Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00089-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00089-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-00089-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
14 de junio de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA PRELACIÓN DE FALLO POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / PROCESOS QUE IMPLIQUEN SOLO LA REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Mediante acta No. 10 del 25 de abril de 2013, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado definió que los eventos de privación injusta de la libertad podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado.
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / ERROR JURISDICCIONAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, el 29 de junio de 2012, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y lo considerado por la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.
FUENTE FORMAL: LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 73
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Término / REPARACIÓN DIRECTA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el conteo de la caducidad en procesos de privación injusta de la libertad, consultar sentencia del 14 de febrero de 2002; Exp. 13622, C.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, Exp. 21801, C.P. Hernán Andrade Rincón y auto de 19 de julio de 2010; Exp. 37410, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CLAUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / ANTIJURIDICIDAD DEL DAÑO
[C]omo al tenor de los pronunciamientos de esta Sala la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 63 del Código Civil, la conducta de quien fue privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente, fue esa persona quien dio lugar a la apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos. En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL – ARTÍCULO 63 / CÓNSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CLAUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / ANTIJURIDICIDAD DEL DAÑO / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA
El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / CLAUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL / ANTIJURIDICIDAD DEL DAÑO
En efecto, la Corte precisa que, ni el artículo 90 de la Constitución Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada de ese artículo, determinan un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad. (…) [L]as sentencias de unificación del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la postura que rigió los asuntos bajo el título de imputación de daño especial, pueden consultarse sentencias del 26 de noviembre de 2015; Exp. 36170 y del 25 de julio de 2016; Exp. 37125, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Frente a las posturas excepcionales en las cuales el Consejo de Estado decidió asuntos con fundamento en la falla del servicio, se pueden ver las sentencias de 19 de julio de 2017, Exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, Exp. 47800, 12 de octubre de 2017, Exp. 48048, 1 de febrero de 2018; Exp. 46817 y 45146; 10 de mayo de 2018, Exp. 45358, 5 de julio de 2018, Exp. 47854, 19 de julio de 2018, Exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, Exp. 52404 y respecto de la postura recientemente unificada que acoge el principio iura novit curia para la imputación de la responsabilidad estatal, consultar fallo de 15 de agosto de 2018; Exp. 46947; C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 68
VALOR PROBATORIO DE LA COPIA SIMPLE / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
[L]a Sala valorará los documentos que la parte actora acompañó en copia simple junto con la demanda, esto a la luz del pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera, en el cual se unificó la posición jurisprudencial sobre la valoración probatoria de esta clase de documentos, cuando han obrado en el plenario a lo largo del proceso. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la valoración probatoria de la copia simple, consultar l respecto, consultar sentencia, del 28 de agosto de 2013, Exp. 25022 C. P: Enrique Gil Botero.
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / INDICIOS GRAVES / VALOR PROBATORIO DE INFORME MILITAR / INFORME DE INTELIGENCIA / FALLA DEL SERVICIO / IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO
En línea con lo manifestado por la Corte Constitucional y lo previsto en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación entiende que la información contenida en los informes de inteligencia puede servir como criterio orientador de las investigaciones, pero no pueden tener valor probatorio. (…) [A] l no contarse con pruebas que permitieran fundamentar la detención preventiva del demandante, se configuró una falla en el servicio en el caso concreto.
NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Constitucional C-392 de 2000.
FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 – ARTÍCULO 314
CAUSAL EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD ESTATAL / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA – No configurada
[N]o es posible concluir que se configuró la culpa exclusiva de la víctima directa del daño, pues la medida de aseguramiento impuesta a él no tuvo como fundamento conductas gravemente culposas o dolosas, que hubiesen llevado al ente acusador a considerar como necesaria la adopción de decisiones con la suficiencia de restringir su derecho a la libertad.
INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PRESUNCIÓN DEL DAÑO MORAL / CRITERIOS DE INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL
Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos, según corresponda; asimismo, respecto del quantum indemnizatorio, se ha establecido que el juez, según su prudente juicio, analizará las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo acudir como guía de la tasación del mismo a los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp: 36149, C.P.: Hernán Andrade Rincón (E).
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 42
INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / LUCRO CESANTE – NO ACREDITADO / PRESUNCIÓN DE QUE TODA PERSONA EN EDAD PRODUCTIVA DEVENGA / PRESUNCIÓN DE INGRESOS EN EDAD PRODUCTIVA
Revisado el expediente, la Sala evidencia que no se encuentra prueba documental, testimonial o de cualquiera otra índole que acredite el perjuicio material solicitado en las pretensiones de la demanda. Sin embargo, el Consejo de Estado ha señalado que cuando se trate de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante reclamados por daños ocasionados a personas recluidas en centros carcelarios o penitenciarios, y no se encuentre acreditado el monto dejado de percibir durante el lapso que estuvo privado de la libertad, se colige que la persona se encontraba en edad productiva y se dedicaba a una actividad lícita, por lo que se presume que devengaba al menos el salario mínimo legal mensual, el cual debe reconocerse por el lapso en que estuvo privado de la libertad.
INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / LUCRO CESANTE – NO ACREDITADO / PRESUNCIÓN DE QUE TODA PERSONA EN EDAD PRODUCTIVA DEVENGA / PRESUNCIÓN DE INGRESOS EN EDAD PRODUCTIVA / RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES – Improcedente al no acreditar calidad de trabajador
[N]o resulta procedente aumentar el salario mínimo en un 25% por razón de lo dejado de percibir por concepto de prestaciones sociales ni el 8,75 correspondientes plazo que, según el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es el que requiere una persona económicamente activa para conseguir trabajo o acondicionarse en una actividad laboral, en la medida en que el actor, si bien dijo que para la época en que fue privado de la libertad se encontraba en edad productiva y manifestó en la demanda que trabajaba como matarife y comprador de ganado, no acreditó la condición de trabajador dependiente.
DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN - Improcedente
En cuanto perjuicio a la vida en relación supuestamente soportado por el privado de la libertad, no serán reconocidos, dado que esta Corporación en providencias de unificación proferidas en agosto de 2014 resaltó que dicha tipología dogmática de perjuicio se encuentra subsumida en el daño a la salud o en el de afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, según la situación fáctica concreta. NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de unificación jurisprudencial de 28 de agosto de 2014; Exp. 28832; C.P. Danilo Rojas Betancourth.
CONDENA EN COSTAS – No procede al no advertirse temeridad o mala fe
En vista de que en este caso no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 55
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C. catorce (14) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00089-01 (46800)
Actor: ORLANDO TRUJILLO TRUJILLO Y OTROS
Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
TEMAS: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / Falla del servicio
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 10 de octubre de 2012, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
El 11 de mayo de 2008, el señor Orlando Trujillo Trujillo fue capturado en la inspección de Remolinos del Caguán, jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, por miembros del Ejército Nacional con la colaboración del Cuerpo Técnico de Investigación-CTI- adscrito a la Fiscalía General de la Nación-como supuesto autor del delito de rebelión. Estuvo privado de la libertad por un período de 5 meses y 15 días. La Fiscalía 251 destacada ante el Ejército Nacional de la Unidad Nacional contra el Terrorismo profirió medida restrictiva de la libertad, con fundamento en los testimonios que daban cuenta de que el hoy demandante pertenecía a grupos al margen de la ley.
La investigación terminó con preclusión de la instrucción, mediante resolución de la Fiscalía 21 Especializada de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, el 4 de noviembre de 2008, por considerarse que no existían suficientes elementos de juicio para acusarlo, por lo cual se ordenó su libertad inmediata.
II. A N T E C E D E N T E S
1.- La demanda
El 9 de febrero de 2011 (fls. 1 a 16 cuaderno N° 1), los señores Luz Marina León Artunduaga, Faiver Alberto Trujillo León, Yohana Milena Trujillo León, Alberto Trujillo Alzate, Leonor Trujillo, Héctor Trujillo, Gilberto Trujillo Trujillo, María Esther Trujillo Trujillo; Leydy Yurley Trujillo León, quien obra en nombre propio y en el de su hija menor Mayra Valentina Vargas Trujillo; y Orlando Trujillo Trujillo, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos y nietos menores Yerly Yurani Trujillo León, Juan Diego Trujillo León, Keidy Yuliza, Trujillo León, Alan Stiven Trujillo León y Kened Sneider Trujillo León, por conducto de apoderado judicial (fl.1-5, c. 1) interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios causados con motivo de la privación injusta de la libertad que soportó el señor Orlando Trujillo Trujillo, entre el 11 de mayo del 2008 y el 6 de noviembre del mismo año.
En concreto, el actor solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:
Primera.- Que la Nación-Fiscalía General de la Nación, son (sic) administrativa y extra-contractualmente responsables en forma solidaria de todos los perjuicios morales, materiales y a la vida de relación irrogados a mis mandantes como consecuencia de la detención injusta que sufriera el señor Orlando Trujillo Trujillo por cuenta de la Fiscalía 251 destacada ante el Ejército Nacional y la Fiscalía 21 Especializada, ambas de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la ciudad de Bogotá D.C.
Segunda.- Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar por perjuicios morales para cada uno de los demandantes las siguientes sumas de dinero:
1.-Para Orlando Trujillo Trujillo, el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en calidad de directo perjudicado.
2.-Para Luz Marina León Artunduaga, el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en calidad de esposa del directamente perjudicado señor Orlando Trujillo Trujillo.
3.-Para Faiver Alberto Trujillo León, Yohana Milena Trujillo León, Leydy Yurley Trujillo León, Yerli Yurani Trujillo León, Juan Diego Trujillo León, Keidy Yuliza Trujillo León, Alan Stiven Trujillo León y Kened Sneider Trujillo León, el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, en calidad de hijos y nietos del directamente perjudicado señor Orlando Trujillo Trujillo.
4.-Para Alberto Trujillo Alzate y Leonor Trujillo, el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, en calidad de padres del directamente perjudicado señor Orlando Trujillo Trujillo.
5.-Para Héctor Trujillo, Gilberto Trujillo y María Esther Trujillo Trujillo, el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, en calidad de hermanos del directamente perjudicado señor Orlando Trujillo Trujillo.
6.-Para Mayra Valentina Vargas Trujillo, el equivalente a cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes en calidad de nieta del directamente perjudicado señor Orlando Trujillo Trujillo.
Tercera.-Que se condene a la Nación-Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar por daños a la vida de relación para el señor Orlando Trujillo Trujillo, directamente perjudicado por la detención injusta, el equivalente a ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Cuarta.-Que se condene a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar por perjuicios materiales (Lucro Cesante Debido o Consolidado) al señor Orlando Trujillo Trujillo los dineros dejados de percibir desde el día 11 de mayo de 2008 hasta el 6 de noviembre de 2008, fecha en que se le concedió la libertad (5 meses y 25 días), mas nueve meses que de acuerdo a las pautas fijadas por el Consejo de Estado es el tiempo que se considera una persona privada de la libertad tarda en promedio para reintegrarse laboral y socialmente, para cuya liquidación se toma el salario legal que devengaba como matarife y comprador de ganado en la inspección de Remolinos del Orteguaza, estipulado en la suma de $800.000.oo, más un veinticinco por ciento (25%) de prestaciones sociales. Para la liquidación de este perjuicio se habrá de aplicar la fórmula matemática financiera que se describe a continuación:
(…)
Quinta.-La liquidación de la condena anterior se hará con el reajuste del valor previsto en el artículo 178 del código Contencioso Administrativo, es decir, la condena deberá abarcar el ajuste por inflación de acuerdo con el crecimiento del índice de precios al consumidor que certifique el DANE.
Sexta.-Las sumas así causadas devengarán los intereses previstos en el artículo 177 de la C.C.A. y se ejecutará en los términos establecidos en el artículo 176 del C.C.A.
Séptima.-Sírvase señor Magistrado ponente, condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada.
Como fundamentos fácticos de la demanda, se narró, en síntesis, lo siguiente:
El 11 de mayo de 2008, el señor Orlando Trujillo Trujillo fue privado de la libertad, por miembros del Ejército Nacional con la colaboración del Cuerpo Técnico de Investigación-CTI- adscrito a la Fiscalía General de la Nación- por orden de la Fiscalía 251 destacada ante el Ejército Nacional de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, como supuesto autor del delito de rebelión.
Se relató que la detención preventiva impuesta al señor Orlando Trujillo Trujillo, no fue causada por dolo o culpa grave imputable a él, sino por suposiciones, sin ningún fundamento probatorio, por lo que esta constituyó una privación injusta de la libertad. Fue por eso que, al calificar el mérito del sumario, mediante resolución de 4 de noviembre de 2008 la Fiscalía 21 Especializada de la Unidad Nacional contra el Terrorismo dictó en su favor preclusión de la investigación por el delito de rebelión por considerar que no existían suficientes elementos de juicio y ordenó su libertad inmediata.
Por último, se relató que de la imposición de dicha medida se derivaron: a) Perjuicios morales para cada uno de los demandantes, b) daños a la vida de relación para el directamente perjudicado, c) perjuicios materiales concretados en lucro cesante para el señor Orlando Trujillo Trujillo, y d) los intereses y el reajuste previstos en los artículos 177 y 178 del C.C.A. (fls. 6 a 8. c.1).
Como fundamentos jurídicos de la demanda, la parte actora aseguró que de los hechos relatados se desprende la responsabilidad objetiva de la entidad demandada, conforme a los artículos 2, 21, y 90 de la Constitución Política, artículos 414 del Código de Procedimiento Penal, y artículo 69 de la Ley 270 de 1996.
El 8 de diciembre de 2011, el actor y la entidad demandada celebraron audiencia de conciliación en la Procuraduría 129 Judicial II en asuntos administrativos, la cual resultó fallida (fl. 1 c. 2).
2. Trámite de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 9 de marzo de 2011, inadmitió la demanda; solicitó allegar los poderes de las señoras Luz Marina León Artunduaga y María Esther Trujillo Trujillo; además, que se hiciera el juramento estimatorio de que trata el artículo 11 de la ley 1395 de 2010 (fl. 19, c. 1).
Subsanada en tiempo la demanda, las señoras Luz Marina León y María Esther Trujillo desistieron de la demanda y los demás presentaron juramento estimatorio (f. 21, c. 1), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 27 de abril de 2011 (fl. 23 y vto., c. 1), la admitió y se ordenó correr traslado a la Fiscalía y al Ministerio Público. Esa decisión se notificó en debida forma a las partes (fl. 25, c. 1).
La Fiscalía General de la Nación, en memorial de 2 de agosto de 2011 (fl. 26 a 38 c.1), contestó la demanda dentro de la oportunidad legal y manifestó su oposición a las pretensiones; solicitó declarar la eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de un tercero, en razón a que el actor fue capturado luego de un seguimiento policial y de un informe bien sustentado, que lo señalaban como partícipe de hechos delictivos, por el trato y cercanía con grupos guerrilleros.
Agregó que no se presentaba la existencia de la relación causa-efecto entre la actuación de la Fiscalía y el supuesto daño inferido al actor, faltando así uno de los presupuestos necesarios para la declaración de responsabilidad estatal porque su actuación de la fiscalía no fue “anormalmente deficiente”, en los términos en que la jurisprudencia ha definido la falla del servicio.
Manifestó que las pretensiones de la demanda no estaban sustentadas probatoriamente, incluso fueron desbordadas y codiciosas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 29 de agosto de 2011 (fl. 40 a 41 c. 1), abrió el proceso a pruebas y en auto del 6 de junio de 2012, corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión (fl. 50, c. 1).
La Fiscalía General de la Nación manifestó que tenía la obligación de investigar y acusar a los presuntos infractores de los delitos ante los juzgados y tribunales competentes y en razón de ello, debía asegurar la comparecencia de los mismos al proceso con la adopción de medidas de aseguramiento.
Aseveró que el artículo 90 de la Constitución política es la fuente normativa para endilgar responsabilidad al Estado y que es requisito sine qua non para ello que se presente una falla en el servicio, la cual debe ser la causa directa del perjuicio ocasionado a un tercero, esto es, se debe presentar i) una falla en el servicio, ii) un daño de un bien jurídicamente tutelado y, iii) una relación de causalidad; elementos que no se cumplen en el caso del señor Orlando Trujillo Trujillo.
Solicitó que no se diera valor a los documentos aportados con la demanda por no estar debidamente autenticados.
La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
3. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 10 de octubre de 2012 (fls. 64 a 86 c. 4), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca denegó las pretensiones de la demanda. La parte resolutiva de la sentencia es del siguiente tenor:
PRIMERO.-Declarar de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de: Luz Marina León Artunduaga, Mayra Valentina Vargas Trujillo, Juan Diego Trujillo León, María Esther Trujillo Trujillo, Alberto Trujillo, Leonor Trujillo y Gilberto Trujillo.
SEGUNDO.-.Se niegan las pretensiones de la demanda.
TERCERO.-.Sin condena en costas de instancia.
CUARTO.-.Contra la presente sentencia procede el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo.
QUINTO.-.Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría de la sección, liquídense los gastos del proceso, y en caso de remanentes, devuélvase al interesado. Pasados dos (2) años sin que la parte demandante los haya reclamado, la mencionada secretaría declarará la prescripción a favor del Consejo Superior de la Judicatura-Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial.
Consideró el a quo, que debía establecer si con el material probatorio allegado al proceso se demostró la privación de la libertad del señor Orlando Trujillo Trujillo y, además, si se encontraban demostrados los elementos que configuran la responsabilidad atribuida al Estado.
En relación con el daño, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca lo encontró acreditado con el certificado expedido por el director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Florencia-Caquetá en el cual figura que el señor Trujillo Trujillo estuvo privado de la libertad entre el 1 de julio de 2008 y el 6 de noviembre del mismo año.
Así mismo, en lo relacionado con la imputabilidad del daño, luego de referirse a lo ocurrido con el oficio solicitado en la demanda a la Fiscalía 21 Especializada de la Unidad Contra el Terrorismo de la ciudad de Bogotá, en el que se pedía la copia auténtica de las piezas procesales del expediente penal contentivo de la investigación penal adelantada en contra del señor Orlando Trujillo Trujillo, indicó que fue por desidia y negligencia del actor que no se trajo al expediente, señaló que la única prueba aportada por el demandante, para demostrar la privación injusta alegada, fue la copia simple de la resolución expedida por la Fiscalía Especializada de la Unidad contra el Terrorismo de la ciudad de Bogotá D.C. por medio de la cual se ordenó precluir la instrucción a su favor.
Agregó que, al no tener copia auténtica ni constancia de ejecutoria de la providencia absolutoria que resolvió precluir la instrucción a favor del señor Orlando Trujillo Trujillo, no había prueba de que la misma se encontrara en firme, razón por la cual no era posible un pronunciamiento a su favor.
4. El recurso de apelación
Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y como sustento de su inconformidad, manifestó que, con la demanda se hizo entrega de copias simples de la providencia que impuso medida de aseguramiento, la de preclusión de la investigación y la boleta de libertad del señor Orlando Trujillo Trujillo; que el tribunal desconoció el precedente del Consejo de Estado que da valor probatorio a las copias simples cuando han sido aportadas desde el inicio del proceso y no se tachan de falso ni son controvertidas por la contraparte, como sucede en el presente caso. Agregó que la entidad demandada tenía la misma carga de la prueba y no aportó, ni se le exigió por parte del tribunal, esos documentos que tenía en su poder, a pesar de que contestó la demanda en vigencia de la ley 1395 de 2010.
Señaló que, bajo el régimen objetivo de responsabilidad patrimonial del Estado se debe condenar a la Fiscalía General de la Nación por mantener privado de la libertad injustamente al señor Orlando Trujillo Trujillo, por lo cual solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia.
El 14 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación por no ser necesaria la realización de la audiencia de conciliación de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010 (fl. 96 y vto. c. 1).
5. El trámite de segunda instancia
El recurso de apelación fue admitido por auto del 7 de junio de 2013 y en él se ordenó notificar al Ministerio Público (fl. 100 c. 4).
El 21 de febrero de 2014, se ofició a la Fiscalía 251 destacada ante el Ejército Nacional para que remitiera las piezas procesales que tenía en su poder (fl. 102 a 108, c. 4). Esa entidad dio respuesta con el envío de lo solicitado (fl.124-125, c. 4). De estos documentos se dio traslado a las partes (fl. 128-129, c. 4).
El 21 de noviembre de 2014 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl. 131-132, c. 4).
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 133, c. 4).
Previo a resolver el recurso de apelación presentado por la parte actora contra la sentencia proferida el 10 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Subsección advierte que, en nombre de los menores Alan Stiven Trujillo León y Kened Sneider Trujillo León suscribió el poder (fl. 1, c. 1) el señor Orlando Trujillo Trujillo, sin que en el proceso hubiera acreditado su calidad de representante legal de aquellos, y no su madre, la señora Yohana Milena Trujillo León, quien también acudió al proceso en calidad de demandante, a quien en principio le correspondía ejercer dicha representación. Mediante auto del 6 de julio de 2018, se ordenó poner en conocimiento de la demandante la indebida representación, el cual fue notificado el 13 de agosto de 2018 (fl. 134, 135-137, c. 4), y esta guardó silencio, por lo que la nulidad prevista en el numeral 7 del artículo 140 del CPC se entiende saneada, conforme al numeral 3 del artículo 144, del mismo estatuto.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Prelación de fallo
Mediante acta No. 10 del 25 de abril de 2013, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado definió que los eventos de privación injusta de la libertad podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado.
2. Competencia de la Sala
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.
3. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto por el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
En el caso bajo estudio, encuentra la Sala que en el proceso obra copia de la preclusión de la investigación dictada en favor del señor Orlando Trujillo Trujillo, el 4 de noviembre de 2008, (fls. 59 a 230 c.1) y constancia de ejecutoria de la misma de 22 de diciembre de 2008 (fl. 231 y 233, c. 3).
En ese sentido, se infiere que el término de caducidad de la presente acción debe contabilizarse a partir del día siguiente a la ejecutoria de dicha decisión, es decir, desde el 23 de diciembre de 2008.
En el expediente obra constancia expedida por el Procurador 129 Judicial II en asuntos Administrativos de Bogotá, en la cual se evidencia que la parte actora presentó solicitud de conciliación prejudicial el 10 de noviembre de 2010 (fl. 1 c.2). Por tanto, desde esa fecha, el término de caducidad quedó suspendido.
El aludido cómputo se reanudó con la expedición del acta que declaró fallida la conciliación que lo fue el 8 de febrero de 2011, de modo que a partir del día siguiente a esa fecha se retomó el conteo del término de caducidad. Dado que la misma se presentó el 9 de febrero del 2011 (fl.1 a 16, c. 1), se impone concluir que la acción de reparación directa se interpuso en tiempo, de conformidad con lo normado en el ordinal 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
4. La legitimación en la causa
El demandante Orlando Trujillo Trujillo fue la víctima directa del daño alegado, esto es, la persona privada de la libertad, por lo que, tiene interés directo para solicitar la indemnización por los perjuicios causados y, por tanto, cuenta con legitimación en la causa por activa.
Los señores, Leidy Yurley Trujillo León, Faiver Alberto Trujillo León, Yohana Milena Trujillo León, Yerli Yurani Trujillo León, Keidy Yuliza Trujillo León, Alan Stiven Trujillo León y Kened Sneider Trujillo León están igualmente legitimados por activa en tanto adujeron ser damnificados con el daño, todos ellos en razón del vínculo que los une con el señor Orlando Trujillo Trujillo.
Conforme se indicó en los antecedentes procesales, Luz Marina León y María Esther Trujillo desistieron como parte demandante por carencia de poder para actuar al momento de subsanar la orden impartida por el tribunal a quo al escrito inicial y el otorgamiento de poder, así como se declaró su falta de legitimación en la causa por activa en el punto primero de la sentencia, al igual que ocurrió con Mayra Valentina Vargas Trujillo, Juan Diego Trujillo León, Alberto Trujillo, Leonor Trujillo, Héctor Trujillo y Gilberto Trujillo, y como la parte actora no apeló la sentencia en relación con ese punto específico, no hay lugar a emitir decisión al respecto.
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se advierte que las pretensiones se dirigieron en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, porque se le imputan unos daños en razón de la investigación penal y posterior captura del señor Orlando Trujillo Trujillo, motivo por el que considera la Sala que la entidad goza de legitimación para actuar dentro del presente asunto y está debidamente representada (fls. 26 a 38, c. 1).
5. La responsabilidad del Estado por la privación de la libertad con fundamento artículo 90 de la Constitución Política
5.1. La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgía un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley, por cuanto estaban en juego derechos y principios de estirpe constitucional como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada por el Estado, tornaba en injusta la privación de la libertad.
Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Así lo ha declarado en asuntos donde resulta evidente que se trata de una detención ilegal o arbitraria, en eventos de homonimia o cuando se trata de capturas realizadas para efectos de indagatoria, surtidas las cuales, no se dicta una medida de aseguramiento en contra del imputado.
5.2. Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica cuatro pasos: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión. La Sala señaló en la mencionada sentencia:
Así las cosas y como al tenor de los pronunciamientos de esta Sala la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 63 del Código Civil, la conducta de quien fue privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente, fue esa persona quien dio lugar a la apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos.
En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.
Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.
Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.
El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.
5.3. Las consideraciones anteriores no resultan contradictorias con las conclusiones de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU 072/18, sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad.
En efecto, la Corte precisa que, ni el artículo 90 de la Constitución Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada de ese artículo, estipulan un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad.
En ese sentido reitera que en materia de reparación directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso y que definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos contraviene la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de contera el régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política.
En el mismo sentido precisa que en determinados eventos, entre los cuales hace referencia a la absolución por in dubio pro reo, no se acreditó el dolo o se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996.
De acuerdo con la providencia, el juez puede escoger entre un título de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega que la nominación de las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991.
Por último, en lo que tiene que ver con la unificación de la Corte Constitucional, en el mismo sentido de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en todos los casos en los que se reclame por un evento de privación injusta de la libertad debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima.
5.4. Para llegar a las anteriores conclusiones, la Corte Constitucional pone de presente que la libertad es uno de los bastiones del Estado social de derecho de carácter multidimensional, como valor, principio y derecho fundamental, como se deduce del preámbulo y los artículo 1, 2 y 28 de la Constitución política, entre otros, bajo el entendido que valores tales como la democracia, el pluralismo y la dignidad humana no pueden ser concebidos sino tienen como punto de partida la libertad.
Sin embargo, la libertad, como otros derechos, no tiene carácter ilimitado y puede ceder en casos excepcionalísimos al disfrute de los derechos por parte de otros individuos o a la búsqueda del bienestar general. La fuente principal de esas restricciones es el derecho punitivo, que al mismo tiempo lo reconoce de manera principalísima como un principio.
Esas restricciones excepcionales a la libertad, además de los límites constitucionales, están sometidas de manera superlativa a estrictas reglas de competencia, de tiempo para verificar su legalidad, así como a la posibilidad de revisar la pertinencia de la restricción. En el mismo sentido debe hacerse una diferenciación tajante entre dos figuras, pena y detención preventiva, y que esta no puede implicar, de ninguna manera, una vulneración al principio de presunción de inocencia y que, conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentran sometidas al criterio irreductible de que sean absolutamente necesarias.
Pero además de la necesidad, ese ejercicio punitivo preventivo del Estado encuentra otro límite, como es el principio de proporcionalidad, que permite desde el ámbito constitucional examinar y neutralizar los excesos de la potestad de configuración del legislador penal, en particular las medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal de una persona imputada por un hecho punible. La regla de proporcionalidad impone que los beneficios de las medidas preventivas deben ser superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que imponen a los afectados por ellas.
Bajo los anteriores parámetros, la Corte Constitucional, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, reconoce que el Consejo de Estado, en aras del principio de seguridad jurídica, ha acudido tanto a un régimen responsabilidad subjetivo como objetivo en determinados eventos, lo cual no contradice, en principio, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la interpretación integral del artículo 90 de la Constitución Política.
Sin embargo, señala que en cuatro eventos de absolución, como son que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o porque se aplicó el principio del indubio pro reo, se ha aplicado el título objetivo de imputación del daño especial.
Con fundamento en todo lo anterior, la Corte Constitucional señala que en la sentencia C-037 de 1996 se concluyó que, cualquiera que sea el régimen a aplicar, la calificación de injusta de una privación de la libertad, implica necesariamente “definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho”. Frente a este punto prescribe:
En este punto se precisa que esa comprensión fue plasmada como condicionamiento de dicho artículo, al consignar en el numeral tercero de la parte resolutiva que se declaraban exequibles “pero bajo las condiciones previstas en esta providencia, (…)”, entre otros, el artículo 68, sobre el cual en la parte considerativa se había determinado que las reflexiones transcritas eran las condiciones para declararlo exequible.
Ahora bien, la Corte señala que las normas que contienen los diferentes supuestos en los que procede la detención preventiva en los ordenamientos procesales penales, vigentes desde la vigencia del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, le son inherentes el juicio de razonabilidad y de proporcionalidad. Sin embargo, los requisitos para imponer la medida de aseguramiento han variado de uno a otro de acuerdo el grado de convicción probatoria requerida, mientras el Decreto Ley 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000, solicitaban de uno o dos indicios graves de responsabilidad, respectivamente, la Ley 906 exige de una inferencia razonable de autoría o participación del imputado.
La Corte insiste en que para una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el juez administrativo a la hora de definir si una privación de la libertad es injusta o no, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerar si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de “razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”. Al respecto concluye:
Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares.
Luego insiste en que el elemento común que exige el artículo 90 de la Constitución Política es la existencia de un daño antijurídico y que la responsabilidad patrimonial se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación, frente a lo cual señala que, la sentencia C-037 de 1996 es consecuente con ese razonamiento a partir de la interpretación del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, que es la cláusula general de responsabilidad del Estado en lo que tiene que ver con la actividad judicial, en la que no se adscribió a ningún título de imputación específico. Y en lo que tiene que ver con la privación injusta de la libertad señaló:
De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.
La Corte señala que lo anterior no impide que se creen reglas en pro de ofrecer homogeneidad en materia de decisiones judiciales, pero estas deben fundamentarse en un análisis concienzudo de las fuentes del daño y no en generalizaciones normativas, que no tomen en cuenta las posibilidades que giran en torno a esas fuentes.
5.5. De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional señala que en dos eventos establecidos por el Consejo de Estado, resulta factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, estos son cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”.
En criterio de la Corte desde el inicio de la investigación el fiscal o juez deben tener claro que el hecho sí existió y que es objetivamente típico, ya que disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos. En el primer caso, el funcionario judicial debe tener en claro esa información desde un principio y, en el segundo, se trata de una tarea más sencilla, que consiste en el cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipifican como tal.
Las dos causales anteriores se contrastan con las absoluciones consistente en que el procesado no cometió el delito y la aplicación del principio in dubio pro reo, la Corte considera que estas requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor de la misma. En un sistema como el acusatorio no resulta exigible al fiscal y al juez con función de garantías que en etapas tempranas de la investigación penal definir si el imputado ejecutó la conducta, pues será en etapas posteriores que el funcionario judicial definirá tales asuntos, que solo se pueden definir en la contradicción probatoria durante un juicio oral.
Lo mismo pasaría respecto de eventos de absolución en los que concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, en los que la conducta resulta objetivamente típica, pero no lo era desde el punto de vista subjetivo.
5.6. En conclusión, las sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue razonable y proporcionada.
En la misma vía, en todos los eventos posibles, será necesario descartar si el imputado o sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la medida de privación de la libertad.
Bajo los anteriores parámetros entra a considerarse el caso concreto.
6. Cuestión previa
Es necesario advertir que la Sala valorará los documentos que la parte actora acompañó en copia simple junto con la demanda, esto a la luz del pronunciamiento de la Sala Plena de la Sección Tercera, en el cual se unificó la posición jurisprudencial sobre la valoración probatoria de esta clase de documentos, cuando han obrado en el plenario a lo largo del proceso.
En ese sentido, debe precisarse que las copias simples de las pruebas que componen el acervo del proceso penal, en especial las diligencias adelantadas por las demandadas, pueden ser valoradas, toda vez que los medios probatorios obrantes fueron practicados con audiencia de estas, estuvieron a disposición de la parte contra la cual se aducen, durante el trámite del proceso y no fueron tachados ni objetados por la contraparte, surtiéndose así el principio de contradicción.
7. Problema jurídico
La Sala deberá decidir si en el presente caso se reúnen o no los presupuestos necesarios para declarar a la Nación -Fiscalía General de la Nación- patrimonialmente responsable por los daños sufridos por los demandantes, como consecuencia de la privación de la libertad que soportó el señor Orlando Trujillo Trujillo, la cual fue ordenada en la investigación penal que se adelantó en su contra por el delito de rebelión, y que culminó con resolución de preclusión de la instrucción, por falta de pruebas, dictada por la Fiscalía Veintiuno Especializada de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de Bogotá.
7.1. El daño
Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a la demandada.
En el caso concreto, el daño alegado es la privación de la libertad del señor Orlando Trujillo Trujillo sufrida en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra.
La Sala considera que no hay duda de la existencia del daño alegado, pues se encuentra acreditado que el señor Orlando Trujillo Trujillo fue procesado penalmente y privado de su libertad en establecimiento carcelario desde el 23 de mayo de 2008 hasta el 6 de noviembre de la misma anualidad, tal como se acreditó con las pruebas que fueron trasladadas del proceso penal remitido por la Fiscalía General de la Nación, a solicitud del Consejo de Estado, en las cuales consta lo siguiente:
• El día 23 de mayo de 2008, se resolvió la situación jurídica del señor Orlando Trujillo Trujillo y se profirió medida de aseguramiento consistente en detención preventiva (fl. 6 a 58, c. 3).
• La Fiscalía 251 contra el Terrorismo expidió la boleta de detención el 27 de mayo de 2008 dirigida al INPEC, en la que solicitó a esa autoridad mantener detenido al señor Orlando Trujillo Trujillo (fl. 4, c, 3).
-Mediante oficio de 23 de enero de 2012, el INPEC dio respuesta al oficio que le fue remitido, en relación con el tiempo de privación de la libertad del señor Orlando Trujillo Trujillo, en estos términos: “Una vez verificado nuestro aplicativo SISIPEC WEB, que registra información de todo el personal recluso en los establecimientos de este instituto desde el año 2007, se halló que el mismo ingresó al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Florencia Caquetá el día 1º de Julio de 2008, sindicado del delito de rebelión dentro del proceso 67.858, a cargo de la Fiscalía 21 Especializada de Bogotá; permaneció allí hasta el día 6 de noviembre del mismo año 2008 cuando se le expidió boleta de libertad inmediata por parte de la misma autoridad” (fl. 31 a 33, c. 2).
• La resolución de calificación del mérito del sumario, de 4 de noviembre de 2008, declaró la preclusión de la investigación, en favor del señor Orlando Trujillo Trujillo (fl. 59 a 172, c. 3)
• El 6 de noviembre de 2008, el Jefe de Unidad Especializada de Fiscalías de Florencia expidió orden de libertad en favor del señor Orlando Trujillo Trujillo (fl. 232, c. 3).
De lo anterior, se concluye que: (i) la detención del señor Orlando Trujillo Trujillo ocurrió, al menos, el día 23 de mayo de 2008, no hay documento soporte de otra fecha y, (ii) el señor Orlando Trujillo Trujillo fue dejado en libertad el 6 de noviembre de 2008, fecha en la cual el Jefe de Unidad Especializada de Fiscalías de Florencia expidió orden de libertad en favor del mismo (fl. 232, c. 3).
Por su parte, los demás demandantes acreditaron el vínculo que los unía al señor Orlando Trujillo Trujillo, así: los señores Alberto Trujillo Alzate y Leonor Trujillo, demostraron ser su padre y madre, respectivamente (fl.8, c. 2); Leidy Yurley Trujillo León, Faiver Alberto Trujillo León, Yohana Milena Trujillo León Yerli Yurani Trujillo León Keidy Yuliza Trujillo León, Juan Diego Trujillo León sus hijos (fl. 2, 4, 5, 7, 9 y 13 c. 2); Héctor Trujillo y Gilberto Trujillo Trujillo sus hermanos (fl. 3 y 5 c. 2); Mayra Valentina Vargas Trujillo, Alan Stiven Trujillo León y Kened Sneider Trujillo León sus nietos (fl. 10, 11 y 12 c. 2). La acreditaron de su vínculo de parentesco permite inferir su calidad de damnificados.
7.2. Imputación
Previo a decidir el fondo del asunto, la Sala considera pertinente precisar que las decisiones que se discuten en el presente litigio y que habrían ocasionado el daño por cuya indemnización se reclama, fueron proferidas por la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual una vez efectuado el recuento probatorio, se concretará si el aludido daño antijurídico reclamado se encuentra acreditado y, de estarlo, se establecerá si el mismo le resulta imputable a esa entidad, la cual fue debidamente notificada y representada.
Obran en el expediente copias de las decisiones judiciales adoptadas en el proceso penal adelantado en contra del señor Orlando Trujillo Trujillo, las cuales fueron aportadas por la Secretaría Administrativa (A) de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra el Terrorismo de Bogotá, las cuales resulta pertinente relacionar:
-Resolución de apertura de instrucción de fecha 25 de abril de 2008 (fl. 1 a 3, c. 3).
-Boleta de detención # 36 de 28 de mayo de 2008 (fl. 4, c. 3).
-Orden de captura (fl. 5, c. 3).
-Resolución de acusación con medida de aseguramiento de fecha 23 de mayo de 2008 (fl. 6 a 58, c. 3).
-Resolución de calificación del mérito del sumario de fecha 4 de noviembre de 2008 (fl. 59 a 230, c. 3), que expresa:
“En este orden de ideas tenemos que el único señalamiento que se hace a Orlando Trujillo, de ser de las milicias de las FARC, proviene de Wencer Cuesta Perea, quien de manera general dice que el procesado hace inteligencia al Ejército Nacional, pero no da detalle alguno de cómo se enteró de la militancia del sindicado en las FARC. Aún más en la diligencia de ampliación de testimonio rendido el 30 de septiembre en la unidad contra el terrorismo al ser preguntado si le constaba que el procesado fuera del partido comunista colombiano, contestó lacónicamente no haber escuchado ese nombre, por lo que las incriminaciones se tornan generales e imprecisas, quedando la duda si efectivamente esta persona es miliciano o no, máxime cuando otro es integrante (sic) de las FARC, como es Franco Edmundo Barreiro, al referirse a Orlando Trujillo, lo exalta como buen elemento y niega este metido en actividades de la guerrilla.
Así las cosas, compartiendo en parte los argumentos de la defensa este despacho judicial, precluirá la instrucción a favor de Orlando Trujillo (fl. 218, C. 3).
(…)
Resuelve.
(…)
Tercero: Precluir la instrucción a favor de -entre otros- Orlando Trujillo,...por el delito de rebelión según los hechos narrados en autos. En consecuencia se ordena revocar las medidas de aseguramiento a las personas a las que se le precluyó la instrucción y que se encuentran vigentes y se ordena su libertad inmediata (fl. 228-229, c. 3).
En el caso sub examine, de las pruebas aportadas al proceso se puede establecer:
i) Que, mediante providencia del 23 de mayo de 2008, la Unidad Nacional contra el Terrorismo Fiscalía 251 destacada ante el Ejército, decidió imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en contra del señor Orlando Trujillo Trujillo por el delito de rebelión.
ii) Que el 6 de noviembre de 2008, la Fiscalía Veintiuno Especializada de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, profirió a favor del señor Orlando Trujillo Trujillo, preclusión de la instrucción, por cuanto quedó “la duda si efectivamente esta persona es miliciano o no” y ordenó su libertad inmediata.
En definitiva, la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención preventiva del señor Orlando Trujillo Trujillo y otros, con base en: (i) Informe aportado por la policía Judicial del C.T.I. en el cual indica que con la información suministrada por el oficial de inteligencia de la Brigada Móvil 22 del Ejército, se realizaron entrevistas y verificaciones logrando identificar algunos milicianos del bloque sur de las FARC que opera en los corregimientos de Remolinos del Caguán, Remolinos, Suncilla, Monserrate, Camelias, del municipio de Cartagena del Chairá (ii) Los diferentes informes rendidos por los investigadores del C.T.I. basados en labores de investigación y recopilación de información y entrevistas donde señalaron que en aquella región operaba una red de milicias encargadas del apoyo logístico y de inteligencia de las FARC, y (iii) las declaraciones de algunos desplazados y reinsertados a la vida civil, quienes declararon sobre las actividades ejercidas dentro de dicha organización por el señor Orlando Trujillo Trujillo, como supuesto miembro activo y como posible autor del delito de rebelión.
En consecuencia, la Sala procede a verificar si dichos medios probatorios constituían indicios graves y ameritaban la adopción de la medida de aseguramiento de detención preventiva, conforme a lo requerido por el artículo 356 de la Ley 600 de 2000.
En línea con lo manifestado por la Corte Constitucional y lo previsto en el artículo 314 de la Ley 600 de 2000, la jurisprudencia reiterada de esta Corporación entiende que la información contenida en los informes de inteligencia puede servir como criterio orientador de las investigaciones, pero no pueden tener valor probatorio, “por tratarse de actuaciones extraprocesales, que no han sido controvertidas por las personas contra las cuales se les oponen en un proceso penal”. Por ende, dichos informes “pueden ser utilizados como guía o referente para buscar nuevas pruebas, o lograr su autorización, mas no como evidencia de la responsabilidad penal de la persona implicada por ellos, en ningún momento procesal, ni en la sentencia, ni en decisiones precedentes”.
En este orden de ideas, los informes de inteligencia referenciados, deben descartarse como indicios graves de responsabilidad en contra del señor Orlando Trujillo Trujillo, como autor del delito de rebelión y, en consecuencia, como fundamento de la detención preventiva ordenada en su contra.
Los únicos medios probatorios que fundamentaron la medida de aseguramiento adoptada fueron las declaraciones rendidas por Wencer Cuesta Perea y Hugo Camelo quienes narraron las actividades desarrolladas y aseguraron que el señor Orlando Trujillo Trujillo, pertenecía a las FARC. El primero de los testigos manifestó que su labor era hacer inteligencia al Ejército al punto de custodiar material bélico en su lugar de residencia; el segundo, expresó que Orlando Trujillo Trujillo hacía parte del Partido Comunista Clandestino. Que su labor más importante era la de reclutar personas para la guerrilla.
Precisa la Sala que dichas declaraciones fueron el fundamento de la detención preventiva del señor Orlando Trujillo Trujillo, como lo advirtió la Fiscalía en la providencia del 23 de mayo de 2008 que impuso la medida de aseguramiento (fls. 6 a 58 c. 3), pero en la resolución del 6 de noviembre de 2008, que precluyó en favor del sindicado (fls. 359 a 230 c.3), concluyó que el “único señalamiento que se hace a Orlando Trujillo, de ser miliciano de las FARC, proviene de Wencer Cuesta Perea, quien de manera general dice que el procesado hace inteligencia al ejército nacional, pero no da detalle alguno de cómo se enteró de la militancia del sindicado en las FARC. Aún más en la diligencia de ampliación de testimonio rendido el 30 de septiembre en la unidad contra el terrorismo al ser preguntado si le constaba que el procesado fuera del partido comunista colombiano, contestó lacónicamente no haber escuchado ese nombre, por lo que las incriminaciones se tornan generales e imprecisas, quedando la duda si efectivamente esta persona es miliciano o no, máxime cuando otro es integrante (sic) de las FARC, como es Franco Edmundo Barreiro, al referirse a Orlando Trujillo, lo exalta como buen elemento y niega este metido en actividades de la guerrilla (fl. 218, c. 3).
Así entonces, esas declaraciones de testigos, que incluso no aparecen en ninguna de las piezas que reposan en el expediente -únicamente son relacionadas en las resoluciones proferidas por la fiscalía- fueron desvirtuadas por ese testigo que gozaba de mayor credibilidad. En efecto, Franco Edmundo Barreiro, al referirse al señor Orlando Trujillo Trujillo lo exaltó como buen elemento y negó que estuviera involucrado en actividades de la guerrilla, conforme se aprecia en su declaración, que obra a folio 218 del cuaderno 3.
La declaración de Franco Edmundo Barrera produjo tal fuerza de convicción en la fiscalía que le restó credibilidad a lo afirmado en forma lacónica por Wencer Cuesta Perea, quien se limitó a hacer una imputación genérica. Al ser desvirtuada esta declaración no existía mérito para considerar que el señor Trujillo Trujillo hubiera pertenecido a las FARC, y, al no contarse con pruebas que permitieran fundamentar la detención preventiva del demandante, se configuró una falla en el servicio en el caso concreto.
A una conclusión análoga llegó esta Corporación en la sentencia de 2 de mayo de 2017, en la cual se decidieron las pretensiones reparatorias de quienes habían sido capturados y sometidos a detención preventiva, como presuntos autores del delito de rebelión, con base en el testimonio de un reinsertado de las FARC e informes de inteligencia militar que relataban su presunta colaboración con el grupo subversivo. Teniendo en cuenta que los informes de inteligencia no son un medio de convicción válido y que, en consecuencia, el material probatorio era insuficiente, la Sala concluyó que la autoridad judicial había inobservado los requisitos establecidos en la normativa procesal, por lo que se acreditaba una falla del servicio.
Así, al no contar la Fiscalía General de la Nación con dos indicios graves de la responsabilidad del señor Orlando Trujillo Trujillo como autor del delito de rebelión al momento de ordenar su detención preventiva, se configura en el sub júdice una falla del servicio.
Bajo las circunstancias anteriores, resulta desde todo punto de vista desproporcionado pretender que se le pueda exigir al señor Orlando Trujillo Trujillo que asuma de manera impasible y como si se tratara de una carga pública, que todos los asociados debieran asumir en condiciones de igualdad, una privación de sus derechos a la libertad durante cinco meses y quince días, en aras de salvaguardar la eficacia de las decisiones del Estado.
Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir el señor Orlando Trujillo Trujillo no estaba en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que, por tanto, debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación para la Administración de resarcirle los perjuicios que dicha medida le causó.
Observa el despacho que el ente acusador no cumplió sus deberes funcionales en el ejercicio de la acción penal, en la medida que no examinó con suficiente cuidado las pruebas que reposaban en el expediente, debiendo ahondar en ello para establecer la relación del señor Orlando Trujillo Trujillo con el grupo FARC que se le endilgó.
Adicionalmente, no es posible concluir que se configuró la culpa exclusiva de la víctima directa del daño, pues la medida de aseguramiento impuesta a él no tuvo como fundamento conductas gravemente culposas o dolosas, que hubiesen llevado al ente acusador a considerar como necesaria la adopción de decisiones con la suficiencia de restringir su derecho a la libertad.
Tampoco se cuenta con elementos de juicio para establecer que el daño causado a los demandantes provenga de manera exclusiva y determinante de la conducta de un tercero, en este caso, de las personas que, en su momento, implicaron al hoy demandante con la participación e integración de grupos subversivos.
Las declaraciones de las personas en el proceso penal no desviaron el curso de la investigación ni manipularon la misma con la finalidad de afectar al señor Orlando Trujillo Trujillo, por tanto, no revisten las características de una causa extraña en el caso bajo estudio.
En consecuencia, no es posible considerar que el señor Orlando Trujillo Trujillo hubiera estado en la obligación de soportar las consecuencias de la medida cautelar restrictiva de su libertad, en los términos en que en ese entonces le impuso la Fiscalía General de la Nación.
Con fundamento en los argumentos expuestos, la Sala revocará la sentencia apelada, esto es la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 10 de octubre de 2012, que negó las pretensiones de la demanda que se había interpuesto contra la Nación- Fiscalía General de la Nación por los hechos materia de este asunto. En consecuencia, se estudiará la pretensión indemnizatoria de la demanda.
8.- Indemnización de perjuicios
8.1.- Perjuicios morales
Aplicando el criterio sostenido de manera reiterada por la Sala, con base en las máximas de la experiencia y en las pruebas recaudadas, puede inferirse que el señor Orlando Trujillo Trujillo- y sus familiares más cercanos- padeció el perjuicio moral por cuya reparación demandó, comoquiera que es propio de la naturaleza humana que toda persona privada injustamente de la libertad, experimente un profundo sufrimiento de angustia, temor, impotencia e inseguridad por causa de dicha situación.
Frente a la acreditación de dicho perjuicio, la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que únicamente basta con la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir la afectación moral de la víctima, del cónyuge y de los parientes más cercanos, según corresponda; asimismo, respecto del quantum indemnizatorio, se ha establecido que el juez, según su prudente juicio, analizará las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo acudir como guía de la tasación del mismo a los criterios de unificación contenidos en la sentencia del 28 de agosto de 2014, los cuales, se resumen en los términos del cuadro que se incorpora a continuación:
En el caso que nos ocupa, la Sala encuentra que los señores Orlando Trujillo Trujillo, Leidy Yurley Trujillo León, Keidy Yuliza Trujillo León, Yerli Yurany Trujillo León, Faiver Alberto Trujillo León, Yohana Milena Trujillo León, Alan Stiven Trujillo León y Kened Sneider Trujillo León acreditaron la calidad con la que afirmaron acudir al proceso –víctima directa, padres, hijos, hermanos y nietos (fl. 2 a 13, c. 2), razón por la cual se infiere que a ellas se les causó una afectación moral, susceptible de ser indemnizada.
Así pues, atendiendo al período de privación de la libertad que soportó el señor Orlando Trujillo Trujillo, esto es, 5 meses y 15 días, se tiene que el monto a reconocer acorde con los parámetros contenidos en la mencionada sentencia de unificación, son: Orlando Trujillo Trujillo, el equivalente a 50 SMLMV; Leidy Yurley Trujillo León (hija) el equivalente a 50 SMLMV; Faiver Alberto Trujillo León (hijo), el equivalente a 50 SMLMV; Yohana Milena Trujillo León (hija) el equivalente a 50 SMLMV; Yerli Yurani Trujillo León (hija) el equivalente a 50 SMLMV; Keidy Yuliza Trujillo León (hija) el equivalente a 50 SMLMV; Alan Stiven Trujillo León (nieto) el equivalente a 25 SMLMV y Kened Sneider Trujillo León (nieto) el equivalente a 25 SMLMV.
8.2. Perjuicios materiales
Revisado el expediente, la Sala evidencia que no se encuentra prueba documental, testimonial o de cualquiera otra índole que acredite el perjuicio material solicitado en las pretensiones de la demanda. Sin embargo, el Consejo de Estado ha señalado que cuando se trate de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante reclamados por daños ocasionados a personas recluidas en centros carcelarios o penitenciarios, y no se encuentre acreditado el monto dejado de percibir durante el lapso que estuvo privado de la libertad, se colige que la persona se encontraba en edad productiva y se dedicaba a una actividad lícita, por lo que se presume que devengaba al menos el salario mínimo legal mensual, el cual debe reconocerse por el lapso en que estuvo privado de la libertad.
Conforme hasta lo ahora expuesto, al tenerse certeza de la duración de la investigación penal seguida contra Orlando Trujillo Trujillo desde la fecha de la resolución de acusación con medida de aseguramiento, hasta la de preclusión y aquella en la que fue puesto en libertad, lo que permite inferir la existencia de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante solicitados, se proferirá condena por cinco (5) meses y quince (15) días tiempo durante el cual permaneció recluido el demandante en un centro carcelario.
No obstante, advierte la Sala que no resulta procedente aumentar el salario mínimo en un 25% por razón de lo dejado de percibir por concepto de prestaciones sociales ni el 8,75 correspondientes plazo que, según el Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, es el que requiere una persona económicamente activa para conseguir trabajo o acondicionarse en una actividad laboral, en la medida en que el actor, si bien dijo que para la época en que fue privado de la libertad se encontraba en edad productiva y manifestó en la demanda que trabajaba como matarife y comprador de ganado, no acreditó la condición de trabajador dependiente, solo dijo que devenga la suma de $800.000 (fl. 7, c.1).
En cuanto al período a reconocer por dicho concepto, este será el comprendido entre el 23 de mayo de 2008 hasta el 6 de noviembre de 2008, período que estuvo dentro del establecimiento de reclusión, tal como se encontró en el proceso penal remitido por la Fiscalía General de la Nación a solicitud del Consejo de Estado (fls. 1 a 233, c. 3).
En ese sentido, a efectos de calcular la indemnización con fundamento únicamente en el salario mínimo (a la fecha de la sentencia), así, procede hacer la siguiente liquidación:
Tiempo de privación efectiva de la libertad: 5 meses y 15 días
Salario mínimo para el año 2019: $828.116.00 (Fecha de la sentencia)
En las condiciones analizadas, la indemnización por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, se calculará de conformidad con las anteriores precisiones y con aplicación de la siguiente fórmula:
S = Ra x (1+ i)n - 1
i
En donde:
S = Es la indemnización a obtener.
Ra = $828.116
N = Número de meses que comprende el período indemnizable (5,50).
I = Interés puro o técnico: 0.004867
Entonces:
S = $828.116 (1+ 0.004867)5,50 - 1
0.004867
S = $4.604.799
Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación pagará por concepto de lucro cesante la suma de cuatro millones seiscientos cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos ($4.604.799) al señor Orlando Trujillo Trujillo.
8.3.-Daño a la vida de relación
En cuanto perjuicio a la vida en relación supuestamente soportado por el privado de la libertad, no serán reconocidos, dado que esta Corporación en providencias de unificación proferidas en agosto de 2014 resaltó que dicha tipología dogmática de perjuicio se encuentra subsumida en el daño a la salud o en el de afectación a bienes constitucional y convencionalmente protegidos, según la situación fáctica concreta. Al respecto señaló la Sala Plena de esta Sección:
A propósito del perjuicio fisiológico solicitado por la parte actora, se recuerda que, desde las sentencias de la Sala Plena de la Sección Tercera de 14 de septiembre de 2011, exp. 19031 y 38222, C.P. Enrique Gil Botero, se adoptó el criterio según el cual, cuando se demanda la indemnización de daños inmateriales provenientes de la lesión a la integridad psicofísica de una persona, ya no es procedente referirse al perjuicio fisiológico o al daño a la vida de relación o incluso a las alteraciones graves de las condiciones de existencia, sino que es pertinente hacer referencia a una nueva tipología de perjuicio, denominada daño a la salud.
Respecto a este último es importante señalar que su consagración tuvo por objeto dejar de lado la línea jurisprudencial que sobre este punto se había trazado y que consistía en indemnizar, por una parte, el daño corporal sufrido y, por otra, las consecuencias que el mismo producía tanto a nivel interno (alteración a las condiciones de existencia), como externo o relacional (daño a la vida de relación). Lo anterior en la perspectiva de “delimitar un daño común (lesión a la integridad corporal) que pudiera ser tasado, en mayor o menor medida, a partir de parámetros objetivos y equitativos, con apego irrestricto a los principios constitucionales de dignidad humana e igualdad”. En esta medida el daño a la salud “siempre está referido a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto, y está encaminado a cubrir no sólo la modificación de la unidad corporal, sino las consecuencias que las mismas generan”, lo cual implica que no puede desagregarse en otros conceptos.
A partir de lo anterior, la Subsección resalta que la parte demandante no allegó al proceso prueba para acreditar la generación de problemas en sus relaciones sociales, laborales y familiares.
9. Condena en costas
En vista de que en este caso no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 10 de octubre de 2012.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, declarar patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados al señor Orlando Trujillo Trujillo, señalados en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En consecuencia, condenar a la Fiscalía General de la Nación, a pagar las siguientes sumas de dinero:
3.1. Por lucro cesante para el señor Orlando Trujillo Trujillo, la suma de cuatro millones seiscientos cuatro mil setecientos noventa y nueve pesos ($4.604.799).
3.2. Por daño moral
3.2.1.- A favor del señor Orlando Trujillo Trujillo, la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.
3.2.2.- Leidy Yurley Trujillo León (hija), la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.
3.2.3.- Faiver Alberto Trujillo León (hijo), la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.
3.2.4.- Yohana Milena Trujillo León (hija), la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.
3.2.5.- A Yerli Yurani Trujillo León (hija), la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.
3.2.6.- A Keidy Yuliza Trujillo León (hija), la suma equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.
3.2.7.- A Alan Stiven Trujillo León (nieto), la suma equivalente en pesos a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.
3.2.8.- A Kened Sneider Trujillo León (nieto), la suma equivalente en pesos a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia.
CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: CÚMPLASE lo dispuesto en esta providencia, en los términos establecidos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
SEXTO: Sin condena en costas.
SÉPTIMO: Expídanse a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
“Artículo 2. “(…)” Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares…”.
“Artículo 21. Se garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección.
“Articulo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste…”.
“De conformidad con el principio iura novit curia y reiterada jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no es imprescindible emitir concepto sobre la incidencia de las normas transcritas”.
Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404.
Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404.
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 15 de agosto de 2018, expediente 46.947, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
“La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.
Consideración que resulta congruente con la parte resolutiva del mismo fallo:
PRIMERO: MODIFÍCASE LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA en relación con los casos en que la litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa de ello, y UNIFÍCANSE criterios en el sentido de que, en lo sucesivo, en esos casos, el juez deberá verificar:
Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas.
Ibidem. Acápite 117 y 118.
Ibidem. Acápite 117 y 118.
Ibidem. Acápite 117 y 118.
Ibidem, Acápite 124
Ibidem, Acápites 67 a 69.
Ibidem. Acápites 69 y 70.
19 Artículos 4 del Decreto Ley 2700 de 1991, 3 de la Ley 600 de 200 y 2 de la Ley 906 de 2004.
20 Ibidem. Acápite 70. Sentencia C-106 de 1994.
Ibidem. Acápite 71. Sentencia C-106 de 1994.
Ibidem. Acápite 101.
Ibidem. Acápite 102.
Ibidem. Acápite 102.
La Corte hace referencia al Decreto Ley 2700 de 1991, artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000 y 308 de la Ley 908 de 2004
Ibidem. Acápite 103.
Ibidem. Acápite 104.
Más adelante señala:
112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento…
Ibidem. Acápite 104.
Ibidem. Acápite 104.
Ibidem. Acápite 105.
Ibidem. Acápite 106.
Ibidem. Acápite 106.
Poderes-Registros Civiles de Nacimiento-Prov. del 23 de mayo de 2008-Resolución de 4 nov. 2008.
Sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 25022, Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero.
Y no desde el 11 de mayo de 2008 hasta, fecha establecida por el señor Orlando Trujillo Trujillo en la demanda.
37 Folios 26-38, cuaderno 1
“El art. 50 incorpora un inciso final al art. 313 del C.P.P., en el sentido de señalar que en ningún caso los informes de la Policía Judicial y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso. || La mencionada disposición se ajusta plenamente a la Constitución, en la medida en que no le asigna valor probatorio a los mencionados informes y versiones, por tratarse de actuaciones extraprocesales no controvertidas por las personas a las cuales se podían oponer dentro del proceso”. Corte Constitucional. Sentencia C-392 de 2000.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 24 de octubre de 2013, exp. 25822.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 27 de junio de 2017, exp. 39127.
Como se evidencia en la resolución del 23 de mayo de 2008 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo fiscalía 251 destacada ante el Ejército que resolvió imponer medida de aseguramiento en contra del demandante.
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 2 de mayo de 2017, exp. 40772.
En ese sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 3 de agosto de 2017, radicado 51017.
Y no desde el 11 de mayo de 2008, fecha establecida por el señor Orlando Trujillo Trujillo en la demanda.
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 31170, C.P. Enrique Gil Botero; Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 28832, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 28832, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
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