Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00145-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00145-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-00145-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 15 de julio de 2026
Radicado: 25000-23-26-000-2011-00145-01(70.562)
Demandante: Municipio de Villavicencio
Demandados: Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y otra
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: reparación directa - falla del servicio - fuente del daño - omisión administrativa - carga de la
prueba - acreditación de daño - fiducia mercantil - trasferencia de recursos públicos - origen de los
recursos trasferidos - deberes de las fiduciarias - acreditación del nexo causal - responsabilidad por
omisión administrativa - teoría de la causalidad adecuada - causa eficiente y adecuada del daño -
concurrencia de causas - indexación de la indemnización de perjuicios
Síntesis del caso: el municipio demandante pretende que se declare la responsabilidad extracontractual
de las demandadas por la omisión de sus deberes legales, lo cual produjo, a su juicio, la pérdida de
recursos dinerarios, en el marco de unos negocios fiduciarios.
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por el municipio de Villavicencio
y por la Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (Fiduagraria S.A.) en contra de la
Sentencia de 1 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda1.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada – 1.3. Sentencia
recurrida – 1.4. Recursos de apelación - 1.5. Trámite relevante en segunda instancia.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 24 de febrero de 2011, el municipio de Villavicencio (en adelante, el municipio)
presentó demanda2, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. (en adelante, Fiduagraria) y de la
Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante, la Superintendencia) con el
objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas3 (se trascribe):
“PRIMERA: Que se declare responsable a [las demandadas] de todos los actos y hechos,
desplegados por las mismas, que dieron lugar a la pérdida de MIL MILLONES DE PESOS
($1.000.000.000.00) de propiedad del Municipio de Villavicencio con motivo de la
celebración, y ejecución, de la oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con
pacto de readquisición "FIDEICOMISO CONSORCIO CARBONERO" No. 80, entre la
sociedad D & PE S.A. y el tesorero general del Municipio de Villavicencio, AGUSTIN HORTUA
RODRIGUEZ, de fecha 12 de diciembre de 200[7]; y de la celebración del contrato de
Fiducia Mercantil irrevocable de administración y fuente de pago suscrito entre la
1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas
por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del Código Contencioso
Administrativo (CCA).
2 Folios 8 a 20, Cuaderno 1.
3 Las pretensiones primera y segunda fueron objeto de modificación en la subsanación de la demanda (Folios 147 y 148, Cuaderno
1), producto de su inadmisión (Folio 146, Cuaderno 1).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00145-01(70.562)
Demandante: Municipio de Villavicencio
Demandado: Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y otra
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. y la sociedad D
& PE S.A., el día 26 de mayo de 2006.
SEGUNDA: Que se condene a los demandados al pago de la indemnización integral de
perjuicios causados, con sus actos y hechos, al MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO con la
pérdida de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000.00) de propiedad del Municipio, con
motivo de la celebración, y ejecución, de la oferta comercial de cesión de derechos de
beneficio con pacto de readquisición "FIDEICOMISO CONSORCIO CARBONERO. 80, entre
la sociedad D&PE S.A. y el tesorero general del Municipio de Villavicencio, AGUSTIN
HORTUA RODRIGUEZ, de fecha 12 de diciembre de 200[7]; y de la celebración del
contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de administración y fuente de pago suscrito
entre la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. - FIDUAGRARIA S.A. y la
sociedad D & PE S.A., el día 26 de mayo de 2006. Perjuicios que equivalen al capital
perdido debidamente actualizado, más los intereses moratorios causados desde el
desembolso que hizo el Municipio de Villavicencio hasta la fecha en que efectivamente
se realice el pago.
TERCERA: Que se ordene a las demandadas al reajuste de las condenas económicas en
los términos del artículo 178 del C.C.A
CUARTA: Que se reconozca y pague intereses moratorios sobre los valores condenados,
a partir de la ejecutoria de la sentencia.
QUINTA: Que se condene a los demandados al pago de costas procesales.”
2. La parte actora fundamentó sus pretensiones, en síntesis, en las siguientes
afirmaciones y hechos:
3. 1) El 24 de mayo de 2005, el tesorero del municipio consignó a Fidusuperior, a nombre
del fideicomiso Cerrol - Fidusuperior, $1.000.000.000 de pesos colombianos,
provenientes del Sistema General de Regalías (en adelante, SGR).
4. 2) El 26 de mayo de 2006, la sociedad D&PE S.A. y Fiduagraria celebraron un “(…)
contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pago, cuyo
objeto fue servir de fuente de pago de las obligaciones que adquiriera el
fideicomitente [D&PE S.A.] con los inversionistas [dentro de los que estaba el municipio],
por concepto de ofertas de cesión de derechos de beneficio con pacto de
readquisición, para lo cual el fideicomitente transfirió los bienes descritos en la cláusula
cuarta del contrato4 (…)”.
5. 3) El 12 de diciembre de 2007, el tesorero del municipio celebró una oferta comercial
de cesión de derechos de beneficio, con pacto de readquisición (Fideicomiso
Consorcio Carbonero No. 80), con la sociedad D&PE S.A., cuyo objeto era que “EL
OFERENTE ofrece ceder a favor del INVERSIONISTA BENEFICIARIO, los DERECHOS DE
BENEFICIO que éste tiene en el FIDEICOMISO cuyos activos están representados en
derechos económicos derivados de los contratos de suministro de carbón celebrados
con PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. y CARMINNALES S.A., hasta por el valor
señalado en el numeral 4) de este documento. Así mismo, EL OFERENTE ofrece
readquirir los DERECHOS DE BENEFICIO cedidos, en la fecha prevista en el numeral 4)
del presente documento, en los términos y condiciones que más adelante se
describen”.
6. 4) Previo a lo anterior, el 21 de diciembre de 2006, Fiduagraria había celebrado con
D&PE S.A. el otrosí No. 1 al contrato de Fiducia Mercantil irrevocable de Administración
y fuente de pago, celebrado el 26 de mayo de 2006, en la que se incluyó como “(…)
beneficiarios del fideicomiso a las personas con las que el Beneficiario celebró ofertas
4 En la demanda se alegó que dichos bienes eran: “(…) 1). derechos económicos cedidos irrevocablemente por el Fideicomitente
al patrimonio autónomo, correspondientes a la totalidad de los ingresos provenientes de los contratos de comercialización,
transporte y venta de carbón, celebrados por el Fideicomitente con C.I PRODECO PRODUCTOS DE COLOMBIA S.A. Y CARBONES
Y MINERALES S.A. (CARMINALES S.A.); -2.). Maquinaria, 3). Recursos entregados por los inversionistas y rendimientos financieros. 4)
Los rendimientos financieros que generen los demás bienes fideicomitidos.”
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Demandante: Municipio de Villavicencio
Demandado: Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y otra
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia
de cesión con pacto de readquisición en desarrollo del fideicomiso Cerrol -
Fidusuperior”. Producto de lo anterior, el 12 de diciembre de 2007, fecha de
celebración de la oferta comercial de cesión (Fideicomiso Consorcio Carbonero No.
80) los $1.000.000.000 del municipio fueron trasferidos al Fideicomiso Consorcio
Carbonero, administrado por Fiduagraria.
7. 5) Según el numeral 4 de la oferta comercial de cesión de derechos de beneficio, el
29 de diciembre de 2008 D&PE S.A. (oferente) debía readquirir los derechos de
beneficio cedidos al inversionista beneficiario (el municipio), por un total de
$1.044.530.616, producto de lo cual la Fiducia debía pagar al municipio “(…) con cargo
a los recursos del fideicomiso, si los hubiere, el precio de readquisición, contra entrega
de los certificados de derecho de beneficio a la Fiduciaria”. Adicionalmente, el
oferente debía pagar al inversionista, el 27 de junio de 2008, $44.030.651 por concepto
de intereses.
8. 6) Según el numeral 4.1) de la oferta comercial de cesión de derechos “(…) si 10 días
antes de la fecha en que debía cumplirse la readquisición de los derechos de
beneficio, es decir, el 29 de diciembre de 2008, no existieren en el fideicomiso los
recursos necesarios para pagarle al inversionista beneficiario - Municipio de
Villavicencio, la Fiduciaria debía requerir al Oferente para que los situara en el
Fideicomiso, lo cual debía hacerlo dentro de los 5 días calendario siguientes al
requerimiento, de no hacerlo, la propiedad de los derechos de beneficio quedaría en
cabeza del inversionista beneficiario.” No obstante, el municipio no ha recibido ni la
devolución de los $1.000.000.000, ni el precio de readquisición de derechos.
9. Las acciones y omisiones que se le endilgan a las demandadas fueron: 1) la oferta
comercial de derechos de beneficio con pacto de readquisición, de 12 de diciembre
de 2007, estaba viciada de nulidad absoluta porque fue celebrada por el tesorero del
municipio, sin competencia alguna de representación de la entidad territorial; 2) el
contrato de fiducia celebrado entre Fiduagraria y D&PE S.A. tenía como objeto que
este último, de naturaleza privada, celebrara ofertas de cesión de derechos de
beneficio con pacto de readquisición sobre el mismo contrato fiduciario; 3) Fiduagraria
omitió los deberes contenidos en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 1234 del Código de
Comercio, pues no realizó diligentemente los actos necesarios para la consecución de
la finalidad de la fiducia, no protegió los bienes fideicomitidos; 4) Fiduagraria debió
negarse a recibir los recursos porque fueron entregados, ilegalmente, por el tesorero
municipal; 5) Fiduagraria, al disponer los recursos del municipio en un patrimonio
autónomo, desconoció lo previsto en el numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
pues la fiducia pública no puede implicar la trasferencia de dominio sobre bienes
estatales; 5) la Superintendencia omitió sus deberes de control y vigilancia de
Fiduagraria.
1.2. Posición de la parte demandada5
5 La Sentencia de primera instancia declaró la responsabilidad de Fiduagraria y la condenó a indemnizar el 50% de los daños y
perjuicios causados al municipio, porque consideró que este último concurrió en el 50% de la producción del daño que reclamaba.
El Tribunal negó la declaratoria de responsabilidad de la Superintendencia porque, según las pruebas obrantes, concluyó que
había satisfecho sus deberes normativos pues producto de una investigación por un negocio similar, pero del Departamento de
Casanare, requirió a Fiduagraria “(…) para que remitiera la información relacionada con estos negocios fiduciarios que
concernían a varios entes territoriales -entre ellos el municipio de Villavicencio- pero que, a pesar del requerimiento, “la Fiduciaria
no remitió documento alguno (…)”. Por lo tanto, el Tribunal concluyó que cumplió con sus deberes constitucionales y legales
respecto a la vigilancia, control e inspección respecto a Fiduagraria. La anterior decisión que no fue objeto de las apelaciones y,
por lo tanto, a efectos de la sentencia de segunda instancia, su contestación no es relevante.
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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00145-01(70.562)
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10. Fiduagraria contestó la demanda6 y se opuso a las pretensiones “(…) por no ser
ciertos los fundamentos de derecho y los sustanciales de hecho en que se
sustenta[ban]”. Alegó que “(…) dado que el Fideicomiso Consorcio Carbonero tenía
la vocación de absorber los bienes del fideicomiso Cerrol – Superior, D&PE solicitó a
Fiduagraria registrar en el Fideicomiso Consorcio Carbonero a quienes eran
inversionistas beneficiarios en el Fideicomiso Cerrol – Fidusuperior, entre ellos el
municipio de Villavicencio (…). Por lo tanto, aseveró que ni la oferta comercial No. 80,
ni su aceptación, ni el otrosí No. 1 al contrato de fiducia mercantil implicaron
trasferencia al Fideicomiso Consorcio Carbonero de los $1.000.000.000, pues esos
negocios jurídicos sólo implicaron el “(…) reconocimiento como inversionistas
beneficiarios de quienes ya lo eran en el Fideicomiso Cerrol – Fudisuperior, entre ellos,
el Municipio”. Además, tal como se afirmó en la demanda, los recursos fueron
entregados el 24 de mayo de 2005 a Fidusuperior y, de ese modo, “(…) mal se puede
decir que [Fiduagraria] dispuso de ellos”, pues en el contrato de fiducia mercantil “(…)
no es Fiduagraria S.A. quien dispone (trasfiere) los bienes fideicomitidos a la integración
del patrimonio autónomo”.
11. Con base en lo anterior, alegó que Fiduagraria satisfizo las finalidades del
fideicomiso y que, en consecuencia, no causó los daños alegados. Afirmó que, en todo
caso, “(…) i) la efectividad de la fuente de pago depende de la disponibilidad de
recursos en el fideicomiso; ii) los bienes y haberes del Fideicomiso Consorcio Carbonero
fueron embargados, primero, por orden de la Contraloría General de la República (…)
en el proceso de responsabilidad fiscal No. 195 y, posteriormente, embargados por
orden de la Superintendencia de Sociedades, mediante auto No. 400-015081 de 9 de
septiembre de 2011”. Por último, alegó que los numerales 1, 4 y 5 del artículo 1234 del
Código de Comercio establecen obligaciones contractuales, para cuya efectividad
no es viable la acción de reparación directa.
12. Propuso como excepciones: 1) la caducidad de la acción, más cuando en la
demanda no se precisó “(…) de manera cierta cuál fue el hecho generador del daño
al municipio”, debiéndose computar desde la fecha en que éste dispuso de los
recursos, es decir, desde el 24 de mayo de 2005. 2) La “falta de legitimación por
pasiva”, porque Fiduagraria no fue parte del contrato de cesión de derechos de
beneficio con pacto de readquisición, pues ella se perfeccionó entre el municipio y
D&PE, además, en el contrato de fiducia mercantil, celebrado con Fiduagraria, “(...) al
Municipio solo le asistía como beneficiario, el derecho de servirse de los recursos del
patrimonio siempre que el Fideicomitente fuera requerido y no cumpliera, es decir,
ante la falta de pago del Fideicomitente los bienes del Fideicomiso Consorcio
Carbonero debían servir de fuente de pago. El mismo derecho tenía en el Fideicomiso
Cerrol – Fuduprevisor, del cual D&PE le cedió los derechos de beneficio con pacto de
readquisición el día 24 de mayo de 2005”. 3) La ineptitud de la demanda porque si
“(…) la causa de la acción impetrada e[ra] la entrega de recursos a D&PE y el
incumplimiento de la obligación de recompra derivada del contrato de cesión de
derechos de beneficio, incluido el debate sobre la capacidad legal del tesorero para
contratar (…) la acción procedente es la contractual (…)”. 4) “Los bienes
fideicomitidos no son dineros públicos” porque “(…) cuando se transfiere el dominio de
dichos recursos a un particular, los mismos pierden su connotación de públicos”. 5) La
ausencia de nexo causal, porque ninguna acción u omisión de Fiduagraria fue la
causa del daño alegado. 6) La “diligencia de Fiduagraria” porque, en cumplimiento
6 Folios 199 a 237, Cuaderno 1.
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de sus deberes, no puede reprocharse al mismo tiempo (…) no haber sido diligente en
el cumplimiento de la finalidad del Fideicomiso y (…) haber recibido el aporte del
Fideicomitente. Sin el aporte no se habría constituido el patrimonio autónomo (…)”. 7)
El “daño incierto no es indemnizable”. Y, 8) la que denominó “genérica”.
1.3. Sentencia recurrida
13. El 1 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Tercera, Subsección C profirió sentencia de primera instancia7, en la que (se trascribe):
“PRIMERO: DECLARAR administrativa y extracontractualmente responsable a
FIDUAGRARIA S.A., por la falla en el servicio que conllevó a los daños causados al
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, de acuerdo [con] lo expuesto en la parte motiva
de la presente providencia. Sin embargo, se declarará la concurrencia de culpas
con la entidad territorial demandante MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO quien con su
actuación y/u omisión dio lugar a la producción del daño cuya reparación
reclama, en un porcentaje del 50%.
SEGUNDO: En consecuencia, CONDENAR a FIDUAGRARIA S.A., a pagar a
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, la suma de NOVECIENTOS DOS MILLONES,
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, CON
VEINTISIETE CENTAVOS ($902.793.696.27) m/cte., por concepto de daño material
en la modalidad de daño emergente, de acuerdo a lo expuesto en la parte
considerativa de este fallo, monto equivalente al 50% del total indemnizable, una
vez descontado el 50% que corresponde asumir a la demandante por
concurrencia de culpas.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Para el cumplimiento de lo ordenado en el numeral anterior, se dará
aplicación a lo dispuesto en los artículos 177 del C.C.A.
QUINTO: SIN condena en costas (expensas y gastos del proceso) en esta instancia.
SEXTO: En caso de remanentes, por Secretaría, devuélvanse a la parte
demandante y posteriormente archívese el expediente.”
14. El Tribunal, luego de encontrar configurados los presupuestos procesales, indicó
que el problema jurídico era determinar si “(…) se en[contraba] demostrado que el
daño antijurídico señalado por los demandantes, consistente en la pérdida de mil
millones de pesos $1.000.000.000 de propiedad del Municipio de Villavicencio, es
atribuible a Fiduagraria S.A., teniendo en cuenta que habría dejado de cumplir con los
deberes de debida diligencia y cuidado en el manejo de dineros públicos depositados
en la Fiducia Mercantil irrevocable de administración y fuente de pago suscrito entre
dicha Sociedad Fiduciaria y la sociedad D & PE S.A., el día 26 de mayo de 2006. (…)”.
15. Consideró, según las pruebas obrantes, que “(…) se demostró falla en el servicio
atribuible a Fiduagraria S.A., quien no cumplió con sus deberes de tener la debida
diligencia y cuidado en el manejo de dineros públicos, lo que provocó la pérdida de
los mil millones de pesos ($1.000.000.000,oo) de propiedad del Municipio de
Villavicencio, al celebrar la Oferta Comercial de cesión de derechos de beneficio con
pacto de readquisición “FIDEICOMISO CONSORCIO CARBONERO” No. 80, con la
sociedad D & PE S.A., marco dentro del cual se celebró la Fiducia Mercantil irrevocable
de administración y fuente de pago entre dicha sociedad y la Fiduciaria S.A. y en razón
de la cual recibió la suma de dinero girada por el Municipio demandante. (…)”. Lo
anterior se respaldaba, además, porque la Superintendencia, mediante Resolución
1982 de 4 de diciembre de 2008, le impuso a Fiduagraria una sanción por incumplir,
entre otras normas, el numeral 1 del artículo 1234 del Código de Comercio, decisión
confirmada en Resolución 838 de 2010, al considerar que “(…) es claro que la fiduciaria
permitió que entidades públicas participarán o se vincularan a contratos de fiducia
7 Expediente Digital del Tribunal, Índice 195, Samai.
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Demandado: Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y otra
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia
mercantil en calidad de “inversionistas beneficiarios”, sin el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias o en
la normatividad que prevé las inversiones admisibles para este tipo de entidades según
las fuentes y uso de los recursos públicos”.
16. Consideró que, para solucionar la controversia, debía observarse el precedente
vertical contenido en la sentencia con expediente interno 55.643, de 28 de febrero de
20208, por ser hechos y pretensiones asimilables. Con base en ello, y según las pruebas
obrantes, consideró que Fiduagraria no cumplió “(…) siquiera medianamente (…)” con
las obligaciones contenidas en el numeral 1 del artículo 1234 del Código de Comercio,
el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1049 de 2006 y el numeral 5 del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993, pues “(…) no efectuó las verificaciones del caso para evitar que el
negocio fiduciario fuera empleado como mecanismo para la inversión de recursos por
parte del inversionista beneficiario (Municipio de Villavicencio), sin que este tuviera la
vocación necesaria o habilitación legal para el cumplimiento de dicha finalidad, en el
entendido [de] que se trataba de dineros públicos provenientes del Sistema General
de Regalías cuya inversión está sometida a unas precisas reglas definidas por el
legislador, además que estos recursos fueran destinados al pago de acreencias de
particulares”.
17. Por lo anterior, encontró demostrado que Fiduagraria “(…) inobservó los deberes
normativos a su cargo, que conllevó una falta de diligencia en su conducta pues omitió
realizar de manera diligente y eficaz todas las actividades necesarias para el
cumplimiento del negocio fiduciario, de manera tal que no sirviera de instrumento para
la realización de actividades prohibidas por el ordenamiento jurídico, en este caso, la
inversión de recursos públicos con destinación específica, para fines distintos de los
previstos o autorizados por la ley, por lo que considera que tales circunstancias fueron
las causantes del daño antijurídico por el que hoy se reclama.”
18. En todo caso, consideró que, con base en las comunicaciones que el municipio
remitió a Fiduagraria, quedaba demostrado que “(…) los dignatarios del Municipio de
Villavicencio junto con el “Comité de Hacienda” se encontraban enterados por dicho
funcionario de los mencionados contratos y de la presunta inversión de recursos
públicos provenientes del Sistema General de Regalías, lo que generó la pérdida de
los mil millones de pesos ($1.000.000.000) que hoy se reclaman”. Por lo tanto, consideró
configurada una concausa en la generación del daño, por lo que redujo la condena
en 50% y ordenó a Fiduagraria pagar $902.793.696,279, por concepto de daño
emergente.
1.4. Recursos de apelación
19. El municipio presentó recurso de apelación10 en el que cuestionó, en concreto, la
decisión de reducir en 50% el monto de la condena. Alegó que, con base en las
consideraciones de la sentencia de primera instancia, quedó demostrado que
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 28 de febrero de 2020,
Exp. 55.643.
9 El Tribunal calculó el daño emergente con base en la fórmula VA = VH (IPC final/IPC inicial). Donde VA: Valor actualizado de la
renta; VH: capital histórico o suma que se actualiza: $1.000.000.000; Índice final certificado por el DANE para diciembre de 2022,
porque a la fecha de la sentencia (febrero de 2023) el DANE no había certificado otro índice: 126,03; Índice inicial certificado por
el DANE para diciembre de 2008 -fecha en que debió realizarse el pago-: 69,80. La fórmula dio como resultado: Va = $
1.805.587.392,55. Sin embargo, dicha suma dineraria se rejudo al 50%, en virtud de la participación causal del Municipio en la
generación del daño y, de ese modo, la condena ascendió a: $902.793.696.27.
10 Expediente Digital del Tribunal, Índice 200, Samai.
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Demandante: Municipio de Villavicencio
Demandado: Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y otra
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia
Fiduagraria debía responder por los dineros públicos invertidos por el municipio,
situación que no ha ocurrido por la falta de diligencia de la fiduciaria. En ese sentido,
alegó que el precedente, contenido en el expediente 55.643 de esta corporación, no
era aplicable porque, si bien el actor también fue el municipio de Villavicencio, era
“(…) un caso completamente diferente y que no se p[odía] tomar como referente,
toda vez que la entidad responsable de realizar el negocio jurídico tenía conocimiento
del rol de cada una de las personas jurídicas que hacían parte en el contrato de
fiducia, mostrando así su experticia y experiencia en la celebración de este tipo de
contratos, motivo por el cual el municipio de Villavicencio accedió a facultarlo como
garante en este negocio jurídico legalmente constituido”. Por lo tanto, solicitó la
modificación de la Sentencia y condenar a Fiduagraria a pagar el 100% de los
perjuicios.
20. Fiduagraria presentó recurso de apelación11, en el que se opuso a la decisión de
primera instancia. Alegó que el Tribunal partió de 3 premisas infundadas: 1) que
Fiduagraria, como vocera del Fideicomiso Consorcio Carbonero, recibió $1.000.000.000
del municipio; 2) que al Fideicomiso Consorcio Carbonero fueron aportados recursos
públicos; y 3) que el Fideicomiso Consorcio Carbonero se constituyó con el fin de
realizar operaciones que le estaban prohibidas al Fideicomitente.
21. Con base en ello, formuló 12 reparos contra la Sentencia de primera instancia: 1)
Fiduagraria no recibió recursos desembolsados por el municipio, por lo tanto, es errado
sostener que incumplió el deber normativo de verificar el origen público de los mismos.
En todo caso, el municipio desembolsó los recursos presuntamente perdidos a
Fidusuperior, vocera del Fideicomiso Cerrol – Fidusuperior. 2) Al Fideicomiso Consorcio
Carbonero no ingresaron recursos públicos del Municipio pues Fiduagraria recibió,
como aportes del fideicomitente D&PE, bienes de naturaleza privada, “que no estaban
afectos a una función pública”. 3) Se desconoció la presunción constitucional de
actuación de buena fe de Fiduagraria, pues se concluyó, sin fundamento, que el “(…)
Fideicomiso Consorcio Carbonero se había utilizado como “instrumento para la
realización de actividades prohibidas por el ordenamiento jurídico, en este caso, la
inversión de recursos públicos con destinación específica, para fines distintos de los
previstos o autorizados por la ley”. 4) Se erró en el cómputo de la caducidad porque si
la falla del servicio era la omisión de control del “Contrato de Fiducia Mercantil de
Administración y Fuente de Pago [26 de mayo de 2006] o el registro de la cesión de
derechos de beneficio objeto de la Oferta Comercial de Cesión de Derechos de
Beneficio con Pacto de Readquisición “Fideicomiso Consorcio Carbonero” No. 80 [12
de diciembre de 2007], es a partir de la fecha de uno u otro acto” que debería
computarse y no desde el 29 de diciembre de 2008, fecha prevista para la recompra
de derechos a cargo de D&PE. 5) La sentencia de primera instancia no se pronunció
sobre la excepción “en la que se explic[ó] que los bienes fideicomitidos no son dineros
públicos”, con ello el Tribunal desconoció que “(…) debido al carácter fungible del
dinero, la transferencia de dineros públicos a un particular hace que dichos recursos
pierdan su carácter de públicos. Así sucede, cuando, por ejemplo, el Estado utiliza
recursos públicos para pagar los honorarios de un contratista o el sueldo de un
trabajador.” 6) La Sentencia de primera instancia extendió a Fiduagraria efectos de la
oferta comercial No. 80, de 12 de diciembre de 2007, en la que sólo participaron el
municipio y D&PE. 7) Fiduagraria fue diligente y el Tribunal no advirtió que, cumpliendo
con sus funciones, sólo registró “(…) al Municipio de Villavicencio como como
11 Expediente Digital del Tribunal, Índice 201, Samai.
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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00145-01(70.562)
Demandante: Municipio de Villavicencio
Demandado: Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y otra
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia
beneficiario de una fuente de pago a su favor y que nada le correspondía validar a
Fiduagraria S.A. respecto de unos recursos que no recibió y sobre una operación que
había ocurrido antes de la constitución del Fideicomiso Consorcio Carbonero”. 8) Se
desconoció que las sanciones impuestas por la Superintendencia Financiera a
Fiduagraria, mediante la Resolución 1982 de 4 de diciembre de 2008, modificada por
la Resolución 0838 del 21 de abril de 2010, no son prueba de su conducta en el presente
caso, porque sus supuestos fácticos no se refieren al Fideicomiso Consorcio
Carbonero12. 9) Se aplicaron normas de contratación estatal (Ley 80 de 1993) “a un
fideicomiso que recibe y administra bienes privados” y no se estaba frente a un
fideicomiso público. 10) La sentencia del Consejo de Estado, del expediente 55.643, no
es precedente vertical porque “no es analogizable con los hechos bajo juicio” porque,
en el presente caso, “(…) el registro de Inversionistas Beneficiarios en el Fideicomiso
Consorcio Carbonero sucedió con ocasión a la liquidación del Fideicomiso Cerrol –
Fidusuperior, y el dinero que reclama la parte actora fue entregado a un tercero –
Fidusuperior–, no a Fiduagraria S.A. ni al Fideicomiso Consorcio Carbonero”. 11)
Fiduagraria no es responsable por la insuficiencia de recursos, con lo cual se valoró
“equivocadamente los límites de su responsabilidad en el Contrato de Fiducia
Mercantil de Administración y Fuente de Pago”. 12) Se configuró una culpa exclusiva
de la víctima porque la inversión que hizo el municipio, en mayo de 2006, y la
insuficiencia de recursos en el Fideicomiso Consorcio Carbonero, en diciembre de 2009,
son hechos ajenos a Fiduagraria, que obedecen al fuero del municipio y bajo su propio
riesgo.
1.5 Trámite relevante en segunda instancia
22. En la oportunidad para alegar de conclusión el municipio13 reiteró los argumentos
contenidos en el recurso de apelación. A efectos de la condena, resaltó que “(…) si se
encontrare probada una acción u omisión por parte del representante legal del
municipio de Villavicencio, esto no podría interpretarse como concausa, toda vez que
su conducta solamente compromete su responsabilidad como servidor público, ya
que se trata de una falta directa a su deber funcional, más, lejos se encuentra de poder
considerarse como un acto el ente territorial (hecho de la víctima)”. A su turno, la
Superintendencia14 alegó que el fallo de primera instancia fue claro y se basó en las
pruebas obrantes, producto de lo cual encontró que Fiduagraria no cumplió con sus
deberes, mientras que la Superintendencia sí lo hizo, por lo tanto, solicitó confirmar la
Sentencia. Por su parte, Fiduagraria15 insistió en los argumentos de su apelación y
solicitó la revocar la Sentencia de primera instancia y negar las pretensiones.
23. El Ministerio Publico16 solicitó confirmar la Sentencia porque, según las pruebas
obrantes, “los recursos girados por el municipio de Villavicencio en mayo de 2005 sí
ingresaron al patrimonio autónomo “Consorcio Carbonero”, en virtud de la liquidación
del anterior fideicomiso” y, en el mismo sentido, Fiduagraria incurrió en una falla del
servicio porque con su actuar “(…) omitió realizar de manera diligente y eficaz todas
las actividades necesarias para el cumplimiento negocio fiduciario de manera tal que
12 Alegó, además, que “(…) Garantizar obligaciones de dar, incluso a favor de una entidad pública, no es un acto prohibido al
fideicomitente y en consecuencia con su celebración no se contraviene el Decreto 1049 de 2003; y no se le puede exigir a la
Fiduciaria lo irrazonable. En este caso, tratándose del Fideicomiso Consorcio Carbonero, no se puede decir que el negocio fue
constituido para recibir recursos públicos, pues los aportes correspondieron a los remanentes del Fideicomiso Cerrol – Fidusuperior,
bienes de dominio privado.”
13 Índice 18, Samai.
14 Índice 19, Samai.
15 Índice 21, Samai.
16 Índice 22, Samai.
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Demandante: Municipio de Villavicencio
Demandado: Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y otra
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Decisión: confirma la Sentencia
no sirviera de instrumento para la realización de actividades prohibidas por el
ordenamiento jurídico, permitiendo que el esquema de inversión continuara operando
en detrimento del patrimonio público, con lo cual se desvirtúa la conducta diligente
que alega (…) bajo el entendido [de] que se limitó a registrar a un tercero como
beneficiario de derechos en cabeza del fideicomitente (…)”. Por lo tanto, consideró
que la responsabilidad de Fiduagraria estaba plenamente demostrada, sin embargo,
en la materialización del daño también concurrieron agentes del municipio y, por lo
tanto, los perjuicios fueron “resultado de una concurrencia de causas imputables, en
igual proporción, a ambos extremos del litigio”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Anuncio de la decisión - 2.2. Presupuestos procesales - 2.3. El daño - 2.4. Falla del servicio
de la Fiduagraria e imputación de responsabilidad - 2.5. Liquidación de perjuicios - 2.6. Sobre la condena
en costas
2.1. Anuncio de la decisión
24. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente
a las pretensiones, porque el daño, consistente en la afectación patrimonial del
municipio, es atribuible a Fiduagraria por haber omitido el ejercicio de sus funciones
normativas en el negocio fiduciario celebrado con D&PE, al aceptar la cesión de
recursos del municipio, los cuales no le fueron pagados. Igualmente, confirmará que
esté ultimo incidió en la generación del daño y, por lo tanto, Fiduagraria es responsable
del 50% de los perjuicios causados y probados.
25. La Sala confirmará las decisiones de no declarar la responsabilidad de la
Superintendencia porque no fue objeto de las apelaciones.
2.2. Presupuestos procesales
26. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que encuentra reunidos
los presupuestos procesales para dictar sentencia. En relación con la acción
procedente, se resalta que: primero, según los hechos (causa petendi) y las
pretensiones (petitum) de la demanda, que son inmodificables e indisponibles por
parte del juez, la fuente del daño no se encuentra en la ejecución o el incumplimiento
del negocio fiduciario (Fideicomiso Consorcio Carbonero), sino en las omisiones de los
deberes normativos de las demandadas (Superintendencia y Fiduagraria) en relación
con él, tanto así que, precisamente, Fiduagraria alegó, en la contestación de la
demanda y en varios de los cargos de su apelación, que no tenía vínculo contractual
alguno con el municipio (cargos 1, 6, 7 y 12). Segundo, con lo anterior no se desconoce
que el municipio, si bien no era parte de la Fiducia Consorcio Carbonero17, en su
condición de inversionista - beneficiario sí estaba facultado para exigir el cumplimiento
del negocio fiduciario, sin embargo, la controversia planteada no tiene por objeto
obtener la reparación del daño por el incumplimiento de obligaciones contractuales
específicas, derivadas del negocio fiduciario, ni cuestionar la validez de dicho negocio
jurídico, sino establecer si el daño sufrido por el municipio es atribuible al
incumplimiento del contenido obligacional (falla del servicio) de la Superintendencia
17 “Artículo 1226. Código de Comercio. “Concepto de la fiducia mercantil. La fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del
cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien
se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de
un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. (…)”.
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y de la Fiduagraria, al omitir sus deberes de diligencia, control y vigilancia sobre los
recursos que se trasfirieron al Fideicomiso Consorcio Carbonero. Por lo tanto, al margen
de que la decisión que exoneró de responsabilidad a la Superintendencia no haya
sido apelada, la causa petendi y el petitum siguen siendo los mismos en esta instancia.
Tercero, es claro que los hechos fuente de la controversia (causa petendi) se refieren
a omisiones de diligencia, control y vigilancia que, en cualquier caso, ocurrieron antes
de que los recursos del municipio fueran trasferidos al Fideicomiso Consorcio
Carbonero, es decir, omisiones que no constituyen incumplimientos contractuales
pues, para ese momento, los recursos del municipio no habían sido trasferidos y, por lo
tanto, no había adquirido la condición de inversionista - beneficiario. Y, cuarto, si, en
gracia de discusión, se considerara que la controversia planteada debía ser resuelta
por otra acción, ello supondría, además de desconocer los hechos y las pretensiones
de la demanda, obviar que es un asunto que no fue objeto de las apelaciones y, en
consecuencia, forzar una declaratoria, de oficio, de ineptitud de la demanda, lo cual
conllevaría a adoptar una decisión inhibitoria pues, en aplicación del CCA, al juez no
le estaba atribuida la competencia de adecuar la acción procesal, con lo cual no se
resolvería de fondo la controversia, dando primacía a las formas sobre la sustancia.
Por las anteriores razones, en garantía del principio de acceso a la administración de
justicia y del debido proceso, se considera, según la jurisprudencia de esta
corporación18, que la acción de reparación directa es la procedente porque, según
la demanda, el daño sufrido por el municipio tuvo fuente u origen en omisiones de las
demandadas, las cuales, también según la demanda, desconocieron sus obligaciones
legales19 en la fiducia mercantil y las prohibiciones normativas20 sobre la fiducia
pública.
27. En relación con la oportunidad de la demanda, Fiduagraria, en su apelación,
alegó que si la falla del servicio era la omisión de control del “Contrato de Fiducia
Mercantil de Administración y Fuente de Pago o el registro de la cesión de derechos
de beneficio objeto de la Oferta Comercial de Cesión de Derechos de Beneficio con
Pacto de Readquisición “Fideicomiso Consorcio Carbonero” No. 80, e[ra] a partir de
[esa] fecha” que debería computarse el término de caducidad. Al respecto, la Sala
considera que si bien el numeral 8 del artículo 136 del CCA prevé que “la de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente del acaecimiento de [la] omisión (…)”, la jurisprudencia de esta
corporación ha considerado que en los procesos tramitados a la luz del CCA, de
manera excepcional, hay controversias en donde el cómputo se debe hacer desde
18 En Sentencia de 4 de junio de 2019 (rad. 43758), esta Subsección sostuvo: (se trascribe) “El ordenamiento jurídico colombiano
distinguió la procedencia de las acciones a partir del origen del daño, reservando la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, a aquellos eventos en los que los perjuicios alegados sean consecuencia de un acto administrativo y, la acción de
reparación directa, para los que encuentren su fuente en un hecho, omisión u operación administrativa. Sin embargo, la regla
aludida encuentra dos excepciones claras en la jurisprudencia: la primera, referente a los daños que se hubieren causado por un
acto administrativo legal y, la segunda, relacionada con los daños cuya fuente sea la ejecución de un acto administrativo que
haya sido objeto de revocatoria directa o de anulación por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”.
19 Omitió “(…) el artículo 1234, numerales 1(, 4( y 5) [del Código de Comercio], esto es, realizar diligentemente todos los actos
necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia; llevar la personería para la protección y defensa de los bienes
fideicomitidos contra actos de terceros, del beneficiario y aún del mismo constituyente; y pedir instrucciones al Superintendente
Bancario cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las
autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias. En efecto, la Fiduciaria debió negarse a
recibir de la sociedad fideicomitente los bienes - dineros, que integraban el Fideicomiso Cerrol - Fidusuperior, consignados por el
Tesorero del Municipio, apartándose de lo consignado en el contrato de Fiducia, por cuanto dichos dineros fueron recibidos
ilegalmente con fundamento en un contrato celebrado por el Tesorero del Municipio que no tenía competencia legal para
hacerlo (…)”. Folio 14, Cuaderno 1.
20 Fiduagraria “(…) al disponer de los recursos del Municipio incorporándolos al patrimonio autónomo desconoció el mandato del
octavo inciso del numeral 5° del artículo 32 de la ley 80 de 1993 de que para el sector público no se autoriza fiducia que implique
transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituir patrimonio autónomo. De los dineros entregados por el
Municipio hubo trasferencia de dominio inicialmente a favor del Patrimonio autónomo y luego al Fideicomitente, el primero con
autorización o aprobación de la Fiduciaria al recibir los dineros con base en el contrato de cesión de derechos, y la segunda
transferencia hecha directamente por la Fiduciaria, todo a pesar de la prohibición legal, ocasionando el daño al Municipio.” Folio
14, Cuaderno 1.
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que el demandante tuvo o debió tener conocimiento del daño21, lógica que fue
incorporada en el vigente literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA.
28. Dicha premisa es aplicable al caso bajo estudio porque el municipio tan solo pudo
conocer de las omisiones causantes del daño en el momento en que, precisamente,
se materializó el daño, es decir, cuando llegó la fecha acordada y no recibió los
recursos. Con el anterior panorama, la Sala considera que la demanda, en relación
con los hechos del litigio, se instauró oportunamente porque, según la cláusula 4 de la
oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con pacto de readquisición
“Fideicomiso Consorcio Carbonero” No. 8022, el 29 de diciembre de 2008 se pactó
como la “fecha de readquisición”, día en el que “(…) la FIDUCIARIA pagará al
INVERSIONISTA BENEFICIARIO [municipio], con cargo a los recursos del Fideicomiso, el
precio de readquisición, contra entrega de los CERTIFICADOS DE DERECHOS DE
BENEFICIO a la FIDUCIARIA”. Por lo tanto, la demanda, radicada el 24 de febrero de
2011, previa satisfacción del requisito de procedibilidad mediante solicitud de
conciliación prejudicial, radicada el 1 de diciembre de 2010 y resuelta el 16 de febrero
de 201123, sin ánimo conciliatorio entre las partes, fue presentada antes de que se
cumpliera el término de caducidad, esto es, antes del 18 de marzo de 201124. Por lo
anterior, no prospera el cargo 4) de la apelación de Fiduagraria.
2.3. El daño
29. El daño25, consistente en la afectación patrimonial del municipio por la pérdida de
los recursos consignados a Fidusuperior, dentro del fideicomiso Cerrol – Fidusuperior y
cedidos, el 21 de diciembre de 2007, a Fiduagraria, como parte de los recursos que
integraban la “fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pago”
(Fideicomiso Consorcio Carbonero), creada desde el 26 de mayo de 2006, está
demostrado, tal como se pasa a explicar:
30. Según las pruebas obrantes en el expediente, contrario a lo afirmado por
Fiduagraria, $1.000.000.000 del municipio le fueron trasferidos, producto de la
concatenación de varios negocios jurídicos. Ello ocurrió así: 1) el 24 de mayo de 2005,
el municipio trasfirió, en calidad de fideicomitente, los recursos del SGR a Fidusuperior,
21 Un caso similar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 28 de
febrero de 2020, Exp. 55.643. Además: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
Sentencia de 27 de febrero de 2026, Exp. 69.804; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia de 3 de junio de 2025, Exp. 62.887; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección C, Sentencia de 19 de febrero de 2024, Exp. 59.651; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 2 de agosto de 2023, Exp. 54.878; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 22 de noviembre de 2021, Exp. 51.648; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de 25 de agosto de 2016, Exp. 35.947; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 7 de julio de 2005, Exp. 14.691; entre otras.
22 Celebrada entre Martín Hernán Orjuela Mosquera, en calidad de representante legal de la sociedad D&PE S.A., “El Oferente”,
y el Municipio de Villavicencio, en calidad de Inversionista Beneficiario. Folios 25 a 28, Cuaderno 1. “(…) 4) Monto y plazo de la
readquisición: En fecha 29 de diciembre de 2008 (en adelante a "FECHA DE READQUISICION'), EL OFERENTE deberá readquirir los
DERECHOS DE BENEFICIO cedidos al INVERSIONISTA BENEFICIARIO, por un precio de readquisición de MIL CUARENTA Y CUATRO
MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE. (S1.044.530.616,00. En fecha 27 de junio de 2008, EL OFERENTE
en forma anticipada pagará al INVERSIONISTA BENEFICIARIO, la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y UN PESOS MCTE (544.030.651,00), por concepto de intereses. Para efectos del pago del precio de readquisición de
los DERECHOS DE BENEFICIO, la FIDUCIARIA pagará al INVERSIONISTA BENEFICIARIO, con cargo a los recursos del Fideicomiso, el
precio de readquisición, contra entrega de los CERTIFICADOS DE DERECHOS DE BENEFICIO a la FIDUCIARIA.”
23 Folios 24 y 25, Cuaderno 1.
24 El término empezó a correr el 30 de diciembre de 2008 y culminaba, en principio, el 30 de diciembre de 2010. Sin embargo,
estuvo suspendido, por el trámite de la conciliación extrajudicial, entre el 1 de diciembre de 2010, cuando restaban 30 días para
que operara la caducidad, y el 16 de febrero de 2011, fecha de celebración de la audiencia. Por tanto, el término vencía el 18
de marzo de 2011.
25 Las condiciones de existencia del daño son “(…) los elementos necesarios para que el daño exista. Se menciona entonces que
el daño debe ser personal, directo y cierto. El carácter directo del daño se explica con base en la distinción entre daño y perjuicio:
el daño es entendido como la alteración material exterior y el perjuicio como las consecuencias de dicha alteración; el carácter
directo es entendido como el hecho de que el perjuicio provenga o sea consecuencia del daño.” Corte Constitucional, Sentencia
C-043 de 2004.
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Decisión: confirma la Sentencia
a nombre del fideicomiso Cerrol – Fidusuperior26. Luego, 2) el 26 de mayo de 2006,
D&PE y Fiduagraria celebraron un contrato de “fiducia mercantil irrevocable de
administración y fuente de pago” (Fideicomiso Consorcio Carbonero), con el objeto
de servir como fuente de pago del fideicomitente (D&PE) con sus inversionistas, según
las obligaciones señaladas en cada oferta de cesión de derechos con pacto de
readquisición27 (como la celebrada, posteriormente, con el municipio). Además,
según su cláusula 428, dentro de los bienes que se trasfirieron figuraban los recursos
dinerarios entregados por los inversionistas. Posteriormente, 3) el 21 de diciembre de
2006, Fiduagraria celebró con D&PE el otrosí No. 1 al Fideicomiso Consorcio Carbonero,
en cuyos considerandos se precisó que para la constitución de ese negocio fiduciario
se trasfirieron los recursos del Fideicomiso Cerrol - Fidusuperior29.
31. A su turno, 4) el 12 de diciembre de 2007, el tesorero del municipio celebró,
precisamente, una oferta comercial de cesión de derechos de beneficio, con pacto
de readquisición (Fideicomiso Consorcio Carbonero, No. 80), con la sociedad D&PE,
cuyo objeto era que la sociedad (oferente) ofrecía ceder al municipio (inversionista
beneficiario) derechos de beneficio de contratos de suministro de carbón por un
precio de $1.000.000.000 y, además, se obligó a que el 29 de diciembre de 2008, fecha
prevista en el numeral 4) de la oferta comercial30, readquiriría los derechos de
beneficio cedidos. La cláusula 3 de dicho negocio jurídico previó que, una vez
aceptada la oferta y pagado el precio, Fiduagraria debía expedir un certificado de
derechos de beneficio en el que constara el valor inicial ($1.000.000.000) y el de
readquisición ($ 1.044.530.616)31.
32. En el expediente no obra el referido certificado. Sin embargo, y a pesar de que
Fiduagraria alegó que no le fueron trasferidos los recursos, obran en el expediente: 1)
Oficio de 28 de junio de 2006, de D&PE, dirigido al municipio, en el que informó que,
con ocasión de la celebración del Fideicomiso Consorcio Carbonero con Fiduagraria,
los bienes que conformaban el Fideicomiso Cerrol – Fidusuperior pasarían a integrar
26 Obra en el expediente: 1) Copia auténtica de comprobante de egreso No. 04527 del municipio, de 24 de mayo de 2005, en
donde consta el pago de $1.000.000.000 a “Fideicomiso Cerrol, Inversionistas Fidusuperior”, a través de la consignación del cheque
No. 7000245, de la cuenta corriente 351-07977, de MegaBanco S.A. (Folio 136, Cuaderno 1); 2) Copia del cheque 7000245, de la
cuenta de la cuenta corriente 351-07977, de MegaBanco S.A. (Folio 137, Cuaderno 1); y 3) Comprobante Único de Operaciones
No. 11553472 de BanSuperior, de 24 de mayo de 2005, en donde consta la consignación del referido cheque al Fideicomiso Cerrrol.
(Folio 135, Cuaderno 1).
27 “SEGUNDA. OBJETO: El presente contrato de fiducia mercantil tiene por objeto servir de fuente de pago de las obligaciones que
adquiera el FIDEICOMITENTE con los INVERSIONISTAS por concepto de ofertas de cesión de derechos de beneficio con pacto de
readquisición, para lo cual el FIDEICOMITENTE transfiere a la FIDUCIARIA los bienes descritos en la cláusula cuarta.
PARÁGRAFO PRIMERO. - El patrimonio autónomo que se constituye con este contrato servirá de fuente de pago de las obligaciones
a cargo del FIDEICOMITENTE hasta por el monto de los activos que reciba el fideicomiso y que se encuentren registrados como
tales en la contabilidad del negocio fiduciario al momento de hacerse exigibles tales obligaciones.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Las obligaciones adquiridas por el FIDEICOMITENTE con los -INVERSIONISTAS están señaladas en cada una
de las ofertas de cesión con pacto de readquisición emitidas por el FIDEICOMITENTE. (…)”. Folios 29 a 41, Cuaderno 1.
28 “(…) CUARTA. BIENES FIDEICOMITIDOS: El FIDEICOMITENTE transfiere al patrimonio autónomo para que formen parte de éste los
siguientes activos, en adelante bienes fideicomitidos: (…) 3. Los recursos dinerarios entregados por los Inversionistas los que
ingresarán al fideicomiso como aportes del FIDEICOMITENTE. (…)”. Folios 29 a 41, Cuaderno 1.
29 “CONSIDERACIONES
(…)
c) Para la constitución de este último se transfirieron al patrimonio autónomo los activos descritos en la cláusula cuarta del contrato
de fiducia mercantil, bienes que integraban el fideicomiso Cerrol – Fidusuperior. (…)”. Folios 19 a 21, Cuaderno 1.
30 “(…) la sociedad D&PE S.A. NIT.830.115.196-0, (…)(en adelante "EL OFERENTE"), por medio de este documento dirijo esta oferta
mercantil de cesión de DERECHOS DE BENEFICIO (en adelante "DERECHOS DE BENEFICIO") derivados del patrimonio autónomo
denominado "FIDEICOMISO CONSORCIO CARBONERO", conformado por derechos económicos, (en adelante "EL FIDEICOMISO"),
constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pago celebrado entre la
FIDUCIARIA AGRARIA S.A. (en adelante "LA FIDUCIARIA") y la sociedad D&PE S.A. de fecha 26 de mayo de 2006 (en adelante "EL
CONTRATO FIDUCIARIO"), con destino a el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, identificada(s) con Nit.892.099.324-3 (en adelante el
INVERSIONISTA BENEFICIARIO), en los términos y condiciones que presento a continuación: (…)”. Folios 25 a 28, Cuaderno 1.
31 “3) Aceptación de la oferta: (…) En el momento de la aceptación de la presente oferta de cesión por parte del INVERSIONISTA
BENEFICIARIO [Municipio] y una vez pagado el preciso de que trata el numeral anterior, la FIDUACIARIA [Fiduagraria] expedirá en
su favor un CERTIFICADO DE DERECHOS DE BENEFICIO, en el cual consten los derechos de beneficio por un valor inicial de MIL
MILLONES DE PESOS MCTE ($1.000.000.000) y un valor de requisición de MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA
MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE ($ 1.044.530.616)”.
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ese nuevo patrimonio autónomo32. 2) Constancia, de 5 de julio de 2006, del tesorero
del municipio, de haber recibido y estar conforme con lo comunicado el 28 de junio
de 200633. 3) Informe, de mayo de 2010, del Fideicomiso Consorcio Carbonero34, en
donde se relacionó al municipio como uno de los inversionistas beneficiarios con un
valor inicial de $1.000.000.000 y un valor de recompra de $44.030.651 y $1.044.530.616,
con fechas de vencimiento el 27 de junio y el 29 de diciembre de 2008,
respectivamente. Además, en dicho informe no se indicó algún tipo de inconveniente
o particularidad en relación con los derechos a favor del municipio, como sí se hizo
con otros inversionistas, respecto de los que se precisó, por ejemplo, que no se habían
causado las retenciones sobre los rendimientos porque no se contaba con recursos
para el pago y, por lo tanto, se solicitaba a D&PE que consignara los mismos35. 4)
Comunicación del municipio, radicada a Fiduagraria el 12 de diciembre de 200736
(misma fecha de celebración de la oferta comercial de cesión), en la que solicitó la
reinversión del valor principal de los derechos de beneficio que tenía en la Fideicomiso
Consorcio Carbonero37, la cual fue aportada por la Fiduagraria, sin cuestionar su
contenido, ni aportar la respuesta que se dio. 5) Certificación del tesorero del
municipio, de 19 de noviembre de 2010, en el que indicó que los recursos se
encuentran pendientes de “recuperar”38.
33. Lo anterior, además, se encuentra reforzado porque 6) en la contestación de
Fiduagraria, como respuesta al hecho segundo de la demanda, relativo a la
celebración de la Oferta de Cesión de Derechos (Fideicomiso Consorcio Carbonero.
No. 80), no cuestionó la trasferencia de los recursos y, más bien, resaltó que,
efectivamente, con oficio fechado “(…) el 27 de noviembre de 2007, el Municipio de
Villavicencio informó a Fiduagraria de la reinversión del valor del principal
($1.000.000.000) de los derechos de beneficio”. En el mismo sentido, 7) resaltó que el
Fideicomiso Consorcio Carbonero implicó la trasferencia de los bienes que
conformaban el Fideicomiso Cerrol – Superior a Fiduagraria y un cambio en el
administrador fiduciario39 y, dentro de los cargos de apelación aceptó que recibió y
administró recursos, pero de naturaleza privada, lo cual se analizará más adelante.
32 “Por medio de la presente me permito informarle que en razón a la adquisición de Fiduciaria Superior S.A. por parte del Banco
Davivienda S.A., D&PE S.A. en calidad de Fideicomitente, celebró con Fiduagraria S.A. el contrato de fiducia mercantil de fecha
26 de mayo de 2006, en virtud del cual se constituyó el patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Consorcio Carbonero, con
bienes muebles distintos de aquellos que conforman actualmente el Fideicomiso Cerrol - Fidusuperior, relacionados con la
operación y estructuración minera del yacimiento Cerro Largo. Una vez se liquide el Fideicomiso Cerrol - Fidusuperior, los bienes
que lo conforman pasarán a integrar el patrimonio autónomo Consorcio Carbonero, el cual cuenta con las mismas características
y seguridades de la inicial.
En razón de lo anterior, su inversión se mantendrá en el Fideicomiso Consorcio Carbonero con las mismas condiciones financieras
acordadas al momento de efectuar ésta y su certificación será sustituida por una que expedirá Fiduciaria Agraria S.A. en la cual
registrará el nombre nuevo del patrimonio y el valor de su inversión. (…) ” Folio 258, Cuaderno 1.
33 “Dejo expresa constancia de mi conformidad con lo expuesto en la comunicación de fecha 28 de junio de 2006 suscrita por el
representante legal de D&PE S.A. y del recibo a satisfacción de copia del contrato de fiducia mercantil de fecha 26 de mayo de
2006, celebrado entre D&PE S.A. y Fiduagraria S.A.” Folio 257, Cuaderno 1.
34 En el numeral 9 del informe (Aspectos relevantes) se incluyó una tabla (Folio 104, Cuaderno 1) de las “Ofertas Comerciales de
Cesión de Derecho de Beneficio con Pacto de Readquisición”, en donde se relacionan los derechos y condiciones del Municipio.
Oficio VAN-GNE-5361 de 28 de junio de 2010, P.A. Consorcio Carbonero, Cod. 31633, firmado por el Jefe de Negocios de
Fiduagraria S.A. Folios 96 a 113, Cuaderno 1.
35 “(…) Lo correspondiente a la Oferta del señor Norberto García Álzate a la fecha no se han causado las retenciones sobre
rendimientos correspondientes a las cuotas de noviembre de 2008, febrero y marzo de 2009, esto debido a que el patrimonio
Autónomo no cuenta con recursos para el pago de las mismas, solicitamos con carácter urgente que D&P en su calidad de
fideicomitente consigne los dineros con el fin de que se proceda a la casuasción pago y declaración de las respectivas
retenciones.” Oficio VAN-GNE-5361 de 28 de junio de 2010, P.A. Consorcio Carbonero, Cod. 31633, firmado por el Jefe de Negocios
de Fiduagraria S.A. Folio 104, Cuaderno 1.
36 Se aclara que, si bien el oficio tiene fecha de elaboración de 27 de noviembre de 2007, aparecen datos de radicación
manuscritos de 12 de diciembre de 2007, es decir, de la misma fecha en que se celebró la Oferta de Cesión (Fideicomiso Consorcio
Carbonero. No. 80).
37 El tesorero del Municipio solicitó a Fiduagraria que “(…) el valor neto, correspondiente a la readquisición de los derechos de
beneficio anticipados en mi poder, que debe realizar EL CONSORCIO CARBONERO, el día 27 de diciembre de 2007, en cuantía
de MIL VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($1.029.557.559)
se destinen de la siguiente forma: (…)” Folio 251, Cuaderno 1.
38 “(…) Se encuentra pendiente por recuperar la Oferta No. 80 por valor de Mil millones de pesos Mcte. ($1.000.000.000) de capital
más rendimientos financieros a la fecha, cuyo Fideicomitente es CONSORCIO CARBONERO (…)” Folio 134, Cuaderno 1.
39 Producto de la liquidación del Fideicomiso Cerrol – Fidusuperior “(…) La celebración del Contrato de Fiducia Mercantil [Fiducia
Consorcio Cabonero] comportó un cambio en el administrador fiduciario de los bienes que servían de respaldo de la inversión en
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Demandante: Municipio de Villavicencio
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34. Por lo tanto, la Sala encuentra que no es de recibo el insistente alegato de
Fiduagraria en el sentido de que los recursos del municipio nunca le fueron girados,
consignados o trasferidos porque, si bien, en principio, fueron trasferidos a Fidusuperior,
al Fideicomiso Cerrol – Superior, producto de la absorción de este último por parte del
Fideicomiso Consorcio Carbonero40 y de las demás pruebas documentales queda
demostrado que fueron, posteriormente, registrados y trasferidos efectivamente a
Fiduagraria. Si no se hubiera concretado esa trasferencia, no habría explicación para
que, en el informe de 2010, Fiduagraria hubiera relacionado al municipio como
inversionista beneficiario, con montos ciertos de los valores inicial y de recompra de
sus derechos, incluida la fecha de vencimiento.
35. Por todo lo anterior, la Sala encuentra que el daño alegado, consistente en la
pérdida de los recursos por el no pago al municipio del precio de readquisición de los
derechos de beneficio derivados de la oferta comercial (Fideicomiso Consorcio
Carbonero No. 80), está demostrado. De este modo, dado que los recursos perdidos sí
fueron trasferidos a Fiduagraria, no prospera el cargo 1) de su apelación.
2.4. Falla del servicio de Fiduagraria e imputación de responsabilidad
36. El municipio identificó la fuente del daño en las omisiones de Fiduagraria porque:
1) omitió los deberes contenidos en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 1234 del Código
de Comercio, pues no realizó diligentemente los actos necesarios para la consecución
de la finalidad de la fiducia y no protegió los bienes fideicomitidos; 2) Fiduagraria debió
negarse a recibir los recursos porque fueron entregados, ilegalmente, por el tesorero
municipal y 3) al disponer los recursos del municipio en un patrimonio autónomo,
desconoció lo previsto en el numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pues la
fiducia pública no puede implicar la trasferencia de dominio sobre bienes estatales. El
tribunal consideró que Fiduagraria incumplió de forma absoluta su contenido
obligacional porque no fue diligente en la ejecución de los actos necesarios para la
consecución de los fines de la fiducia y permitió que ingresaran al negocio fiduciario
recursos públicos, provenientes del SGR, lo cual era contrario a la normativa
aplicable41.
37. En su apelación, Fiduagraria dirigió 10 de los 12 reparos contra la anterior
conclusión (reparos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12), los cuales se pasan a analizar:
38. Fiduagraria alegó que los recursos que ingresaron al Fideicomiso Consorcio
Carbonero no eran públicos, sino privados, pues fueron aportes efectuados por el
fideicomitente D&PE. La Sala no comparte ese reparo porque los negocios jurídicos
celebrados para invertir los recursos públicos del municipio, y no para pagar alguna
derechos de beneficio, por la transferencia de los mismos a título de fiducia mercantil para integrar el Fideicomiso Consorcio
Carbonero, con las mismas características y seguridades del inicial, tal como le fue informado por D & PE al Municipio de
Villavicencio mediante comunicación del 28 de junio de 2006, respecto de lo cual el Municipio de Villavicencio expresó su
conformidad, según constancia expedida el 5 de julio de 2006.
El contrato de fiducia mercantil en general da lugar al nacimiento en favor del Fideicomitente de derechos fiduciarios, cuyo
contenido económico es equivalente al valor de los bienes transferidos con el propósito de cumplir la finalidad señalada en el
contrato. (…)”. Contestación de demanda, Folio 208, Cuaderno 1.
40 Absorción que también reconoce Fiduagraria en su contestación: “4. Al hecho “cuarto”: (…) Dado que el Fideicomiso Consorcio
Carbonero tenía la vocación de absorber los bienes del Fideicomiso Cerrol – Superior, D&PE solicitó a Fiduagraria registra en el
Fideicomiso Consorcio Carbonero a quienes eran Inversionistas Beneficiarios en el Fideicomiso Cerrol – Superior, entre ellos, el
Municipio de Villavicencio, según se observa en el Anexo No. 1 del Otrosí No. 1 del contrato de Fiducia Mercantil”. Contestación
de demanda, Folio 204, Cuaderno 1.
41 “(…) la sociedad Fiduagraria S.A. inobservó los deberes normativos a su cargo que conllevó a una falta de diligencia en su
conducta pues omitió realizar de manera diligente y eficaz todas las actividades necesarias para el cumplimiento del negocio
fiduciario48, de manera tal que no sirviera de instrumento para la realización de actividades prohibidas por el ordenamiento
jurídico, en este caso, la inversión de recursos públicos con destinación específica, para fines distintos de los previstos o autorizados
por la ley, por lo que considera que tales circunstancias fueron las causantes del daño antijurídico por el que hoy se reclama”.
Folio 44, Expediente Digital del Tribunal, Índice 195, Samai.
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obligación, no pueden traer como consecuencia la mutación de su naturaleza
jurídica, pues aquellos implican, simplemente, la constitución de patrimonios con
afectación42, cuya finalidad es de administración43, precisamente, derivada de la
naturaleza pública del titular de los recursos44. En otras palabras, y contrario a lo
alegado por Fiduagraria, una cosa son los instrumentos (públicos o privados) que
puede utilizar el Estado para gestionar su patrimonio y otra, muy distinta, es la
naturaleza pública de los recursos dinerarios que gestiona45, la cual no se modifica por
el tipo de instrumento utilizado46, ni por la condición de fideicomitente o inversionista
beneficiario47, como ocurre en este caso.
39. Por lo anterior, la Sala considera que el Fideicomiso Consorcio Carbonero era, en
su lógica negocial, un instrumento de gestión patrimonial, tanto de recursos privados
como públicos, lo cual no implicaba que recursos dinerarios públicos cambiaran de
naturaleza, al margen de que no estuvieran directamente afectos a una finalidad
pública o de que el municipio fuera inversionista beneficiario y no fideicomitente. Una
interpretación contraria supondría avalar el uso de instrumentos fiduciarios para limitar
o eliminar, en virtud de un negocio jurídico, las potestades de vigilancia y control fiscal,
o su destinación a fines públicos, o los principios constitucionales que rigen su
utilización, entre otros aspectos. Igualmente, la trasferencia hecha en este caso no es
asimilable, como pretende la recurrente, al pago de honorarios o del sueldo de
servidores públicos, pues en estos casos los recursos ingresan al patrimonio de los
beneficiarios. Por lo tanto, no están llamados a prosperar los cargos 2) y 5) de la
apelación de Fiduagraria, referidos a la naturaleza de los recursos trasferidos.
40. Además, también derivado de la inalterabilidad de la naturaleza pública de los
recursos dinerarios que fueron trasferidos al Fideicomiso Consorcio Carbonero,
administrado por Fiduagraria, la Sala considera que el tribunal no le extendió
irregularmente los efectos de la Oferta comercial No. 80, de 12 de diciembre de 2007,
pues, si bien fue suscrita por D&PE y el municipio, los derechos de este último se derivan,
precisamente, de la condición que se le reconoce como inversionista beneficiario en
dicha oferta comercial, circunstancia respecto de la que no hay discusión alguna. Por
lo tanto, si bien acierta Fiduagraria al afirmar que no tiene ningún vínculo negocial con
el municipio porque esté último no es fideicomitente y no hizo aportes directos al
42 En relación con una fiducia, administrada por Findeter, se consideró que “(…) la naturaleza pública de dichos recursos no se
modifica por el hecho de ser transferidos al patrimonio autónomo, en tanto continúan afectos a la destinación estatuida por la
entidad pública fideicomitente”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de
diciembre de 2020, Exp. 64.129.
43 “Excepcionalmente, las entidades públicas pueden constituir un patrimonio autónomo a través de la fiducia mercantil. (…) En
este caso excepcional, los recursos públicos son transferidos a un patrimonio autónomo. En consecuencia, la entidad fiduciaria se
encargará de administrarlos para cumplir con la finalidad establecida en el contrato. (…)”. Corte Constitucional, Sentencia C-269
de 2021.
44 En un caso en donde se discutió la facultad de control fiscal respecto de recursos trasferidos, precisamente, a Fiduagraria y esta
planteó, igualmente, que producto de un “contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y fuente de pagos”, igual
al analizado en este caso, “los recursos que ingresaron al patrimonio autónomo no son recursos públicos”, esta corporación
concluyó que “(…) los dineros que ingresaron al patrimonio autónomo son recursos públicos, en atención a la naturaleza jurídica
-estatal-, de la entidad que los giró”. Concejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 11
de febrero de 2021, Exp. 50001-23-31-000-2012-00248-02. Premisa que reitera lo contenido en: Consejo de Estado, Sala de Consulta
y Servicio Civil, Concepto de 13 de mayo de 2015, Exp. 1<1001-03-06-000-2014-00172-00 (2222).
45 “(…) a partir de la jurisprudencia del Consejo de Estado, se puede observar que en los negocios fiduciarios celebrados por
entidades públicas para la constitución de patrimonios autónomos en los que se ejecuten recursos públicos, la naturaleza de estos
recursos no se modifica por el hecho de que los mismos se encuentren o se ejecuten a través de un fideicomiso, y de que los
mismos sean administrados por una sociedad fiduciaria de naturaleza privada. Lo anterior, sin perjuicio de que el tratamiento de
estos recursos para fines de ejecución presupuestal sea diferente (…)”. Corte Constitucional, Auto 128 de 2024.
46 “Los recursos que hacen parte de los patrimonios autónomos que se creen en desarrollo de un Fondo, como el Nacional de
Productividad, y Competitividad no mutan su naturaleza de públicos, una vez se separan del patrimonio de las entidades públicas
constituyentes, porque dichos patrimonios autónomos o especiales son una forma de administrar dichos recursos en orden a que
se apliquen a la destinación específica prevista en la ley de creación del respectivo fondo”. Consejo de Estado, Sala de Consulta
y Servicio Civil, Concepto de 1 de diciembre de 2000, Exp. 1.303.
47 La Corte Constitucional resaltó que las fiducias mercantiles constituidas con recursos públicos, total o parcialmente, son
excepcionales y que “(…) bajo este esquema contractual, no está prohibido que la entidad pública sea designada
voluntariamente como beneficiaria por parte de un fideicomitente.” Corte Constitucional, Sentencia C-269 de 2021.
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Fideicomiso Consorcio Carbonero, se equivoca al pretender derivar de ello una
ausencia de derechos del municipio pues, su condición de inversionista beneficiario le
otorga, esencialmente, el derecho de pago del monto pactado en la Oferta de
Cesión de Derechos (Fideicomiso Consorcio Carbonero. No. 80). De este modo, no
prospera el cargo 6) de la apelación de Fiduagraria.
41. En relación con la causa del daño sufrido por el municipio, en la demanda se
reprochó que Fiduagraria incumplió los deberes previstos en los numerales 1, 4 y 5
normativos del artículo 1234 del Código de Comercio; debió negarse a recibir los
recursos porque fueron entregados, ilegalmente, por el tesorero municipal y no por el
alcalde; desconoció lo previsto en el numeral 5 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
pues la fiducia pública no puede implicar la trasferencia de dominio sobre bienes
estatales. Al respecto, el tribunal encontró que Fiduagraria inobservó sus deberes
normativos, lo cual generó el daño alegado.
42. En relación con lo anterior, la apelación de Fiduagraria alegó que el tribunal
equivocó su análisis porque: 1) desconoció la presunción de buena fe al concluir que
el Fideicomiso Consorcio Carbonero se había utilizado para realizar actividades
prohibidas por el ordenamiento jurídico (cargo 3); 2) fue diligente en el cumplimiento
de sus funciones y procedió a registrar al municipio como beneficiario, sin que le
correspondiera responder por recursos que no recibió (cargo 7); 3) las sanciones
impuestas por la Superintendencia Financiera no son prueba de fallas de Fiduagraria,
porque no versaron sobre el Fideicomiso Consorcio Carbonero (cargo 8); 4) Se
aplicaron normas de fiducia pública (Ley 80 de 1993) a una fiducia mercantil que
recibió y administró recursos privados (cargo 9); 5) la sentencia del Consejo de Estado,
del expediente 55.643, no es precedente aplicable porque el municipio no trasfirió,
directamente, los recursos al Fideicomiso (cargo 10); 6) Fiduagraria no es responsable
por la insuficiencia de recursos del fideicomitente (cargo 11). La Sala pasa a
analizarlos, según las pruebas obrantes.
43. Si bien, según el artículo 83 de la Constitución de 1991, las actuaciones de los
particulares ante autoridades públicas se presumen de buena fe, dicha presunción
admite prueba en contrario con el fin, en concreto, de desvirtuarla 48. Al respecto, si
está demostrado que los recursos, efectivamente, ingresaron al Fideicomiso Consorcio
Carbonero y que no perdieron su naturaleza pública, resulta claro que la declaratoria
de responsabilidad, dictada por el tribunal, se derivó de haber encontrado pruebas
contrarias a la presunción de buena fe, no a su desconocimiento pues Fiduagraria: 1)
no verificó la naturaleza pública de los recursos del municipio trasferidos al Fideicomiso
Consorcio Carbonero, con base en los que adquirió la calidad de inversionista
beneficiario y 2) no verificó el origen de los recursos, lo cual habría permitido concluir
que la trasferencia inicial (al Fideicomiso Cerrol – Fidusuperior) provenían del SGR. Con
ello, tal como lo consideró el tribunal, permitió que el negocio fiduciario se empleara
como mecanismo de inversión de D&PE con recursos públicos, sin que ello estuviera
permitido para el municipio, incluso si lo hubiera hecho directamente como
fideicomitente, pues los recursos del SGR tienen destinación específica, según los
artículos 14 y 15 de Ley 756 de 2002, que modificaron la Ley 141 de 1994.
48 “(…) la presunción de buena fe establecida en el artículo superior respecto de las gestiones que los particulares adelanten ante
las autoridades públicas, es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario”. Corte Constitucional, Sentencias C-071
de 2004, C-1194 de 2008, entre otras.
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44. De ello se deriva que Fiduagraria incumplió su contenido obligacional49 porque no
realizó diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad
del fideicomiso y, ante las dudas sobre la naturaleza, origen y destinación de los
recursos trasferidos por D&PE, dentro de los que se encontraron los dineros públicos del
municipio, no pidió instrucciones a la Superintendencia Financiera y, con ello, permitió
que el negocio fiduciario fuera usado para realizar actos o contratos prohibidos, que
no podía celebrar directamente el fideicomitente, de acuerdo con las disposiciones
legales y mucho menos el municipio pues, en virtud del principio de legalidad, la
ejecución de este tipo de inversiones requiere de autorización normativa expresa. En
consecuencia, Fiduagraria incurrió en una falla del servicio50 porque omitió los deberes
indelegables que le atribuyen los numerales 1 y 5 del artículo 1234 del Código de
Comercio51 y el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1049 de 200652, replicado
íntegramente en el artículo 2.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010.
45. La anterior consideración se refuerza, además, porque en el expediente obra la
Resolución No. 1982 del 4 de diciembre de 2008, de la Superintendencia Financiera de
Colombia, “Por medio de la cual se impone una sanción de carácter pecuniario” a
Fiduagraria, en la que si bien se impusieron sanciones por un caso de infracciones
administrativas en el marco de un Fideicomiso distinto al Consorcio Carbonero, en sus
consideraciones se refirió, expresamente, dicho negocio fiduciario y los recursos
invertidos del municipio, como uno de los eventos similares al que motivó la sanción53
49 Sobre el contenido obligacional ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección B, Sentencia del 7 de septiembre de 2023, Exp. 60.460; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 1 de marzo de 2023, Exp. 55.510; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 21 de octubre de 2022, Exp. 55.250; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 22 de noviembre de 2021, Exp. 53.977; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 08 de octubre de 2021, Exp. 49.217.
50 “La falla del servicio se presenta por un incumplimiento en el funcionamiento normal del servicio, el desconocimiento de una
obligación a cargo del Estado o, en términos generales, la violación de la ley. Bajo este régimen de responsabilidad subjetiva, al
demandante le corresponde demostrar (i) un daño, (ii) una conducta activa u omisiva de la Administración y (iii) la relación de
causalidad entre esta y aquel. La conducta constitutiva de falla del servicio debe ser tardía, irregular, ineficiente o ausente.
Determinar el contenido obligacional a cargo del Estado exige que se identifiquen las leyes o reglamentos que gobiernan la
actividad pública que se alega como causa del daño. La falla del servicio surge, entonces, a partir de la comparación entre los
deberes del Estado frente a una función determinada –marco normativo– y la conducta –por acción u omisión– asumida en cada
evento. Sin embargo, el Estado no puede considerarse un «asegurador universal» o que de presentarse una omisión se configura
la responsabilidad extracontractual de manera automática. El deber de intervención o iniciativa del Estado no es absoluto, pues
está condicionado a la disponibilidad de recursos económicos y humanos, a la capacidad institucional y al complejo
funcionamiento del aparato estatal.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 22 de mayo de 2024, Exp. 60.160.
51 “Artículo 1234. Otros deberes indelegables del fiduciario. Son deberes indelegables del fiduciario, además de los previstos en el
acto constitutivo, los siguientes:
1) Realizar diligentemente todos los actos necesarios para la consecución de la finalidad de la fiducia;
(…)
5) Pedir instrucciones al Superintendente Bancario cuando tenga fundadas dudas acerca de la naturaleza y alcance de sus
obligaciones o deba apartarse de las autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las circunstancias.
(…)”.
52 “Artículo 1. Derechos y deberes del fiduciario. (…)
El fiduciario, como vocero y administrador del patrimonio autónomo, celebrará y ejecutará diligentemente todos los actos jurídicos
necesarios para lograr la finalidad del fideicomiso, comprometiendo al patrimonio autónomo dentro de los términos señalados en
el acto constitutivo de la fiducia. (…)
Parágrafo. El negocio fiduciario no podrá servir de instrumento para realizar actos o contratos que no pueda celebrar
directamente el fideicomitente de acuerdo con las disposiciones legales.”
53 En los considerandos de la Resolución se indicó “TERCERO.- Que con ocasión de la información divulgada por los medios de
comunicación del país a principios del mes de febrero de 2008, acerca de una presunta negociación irregular mediante la cual
la Gobernación del Casanare, a través de un contrato fiduciario suscrito con FIDUAGRARIA S.A., destinó $10.000 millones de pesos
para la explotación de una mina de esmeraldas en Boyacá que benefició a la empresa privada Green Mountain Consulting S.A.,
y la existencia de al menos 8 contratos de similar naturaleza que presuntamente han involucrado $200.000 millones de pesos de
diferentes entidades públicas, provenientes presuntamente de regalías, mediante comunicación radicada bajo el número
2008007017-000 del 5 de febrero de 2008, esta Superintendencia requirió a FIDUAGRARIA S.A. para que remitiera información
relacionada con el negocio fiduciario denominado 3-1-650 P.A. Green Mountain Consulting.
Igualmente, la Superintendencia encontró que la misma Fiduciaria administraba diez (10) negocios fiduciarios relacionados con
el manejo de recursos públicos pertenecientes al Departamento del Meta, al Municipio de Villavicencio, al Departamento del
Casanare, a la Dirección Nacional de Estupefacientes, al Municipio de Castilla La Nueva, a la Central de Energía de Nariño-
Cedenar y al Municipio de Yumbo Valle.
(…)
7.1.1. Contratos celebrados
(…)
d) Patrimonio Autónomo Consorcio Carbonero
(…)
Partes intervinientes
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Demandante: Municipio de Villavicencio
Demandado: Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y otra
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y se concluyó que Fiduagraria incumplió la orden de remitir las evidencias del estudio
de la documentación de cada inversionista beneficiario; no verificó ni la naturaleza
pública, ni el origen de los recursos trasferidos; no realizó mediciones de riesgos
asociados a los contratos, entre otros54. Conclusiones que fueron reiteradas en la
Resolución 838 de 21 de abril de 2010, que confirmó la sanción impuesta a Fiduagraria,
en la que se resaltó su omisión en verificar que los recursos pudieran ser trasferidos por
los cesionarios (municipio), con lo cual no realizó los actos necesarios para la
consecución de los fines de la fiducia55.
46. Igualmente, para la Sala resulta abiertamente contradictorio, según las reglas de
la sana crítica, que uno de los principales argumentos de defensa de Fiduagraria,
basado en un hecho alegado en la demanda, sea que, en principio, los recursos
fueron trasferidos al Fideicomiso Cerrol – Fidusuperior por el tesorero del municipio, sin
competencia, pero, al mismo tiempo, alegue que actuó diligentemente y observó sus
deberes normativos pues, ese alegato, al margen de su veracidad, demuestra una
clara negligencia en la verificación del origen y la naturaleza pública de los recursos
que fueron trasferidos al Fideicomiso Consorcio Carbonero. Por el contrario, la referida
circunstancia demuestra que Fiduagraria alegó su propia culpa, con el fin de
demostrar la ausencia de responsabilidad, lo cual está prohibido en nuestro
ordenamiento jurídico56. Según el anterior análisis, la Sala concluye que la presunción
de buena fe no fue desconocida por el Tribunal, sino plenamente desvirtuada porque
Fiduagraria incumplió su contenido obligacional y, en consecuencia, no prosperan los
cargos 3) y 7) de la apelación de Fiduagraria.
47. Por su parte, si bien el tribunal refirió las sanciones que la Superintendencia
Financiera impuso a Fiduagraria mediante la Resolución No. 1982 del 4 de diciembre
de 2008, confirmada en la Resolución 838 de 21 de abril de 2010, lo cierto es que
también resaltó que se trataba de un caso diferente, pero análogo, y que dichos actos
administrativos indicaban que Fiduagraria, además de la sanción que recibió, estaba
siendo investigada en otros casos similares de fiducias mercantiles irrevocables de
administración y fuente de pago, dentro de los que se incluía el del municipio en el
Fideicomiso Consorcio Carbonero. De este modo, la Sala considera que el Tribunal sí
tuvo en cuenta que las sanciones impuestas no se referían al Fideicomiso Consorcio
Carbonero, no obstante, del hecho probado de la sanción e infracciones endilgadas
• Fideicomitente: D&PE S.A.
• Sociedad Administradora: Fiduagraria S.A.
• Inversionistas Beneficiarios Públicos al 14 de febrero de 2008: Municipio de Villavicencio con $3.000 millones, Central de Energia
de Nariño - Cedenar con $1.000 millones y Gobernación del Meta con $9.000 millones. (…)”. Folios 268 a 336, Cuaderno 3.
54 “(…) a) Que FIDUAGRARIA S.A. incumplió con su obligación de verificar que los recursos provenientes de los inversionistas
beneficiaros, en su calidad de entidades públicas, entraban al patrimonio autónomo con el lleno de los requisitos legales.
b) Que FIDUAGRARIA S.A. en el desarrollo de los citados contratos, al no realizar verificaciones sobre los recursos aportados por los
inversionistas beneficiarios, bien al momento del ingreso de tales recursos o en el momento de registrar la cesión de derechos de
beneficio a favor de las entidades públicas, sirvió de instrumento para la realización de operaciones que no hubiera podido
efectuar directamente el Fideicomitente con dichas entidades públicas,
(…)
d) Que en cumplimiento de las disposiciones que regulan el control interno de las entidades, no realizó estudios ni mediciones de
los riesgos asociados a los contratos celebrados.
En cuanto a la gravedad de los hechos, el mayor reproche que se hace a la Fiduciaria es haber permitido que los recursos públicos
entraran al patrimonio autónomo sin el cumplimiento de los requisitos legales, permitiendo que la utilización del mecanismo
fiduciario sirviera de instrumento para la realización de operaciones prohibidas, las cuales han llevado en algunos casos a que las
entidades públicas no hayan podido recuperar sus recursos.
Con esta conducta, entonces, no solo se afectan los propios intereses de la entidad pública interviniente sino, en general, recursos
públicos que, como se indica en el artículo 2° de la Constitución Política, tienen fines esenciales, entre otros, servir a la comunidad
y promover la prosperidad general de los ciudadanos.” Folios 268 a 336, Cuaderno 3.
55 Folios 487 a 539, Cuaderno 3.
56 “(…) debe tenerse en cuenta el aforismo “Nemo auditur propriam turpitudinem suam allegans”, que alude a aquel principio
conforme al cual nadie puede alegar en su favor su propia torpeza y tiene por finalidad impedir que las resultas de una
determinada acción judicial sean favorables al demandante cuando éste apoya sus pretensiones en su propia torpeza o
inmoralidad. (…) Por otro lado, la aplicación de este principio se concreta en general afirmando que nadie puede alegar su
propio dolo o culpa para obtener una ventaja o provecho de tal comportamiento (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 29 de julio de 2015, Exp. 31.304.
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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00145-01(70.562)
Demandante: Municipio de Villavicencio
Demandado: Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y otra
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia
a Fiduagraria, lo cual no se discute, se puede derivar un indicio claro, en los términos
del artículo 240 del CGP, de las omisiones que se le atribuyen a Fiduagraria en este
caso. Por lo tanto, el cargo 8) no prospera.
48. Algo análogo, de construcción de un indicio adicional de falla, ocurre en relación
con el reproche que se hace en primera instancia sobre el irrespeto de las normas de
la fiducia pública, de la Ley 80 de 1993. Si bien el tribunal refirió el numeral 5 del artículo
32 del EGCAP, de los considerandos de la Sentencia de primera instancia se deriva
que lo hizo para resaltar y reforzar la premisa de incumplimiento de los deberes
normativos por parte de Fiduagraria. En efecto, no se afirmó que el negocio jurídico
que debía celebrar fuera una fiducia pública o un encargo fiduciario, sino que, al
aceptar la trasferencia de los recursos al Fideicomiso Consorcio Carbonero, producto
del perfeccionamiento de la Oferta de Cesión de Derechos, no haya verificado los
condicionantes propios de la gestión de recursos públicos a través de esas figuras, ni
su origen, ni los límites en su destinación57. Es decir, omitió que, además de la referida
destinación específica de los recursos provenientes del SGR, prevista en los artículos 14
y 15 de Ley 756 de 2002, el municipio, según lo previsto en el literal a) del numeral 1,
del artículo 2 del EGCAP, es una entidad estatal sometida al EGCAP y, por lo tanto, su
actividad contractual se rige por las normas, precisamente, de ese Estatuto. Asimismo,
en el momento de los hechos no existía norma alguna que previera un régimen
especial de contratación cuando los recursos provinieran del SGR58. Por lo tanto, el
cargo 9) de la apelación de Fiduagraria no prospera.
49. En relación con el precedente de esta corporación, contenido en la sentencia de
22 de abril de 2022, Exp. 55.643, la Sala considera que sí es aplicable al presente caso
porque, si bien en aquella controversia el municipio (también Villavicencio) trasfirió
directamente los recursos al fideicomiso y, en este caso, producto del análisis de
existencia del daño, se concluyó que la trasferencia a Fiduagraria no fue directa y
estuvo precedida de otros negocios, lo cierto es que en ambos litigios el municipio, en
virtud de las ofertas de cesión, adquirió la condición de inversionista beneficiario y, a
la postre, vio frustrado su derecho de pago, producto de omisiones de Fiduagraria. Por
lo tanto, la diferencia en la forma de trasferencia de los recursos, que es en donde
hace énfasis el cargo de apelación, no rompe la similitud fáctica entre ambos casos.
Más bien, la Sala considera que en el expediente 55.643 hay una regla jurisprudencial
aplicable a la presente controversia, pues los hechos y los problemas jurídicos son
semejantes59 y, en consecuencia, el tribunal respetó el precedente vertical porque, sin
que haya plena identidad entre los casos, es clara la similitud de hechos, pretensiones,
problema jurídico y regla o norma de decisión60 y, en el caso del precedente vertical,
57 “(…) Fiduagraria S.A. no efectuó las verificaciones del caso para evitar que el negocio fiduciario fuera empleado como
mecanismo para la inversión de recursos por parte del inversionista beneficiario (Municipio de Villavicencio), sin que este tuviera
la vocación necesaria o habilitación legal para el cumplimiento de dicha finalidad, en el entendido que se trataba de dineros
públicos provenientes del Sistema General de Regalías cuya inversión está sometida a unas precisas reglas definidas por el
legislador, además que estos recursos fueran destinados al pago de acreencias de particulares”. Sentencia de primera instancia,
Folio 41. Expediente Digital del Tribunal, Índice 195, Samai.
58 Situación que se mantiene en la actualidad pues, según el artículo 37 de la Ley 2056 de 2020, la ejecución de los proyectos de
inversión con recursos provenientes del SGR “(…) se adelantará, con estricta sujeción al régimen presupuestal definido en esta ley,
al de contratación pública y las demás normas legales vigentes. (…)” Es decir, con estricta observancia de las normas del EGCAP.
59 En relación con la Fiduagraria, se concluyó que, al margen de la forma de trasferencia de los recursos públicos, “(…) permitió
que este se vinculara a un contrato de fiducia mercantil en calidad de “inversionista beneficiario”, sin el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el Estatuto de Contratación y demás normas complementarias que regulan las inversiones admisibles
para este tipo de entidades según las fuentes y uso de los recursos públicos”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 20 de febrero de 2020, Exp. 55.643.
60 En palabras de la Corte Constitucional, la correcta aplicación del precedente judicial implica “(…) un caso pendiente de
decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica
aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido
cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.
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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00145-01(70.562)
Demandante: Municipio de Villavicencio
Demandado: Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y otra
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia
como en este respecto del Tribunal, implicaba una limitación válida de la autonomía
del juez de primera instancia61. Por lo tanto, el cargo 10) de Fiduagraria no está
llamado a prosperar, ni el cargo interpuesto por el municipio en el mismo sentido de
inaplicabilidad del referido precedente.
50. También en relación con la falla del servicio, Fiduagraria alegó que no era
responsable de la insuficiencia de recursos en el Fideicomiso Consorcio Carbonero, de
conformidad con el contrato de fiducia mercantil. Al respecto, la Sala resalta que la
atribución del daño hizo el Tribunal y determinó la declaratoria de responsabilidad, no
se produjo por incumplir obligaciones propias del contrato fiduciario, ni por la falta de
recursos en el Fideicomiso, sino por la inobservancia (omisión) de los deberes
normativos de la fiduciaria contenidos en el numeral 1 del artículo 1234 del Código de
Comercio y el parágrafo del artículo 1 del Decreto 1049 de 2006, lo cual permitió que
sus recursos fueran trasferidos a Fideicomiso Consorcio Cabonero. Por lo tanto, se trata
de un cargo que no ataca los fundamentos de la decisión de primera instancia y, en
consecuencia, el cargo 11), de la apelación de Fiduagraria, no prospera.
51. Por último, Fiduagraria alegó que no era responsable porque el daño tuvo como
causa la culpa exclusiva del municipio, quien era el titular de los recursos, debía
respetar las normas para su gestión, fue parte en la oferta comercial de cesión de
derechos (Fideicomiso Consorcio Carbonero No. 80) y decidió negociarlos de esa
manera, por tanto, el municipio asumió el riesgo propio de la insuficiencia de recursos
“(…) rompiéndose el nexo causal entre la actuación de Fiduagraria S.A y el daño, toda
vez que el daño por la no recuperación de la inversión se produjo debido a la
conducta única y exclusiva del Municipio y a su propio riesgo”. La Sala no comparte
el reparo, pues, según la jurisprudencia de esta corporación, “(…) esta eximente exige
que la conducta del afectado sea la causa adecuada y determinante del daño
(…)”62.
52. Por lo tanto, también como lo ha considerado esta corporación, para su
configuración se requiere constatar los elementos de irresistibilidad, imprevisibilidad y
exterioridad respecto del demandado, junto con el análisis de si el proceder activo u
omisivo de la víctima tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del
daño63. Por ello, para que tenga efectos liberatorios de responsabilidad, el hecho
exclusivo de la víctima debe ser la causa eficiente y adecuada del daño64.
53. Según las pruebas obrantes, la Sala considera que la referida causal eximente de
responsabilidad no se configuró porque, según el análisis hecho, las omisiones de
Fiduagraria incidieron de forma determinante en la generación del daño. En efecto,
la omisión de los deberes normativos de la fiduciaria causó que los recursos dinerarios
del municipio, provenientes del SGR, fueran trasferidos a una fiducia mercantil
Corte Constitucional, Sentencia T-1026 de 2010. Reiterada de forma pacífica en: Corte Constitucional, Sentencias SU-380 de 2021,
SU-228 de 2021, entre otras.
61 “(…) el precedente vertical: atiende a las decisiones judiciales proferidas por el superior funcional jerárquico o por el órgano de
cierre encargado de unificar la jurisprudencia en su jurisdicción, su vinculatoriedad atiende al principio de igualdad y limita la
autonomía de los jueces inferiores, a quienes les corresponde seguir la postura de las altas cortes o los tribunales”. Corte
Constitucional, Sentencia SU-165 de 2022.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 25 de noviembre de
2025, Exp. 71.541.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 24 de marzo de 2011,
Exp. 19.067.
64 “(…) para que el hecho o culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad tenga plenos efectos liberatorios,
resulta determinante que la conducta del propio perjudicado sea fundamento y raíz del menoscabo, es decir, que el
comportamiento de éste se erija como causa adecuada, decisiva y determinante en la producción o resultado del hecho lesivo
o que haya contribuido a su propia afectación debiendo o pudiendo evitarla”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 11 de agosto de 2025, Exp. 57.902.
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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00145-01(70.562)
Demandante: Municipio de Villavicencio
Demandado: Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y otra
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia
(Fideicomiso Consorcio Carbonero), en virtud de una oferta de cesión de derechos
(Fideicomiso Consorcio Carbonero. No. 80), a cambio de que se otorgara la calidad
de inversionista beneficiario, sin que hubiera verificado el origen de los recursos, su
naturaleza jurídica y los límites normativos aplicables. Con lo anterior, la Sala encuentra
que existe nexo causal entre el daño probado y las omisiones de Fiduagraria y, según
la teoría de la causalidad adecuada en responsabilidad por omisión 65, en este caso,
se satisfacen los dos presupuestos exigidos por esta corporación porque, si de la
cadena causal se suprimieran las probadas omisiones de Fiduagraria, el daño no
habría ocurrido. Por lo tanto, no queda demostrado el hecho exclusivo del municipio
en la generación del daño y, en consecuencia, el cargo 12) de la apelación de
Fiduagraria no prospera.
54. Sin embargo, la Sala no puede obviar los deberes normativos radicados en cabeza
del municipio quien, al incumplirlos, incidió en la generación del daño sufrido. En
efecto, el municipio, 1) como titular de los recursos provenientes del SGR, 2) estaba
obligado a gestionarlos respetando la destinación específica prevista en el artículo 15
de la Ley 141 de 199466, en el cual no se prevé la posibilidad de hacer inversiones en
fiducias mercantiles para financiar actividades comerciales de particulares (D&PE) o
para garantizar sus deudas, lo cual no es posible ni siquiera si esos recursos hubieran
sido excedentes de liquidez, según el artículo 17 de la Ley 819 de 200367. Por lo tanto,
al igual que Fiduagraria, 3) el municipio incumplió sus deberes de verificar y respetar
las normas aplicables y los límites de destinación de recursos del SGR. Además, 4) al
margen de si el tesorero municipal obró con competencia en la inversión de los
recursos dinerarios del municipio, lo cierto es que, de no ser así, no se configuraría
alguna causal que justificara el incumplimiento del contenido obligacional por parte
65 “(…) una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha atendido -o lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa-
al referido contenido obligacional, esto es, se ha apartado -por omisión- del cabal cumplimiento de las funciones que el
ordenamiento jurídico le ha asignado, es menester precisar si dicha ausencia o falencia en su proceder tiene relevancia jurídica
dentro del proceso causal de producción del daño atendiendo, de acuerdo con la postura que reiteradamente ha sostenido la
Sala, a las exigencias derivadas de la aplicación de la teoría de la causalidad adecuada. (…) son dos los elementos cuya
concurrencia se precisa para que proceda la declaratoria de responsabilidad administrativa por omisión, como en el presente
caso: en primer término, la existencia de una obligación normativamente atribuida a una entidad pública o que ejerza función
administrativa y a la cual ésta no haya atendido o no haya cumplido oportuna o satisfactoriamente; y, en segundo lugar, la
virtualidad jurídica del eventual cumplimiento de dicha obligación, de haber interrumpido el proceso causal de producción del
daño, daño que, no obstante no derivarse -temporalmente hablando- de manera inmediata de la omisión administrativa,
regularmente no habría tenido lugar de no haberse evidenciado ésta.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sentencia de 8 de marzo de 2007, Exp. 27.434. Teoría de la casualidad adecuada sistemáticamente reiterada,
ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 19 de septiembre de
2025, Exp. 69.212; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 10 de
octubre de 2024, Exp. 56.069; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 23 de
mayo de 2024, Exp. 05001233300020230019601; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección C, Sentencia de 11 de octubre de 2023, Exp. 50.378; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección B, Sentencia de 25 de mayo de 2023, Exp. 51.864; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de 31 de marzo de 2023, Exp. 61.616, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 4 de mayo de 2022, Exp. 48.220, entre otras.
66 Artículo 15 de la Ley 141 de 1994, modificado por el artículo 14 de la Ley 756 de 2020 “Utilización por los municipios de las
participaciones establecidas en esta ley.
Los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los municipios productores y a los municipios portuarios,
tendrán la siguiente destinación:
a) El noventa por ciento (90%) a inversión en proyectos de desarrollo municipal contenidos en el plan de desarrollo, con prioridad
para aquellos dirigidos al saneamiento ambiental y para los destinados a la construcción y ampliación de la estructura de servicios
de salud, educación, electricidad, agua potable, alcantarillado y demás servicios públicos básicos esenciales, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 129 del Código de Minas (Ley 685 de 2001);
b) El cinco por ciento (5%) para la interventoría técnica de los proyectos que se ejecuten con estos recursos, y
c) El cinco por ciento (5%) para gastos de funcionamiento u operación. El cincuenta por ciento (50%), y solo cuando estos recursos
no provengan de proyectos de hidrocarburos, para sufragar los costos de manejo y administración que tengan las entidades de
orden nacional a cuyo cargo esté la función de recaudo y distribución de regalías y compensaciones.
Mientras las entidades municipales no alcancen coberturas mínimas en los sectores señalados, asignarán por lo menos el setenta
y cinco por ciento (75%) del total de sus participaciones para estos propósitos. En el presupuesto anual se separarán claramente
los recursos provenientes de las regalías que se destinen para los anteriores fines. (…)”
67 Artículo 17 Ley 819 de 2003. “Colocación de excedentes de liquidez. Las entidades territoriales deberán invertir sus excedentes
transitorios de liquidez en Títulos de Deuda Pública Interna de la Nación o en títulos que cuenten con una alta calificación de
riesgo crediticio o que sean depositados en entidades financieras calificadas como de bajo riesgo crediticio.
Parágrafo. Las Entidades Territoriales podrán seguir colocando sus excedentes de liquidez en Institutos de Fomento y Desarrollo
mientras estos últimos obtienen la calificación de bajo riesgo crediticio, para lo cual tendrán un plazo de un (1) año a partir de la
vigencia de la presente ley.”
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Demandado: Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y otra
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Decisión: confirma la Sentencia
del municipio. Por el contrario, si los recursos se dispusieron por un funcionario
incompetente, a efectos de determinar la causa del daño, se refuerza la conclusión
de que el municipio incumplió sus deberes normativos y, con base en la
incompetencia del tesorero, no podría alegar su propia culpa, principio que también
aplica a las autoridades estatales, tal como lo ha resaltado esta corporación68 y la
Corte Constitucional69.
55. En virtud de lo anterior, la Sala comparte la conclusión del tribunal, en el sentido
de que las omisiones del municipio incidieron 50% en la causa del daño sufrido,
generándose una concurrencia de causas y, por lo tanto, comparte que la condena
a Fiduagraria se reduzca en dicha proporción. De este modo, el cargo propuesto por
el municipio en su apelación, en el que solicitó que el monto de la condena no fuera
objeto de ninguna reducción, no está llamado a prosperar.
56. Así las cosas, según el análisis efectuado, la Sala confirmará que la responsabilidad
por los daños sufridos por el municipio es imputable a Fiduagraria en una proporción
de 50%, en virtud de la participación causal del Municipio en la generación del daño
que sufrió. Por lo tanto, Fiduagraria deberá reparar los perjuicios que ocasionó, en
dicha proporción.
2.5. Liquidación de perjuicios
57. El Tribunal condenó por concepto de daño material (daño emergente) al pago de
$902.793.696,2770, aplicada la reducción del 50% del monto, en virtud de la proporción
(50%) de la incidencia causal del municipio en la generación del daño. Dado que la
Sala confirmó dicha decisión, actualizará la condena (indexación). La operación
matemática arroja como resultado la suma de $1.100.175.968,471, la cual será
reconocida a favor del municipio, a título de perjuicios materiales (daño emergente)
indexados.
2.6. Sobre la condena en costas
68 “(…) el hecho de que la entidad no hubiera asistido a través de su representante a las respectivas audiencias no es una
consecuencia directa de la comisión, pues la misma, como se anotó, no impide la participación de los apoderados de las partes,
de manera que la falta de representación en la práctica de la prueba testimonial y la no formulación de un contra interrogatorio,
tal y como lo sugirió la recurrente, no fue fruto de la imposición judicial sino decisión de la parte demandada, la cual no puede
alegar en su defensa su propia negligencia frente al proceso judicial.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Sentencia de 11 de febrero de 2009, Exp. 17.407. O, “(…) resulta pertinente explicar que uno de los principios que
rigen el ordenamiento corresponde al denominado “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, según el cual, nadie puede
obtener provecho de su propia culpa, de ahí que la prosperidad de las acciones judiciales está condicionada a la verificación
de que los hechos que la originan no ocurrieron como consecuencia de la imprudencia, negligencia o voluntad del propio
demandante, porque, de lo contrario, se afectaría los fundamentos del Estado de Derecho y de buena fe previsto en el artículo
83 de la Constitución Política (...) En esa medida, la Sala considera que, si bien la historia clínica de la señora (...) fue adicionada,
en concreto, frente a la nota “se le realizo (sic) procedimiento”, no es menos cierto que dicho documento estaba bajo la vigilancia
y custodia del Hospital San Juan Nepomuceno. Como consecuencia, no es admisible que la referida entidad pretenda hacerse
valer de su propia negligencia para alegar una irregularidad que ocurrió cuando el original del mencionado documento estaba
bajo su cuidado y custodia, de ahí que dicha alteración ocurrió, bien sea por acción u omisión de la recurrente, lo cual no resulta
imputable a la contraparte”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia
de 24 de octubre de 2025, Exp. 65.511.
69 “No hay duda de que quien alega su propia culpa para derivar de ella algún beneficio, falta a la buena fe entendida como la
ausencia de dolo, la conciencia de que el comportamiento que se observa es conforme al derecho, y los fines que persigue están
amparados por éste. Ahora bien: el artículo 83 de la Carta del 91, impone la buena fe como pauta de conducta debida, en todas
las actuaciones, tanto de las autoridades públicas como de los particulares.” Corte Constitucional, Sentencia C-083 de 1995.
70 Correspondientes al 50% del monto de los recursos dinerarios que el municipio consignó el 24 de mayo de 2005, a nombre del
Fideicomiso El Cerrol – Fidusuperior, y que luego fueron trasferidos al Fideicomiso Consorcio Carbonero, con el fin de dar
cumplimiento a la Oferta Comercial de Cesión de Derechos de Beneficio con Pacto de Readquisición celebrado con D&PE
(Fideicomiso Consorcio Carbonero, No. 80), recursos que no fueron devueltos en la fecha de la recompra convenida, esto es, el
29 de diciembre de 2008.
71 Esta suma resulta de aplicar la fórmula establecida para ello por esta Corporación: VA = VH (IPC final/IPC inicial). Donde VA:
Valor actualizado de la renta; VH: capital histórico o suma que se actualiza: $902.793.696.27; Índice final certificado por el DANE
para mayo de 2026, última fecha certificada al momento de la decisión: 158,91; Índice inicial certificado por el DANE para febrero
de 2023 -fecha de la sentencia de primera instancia-: 130,40.
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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00145-01(70.562)
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Demandado: Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. y otra
Referencia: Reparación directa
Decisión: confirma la Sentencia
58. La Sala se abstendrá de condenar en costas, pues no se configuran los supuestos
del artículo 171 del CCA.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 1 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, según las
consideraciones expuestas.
SEGUNDO: ACTUALIZAR, la condena por concepto de perjuicios materiales (daño
emergente), contenida en el numeral segundo de la Sentencia de primera instancia,
la cual corresponde al valor de $1.100.175.968,4, según las consideraciones expuestas.
TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Salvamento de voto
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