Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00249-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00249-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-00249-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
14 de junio de 2019
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CAPTURA ILEGAL / ACREDITACIÓN DE LA FALLA EN EL SERVICIO
La Sala debe determinar si la privación de la libertad que soportó el [demandante], en el marco del proceso penal seguido en su contra por el delito de rebelión, constituye una privación injusta de la libertad que compromete la responsabilidad de la Nación -Fiscalía General de la Nación. En caso de comprobarse lo anterior, se estudiará la indemnización de perjuicios. […] [L]a Fiscalía General de la Nación incurrió en una conducta constitutiva de falla del servicio dado que profirió resolución de acusación, en contra del señor […], sin tener en cuenta la decisión del 20 de septiembre de 2007, en virtud de la cual se le desvinculó de dicha investigación, y se ordenó cancelar la orden de captura que pesaba en su contra porque para el momento en el que este fue capturado con fundamento en esa resolución de acusación (i) no se encontraba vinculado a la investigación penal que adelantaba la Fiscalía […] y, (ii) no mediaba una orden legal de aprehensión contra él; no obstante, al día siguiente de su captura, esto es, el 19 de mayo de 2009, la Fiscalía encargada libró boleta de detención dirigida al director de la penitenciaria La Picota en la cual le señaló que mantuviera al [demandante] bajo detención […]. Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que no estaba el [demandante] […] en la obligación de soportar el daño, por falla del servicio, que el Estado le irrogó y que, por tanto, debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación de este de resarcirle los perjuicios que dicha medida le causó.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, cita la Sentencia de Unificación 072 del 5 de julio de 2018, Corte Constitucional, M. P. José Fernando Reyes Cuartas; y sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, Corte Constitucional, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, en la cual se determinó la exequibilidad condicionada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996.
RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA
Con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el [demandante] le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida. Según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la tasación de perjuicios morales, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, rad. 36149, C. P. Hernán Andrade Rincón (e).
CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE / MEDIDA DE REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO / HONORARIOS DEL ABOGADO
La Sala recuerda que el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo. Es preciso señalar que no cabe duda que los gastos de honorarios profesionales en que se haya incurrido para la defensa legal de quien estuvo privado de la libertad injustamente constituye un daño emergente que debe ser reparado en la medida que se compruebe, al menos, la gestión del abogado y el pago por los servicios prestados para que se le reconozca tal perjuicio a quien asumió el gasto.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1614 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 16
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el daño emergente por concepto de honorarios de abogado, ver la sentencia del 8 de junio de 2011, rad. 19576, Consejo de Estado, Sección Tercera, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Como la parte actora solicitó la indemnización por “perjuicio a la vida de relación”, sobre el particular conviene precisar que la Sala ha considerado que cuando se trata de alteraciones que afectan la calidad de vida de las personas -fuera de los daños corporales o daño a la salud, tales perjuicios se reconocerán bajo la denominación de daños derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, evento en el cual se podrá solicitar una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral. En efecto, quienes sufren una vulneración o afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa. […] Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por demostrado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la afectación grave de algún derecho constitucional convencionalmente protegido; no obstante, debe advertirse que no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio. En estas condiciones, debe entenderse que la pretensión a que se refiere este acápite encuadra en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos; no obstante, si bien la privación injusta de la libertad que soportó el [demandante] ocasionó una afectación en su vida y en la de sus allegados, ningún elemento de juicio adicional acredita que esa modificación haya sido de tal entidad que le hubiera afectado alguno de sus derechos constitucionalmente protegidos. Por lo anterior, la Sala se abstendrá de efectuar reconocimiento alguno por dicho perjuicio a los mencionados actores.
NOTA DE RELATORÍA: Respecto del perjuicio por el denominado “daño a la salud” consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de marzo de 2012, rad. 22163, M. P. Enrique Gil Botero. En cuanto al reconocimiento y liquidación de perjuicios morales, consultar: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, rad. 26251, M. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Respecto a los derechos constitucionalmente protegidos, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2013, rad. 25.634, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD
La responsabilidad del Estado por la privación de la libertad con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgía un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley, por cuanto estaban en juego derechos y principios de estirpe constitucional como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada por el Estado, tornaba en injusta la privación. Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Así lo ha declarado en asuntos donde resulta evidente que se trata de una detención ilegal o arbitraria, en eventos de homonimia o cuando se trata de capturas realizadas para efectos de indagatoria, surtidas las cuales, no se dicta una medida de aseguramiento en contra del imputado en el término legal. Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica establecer: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el título de imputación en casos de privación de la libertad, cita la Sentencia de Unificación Jurisprudencial del 15 de agosto de 2018, rad. 46947, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00249-01(46727)A
Actor: CARLOS ALBERTO LLANOS GAMBOA Y OTROS
Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD / FALLA DEL SERVICIO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN –profirió resolución de acusación en contra del actor dentro de una investigación en la que este no estaba vinculado.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 13 de diciembre de 2012, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
La Fiscalía Dieciséis de la Unidad Contra el Terrorismo revocó la decisión mediante la cual al señor Carlos Alberto Llanos Gamboa se le declaró persona ausente y, en consecuencia, ordenó cancelar la orden de captura en una investigación que se adelantó en su contra por el delito de rebelión. Sin embargo, ese mismo despacho profirió en su contra resolución de acusación dentro de la misma investigación y, posteriormente, el 18 de mayo de 2009, el señor Llanos Gamboa fue capturado. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca declaró la nulidad parcial de la resolución de acusación y, en su lugar, ordenó dejarlo en libertad.
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
En escrito presentado el 11 de enero de 2011 (fl. 50 a 65, c. 1), los señores Carlos Alberto Llanos Gamboa, José Santos Murillo Llanos y Cristina Murillo Tunaroza, quien obra en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Daruin Santiago Vargas Murillo, Jeisson Camilo, Leonardo y Edilso Felipe Vanegas Murillo, por conducto de apoderado judicial (fl. 1 a 4, c. 1), presentaron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación -Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales derivados de la privación de la libertad que se le impuso al señor Carlos Alberto Llanos Gamboa en un proceso penal adelantado en su contra por el delito de rebelión.
En concreto, los demandantes solicitaron que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:
Primera: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación de los perjuicios materiales y morales causados a los demandantes con ocasión de la privación injusta de la libertad del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa; perjuicios discriminados así:
Por perjuicios materiales: el valor de veintiocho millones de pesos ($28.000.000.=), por los siguientes ítems:
Por concepto de transporte aéreo, hotel y alimentación del apoderado del señor Carlos Alberto Llanos durante los tres (3) viajes que fue necesario realizar al municipio de Saravena – Arauca para asistir a las audiencias que el juzgado penal especializado de dicho municipio programó durante los días 1 de octubre de 2009 (audiencia preparatoria), 4 de noviembre de 2009 (audiencia pública que no se celebró porque no llevaron al detenido), 13 de noviembre de 2009 (notificación de la sentencia del Tribunal), se anexan citaciones y constancias respectivas, por valor de cinco millones de pesos ($5.000.000.=) se anexa la respectiva constancia de pago por este concepto.
Por concepto del valor del transporte de los familiares a la cárcel de la Picota de Bogotá y gastos varios durante el tiempo que estuvo detenido Carlos Alberto Llanos, para un total de tres millones de pesos ($3.000.000).
Por concepto del valor que el señor Carlos Alberto Llanos debe pagar como honorarios profesionales al doctor Óscar Téllez por la defensa dentro del proceso penal, por un total de veinte millones de pesos ($20.000.000).
Segunda: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa por valor de quinientos (500) SMLMV por concepto de daños y perjuicios morales por el tiempo que estuvo injustamente privado de su libertad, valor que a la fecha corresponde a la suma de doscientos cincuenta y siete millones quinientos mil pesos ($257.500.000.=).
Tercera: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa el valor de doscientos cincuenta (250) SMLMV por concepto de perjuicio a la vida de relación, por el tiempo que estuvo, injustamente privado de su libertad, valor que a la fecha corresponde a la suma de ciento veintiocho millones setecientos cincuenta mil pesos ($128.750.000.=).
Cuarta: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor del señor José Santo Murillo Llanos el valor de doscientos cincuenta (250) SMLMV, valor que a la fecha corresponde a la suma de ciento veintiocho millones setecientos cincuenta mil pesos ($128.750.000.=), por concepto de daños y perjuicios morales que le ocasionó el tiempo que estuvo, su hermano, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, injustamente privado de su libertad.
Quinta: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor de la señora Cristina Murillo Tunarosa el valor de doscientos cincuenta (250) SMLMV, valor que a la fecha corresponde a la suma de ciento veintiocho millones setecientos cincuenta mil pesos ($128.750.000.=), por concepto de daños y perjuicios morales que le ocasionó el tiempo que estuvo, su hermano, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, injustamente privado de su libertad.
Sexta: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor del menor Darvin Santiago Vanegas Murillo el valor de doscientos cincuenta (250) SMLMV, valor que a la fecha corresponde a la suma de ciento veintiocho millones setecientos cincuenta mil pesos ($128.750.000.=), por concepto de daños y perjuicios morales que le ocasionó el tiempo que estuvo, su tío, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, injustamente privado de su libertad.
Séptima: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor del menor Leonardo Vanegas Murillo el valor de doscientos cincuenta (250) SMLMV, valor que a la fecha corresponde a la suma de ciento veintiocho millones setecientos cincuenta mil pesos ($128.750.000.=), por concepto de daños y perjuicios morales que le ocasionó el tiempo que estuvo, su tío, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, injustamente privado de su libertad.
Octava: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor del menor Jeisson Camilo Vanegas Murillo el valor de doscientos cincuenta (250) SMLMV (…) por concepto de daños y perjuicios morales que le ocasionó el tiempo que estuvo, su tío, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, injustamente privado de su libertad.
Novena: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor del menor Edilso Felipe Vanegas Murillo el valor de doscientos cincuenta (250) SMLMV, valor que a la fecha corresponde a la suma de ciento veintiocho millones setecientos cincuenta mil pesos ($128.750.000.=), por concepto de daños y perjuicios morales que le ocasionó el tiempo que estuvo, su tío, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, injustamente privado de su libertad.
Décima: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor del señor José Santo Murillo Llanos el valor de ciento veinticinco (125) SMLMV, valor que a la fecha corresponde a la suma de sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil pesos ($64.375.000.=), por concepto de perjuicio a la vida de relación que le ocasionó el tiempo que estuvo, su hermano, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, injustamente privado de su libertad.
Undécima: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor de la señora Cristina Murillo Tunarosa el valor de ciento veinticinco (125) SMLMV, valor que a la fecha corresponde a la suma de sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil pesos ($64.375.000.=), por concepto de perjuicio a la vida de relación que le ocasionó el tiempo que estuvo, su hermano, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, injustamente privado de su libertad.
Duodécima: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor del menor Darvin Santiago Vanegas Murillo el valor de ciento veinticinco (125) SMLMV, valor que a la fecha corresponde a la suma de sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil pesos ($64.375.000.=), por concepto de perjuicio a la vida de relación que le ocasionó el tiempo que estuvo, su tío, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, injustamente privado de su libertad.
Treceava: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor del menor Leonardo Vanegas Murillo el valor de ciento veinticinco (125) SMLMV, valor que a la fecha corresponde a la suma de sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil pesos ($64.375.000.=), por concepto de perjuicio a la vida de relación que le ocasionó el tiempo que estuvo, su tío, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, injustamente privado de su libertad.
Catorceava: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor del menor Jeisson Camilo Vanegas Murillo el valor de ciento veinticinco (125) SMLMV, valor que a la fecha corresponde a la suma de sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil pesos ($64.375.000.=), por concepto de perjuicio a la vida de relación que le ocasionó el tiempo que estuvo, su tío, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, injustamente privado de su libertad.
Quinceava: Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación –Fiscalía General de la Nación al pago a favor del menor Edilso Felipe Vanegas Murillo el valor de ciento veinticinco (125) SMLMV, valor que a la fecha corresponde a la suma de sesenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco mil pesos ($64.375.000.=), por concepto de perjuicio a la vida de relación que le ocasionó el tiempo que estuvo, su tío, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, injustamente privado de su libertad.
Dieciseisava: Condenar en costas, conforme a lo normado en el art. 171 del C.C.A., a la entidad demandada Nación –Fiscalía General de la Nación.
Como fundamentos fácticos de tales pretensiones, se expuso en la demanda lo siguiente:
El 5 de mayo de 2009, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa se presentó en el DAS con el fin de solicitar su certificado judicial y allí le informaron que en la Fiscalía 16 Especializada, Unidad Nacional Contra el Terrorismo, se adelantaba una investigación en su contra por el delito de rebelión.
Luego, compareció voluntariamente ante dicha fiscalía para averiguar los motivos por los cuales era investigado; sin embargo, ese mismo día lo capturaron y fue recluido en la cárcel La Picota.
Dado que el Ejército Nacional, entidad donde laboraba el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa desde el 26 de junio de 2002, no le nombró un abogado que asumiera su defensa en el proceso penal, tuvo que nombrar uno de su confianza y pagarle los honorarios que fueron pactados por valor de $20’000.000.
El defensor de confianza solicitó ante la Fiscalía 16 especializada de Bogotá la nulidad de lo actuado por irregularidades en el procedimiento; no obstante, ese despacho le comunicó que el competente para decidir dicha solicitud era el Juez Penal del Circuito de Saravena, Arauca, por cuanto allí se había remitido el expediente para que se adelantara la etapa de juzgamiento.
Una vez el Juzgado Penal del Circuito de Saravena avocó conocimiento, citó a las partes para celebrar audiencia preparatoria, la cual se llevó a cabo luego de que se suspendiera en dos oportunidades. En desarrollo de dicha audiencia, el juez negó la solicitud de nulidad y concedió el recurso de apelación que presentó el defensor del señor Llanos Gamboa, ante el Tribunal Superior de Arauca.
El 11 de noviembre de 2009, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca declaró la nulidad propuesta y ordenó la libertad del señor Carlos Alberto Llanos, la que se cumplió al día siguiente.
2. El trámite en primera instancia
El Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, mediante providencia del 18 de enero de 2011 (fl. 64 a 65, c. 1), remitió el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.
El Tribunal inadmitió la demanda para que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 1395 de 2010, hiciera una estimación razonada bajo juramento de los perjuicios pretendidos (fl. 69, c.1).
El apoderado de la parte actora, mediante memorial del 26 de agosto de 2011, transcribió de forma idéntica las sumas de dinero que solicitó en las pretensiones de la demanda (fl. 70 a 72, c.1).
Luego, mediante providencia del 26 de octubre de 2011 (fl. 74 a 75, c. 1), admitió la demanda, decisión que se notificó en legal forma a la Fiscalía General de la Nación, a la Rama Judicial -quien no fue demandada- y al Ministerio Público (fl. 75 vto., 77 y 78, c. 1).
La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. En síntesis, manifestó que de las pruebas aportadas con la demanda no se acreditaban los perjuicios que supuestamente sufrieron los actores.
En ese sentido, indicó que los familiares del señor Llanos Gamboa no se encontraban legitimados para actuar porque, por una parte, el señor José Santos Murillo Llanos no dependía del afectado directo, y, por la otra, la señora Cristina Murillo Tunaroza, según consta el registro civil de nacimiento que se allegó con la demanda, no tiene ningún progenitor en común con el señor Llanos Gamboa (fl. 88 a 94, c.1).
Concluido el período probatorio, por auto de 13 de junio de 2012 (fl. 108, c. 1), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo, oportunidad procesal en la cual este último rindió concepto y las partes reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación (fl. 112 a 114 y 125 a 131, c. 1).
En sus alegatos, la Nación –Fiscalía General de la Nación agregó que sus actuaciones se desplegaron con sujeción a las normas constitucionales y legales vigentes para la época de ocurrencia de los hechos, razón por la cual no son de recibo los argumentos de la parte actora, dirigidos a que se declare la responsabilidad de esa entidad.
La Nación –Rama Judicial sostuvo que “los jueces de la República no dispusieron la privación de la libertad del demandante, dado que, se reitera, la privación de la libertad junto con otras decisiones, competía, según la Ley 600 de 2000, en forma exclusiva a la Fiscalía General de la Nación, por lo cual, se presenta falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación –Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura” (fl. 119 a 121, c.1).
En su concepto, el Ministerio Público solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda por cuanto en el expediente no obraban pruebas suficientes que acreditaran la responsabilidad del Estado.
3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 13 de diciembre de 2012 (fl. 139 a 144, c.p), negó las pretensiones de la demanda.
Para adoptar dicha decisión, consideró que “no se encuentran los medios de convicción necesarios para demostrar el acaecer de los hechos objeto de la demanda” dado que en el expediente no obraba: (i) copia de la decisión a través de la cual se le privó de la libertad al señor Llanos, (ii) la providencia que rompió la unidad procesal de la investigación que contra él se adelantó ni (iii) boleta de libertad o certificación del establecimiento carcelario en el que estuvo recluido.
Precisó que el señor Llanos Gamboa fue dejado en libertad debido a que se declaró la nulidad de la resolución de acusación con fundamento en que, con antelación a que se profiriera dicha resolución, mediante providencia del 20 de septiembre de 2007, “se rompió la unidad procesal, disponiendo que la investigación del aquí demandante continuara en forma separada de los demás investigados”. De ahí que el señor Llanos Gamboa no fue absuelto de la conducta que se le endilgó.
Respecto de la legitimación en la causa por activa, consideró que no se acreditó debidamente el parentesco de los señores José Santos Murillo Llanos y Cristina Murillo Tunaroza con el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, puesto que “en los registros civiles de nacimiento no coincide el nombre de los padres de la víctima con los de las personas que demandan en calidad de sus hermanos” y, si bien se allegó una declaración extra juicio esa no era “la forma idónea de corregir errores en un registro civil”. De igual forma, sostuvo que no se decretaron ni practicaron testimonios para demostrar la condición de damnificados de los señores José Santos Murillo Llanos y Cristina Murillo Tunaroza.
Sobre la legitimación en la causa por pasiva, consideró que la Nación –Rama Judicial se encontraba legitimada toda vez que el Juzgado Penal del Circuito de Saravena fue quien negó la solicitud de nulidad formulada por el apoderado del señor Llanos Gamboa contra la investigación que adelantó la Fiscalía 16 Especializada.
4. El recurso de apelación
Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte actora interpuso, oportunamente, recurso de apelación contra la misma (fl.146 a 155, c.p).
Como sustento del recurso, sostuvo que el a quo no valoró integralmente las pruebas obrantes en el expediente, toda vez que a folios 106 y 107 del c.1 obraban dos testimonios, ordenados y practicados por el mismo juez, con los cuales se acreditaba el carácter de damnificados de los señores José Santos Murillo Llanos y Cristina Murillo Tunaroza.
Indicó que la demanda no fue dirigida en contra de la Nación –Rama Judicial sino en contra de la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta que la falla en el servicio “se debió a que la fiscalía 16 especializada privó de la libertad a una persona que no tenía orden de captura vigente”.
Señaló que era obligación del juez “buscar las pruebas que lo lleven a tener certeza sobre la decisión que ha de tomar” y, en este caso, el Tribunal a quo desconoció lo dispuesto en el artículo 213 del CCA, toda vez que negó las pruebas solicitadas en la demanda.
5. El trámite de segunda instancia
El recurso fue concedido el 7 de marzo de 2013 (fl. 163, c.p) y admitido el 26 de abril de ese mismo año (fl. 167, c.p). El 20 de junio de 2014 (fl. 252, c.p) se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera el concepto correspondiente.
En esta oportunidad, la parte actora reiteró los argumentos expuestos a lo largo del proceso y adicionó lo siguiente (fl. 253 a 259, c.p):
[N]o solo hubo ligereza por parte de la fiscalía 16 especializada sino que también el juzgado único de Saravena incurrió en esta conducta, al negar –sin haber estudiado el caso- las solicitudes de nulidad y de detención domiciliaria que el apoderado del señor Carlos Alberto Llanos le presentó, prueba de ello es que el Honorable Tribunal de Arauca sí estudió el caso y encontró las falencias procesales que el juzgado de Saravena debió encontrar sí hubiera estudiado el caso.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación alegó que, cuando ordenó la detención preventiva del señor Llanos Gamboa, tuvo en cuenta los indicios graves que existían en contra de él.
La Rama Judicial allegó los mismos alegatos de conclusión que presentó en primera instancia.
El 21 de junio de 2018, la Subsección A ordenó que se oficiara a la Fiscalía 16 Especializada de la Unidad Nacional contra el terrorismo y al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca, para que remitieran, en calidad préstamo, el expediente penal 2009-00113-01 seguido en contra del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa por delito de rebelión (fl.242, c.p).
III. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Prelación de fallo
Mediante Acta N° 10 del 25 de abril de 2013, la Sala Plena de la Sección Tercera determinó la prelación para fallo en eventos de privación injusta de la libertad sin el rigor del turno, pero respetando el año de ingreso del expediente al Consejo de Estado.
2. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 13 de diciembre de 2012, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dado que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y las consideraciones de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los tribunales administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.
3. Ejercicio oportuno de la acción
Al tenor de lo previsto por el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.
Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.
El Tribunal Superior de Arauca, mediante providencia de 11 de noviembre de 2009, declaró la nulidad parcial de la resolución de acusación de 15 de abril de 2009 respecto del señor Llanos Gamboa y ordenó su libertad inmediata, la cual se notificó personalmente el 12 de noviembre siguiente (fl. 226, c.p) día en cual el actor recobró su libertad, lo que lleva a concluir que la demanda fue interpuesta oportunamente, ya que su radicación se efectuó el 11 de enero de 2011 (fl. 61 vto., c. 1), vale decir, dentro de los dos años previstos en la ley para ese efecto.
4. La legitimación en la causa
Respecto del demandante Carlos Alberto Llanos Gamboa se tiene que fue la víctima directa del daño alegado y, por tanto, la persona privada de la libertad, lo que permite concluir que cuenta con legitimación en la causa por activa.
Sobre la legitimación en la causa de los señores Cristina Murillo Tunaroza, José Santos Murillo Llanos, quienes demandan en calidad de hermanos del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, es del caso aclarar que de los registros civiles de nacimiento que aportaron no se infiere su parentesco con este por las siguientes razones:
Si bien aquellos aducen tener a su progenitora en común, en la copia del registro civil de la señora Cristina Murillo Tunaroza (fl. 45, c.1) aparece que nació el 13 de julio de 1970 y que su madre es la señora Rosa Tunaroza. De ahí que no se encuentre probada su calidad de hermana del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, pues no coinciden sus apellidos.
Por su parte, en la copia del registro civil del señor José Santos Murillo Llanos (fl. 19, c.1) se tiene que nació el 30 de junio de 1973, es decir, es mayor que el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa quien nació el 19 de marzo de 1982 y está registrada como su madre la señora Rosa María Llanos de Gamboa, quien figura en el documento como fallecida; por consiguiente, tampoco se encuentra probada su calidad de hermano del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa.
Al no acreditarse que la señora Cristina Murillo Tunaroza sea hermana del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, tampoco se acreditó la legitimación de los hijos de aquella, Daruin Santiago Vargas Murillo, Jeisson Camilo, Edilso Felipe y Leonardo Vanegas Murillo, quienes demandaron en calidad de sobrinos del señor Llanos Gamboa.
No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta Sección también ha señalado que quienes no demuestren el parentesco pueden ser reconocidos como terceros damnificados y otorgárseles la indemnización correspondiente si acreditan la relación afectiva y el perjuicio moral sufrido.
De conformidad con lo anterior y en aras de garantizar una reparación integral, la Sala entrará a analizar si pueden considerarse a los señores José Santos Murillo Llanos, Cristina Murillo Tunaroza y a sus hijos, supuestos sobrinos del demandante: Daruin Santiago Vargas Murillo, Jeisson Camilo, Edilso Felipe y Leonardo Vanegas Murillo, como terceros damnificados.
En cuanto a las relaciones afectivas de los señores mencionados anteriormente con el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, la señora Carmen Helena Lobaton atestiguó lo siguiente (fl. 106, c.1):
PREGUNTADO: Dígale al despacho hace cuánto tiempo conoce al señor Carlos Alberto Llanos, persona que fuera detenida y a quien usted se refiere como su cuñado. CONTESTÓ: A mi cuñado lo conozco hace 8 años. PREGUNTADO: Dígale al despacho, si lo sabe, que personas integran o conforman el núcleo familiar del señor Carlos Alberto Llanos. CONTESTÓ: El grupo familiar de mi cuñado está conformado por José Santos Murillo, Cristina Murillo, Darwin Santiago Vanegas Murillo, Camilo Vanegas Murillo, Leonardo Vanegas Murillo y Felipe Vanegas Murillo. PREGUNTADO: Dígale al despacho cuál es el parentesco de cada una de las personas que usted acaba de citar como integrantes del núcleo familiar del señor Carlos Alberto Llanos. CONTESTÓ: Cristina y José Santos son hermanos; y los cuatro niños son sobrinos del señor Carlos Alberto Llanos. (…) PREGUNTADO: Dígale al despacho cuanto hace que convive con el señor José Santos Murillo CONTESTÓ: Hace ocho años y medio PREGUNTADO: Dígale al despacho cómo vivió la familia de Carlos Alberto Llanos la detención de su hermano y tío CONTESTÓ: Para nosotros fue algo terrible especialmente para mi cuñada Cristina Murillo porque a raíz de que ella es viuda, mi cuñado Carlos Alberto Llanos es el que asumió la manutención y educación de los cuatro sobrinos y en todo lo relacionado con los gastos de ellos. PREGUNTADO: Cuéntele al despacho si lo sabe cómo asumieron los sobrinos y los hermanos de Carlos Alberto Llanos la situación de este cuando fue detenido aparentemente por ser miembro de un grupo delincuente llamado FARC. CONTESTÓ: Con tristeza y gran preocupación por los niños y su situación económica, los niños sufrieron traumas en el colegio por lo que les contaron del tío y por el área económica porque mi cuñada y los niños quedaron desamparados y el señor José Santos Llanos le tocó asumir las responsabilidades del caso. PREGUNTADO: Cuál fue el trato que la comunidad le dio a los hermanos y los sobrinos del señor Carlos Alberto Llanos cuando la gente se enteró que este había sido recluido en la cárcel la Picota acusado de ser miembro de un grupo guerrillero. CONTESTÓ: El trato fue de desprecio hacia los niños en el sitio donde viven y en el plantel educativo. (…) PREGUNTADO: Dígale al despacho quienes visitaban en la cárcel la Picota al señor Carlos Alberto Llanos durante el tiempo que estuvo allí privado de la libertad. CONTESTÓ: Durante su detención lo visitamos Cristina Murillo, su hermana; José Santos Murillo y los cuatro sobrinos, Ingrid Johana Pérez y Carmen Lobaton. PREGUNTADO: Dígale al despacho que personas de la familia de Carlos Alberto Llanos lo acompañaron al municipio de Saravena cuando él fue llevado a ese municipio para diligencias judiciales. CONTESTÓ: En la primera ocasión lo acompañó su hermano José Santos Murillo y en la segunda su hermana la señora Cristina Murillo (…).
Por su parte, la señora Ingrid Johanna Pérez Lobaton señaló lo siguiente:
PREGUNTADO: Dígale al despacho cuánto tiempo hace conoce al señor Carlos Alberto Llanos y por qué motivos lo conoce. CONTESTÓ: Hace ocho años lo conozco porque es el hermano del esposo de mi mami. PREGUNTADO: Dígale al Despacho, si lo sabe, qué personas integran o conforman el núcleo familiar del señor Carlos Alberto Llanos. CONTESTÓ: José y Cristina son los hermanos y los demás niños son los sobrinos. PREGUNTADO: Dígale al despacho como vivió la familia de Carlos Alberto Llanos la detención de su hermano y tío. CONTESTÓ: Pues fue una situación en la que entró a una situación de crisis económica puesto que la hermana es viuda y él es que responde por todos los niños y le paga el ancianato a su mamá y cuando él estaba en la cárcel nosotros hacíamos rifas para poderle colaborar a ella. PREGUNTADO: Cuéntele al despacho si lo sabe cómo asumieron los sobrinos y los hermanos de Carlos Alberto Llanos la situación de este cuando fue detenido aparentemente por ser miembro de un grupo delincuente llamado FARC. CONTESTÓ: Pues emocionalmente para los niños fue muy mal porque fueron rechazados por la sociedad y también juzgaban a la hermana y pues ella con tristeza, desesperación, preocupación cuando se enteraron de que el tío estaba preso la citaron al colegio porque a uno de los niños le estaba yendo mal. PREGUNTADO: Cuál fue el trato que la comunidad le dio a los hermanos y los sobrinos del señor Carlos Alberto Llanos cuando la gente se enteró que este había sido recluido en la cárcel la picota acusado de ser miembro de un grupo guerrillero. CONTESTÓ: Desprecio, los criticaban mucho. PREGUNTADO: Dígale al despacho quienes visitaban en la cárcel la Picota al señor Carlos Alberto Llanos durante el tiempo que estuvo allí privado de la libertad. CONTESTÓ: José Murillo, Ingrid Pérez, Cristina Murillo, Darwin, Santiago Murillo, Jeison Murillo y Leonardo Murillo. PREGUNTADO: Dígale al despacho qué personas de la familia de Carlos Alberto Llanos lo acompañaron al municipio de Saravena cuando él fue llevado a ese municipio para diligencias judiciales. CONTESTÓ: Cristina Murillo y José Murillo, ellos se intercambiaban en ir (…).
Al estudiar las aludidas testificaciones cuya recopilación fue solicitada por la parte actora, la Sala considera que los testigos carecen de circunstancias que afecten su credibilidad e imparcialidad, toda vez que el simple hecho de ser personas allegadas a la parte interesada en el litigio, no es una premisa suficiente para sustentar la conclusión de que se trata de unos elementos de prueba que carecen de verdad, pues es deber del juez realizar un análisis a profundidad de los medios de convicción y, en esa labor, acudir a las reglas de la experiencia y la sana crítica, como en distintas ocasiones lo ha considerado la jurisprudencia.
En esa óptica, revisadas las versiones rendidas por los mencionados declarantes, observa la Sala que los mismos, son coincidentes en cuanto a los hechos cuya acreditación resulta de interés para la parte actora; y se aprecia que sus manifestaciones fueron espontáneas y libres, lo que permite concederles plena credibilidad.
De acuerdo con todo lo anterior, observa la Sala que los señores José Santos Murillo Llanos, Cristina Murillo Tunaroza, Jeisson Camilo, Edilso Felipe y Leonardo Vanegas Murillo resultaron afectados con la privación de la libertad del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, a pesar de no haber probado la existencia de parentesco con la víctima directa, puesto que demostraron el vínculo afectivo que los unía y el sufrimiento que padecieron con la privación de la libertad que soportó el primero, circunstancia que permite a la Sala reconocer su legitimación en la causa por activa en calidad de terceros damnificados.
Respecto del menor de edad Daruin Santiago Vargas Murillo, hijo de la señora Cristina Murillo Tunaroza, obra en el expediente registro civil de nacimiento (fl. 46, c.1) en el que consta que nació el 22 de abril de 2008, esto es, para la fecha en la que el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa fue privado de su libertad, el menor Daruin Santiago Vargas Murillo contaba con 1 año de edad y, según los testimonios anteriormente relacionados, no se demostró su vínculo afectivo y el sufrimiento que padeció con la ausencia temporal de aquel del hogar materno, circunstancia que impide a la Sala otorgarle la calidad de tercero damnificado.
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se verifica que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Nación-Fiscalía General de la Nación- a la cual se acusa de ser la causante de los perjuicios cuya indemnización reclama la parte actora, por tanto, se encuentra legitimada como parte demandada en el asunto de la referencia.
Dado que la Nación –Rama Judicial no fue demandada en el presente asunto y las pretensiones formuladas en la demanda están dirigidas exclusivamente a imponer una prestación u obligación en favor del demandante y a cargo de la Fiscalía General de la Nación se declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Nación -Rama Judicial puesto que no tiene interés para controvertir dichas pretensiones.
5. La responsabilidad del Estado por la privación de la libertad con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política
5.1. La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgía un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley, por cuanto estaban en juego derechos y principios de estirpe constitucional como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada por el Estado, tornaba en injusta la privación.
Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Así lo ha declarado en asuntos donde resulta evidente que se trata de una detención ilegal o arbitraria, en eventos de homonimia o cuando se trata de capturas realizadas para efectos de indagatoria, surtidas las cuales, no se dicta una medida de aseguramiento en contra del imputado en el término legal.
5.2. Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica establecer: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión. La Sala señaló en la mencionada sentencia:
Así las cosas y como al tenor de los pronunciamientos de esta Sala la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 63 del Código Civil, la conducta de quien fue privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente, fue esa persona quien dio lugar a la apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos.
En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.
Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.
Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.
El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.
5.3. Las consideraciones anteriores no resultan contradictorias con las conclusiones de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU 72/18, sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad.
En efecto, la Corte precisa que, ni el artículo 90 de la Constitución Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada del ese artículo, determinan un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad.
La Corte Constitucional reitera que en materia de reparación directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso y que definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos contraviene la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de contera el régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política.
En el mismo sentido precisa que en determinados eventos, entre los cuales se hace referencia a la absolución por in dubio pro reo, y a aquellos en los cuales se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996.
De acuerdo con la providencia, el juez puede escoger entre un título de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega que las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991.
Por último, la Corte Constitucional, en el mismo sentido de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que en todos los casos en los que se reclame la reparación de los daños generados por privación injusta de la libertad debe valorarse la culpa exclusiva de la víctima.
5.4. Para llegar a las anteriores conclusiones, la Corte Constitucional pone de presente que la libertad es uno de los bastiones del Estado Social de Derecho de carácter multidimensional, como valor, principio y derecho fundamental, como se deduce del preámbulo y los artículo 1, 2 y 28 de la Constitución Política, entre otros, bajo el entendido que valores tales como la democracia, el pluralismo y la dignidad humana no pueden ser concebidos si no tienen como punto de partida la libertad.
Sin embargo, la libertad, como otros derechos, no tiene carácter ilimitado y puede ceder en casos excepcionalísimos al disfrute de los derechos por parte de otros individuos o a la búsqueda del bienestar general. La fuente principal de esas restricciones es el derecho punitivo, que al mismo tiempo la reconoce de manera principalísima como un principio.
Esas restricciones excepcionales a la libertad, además de los límites constitucionales, están sometidas de manera superlativa a estrictas reglas de competencia, de tiempo para verificar su legalidad, así como a la posibilidad de revisar la pertinencia de la restricción. En el mismo sentido debe hacerse una diferenciación tajante entre dos figuras, pena y detención preventiva, y que esta no puede implicar, de ninguna manera, una vulneración al principio de presunción de inocencia y que, conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentran sometidas al criterio irreductible de que sean absolutamente necesarias.
Pero además de la necesidad, ese ejercicio punitivo preventivo del Estado encuentra otro límite, como es el principio de proporcionalidad, que permite desde el ámbito constitucional examinar y neutralizar los excesos de la potestad de configuración del legislador penal, en particular las medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal de una persona imputada por un hecho punible. La regla de proporcionalidad impone que los beneficios de las medidas preventivas deben ser superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que imponen a los afectados por ellas.
Bajo los anteriores parámetros, la Corte Constitucional, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, reconoce que el Consejo de Estado, en aras del principio de seguridad jurídica, ha acudido tanto a un régimen responsabilidad subjetivo como objetivo en determinados eventos, lo cual no contradice, en principio, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la interpretación integral del artículo 90 de la Constitución Política.
Sin embargo, señala que, en cuatro eventos de absolución, como son que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o porque se aplicó el principio del in dubio pro reo, se ha aplicado el título objetivo de imputación del daño especial.
Para la Corte Constitucional un régimen de tal naturaleza, pasa por alto que la falla del servicio es el título de imputación preferente y que los otros dos títulos, el riesgo excepcional y el daño especial, son residuales “esto es, a ellos se acude cuando el régimen subjetivo no es suficiente para resolver una determinada situación”.
Con fundamento en todo lo anterior, la Corte Constitucional señala que en la sentencia C-037 de 1996 se concluyó que, cualquiera que sea el régimen a aplicar, la calificación de injusta de una privación de la libertad, implica necesariamente “definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho”. Frente a este tópico prescribe:
En este punto se precisa que esa comprensión fue plasmada como condicionamiento de dicho artículo, al consignar en el numeral tercero de la parte resolutiva que se declaraban exequibles “pero bajo las condiciones previstas en esta providencia, (…)”, entre otros, el artículo 68, sobre el cual en la parte considerativa se había determinado que las reflexiones transcritas eran las condiciones para declararlo exequible.
Ahora bien, la Corte señala que las normas que contienen los diferentes supuestos en
los que procede la detención preventiva en los ordenamientos procesales penales, vigentes desde la promulgación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, le son inherentes el juicio de razonabilidad y de proporcionalidad. Sin embargo, los requisitos para imponer la medida de aseguramiento han variado de uno a otro de acuerdo el grado de convicción probatoria requerida, mientras el Decreto Ley 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000 solicitaban de uno o dos indicios graves de responsabilidad, respectivamente, la Ley 906 exige de una inferencia razonable de autoría o participación del imputado.
La Corte insiste en que para una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el juez administrativo a la hora de definir si una privación de la libertad es injusta o no, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerar si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de “razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”. Al respecto concluye:
Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares.
Luego insiste en que el elemento común que exige el artículo 90 de la Constitución Política es la existencia de un daño antijurídico y que la responsabilidad patrimonial se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación, frente a lo cual señala que, la sentencia C-037 de 1996 es consecuente con ese razonamiento a partir de la interpretación del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, que es la cláusula general de responsabilidad del Estado en lo que tiene que ver con la actividad judicial, en la que no se adscribió a ningún título de imputación específico. Y en lo que tiene que ver con la privación injusta de la libertad señaló:
De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.
La Corte señala que lo anterior no impide que se creen reglas en pro de ofrecer homogeneidad en materia de decisiones judiciales, pero estas deben fundamentarse en un análisis concienzudo de las fuentes del daño y no en generalizaciones normativas, que no tomen en cuenta las posibilidades que giran en torno a esas fuentes.
5.5. De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional, señala que en dos eventos establecidos por el Consejo de Estado, resulta factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, estos son cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”.
En criterio de la Corte desde el inicio de la investigación, el fiscal o juez deben tener claro que el hecho sí se presentó y que es objetivamente típico, ya que disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos. En el primer caso el funcionario judicial debe tener en claro esa información desde un principio y en el segundo se trata de una tarea más sencilla, que consiste en el cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipifican como tal.
Las dos causales anteriores se contrastan con la absolución consistente en que el procesado no cometió el delito y la aplicación del principio in dubio pro reo, la Corte considera que estas requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor de la misma. En un sistema como el acusatorio no resulta exigible al fiscal y al juez con función de garantías que en etapas tempranas de la investigación penal definir si el imputado ejecutó la conducta, pues será en etapas posteriores que el funcionario judicial definirá tales asuntos, que solo se pueden definir en la contradicción probatoria durante un juicio oral.
Lo mismo pasaría respecto de eventos de absolución en los que concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, en los que la conducta resulta objetivamente típica, pero no lo era desde el punto de vista subjetivo.
5.6. En conclusión, las sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada.
En la misma vía, en todos los eventos posibles, será necesario descartar si el imputado o sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la medida de privación de la libertad.
Bajo los anteriores parámetros entra a considerarse el caso concreto.
6. Problema jurídico
La Sala debe determinar si la privación de la libertad que soportó el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, en el marco del proceso penal seguido en su contra por el delito de rebelión, constituye una privación injusta de la libertad que compromete la responsabilidad de la Nación -Fiscalía General de la Nación. En caso de comprobarse lo anterior, se estudiará la indemnización de perjuicios.
7. Elementos de la responsabilidad
7.1. El daño
En el presente asunto, el daño alegado por los demandantes es la afectación a la libertad del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, durante el tiempo que estuvo detenido en centro carcelario en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra como supuesto coautor del delito de rebelión, por el cual fue capturado el 18 de mayo de 2009, según consta en el acta de derechos del capturado, así: “Bogotá, a los dieciocho días del mes de mayo del año 2009, siendo las 17:40 horas, el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, identificado con c.c. n°…, (…) imputado del delito de rebelión; suscribe la presente acta con el fin de manifestar buen trato físico, psicológico y moral por parte del personal que realizó el procedimiento de la captura (…)” (fl. 76, c. 3).
El 19 de mayo de 2009, el Fiscal 16 Especializado suscribió la boleta de detención nº. 003 D-16 UNAT, en la que consignó lo siguiente (fl. 81, c. 3):
Ciudad: Bogotá. Fecha dejado a disposición: 19/05/2009. Fecha resolución: 15/04/2009. Autoridad Judicial: Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados -Unidad Nacional contra el terrorismo, despacho 16. Señor director Penitenciaria Nacional La Picota de Bogotá, D.C. sírvase mantener bajo detención a órdenes de la Fiscalía 16 especializada de terrorismo, radicado: 60230 a: Carlos Alberto Llanos Gamboa, documento de identidad c.c. nº…, de Chita, Boyacá, por el delito de rebelión.
El 11 de noviembre de 2009, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca declaró la nulidad parcial de la resolución de acusación del 15 de abril de 2009, respecto de varias personas entre estas el aquí demandante y ordenó su libertad inmediata al considerar que su captura “se llevó a cabo sin orden de autoridad judicial competente, toda vez que la emitida mediante oficio No. 063 de 19 de diciembre de 2002 había sido cancelada, amén que no aparece legalmente vinculado al proceso como presunto coautor ya que la declaratoria de persona ausente había sido revocada mediante decisión de fecha 20 de septiembre de 2007, que a su vez ordenó la cancelación de la orden de captura proferida en su contra” (fl. 28 a 44, c.1).
La privación de la libertad se extendió hasta el 12 de noviembre de 2009, fecha en la cual el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa recobró su libertad, según consta en certificación del Inpec (fl. 242 a 243, c. p).
En ese orden, es claro que el señor Llanos Gamboa estuvo privado de la libertad en centro carcelario por un lapso de 5 meses y 24 días.
7.2. La imputación
Establecida la existencia del daño es necesario verificar si este es imputable o no a la entidad demandada, aspecto que constituye el núcleo del recurso de apelación formulado. Se recuerda que, a juicio de la parte actora se debe declarar la responsabilidad de la Nación -Fiscalía General de la Nación, por haber proferido en contra del señor Llanos Gamboa una resolución de acusación dentro de una investigación penal en la que no estaba vinculado y, con fundamento en esta, haberlo privado injustamente de la libertad.
El presente caso estaba gobernado por la Ley 600 de 2000, la cual en su artículo 39 establecía que en cualquier momento de la investigación en que apareciera demostrado que la conducta no existió o que el sindicado no la cometió, o que era atípica, o que estaba demostrada una causal excluyente de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el Fiscal General de la Nación o su delegado declararían precluida la investigación penal, mediante providencia interlocutoria. El juez, considerando las mismas causales, declararía la cesación del procedimiento durante la etapa del juicio.
Bajo estas normas se rigió el procedimiento que se adelantó en contra del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, del cual se destacan las siguientes actuaciones:
• El 19 de diciembre de 2002, mediante oficio 063 el Fiscal de la Unidad Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, estructura de apoyo de Arauca, emitió orden de captura en contra del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa por el delito de rebelión, con el fin de que rindiera indagatoria (fl. 75, c. 3).
• El 7 de noviembre de 2003, el Fiscal 16 de la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotá, Unidad Nacional contra el terrorismo, declaró persona ausente al señor Llanos Gamboa y ordenó que se le designara un defensor de oficio (fl. 11, c.3).
• El 20 de septiembre de 2007, ese despacho de fiscalía, respecto del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, resolvió (fl. 39 a 53, c. 3):
En cuanto a las siguientes personas, que fueron vinculadas como personas ausentes sin estar plenamente identificadas como corresponde y a quienes se les libró orden de captura con base en datos no suficientes para proceder de tal forma, esta determinación se revoca y se ordena la cancelación de las órdenes de captura emitidas en su contra, ordenando la ruptura procesal y la compulsación de copias ante la Fiscalía Seccional de Arauca para que proceda de conformidad, de acuerdo a su competencia territorial y funcional.
• El 20 de octubre de 2008 se libraron las órdenes de cancelación de la captura del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, las cuales fueron dirigidas a las siguientes autoridades: Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Dirección Nacional de Fiscalías –Punto de Registro S.I.A.N.-, y a la Dirección de Investigación Criminal DIJIN (fl. 12, c.3).
• El 15 de abril de 2009, el Fiscal 16 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Bogotá, al calificar el mérito de la investigación dictó resolución de acusación en contra del señor Llanos Gamboa y otras 78 personas más por el delito de rebelión, con base en el siguiente análisis:
[S]e procede a proferir en su contra resolución de acusación, pues como se puede observar, la admisión de responsabilidad deducida y endilgada en contra de estas setenta y nueve personas, se desencadenó a partir de la prueba documental en la que estas aparecen registradas como miembros de las Farc, y en el que concuerdan varios de sus datos personales, tales como su número de cédula de ciudadanía, sus características morfológicas y familiares, así como que se encuentran en fotografías donde aparecen vistiendo y portando prendas y armas de uso privativo de las fuerzas militares, elementos estos que adquieren carácter probatorio de documento, como lo establece el art. 251 del C. de P.P. encontrándose de esta forma esa responsabilidad dolosa, clara y contundente.
(…)
Para esta delegada las pruebas entregadas por el señor desmovilizado de la organización de las Farc, son de recibo y se les asigna total credibilidad, puesto que una vez que decidió reinsertarse o dejar la labor de rebelde, decidió entregarse voluntariamente y arrimar al plenario de manera libre, voluntaria, coherente y creíble todo sobre su testimonio bajo la gravedad del juramento, lo que adquiere la calidad de confesión al relatar detalladamente su vida, actividad y lo que sucedió al interior de la organización. Recordemos que el señor testigo como quiera que fue Jefe de Personal entregó la documentación que se encontraba escondida en una caleta que contenía valiosa información o documentación importantísima de este grupo como lo es las personas que se han afiliado al grupo, el testigo afirmó bajo la gravedad del juramento que todas las personas que aparecen registradas en las hojas de vida, pertenecen a la guerrilla (…).
• El 18 de mayo de 2009 el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa fue retenido, según consta en la respectiva acta de derechos del capturado (fl. 76, c.3) y, al día siguiente, el Fiscal 16 Especializado suscribió la boleta de detención nº. 003 D-16 UNAT, en la que consignó lo siguiente (fl. 81, c. 3):
Ciudad: Bogotá. Fecha dejado a disposición: 19/05/2009. Fecha resolución: 15/04/2009. Autoridad Judicial: Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados -Unidad Nacional contra el terrorismo, despacho 16. Señor director Penitenciaria Nacional La Picota de Bogotá, D.C. sírvase mantener bajo detención a órdenes de la Fiscalía 16 especializada de terrorismo, radicado: 60230 a: Carlos Alberto Llanos Gamboa, documento de identidad c.c. nº…, de Chita, Boyacá, por el delito de rebelión.
• El 1º de octubre de 2009, el Juzgado Penal del Circuito de Saravena celebró audiencia preparatoria en la que negó la solicitud de nulidad que presentó el apoderado del señor Llanos Gamboa, en los siguientes términos (fl. 22 a 28, c.3):
En el caso presente no le asiste razón al defensor (…) pues el procesado Carlos Alberto Llanos Gamboa fue vinculado al proceso mediante declaratoria de persona ausente, previo a haber sido plenamente identificado e individualizado y haberse agotado los trámites exigidos por el art. 344 de la Ley 600 de 2000, es decir, luego de haberse librado orden de captura no solo en su contra sino en contra de los 78 procesados más, fue imposible para los organismos de seguridad del Estado realizar su captura. Igualmente se evidencia dentro del proceso que la Fiscalía de conocimiento agotó las vías posibles para lograr su vinculación sin que fuera posible. Esto hace que dicha declaratoria este acorde con lo preceptuado en el art. 356 del C.P.P. Ahora bien, el hecho de que el procesado a la fecha del proferimiento de la resolución de declaratoria de persona ausente perteneciera a las Fuerzas Militares de Colombia, era totalmente desconocido por el ente acusador, de lo contrario sería obvio que se hubiese oficiado a dicho ente para que pusieran a disposición del acusador al procesado para ser escuchado en indagatoria (…).
De igual manera se decidirá en lo que tiene que ver con la violación al derecho a la defensa alegada, toda vez que revisado el expediente, el procesado Carlos Alberto Llanos Gamboa si contó con defensa técnica en la etapa de investigación, toda vez que la Fiscalía de conocimiento designó como defensor de oficio de los procesados al dr. Jesús Norberto Parada Duque, quien fuera notificado de las diferentes actuaciones realizadas por el acusador, así como se encuentra al igual que el procesado Llanos Gamboa debidamente notificado de la resolución de acusación. No comparte el despacho la manifestación del defensor en lo que tiene que ver con que el procesado no fue enterado del contenido de la resolución, toda vez que si contaba con defensa técnica este con seguridad explicó los alcances de dicha resolución, al punto de que fue el mismo procesado de quien luego de notificado manifestó que su deseo de acogerse a la figura de la sentencia anticipada, solicitud esta coadyuvada por su entonces defensor. Por lo tanto y al no verse violado el derecho a la defensa del procesado, de igual manera se denegará la petición de nulidad elevada por la defensa (…).
Inconforme con la decisión anterior, el apoderado del señor Llanos Gamboa interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca.
• El 10 de noviembre de 2009, el Juzgado Penal del Circuito de Saravena negó la solicitud de sustitución de la medida de aseguramiento intramural por detención domiciliaria (fl. 29 a 38, c. 3).
• El 11 de noviembre de 2009, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca, declaró la nulidad parcial de la resolución de acusación de 15 de abril de 2009 respecto del señor Llanos Gamboa y varias personas más y, por consiguiente, ordenó la libertad inmediata de aquel; la anterior decisión se adoptó con fundamento en las siguientes consideraciones (fl. 5 a 21, c. 3):
Deviene en ilegal y violatoria del debido proceso la resolución de acusación proferida en forma ligera, con absoluta desidia e incuria por el señor Fiscal encargado de la investigación, que sin reparar en quienes estaban realmente vinculados al averiguatorio profirió resolución de acusación incluyendo a aquellos respecto de quienes se había revocado la declaratoria de persona ausente, se había determinado la cancelación de las órdenes de captura y la iniciación por separado de indagación preliminar con miras a su plena identificación e individualización, en virtud del rompimiento de la unidad procesal también decretado.
En efecto, se profirió resolución de acusación contra 24 personas a quienes se les había revocado la declaratoria de personas ausentes y respecto de las cuales se había ordenado la cancelación de las ordenes de captura que corresponden a: (…) (6) Carlos Alberto Llanos Gamboa (…).
De esa manera se incurrió en las causales segunda y tercera de nulidad previstas en el art. 306 de la Ley 600 de 2000 respecto de las personas antes citadas, toda vez que aparece “comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso”, amén de que está violando el derecho de defensa de las 24 personas indebidamente acusadas, en virtud de los flagrantes yerros procesales evidenciados en el anterior recuento procesal (…).
Tan trascendente irregularidad en que incurrió el Fiscal 16 Especializado y que afecta sustancialmente el debido proceso respecto de aquellas personas a las que se acusó sin que exista vinculación legal al proceso, obliga a esta Colegiatura a prohijar su necesaria corrección no sólo respecto de Llanos Gamboa sino también respecto de las 23 restantes, por la evidente violación que se ha producido de sus derechos fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa, como se dejó indicado.
De conformidad con lo expuesto, obligado resulta declarar la nulidad parcial de la resolución de acusación del 15 de abril de 2009, con el fin de restablecer los derechos fundamentales que fueron conculcados en virtud de la equivocada actuación procesal respecto de las personas precedentemente relacionadas, a quienes ya se había ordenado investigar en forma separada en virtud del rompimiento de la unidad procesal que se dispuso en relación con un total de 117 personas en la providencia de septiembre 20 de 2007, más 11 personas más (sic) en virtud de la adición de la decisión mediante resolución del 16 de septiembre de 2008, para lo cual también se había determinado la compulsa de copias a la Fiscalía Seccional de la ciudad de Arauca, decisión que ejecutoriada aparece reiterada mediante resolución del 10 de abril de 2008, como se reseñó en precedencia.
(…)
Determinado como está, de conformidad con las previsiones del art. 28 Constitucional y de la ley 600 de 2000, que la captura de Carlos Alberto Llanos Gamboa se llevó a cabo sin orden de autoridad judicial competente, toda vez que la emitida mediante oficio No. 063 de 19 de diciembre de 2002 había sido cancelada, amén que no aparece legalmente vinculado al proceso como presunto coautor ya que la declaratoria de persona ausente había sido revocada mediante decisión de fecha 20 de septiembre de 2007, que a su vez ordenó la cancelación de la orden de captura proferida en su contra, esta Sala sin dubitación alguna señalará que su captura deviene en ilegal y, por lo tanto, se impone su libertad (…).
Las circunstancias probatorias descritas evidencian que la investigación que se inició en contra del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa tuvo su fundamento en la información que suministró al Ejército Nacional un desmovilizado del frente 56 de las Farc, quien se desempeñó como jefe de personal en esa organización subversiva, sobre la ubicación de una “caleta” donde se hallaba, entre otro material documental, las hojas de vida de varios miembros del grupo guerrillero.
El 19 de diciembre de 2002, el Fiscal de la estructura de apoyo de la Unidad Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados de Arauca libró orden de captura en contra del aquí demandante; sin embargo, como no fue posible hacerla efectiva, para que aquel rindiera indagatoria, mediante resolución de 7 de noviembre de 2003, se le declaró persona ausente y, por consiguiente, quedó vinculado al proceso.
El 20 de septiembre de 2007, el Fiscal 16 Especializado de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, de Bogotá, revocó la vinculación como persona ausente del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa y ordenó la cancelación de su orden de captura, al considerar que, por no encontrarse plenamente identificado, no era posible “pretender imputarles un delito, una posible acusación y de contera una condena”. Es decir, desde esa fecha el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa quedó desvinculado de dicha investigación.
A pesar de la revocatoria de su vinculación como persona ausente y la cancelación de su orden de captura, ese mismo despacho profirió, el 15 de abril de 2009, resolución de acusación en su contra y, con fundamento en ello, una vez fue capturado, ordenó que se le mantuviera detenido a órdenes de esa Fiscalía.
Por esa actuación irregular, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca, al resolver el recurso de apelación contra la decisión que negó la solicitud de nulidad propuesta por el apoderado del señor Llanos Gamboa, consideró que las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación fueron contrarias al debido proceso y al derecho de defensa, como lo establece el artículo 29 de la Constitución Política y, como consecuencia, decretó la nulidad de lo actuado respecto del ahora demandante y ordenó su libertad.
Lo anterior permite evidenciar que la Fiscalía General de la Nación incurrió en una conducta constitutiva de falla del servicio dado que profirió resolución de acusación, en contra del señor Llanos Gamboa, sin tener en cuenta la decisión del 20 de septiembre de 2007, en virtud de la cual se le desvinculó de dicha investigación, y se ordenó cancelar la orden de captura que pesaba en su contra porque para el momento en el que este fue capturado con fundamento en esa resolución de acusación (i) no se encontraba vinculado a la investigación penal que adelantaba la Fiscalía 16 de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de Bogotá, proceso 60230 y, (ii) no mediaba una orden legal de aprehensión contra él; no obstante, al día siguiente de su captura, esto es, el 19 de mayo de 2009, la Fiscalía encargada libró boleta de detención dirigida al director de la penitenciaria La Picota en la cual le señaló que mantuviera al señor Llanos Gamboa bajo detención “a órdenes de la Fiscalía 16 Especializada de Terrorismo, radicado: 60230” (fl. 81, c. 3).
Teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que no estaba el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa en la obligación de soportar el daño, por falla del servicio, que el Estado le irrogó y que, por tanto, debe ser calificado como antijurídico, calificación que determina la consecuente obligación de este de resarcirle los perjuicios que dicha medida le causó.
7.3. El daño no es atribuible a la propia víctima
De acuerdo con las pruebas traídas al proceso no se acreditó que se hubiera dado algún supuesto de hecho en virtud del cual pudiera entenderse configurada una causal de exoneración, tal como la culpa exclusiva y determinante de la víctima.
En consecuencia, no es posible considerar que el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa hubiera estado en la obligación de soportar las consecuencias de la medida restrictiva de su libertad, en los términos en que en ese entonces le impuso la Fiscalía General de la Nación.
En consideración a lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de primera instancia en cuanto denegó las pretensiones de la demanda, para, en su lugar, declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Fiscalía General de la Nación-, respecto de la privación injusta de la libertad del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa y, en consecuencia, procederá a estudiar la indemnización de perjuicios, de conformidad con las pretensiones de la demanda y de lo probado en el proceso.
8. Indemnización de perjuicios:
8.1. Perjuicios morales
Con fundamento en las máximas de la experiencia, resulta posible afirmar que la privación de la libertad que soportó el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa le causó un perjuicio moral que debe ser indemnizado, porque es razonable asumir que la persona que ve afectada su libertad experimente sentimientos de angustia e impotencia por no poder determinar el rumbo de su vida.
Según se estableció en la sentencia de unificación proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, se tiene que sin que de manera alguna implique una regla inmodificable que deba aplicarse en todos los casos, puesto que se insiste en la necesidad de que en cada proceso se valoren las circunstancias particulares que emergen del respectivo expediente, a manera de sugerencia y como parámetro que pueda orientar la decisión del juez en estos eventos, conviene poner de presente que la Sala ha sugerido que en los casos en los cuales la privación de la libertad en centro carcelario sea superior a 18 meses, se reconozca la suma equivalente a 100 SMLMV; cuando esta privación supere los 12 meses y sea inferior a 18 meses, el monto de 90 SMLMV; si superó los 9 meses y fue inferior a 12 meses, se sugiere el reconocimiento de 80 SMLMV; por su parte, si la reclusión fue mayor a 6 meses, pero no rebasó 9 meses hay lugar a fijar como indemnización la suma equivalente a 70 SMLMV; de igual forma, en tanto la privación sea superior a 3 meses pero no sea mayor a 6 meses, el valor por concepto de este perjuicio correspondería a 50 SMLMV; asimismo si la medida de aseguramiento supera un mes, pero resulta inferior a 3 meses, se sugiere el reconocimiento de 35 SMLMV; finalmente si la detención no supera el mes, la indemnización se tasa en el equivalente a 15 SMLMV, todo ello para la víctima directa y para cada uno de sus más cercanos o íntimos allegados.
Ahora bien, como se trató de una privación de la libertad de cinco (5) meses y veinticuatro (24) días -desde el 18 de mayo de 2009 al 12 de noviembre del mismo año-, esto es, superior a 3 meses e inferior a 6 meses, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección, al señor Carlos Alberto Llanos Gamboa se le reconocerá un monto equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Para los señores Cristina Murillo Tunaroza, José Santos Murillo Llanos, Jeisson Camilo, Leonardo y Edilso Felipe Vanegas Murillo, terceros damnificados, un monto equivalente a 7,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.
8.2. Perjuicios materiales
Toda vez que en la demanda no se solicitó reconocimiento alguno por concepto de lucro cesante, la Sala se ocupará exclusivamente de analizar, de acuerdo con los elementos probatorios allegados al proceso, el reconocimiento y monto de la indemnización de perjuicios correspondientes al rubro de daño emergente a favor del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa.
8.2.1. Daño emergente
La Sala recuerda que el artículo 1614 del Código Civil define el daño emergente como “el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento”. En tal virtud, como lo ha sostenido reiteradamente la Sección, estos perjuicios se traducen en las pérdidas económicas que se causan con ocasión de un hecho, acción, omisión u operación administrativa imputable a la entidad demandada que origina el derecho a la reparación y que en consideración al principio de reparación integral del daño, consagrado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, solamente pueden indemnizarse a título de daño emergente los valores que efectivamente empobrecieron a la víctima o que debieron sufragarse como consecuencia de la ocurrencia del hecho dañoso y del daño mismo.
Es preciso señalar que no cabe duda que los gastos de honorarios profesionales en que se haya incurrido para la defensa legal de quien estuvo privado de la libertad injustamente constituye un daño emergente que debe ser reparado en la medida que se compruebe, al menos, la gestión del abogado y el pago por los servicios prestados para que se le reconozca tal perjuicio a quien asumió el gasto.
En la demanda se solicitó una indemnización por $28’000.000 por los perjuicios ocasionados por concepto de daño emergente.
Para acreditar lo anterior, se allegó a este proceso un contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre los señores Carlos Alberto Llanos Gamboa y Óscar Javier Téllez Segura (abogado), por valor de $20’000.000, en el que se pactó (fl. 13, c. 1):
Primera - constituye el objeto del presente contrato asumir la defensa de los derechos e intereses del mandante dentro de la acción penal que se adelanta ante la fiscalía 16 especializada de la unidad de terrorismo de Bogotá, por el presunto delito de rebelión en contra de Carlos Alberto Llanos Gamboa y otros, sumario 60230.
(…)
Quinta – Las partes pactan como pago de la gestión profesional del mandatario, la suma de veinte millones de pesos mcte. ($20.000.000=), esta suma será cancelada de la siguiente forma: en abonos, el señor Carlos Alberto Llanos cancelará lo correspondiente a transporte aéreo, alojamiento y comida para el desplazamiento del mandatario al municipio de Saravena – Arauca y a la ciudad de Arauca, una vez cancelado este concepto, iniciará con el pago -en abonos- del valor de los honorarios.
Asimismo, se aportó “Certificación de honorarios y gastos de hotel y transportes” suscrito por el abogado Óscar Javier Téllez Segura, en el cual se consignó lo siguiente (fl. 12, c. 1):
[P]or medio del presente documento hago constar que he recibido de parte del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa identificado con la c.c… las siguientes sumas de dinero:
1- La suma de cinco millones de pesos ($5.000.000.=) en efectivo por los siguientes conceptos: por concepto de transporte aéreo, hotel y alimentación para mi desplazamiento y estadía como apoderado judicial del señor Carlos Alberto Llanos durante los tres (3) viajes que fue necesario realizar al municipio de Saravena – Arauca para asistir a las audiencias que el juzgado penal especializado de dicho municipio programó durante los días: 1 de octubre de 2009 (audiencia preparatoria), 4 de noviembre de 2009 (audiencia pública que no se celebró porque no llevaron al detenido), 13 de noviembre de 2009 (notificación de la sentencia del tribunal).
2- La suma de quince millones de pesos ($15.000.000=) en efectivo por concepto de honorarios profesionales de abogado pactados por la defensa dentro de la acción penal por terrorismo adelantada por la fiscalía 16 especializada de Bogotá y seguido en su etapa de juzgamiento por el juzgado especializado de Saravena Arauca – conforme al contrato de prestación de servicios el valor total de los honorarios es la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000), quedando a la fecha un saldo de cinco millones de pesos ($5.000.000.=) para seguir pagando en abonos (…).
De conformidad con los elementos de juicio allegados al proceso, se demostró que la víctima del daño, como consecuencia de la privación injusta de su libertad, incurrió en una serie de erogaciones como fueron el pago de honorarios al abogado que asumió su defensa penal.
En efecto, con la certificación del pago de los gastos y el contrato de prestación de servicios profesionales, se acreditó que el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa pagó (i) por concepto de honorarios al abogado Oscar Javier Téllez Segura $15’000.000 y, (ii) por gastos de gestión $5’000.000 para un total de $20’000.000.
Así las cosas se accederá al reconocimiento de este perjuicio, pero la cifra acreditada se actualizará así:
Ra = Rh índice final (mayo de 2019)
índice inicial (enero de 2011)
Ra = $20’000.000 102.44
74.12
Ra = $ 27’641.662,17
Como consecuencia, se reconocerá a título de perjuicio material en la modalidad de daño emergente, la suma de $27’641.662,17
De igual forma, en la demanda se solicitó que se reconociera la suma de $3’000.000 por concepto de “transporte de los familiares a la cárcel de la Picota de Bogotá y gastos varios durante el tiempo que estuvo detenido Carlos Alberto Llanos”; sin embargo, encuentra la Sala que al revisar las pruebas que reposan en este expediente, no obra en el plenario prueba alguna que acredite que los demandantes incurrieron en dichos gastos y, por tanto, no es procedente reconocer indemnización alguna por este concepto.
8.3. Daños derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados
Como la parte actora solicitó la indemnización por “perjuicio a la vida de relación”, sobre el particular conviene precisar que la Sala ha considerado que cuando se trata de alteraciones que afectan la calidad de vida de las personas -fuera de los daños corporales o daño a la salud-, tales perjuicios se reconocerán bajo la denominación de daños derivados de vulneraciones o afectaciones relevantes a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, evento en el cual se podrá solicitar una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral.
En efecto, quienes sufren una vulneración o afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa.
En ese orden de ideas, quienes sufren una vulneración o afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados tienen derecho a su reparación integral mediante la adopción de medidas no pecuniarias a favor de la víctima y sus familiares más cercanos y, excepcionalmente, cuando dicha medida no sea procedente, al reconocimiento de una indemnización de hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes exclusivamente a favor de la víctima directa.
Dicho perjuicio, como los demás, puede acreditarse a través de cualquier medio probatorio e incluso puede darse por demostrado en consideración a las circunstancias particulares del caso, relacionadas con la afectación grave de algún derecho constitucional convencionalmente protegido; no obstante, debe advertirse que no cualquier modificación o incomodidad sin solución de continuidad podría llegar a configurar este perjuicio.
En estas condiciones, debe entenderse que la pretensión a que se refiere este acápite encuadra en lo que hoy la jurisprudencia de esta misma Sala reconoce o identifica como parte de los bienes constitucionalmente protegidos; no obstante, si bien la privación injusta de la libertad que soportó el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa ocasionó una afectación en su vida y en la de sus allegados, ningún elemento de juicio adicional acredita que esa modificación haya sido de tal entidad que le hubiera afectado alguno de sus derechos constitucionalmente protegidos.
Por lo anterior, la Sala se abstendrá de efectuar reconocimiento alguno por dicho perjuicio a los mencionados actores.
9. Condena en costas
Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo normado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
REVOCAR la sentencia del 13 de diciembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar:
PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa de Daruin Santiago Vargas Murillo.
SEGUNDO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación –Rama Judicial.
TERCERO: DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación-, por el daño antijurídico causado a la parte demandante, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, en las circunstancias y hechos explicados en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO: CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación-, a pagar a los demandantes que a continuación se relacionan, las siguientes sumas, a título de indemnización de perjuicios morales.
Para el señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, una suma equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
Para el señor José Santos Murillo Llanos, una suma equivalente a siete punto cinco (7,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
Para la señora Cristina Murillo Tunaroza, una suma equivalente a siete punto cinco (7,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
Para el señor Jeisson Camilo Vanegas Murillo, una suma equivalente a siete punto cinco (7,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
Para el señor Leonardo Vanegas Murillo, una suma equivalente a siete punto cinco (7,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
Para el señor Edilso Felipe Vanegas Murillo, una suma equivalente a siete punto cinco (7,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
QUINTO: CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación-, a reconocer y pagar a favor del señor Carlos Alberto Llanos Gamboa, a título de indemnización de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente, la suma de veintisiete millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y dos pesos con diecisiete centavos ($27’641.662,17).
SEXTO: Sin condena en costas.
SÉPTIMO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
OCTAVO: Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
NOVENO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente a su Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Así consta en su registro civil de nacimiento (fl. 10, c.1).
Así consta en su registro civil de nacimiento (fl. 45, c.1).
Así consta en su registro civil de nacimiento (fl. 46, c.1).
En ambas ocasiones el apoderado del señor Llanos Gamboa tuvo que asistir al mencionado despacho, por lo que incurrió en gastos de transporte aéreo, comida y hotel.
Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Según consta en la certificación del Inpec (fl. 242, c.p).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 10 de mayo de 2017, exp. 76001-23-31-000-2009-00433-01(44080), CP: Carlos Alberto Zambrano Barrera; Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, exp. 05001-23-31-000-2008-01041-01(41652), CP: Stella Conto Díaz del Castillo.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia del 8 de junio de 2011, C.P. Danilo Rojas Betancourth, radicación n.° 41001-23-31-000-1994-07692-01(20228), actor: Ángel María Ñañez y otros, demandado: Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404.
Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 15 de agosto de 2018, expediente 46.947, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
“La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado.
“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.
Consideración que resulta congruente con la parte resolutiva del mismo fallo:
“PRIMERO: MODIFÍCASE LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA en relación con los casos en que la litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa de ello, y UNIFÍCANSE criterios en el sentido de que, en lo sucesivo, en esos casos, el juez deberá verificar: 1) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política; 2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y,
3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño. En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto. Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas. Ibidem, Acápite 117 y 118. Ibidem, Acápites 119 y 120. Ibidem, Acápite 121. Ibidem, Acápite 124. Ibidem, Acápites 67 a 69. Ibidem. Acápites 69 y 70. Artículos 4 del Decreto Ley 2700 de 1991, 3 de la Ley 600 de 2000 y 2 de la Ley 906 de 2004. Ibidem. Acápite 70. Sentencia C-106 de 1994. Ibidem. Acápite 71. Sentencia C-106 de 1994. Ibidem. Acápite 101. Sentencia del 26 de mayo de 2010, 13001-23-31-000-1995-00023-01(18105). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera afirmó. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de agosto de 2004, Radicación: 05001-23-31-000-1992-1484-01(15791); Actor: Ana Julia Muñoz de Peña y otros; Demandado: Nación - Mindefensa - Policía Nacional. (…); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de marzo de 2005, Radicación: 85001-23-31-000-1995-00121-01(14808); Actor: María Elina Garzón y otros; Demandado: Ministerio de Defensa - Ejército Nacional. Y más reciente, la Subsección B, sentencia del 14 de septiembre de 2017, expediente 13001-23-31-000-2003-01929-01(43413), en la cual se hicieron las siguientes referencias: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, Exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, Exp. 16423. Ibidem. Acápite 102. Ibidem. Acápite 102. Ibidem. Acápite 102. La Corte hace referencia al Decreto Ley 2700 de 1991, artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000 y 308 de la Ley 906 de 2004. Ibidem. Acápite 103. Ibidem. Acápite 104. Más adelante señala: 112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento…
Ibídem. Acápite 104. Ibídem. Acápite 104. Ibidem. Acápite 105. Ibidem. Acápite 105. Ibidem. Acápite 106. Ibidem. Acápite 106. Según consta en el auto proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca, el 11 de noviembre de 2009, mediante el cual se ordenó la libertad del señor Llanos Gamboa. Según consta en el auto proferido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Arauca, el 11 de noviembre de 2009, mediante el cual se ordenó la libertad del señor Llanos Gamboa. En sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera el 28 de agosto de 2014, expediente: 36.149, C.P:
Hernán Andrade Rincón (E), se señalaron las cuantías a las que deben ascender las indemnizaciones de perjuicios morales en caso de privación injusta de la libertad.
Este criterio fue expuesto por esta Subsección en sentencia de 30 de enero de 2013, Expediente: 25000-23-26-000-1999-02014-01 (27.070).
Respecto del perjuicio por el denominado “daño a la salud” consultar, Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de marzo de 2012, expediente: 22.163, demandante: Luis Carlos González Arbeláez y otros. M.P. Enrique Gil Botero.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 2001-00731 (26251), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 26251, M.P.: Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
En ese mismo sentido consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2013, exp. 25.634, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en la cual se denegaron tales perjuicios con base en consideraciones similares a las planteadas en este asunto.
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