Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00401-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-26-000-2011-00401-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00401-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-00401-03
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
15 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 15 de Julio de 2026
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y
otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: reparación directa – desplazamiento forzado por causas ambientales – falla del
servicio.
Síntesis del caso: se demanda por el desplazamiento forzado provocado porque en la finca
colindante se instalaron unas marraneras que producían olores que afectaban la salud y la
calidad de vida de los vecinos. Se imputó responsabilidad de entidades públicas por no
responder unas peticiones y por omisión en el cumplimiento de sus funciones de control.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 30 de abril de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Subsección C de descongestión, que
negó las pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de
apelación en contra de una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, de
conformidad con los artículos 129 y 132 del Código de lo Contencioso
Administrativo, norma vigente al momento de la presentación de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 10 de diciembre de 20101, Miguel Ángel Hernández Nieto, mediante
abogado, presentó demanda2, corregida y adicionada el 11 de julio de
1 Folio 7 c. 1.
2 Folios 1-7 c. 1.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
20113, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la
Nación – Ministerio de Ambiente, la CAR y el municipio de San Antonio de
Tequendama, con el fin de que se hiciera la siguiente declaración (se
trascribe):
“PRIMERA: La Corporación Autónoma Regional Cundinamarca CAR es
administrativamente responsable de los prejuicios materiales morales, la salud
y el desplazamiento forzado causados a MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NIETO y
su núcleo familiar con ocasión de la omisión de pronunciarse con respecto
del derecho de petición, radicado No 20091102177 del 20 de Febrero de 2009
al omitir intervenir como es su deber y lo solicitado a los trabajos de
construcción de las marraneras de propiedad del Señor OCTAVIANO ROA
BRAVO, ubicadas en la vereda Zaragoza de San Antonio (Cundinamarca)
donde se ocasionaron del graves deterioros al medio ambiente, a la cuenca
del río Bogotá y al Bien denominado el Consuelo propiedad de mi
poderdante colindante con las marraneras construidas.
SEGUNDA: El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial,
representado por el momento de los hechos por el Doctor JUAN LOZANO, es
administrativamente responsable de los perjuicios materiales, morales, la salud
y el desplazamiento forzado causados a MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NIETO y
su núcleo familiar, con ocasión de la omisión de pronunciarse con respecto
del derecho de petición, radicado No.4120-E1-18389 del 20 de Febrero de
2009, al omitir intervenir como es su deber y lo solicitado en los trabajos de
construcción de las marraneras de propiedad del señor OCTAVIANO ROA
BRAVO, ubicadas en la vereda Zaragoza del Municipio de San Antonio del
Tequendama (Cundinamarca), donde se ocasionaron graves deterioros al
medio ambiente, a la cuenca del río Bogotá y al Bien denominado el
Consuelo propiedad de mi apoderado colindante con las marraneras
construidas.
TERCERA: La alcaldía Municipal de San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca), representada para el momento de los hechos por el Doctor
FIDEL HERNANDEO MARTINEZ PACHECO, es administrativamente responsable
de los perjuicios materiales, morales, la salud y el desplazamiento forzado
causados a MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NIETO y su núcleo familiar, con
ocasión de la omisión de pronunciarse con respecto del derecho de petición,
radicado No 3082 del 04 de ABRIL DE 2009, así como la omisión en la
aplicación de los artículos 1,24,25,57,58,60 del decreto 564 de 2008 vigente
para el momento de los hechos, que regulan el debido proceso en lo
concerniente al trámite y reconocimiento de las licencias de construcción,
urbanismo y reconocimiento de construcciones; como es su deber en
concordancia con la solicitud de intervención y la omisión en el
reconocimiento de los derechos de mi poderdante con la construcción de las
marraneras de propiedad del señor OCTAVIANO ROA BRAVO ubicadas en la
vereda Zaragoza del Municipio de San Antonio del Tequendama
(Cundinamarca), donde se ocasionaron graves deterioros al medio
ambiente, a al cuenca del rio Bogotá y al Bien denominado el Consuelo
propiedad de mi apoderado colindante con las marraneras construidas.
CUARTA: Condenar, en consecuencia, a la Corporación Autónoma Regional
Cundinamarca CAR, EL Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo
Territorial, y a la Alcaldía Municipal de San Antonio del Tequendama
3 Folio 41 c. 1.
2 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
(Cundinamarca), La Nación., (SIC) como reparación del daño ocasionado, a
pagar a MIGUEL ANGEL HERNANDEZ NIETO, los perjuicios de orden material
actuales y futuros, los cuales se estiman como en la suma de CUATROCIENTOS
MILLONES DE PESOS M/СТЕ (400.000.000, 00).
QUINTO: La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo
previsto en el artículo 178 del C.C.A., aplicando en la liquidación la variación
promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de
ocurrencia del hecho, hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo
definitivo.
SEXTO: La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los
términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.”
2. Los hechos en los que se fundan las pretensiones se resumen de la
siguiente manera:
3. (1) Desde el 7 de diciembre de 1998, el señor Miguel Ángel Hernández
Nieto es “poseedor legal” de una finca en la vereda Zaragoza, del municipio
de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca, en donde residía por
recomendaciones médicas debido a sus condiciones de salud respiratoria.
4. (2) La finca vecina fue adquirida, aproximadamente en el año 2008, por
el Señor Octaviano Roa Bravo, quien allí construyó unas marraneras que, al
parecer, había debido trasladar del municipio de Tena, por daños que allí
causó a la salubridad y a los vecinos.
5. (3) El 20 de febrero de 2009, el señor Hernández presentó una petición
ante la CAR por la contaminación generada por las marraneras, la tala de
árboles y la afectación a la cuenca del río Bogotá y otra, en la misma fecha,
ante el Ministerio de Vivienda por el incumplimiento de las normas
urbanísticas, por el impacto ambiental y por las afectaciones personales y a
su núcleo familiar.
6. (4) El 4 de abril de 2009 solicitó a la alcaldía del municipio de San Antonio
del Tequendama información acerca del plan de manejo ambiental de las
marraneras y, en caso de que no se hubiera adoptado, solicitó “abstenerse
de expedirla hasta tanto la Corporación Autónoma Regional de
Cundinamarca y el Ministerio de Ambiente solucione el petitum impetrado
en los mismos términos o se me dé solución a la problemática que
indiscutiblemente me afecta”.
7. (5) Frente a la petición de 4 de abril de 2009 radicada ante la alcaldía,
mediante la Resolución 102 de 8 de abril de 2009 se otorgó una licencia de
construcción de las marraneras, lo que, a su juicio, vulneró las normas
urbanísticas porque se debió expedir una licencia de reconocimiento de
3 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
construcción previamente realizada. Adicionalmente, la notificación de la
licencia impidió que se pudiera acceder a los recursos que procedían.
8. (6) El señor Hernández presentó una acción de tutela contra la licencia
de construcción. En primera instancia se dejó sin efectos el acto
administrativo, pero la segunda instancia revocó la decisión y declaró
improcedente por subsidiariedad el amparo “en una actuación que brilló
por su falta de transparencia”.
9. (7) Las marraneras siguieron funcionando, “presuntamente con el aval de
presuntos funcionarios corruptos de la CAR” lo que ha provocado graves
afectaciones al medio ambiente, al demandante y a su familia y los condujo
al desplazamiento forzado.
10. (8) En adición de la demanda4, se agregó que los desechos
producidos por las marraneras se han filtrado al río Bogotá y al terreno del
demandante, agravando “las condiciones de seguridad y estabilidad del
suelo”.
1.2. Posición de la parte demandada
11. La CAR contestó la demanda5 y se opuso a las pretensiones. Indicó que
la petición del señor Hernández fue respondida mediante el oficio CAR
13092100930, de 5 de marzo de 2009, en donde se le indicó que el señor Roa
no había solicitado trámite alguno ante la CAR, como, por ejemplo, un
permiso para el aprovechamiento y uso de recursos naturales renovables.
También se le indicó que, en lo relativo a los usos del suelo, debía remitirse a
la oficina de Planeación municipal. Afirmó que la entidad ha ejercido todas
las acciones de control, prevención y vigilancia del medio ambiente y de los
recursos naturales respecto del predio del señor José Octaviano Roa. Se
informó que el 24 de febrero de 2010 se realizaron visitas al predio en donde
se conceptuó: “se puede determinar que no se causaron afectaciones
ambientales sobre los recursos naturales”, ni se desarrollaron actividades de tala
que requerirían permiso. Sin embargo, se dispuso, “como medida de
mitigación de la tala de árboles frutales” que, en un plazo de 60 días, el señor
Octaviano Roa construyera una cerca viva perimetral, con ciertas especies
allí indicadas. También se indicó que cursaba un expediente por la solicitud
de permiso de vertimientos presentada por el señor Roa. También se indicó
que, en dicho procedimiento, se realizó una visita técnica al predio y se
concluyó, mediante informe técnico 982 de 12 de octubre de 2010, que no
se requería dicho permiso. Igualmente informó que se tramitó un
procedimiento para la concesión de aguas superficiales en favor del señor
4 Folio 29 c. 1.
5 Folios 63-70 c. 1.
4 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
Roa, permiso que le fue otorgado mediante Resolución 2612 de 20 de
agosto de 2010. Concluyó la CAR que, con lo anterior, “queda plenamente
demostrado que la CAR ha ejercido dentro de la órbita de su competencia las
acciones concretas administrativas y de custodia (…) sobre la construcción y
funcionamiento de unas instalaciones para albergar cerdos en el predio de
propiedad del señor José Octaviano Roa Bravo”. Formuló la excepción de
inexistencia de los elementos de la responsabilidad.
12. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contestó la demanda6.
Afirmó que la petición que el señor Hernández envió a esa entidad fue
resuelta por la CAR ya que, al ser un asunto que no era de su competencia,
se le corrió traslado a dicha entidad. Expuso que el responsable de los
perjuicios era el señor Octaviano Roa y que el Ministerio es un ente de
fijación de políticas públicas, pero no es un órgano ejecutor, con poderes
de inspección y sanción frente a los hechos alegados. Señaló que no existe
prueba técnica que demuestre las afectaciones sobre el predio del
demandante. Indicó que ni siquiera se demostró el daño que consistiría en
el desplazamiento forzado. Formuló las excepciones de ausencia de nexo
causal, falta de legitimación en la causa, inepta demanda por jurisdicción
errónea, ya que el litigio entre particulares debía tramitarse ante la
Jurisdicción Ordinaria, falta de legitimación en la causa del demandante y
ausencia de daño y de responsabilidad del ministerio.
13. El municipio de San Antonio del Tequendama contestó7
extemporáneamente la demanda8.
1.3. Sentencia de primera instancia
14. Mediante Sentencia de 30 de abril de 20159, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Subsección C de descongestión negó las pretensiones.
Indicó que la demanda era oportuna porque el término debía contarse
desde el 20 febrero de 2009, porque en esa fecha se presentó la solicitud de
intervención en el predio del vecino, lo que “presuntamente generó el
daño”. Como la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2010,
concluyó que fue oportuna.
15. Encontró que el Ministerio de Vivienda carecía de legitimación pasiva en
la causa ya que, ninguna de sus funciones legales se relacionaba con el
control sobre la actividad económica en cuestión y su vinculación se
6 Folios 82-89 c.1.
7 Folios 95-98 c.1. Alegó que si el demandante cuestionaba el debido proceso en el otorgamiento de las licencias
y permisos para la construcción de las marraneras debió acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho y, por ello, consideró que había indebida escogencia de la acción.
8 “se observa que la contestación de la demanda por parte de la demandada Alcaldía de San Antonio de
Tequendama (Cundinamarca) fue radicada el día 29 de noviembre de 2011, habiéndose fijado en lista el negocio
el 9 de noviembre de 2011 hasta el 23 de noviembre de la misma anualidad, es decir que la contestación de la
demanda fue extemporánea”: Auto de 15 de octubre de 2013, (folios 281-282 c. 1).
9 Folios 520- 531 cuaderno del Consejo de Estado.
5 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
relaciona, únicamente, por no haber respondido una petición, respecto de
la cual encontró probado que sí fue contestada.
16. Determinó que el régimen de responsabilidad en el presente asunto era
la falla probada del servicio. Sin embargo, a continuación, indicó que para
determinar el daño antijurídico “para el presente caso tiene como título de
imputación la responsabilidad por daño especial”. Identificó como problema
jurídico si existía responsabilidad por no “pronunciarse con respecto del
derecho de petición (…) al omitir intervenir como es su deber y lo solicitado a los
trabajos de construcción de las marraneras de propiedad del señor OCTAVIANO
ROA BRAVO (…) donde se ocasionaron graves deteriores al medio ambiente, a la
cuenca del río Bogotá y al bien denominado el consuelo”. Al respecto, advirtió
que las pretensiones no eran claras porque no existía certeza de si lo que
pretende es la reparación del daño porque (1) no se dio respuesta a
peticiones, (2) por la falta de intervención de las autoridades frente a la
explotación porcícola o (3) por el desplazamiento del demandante y de su
familia. Respecto de lo primero, concluyó que las peticiones sí fueron
respondidas, razón por la que “no se podrá tener como causal de daño”. Por el
contrario, en el análisis del daño encontró probado el desplazamiento “pues
la finca donde antes residía se encuentra abandonada, según puede inferirse de
todas las pruebas allegadas al proceso en el transcurso del presente litigio”.
17. Acerca de la atribución del daño resaltó que el esquema de
ordenamiento territorial, Acuerdo 29 de 2000, sí permitía dicha actividad
agrícola y ese acto administrativo gozaba de presunción de legalidad.
Agregó que la actividad económica del predio El Oasis cuenta con licencia
de construcción y la CAR otorgó una concesión de aguas, se verificó que
no se requería tramitar un permiso de vertimiento, pero sí adoptar medidas
preventivas frente a los impactos. Resaltó que la CAR constató que dichas
medidas fueron cumplidas. También indicó que el ICA realizó una visita al
predio en la que concluyó que la explotación se hacía adecuadamente y
de acuerdo con los lineamientos técnicos. Igualmente, tras la recepción de
quejas, la CAR realizó visitas técnicas en las que no encontró deterioro
ambiental. Por lo tanto, concluyó que la omisión de la CAR no fue
demostrada.
18. Privó de valor el dictamen pericial practicado porque consideró que
carecía de precisión y claridad en sus conclusiones y realizó afirmaciones sin
base en métodos científicos y resultantes de apreciaciones personales del
experto, que se desvirtúan por los informes de los expertos de la CAR y del
ICA. Para la primera instancia, el perito “se limita a dar apreciaciones vagas y
poco sólidas”. Por ello, declaró fundada la objeción por error grave que
formularon la CAR y el municipio.
6 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
19. Aclaró el voto la magistrada Beatriz Teresa Galvis Bustos en el sentido de
precisar que el dictamen pericial no contenía un error grave y bastaba con
privarlo de valor probatorio, al ser impreciso, carente de claridad y sin
soportes.
1.4. Recurso de apelación
20. La parte demandante interpuso recurso de apelación10. Solicitó tanto la
nulidad de la sentencia, como que fuera revocada en segunda instancia.
Respecto de la nulidad aseguró que la magistrada Corina Duque Ayala
incurrió en violaciones del debido proceso, por “revivir continuamente los
términos procesales en beneficio de los demandados”, razón por la que la
denunció penal y disciplinariamente. Aseguró que por las denuncias la
magistrada tomó retaliaciones procesales, fue recusada, nunca se
pronunció al respecto, de conformidad con el artículo 160 del CCA y, pese
a ello, se profirió sentencia. También, la nulidad se derivaría, de acuerdo con
el numeral 9 del artículo 140 del CPC, del hecho de no haber citado al
Ministerio Público para que rindiera concepto en la etapa de alegatos de
conclusión. Igualmente, alegó nulidad de la sentencia porque la primera
instancia corrió el traslado del dictamen pericial en cuatro oportunidades
“en un período superior a un año”, contrariando el artículo 238.1 del CPC.
Aseguró que en el primer traslado de 2 de octubre de 2012 las partes
guardaron silencio, por lo que corrió un segundo traslado el 3 de diciembre
de 2012; una tercera vez el 13 de febrero de 2013 y una cuarta vez el 15 de
octubre de 2013 y en esta cuarta oportunidad el dictamen fue objetado por
error grave. Argumentó que los motivos expuestos para anular el traslado,
relativos al paro de Asonal judicial eran falsos porque el traslado inicial corrió
antes de que se declarara el paro. Adicionalmente, existe contradicción
entre el título del auto que invocó el numeral 5 del artículo 238 del CPC,
relativo al traslado de la objeción contra el dictamen, pero resolvió correr
traslado de acuerdo con el numeral 1, relativo al traslado del dictamen
mismo. Todo lo anterior arguyó que constituía una indebida notificación que
permitió revivir términos y materializó un prevaricato por acción, por lo que
solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado desde el 10 de
octubre de 2012.
21. Como argumentos de apelación expuso que el dictamen pericial fue
ordenado por la primera instancia, tras denegar una solicitud de inspección
judicial, lo que implica que el tribunal no podía cuestionar las conclusiones
del perito “pues así las cosas, la sentencia estaba predeterminada y amañada, al
momento de escogencia por parte del despacho de un perito “incompetente”
para que presente el informe pericial”. Además, alegó que, de acuerdo con
10 Folios 538-551 cuaderno del Consejo de Estado.
7 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
el artículo 233 del CPC, era deber del juez ordenar un nuevo dictamen
pericial si consideraba que “no estaba conforme con el informe pericial
presentado”.
22. Argumentó que la primera instancia decretó el dictamen pericial y, con
violación del artículo 239 del CPC, en lugar de distribuir los honorarios entre
ambas partes, dispuso que los debía pagar exclusivamente la parte
demandante. Además, cuestionó que la sentencia hubiera declarado
próspera la objeción por error grave y no hubiera ordenado la devolución
de los honorarios, como lo ordenaba el artículo 239 del CPC.
23. Indicó que no era cierto que el municipio hubiera contestado la
demanda de manera oportuna el 29 de noviembre de 201111, porque la
fijación en lista vencía el 23 de noviembre. El Auto de 15 de octubre de 2013
reconoció explícitamente que la contestación de la demanda fue
extemporánea por lo que, de acuerdo con el artículo 95 del CPC debía
valorarse como un indicio grave en contra del municipio y dar aplicación al
artículo 175 del CPACA por no allegar el expediente administrativo en el
término de traslado de la demanda. Adicionalmente, no asistió a la
audiencia de conciliación prejudicial, por lo que, de acuerdo con el artículo
22 de la Ley 640 de 2001, la primera instancia debió declarar esa ausencia
como indicio grave en su contra. El municipio tampoco rindió
oportunamente el informe que se solicitó como prueba por la primera
instancia12 porque tenía 20 días de plazo y lo allegó tres días después del
vencimiento del término, por lo que ese informe no podía ser valorado y, de
conformidad con el artículo 199 del CPC debió imponer una multa por el
incumplimiento de la orden.
24. Insistió en que el municipio no objetó a tiempo el informe pericial y la
parte demandante solicitó la nulidad parcial por la reiteración del traslado
del dictamen pericial. También puso de presente que ocurrieron varias
irregularidades en el desarrollo del proceso, que fueron puestas en
conocimiento de la Fiscalía, tales como anulaciones a mano del registro de
la notificación o la fijación en lista durante el paro judicial. Llamó la atención
en que el primer día de reinicio de actividades de la rama judicial el
apoderado del municipio presentó un extenso memorial sobre la objeción
por error grave. También cuestionó la veracidad de las razones en las que
se fundó el auto que anuló el traslado.
25. En síntesis, cuestionó la sentencia de primera instancia porque el
dictamen era incuestionable, al haber sido ordenado por el tribunal y, en
todo caso, debió ordenarse la elaboración de un segundo dictamen; el
11 Folio 95 c. 1.
12 Folio 137 anverso.
8 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
municipio no asistió a la audiencia inicial, no contestó la demanda, no rindió
el informe escrito y la objeción frente al dictamen pericial fue
extemporánea, lo que conducía a acceder a las pretensiones.
26. Finalmente, cuestionó la conclusión del tribunal según la cual, de las
actuaciones administrativas se concluyó que la explotación del señor Roa
era adecuada, porque la parte demandante, en los alegatos de
conclusión, puso de presente que “es el mismo ICA y la misma personería
municipal de San Antionio, mediante el auto OPTE 0566 de 21 de julio de 2014,
resuelve iniciar trámite administrativo ambiental de carácter sancionatorio a
nombre del señor JOSÉ OCTAVIANO ROSA BARAVO POR TRANSGRESIÓN AL
ORDENAMIENTO JURÍDICO AMBIENTAL y los daños causados a la salud, la vida
humana, el suelo, el aire, la flora, la fauna y los ecosistemas por la generación de
químicos muy superiores a los permitidos y regulados por el ministerio del ambiente
y desarrollo territorial”, lo que significa que la sentencia no valoró en conjunto
el acervo probatorio.
27. Realizó, adicionalmente, una solicitud probatoria de segunda instancia.
(1) Solicitó que se oficiara a la CAR para que remitiera copia del expediente
del procedimiento sancionatorio OPTE 0566, (2) que se allegara el
expediente y la decisión del Consejo de Estado sobre el recurso de queja
presentado, (3) que se allegaran los resultados de la investigación penal
contra la magistrada Corina Duque Ayala y (4) al Consejo Superior de la
Judicatura sobre la investigación disciplinaria.
28. Mediante Auto de 14 de julio de 2015, el tribunal concedió el recurso de
apelación13. El recurso fue admitido mediante Auto de 30 de noviembre de
201614 y mediante Auto de 12 de junio de 201715 se denegó la solicitud
probatoria por no corresponder a ninguna de las hipótesis que permiten el
decreto de pruebas en segunda instancia, de acuerdo con el artículo 212
del CCA. Allí se consideró que el trámite del recurso de queja ya se
encontraba tramitado en el mismo expediente. La parte demandante
presentó recursos de reposición y en subsidio de apelación contra este
auto16. Dichos recursos fueron rechazados mediante Auto de 30 de agosto
de 2017, pero se interpretó que se trataba de un recurso de súplica y se
ordenó darle el correspondiente trámite17. Al resolver el recurso de súplica,
mediante Auto de 8 de agosto de 201818, la Subsección B de la Sección
Tercera revocó el rechazo de la solicitud probatoria y, en su lugar, ordenó
tener como prueba el documento aportado por la parte demandante en
los alegatos de conclusión de primera instancia y que versa sobre el inicio
13 Folios 553-554 cuaderno del Consejo de Estado.
14 Folio 583 cuaderno del Consejo de Estado.
15 Folios 586-587 cuaderno del Consejo de Estado.
16 Folio 588 cuaderno del Consejo de estado.
17 Folios 591-592 cuaderno del Consejo de Estado.
18 Folios 604-605 cuaderno del Consejo de Estado.
9 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
del trámite administrativo ambiental sancionatorio contra Octaviano Roa
Bravo19.
29. El Ministerio de Ambiente rindió alegatos de conclusión20 en donde
indicó que la sentencia de primera instancia realizó un adecuado análisis
de las pruebas que demuestran que la afectación alegada no se deriva de
omisión alguna del ministerio. La CAR21 alegó que no se demostró su falla
del servicio y se respondió la petición que formuló. Resaltó las conclusiones
del informe técnico elaborado tras la visita al predio el 24 de febrero de 2010,
en donde se indicó que no se encontraron afectaciones ambientales.
También señaló que se notificó al señor Roa de los resultados de la visita y se
le dio un plazo de 60 días para implementar las medidas de mitigación,
relativas a la construcción de la cerca viva. También se adelantó el trámite
frente a la solicitud de permiso de vertimientos y se concluyó que no era
necesario. También el trámite para la concesión de aguas superficiales.
Todo esto demostraría su actuar diligente y la ausencia de falla del servicio,
así como la ausencia de nexo causal. Finalmente, cuestionó la prueba del
daño alegado ya que, en su concepto, solamente obraba un contrato de
arrendamiento sobre un predio en Bogotá y una historia clínica que
demuestra que el señor Hernández padeció afectaciones en 2009 por la
glándula tiroidea y no se demostró que ello fuera consecuencia de la
construcción de la granja porcícola y de las actuaciones de la CAR. Insistió
en la falta de valor probatorio del dictamen pericial.
30. La parte demandante no alegó de conclusión y el Ministerio Público no
rindió concepto22.
31. Mediante Auto de 1 de octubre de 202423 se aceptó la sucesión procesal
del demandante y se admitieron como sucesoras a su esposa luz Amanda
Tapia Alarcón y a sus hijos Angee Alejandra Hernández Tapia y Miguel
Antonio Hernández Tapia. Posteriormente, mediante Auto de 20 de octubre
de 202524 se incluyó como sucesora procesal a su hija Tania Esperanza
Hernández Chacón.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Cuestión preliminar: la solicitud de nulidad de la sentencia de primera instancia. 2.2.
Síntesis de la controversia y decisiones a adoptar – 2.3. Análisis sustantivo – 2.4. Condena en
costas
19 Visible en folios 504-512 del cuaderno principal del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
20 Folio 616 cuaderno del Consejo de Estado.
21 Folios 622-626 cuaderno del Consejo de Estado.
22 Informe en folio 627 cuaderno del Consejo de Estado.
23 Índice 69 Samai.
24 Índice 76 Samai.
10 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
2.1 Cuestión preliminar: la solicitud de nulidad de la sentencia de primera
instancia
32. Dentro del recurso de apelación se solicitó la declaratoria de nulidad de
la sentencia de primera instancia, por revivir los términos procesales, por no
tramitar la recusación y por no solicitar el concepto del ministerio público.
Respecto de la solicitud de nulidad de la sentencia la primera instancia, en
el Auto de 14 de julio de 2015, que concedió el recurso de apelación25, la
magistrada ponente consideró: “En el texto del recurso de apelación, se alega
que no se resolvió la recusación interpuesta a la suscrita, dentro de la etapa de
alegatos de conclusión, se tiene que la misma se debió negar formalmente y por
error involuntario no se resolvió en la sentencia. Sin embargo, este hecho no genera
nulidad de la sentencia, por violación del debido proceso, por cuanto
sustancialmente la recusación formulada por el demandante no procede, en razón
a que la denuncia penal formulada por el demandante es con ocasión de este
mismo proceso y no por hechos ajenos al mismo, como lo exige la norma (…)”.
33. Al respecto, considera esta Sala que, aunque se alegaron circunstancias
que corresponderían a irregularidades en el desarrollo del proceso, lo cierto
es que en la solicitud de nulidad de la sentencia no se identificó alguna de
las causales de nulidad que, de manera taxativa26, se encuentran en el
artículo 133 del Código General del Proceso, norma procesal que ya se
encontraba vigente al momento de proferirse la sentencia. La carga de
identificación de la causal de nulidad y de su explicación se deriva del
principio de seguridad jurídica que, en el caso de las sentencias judiciales,
se materializa en la fuerza de la cosa juzgada. Por ello, las solicitudes de
nulidad deben, cuando menos, individualizar cuál sería la causal de nulidad
que se habría configurado. El examen de las irregularidades relatadas, en
este caso, por fuera del marco de las causales legales de nulidad, implicaría
desbordar la competencia de la segunda instancia, al convertirse en un
revisor integral de la validez del desarrollo del proceso de la primera
instancia, en la búsqueda de causales de nulidad.
34. Adicionalmente, debe destacarse que varias de las irregularidades
relatadas fueron expuestas durante el trámite de la primera instancia e,
incluso, fueron objeto de recursos que fueron decididos por el Consejo de
Estado. En particular, mediante recurso de queja de 5 de marzo de 201427 la
parte demandante impugnó el Auto de 25 de febrero de 2014 mediante el
cual se negaron varias solicitudes relativas a irregularidades procesales y se
rechazó un recurso de apelación. En dicho recurso se alegó, entre otras
cosas, que el municipio respondió tardíamente el cuestionario remitido por
25 Folios 553-554 cuaderno del Consejo de Estado.
26 “Es el legislador, como se advirtió antes, quien tiene la facultad para determinar los casos en los cuales un acto
procesal es nulo por carencia de los requisitos formales y sustanciales requeridos para su formación o constitución.
Por consiguiente, es válido, siempre que se respete la Constitución, el señalamiento taxativo de las nulidades por
el legislador”: Corte Constitucional, sentencia C-491/95.
27 Folios 1-15 c. 5.
11 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
la primera instancia, que se solicitó sancionar al municipio, que no se hizo
uso de dicho poder, que el apoderado del municipio habría incurrido en un
fraude procesal y que se denunciaría penal y disciplinariamente, que se
realizaron varias notificaciones y traslados del dictamen pericial y se alegó
que “Esta multiplicidad de notificaciones, hechas irregularmente (a excepción de
la notificación por estado del 04 de octubre de 2012), durante el transcurso del
paro de la Rama Judicial, dan cuenta del presunto de Fraude Procesal en que
pudo incurrir el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera,
subsección C; presunto fraude procesal que en mi criterio estaba destinado a
provocar el reavivamiento de los términos a favor de la demandada”28. Dicho
recurso fue resuelto por el Consejo de Estado mediante el Auto de 12 de
agosto de 201529. Allí, el Consejo de Estado, luego de examinar los
argumentos, rechazó el recurso de queja porque “resultan imprecisas las
pretensiones elevadas por el actor en el recurso incoado ante esta Corporación,
teniendo en cuenta que con las mismas se busca, en su mayoría, que en esta
instancias procesal se resuelvan solicitudes procesales, así como que se dejen sin
efectos legales providencias proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en descongestión, Sección Tercera, Subsección “C” en el trámite
de la primera instancia, peticiones que, según el la procedencia del recurso de
queja, escapan a la competencia del ad quem”.
35. Asimismo, se advierte que, en todo caso, tampoco se configuraba la
causal de impedimento y recusación derivada de la denuncia que la parte
demandante formuló contra la magistrada ponente por el desarrollo de este
proceso, ya que dicha causal de recusación, prevista en el artículo 141.7 del
Código General del Proceso se configura “siempre que la denuncia se
refiera a hechos ajenos al proceso”, lo que no ocurría en este caso. Así, por
insuficiente argumentación, no resulta procedente dar trámite a dichas
solicitudes de nulidad formuladas con el recurso de apelación.
36. Finalmente, el recurso alegó la nulidad de la sentencia con fundamento
en la causal 9 del artículo 140 del CPC ya que en el auto en el que se corrió
traslado para alegar de conclusión no se citó al Ministerio Público para que
rindiera concepto. Al respecto, no se configuró la nulidad porque la causal
de nulidad indicada se refiere a los casos en los que “no se cita en debida
forma al Ministerio Público en los casos de ley”. Tal circunstancia no ocurrió en
el presente proceso, ya que consta que el Auto admisorio de la demanda,
proferido el 23 de junio de 201130, en su resuelve séptimo ordenó: “Notifíquese
en forma personal al señor agente del ministerio público”, lo que significa que,
contrario a lo afirmado, el Ministerio público sí fue citado y notificado de la
existencia del proceso para permitir su participación. Adicionalmente, el
Auto de 17 de febrero de 201531, en el que se corrió el traslado para alegar
28 Folio 8, c. 5.
29 Folios 67 y siguientes c. 5.
30 Folios 24-25 c. 1
31 Folio 458 c. 1.
12 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
de conclusión no convocó al agente del Ministerio Público para que rindiera
concepto ya que, de acuerdo con el artículo 210 del CCA: “Practicadas las
pruebas o vencido el término probatorio, se ordenará correr traslado común a las
partes por el término común de diez (10) días, para que aleguen de conclusión. //
El agente del Ministerio Público antes del vencimiento del término para alegar de
conclusión podrá solicitar traslado especial el que se concederá sin necesidad de
auto que así lo disponga, por el término improrrogable de diez (10) días, contados
a partir de la entrega del expediente, la que se efectuará una vez concluido el
traslado común” (negrillas agregadas). Es decir que, de acuerdo con las
normas citadas, no era necesario notificar y correr traslado al Ministerio
Público ya que este podía solicitar un traslado especial, dentro del término
concedido a las partes. Por lo tanto, tampoco se verifica la irregularidad
alegada, ni la causal de nulidad prevista en el artículo 140.9 del CPC.
2.2. Síntesis de la controversia y decisiones a adoptar
37. Se demanda por el desplazamiento forzado del señor Miguel Ángel
Hernández Nieto y de su grupo familiar de una finca ubicada en el municipio
de San Antonio del Tequendama. En la demanda se alegó que dicho
desplazamiento fue provocado por los malos olores que producía la
explotación porcícola presente en la finca contigua y se atribuyó
responsabilidad a las entidades demandadas de la siguiente manera: a la
CAR por omitir pronunciarse respecto de la petición que le remitió y por
omitir intervenir respecto de la construcción y funcionamiento de las
marraneras; al Ministerio de Ambiente por omitir pronunciarse respecto de la
petición que le formuló y por no intervenir respecto de la construcción y
funcionamiento de las marraneras; y, al municipio de San Antonio del
Tequendama por omitir pronunciarse respecto de la petición enviada y por
omitir cumplir disposiciones del Decreto 564 en la expedición de la licencia
de construcción de las marraneras, así como el desconocimiento de los
derechos del demandante en el mismo trámite.
38. Para las demandadas no existiría responsabilidad: la CAR indicó que sí
respondió la petición y que ejerció diligentemente sus funciones de control
ambiental respecto de la explotación porcícola. El Ministerio de Ambiente
explicó que la petición la remitió, por competencia, a la CAR y esta entidad
la respondió. El municipio no contestó oportunamente la demanda.
39. La sentencia de primera instancia declaró la falta de legitimación pasiva
en la causa del Ministerio de Vivienda. Respecto de la CAR y del municipio
negó las pretensiones, tras considerar que las peticiones sí fueron
respondidas y no se demostró falla del servicio alguna respecto del
cumplimiento de las funciones de la CAR.
13 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
40. El recurso de apelación de la parte demandante solicitó
preliminarmente la nulidad de la sentencia y, en relación con la
impugnación de la sentencia, argumentó que (1) la primera instancia no
podía cuestionar las conclusiones del dictamen pericial porque fue
ordenado por el tribunal mismo y, de encontrarlo no adecuado, debió
ordenar la elaboración de un nuevo dictamen, igualmente, porque la
objeción por error grave formulada por el municipio fue extemporánea
porque se cometieron varias irregularidades procesales en el desarrollo del
proceso; (2) se ordenó la elaboración del dictamen pero los honorarios no
fueron distribuidos entre ambas partes y luego de declarar el error grave no
ordenó la devolución de los honorarios; (3) la contestación de la demanda
del municipio fue extemporánea por lo que debió valorarse el indicio grave
que se derivaba de esta omisión, lo mismo que por no asistir a la audiencia
de conciliación y debió imponérsele una multa por rendir tardíamente el
informe solicitado, al tiempo que ese documento no podía ser valorado; y
(4) no era cierto que, de las actuaciones administrativas se pudiera concluir
que la explotación porcícola era adecuada, porque se omitió valorar el
auto de apertura del procedimiento sancionatorio en contra del señor Roa,
que se aportó en los alegatos de conclusión de primera instancia.
41. Respecto de los presupuestos procesales para proferir una decisión, se
encuentra reunido el requisito de legitimación activa en la causa, teniendo
en cuenta que el señor Miguel Ángel Hernández Nieto alegó actuar en
calidad de “poseedor legal” del predio El Consuelo, ubicado en la vereda
Zaragoza, del Municipio de San Antonio del Tequendama, Cundinamarca.
La primera instancia consideró que el demandante había probado la
condición de propietario del predio. Sin embargo, tal calidad no se
encuentra demostrada ya que, a pesar de que obra en el expediente la
escritura pública de compraventa, no se aportó el certificado del registro de
dicha escritura. Sin embargo, considera esta Sala que se encuentra
demostrada la calidad que alegó en la demanda, esto es, la de ser
poseedor del predio, lo que se demuestra con dicha escritura y con la
presentación de las peticiones a las distintas entidades públicas en defensa
de su predio, en donde alegó ser el propietario de dicho predio32. La
defensa de sus derechos fundamentales, ligados al predio El Consuelo,
también fue puesta de presente al presentar una acción de tutela contra el
Municipio de San Antonio del Tequendama, con el objeto de dejar sin
efectos la licencia de construcción otorgada a las obras para la explotación
en el predio vecino33. De esta manera, dichas actuaciones del señor
32 “Soy propietario de una parcela ubicada en el Municipio de San Antonio del Tequendama, Vereda Zaragoza,
ubicada cerca de la cuenta del Río Bogotá, colindando con una propiedad del Señor Octaviano Roa”: Petición
de 20 de febrero de 2009 dirigida a la CAR, Folio 12 c. de pruebas. En idénticos términos solicitó la intervención del
Ministerio de Ambiente, el 20 de febrero de 2009 (folio 15 c. de pruebas). En la petición dirigida al alcalde municipal
el 4 de abril de 2020 alegó “Que desde hace 10 años soy poseedor legal de una finca con sus respectivas
construcciones y servidumbres en la vereda Zaragoza segundo sector donde actualmente resido por
recomendaciones médicas”: Folio 18 c. de pruebas.
33 Folios 26 y siguientes c. de pruebas.
14 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
Hernández demuestran el ánimo de señor y dueño de la finca El Consuelo y
la calidad de poseedor no fue puesta en duda por las entidades públicas
demandadas.
42. de fondo se considera que no es posible examinar los reproches
realizados a la validez de la licencia de construcción mediante la acción de
reparación directa ya que, para este tipo de acusaciones, debía
desarrollarse un juicio de nulidad o de nulidad y restablecimiento del
derecho, por lo que se declarará, al respecto, la indebida escogencia de la
acción.
43. En efecto, en la demanda se imputó la responsabilidad del municipio
por haber expedido la licencia de construcción para las marraneras,
omitiendo “la aplicación de los artículos 1,24,25,57,58,60 del decreto 564 de 2008
vigente para el momento de los hechos, que regulan el debido proceso en lo
concerniente al trámite y reconocimiento de las licencias de construcción,
urbanismo y reconocimiento de construcciones; como es su deber en
concordancia con la solicitud de intervención y la omisión en el reconocimiento de
los derechos de mi poderdante con la construcción de las marraneras de
propiedad del señor OCTAVIANO ROA BRAVO ubicadas en la vereda Zaragoza del
Municipio de San Antonio del Tequendama (Cundinamarca)”. Adicionalmente,
se cuestionó la validez de la licencia por no corresponder a un
reconocimiento de construcción previamente realizada y por desconocer
los derechos de los terceros.
44. De la lectura de la demanda se evidencia que la imputación de la
responsabilidad se construyó sobre la existencia de vicios que afectarían la
validez del acto administrativo de licencia de construcción, tales como la
violación de normas superiores, la falsa motivación y el desconocimiento de
los derechos de audiencia y de defensa, argumentos que, debido a la
presunción de legalidad de dicho acto administrativo no es posible
examinar a través del juicio de reparación directa.
45. Esta conclusión coincide con el hecho de que la licencia de
construcción fue objeto de una acción de tutela que la dejó sin efectos en
la sentencia de primera instancia34 pero esta decisión fue revocada en
segunda instancia, luego de considerar que el amparo constitucional era
improcedente al existir mecanismos ordinarios para juzgar la validez de los
actos administrativos ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo35.
46. Aunque el municipio contestó extemporáneamente la demanda y en
dicho escrito se formuló la excepción de indebida escogencia de la acción,
esto resulta irrelevante teniendo en cuenta que la aptitud de la demanda,
34 Sentencia de 29 de mayo de 2009 Folios 26-40 c. de pruebas.
35 Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soacha, Sentencia de 28 de julio de 2009 (folios 41-51 c. de pruebas).
15 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
por la escogencia correcta del mecanismo de control jurisdiccional es un
presupuesto procesal que debe ser verificado de oficio por el juez antes de
proferir la sentencia de primera o de segunda instancia. Por lo tanto,
respecto de las acusaciones de invalidez de la licencia de construcción se
declarará, de oficio, la indebida escogencia de la acción.
47. Debe advertirse que, no es posible proceder a realizar la adecuación
procesal del trámite de reparación directa a un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que el proceso se tramitó
en vigencia del Decreto 1 de 1984.
48. El resto de imputaciones de la demanda reúne los presupuestos
procesales para proferir una decisión de fondo. La acción de reparación
directa es el mecanismo adecuado para tramitar imputaciones de
responsabilidad por omisiones administrativas, de responder peticiones y de
cumplir adecuadamente las funciones de control ambiental.
Adicionalmente, la demanda fue presentada de manera oportuna36.
49. La primera instancia encontró probado el daño consistente en el
desplazamiento forzado y ello no fue objeto del recurso. Sin embargo, esta
Sala resalta que el desplazamiento forzado, como atentado intenso,
multimodal y multidimensional a un conjunto de derechos fundamentales
de la persona humana, que lo obliga a abandonar el lugar de su residencia,
no solamente ocurre por razones ligadas al conflicto armado y, por el
contrario, puede ocurrir también por razones medioambientales. Así, el
desplazamiento forzado por causas ambientales es un fenómeno relevante
no solo para efectos de la protección inmediata de los derechos
fundamentales, sino también, en el análisis de la responsabilidad patrimonial
de los particulares y de las entidades públicas causantes del deterioro
ambiental por acción o por omisión, como un verdadero daño a bienes
36 En el presente asunto se pretende la responsabilidad de la CAR por el incumplimiento de sus funciones, por lo
que se requiere determinar la fecha de ocurrencia de la omisión administrativa, con el fin de iniciar el conteo de
la caducidad. El 20 de febrero de 2009, el señor Hernández presentó una petición ante la CAR y ante el Ministerio
por la contaminación generada por las marraneras, la tala de árboles y la afectación a la cuenca del río Bogotá
y afirmó que, pese a ello, no se realizó adecuadamente el control ambiental. El plazo para responder la petición
venció el 13 de marzo de 2009, razón por la que el término inicial de caducidad vencía el 14 de marzo de 2011. El
4 de abril de 2009 se solicitó la conciliación prejudicial ante la PGN el 2 de junio de 2010 (folios 52-61 c. de pruebas).
Se certificó el cumplimiento del requisito de procedibilidad por ausencia de ánimo conciliatorio el 8 de julio de
2010 (folio 66 c. de pruebas) y la demanda se presentó el 10 de diciembre de 2010, por lo que fue oportuna. El
magistrado ponente de la presente sentencia no comparte esta forma de conteo de la caducidad, como
posición mayoritaria en la sala, porque desconoce que, aunque el numeral 8 del artículo 136 del CCA determina
el inicio del conteo de la caducidad a partir de la ocurrencia de la omisión, la omisión no es un daño, sino un
hecho generador y, aunque el hecho generador del daño habría ocurrido en fecha anterior, la jurisprudencia ha
admitido que la caducidad se cuente desde el daño, cuando no haya sido posible conocerlo con anterioridad,
como en este caso, porque el daño ocurrió posteriormente. En realidad, la demanda alegó como daño el
desplazamiento forzado que habría iniciado el 13 de abril de 2009 (folio 39 c. 1). El desplazamiento forzado es un
daño continuado respecto del cual no es posible contar la caducidad hasta tanto no haya cesado y no se
advierte que, a la fecha de presentación de la demanda, hubiera ocurrido el retorno a la finca o el reasentamiento
del demandante en otro lugar, en adecuadas condiciones. Por el contrario, en la demanda se alegó que los
niveles de contaminación persistían y hacían imposible habitar en ese lugar. Así que, la demanda se presentó sin
que hubiera comenzado a correr el término de caducidad.
16 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
jurídicos constitucionalmente amparados, tal como lo reconoció la Corte
Constitucional en la Sentencia T-123 de 2024, en donde se precisó:
“63. Sin embargo, es necesario reconocer que el conflicto armado no es la única
causa de desplazamiento interno que se presenta en el país. Existen otros
fenómenos que pueden llevar a que las personas tengan que dejar su lugar de
origen, sus viviendas y territorios en contra de su voluntad. Un ejemplo de ello,
lamentablemente cada vez más común, son los desplazamientos internos por
factores ambientales, que incluyen aquellos generados por desastres, las
consecuencias del cambio climático y la degradación ambiental. El
desplazamiento por factores ambientales, al igual que el generado por el
conflicto armado, amenaza y compromete de manera compleja el ejercicio de
los derechos de las personas, y es una situación que también debe ser
enfrentada por el Estado con prontitud. (…) Si bien, desde hace un tiempo la
comunidad internacional ha empezado a prestar atención al desplazamiento
forzado interno por causas ambientales, incluyendo el cambio climático, en la
legislación interna, la complejidad del fenómeno aún no ha sido reconocida ni
desarrollada, situación que se debe transformar. Como se insistirá a lo largo de
esta providencia este es un fenómeno que no solo amerita una atención
prioritaria, sino también el fortalecimiento de la respuesta estatal” (negrillas
agregadas).
50. Tampoco se cuestionó la declaratoria de falta de legitimación pasiva
en la causa respecto del ministerio. Los reparos formulados a la sentencia de
primera instancia se refieren a la atribución de la responsabilidad a la CAR y
al municipio, por lo que a esto se contrae la competencia de la segunda
instancia.
51. Ninguno de los argumentos expuestos en el recurso de apelación tiene
vocación de prosperar, razón por la cual se confirmará la sentencia de
primera instancia.
2.3. Análisis sustantivo
52. El examen de los reparos formulados contra la sentencia de primera
instancia se realizará en el siguiente orden: (1) lo relativo al dictamen pericial
y su validez, (2) los honorarios del perito, (3) las omisiones del municipio en el
trámite del proceso y su valor probatorio y (4) la prueba sobreviniente
respecto de la falla del servicio.
53. (1) Respecto del dictamen pericial debe recordarse que su práctica fue
ordenada por la primera instancia, con el objeto delimitado de constatar los
daños y perjuicios que se habrían causado al demandante, derivados de la
explotación porcícola. Como perito se nombró al abogado Luis Jaime
Cuartas Murillo quien rindió el dictamen solicitado37. Allí, de manera
37 Folios 1- 42 c. 4 de dictamen.
17 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
preliminar, se estableció el marco normativo de la actividad de explotación
porcícola. Afirmó que el método utilizado para elaborar el dictamen fue el
de “la visita, la inspección ocular, el proceso comparativo con el marco jurídico y
conceptual y la entrevista”38. A partir de lo anterior, el dictamen concluyó: “Al
desplazarse al Predio denominado el Consuelo, de propiedad del señor Miguel
Ángel Hernández, el olor se hace más intenso y desagradable al punto que se hace
necesario el uso continuo de tapabocas o respiradores artificiales”39. También
agregó: “en mi opinión, el predio el Consuelo es inservible para ser habitado, y que
las llamadas marraneras del señor Roa deberían estar completamente tecnificadas
en concordancia con la legislación que rige la materia y la Guía Ambiental para el
subsector porcícola expedido por el Ministerio del Medio Ambiente”40. Sin
embargo, se afirmó, igualmente, que “La parte demandada no me ha dado la
oportunidad siquiera del acompañamiento al predio el Oasis para permitir el
acceso”41.
54. El dictamen realizó avalúos aproximativos del precio de la vivienda y de
la finca y afirmó que los daños eran consecuencia de la actitud omisiva de
las entidades públicas demandadas42. También realizó recomendaciones
acerca de cómo se debería tecnificar la explotación y agregó, a título de
conclusión: “Nota: Para poder dar este concepto, se acudió a consultar a varios
profesionales expertos en ecología y medio ambiente quienes me ilustraron sobre
la existencia de varias providencias sobre la reglamentación de la actividad
artesanal de criadero, reproducción y explotación de porcinos”43. Finalmente,
concluyó que “aspiro se logre abatir la impunidad y devolver credibilidad y
confianza en las instituciones encargadas de impartir y administrar la cosa pública
construyendo con seguridad una más justa sentencia”44.
55. El dictamen pericial fue objetado tanto por la CAR45, como por el
municipio46, aunque la parte demandante alegó que la segunda objeción
fue posible gracias al traslado sucesivo que, de manera irregular, en su
concepto, se dio de esta prueba. La sentencia de primera instancia
encontró fundada la objeción por error grave por ausencia de fundamento
de sus conclusiones y carecer de precisión. Para la primera instancia, el
dictamen “se limita a dar apreciaciones vagas y poco sólidas”.
56. El recurso de apelación no formuló reparos respecto de los argumentos
a partir de los cuales la sentencia declaró la objeción por error grave y, en
38 Folio 20 c. 4.
39 Folio 21 c. 4.
40 Folio 22 c. 4.
41 Folio 22 c. 4.
42 “Son evidentes e innegables los daños y perjuicios ocasionados al demandante por las Entidades
correspondientes al permitir, no controlar y posiblemente promover la actividad artesanal de explotación de
marraneras, pues si bien no son los causantes directos, con su actitud omisiva han propiciado un presunto despojo
de tierras a bajo costo y al parecer desplazamiento forzado de familias enteras”: folio 23 c. 4.
43 Folio 25 c. 4.
44 Folio 26 c. 4.
45 Folios 230-231 c. 1.
46 Folios 285-294 c. 1.
18 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
su lugar, alegó que la primera instancia no podía cuestionar las conclusiones
del dictamen pericial porque fue ordenado por el tribunal mismo y, de
encontrarlo no adecuado, debió ordenar la elaboración de un nuevo
dictamen, igualmente, porque la objeción por error grave formulada por el
municipio fue extemporánea. Ninguno de estos argumentos tiene la entidad
de desvirtuar las conclusiones a las que llegó la sentencia de primera
instancia:
57. En primer lugar, aunque la prueba técnica fue decretada por el tribunal
y, para ello, se designó a un auxiliar de la justicia, lo cierto es que, de ninguna
manera, ello impide que la justicia examine la validez del dictamen o que
valore dicha prueba, pudiendo, incluso, privarla de valor demostrativo. El
argumento del respeto del acto propio carece de fundamento legal
respecto de las pruebas decretadas y, adicionalmente, es impertinente
porque el concepto experto no fue elaborado por el magistrado que
dispuso su elaboración, sino por un auxiliar de la justicia.
58. En segundo lugar, no es correcto sostener que el juez o magistrado que
encuentre probada la objeción por error grave de un dictamen pericial se
encuentre en la obligación de ordenar la elaboración de uno nuevo,
porque, de acuerdo con el artículo 233 del CPC, se trata de una facultad
del juez: “Sobre un mismo punto no se podrá decretar en el curso del proceso, sino
un dictamen pericial, salvo en el incidente de objeciones al mismo, en el que podrá
decretarse otro” (negrillas agregadas). Este carácter facultativo se encuentra
reiterado en el artículo 238, numeral 6 del CPC “el juez podrá acoger como
definitivo el practicado para probar la objeción o decretar de oficio uno nuevo con
distintos peritos, que será inobjetable (…)” negrillas agregadas.
59. En tercer lugar, como se advirtió, la validez de los traslados del dictamen
pericial fue objeto de sucesivos recursos dentro de la primera instancia e,
incluso de considerarse que la objeción del municipio fue extemporánea,
ello no sería suficiente para infirmar la sentencia de primera instancia porque
(1) el dictamen también fue objetado por la CAR, (2) el objeto del dictamen
era exclusivamente la constatación de los daños causados47 y ello fue
constatado por la primera instancia sin ser controvertido en la apelación, (3)
aunque el dictamen pericial excedió indebidamente su objeto y realizó
afirmaciones acerca del nexo de causalidad y de la falla del servicio en la
que, a juicio del perito, habrían incurrido las entidades demandadas, lo
cierto es que dichas afirmaciones no tienen valor probatorio no solo porque
no correspondían al objeto de la prueba, sino porque fueron realizadas sin
ningún tipo de soporte y, en realidad, son apreciaciones meramente
subjetivas que, de manera antitécnica, realizó el perito.
47 “realice un experticio con el fin de determinar el perjuicio causado a la propiedad”: folio 138 c. 1.
19 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
60. (2) Respecto de los honorarios del perito, le asiste razón al apelante en
que la sentencia de primera instancia omitió ordenar la devolución de los
honorarios del perito, al haber declarado próspera la objeción al dictamen
y privarlo de valor. Así, de acuerdo con el inciso 3 del artículo 239 del CPC,
“Los peritos restituirán los honorarios si prospera alguna objeción que deje sin
mérito el dictamen, o la parte que el juez señale en el caso de que aquélla
prospere parcialmente”. Por lo tanto, en esta sentencia se ordenará la
devolución total de los honorarios del perito, teniendo en cuenta que la
objeción no se declaró próspera de manera parcial, a condición de que se
muestre que fueron efectivamente pagados al perito.
61. (3) La apelación también cuestionó que no se hubiera accedido a las
pretensiones porque el municipio incurrió en varias omisiones: contestó
tardíamente la demanda lo que, de acuerdo con el artículo 95 del CPC,
debía ser apreciado como un indicio grave en su contra. Igualmente,
porque, al no asistir a la audiencia de conciliación prejudicial, el artículo 22
de la Ley 640 de 2001 disponía que “su conducta podrá ser considerada como
indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de mérito en un
eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos”. También porque el
informe que le solicitó la primera instancia al municipio fue rendido de
manera tardía, por lo que no podía ser valorado y debió imponérsele una
multa por este hecho.
62. Ninguno de dichos reparos tiene la entidad de desvirtuar las
conclusiones de la sentencia de primera instancia, esencialmente, porque
la imputación de responsabilidad al municipio se centró en la no respuesta
de la petición, lo que se demostró que no ocurrió, ya que en el expediente
obra la respuesta a la solicitud, con fecha 22 de abril de 200948 y en la
expedición irregular de la licencia de construcción, aspecto sobre el que la
acción de reparación directa no era el mecanismo idóneo. De esta manera,
incluso de considerar el indicio por la no contestación de la demanda y
aquel por no asistir a la audiencia de conciliación dichos indicios deberían
valorarse en conjunto con el resto del material probatorio y, particularmente,
en concordancia con las imputaciones de responsabilidad al municipio,
respecto de quien se predicarían los indicios en contra, lo que, de manera
alguna conduciría a declarar la responsabilidad de este demandado. En
realidad, del material probatorio existente, incluidos los indicios en mención,
no resultaba factible declarar la responsabilidad patrimonial del municipio
en este caso. En otras palabras, los indicios únicamente indicarían que el
municipio no respondió la petición lo que, contrario a ello, se evidenció que
sí ocurrió49. Igualmente, el carácter extemporáneo del informe rendido por
48 Folio 200 c. 1.
49 La respuesta del municipio de fecha 22 de abril de 2009 está en folio 200 c. 1 y folio 22 c. de pruebas. La respuesta
anexó la licencia de construcción tipo agroindustrial (folios 216-220) y el plan de manejo de la granja. Allí también
20 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
la alcaldía y la ausencia de la imposición de multas tampoco tendrían la
virtud de fundar una eventual condena de la responsabilidad del municipio
por los hechos de este caso.
63. (3) En cuanto a la prueba sobreviniente que demostraría la falla del
servicio en la que habría incurrido la CAR, se hace necesario hacer un
recuento de las actuaciones que esta entidad desplegó, con el fin de
determinar si la prueba que fue decretada en segunda instancia tiene la
fuerza demostrativa para declarar su responsabilidad.
64. El 20 de febrero de 2009, el señor Hernández presentó una petición ante
la CAR50 por la contaminación generada por las marraneras en donde se
solicitaba la intervención para solucionar la problemática ambiental, así
como la expedición de copias del estudio de impacto ambiental para la
actividad porcícola y del plan de manejo ambiental. En el informe de la CAR
rendido bajo juramento se indicó que esa petición fue respondida el 5 de
marzo de 200951. La respuesta a la petición, así como la prueba de su envío,
se encuentran en el expediente52.
65. El 24 de febrero de 2010, por solicitud de la Defensoría del Pueblo,
funcionarios de la Oficina Provincial Tequendama de la CAR realizaron visita
al predio El Oasis por la presunta tala indiscriminada de árboles. Fruto de
dicha visita, se elaboró el Informe Técnico 176 de 26 de febrero de 201053 en
donde se concluyó:
“Se puede determinar que no se causaron afectaciones ambientales sobre los
recursos naturales por los siguientes aspectos:
1 No se realizó tala de ninguna especie maderable al interior del predio en
mención 2. Se realizó una tala de aproximadamente veinte (20) arboles de
mango común que se consideran especie frutal y no requieren de ningún
permiso por parte de la Corporación
3. No se evidencia el deterioro ni del recurso flora ni del recurso suelo; por el
contrario se ha realizado la siembra de aproximadamente cuatrocientos (400)
árboles de mango tommy que han mejorado la cobertura vegetal existente en
el predio
4. No se requiere de salvoconducto de movilización toda vez que el producto
forestal obtenido de la tala de árboles de mango fue utilizada como postes en
el arreglo de las cercas que existen al interior del predio El Oasis
Se recomienda que como medida de mitigación de la tala de árboles frutales
se realice la adecuación e implementación de una cerca viva perimetral con la
le informaron que no tramitaron licencia ambiental porque es competencia de la CAR y le señalaron que ante la
Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente se radicó el plan de manejo de la granja porcícola El Oasis. El plan de
manejo ambiental se encuentra en los folios 5-62 (c2) del c. Anexo 1 CAR.
50 Folio 12 c. de pruebas.
51 Folios 177-183 c. 1.
52 oficio 13092100930 de 5 de marzo de 2009 (folio 69 c. de pruebas) que se envió con planilla de correo certificado
13 de 6 de marzo de 2009 (folios 70-71 c. de pruebas)
53 El informe se encuentra en los folios 72-76 c. de pruebas.
21 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
utilización de especies como limón swinglea, bambu, guadua o cualquier
especie forestal que permita disminuir la salida de los olores producidos en la
actividad pecuaria que se desarrolla en el predio y que puede alterar las
condiciones sociales de la zona.
Para el desarrollo de tal actividad la Corporación otorgará un plazo de sesenta
días luego de recibida la respectiva notificación; tras lo cual se realizarán visitas
de seguimiento a fin de verificar la implementación de la cerca viva o en su
defecto iniciar los procesos sancionatorios a que haya lugar”.
66. El resultado de esa visita se comunicó a la Defensoría del Pueblo 54 y,
mediante Oficio No. 13102101145 de 11 de marzo de 201055, dirigido al señor
José Octaviano Roa Bravo, se le informó el resultado de la visita realizada el
24 de febrero de 2010 al predio de su propiedad denominado El Oasis, y se
le otorgó un plazo de sesenta días para el desarrollo de la medida de
mitigación indicada.
67. En el informe solicitado por la primera instancia, la CAR precisó: “En el
informe técnico No 176 de febrero 26 de 2010, no hay ninguna prueba que
evidencie la salida de malos olores, como se describe en el mencionado
documento, lo que se busca con la siembra de las especies forestales es
disminuir los olores producto de la operación de la granja porcícola, la cual
debe funcionar acorde a la guía porcícola generada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Territorial” (negrillas agregadas).
68. Con posterioridad, a solicitud del señor Roa, se abrió el expediente 36477
en la CAR para tramitar un permiso de vertimientos. En dicho expediente
obra igualmente el Informe Técnico 982 de 12 de octubre de 201056 en
donde: “Se conceptúa técnica y ambientalmente que no se requiere Permiso de
Vertimiento, pero sí se deben contemplar las acciones preventivas que impidan la
generación de impactos negativos al ambiente y a los recursos naturales y el
cumplimiento a lo planteado dentro de la Guía Ambiental de manejo presentada,
el cual hace parte del expediente de la referencia, en el tema de manejo de
residuos sólidos y líquidos”. En este documento se realizó una descripción
técnica detallada del manejo de los residuos producidos por la explotación
y se hicieron varias recomendaciones para el manejo de los residuos
derivadas de la Guía Ambiental para el subsector Porcícola. También se
indicó que, para la explotación del recurso hídrico, debía solicitar los
correspondientes permisos.
69. En desarrollo de la recomendación formulada, el señor Roa solicitó
concesión de aguas superficiales y se tramitó el expediente 34233 que
54 Oficio 13102101144 de 11 de marzo de 2010 dirigido a Blanca Patricia Villegas de Puentes, Directora Nacional de
Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría del Pueblo: folio 77 c. de pruebas.
55 Folios 80-81 c. de pruebas.
56 Folios 92-106 c. de pruebas.
22 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
terminó con la Resolución 2612 de 20 de agosto de 201057, en la que se le
otorgó la concesión de aguas superficiales. También se realizó una visita al
predio, que condujo a la elaboración del Informe Técnico 232 de 15 de
marzo de 201058.
70. Con posterioridad y, fruto de una visita de seguimiento, se elaboró el
Informe técnico n. 29 de 12 de enero de 201159 en donde “se evidenció que
se dio cumplimiento a las recomendaciones emanadas de la oficina de la CAR
OPTE, consistente en la adecuación e implementación de una cerca perimetral
con la utilización de especies como limón swinglea, bambú o guadua o cualquier
especie forestal que permita disminuir la salida de los olores producidos en la
actividad pecuaria que se desarrolla en el predio. En este caso se sembraron 500
plantas de limón swinglea cada 20-25 centímetros de distancia, a lo largo de 125
metros de cerca perimetral, actualmente las plantas tienen una altura promedio
de 30 a 35 cms (fotos Nos. 1 a 6). Esta medida se tomó con el fin de disminuir la
salida de los olores producidos en la actividad pecuaria que se desarrolla en el
predio y que pueden alterar las condiciones sociales de la zona”60. Allí se
recomendó “Archivar la presente radicación”.
71. Por solicitud de la Defensoría del Pueblo, la CAR realizó una nueva visita
al predio el 7 de julio de 2013 y concluyó, mediante Informe Técnico 21 de
15 de agosto de 201361: “Se reporta que dentro del ejercicio de la autoridad
ambiental, para el caso de explotaciones porcícolas, se verifica el adecuado uso
u aprovechamiento de los recursos naturales, específicamente lo concerniente a
los requerimientos de recurso hídrico de las actividades pecuarias, el requerimiento
de recursos forestales para construcción u operación de estas actividades. En este
punto se aclara la razón ser de la solicitud de la Corporación, para que la a la visita
asistieran el ICA y la Autoridad Sanitaria del Municipio de San Antonio, porque en
la jurisdicción de la Corporación la mayor parte de las quejas de la comunidad
contra actividades porcícolas, derivan de la generación de olores ofensivos y
moscas, lo cual constituye una afectación de orden sanitario, afectación que no
es competencia de la Corporación y recae sobre las autoridades de orden
sanitario y de salud para cada jurisdicción”. También se agregó que, por el
momento, no disponían de competencias ni de instrumentos para el control
de niveles de malos olores: “Finalmente se reporta a los asistentes que si bien es
cierto que lo referente a la generación de olores ofensivos resulta de un aspecto
sanitario en las instalaciones, existe un proyecto de normatividad ambiental que
faculta a las autoridades ambientales, a efectuar seguimiento a unos niveles límites
permisibles o de inmisión y límites de emisión de sustancias de olores ofensivos. Ante
esta nueva normatividad, la Corporación se está preparando mediante la
consecución de equipos para medición de los parámetros que fije la norma,
equipos que están en proceso de validación. Ante esta nueva situación, se podría
hacer una medición de los olores ofensivos que se podrían derivar de la actividad
57 Folios 107-110 c. de pruebas.
58 Folios 15-20 c. Anexo 1 CAR.
59 Folios 119-124 c. Anexo 1 CAR.
60 Folio 121 c. Anexo 1 CAR.
61 folios 306-308 c. 1.
23 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
pecuaria adelantada en el predio denominado El Oasis, para lo cual se efectuará
el requerimiento a la Oficina de Laboratorio Ambiental, para que de acuerdo a la
programación de esta dependencia, se efectúe dicha medición”.
72. Por su parte, el ICA elaboró un informe de inspección a la explotación El
Oasis el 12 de agosto de 2013 en donde de relató que se realizó una visita
técnica a la explotación y se concluyó que “se verifica que el predio cumple
con las condiciones sanitarias propias según la resolución para el manejo básico
de este tipo de explotaciones porcícolas”62.
73. Con los alegatos de conclusión de primera instancia, la parte
demandante anexó el oficio mediante el cual la CAR dio inicio al trámite
sancionatorio contra el señor Roa63. Este documento no fue valorado por la
primera instancia. Sin embargo, en el recurso de apelación se solicitó su
decreto como prueba de segunda instancia y, mediante Auto de 8 de
agosto de 201864, la Subsección B de la Sección Tercera ordenó tener como
prueba este documento, tras considerar que era una prueba sobreviniente.
74. En efecto, la prueba decretada en segunda instancia consiste en el Auto
OPTE 566 de 21 de julio de 2014 “por medio del cual se inicia un proceso
ambiental de carácter sancionatorio y se adoptan otras determinaciones”. Allí se
puso de presente que el personero municipal de San Antonio del
Tequendama, mediante escrito de 17 de junio de 2013 solicitó realizar una
visita técnica para esclarecer si existían afectaciones ambientales por la
construcción de un criadero de cerdos en el predio El Oasis. Dicha visita se
realizó el 7 de julio de 2013, fruto de la cual, se elaboró el informe institucional
21 de 15 de agosto de 2013 en el que se ordenó que la Oficina de
Laboratorio Ambiental de la CAR realizara una medición de olores en el
predio El Oasis. Dicha prueba se realizó y sus conclusiones se incluyeron en
el Informe de Comisión 255 de 2013 en donde se lee:
“En la porcícola El Oasis se realizaron mediciones de ácido Sulfhídrico (H2S) y
amoniaco (NH3) en siete puntos ubicados dentro del predio de la porcícola y en
sitios aledaños alrededor, los cuales pudiesen verse afectados por la actividad
allí realizada, incluyendo una medición frente al predio del quejoso
El equipo de monitoreo detectó la presencia del contaminante únicamente en
las puntos ubicados dentro de la porcícola con una concentración máxima de
2570 ug/m3 junto al galpón de cerdos y una mínima de 40 ug/m3 en la entrada
de la porcícola
62 folio 305 c. 1.
63 Folios 504-512 c. 1
64 Folios 604-605 cuaderno del Consejo de Estado.
24 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
En los puntos establecida fuera del predio de la porcícola el equipo no detectó
la presencia del contaminante es decir que no había presencia la
concentración era inferior al valor mínimo detectable del equipo.
Las condiciones ambientales presentadas durante esta medición fueron
dirección del viento predominante noroeste, con velocidad promedio de 2.8
Km, humedad relativa 40 6%, temperatura de 31°C, sin presencia de lluvias ”
(negrillas agregadas)
75. También se relató que, posteriormente, se realizó visita técnica al sitio el
día 23 de septiembre de 2013 y como consecuencia se emitió el Informe
Técnico No. 1502 13 de diciembre de 2013 (folios 16 al 19), en el cual se
conceptuó.
“V. CONCEPTO TÉCNICO
“Se estaría presentando una afectación moderada al recurso aire, por emisión
de Ácido Sulfhídrico y Amoniaco, derivado de la actividad, pecuaria
adelantada en el predio denominado El Oasis, lo cual está ocasionando que el
aire en un área de aproximadamente 7400 metros cuadrados presente
concentraciones de Ácido Sulfhídrico, por encima del umbral de 7ug/m3 y
concentraciones de Amoniaco por encima del umbral de 35 ug/m3, parámetros
establecidos por la Resolución 0610 de 2010, expedida por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Territorial” (negrillas agregadas).
76. Igualmente, el Auto puso de presente que el 8 de mayo de 2014 se
realizó una nueva visita técnica al predio y se generó el informe técnico de
9 de mayo de 2014 y concluyó:
“Se estaría presentando una afectación moderada al recurso aire por la
generación de los químicos Acido Sulfhídrico y Amoniaco, derivado de la
actividad pecuaria adelantada en el predio denominado El Oasis, lo cual está
ocasionando que el aire en un área de aproximadamente 7400 metros
cuadrados, presente concentraciones de Ácido sulfhídrico por encima del
umbral 7ug/m3, y concentraciones de Amoniaco por encima del umbral de 35
ug/m3, parámetros establecidos por la Resolución No 0610 de 2010, expedida
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial. Este análisis se obtiene de la
revisión del Memorando OLAM No 20133127513 de 18 de octubre de 2013”
77. Con base en estos dos informes, el Auto OPTE 566 de 21 de julio de 2014
indicó que “se derivan serios indicios (de) que el señor JOSÉ OCTAVIANO ROA
BRAVO (…) transgredió la normatividad ambiental al recurso aire por la generación
de los químicos Ácido sulfhídrico y Amoniaco, derivado de la actividad pecuaria
cría de ganado porcino, de acuerdo a los parámetros establecidos regulados por
el ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial mediante la Resolución No 0610 de
2010”.
25 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
78. De lo expuesto, no encuentra esta Sala que esté demostrada la falla del
servicio en la que habría incurrido la CAR y que fundamentaría una condena
de su responsabilidad por el desplazamiento forzado del demandante y de
su grupo familiar. Por el contrario, el recuento de las actuaciones realizadas
por la CAR evidencia actuaciones sucesivas y progresivas en cumplimiento
de su función de control ambiental, con realización de visitas y la
elaboración de diferentes informes técnicos en los que se verificaba el
cumplimiento de las normas relativas a ese tipo de explotación económica,
así como la formulación de recomendaciones y órdenes para la protección
del medio ambiente.
79. La primera instancia concluyó que, contrario a lo expuesto por la
demanda, no se evidenciaba la falla del servicio de la CAR. La prueba
decretada en segunda instancia tampoco tiene la aptitud de demostrar el
incumplimiento de los deberes legales de esta entidad y, por el contrario,
únicamente evidencia que, en desarrollo de sus funciones, luego de realizar
las pruebas técnicas de medición de los contaminantes presentes en el aire,
aunque en unas primeras mediciones no se identificó afectación relevante
al aire más allá de los límites del predio de explotación porcícola, en
inspecciones posteriores encontró niveles superiores a los admisibles y, por lo
tanto, en cumplimiento de sus funciones, decidió iniciar un procedimiento
administrativo sancionatorio. De la lectura del auto no es posible identificar
desde cuándo existían dichos niveles, ni tampoco, que la actuación de la
CAR hubiera sido tardía o negligente a la luz de sus obligaciones legales. De
allí únicamente es posible evidenciar que, una vez identificó la presunta
infracción ambiental, dio inicio al trámite sancionatorio. Tampoco se cuenta
en el expediente con el acto administrativo que habría puesto fin a dicho
procedimiento y que, eventualmente, hubiera podido dar mayores luces
acerca de la actuación de la CAR.
80. Así, ante la ausencia de pruebas de la falla del servicio de la CAR, se
confirmará la negativa de las pretensiones que, al respecto, decidió la
primera instancia.
2.4. Condena en costas
81. De acuerdo con el artículo 171 del CCA no se condenará en costas a la
parte recurrente, al no advertirse actuación temeraria o de mala fe.
3. DECISIÓN
26 de 27
Radicación: 25000-23-26-000-2011– 00401-03 (55065)
Actor: Miguel Ángel Hernández Nieto
Demandado: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial y otros.
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma la negativa de las pretensiones
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de primera instancia proferida el 30 de
abril de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Subsección C
de descongestión cuya parte resolutiva quedará así:
Primero. DECLARAR la falta de legitimación pasiva en la causa del Ministerio de
Vivienda.
Segundo: DECLARAR la indebida escogencia de la acción respecto de la
validez de la licencia de construcción proferida por el municipio de San Antonio
del Tequendama.
Tercero: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto de la CAR y del
municipio de San Antonio del Tequendama.
Cuarto: Sin condena en costas
Quinto: ORDENAR la devolución de los honorarios del perito a la parte
demandante, siempre y cuando que se demuestre que fueron debidamente
pagados a este.
Sexto: Por secretaría, liquídense los gastos del proceso y, en caso de
remanentes, devuélvanse a la parte actora. Pasados dos años sin que estos
sean reclamados, se declarará la prescripción a favor del Tesoro Nacional.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte apelante.
TERCERO: Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el
expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
27 de 27
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.