405-006847 del 7 de abril de 2009 la
superintendencia autorizó el plan de pago presentado por el liquidador de la
sociedad en el cual no se incluyó al demandante como acreedor laboral, de modo
que, cuando se le iba a pagar su crédito, el dinero en efectivo ya se había
agotado y, a cambio, en auto número 405-012883 del 2 de julio de 2009 se le
adjudicaron unos equipos y accesorios obsoletos imposibles de vender o ser
utilizados en producción.
9) En relación con la referida investigación de carácter penal, el 21 de septiembre
de 2009 la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de preclusión en
favor del señor Luis Esteban Calderón Acosta.
1.3 Cargos
1) La Superintendencia de Sociedades actuó ilegalmente por haber calificado el
crédito del demandante como contingente para lo cual la propia entidad creó la
contingencia a través de la presentación de la denuncia penal, sin sustento
jurídico ni probatorio.
2) Con la resolución de preclusión de la investigación penal iniciada en contra
del ahora demandante se desvirtuó la contingencia creada por la propia
superintendencia para justificar la postergación del crédito.
3) A pesar de que la entidad demanda corrigió su error y luego calificó el crédito
como preferente, ello ocurrió de manera tardía y sin efectos materiales porque
se postergó el pago de su crédito y para cuando iba a ser pagado ya no había
recursos suficientes.
4) Si la entidad demanda no hubiera creado la contingencia, cuando presentó la
denuncia penal, la acreencia hubiera podido ser pagada en efectivo en su
totalidad.
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Actor: Luis Esteban Calderón Acosta
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5) El daño antijurídico se concretó en el momento en el que se agotaron los
bienes de la liquidación por cuanto ello impidió el pago de su acreencia, situación
que no hubiera ocurrido si el crédito hubiera sido reconocido desde el inicio como
de primera clase y pagado con las demás acreencias laborales.
6) Lo anterior lo justifica en el hecho de que si a pesar de haber postergado
ilegalmente el pago de su crédito, al momento de haber sido reconocido hubieran
existido recursos suficientes para su pago, esa conducta ilegal no hubiera
causado daño alguno.
7) La prelación del crédito fue reconocida tardíamente y nunca se materializó.
8) El daño consiste en el detrimento patrimonial por privársele del pago de su
acreencia laboral.
9) El no pago de su acreencia no ocurrió por fenómenos propios del trámite de
liquidación obligatoria sino a una falla del servicio de la entidad demandada, por
el hecho de haber iniciado el proceso penal en contra del demandante sin
sustento alguno.
2. Posición de la demandada
La Superintendencia de Sociedades (fl. 44 cdno. 1) se opuso a las pretensiones
de la demanda porque, a su juicio, la denuncia penal la presentó debido a que la
acreencia reclamada por el demandante en el proceso liquidatorio le ofrecía
serias dudas, para lo cual transcribió el contenido de la providencia que graduó
el crédito como obligación contingente en la que están expuestos los hechos que
las generó y explicó que ordenó la reserva de que trata el artículo 178 numeral
16 de la Ley 222 de 1995.
La decisión de modificar posteriormente la calificación del crédito de manera
oficiosa para excluirlo de los créditos contingentes e incluirlo en los de primera
clase se hizo exclusivamente en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 209
de la Ley 222 de 1995, esto es, para evitar la prejudicialidad respecto de la
decisión que se adoptara en otro proceso.
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Actor: Luis Esteban Calderón Acosta
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Además, la sociedad concursada contaba con un disponible en efectivo de
$1.006’041.302, suma de la cual se adjudicó a gastos de administración la suma
de $126’048.861, una provisión para procesos litigiosos de $85’496.957 y el
excedente de $794’495.484 se destinó para el pago de las indemnizaciones
laborales, en tanto que la suma de la acreencia era de $900’000.000, es decir,
casi lo mismo que el total del patrimonio en efectivo de la sociedad comercial.
Al respecto, precisó que las obligaciones a cargo de una sociedad antes de
entrar al proceso de liquidación se califican y gradúan de acuerdo con la
prelación legal prevista en los artículos 2495 y siguientes del Código Civil y las
generadas como consecuencia de la apertura de dicho proceso, y que durante
este se tienen como gastos de administración y gozan de prelación frente a los
demás créditos según el contenido del artículo 197 de la Ley 222 de 1995.
La obligación de la sociedad Casa Color SA con el hoy demandante Luis Esteban
Calderón Acosta se generó el 5 de abril de 2005, esto es, antes de que iniciara
el proceso de liquidación y por eso no fue calificada como gastos administrativos,
en tanto que las indemnizaciones laborales se originaron con ocasión del
proceso liquidatorio y por eso fueron calificadas como gastos de administración
y alcanzaron a ser pagadas aunque no en su totalidad, por esta razón a pesar
de que dos acreencias tengan la misma naturaleza jurídica (laborales en este
caso) no son iguales dentro del proceso liquidatorio pues se debe tener en
cuenta el momento de su causación.
El efectivo disponible con el que contaba la sociedad concursada solo alcanzó
para los gatos propios de administración de la liquidación, la provisión de
procesos litigiosos y para el pago parcial de las indemnizaciones laborales, de
modo que no alcanzó para el pago de la acreencia con el ahora demandante ni
para los más de 500 acreedores calificados y graduados con la misma prelación.
Aunado a ello, a pesar de que se corrió traslado a los acreedores del proyecto
de cesión de bienes, el ahora demandante no presentó objeción alguna, frente a
ello y sin lograrse la venta de los bienes se dio cumplimiento a lo previsto en el
artículo 68 de la Ley 550 de 1999 sobre el pago a los acreedores mediante cesión
de bienes del deudor, respecto de la cual tampoco presentó objeción alguna en
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Actor: Luis Esteban Calderón Acosta
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su momento.
La superintendencia no provocó la postergación del pago tardío del crédito de
manera ilegal por cuanto la providencia por medio de la cual modificó la
calificación del crédito (de contingente a primera clase) se profirió con
anterioridad a la que autorizó el plan de pagos presentado por el liquidador, y en
esta “habría sido previsto e incluido el demandante de tener la prelación legal
que poseían quienes formaron parte de dicha providencia” (fl. 53 cdno. 1).
En todo caso, si el crédito del demandante no hubiera sido calificado como
contingente este habría corrido con la misma suerte debido a que el efectivo
disponible de la sociedad tampoco habría alcanzado y se habría pagado con
bienes muebles, como efectivamente ocurrió.
Por lo expuesto propuso las excepciones de “inexistencia de responsabilidad de
la superintendencia” por cuanto la entidad obró conforme a derecho durante todo
el proceso concursal en su calidad de juez, cuyas facultades no le permiten
coadministrar que es una función del liquidador y la junta asesora del mismo, e
“inexistencia del daño” por el hecho de que la acreencia se generó antes de
iniciarse el proceso liquidatorio, de manera que la decisión de excluir el
mencionado crédito de los contingentes para pasarlo a los de primera clase no
se hizo de manera tardía puesto que, en todo caso, su crédito se habría
cancelado igual, con bienes.
La parte actora (fl. 101 cdno. 1) descorrió el traslado de excepciones y se opuso
a la denominada “inexistencia de daño” por cuanto, en su parecer, no es cierto
que las acreencias de los otros trabajadores tuvieran más importancia que la
suya por el simple hecho de haberse causado en un momento posterior pues,
ello resulta contrario al principio de igualdad entre acreedores, de manera que
su crédito debió haberse tenido como un gasto administrativo también; en cuanto
a la excepción de “inexistencia de responsabilidad de la superintendencia”, dijo
que las funciones de la entidad no se limitan a avalar las decisiones de los demás
intervinientes del proceso concursal, sino que, debe garantizar el respecto de los
derechos de los acreedores y especialmente verificar que los pagos
correspondientes a los trabajadores tengan prelación.
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Actor: Luis Esteban Calderón Acosta
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3. Alegatos de conclusión de primera instancia
1) La entidad demandada (fl. 197 cdno. 1) básicamente presentó los mismos
argumentos esgrimidos en la contestación de la demanda y, como cuestión
adicional, manifestó que los testimonios practicados en el curso del presente
proceso solamente dieron cuenta de la vinculación que tuvo el demandante con
la sociedad Casa Color SA, circunstancia que la entidad nunca puso en tela de
juicio, distinto es que su acreencia no pudo ser pagada con dinero en efectivo
por falta de liquidez de la aludida sociedad.
2) El demandante (fl. 205 cdno. 1), además de insistir en los argumentos de la
demanda, adujo que con las pruebas practicadas en el proceso se demostró: i)
la existencia del crédito en favor del demandante, ii) que la Superintendencia de
Sociedades le causó un daño antijurídico por haber enviado copias a la Fiscalía
General de la Nación y presentado la denuncia penal, haber calificado el crédito
como contingente y, a pesar de haber sido recalificado como de primera clase
posteriormente, la acreencia no fuera incluida en el plan de pagos cuando se
probó que a otras personas con sus mismas condiciones sí les fueron
canceladas sus acreencias laborales, y iii) su crédito podía pagarse como gasto
administrativo, indemnización laboral o crédito de primera clase según el
dictamen pericial practicado en este proceso de reparación directa.
3) El Ministerio Público guardó silencio.
4. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B
(fl. 219 cdno. ppal.) declaró de oficio la culpa exclusiva de la víctima en la
producción del daño y denegó las pretensiones de la demanda.
En primer lugar, explicó que la causa del daño alegado por el demandante
proviene del auto no. 405-00687 del 7 de abril de 2009 a través del cual la
Superintendencia de Sociedades autorizó la ejecución del plan de pagos
presentado por el liquidador de la sociedad Casa Color SA sin incluir el crédito
del señor Luis Esteban Calderón Acosta, en ejercicio de su función jurisdiccional
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de conformidad con el artículo 90 de la Ley 222 de 1995, de modo que la
demanda se fundamenta en un supuesto error jurisdiccional.
Como encontró probado que contra la anterior decisión el interesado no
interpuso el recurso de reposición, determinó que no cumplió con el presupuesto
de agotamiento de los recursos exigidos por el artículo 67 de la Ley 270 de 1996
para que proceda el error jurisdiccional, actuar omisivo que constituye la causal
de exoneración de responsabilidad del Estado de culpa exclusiva de la víctima
de conformidad con el artículo 70 ibidem.
Asimismo, manifestó que aún si se hubiera interpuesto el recurso de reposición,
el capital de la empresa no cubría la totalidad de pasivos, de suerte que la
acreencia reclamada por el demandante por concepto de sus prestaciones
sociales no hubiera podido pagarse; no demostró que el capital de la empresa
hubiese sido suficiente para cubrir todas las acreencias en el orden de prelación
correspondiente para considerar que hubiera tenido derecho a que se le pagara
su crédito, por cuanto “el pago de cualquier acreencia, inclusive las privilegiadas,
dependen del patrimonio o capacidad económica del deudor, por lo que mal
podría responder la entidad demandada por el no pago de la acreencia del actor”
(fl. 16 respaldo cdno. ppal.).
5. El recurso de apelación
La parte demandante (fl. 229 cdno. ppal.) solicitó la revocatoria de la sentencia
de primera instancia por considerar que la falta de interposición del recurso de
reposición en contra de la decisión de la superintendencia se debió a que el
señor Luis Esteban Calderón Acosta estaba imposibilitado, por el hecho de
haberse iniciado el proceso penal en su contra por la supuesta comisión de los
delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado; adujo igualmente
que la actuación originaria del daño antijurídico por parte de la entidad
demandada empezó con el auto de graduación y calificación de créditos, contra
el cual no pudo interponer recurso de reposición debido al proceso penal que se
adelantaba en su contra del cual dependía que su crédito fuera reconocido como
laboral de primera clase, lo mismo que ocurrió con el auto de plan de pagos.
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Arguyó que si hubiera interpuesto el recurso en contra del plan de pagos la
entidad hubiera reiterado su posición de calificar el crédito como contingente, por
lo cual el pago de su crédito no iba a tener prelación sobre los demás hasta tanto
no se resolviera el proceso penal, motivo por lo cual el a quo “ignoró las
circunstancias del caso”, pues, dicho recurso no iba a producir ningún efecto.
Por otra parte, alegó que la sociedad Casa Color SA sí tenía dinero para pagar
la obligación contraída con él, situación que quedó demostrada con el dictamen
pericial practicado en este proceso de reparación directa, prueba que no fue
valorada por el tribunal de primera instancia e insistió en los mismos argumentos
presentados en sus intervenciones.
6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia
1) La Superintendencia de Sociedades (fl. 249 cdno. ppal.) solicitó que se tengan
en cuenta sus argumentos presentados en la contestación de la demanda y en
los alegatos de primera instancia y, además, que se confirme la sentencia de
primera instancia porque el demandante no interpuso el recurso de ley en contra
de la providencia supuestamente causante del daño antijurídico alegado.
Adicionalmente, estimó “absurdo” que en el recurso de apelación el demandante
planteara que en su momento no pudo interponer el recurso legal contra la
providencia objeto de debate por causa del proceso penal iniciado en su contra,
pues, “no existe una norma que inhabilite a un acreedor en las circunstancias del
señor Calderón Acosta para participar en el proceso concursal con el lleno de
garantías procesales del caso, es decir, el aquí demandante siempre conservó
su legítimo derecho a impugnar las actuaciones del juez del concurso, situación
que no le fue modificada por el proceso penal para ese momento en curso” (fl.
250 cdno. ppal).
Solicitó también que se tengan en cuenta los motivos que llevaron a dudar sobre
la acreencia del demandante y por lo cual se inició la ya referida investigación
penal, los cuales se encuentran plasmados en la decisión de graduar el crédito
como contingente y, adujo que el dictamen pericial no tiene credibilidad porque
no da certeza sobre la naturaleza de la acreencia pues la situó en cada una de
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las formas posibles en que puede calificarse o graduarse una acreencia dentro
de un proceso liquidatorio.
2) El demandante presentó exactamente los mismos argumentos de sus otras
intervenciones dentro de este asunto (fl. 257 cdno. ppal.).
3) El Ministerio Público guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio
de la decisión, 2) análisis del origen del daño y del título de imputación, 3) análisis
de la interposición de recursos legales en contra de la decisión jurisdiccional, 4)
conclusión, y 5) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna1 corresponde a la Sala determinar
si la Superintendencia de Sociedades incurrió en error jurisdiccional dentro del
proceso liquidatorio de la sociedad Casa Color SA con el que causó un daño
antijurídico al demandante.
La sentencia de primera instancia será confirmada debido a que efectivamente
no se agotó uno de los presupuestos legales establecidos para que se declare
una eventual responsabilidad del Estado por error jurisdiccional; para el efecto
se explicará, en primer lugar, el origen del daño y el título de imputación, luego,
que la parte demandante no interpuso el recurso ordinario de ley contra la
1 El auto proferido el 7 de abril de 2009 quedó ejecutoriado el 4 de junio de 2009, según
constancia expedida por la Superintendencia de Sociedades (fl. 237 respaldo cdno. 6), motivo
por el cual la demanda se podía interponer hasta el 5 de junio de 2011, pero, como la solicitud
de conciliación prejudicial se presentó el 11 de octubre de 2010, la cual se declaró fallida según
acta expedida el 21 de diciembre siguiente (fl. 1 cdno. 2), el término se extendió hasta el 17 de
agosto de 2011 y, como ello ocurrió el 11 de enero de ese año, se impone concluir que se
presentó en tiempo según el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
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decisión objeto de reproche, por lo que el daño es atribuido a su propia
negligencia.
2. Análisis del origen del daño y del título de imputación
Como la imputación efectuada a la Superintendencia de Sociedades se hizo
respecto de unas actuaciones realizadas como juez del proceso concursal de
liquidación de la sociedad Casa Color SA, este caso se analizará con base en el
título de error jurisdiccional y no con falla del servicio como lo propuso el
demandante.
En efecto, la Superintendencia de Sociedades tiene asignadas funciones
jurisdiccionales para tramitar los procesos concursales de las sociedades
comerciales de acuerdo con lo previsto en el artículo 90 de la Ley 222 de 19952,
cuyo texto es como sigue:
“La Superintendencia de Sociedades asume la función
jurisdiccional en uso de la facultad concebida en el artículo 116,
inciso 3o. de la Constitución Política.
Será competente de manera privativa para tramitar los procesos
concursales de todas las personas jurídicas, llámense
sociedades, cooperativas, corporaciones, fundaciones, sucursales
extranjeras, siempre que no estén sujetas a un régimen especial de
intervención o liquidación. Los jueces civiles especializados, o en su
defecto, los jueces civiles del circuito, tramitarán los procedimientos
concursales de las personas naturales.” (resalta la Sala).
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C-1143 de 2000 precisó que
dicha entidad “actúa como un verdadero juez durante el proceso concordatario,
lo cual le fue permitido en atención a su conocimiento especializado y a su amplia
experiencia en el área”3.
En ese orden de ideas, como las providencias adoptadas por la
Superintendencia de Sociedades tienen naturaleza de decisiones
jurisdiccionales, el título de imputación que deberá analizarse, en virtud del
2 El título II de la ley fue derogado por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006 a partir del 28 de
junio de 2007.
3 Corte Constitucional, sentencia C-1143 de 200, MP Carlos Gaviria Díaz.
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principio iura novit curia, es el de error jurisdiccional, tal como en el mismo
sentido se pronunció el tribunal de primera instancia.
Ahora bien, aunque la imputación recae sobre la calificación del crédito del
demandante como contingente y no como de primer grado, así como la orden de
envío de copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigara la
comisión de presuntos delitos, debido a las dudas que le generó a la
Superintendencia de Sociedades la legalidad de los documentos con los cuales
el señor Luis Esteban Calderón Acosta pretendía probar la existencia de su
acreencia4, decisiones contenidas en el auto proferido el 14 de julio de 2006 (fl.
50 cdno. 2), lo cierto es que el daño se consolidó en el auto proferido el 7 de
abril de 2009 a través del cual la entidad demandada autorizó el plan de pagos
dentro del proceso liquidatorio sin incluir el crédito del ahora demandante (fl. 228
cdno. 6), puesto que solo hasta ese momento se supo que su crédito no sería
pagado con dinero en efectivo y, en todo caso, la primera decisión, es decir, la
que graduó el crédito de manera errónea según la demanda, fue modificada de
oficio por la superintendencia en auto proferido el 28 de octubre de 2008 en el
sentido de reclasificar el crédito como de primera clase (fl. 1 cdno. 3), de manera
que la decisión definitiva fue clasificar el crédito como laboral de primera clase,
no obstante lo cual el dinero en efectivo no fue suficiente para pagar su crédito.
3. Interposición de recursos legales contra la decisión jurisdiccional
Esta Sala encuentra que no se cumplió con el presupuesto formal de
interposición de los recursos legales en contra de la providencia cuestionada
(auto del 7 de abril de 2009) exigido en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 para
que proceda el error jurisdiccional, y la razón expuesta en el recurso de apelación
dentro de este asunto (haber estado investigado penalmente) no es excusa de
su negligencia, pues, ese hecho no le impedía ejercer su derecho de defensa
dentro del referido proceso liquidatorio.
4 En la demanda se alegó que la citada superintendencia actuó “ilegalmente” por haber calificado
de esa manera su crédito e interpuesto la mencionada denuncia penal sin sustento jurídico y
probatorio, se identificó como errónea la calificación del crédito y se aseguró que la falta de pago
en efectivo de su acreencia no habría ocurrido si desde el inicio se hubiera calificado como de
primera clase, todo lo cual se confirmó en el recurso de apelación cuando el demandante sostuvo
que la actuación originaria del daño antijurídico por parte de la entidad demandada empezó con
el auto de graduación y calificación de créditos.
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Expediente 25000-23-26-000-2011-00008-01 (51.413)
Actor: Luis Esteban Calderón Acosta
Reparación directa - apelación de sentencia
En efecto, el interesado podía interponer recurso de reposición por ser una
decisión interlocutoria que no ponía fin al proceso, así lo explicó la Corte
Constitucional en sentencia T-803/04:
“De esta manera, tenemos que en los procesos de liquidación
obligatoria de sociedades, las decisiones definitivas y las
declaraciones de incompetencia de la Superintendencia de
Sociedades son susceptibles tanto del recurso de reposición como del
de apelación, éste último ante la jurisdicción ordinaria, mientras que
los autos interlocutorios que no traten los asuntos anteriores, pueden
ser objeto sólo del recurso de reposición”.
De acuerdo con lo anterior, el demandante podía y debía interponer recurso de
reposición en contra del auto a través del cual la Superintendencia de
Sociedades autorizó el plan de pagos, pero, como no lo hizo no es procedente
el error jurisdiccional y, en ese orden de ideas, no hay lugar a un pronunciamiento
sobre el fondo del asunto, esto es, analizar el daño alegado y la presunta
contrariedad de la providencia con la ley, por consiguiente, se confirmará la
sentencia apelada.
4. Conclusión
Debido a que no se cumplió con uno de los presupuestos para que proceda el
error jurisdiccional, esto es, la interposición de los recursos ordinarios contra la
decisión objeto de reproche, se impone confirmar la sentencia apelada que
declaró de oficio la culpa exclusiva de la víctima y denegó las pretensiones de la
demanda.
5. Costas
Debido a que para el momento en que se profiere este fallo el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 determina que solo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna
procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.
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Expediente 25000-23-26-000-2011-00008-01 (51.413)
Actor: Luis Esteban Calderón Acosta
Reparación directa - apelación de sentencia
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1°) Cofírmase la sentencia proferida el 27 de marzo de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B.
2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 del Decreto
Legislativo 806 de 2020.
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