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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00224-01

Fecha
10 de junio de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00224-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFÍRMASE la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión del 30 de octubre de 2012 que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: No se CONDENA en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2011-00224-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

10 de junio de 2022

Radicado: 25000-23-26-000-2011-00224-01 (46934)
Demandante: Nohora Cristina Alfonso Marín

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de reparación directa
Radicación: 25000-23-26-000-2011-00224-01 (46934)
Demandante: Nohora Cristina Alfonso Marín
Demandado: Rama Judicial

Temas: Error jurisdiccional. Se confirma la decisión de negar las
pretensiones de la demanda porque la demandante no formuló una
pretensión autónoma en la que individualizara el daño antijurídico
causado por el error judicial.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, la Sala
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la
sentencia proferida el 30 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión, que negó
las pretensiones de la demanda.

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996, la jurisdicción contenciosa
administrativa es competente para conocer de los procesos de reparación directa
por hechos de la administración de justicia. Por su parte, la Sala es competente
en segunda instancia para conocer de las sentencias proferidas por los tribunales
administrativos por hechos de la administración de justicia, de conformidad con
lo establecido por la jurisprudencia de esta Corporación1.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 16 de marzo de
20112 por Nohora Cristina Alfonso Marín. Se dirigió contra la Rama Judicial para
obtener la reparación del daño causado por los errores judiciales cometidos en
las sentencias proferidas el 8 de agosto de 2008 por el Juzgado Doce Laboral del
Circuito de Bogotá y el 13 de febrero de 2009 por la Sala Laboral del Tribunal

1 Consejo de Estado. Auto 2008-00009 de 9 de septiembre de 2008. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
2 Fl.2, c-1.

1

Radicado: 25000-23-26-000-2011-00224-01 (46934)
Demandante: Nohora Cristina Alfonso Marín

Superior del Distrito de Bogotá, que concedieron parcialmente las pretensiones
formuladas por la demandante contra el Instituto de Seguro Social dentro de un
proceso laboral.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<PRIMERA.- Declarar que LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL es responsable por
la totalidad de los perjuicios irrogados a la señora NOHORA CRISTINA
ALFONSO MARÍN, con la falla del servicio de justicia en el trámite del proceso
ordinario laboral No. 2007 798 de NOHORA CRISTINA ALFONSO MARÍN contra
el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL que cursó en primera instancia en el
Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá y en segunda instancia en el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a cargo del Magistrado MILLER
ESQUIVEL GAITÁN, en el cual se condenó parcialmente a la demandada.

SEGUNDA. - Que a consecuencia de la declaración anterior, LA NACIÓN –
RAMA JUDICIAL, pagará a mi poderdante, por concepto de lucro cesante y daño
emergente, los perjuicios que paso a solicitar así:

A. DAÑO SUBJETIVO (PERJUICIOS MORALES)

Para la directamente afectada señora NOHORA CRISTINA ALFONSO MARÍN
el equivalente a DOSCIENTOS CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES AL MOMENTO DEL PAGO, los cuales a la fecha
suman CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($133’900.000.oo).

B. DAÑO OBJETIVO (PERJUICIOS MATERIALES)

LUCRO CESANTE

Para liquidar esta pretensión me permito señalar los siguientes elementos que
han de ser tenidos en cuenta al momento de la sentencia:

1.- El salario que devengaba la demandante al momento del despido del ISS

2.- Los dineros que dejó de recibir la demandante incluidos salarios, primas,
vacaciones, bonificaciones, aportes a pensión, junto con los incrementos legales
causados desde la fecha de su retiro, hasta el día 23 de enero de 2011 (sic)3,
fecha en que el Seguro Social le canceló a la actora lo ordenado en la sentencia,
atendiendo que el contrato recobró su vigencia a título de sanción moratoria.

3.- Actualizada dicha cantidad según la variación porcentual del índice de precios
al consumidor entre la fecha del despido y el que exista cuando se produzca el
pago de lo ordenado en la sentencia.

4.- La fórmula de matemáticas financieras aceptada por el Honorable Consejo de
Estado, teniendo en cuenta la indemnización debida o consolidada y la futura.

Se debe cancelar a título de indemnización el valor que resulte tomando en
cuenta que el Contrato de trabajo recobró su vigencia, por no haber puesto la
demandada ISS a disposición de la actora los salarios prestaciones e
indemnización que se le adeudaban al momento del despido, conforme a lo

3 En otros apartes de la demanda, la parte actora identifica que el hito del pago de la condena ocurrió el 23

de febrero de 2011.

2

Radicado: 25000-23-26-000-2011-00224-01 (46934)
Demandante: Nohora Cristina Alfonso Marín

preceptuado en el artículo 1º del D.L. 797/49 reformatorio del artículo 52 del
Decreto 2127/45, a partir del 07 de noviembre de 2003, valores que se
causarán como si el contrato hubiera estado vigente, hasta el día 23 de febrero
de 2011 y que son:

a.- CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE ($5’430’741.o) por concepto de auxilio
de cesantía, correspondiente al saldo sobre el que se decretó la prescripción y
causado en el tiempo laborando.

b.- DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($12’240.667.o) por concepto de auxilio de
cesantía, correspondiente al tiempo transcurrido entre el 07 de noviembre de
2003 y el 23 de febrero de 2011 (sic).

c.- TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS
PESOS M/CTE ($ 3’672.200.o) por concepto de intereses sobre cesantías,
correspondiente al tiempo transcurrido entre el 07 de noviembre de 2003 y el 23
de febrero de 2011.

d.- SIETE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS
PESOS M/CTE ($7.059.142,0) por concepto de vacaciones, correspondiente al
tiempo transcurrido entre el 07 de noviembre de 2003 y el 23 de febrero de 2011.

e.- NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($9’804.163.0) por concepto de prima de vacaciones,
correspondiente al tiempo transcurrido entre el 07 de noviembre de 2003 y el 23
de febrero de 2011 (artículo 49 – Convención Colectiva ISS).

f.- ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($11.765.236.o) por concepto de prima de
servicios correspondiente al tiempo transcurrido entre el 07 de noviembre de
2003 y el 23 de febrero de 2011 (Artículo 50 – Convención colectiva).

g.- ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($11’765.236.o) por concepto de prima
extralegal correspondiente al tiempo transcurrido entre el 07 de noviembre de
2003 y el 23 de febrero de 2011.

h.- CATORCE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y CINCO PESOS M/CTE ($14.706.545.o) por concepto de prima de navidad
correspondiente al tiempo transcurrido entre el 07 de noviembre de 2003 y el 23
de febrero de 2011.

i. CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($146’953.400.o) por los salarios
causados entre el 07 de noviembre de 2003 y el 23 de febrero de 2011.

j. CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS SIETE
PESOS M/CTE ($14.622.507.o) por concepto de prima técnica correspondiente
al tiempo transcurrido entre el 07 de noviembre de 2003 y el 23 de febrero de
2011. (Artículo 41 de la Convención Colectiva).

l. (sic) La indexación de cada uno de los conceptos mencionados en la presente
petición.

3

Radicado: 25000-23-26-000-2011-00224-01 (46934)
Demandante: Nohora Cristina Alfonso Marín

TERCERA.- Que en virtud de la demanda se condene a LA NACIÓN – RAMA
JUDICIAL, o la entidad que haga sus veces, a pagar intereses corrientes
bancarios vigentes desde la ejecutoria de la providencia, ya sea sentencia o
conciliación por los primeros seis (06) meses y en los doce (12) restantes el doble
de los intereses bancarios, a título de moratorios, conforme a la jurisprudencia de
la Corte Constitucional del año 1999, que así lo ordena, y lo dispone el artículo
177 del CCA.

CUARTA.- Que el valor de las condenas aquí señaladas se actualice al
ejecutoriarse la sentencia, con base en el índice de precios al consumidor IPC
según certifique el departamento nacional de Estadística DANE, para compensar
la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, como lo disponen los artículos 176,
177 y 178 del C.C.A.

QUINTA.- Que la sentencia de mérito favorable a las pretensiones de la demanda
se le de cumplimiento en los términos del artículo 176 del CCA.>>

3.- Las pretensiones de la demanda se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- La demandante se desempeñó como auxiliar de servicios en el Instituto de
Seguro Social (en adelante, ISS) desde el 18 de mayo del 2000 hasta el 30 de
junio de 2003. Durante este lapso, estuvo vinculada mediante un contrato de
prestación de servicios.

3.2.- El 27 de junio de 2006 la demandante Nohora Cristina Alfonso Marín
presentó una demanda laboral contra el ISS con el fin de que se declarara que
entre ella y la entidad existió una relación laboral y se ordenara el pago de las
prestaciones sociales correspondientes.

3.3.- Mediante providencia del 8 de agosto de 2008 el Juzgado Doce Laboral del
Circuito de Bogotá concedió parcialmente las pretensiones de la demanda. Si
bien declaró la existencia de una relación laboral, también declaró la prescripción
parcial de las prestaciones causadas a favor de la demandante y negó la petición
de condenar al ISS al pago de una sanción moratoria. Ambas partes interpusieron
recurso de apelación contra esta providencia.

3.4.- El 13 de febrero de 2009 la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá ordenó al ISS reintegrarle a la actora los aportes que hizo a la
seguridad social y riesgos profesionales. Las demás decisiones del juzgado
fueron confirmadas.

3.5.- La accionante considera que los jueces laborales incurrieron en dos errores
judiciales porque:

a.- Según el artículo 249 del C.S.T, el auxilio a la cesantía no se causa durante
la relación laboral sino al momento de su terminación y, por lo tanto, este derecho
no estaba prescrito. Además, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
prescripción trienal aplica para la presentación de la demanda no para los
derechos laborales.

4

Radicado: 25000-23-26-000-2011-00224-01 (46934)
Demandante: Nohora Cristina Alfonso Marín

b.- La buena fe del ISS no estaba probada y, por el contrario, esta entidad debía
pagar la sanción moratoria solicitada. Para los jueces laborales, a partir de las
afirmaciones contenidas en la contestación de la demanda, se podía inferir que
el ISS había actuado de buena fe. Sin embargo, la parte actora señaló que la
buena fe se debe verificar durante la celebración y ejecución del contrato de
prestación de servicios, no después. Además, alegó que al exonerar al ISS los
jueces laborales validaron un <<error en derecho>> sobre la naturaleza de una
relación contractual, cuando la ignorancia de la ley no es excusa.

B. Posición de la parte demandada

4.- La Rama Judicial se opuso a las pretensiones formuladas. Manifestó que: (i)
las decisiones de los jueces laborales estuvieron ajustadas a derecho y (ii) la
actora está buscando modificar decisiones ya tomadas sobre el alcance de sus
derechos laborales por medio de una acción de reparación directa. Por lo tanto,
formuló las excepciones de <<inexistencia de la responsabilidad
administrativa>>; <<ausencia de causa petendi>> e <<inexistencia de error
jurisdiccional>>.

C. Sentencia recurrida

5.- Mediante sentencia del 30 de octubre de 2012 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión negó las
pretensiones de la demanda porque la demandante no probó los errores
judiciales alegados. Indicó que la decisión de declarar la prescripción parcial de
los derechos laborales de la demandante fue correcta y que la parte actora no
allegó todas las pruebas del expediente laboral, por lo que no era posible verificar
si realmente estaba probada o no la mala fe del empleador ISS. Agregó que, en
todo caso, <<la actora bien pudo haber planteado los cargos que hoy discute ante
la H. Corte Suprema de Justicia mediante demanda de casación, pues la acción
de reparación directa no puede considerarse como de tercera instancia>>4.

D. Recurso de apelación

6.- La demandante apela la decisión de primera instancia. Solicita que se revoque
integralmente y, en su lugar, se concedan las pretensiones de la demanda. Insiste
en los errores judiciales alegados en la demanda, para lo cual reitera los mismos
argumentos. Agrega que los jueces laborales invirtieron la carga de la prueba
porque, según la ley laboral, quien debe probar la buena fe <<durante el contrato
de servicios>> es el empleador.

4 Fl. 53, reverso.

5

Radicado: 25000-23-26-000-2011-00224-01 (46934)
Demandante: Nohora Cristina Alfonso Marín

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

7.- La Sala se pronunciará de fondo porque la acción de reparación directa fue
presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del C.C.A.
En efecto: (i) la providencia de segunda instancia del 13 de febrero de 20095
quedó ejecutoriada el 18 de febrero de 20096; (ii) si bien el término de caducidad
vencía el 19 de febrero de 2011, este se suspendió cuando la parte actora
solicitó convocar a audiencia de conciliación el 28 de octubre de 20097, en el
momento en que aún le restaba al término un (1) año, tres (3) meses y veintitrés
(23) días para cumplirse; (iii) la conciliación se declaró fallida el 14 de diciembre
de 20098, por lo que el término de caducidad se reanudó al día siguiente y vencía
el 6 de abril de 2011 y (iv) la demanda se interpuso a tiempo el 16 de marzo de
20119.

F. Decisión

8.- La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda porque la demandante reclamó, por medio de la
acción de reparación directa, las mismas peticiones que formuló en el proceso
que culminó con la sentencia acusada de error judicial. En otras palabras, no
individualizó el daño ocasionado por la decisión judicial acusada de incurrir en
error.

9.- Como se ha señalado en anteriores ocasiones10, en los procesos de
responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, además de demostrar el
error judicial, la parte demandante tiene la carga de individualizar con precisión
el daño cuya indemnización pretende. Dicho daño no puede coincidir con la
pretensión formulada en el proceso en el cual se dictó la providencia acusada de
incurrir en el error, porque la sentencia allí dictada ya ha hecho tránsito a cosa
juzgada y lo que se puede solicitar ahora es la reparación del daño causado como
consecuencia de tal decisión. El daño que aquí se reclama es distinto, lo que
implica para el demandante la carga de precisarlo y demostrar su causación.

5 Fl. 24, c-2.
6 Esta providencia se profirió en audiencia y se notificó en estrados el mismo día, el viernes 13 de febrero

de 2009, (fl. 24, c-2), por lo que de conformidad con el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social <<se entenderán surtidos los efectos de estas notificaciones desde su pronunciamiento>>.
Por lo tanto, según el artículo 331 del CPC, la providencia quedó ejecutoriada tres días después de
notificada, es decir, el 18 de febrero de 2009.
7 Fl. 43, c-2.
8 Fl. 43, c-2.
9 Fl. 2, c-1.
10 Al respecto las sentencias del 19 de junio y del 2 de octubre de 2019, proferidas dentro de los expedientes

No. 42976 y 45760, C.P. Alberto Montaña Plata. También ver la sentencia de 10 de febrero de 2021,
expediente 44645. C.P. Martín Bermúdez Muñoz.

6

Radicado: 25000-23-26-000-2011-00224-01 (46934)
Demandante: Nohora Cristina Alfonso Marín

10.- La accionante no formuló una pretensión autónoma en la que se determinara
cuál fue el daño antijurídico causado por el error judicial. Las pretensiones en
este caso se refieren a aspectos que ya fueron decididos por los jueces laborales
en una providencia que hizo tránsito a cosa juzgada. En efecto, en las
pretensiones de la demanda, la parte actora solicitó en primer lugar el pago del
auxilio de la cesantía <<correspondiente al saldo sobre el que se decretó la
prescripción y causado en el tiempo laborado>>11, aspecto sobre el cual los
jueces laborales se pronunciaron en las instancias correspondientes. Además de
lo anterior, en este caso la actora también pidió el pago de los salarios y
prestaciones laborales causados desde la fecha del retiro de la demandante
hasta que el ISS pagó la condena de la segunda instancia laboral, <<atendiendo
a que el contrato recobró su vigencia a título de sanción moratoria>>12 (énfasis
de la Sala). En otras palabras, la actora solicita en este caso un perjuicio tal como
si hubiese operado una sanción moratoria contra el ISS. Lo anterior se hace
evidente en la estimación de la cuantía, donde la demandante explicó:

<< [La reclamación de perjuicios materiales] lo sustento en:

1.- Las sumas que la demandante ha dejado de percibir por concepto de salarios,
primas, vacaciones, bonificaciones, aportes a pensión, junto con los incrementos
legales y en general todos los conceptos dejados de recibir causados desde la
fecha de su retiro del ISS, hasta la fecha en que se produzca el fallo, atendiendo
que a título de sanción, por el no pago de lo adeudado, el contrato renovó
su vigencia>> (énfasis de la Sala)>>13.

11.- La demanda de reparación directa por error judicial no es una tercera
instancia del proceso judicial; el daño que puede reclamarse en este caso es el
que genera la decisión que se considera como inadecuada el cual, por regla
general, se contrae solo a la pérdida de oportunidad sufrida por el demandante
como consecuencia de la decisión que se alega como equivocada. Por lo tanto,
la Sala concluye que la actora no formuló una pretensión autónoma en la que se
determinara cuál fue el daño antijurídico causado por el error judicial y se limitó a
solicitar los derechos que le fueron negados dentro del proceso laboral. La Sala
también considera que tampoco se probó el daño en este caso por esta misma
razón. Estas consideraciones son suficientes para negar las pretensiones de la
demanda.

G. Costas

12.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

11 Ibid.
12 Cita de la pretensión segunda.
13 Fl. 21, c-1.

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Radicado: 25000-23-26-000-2011-00224-01 (46934)
Demandante: Nohora Cristina Alfonso Marín

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMASE la decisión del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión del 30 de
octubre de 2012 que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: No se CONDENA en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

8

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