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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00032-03

Fecha
1 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00032-03

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el Consejero Fredy Ibarra Martínez. SEGUNDO: REVÓCASE la sentencia dictada el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y en su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2011-00032-03

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

1 de diciembre de 2025

Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)
Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Medio de Control: Reparación directa
Radicación: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)
Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas
Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros1

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia dictada el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que declaró probada la
excepción de “petición antes de tiempo”.

La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia de
acuerdo con el artículo 129 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso
Administrativo, en adelante, “CCA”. Esta norma dispone que esta Corporación
conocerá de las apelaciones interpuestas contra las sentencias de los tribunales
administrativos en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca
conoció el proceso en virtud de la cuantía estimada en la demanda2, según el
numeral 6 del artículo 132 del mismo código.

SÍNTESIS3

El demandante solicitó la indemnización de los perjuicios sufridos por el impago
de las acreencias que tenía respecto de la sociedad Grupo DMG S.A. El tribunal
declaró probada la excepción de “petición antes de tiempo”. La Sala revocará la
decisión y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda, porque no se
acreditó el daño y tampoco se demostró una falla en el servicio por parte de las
entidades demandadas.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. La demanda fue presentada el 24 de enero de 2011 por Héctor Antonio Galvis
Cárdenas, quien actuó en nombre propio y en calidad de propietario del

1 La Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de

Sociedades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y la Policía Nacional.
2 La parte actora estimó la cuantía del proceso en $375.313.173 (folio 39 cuaderno 1).
3 Tema: Error jurisdiccional / responsabilidad del Estado por omisión en la inspección y vigilancia en la

captación masiva de recursos del público.

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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)
Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

establecimiento de comercio “HG Cueros”. Se dirigió contra la Superintendencia
Financiera de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Sociedades, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y la Policía Nacional para obtener la reparación del
daño por la pérdida de las acreencias que tenía con las sociedades Grupo DMG
S.A. y DMG Grupo Holding S.A.

2. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

Que LA NACION - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC;
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES; DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES - DIAN; FISCALIA GENERAL DE LA NACION;
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA POLICIA
NACIONAL son administrativamente responsables de forma solidaria de los
daños y perjuicios de todo orden causados y futuros ocasionados al proveedor
HECTOR ANTONIO GALVIS CARDENAS, propietario del establecimiento de
comercio denominado H.G. CUEROS; producto de la omisión en el
cumplimiento de sus funciones y competencias de Inspección, Vigilancia,
Control, Fiscalización e Investigación asignadas por la constitución y la ley que
llevaron al gobierno de turno a expedir los decretos 4333 y 4334 del 17 de
noviembre del año 2008 y demás normas reglamentarias con dichos fines, a
través de los cuales ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y
negocios de las sociedades comerciales GRUPO DMG S.A. y DMG GRUPO
HOLDING S.A., proceso en el cual este proveedor de buena fe perdió sus
acreencias con dichas compañías la suma de $375.313.173.oo (Trescientos
Setenta y Cinco Millones Trescientos Trece Mil Ciento Setenta y Tres Pesos
Moneda Corriente), Capital contenido y representado en las Constancias de
Entrega y Recibo de productos, órdenes de compra, facturas de venta sin
radicar, facturas de venta recibidas y aceptadas por las mencionadas
captadoras y demás transacciones comerciales respaldadas con el documento
denominado "COMERCIALIZADORA VIRTUAL DMG - Comprobante Venta de
Productos o Servicios con Tarjeta Prepago"; suma que posteriormente fue
certificada por el agente interventor designado por el ejecutivo.
Consecuencia de dicha declaración en contra las (sic) entidades mencionadas;
ordénese a pagar la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a la parte
demandante por los siguientes conceptos:
3.1. DAÑO MORAL:
La suma equivalente a QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES al momento del fallo y/o acuerdo conciliatorio para el
comerciante HECTOR ANTONIO GALVIS CARDENAS.
3.2. DAÑO MATERIAL:
3.2.1. La suma de $375.313.173.oo (trescientos setenta y cinco millones
trescientos trece mil ciento setenta y tres pesos moneda corriente) por concepto
del capital contenido y representado en las constancias de entrega y recibo de
productos, órdenes de compra, facturas de venta sin radicar, facturas de venta
recibidas y aceptadas por las mencionadas captadoras y demás transacciones
comerciales respaldadas con el documento denominado
"COMERCIALIZADORA VIRTUAL DMG - Comprobante Venta de Productos o
Servicios con Tarjeta Prepago"; suma certificada por el agente interventor
designado por el ejecutivo.
3.2.2. Por la suma equivalente a los INTERESES CORRIENTES y/o DE PLAZO
sobre el capital descrito en el numeral 3.2.1. que resulte de aplicar las tasas de

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Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

intereses certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC
entre el 17 de Noviembre del año 2008 al 10 de febrero del año 2009, fecha en
la cual el interventor designado por el gobierno de turno, certifico (sic) la calidad
de proveedor y el monto de las acreencias en su favor.
3.2.3. Por la suma equivalente a los INTERESES MORATORIOS sobre el
capital descrito en el numeral 3.2.1. que resulte de aplicar las tasas de intereses
certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia- SFC entre el 11
de febrero del año 2009 hasta la fecha de la Sentencia y/o acuerdo conciliatorio
que haga tránsito a cosa juzgada.
3.2.4. Al pago de las sumas de dineros (sic) que resulten de liquidar las
indemnizaciones debidamente indexadas y/o actualizadas sobre el capital
descrito en el numeral 3.2.1.; derivadas de la responsabilidad patrimonial,
conforme a las fórmulas establecidas por la jurisprudencia del Consejo de
Estado para liquidar los perjuicios materiales vencidos o consolidados y futuros.
3.2.5. Al pago de la suma equivalente del 20% (Veinte Por Ciento) anual sobre
el capital descrito en el numeral 3.2.1., por concepto de las utilidades dejadas
de percibir respecto del mencionado capital de trabajo en condiciones normales
del mercado para ponerlo a producir en la actividad comercial lícita que ejercía
y actualmente ejerce este empresario.
3.2.6. Al pago de las sumas de dinero que el aquí demandante haya sido
condenado u obligado a pagar a terceras personas, ante otra entidad pública o
ante la DIAN producto de las acciones judiciales y/o de jurisdicción coactiva
derivadas del incumplimiento de sus obligaciones comerciales, financieras y
tributarias con ocasión de la pérdida de su capital de trabajo representado en la
acreencia retenida por el agente interventor de las compañías GRUPO DMG
S.A. y DMG GRUPO HOLDING S.A.
3.2.7. Al pago de las costas del proceso conforme a lo establecido en el artículo
16 de la ley 446 de 1998, en concordancia con los criterios de aplicación de los
artículos 198 y 199 del decreto 2282 de 1989; modificados por los artículos 392
y 393 del C.P.C, esto es, las tarifas establecidas para este tipo de procesos a
cuota Litis en lo atinente a las agencias en derecho y dentro de los lineamientos
expuestos en la sentencia C-539 de julio 28 de 1999 de la Honorable Corte
Constitucional.

3. Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:

3.1. Desde 1997, Héctor Antonio Galvis Cárdenas se dedica a “la fabricación,
venta, promoción y comercialización de artículos en cuero, semicuero, lonas,
maletas, maletines, billeteras, cinturones, guantes, botas y calzado en general;
prendas de vestir, chaquetas, ropa sport y artículos deportivos, impresos
publicitarios y pieles curtidas”4.

3.2. Durante los meses de marzo, abril, julio y octubre de 2006, varias personas
naturales y jurídicas solicitaron a la Superintendencia Financiera de Colombia
información sobre el Grupo DMG S.A., debido a sospechas de que esa empresa
captaba dineros del público a cambio de altos intereses.

3.3. El 19 de abril de 2006, el presidente del Banco Agrario de Colombia puso en
conocimiento de la Fiscalía General de la Nación “y se presume que también lo
hizo ante la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC y ante la Unidad de

4 Hechos 4.1 y 4.2 de la demanda (folio 7 cuaderno1).

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Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

Información y Análisis Financiero - UIAF del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público; la detección de una posible captación de dineros del público por parte
del Grupo DMG y de la sociedad Comerciar y Mercadear Ltda”5.

3.4. El 12 de septiembre de 2007, la Superintendencia Financiera de Colombia
expidió la Resolución 1634, mediante la cual ordenó la suspensión inmediata de
las operaciones del Grupo DMG S.A. y la inscripción de la medida en la Cámara
de Comercio de Bogotá. La Resolución 1806 de 2007 confirmó esta decisión y
ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación. El Grupo DMG
S.A. ignoró la orden y la SFC no hizo cumplir sus actos administrativos durante
más de un año, lo que generó confianza continuada entre clientes y proveedores.

3.5. Desde finales de 2007, vendió y suministró productos al Grupo DMG S.A. y
mantuvo con esa sociedad relaciones comerciales hasta el 17 de noviembre de
2008. Durante ese tiempo facturó $1.232.166.354, de los cuales recibió el pago
de $856.853.080, y quedó un saldo pendiente de $375.313.173.

3.6. El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008,
declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional, con el fin de evitar
que dichas empresas continuaran cometiendo los ilícitos de captación masiva y
habitual de dineros del público y lavado de activos. De manera simultánea,
expidió el Decreto 4334, a través del cual estableció un procedimiento de
intervención similar al aplicable a una sociedad comercial con objeto y causa
lícitos.

3.7. La expedición de los Decretos 4333 y 4334 del 17 de noviembre de 2008
ocurrió por la omisión de las demandadas en adoptar e imponer medidas
cautelares oportunas, idóneas y eficaces sobre los bienes, haberes y negocios
de las compañías Grupo DMG S.A. y DMG Grupo Holding S.A.

3.8. “Una vez realizado el proceso de reclamación ante el agente interventor del
GRUPO DMG”6, éste último certificó el 10 de febrero del año 2009 que el señor
Héctor Antonio Galvis Cárdenas era proveedor de la sociedad Grupo DMG S.A.
en intervención. La certificación señaló lo siguiente:

(…) durante la toma de posesión de la sociedad (…) no se encontró evidencia
física ni electrónica de la información y soportes contables que permita
corroborar la información suministrada por el proveedor, en consecuencia se
expide esta certificación con base en los documentos y soportes presentados
por el proveedor, los cuales se presumen de buena fe7.

3.9. El 15 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Sociedades aprobó el
inventario y la rendición de cuentas presentada por la agente interventora, por

5 Hecho 4.13 de la demanda (folio 8 cuaderno1).
6 Hecho 4.29 de la demanda (folio 11 cuaderno 1).
7 Hecho 4.31 de la demanda (folio 11 cuaderno 1).

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Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

medio del auto 420-024569. Esta decisión fue confirmada mediante el auto 400-
00119 del 3 de febrero de 2010.

3.10. Las entidades demandadas incurrieron en una omisión en el ejercicio de sus
funciones lo que permitió que las empresas Grupo DMG S.A. y DMG Grupo
Holding S.A. continuaran operando por más de tres años, a pesar de que desde
2006 existía información sobre sus actividades de captación ilegal de dinero.
Dicha omisión ocasionó que el demandante siguiera contratando con tales
sociedades y luego no pudiera obtener el pago de sus acreencias.

B. Posición de las entidades demandadas

4. El Ministerio de Hacienda se opuso a las pretensiones de la demanda con base
en las siguientes razones: (i) el Estado inició oportunamente investigaciones
administrativas que revelaron actividades de captación por parte de personas
naturales y jurídicas sin la debida autorización; (ii) los Decretos 4333 y 4334
hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional; (iii) la ley permite actuar
directamente contra el ente captador para buscar reparación, ya sea a través de
acciones penales mediante el incidente de reparación, o civiles a través del
concurso de acreedores; (iv) el daño alegado es hipotético, dado que el proceso
de intervención de las captadoras ilegales no ha concluido; y (v) la causa última
del perjuicio es la conducta negligente de la actora, evidenciada por el limitado
número de colombianos que fueron víctimas de tales entes.

5. La Superintendencia de Sociedades, entre otros asuntos, propuso la excepción
de “petición antes de tiempo”, de acuerdo con la cual la demanda plantea un
perjuicio hipotético e incierto debido a que el proceso de devolución no ha
concluido a la fecha de la contestación. Solo al finalizar el trámite de devolución
de dineros se puede determinar si la reclamación presentada por el demandante
fue o no satisfecha.

6. La DIAN también se opuso a las pretensiones de la demanda por cinco motivos.
Primero, alegó que la acción debió presentarse contra los representantes legales
de las captadoras ilegales. Segundo, adujo que sí ejerció sus funciones de control
y fiscalización sobre las empresas del grupo DMG, al punto que el 28 de agosto
de 2008 llevó a cabo un operativo para verificar la contabilidad de la sociedad, lo
cual fue ampliamente divulgado en varios medios de comunicación, e inició otras
actividades relacionadas con la generación de impuestos retención en la fuente.
Tercero, no tuvo injerencia en la expedición de los Decretos 4333 y 4334 de 2008,
tampoco en la certificación suscrita por el agente interventor, ni en el vínculo
contractual que existió entre DMG y el demandante. Cuarto, el Estado
colombiano, a través de la Superintendencia de Sociedades, actuó
oportunamente para impedir la captación masiva de dineros del público, y adoptó
medidas para controlar y sancionar esta actividad ilegal. Quinto, el accionante es

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Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

el único responsable del posible daño sufrido, ya que decidió realizar actividades
comerciales con una empresa involucrada en actividades ilícitas.

7. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que:
(i) no tiene asignadas, constitucional ni legalmente, funciones de vigilancia y
control sobre actividades financieras, bursátiles, aseguradoras, ni sobre el
manejo y la inversión de recursos captados del público; (ii) no existe una relación
jurídico sustancial con el demandante; (iii) dispuso de todos los medios posibles
para prevenir alteraciones del orden público debido a la masiva afluencia de
público que buscaba invertir sus dineros en las sociedades captadoras a cambio
del pago de altos intereses; (iv) el demandante asumió su propio riesgo al invertir
voluntariamente en la empresa captadora; y (v) los hechos que motivan la
demanda fueron perpetrados por un tercero y el eventual daño producido fue
resultado de la acción de ese tercero, ajeno a la intervención de la fuerza pública.

8. Las demás entidades demandadas no contestaron la demanda.

C. Sentencia recurrida

9. Mediante la sentencia del 30 de enero de 2019, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, declaró probada de oficio la
excepción de petición antes de tiempo debido a que:

9.1. En el expediente se encuentra la respuesta del 23 de julio de 2013 al oficio
2013-CAV-03328 firmada por la abogada de DMG Grupo Holding S.A. —en
liquidación judicial—. En esta respuesta se indica que el establecimiento H.G.
Cueros, representado por el señor Héctor Antonio Galvis Cárdenas, presentó un
crédito quirografario ante la liquidación, pero fue rechazado por falta de soporte
que lo justifique.

9.2. De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de DMG
Grupo Holding S.A., emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 14 de
agosto de 2013, la liquidación de la sociedad no ha finalizado. Así mismo, al
consultar la página web de la sociedad el 31 de julio de 2018, se confirmó que
seguía en proceso de liquidación.

9.3. Impugnar cualquier decisión derivada de un proceso liquidatorio y solicitar el
resarcimiento de perjuicios antes de que este concluya se considera una petición
antes de tiempo, ya que no es posible determinar la existencia de un daño hasta

8 Comunicación suscrita por Sandra Marina Montañez, abogada de DMG Grupo Holding S.A. en liquidación

judicial en respuesta al oficio 2013-CAV-0332 del 15 de abril de 2013 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante el cual informa que H.G. Cueros representado por Héctor Antonio Galvis Cárdenas
radicó ante la liquidación un crédito quirografario sin soportes. La reclamación fue rechazada por no aportar
evidencia sobre la entrega efectiva de los productos o la prestación efectiva de los servicios pretendidos
(folios 88 y 89 cuaderno 2).

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Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

que se decida si la demandante recuperará o no la totalidad del dinero que
reclama.

9.4. La decisión adoptada en el fallo no hace tránsito a cosa juzgada, por lo cual
podrá intentarse la acción una vez se liquide la sociedad DMG Grupo Holding.

D. Recurso de apelación

10. La demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en
su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Los reparos se centran en
señalar que la excepción de petición antes de tiempo no se configuró porque:

10.1. El tribunal incurrió en una denegación de justicia al dictar sentencia inhibitoria
con fundamento en una supuesta petición antes de tiempo. De haberse
configurado esa excepción, el tribunal debió declararla en la oportunidad procesal
pertinente y adoptar las medidas de saneamiento necesarias para dictar una
decisión de fondo.

10.2. No estaba obligada a hacerse parte en el proceso de liquidación, como
equivocadamente lo entendió el tribunal, puesto que no estaba incursa en
actividades de captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público.

10.3. Nunca pretendió hacerse parte de un proceso de toma de posesión e
intervención y posterior liquidación de las comercializadoras DMG, porque (i) se
trata de un trámite ordenado por los decretos de emergencia social expedidos
por la comisión de delitos como lavado de activos y otras actividades ilícitas, y (ii)
no le eran aplicables las medidas contenidas en esos decretos dada su calidad
de proveedor y/o tercero de buena fe, tal como lo señaló la Corte Constitucional
en la sentencia C-145 de 20099.

10.4. El hecho generador de los perjuicios reclamados radica en que el interventor
designado por el Gobierno trató de la misma manera a los comerciantes y a las
personas que confiaron sus ahorros comprando tarjetas prepago durante el
proceso de liquidación. En ese sentido, el demandante no presentó una
reclamación, sino que solicitó una certificación para allegarla a la DIAN y así
exonerarse del pago de los impuestos sobre la facturación ya emitida.

10.5. Está probada la omisión de las demandadas en el cumplimiento de sus
funciones y competencias de inspección, vigilancia y control que llevaron al
Gobierno a expedir los Decretos 4333 y 4334 de 2008, a través de los cuales se
ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de las sociedades
Grupo DMG S.A. y DMG Grupo Holding S.A. Antes de la expedición de esas
normas, las demandadas permitieron que esas sociedades ejercieran una

9 Corte Constitucional, sentencia C-145 del 12 de marzo de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.

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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)
Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

actividad aparentemente lícita, generando confianza en los proveedores y
terceros de buena fe, a pesar de que se trataba de lavado de activos.

E. Trámite de segunda instancia

11. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 10 de abril de 201910.
Por auto del 16 de septiembre de 202011 se corrió traslado a las partes para
alegar de conclusión, término en el cual la Superintendencia Financiera, la
Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
Superintendencia de Sociedades, la DIAN, el DAPRE y la Policía Nacional
solicitaron la confirmación de la sentencia. La parte demandante no presentó
alegatos y el Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

F. Asuntos procesales

12. La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos
procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos
años previsto en el artículo 136 del CCA.

13. Si bien en la demanda se alega que el daño fue causado por la omisión de las
entidades demandadas en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia
y control, lo cierto es que es el daño reclamado por el actor se materializó cuando
quedó en firme la providencia que rechazó la acreencia presentada en el trámite
de la liquidación judicial de las sociedades Grupo DMG S.A. y DMG Grupo
Holding S.A. En consecuencia, el término de caducidad empezó a correr desde
el 12 de agosto de 201012 y, en principio, vencía el 13 de agosto de 2012.

14. Por ello, la demanda presentada el 24 de enero de 2011, fue oportuna, incluso
sin tener en cuenta que el término estuvo suspendido entre el 16 de noviembre
de 2010, cuando la parte actora radicó la solicitud de conciliación13, y el 21 de
enero de 2011, fecha en que se declaró fallida la audiencia respectiva14.

G. Sentido de la decisión

15. La Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró probada la
excepción de petición antes de tiempo y, en su lugar, negará las pretensiones de
la demanda porque no se acreditó el daño y porque no se demostró una falla en
el servicio por parte de las entidades demandadas.

10 Folio 502 cuaderno principal.
11 Folios 512 y 513 cuaderno principal.
12 En el oficio del 23 de julio de 2013, la abogada de DMG Grupo Holding S.A. en liquidación judicial señaló

que el traslado del proyecto de calificación y graduación de créditos corrió entre el 29 de julio de 2010 y el
11 de agosto de 2010 (folio 89 cuaderno 2).
13 Folio 67 cuaderno 1.
14 Folio 67 cuaderno 1.

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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)
Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

H. El daño reclamado

16. La parte actora atribuyó a las entidades demandadas el daño ocasionado por
el impago de una acreencia respecto de las sociedades Grupo DMG S.A. y DMG
Grupo Holding S.A. y fundamentó su imputación en una falla del servicio por la
omisión en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre
dichas empresas.

I. La falla en el servicio de las entidades demandadas

17. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la responsabilidad
patrimonial del Estado de reparar los perjuicios solo puede declararse cuando
esté acreditado que el daño le es imputable por haber sido causado por la acción
o la omisión de sus agentes.

18. Del material probatorio obrante en el proceso se tiene lo siguiente:

18.1. Entre los años 2006 y 2008, distintos medios de comunicación publicaron
información relacionada con la prevención de la captación ilegal que se
presentaba en el país15, entre los más importantes se encuentran:

(i) Los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 2006, se publicaron varios avisos
mediante los cuales la Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin de
prevenir situaciones que pudieran poner en riesgo los derechos de terceros de
buena fe, informó que la sociedad Grupo DMG S.A. no estaba sometida a su
control y vigilancia y, por tanto, no se encontraba autorizada para recibir o captar
dineros del público en forma masiva y habitual bajo ninguna modalidad.

(ii) Los días 17, 20 y 29 de septiembre de 2007, la Superintendencia Financiera
de Colombia reiteró al público en general que la sociedad DMG S.A. no estaba
autorizada para recibir o captar dineros del público en forma masiva y habitual, y
que, mediante la Resolución 1634, esa autoridad ordenó la suspensión inmediata
de la venta de tarjetas prepago.

(iii) Los días 3, 9, 11, 15 y 29 de octubre de 2007, la Superintendencia Financiera
de Colombia informó que la orden de suspensión inmediata de la venta de tarjetas
prepago, así como la de devolución de los dineros recibidos por la sociedad DMG
S.A., fue confirmada.

(iv) Los días 27 y 28 de enero y 14 de diciembre de 2008, la Superintendencia
Financiera de Colombia previno al público sobre las únicas entidades autorizadas
para captar recursos, advirtió acerca de la presencia de presuntos captadores
ilegales, invitó a los ciudadanos a consultar directamente con la entidad y señaló

15 Cd aportado por la apoderada de la Superintendencia Financiera de Colombia. Folio 10 cuaderno 2.

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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)
Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

las medidas cautelares y las acciones penales que tales actividades ilegales
acarreaban.

18.2. El 12 de septiembre de 2007, la Superintendencia Financiera de Colombia,
mediante la Resolución 1634 —confirmada por la Resolución 1806 del 8 de
octubre de ese año—, ordenó a la sociedad Grupo DMG S.A.: (i) suspender de
forma inmediata la recepción de dineros del público a través de “tarjetas
prepago”, por cuanto dicha actividad constituía una modalidad de captación
masiva y habitual de recursos sin autorización, y (ii) devolver la totalidad de los
dineros recibidos en desarrollo de esa actividad. Asimismo, dispuso la inscripción
de la decisión en las Cámaras de Comercio en las que operaba la sociedad y la
publicación de avisos en medios de comunicación, con el fin de informar al
público que DMG no se encontraba autorizada para captar dineros del público y
sobre el contenido de la medida cautelar16.

18.3. El 17 de noviembre de 2008, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4333,
mediante el cual declaró, por el término de treinta (30) días, el Estado de
Emergencia en todo el territorio nacional. La medida se adoptó debido a la
proliferación desbordada, en distintas regiones del país, de modalidades de
captación o recaudo masivo de dineros del público no autorizadas, desarrolladas
a través de sofisticados sistemas que dificultaban la intervención oportuna de las
autoridades.

18.4. El 17 de noviembre de 2008, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4334,
mediante el cual declaró la intervención del Gobierno Nacional, por conducto de
la Superintendencia de Sociedades, ya sea de oficio o a solicitud de la
Superintendencia Financiera, en los negocios, operaciones y patrimonio de las
personas naturales o jurídicas que desarrollen o participen en actividades
financieras sin la debida autorización estatal, conforme a la ley. Para tal fin, se
otorgaron a dicha Superintendencia amplias facultades para ordenar la toma de
posesión de los bienes, haberes y negocios de esas personas, con el objeto de
restablecer y preservar el interés público amenazado.

18.5. El 17 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Sociedades ordenó la
intervención de la sociedad DMG Grupo Holding S.A., prevista en el Decreto 4334
de 2008, mediante la toma de posesión de sus bienes, haberes y negocios.

18.6. Por auto 400-014640 del 21 de noviembre de 2008, la Superintendencia de
Sociedades intervino la sociedad Grupo DMG S.A. mediante la toma de posesión
de sus bienes, haberes, negocios y establecimientos de comercio, designó un
agente interventor, ordenó la inscripción de la medida y acumuló el trámite con la
intervención de la sociedad DMG Grupo Holding S.A.

16 Folio 280 cuaderno 1.

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Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

18.7. El 19 de noviembre de 2008, la Superintendencia de Sociedades convocó,
por el término de veinte (20) días, a todas las personas que consideraran tener
derecho a reclamar la devolución de los dineros entregados a la organización
intervenida.

18.8. Héctor Antonio Galvis Cárdenas presentó reclamación en el proceso de
intervención por valor de $375.313.17317.

18.9. En el proceso de intervención, se rechazó la acreencia de Héctor Antonio
Galvis Cárdenas, toda vez que con la reclamación no aportó evidencia de la
entrega efectiva de los productos ni tampoco allegó las facturas mediante las
cuales efectuó el cobro de las ventas realizadas al sujeto en liquidación judicial.

18.10. Mediante oficio del 23 de julio de 201318, la abogada de la liquidadora de
DMG Grupo Holding S.A., designada por la Superintendencia de Sociedades,
certificó que:

(i) Por auto 420-024569 del 15 de diciembre de 2009, confirmado por el auto 400-
001119 del 3 de febrero de 2010, se dispuso la apertura del proceso de
liquidación judicial de la sociedad DMG Grupo Holding S.A.

(ii)En el trámite de liquidación judicial, el demandante radicó un crédito
quirografario. A pesar de que la reclamación fue radicada oportunamente, fue
desestimada porque no aportó los soportes de la obligación. Las razones del
rechazo consistieron en que “no se aportó evidencia sobre la entrega efectiva de
los productos o la prestación efectiva de los servicios pretendidos”19 y en que “no
se aportaron las facturas o documentos por medio de las cuales se efectuó el
cobro por concepto de las ventas realizadas al sujeto en liquidación judicial”20.

(iii) Entre el 29 de julio de 2010 y el 11 de agosto de 2010, la Superintendencia de
Sociedades corrió traslado del proyecto de calificación y graduación de créditos
para que las personas presentaran las objeciones a que hubiere lugar. El
demandante no objetó el rechazo de su acreencia.

18.11. También se aportaron los folios 1 a 4, 6, 32 y 41 del proyecto de calificación
y graduación de créditos 03 del 8 de julio de 201021, en el que (i) en su
considerando 4 se indica que la Superintendencia de Sociedades mediante el
auto 420-001552 ordenó la acumulación de los procesos de liquidación judicial
de las sociedades DMG Grupo Holding S.A. y Grupo DMG S.A., (ii) se enlistan

17 Proyecto de calificación y graduación de créditos número 3 del 8 de julio de 2010.
18 Certificación suscrita por la abogada de DMG Grupo Holding S.A. en liquidación judicial, dirigida al Tribunal

Administrativo de Cundinamarca en respuesta al oficio 2013-CAV-0332 del 15 de abril de 2013 (folios 88 y
89 cuaderno 2).
19 Folio 89 cuaderno 2.
20 Folio 89 cuaderno 2.
21 Folios 90 y 93 cuaderno 2.

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Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

las causales de rechazo de los créditos de la liquidación judicial, y (iii) se relaciona
el listado de los créditos rechazados, entre los que se encuentra la reclamación
presentada por el señor Héctor Antonio Galvis Cárdenas por concepto de “venta
de artículos en cuero y calzado marroquinería a tarjeta habientes a través del
sistema de tarjetas prepago DMG por valor de $375.313.173”22.

19. Según la demanda, las demandadas son responsables por falla en el servicio
por omisión, pues permitieron que las sociedades de la organización DMG
funcionaran durante años sin intervención alguna y eso generó confianza en el
público sobre la legalidad de esas actividades.

20. No obstante, está acreditado que, dos (2) años antes de la entrega de los
bienes del demandante, la Superintendencia Financiera de Colombia informó, a
través de diversos medios de comunicación, que DMG no estaba sujeta a su
vigilancia y, por ende, no estaba autorizada para realizar captación masiva y
habitual de dinero. Posteriormente, en 2007, esa autoridad ordenó a la sociedad
Grupo DMG S.A., mediante la Resolución 1634, suspender la recepción de dinero
a través de “tarjetas prepago”, dado que dicha actividad constituía una forma de
captación masiva y habitual de recursos del público sin autorización.

21. Con base en las pruebas obrantes en el proceso, no se pudo establecer que
las autoridades competentes incurrieran en una falla en el servicio que
constituyera la causa del daño que alega haber sufrido el demandante. Por el
contrario, se acreditó una gestión activa —información al público, investigación,
adopción de medidas cautelares e intervención— destinada a impedir que la
organización DMG continuara ejerciendo actividades ilegales.

22. La conducta de la parte demandante resultó contraria a la prudencia y
diligencia que se espera de una persona que busca proteger su patrimonio.
Aunque recibió varias advertencias sobre la ilegalidad de dichas actividades,
decidió suministrar bienes a la organización, asumiendo el altísimo riesgo que
ello implicaba.

23. Adicionalmente, en el caso concreto está probado que la Superintendencia de
Sociedades rechazó el crédito presentado por el señor Héctor Antonio Galvis
Cárdenas, decisión contra la que el acreedor podía, en caso de no encontrarse
de acuerdo, presentar la objeción correspondiente en los términos previstos por
los artículos 29, 30 y 48 de la Ley 1116 de 200623.

22 Folio 93 cuaderno 2.
23 “Artículo 48. Providencia de Apertura: (…) Transcurrido el plazo previsto en este numeral, el liquidador,

contará con un plazo establecido por el juez del concurso, el cual no será inferior a un (1) mes, ni superior a
tres (3) meses, para que remita al juez del concurso todos los documentos que le hayan presentado los
acreedores y el proyecto de graduación y calificación de créditos y derechos de voto, con el fin de que aquel,
dentro de los quince (15) días siguientes, emita auto que reconozca los mismos, de no haber objeciones.
De haberlas, se procederá de igual manera que para lo establecido en el proceso de reorganización. Por su
parte, los artículos 29 y 30 disponen: artículo 29. Objeciones: del proyecto de reconocimiento y graduación
de créditos y derechos de voto presentados por el promotor, se correrá traslado en las oficinas del juez del

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Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

24. Cabe aclarar que el apelante sostiene que no solicitó el reconocimiento de su
acreencia en el trámite de la liquidación de las sociedades Grupo DMG S.A. y
DMG Grupo Holding S.A., sino la expedición de una certificación para efectos
tributarios. Esto, sin embargo, no es cierto.

25.Contrariamente a lo sostenido en la apelación, el actor reconoció en la
demanda haber solicitado el pago de su acreencia en la liquidación judicial del
Grupo DMG S.A. Al respecto, textualmente señaló:

“[e]l 10 de febrero del año 2009 y una vez realizado el proceso de reclamación
ante el agente interventor del GRUPO DMG S.A., el doctor CAMILO ALBERTO
CRIALES GUTIERREZ con fundamento en el artículo 2 del decreto 045 del 14
de enero del año 2009 le expidió la CERTIFICACION al proveedor HECTOR
ANTONIO GALVIS CARDENAS”24 (subrayas del Despacho).

26. Finalmente, se advierte que es equivocado el entendimiento del actor sobre el
alcance de la sentencia C-145 de 200925, con base en lo siguiente:

26.1. Según el demandante, en su condición de proveedor y/o tercero de buena
fe, no estaba obligado a formar parte del proceso de liquidación ordenado con
ocasión de los Decretos de Emergencia Social 4333 y 4334 de 2008, puesto que
dichos decretos estaban dirigidos a las sociedades incursas en la comisión de
delitos de lavado de activos y otras conductas ilícitas.

26.2. La Corte al resolver la demanda de exequibilidad del artículo 526 del Decreto
4334 de 2008, señaló que no podía interpretarse la expresión “o indirectamente”
de forma tal que terceros de buena fe, como empleados y proveedores fueran
destinatarios de las medidas especiales tomadas por el Estado en el caso de la
captación ilegal. No obstante, esa determinación no implicaba que dichas

concurso por el término de cinco (5) días (…) La única prueba admisible para el trámite de objeciones será
la documental, la cual deberá aportarse con el escrito de objeciones o con el de respuesta a las mismas. No
presentadas objeciones, el juez del concurso reconocerá los créditos, establecerá los derechos de voto y
fijará el plazo para la presentación del acuerdo por providencia que no tendrá recurso alguno”.
“Artículo 30. Decisión de objeciones: si se presentaren objeciones, el juez del concurso procederá así: 1.
Tendrá como pruebas las documentales aportadas por las partes. 2. En firme la providencia de decreto de
pruebas convocará a audiencia para resolver las objeciones, la cual se llevará a cabo dentro de los cinco
días siguientes. 3. En la providencia que decida las objeciones el Juez reconocerá los créditos, asignará los
derechos de voto y fijará plazo para la celebración del acuerdo. Contra esta providencia solo procederá el
recurso de reposición que deberá presentarse en la misma audiencia…”.
24 Hecho 4.29 de la demanda (folio 11 cuaderno 1).
25 La Corte Constitucional declaró exequible la expresión “o indirectamente”, contenida en el artículo 5 del

Decreto 4334 de 2008 que dice “sujetos. Son sujetos de la intervención las actividades, negocios y
operaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio,
sucursales de sociedades extranjeras, representantes legales, miembros de juntas directivas, socios,
factores, revisores fiscales, contadores, empresas y demás personas naturales o jurídicas vinculadas directa
o indirectamente, distintos a quienes tienen exclusivamente como relación con estos negocios el de haber
entregado sus recursos”, en el entendido de que no abarca a terceros proveedores de bienes y servicios
que hayan procedido de buena fe, en el ámbito de sus actividades lícitas ordinarias o habituales.
26 Artículo 5. Son sujetos de la intervención las actividades, negocios y operaciones de personas naturales

o jurídicas, nacionales o extranjeras, establecimientos de comercio, sucursales de sociedades extranjeras,
representantes legales, miembros de juntas directivas, socios, factores, revisores fiscales, contadores,
empresas y demás personas naturales o jurídicas vinculadas directa o indirectamente, distintos a quienes
tienen exclusivamente como relación con estos negocios el de haber entregado sus recursos.

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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)
Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

personas estuvieran exentas de reclamar sus acreencias mediante el mecanismo
ordinario establecido para tal efecto por la Ley 1116 de 2006.

J. Impedimento

27. El Consejero Fredy Ibarra Martínez manifestó su impedimento para conocer
del presente asunto, fundado en la causal 1ª del artículo 141 de la Ley 1564 de
2012, Código General del Proceso, en adelante, “CGP”, debido a que:

Es preciso poner de presente que familiares míos, tres hermanos y dos sobrinos
(parientes en el segundo y tercer grado de consanguinidad, respectivamente),
invirtieron de buena fe dineros en la empresa citada.
De acuerdo con lo expuesto, como en otros eventos similares, pongo a
consideración de la Sala mi impedimento para participar en la decisión con
fundamento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del Código
General del Proceso, toda vez que mis hermanos y sobrinos fueron defraudados
y perjudicados por hechos relativos a la actividad desarrollada por la sociedad
DMG Grupo Holding SA, concernientes a la captación de dineros de
ahorradores en forma masiva, al parecer, sin sujeción debida a la ley y, por
tanto, tienen interés directo y cuando menos indirecto en las acciones de grupo
y de reparación directa que se han instaurado con idéntico objeto y causa que
actualmente se encuentran en trámite (…).

28. El artículo 141 del CGP señala que son causales de recusación las siguientes:
“1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés
directo o indirecto en el proceso”.

29. la Sala declarará fundado el impedimento manifestado por el doctor Fredy
Ibarra Martínez por cuanto cumple con los supuestos establecidos en el numeral
1 del artículo 141 del CGP citado, toda vez algunos de sus parientes invirtieron
recursos en el Grupo DMG S.A. Este impedimento será aceptado en la parte
resolutiva de la presente decisión.

K. Costas

30. En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)
Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

RESUELVE:

PRIMERO: DECLÁRASE FUNDADO el impedimento manifestado por el
Consejero Fredy Ibarra Martínez.

SEGUNDO: REVÓCASE la sentencia dictada el 30 de enero de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, y en
su lugar, NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado (Impedido)
Magistrado

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