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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00549-01

Fecha
21 de marzo de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00549-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo 26 Radicación número: 250002326000201100549 01 (61936) Actor: Brick Construcciones Ltda Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano IDU SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente link: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. aspx .

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2011-00549-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

21 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00549-01 (61936)
Actor: BRICK CONSTRUCCIONES LTDA Y OTROS
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU
Acción: Controversias contractuales

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 14 de febrero de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El Instituto de Desarrollo Urbano y el Consorcio Espacio Urbano, conformado por
las sociedades Brick Construcciones Ltda., Álvaro Mazorra Gómez y Cía. Ltda. y el
señor Fernando López Álvarez, celebraron y ejecutaron el Contrato de Obra Pública
No. 174 de 2006, cuyo objeto fue la construcción de los andenes, ciclorruta y
espacio público de la troncal Autopista Norte Fase III para el proyecto Transmilenio
en Bogotá D.C., por valor de $2.523’753.581. Los contratistas demandaron para
que se declare el rompimiento del equilibrio económico del contrato, que se vio
afectado, según sus afirmaciones, por la mayor permanencia en la obra, debido a
la suscripción tardía del acta de inicio del contrato y por las suspensiones y
prórrogas al mismo, por causas ajenas al contratista e imputables a la entidad. El
a-quo negó las pretensiones por encontrar, entre otras cosas, que no se probó que
la causa de tales demoras y extensión temporal del contrato hubieran sido ajenas
al contratista.

ANTECEDENTES
Demanda

1. El 3 de junio de 2011, Brick Construcciones Ltda., Álvaro Mazorra Gómez y Cía.
Ltda. y el señor Fernando López Álvarez, miembros del consorcio Espacio Público
Autonorte, presentaron demanda en ejercicio de la acción de controversias

Radicación número: 250002326000201100549 01 (61936)
Actor: Brick Construcciones Ltda
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano IDU

contractuales en contra del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, cuyas pretensiones
fueron (f. 4, c. 1):

PRIMERA: Que se declare que el contrato de Obra No. 174 de 2006 (…) sufrió
un desequilibrio económico en contra del CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO
AUTONORTE.

SEGUNDA: Que el desequilibrio (…) se generó por causas totalmente ajenas a
la voluntad del CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO AUTONORTE y/o sus
miembros.

TERCERA: Que como consecuencia de lo anterior, el IDU proceda a reconocer
a los miembros del CONSORCIO ESPACIO PÚBLICO AUTONORTE, de
acuerdo a su participación en el mismo, las sumas por concepto de daño
emergente y lucro cesante de acuerdo con lo demostrado en [el] presente
proceso.

CUARTA: Que a las sumas a las que se refiere la pretensión TERCERA anterior
se les reconozca intereses moratorios a la máxima tasa legal permitida desde
que éstas se causaron hasta cuando se verifique efectivamente el pago.

Subsidiaria a la pretensión CUARTA: En defecto de la pretensión CUARTA,
solicitamos que se ordene el cumplimiento de la sentencia en los términos del
artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

QUINTA: Que las sumas reconocidas a favor de la parte demandante sean
indexadas cuando el Juez del conocimiento lo estime conveniente.

SEXTA: Que se condene a la parte demandada al pago de las costas y
agencias en derecho.

2. En los hechos, la parte actora dio cuenta de la celebración del contrato de obra
No. 174 del 16 de enero de 2007 entre el Instituto de Desarrollo Urbano y el
consorcio Espacio Público Autonorte, conformado por los demandantes, cuyo
objeto fue la construcción de los andenes, ciclorruta y espacio público de la troncal
Autopista Norte Fase III para el proyecto Transmilenio en Bogotá D.C., por valor de
$2.523’753.581.

3. A pesar de que según el parágrafo segundo de la cláusula quinta del contrato el
acta de inicio se debía suscribir dentro de los 10 días hábiles siguientes al
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización, dicha acta se
suscribió el 23 de mayo de 2007 por razones ajenas al contratista, que manifestó
su preocupación por la demora en el inicio de la ejecución del negocio jurídico.

4. El plazo de ejecución se pactó en un mes para la etapa de preconstrucción y 5
meses para la etapa de construcción, pero el contrato fue objeto de múltiples
adiciones y acuerdos modificatorios, así como suspensiones del plazo por causas
no imputables al contratista.

5. El 19 de enero de 2009, el contratista elevó a la entidad una solicitud de
restablecimiento del equilibrio económico del contrato, que se vio afectado por el

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Actor: Brick Construcciones Ltda
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano IDU

inicio tardío de su ejecución, debido a la entrega demorada de los estudios y
diseños de la obra por parte del IDU, pues se produjo el 21 de marzo de 2007, lo
que condujo a que el acta de inicio se suscribiera el 23 de mayo siguiente, tiempo
durante el cual el contratista tuvo personal y maquinaria en stand by.

6. Así mismo, por la suspensión del contrato mediante acta No. 3 del 22 de junio de
2007, debido a que los estudios y diseños entregados por el IDU al consorcio, que
éste empezó a evaluar en la etapa de preconstrucción, se encontraban incompletos
y desactualizados en lo referente al estado real estructural y de servicio de las redes
de alcantarillado pluvial, sanitario y combinado del Tramo I del proyecto, por lo que
se requirió que el IDU, la EAAB-ESP y la interventoría de la obra efectuaran la
inspección con cámaras y equipos de video de tales redes existentes, lo que no se
cumplió y se le ordenó tardíamente al consorcio que lo realizara, después de un
mes desde la certificación y la necesidad de su ejecución.

7. Stand by en el frente uno, pues como consecuencia de la inexistencia de los
estudios y diseños de las mencionadas redes y de información que sobre las
mismas reposaba en la EAAB, en el Tramo No. 1 de obra, comprendido entre las
calles 94 y 103 costado occidental de la autopista, se produjo la parálisis total del
frente de obra occidental durante los meses de agosto a diciembre de 2007, lo que
condujo a la celebración de varias prórrogas del contrato, que tuvieron por lo tanto
origen en situaciones imprevistas y ajenas al consorcio y le generaron sobrecostos
derivados del stand by de los equipos, el personal técnico, administrativo y
profesional y la infraestructura física disponible para atender la obra durante el
término de tal parálisis.

8. Mayor precio de los insumos, como consecuencia directa de la demora del IDU
en la entrega inicial de los estudios y diseños, la dilación en la inspección con video
de las redes de alcantarillado del Tramo I, la elaboración y aprobación por parte del
IDU y la EAAB de los nuevos estudios y diseños de las redes de alcantarillado del
frente occidental calles 93 a 103, y la suspensión en la ejecución mientras la
interventoría y el consorcio los revisaban y avalaban, por lo que el contrato, que
debió haber terminado en julio de 2007, se extendió hasta agosto de 2008, lo que
obligó al consorcio a adquirir insumos a precios más altos.

9. A pesar de que el alcance del contrato varió, por mayores cantidades de obra y
obras nuevas del tramo occidental, el aumento del plazo para su ejecución no se
correspondió con el aumento del área a intervenir y el valor adicionado, pues los
3.5 meses adicionales concedidos por el IDU fueron un “plazo que no contemplaba
el aumento de la meta física ni el cambio o modificación del objeto contractual, es
decir la construcción por renovación total de las redes de alcantarillado…”, cuando

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el contratista había advertido que se requerían en realidad siete meses de plazo
adicional.

10. Como el interventor lo pagaba el consorcio, las prórrogas generadas por causas
imputables al IDU hicieron que se generara un sobrecosto por este aspecto que,
por lo tanto, no debía ser asumido por el contratista.

11. La entidad, con fundamento en el concepto de la interventoría, negó la solicitud
de restablecimiento del equilibrio económico del contrato.

12. El negocio jurídico fue liquidado de común acuerdo mediante acta del 4 de
diciembre de 2009, en la cual el consorcio dejó consignada su salvedad en aras de
seguir reclamando por los perjuicios sufridos.

Trámite de primera instancia

13. La demanda fue admitida mediante auto del 4 de agosto de 2011 y en ella se
ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público (f. 25, c. 1).

14. El Instituto de Desarrollo Urbano IDU contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones. Aceptó algunos hechos, negó otros y se atuvo a lo que resultara
probado respecto de los demás (fl. 28, c. 1). Propuso como excepciones i) la
improcedencia de las pretensiones por cuanto no estaba demostrado el
desequilibrio económico del contrato, ii) improcedencia del desequilibrio económico
por cuanto se mantuvieron las condiciones contractuales para las dos partes, en
pro de culminar el objeto del contrato, iii) inoperancia de un desequilibrio financiero
del contrato dados los términos pactados y iv) excepciones oficiosas, las que el
tribunal encuentre probadas.

15. En los argumentos de defensa, adujo que la demora en la suscripción del acta
de iniciación se produjo por incumplimiento del contratista respecto de las hojas de
vida de su personal, que de acuerdo con el contrato debían ser aprobadas antes
de su iniciación; y que en esas condiciones, era claro que no existía la obligación
de tener maquinaria disponible hasta que no se iniciara el contrato.

16. Así mismo, que los estudios y diseños le fueron entregados dos meses antes
del inicio de la ejecución para que realizara las observaciones y apropiaciones de
estos, y que las labores de preconstrucción no podían adelantarse antes de esa
fecha, lo que contradecía la afirmación del contratista en el sentido de que tuvo

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personal y maquinaria en stand by mientras el IDU le hacía entrega de los diseños
necesarios para dar inicio al contrato.

17. Respecto de las suspensiones del contrato, sostuvo que no se debieron a la
falta de entrega de los diseños y estudios, pues el contratista manifestó que eran
suficientes los que recibió y además, no realizó unos nuevos, pues las redes no
fueron renovadas, sólo rehabilitadas y esto lo sabía desde la presentación de la
oferta, pues el numeral 4.2.1 del pliego, relativo a las obligaciones en la etapa de
preconstrucción, indicaron que el alcance de esta comprendía la actualización y de
ser necesario la ejecución de las actividades tendientes a completar los diseños
que le suministrara el IDU. La suspensión de las actas 3 y 5, se debió al
incumplimiento del contratista, por no contar con los requisitos indispensables para
la iniciación de la etapa de construcción. La suspensión en el tramo 1 no fue de 4
meses sino de poco menos de dos meses. Luego se presentó una suspensión en
la construcción de los alcantarillados, por no contar con el suministro de la tubería
para la ejecución de esta actividad.

18. En cuanto al stand by en el frente 1, la demandada explicó las razones de las
prórrogas del plazo, manifestando que la primera obedeció a la necesidad de llevar
a cabo obras de rehabilitación de redes de servicios públicos y que la misma tuvo
una adición en valor de $1.293’074.967 por cuanto implicó mayores cantidades de
obra, frente a las cuales se pagó el AIU, del 31,88%. La segunda prórroga tuvo su
causa en inconvenientes propios de la obra consistentes en dificultades en las
excavaciones, retiro de material, cargue de escombros y descargue de material,
dificultades en la rehabilitación del alcantarillado, rehabilitación no prevista del
banco de ductos de la ETB y solicitudes tardías de ampliación de la red de EPM.
La tercera prórroga se produjo por cuanto para la fecha prevista para la terminación
del contrato no se cumplía con la ejecución de las metas físicas previstas en su
objeto, por lo que, al ser responsabilidad del contratista, y en cumplimiento de lo
estipulado en el contrato, se estableció que le correspondía pagar a la interventoría
por ese plazo adicional de 30 días. Y la cuarta prórroga, también obedeció a los
atrasos del contratista, que se dieron principalmente por falta de personal,
materiales, equipo y organización en la distribución de los recursos que se
encontraban en la obra. Además, en todas las prórrogas, solicitadas por el
contratista, se dejó una nota expresa en el sentido de que la solicitud de prórroga
no generaría costos adicionales al contrato ni reclamación alguna, a lo que cabía
agregar que esas situaciones, imputables al contratista, dieron origen al inicio de
tres procedimientos de imposición de multas por parte de la entidad.

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Actor: Brick Construcciones Ltda
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano IDU

19. Sobre el mayor precio de los insumos por una mayor permanencia en la obra,
la entidad dijo que no se explicaba esta reclamación, cuando fue por causas
imputables al contratista que éste tuvo que estar en la obra por más tiempo del
inicialmente pactado. En todo caso, aludió al rubro de imprevistos, que para el
contrato fue del 4%, es decir $161’237.330, que claramente cubría los sobrecostos
de material a los que hizo referencia el demandante.

20. Negó así mismo que el contratista tuviera derecho a reajustes por demoras
causadas, por cuanto las mismas le eran imputables, en la medida en que el bajo
avance de obra, que condujo a la mayor permanencia en la misma, obedeció
principalmente a la ausencia de mano de obra y falta de materiales.

21. En relación con el presunto desequilibrio económico del contrato, el IDU explicó
que la interventoría conceptuó sobre la reclamación del contratista en forma
negativa, pues las causas de la mayor permanencia en obra le eran imputables al
contratista, quien desconocía así mismo las limitaciones de recursos que tuvo para
dar inicio a la ejecución del contrato y para acceder a su liquidación, documentadas
en las solicitudes de sanción que elevó la interventoría por esas causas. Además
precisó que el contratista tampoco había aportado pruebas sobre los supuestos
pagos al personal o a terceros involucrados, que permitieran establecer un
desequilibrio económico.

22. Por lo anterior, y por cuanto no se dieron los elementos constitutivos de un
desequilibrio económico del contrato, la entidad no estaba obligada a
restablecimiento alguno.

23. Mediante proveído del 1 de marzo de 2016, se corrió traslado a las partes y al
Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto respectivamente,
oportunidad en la cual las partes reiteraron los argumentos expuestos en la
demanda y su contestación (f. 333, 314 y 322, c. 1).

La sentencia de primera instancia

24. El 14 de febrero de 2018, el Tribunal de Cundinamarca dictó sentencia en la
que se negaron las pretensiones de la demanda, por cuanto consideró que el
contratista no realizó las reclamaciones pertinentes a la hora de suscribir las
adiciones, prórrogas y suspensiones del plazo contractual, acuerdos de voluntades
en los que debió haber manifestado la situación de desequilibrio del negocio jurídico
y, al no haberlo hecho, se entiende que mediante la suscripción de tales
convenciones, el equilibrio económico del contrato quedó restablecido, siendo

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Actor: Brick Construcciones Ltda
Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano IDU

inoportuna la reclamación que efectuó cuando ya se había terminado el contrato y
la realizada al momento de su liquidación. Además, porque tampoco se habían
probado los requisitos necesarios para que proceda el restablecimiento pedido, es
decir la causal no imputable al contratista, la imprevisibilidad e irresistibilidad del
hecho y el carácter grave de la afectación de la ecuación económica (fl. 359, c. ppl.).

25. Así, en relación con la alegada mora en el inicio de la ejecución del contrato,
que el contratista atribuyó a los problemas que tuvo la entidad con los diseños que
debía entregar, en la misma demanda se afirmó que los mismos fueron entregados
dos meses antes de la suscripción del acta de inicio.

26. Sobre la suspensión del contrato que, según el contratista se dio también
porque los estudios y diseños entregados estaban incompletos y desactualizados,
el tribunal observó que en el acta de suspensión suscrita el 9 de julio de 2007 se
dejó expresa constancia de que la razón para ello fue que a esa fecha no se habían
aprobado las hojas de vida de los residentes ambientales del contratista entregadas
por éste el 15 de junio anterior y el PIPMA no había sido aprobado, pues su
radicación ante el IDU se produjo el 19 de junio, luego de que el contratista
atendiera observaciones de la interventoría, aprobaciones que eran requisito para
el inicio de la etapa de construcción. Es decir que la razón para esta primera
suspensión, era totalmente imputable al contratista, como lo fue la prórroga de la
misma, ya que la causa fueron los ajustes que el contratista debía efectuar al
PIPMA, con el fin de que pudiera contar con la correspondiente aprobación.

27. El a-quo resaltó, así mismo, que la única solicitud de adición que elevó el
contratista el 8 de octubre de 2007, por valor de $1.293’074.967, fue aprobada por
la entidad y el 8 de noviembre siguiente, se realizó el correspondiente otrosí.

28. Y que estaba probado que fue a solicitud del contratista que se presentaron
distintas prórrogas del plazo de ejecución -19 de noviembre de 2007, 30 de abril de
2008 y 3 de junio de 2008-, y que en las suscritas el 20 de diciembre de 2007 y 4
de abril, 7 de mayo y 9 de junio de 2008, se pactó expresamente que las mismas
no generarían costos adicionales al IDU.

29. Estimó, así mismo, que la segunda suspensión por la que reclamó el
demandante también obedeció a causas imputables al contratista, pues la razón
fue que uno de los miembros del consorcio, cuya participación en el contrato era
del 25%, fue objeto de un embargo, por lo que la aseguradora necesitaba 10 días
para estudiar la posibilidad de respaldar al contratista en la inyección de recursos
económicos al contrato.

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30. En conclusión, no se probó que en las circunstancias alegadas por el contratista
como causa del desequilibrio económico del contrato, aquel hubiera presentado
solicitud alguna tendiente a su restablecimiento, incumpliendo con el requisito de
oportunidad; como tampoco se acreditó que los hechos por los que alega la
demandante que se alteró la ecuación económica del negocio jurídico, fueron
circunstancias imprevisibles e irresistibles y no eran imputables al contratista.

Recurso de apelación

31. La parte actora apeló la decisión de primera instancia y solicitó revocarla para
que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda (fl. 370, c. ppal.).

32. El recurrente adujo en primer lugar que, según la entidad demandada, la demora
en la suscripción del acta de inicio del contrato -que fue de casi 4 meses después
de cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización- se debió a la
demora del contratista en entregar las hojas de vida del personal destinado la obra;
pero lo cierto es que la entidad incumplió su obligación de aprobarlas en el menor
tiempo posible para darle curso oportuno al contrato, pues según varios oficios de
la interventoría de los meses de abril y mayo de 2007, se aceptó que aún se estaban
evaluando tales documentos; el a-quo declaró la improcedencia del reclamo porque
en la respectiva acta no se dejó ninguna salvedad, lo que resultaba improcedente,
pues la tesis del Consejo de Estado aplicada en la sentencia, opera cuando ya hay
una reclamación del contratista de por medio durante la ejecución del contrato y se
suscriben esos actos bilaterales para tratar de disminuir los efectos nocivos del
hecho que altera el equilibrio sin que en ellos se deje la respectiva reserva. Y, en el
presente caso, no se había iniciado aún la ejecución del contrato, pues el acta
pendiente de suscribir era precisamente la de inicio, por lo que aún no había una
reclamación en curso del contratista sobre la cual debiera dejar consignada una
salvedad.

33. El apelante sostuvo que la demora en la entrega de los diseños por parte del
IDU era un aspecto distinto a la autorización de los residentes ambientales, y el a-
quo no debió descartar los perjuicios derivados de la primera, pues desde el 14 de
febrero de 2007 el contratista le había pedido a la entidad adelantar la entrega de
la documentación técnica en aras de iniciar los trámites de información y
coordinación de las actividades de preconstrucción y construcción del capítulo de
redes con cada una de las empresas de servicios públicos, solicitud que el IDU
nunca respondió, a pesar de que no era necesario esperar a la firma del acta de
inicio para que la entidad cumpliera con esa obligación, pues aquella se utiliza para
establecer la fecha en la cual se empieza a computar el plazo de ejecución de las

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obras. Sin embargo, el tribunal no hizo ningún análisis jurídico respecto de este
aspecto.

34. Sobre las suspensiones y prórrogas del contrato, el apelante sostuvo que el
tribunal afirmó que todas obedecieron a causas imputables al contratista, pero
desconoció la prueba documental obrante en el plenario, ya que reposan copias de
los contratos adicionales suscritos por las partes en los que consta que el plazo
adicional pactado -195 días- se produjo por causas ajenas al contratista, para lo
cual procedió a transcribir apartes de los considerandos de esos negocios jurídicos
-contratos adicionales 2, 3, 4 y 5-, en los que se podía evidenciar que los aumentos
de plazo se causaron por hechos que no le eran imputables, como los
requerimientos de redes de EAAB y EPM.

Trámite en segunda instancia

35. El recurso fue admitido mediante auto del 16 de agosto de 2018, y el 19 de
septiembre siguiente se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al
Ministerio Público para lo de su cargo, oportunidad en la cual sólo intervino la
entidad demandada, con escrito en el cual sostuvo que la parte actora no cumplió
con la carga de la prueba que le incumbía, pues no demostró que hubiera incurrido
en sobrecostos y gastos adicionales para ejecutar el 100% del objeto contractual.
Además, alegó que la demanda estaba caducada, pues el término para su
presentación debía contabilizarse a partir de los hechos que la motivaron -literal j,
numeral 2 del artículo 164 del CPACA- y no desde la liquidación del contrato; como
lo alegado fue el desequilibrio económico, que se produjo durante la ejecución del
contrato, teniendo en cuenta la última prórroga del mismo -en la que debió dejar la
respectiva salvedad, según lo sentado por la jurisprudencia-, que fue del 9 de junio
de 2008, la caducidad se produjo el 10 de junio de 2010; y como la demanda fue
presentada el 7 de junio de 2011, la misma fue extemporánea (fls. 381, 383 y 384, c.
ppal.).

CONSIDERACIONES

Jurisdicción y Competencia

36. En virtud de lo dispuesto en el artículo 82 -modificado por el art. 1º de la Ley
1107 de 2006- del Código Contencioso Administrativo -Decreto 01 de 19841-, le

1
La Ley 1437 del 18 de enero de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”, en su art. 308 dispone: “El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. // Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en
vigencia. // Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos
en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el

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Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano IDU

corresponde al Consejo de Estado conocer del presente asunto, toda vez que las
pretensiones de la demanda versan sobre un contrato estatal celebrado por un
establecimiento público distrital -el Instituto de Desarrollo Urbano IDU2- y el
Consorcio Espacio Público Autonorte, conformado por Brick Construcciones Ltda.,
Álvaro Mazorra Gómez y Cía. Ltda. y el señor Fernando López Álvarez.

37. Así mismo, la Sala tiene competencia para conocer en segunda instancia del
presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 129 -modificado por
el artículo 37 de la Ley 446 de 1998- del C.C.A., norma vigente al momento de
presentación de la demanda, según la cual el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, es competente para conocer, en segunda instancia, de
las apelaciones de las sentencias dictadas por los Tribunales Administrativos en
primera instancia3.

La legitimación en la causa

38. El Instituto de Desarrollo Urbano, de un lado, y del otro Brick Construcciones
Ltda., Álvaro Mazorra Gómez y Cía. Ltda. y el señor Fernando López Álvarez,
integrantes del Consorcio Espacio Público Autonorte, se encuentran legitimados
por pasiva y por activa, respectivamente, por ser la parte contratante y los
integrantes del consorcio contratista, del Contrato de Obra Pública No. 174 de 2006,
en torno al cual gira la presente controversia.

Oportunidad de la demanda

39. La demanda que originó el presente proceso está dirigida a obtener el
restablecimiento del equilibrio económico del contrato No. 174 de 2006.

40. De conformidad con lo dispuesto por el literal c) del numeral 10 del artículo 136
del C.C.A., en aquellos contratos que deben ser liquidados y la liquidación se
produce de común acuerdo entre las partes, el término de caducidad de la acción

régimen jurídico anterior”, razón por la cual el CPACA no es aplicable al proceso de la referencia,
toda vez que la demanda fue presentada el 3 de junio de 2011, cuando aún no había entrado a regir.
2
Creado mediante el Acuerdo 19 del 6 de octubre de 1972 del Concejo del Distrito Especial de
Bogotá, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la
Secretaría de Movilidad -Acuerdo 001 del 3 de febrero de 2009-.
3
De acuerdo con el artículo 132 –modificado por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998- numeral 5º
del C.C.A., “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes
procesos: (…) 5. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y
de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su
finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”. En el presente caso, las pretensiones de la
demanda ascendieron a $1.113’857.582 por concepto del desequilibrio económico del contrato -
según la estimación razonada de la cuantía, f. 19, c. 1-, mientras que, para el año de presentación
de la demanda -2011-, 500 SMLMV equivalían a $ 267’800.000, producto de multiplicar el salario
mínimo legal de ese año: $ 535.600 (Decreto 033 del 11 de enero de 2011) por 500.

10

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Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano IDU

relativa a controversias contractuales, que es de dos años, debe contabilizarse a
partir de la suscripción de la respectiva acta de liquidación4.

41. En el presente caso, el negocio jurídico objeto de la controversia fue de obra
pública, por lo cual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de
1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública por el cual se
rige5, que establece que los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto
de liquidación, el acuerdo de voluntades suscrito entre el IDU y los demandantes
también debía someterse a ese corte de cuentas.

42. El contrato No. 174 de 2006 fue liquidado de forma bilateral el 4 de diciembre
de 2009 (f. 106, c. 2), por lo cual la demanda debería ser presentada, a más tardar,
el 5 de diciembre de 2011. Dado que lo fue el 3 de junio de este último año, resulta
evidente su oportunidad, aún sin tener en cuenta el lapso de suspensión que se
presentó por cuenta del procedimiento de conciliación extrajudicial iniciado el 14 de
septiembre de 2010 y que culminó con audiencia del 16 de noviembre del mismo
año, en la que se declaró fallida por falta de ánimo conciliatorio de las partes (f. 112,
c. 2).

Problemas jurídicos a resolver

43. Al emprender el estudio del presente asunto debe recordarse, en primer lugar,
que la competencia del ad-quem al resolver un recurso de apelación en contra de
una providencia proferida por el juez de primera instancia, se encuentra limitada por
los precisos argumentos esgrimidos por el recurrente, los cuales deben dirigirse a
demostrar por qué la decisión que se impugna es errada. Esto, por cuanto
precisamente la doble instancia ha sido concebida como un mecanismo que permite
revisar un auto o sentencia por el superior jerárquico, siempre que se considera que
la misma no estuvo ajustada a derecho, caso en el cual la ley exige que el apelante
manifieste, específicamente, las razones de su disentimiento6. Así, la confrontación
que le corresponde efectuar al juez de la segunda instancia se deberá dar entre lo
expuesto en el fallo impugnado y las razones del apelante tendientes a desvirtuar
los argumentos del a-quo. Es decir que no se trata de exponer, nuevamente, lo que

4
“ARTÍCULO 136. Caducidad de las acciones. (…) 10. En las relativas a contratos, el término de
caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos
de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. // En los siguientes contratos, el término de
caducidad se contará así: (…) // c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de
común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años contados desde la firma del
acta (…)”.
5
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la referida ley.
6
El artículo 352 del C.P.C. establece que el recurrente debe expresar, en forma concreta, las razones
de su inconformidad con la providencia.

11

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ya fue analizado en la primera instancia, repitiendo en el recurso los argumentos de
la demanda y su contestación, sino de dirigir los expresos señalamientos que surjan
frente a lo resuelto concretamente en la sentencia objeto de la apelación7.

44. Teniendo en cuenta el contenido del recurso de apelación presentado por la
parte demandante y los hechos probados en el proceso, corresponde a la Sala
establecer i) si la falta de salvedades por parte del contratista en los acuerdos de
voluntad suscritos durante la ejecución del contrato impide analizar sus
pretensiones de restablecimiento del equilibrio económico; y ii) si lo decidido por el
a-quo contiene los errores enunciados en el recurso que ameriten su revocatoria.

Las salvedades en los acuerdos de voluntades contractuales

45. En relación con este primer punto, observa la Sala que, durante la ejecución de
los contratos, en especial los de tracto sucesivo o ejecución prolongada en el
tiempo, es común que las partes suscriban acuerdos bilaterales tendientes a
introducir modificaciones en diferentes aspectos que fueron pactados en su
celebración, lo cual llevan a cabo a través de adiciones en valor, prórrogas, otrosíes,
suspensiones, etc., en los cuales se presenta una manifestación de voluntad de los
contratantes que los obliga en los términos allí dispuestos y en la misma forma en
que lo hizo el contrato principal que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1602
del C.C., es ley para las partes8. Por ello, la jurisprudencia siempre ha reiterado el
deber que les asiste a contratante y contratista de respetar la palabra dada,
advirtiendo que, en virtud del principio de la buena fe, resulta inadmisible ir en contra
de los propios actos, desconociendo las manifestaciones de voluntad expresadas
con anterioridad.

46. A pesar de que en pasadas oportunidades se quiso dar el mismo valor
obligatorio a los silencios observados por las partes a la hora de suscribir tales

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 3 de marzo de 2023, expediente 58.301, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; reiterada
en sentencia del 24 de abril de 2023, rad.: 76001-23-30-000-2012-00613-01 (54.823), C.P. María
Adriana Marín, entre muchas otras; en esta última, dijo la Sala: “La competencia de la Sala para
pronunciarse en este asunto como juez de segunda instancia no es plena, sino que está limitada por
las referencias conceptuales y argumentativas aducidas por el apoderado de la demandada contra
la decisión adoptada en primera instancia. // En esta oportunidad, la Subsección reitera que el
alcance del recurso de apelación, mecanismo de control de las decisiones judiciales, no se dirige,
sin límite alguno, a reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad generada en el curso del
proceso, como tampoco puede estar orientado a repetir el trámite acontecido en primera instancia,
sino que busca garantizar el principio de la doble instancia que, como regla general, está disponible
para controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias al ordenamiento jurídico. // Así
las cosas, resulta imprescindible que el recurrente determine mediante los cargos planteados cuáles
asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico, para lo cual no basta con la simple
interposición del recurso ni resulta suficiente
repetir un argumento desprovisto de motivos de disenso, toda vez que los planteamientos de la
alzada definen los temas objeto de análisis, de cara a la decisión judicial que es rebatida”.
8
“Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado
sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.

12

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acuerdos de voluntades, en tanto se consideró que las inconformidades y reclamos
que tuvieran pendientes, en especial sobre el equilibrio económico del contrato,
debían ser expresados en tales eventos para salvaguardar el derecho a su posterior
reclamación, la jurisprudencia retomó el criterio original, conforme al cual el único
acto bilateral en el que se impone dejar esta clase de salvedades es el de la
liquidación bilateral, por ser ese el momento en el que las partes, por disposición
legal -art. 60, Ley 80 de 1993-, deben acordar los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar, consignando en la respectiva acta los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo.

47. En virtud de las variaciones jurisprudenciales que en torno a esta exigencia de
las salvedades se presentaron a lo largo de los últimos años9, la Sala Plena de la
Sección Tercera de esta Corporación expidió una sentencia de unificación, en la
cual sostuvo, sobre el punto:

(…) el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, en manera alguna establece una suerte
de «requisito para la prosperidad de las pretensiones», según el cual, al
suscribirse pactos adicionales durante la ejecución del contrato, el silencio de
una de las partes frente a una determinada reclamación, genera una decisión
contraria a sus pretensiones. El hecho de que el legislador propicie en esta
forma acuerdos entre las partes, como lo hace en otros preceptos (p.ej. 4.9 y
25.14), no impide que puedan acudir al juez del contrato a resolver litigios y
controversias, como derecho de los contratistas reconocidos en el artículo 5.3
de la Ley 80 de 1993.

El artículo 27 de la Ley 80 de 1993, pues, no establece «requisitos para la
prosperidad de las pretensiones». Y al interpretar este artículo no pueden
crearse requisitos de «oportunidad» para que prospere determinada pretensión
o para reclamar los perjuicios que se derivan, por ejemplo, del incumplimiento
del contrato, por el hecho de que durante su vigencia firmaron pactos que
facilitaron su ejecución.

Tampoco pueden aplicarse, de manera extensiva, criterios jurisprudenciales
que se han desarrollado respecto de la liquidación bilateral del contrato (art. 60
Ley 80). Como ya se precisó, la liquidación es un acuerdo de las partes en el
que se declaran a paz y salvo. Los acuerdos (otrosíes o adiciones, vgr) que se
pacten en desarrollo de la relación negocial, por el contrario, no tienen
necesariamente, ese propósito, justamente porque la relación negocial
continúa.

9
Por ejemplo, en la Subsección A, si bien se seguía reconociendo la obligatoriedad de las
estipulaciones suscritas por los contratantes, quienes por lo tanto quedan sujetos a sus términos y
no les es dable ir en contra de sus propios actos, también se cuestionó la aplicación automática de
la exigencia de salvedades en los acuerdos de voluntades suscritos por las partes durante la
ejecución del contrato, como requisito de admisibilidad de las reclamaciones judiciales tendientes al
restablecimiento de su equilibrio económico, por cuanto se consideró que resultaba necesario el
análisis de cada caso en concreto, para establecer las circunstancias de la suscripción de tales
acuerdos y su relación con las reclamaciones. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de mayo de 2020, rad. 66001-23-31-
000-2011-00255-01 (64701), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 19 de junio de 2020,
rad.: 25000-23-26-000-2002-01790-02(40289), C.P. María Adriana Marín; sentencia del 19 de
febrero de 2021, expediente 65.277, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Sentencia del 5 de febrero
de 2021, expediente 46.726, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 7 de mayo de 2021,
rad.: 25000-23-26-000-2009-00498-01 (43055), C.P. María Adriana Marín; sentencia del 24 de
septiembre de 2021, expediente 54.004, C.P José Roberto Sáchica Méndez, entre otras.

13

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(…)

La buena fe, entonces, no habilita al juez para, vía jurisprudencia, crear
«requisitos para la prosperidad de las pretensiones» o, a la manera de
presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito, implantar exigencias
generales y abstractas, no establecidas en la ley (art 17 CC), que impidan
estudiar el fondo de los conflictos sobre la ejecución del contrato -como lo son
las «salvedades» en los acuerdos modificatorios–. El juez debe tener en cuenta
lo expresado por las partes, valorar las pruebas e indagar el alcance de las
modificaciones pactadas para determinar así, las responsabilidades que a cada
una de ellas les atañen. Si no se resuelve de fondo la controversia, so pretexto
de un silencio indeterminado derivado de la firma de acuerdos posteriores, se
olvidaría que el deber fundamental del juez del contrato es desentrañar la
intención de las partes y estudiar de fondo las pretensiones.

(…)

Si las entidades públicas no pueden exigir renuncias o desistimientos, el juez el
contrato tampoco puede imponerlas mediante «requisitos para la prosperidad
de las pretensiones», como la constancia de desacuerdos mediante
«salvedades», ni mucho menos interpretar el silencio como generador de
disposiciones contractuales, sin que la ley lo prescriba o las partes así lo hayan
acordado.

(…)

No se pueden, pues, extraer conclusiones a priori generales. En todo caso, en
esa labor interpretativa, se reitera, el juez no podrá concluir del silencio de las
partes la renuncia a un derecho. El juez no podrá negar las pretensiones porque
no se deduce de lo pactado que se hubiera dejado abierta la posibilidad de
reclamar. Tendrá que estar probado que la intención de las partes, expresa, en
el texto de los acuerdos, adiciones otrosíes etc, posteriores, o desentrañada de
acuerdo con las reglas previstas por la ley, fue zanjar la diferencia que ahora se
reclama en la demanda. Si no es así, esto es, si no se acordó nada en la
respectiva modificación y se guardó silencio al momento de su suscripción
sobre esa pretensión, siempre quedará abierta la posibilidad de reclamar.

El juez se encargará, pues, caso por caso de determinar el alcance del pacto,
de acuerdo con la intención de las partes, sin que el silencio de una de ellas en
acuerdos modificatorios, contratos adicionales u otrosíes, constituya una
renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular reclamaciones10.

48. De acuerdo con lo anterior es claro que, en el presente caso, el hecho de que
el contratista no hubiera dejado salvedades en las adiciones, prórrogas y
suspensiones que se produjeron durante la ejecución del negocio jurídico, no
resulta suficiente justificación para la denegatoria de las pretensiones, razón por la
cual resulta necesario dilucidar si, en relación con el fondo de la controversia, se
equivocó el tribunal en la valoración probatoria que llevó a cabo, como lo sostuvo
el apelante o si, por el contrario, la decisión se ajustó a lo que resultó acreditado en
el plenario.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
julio de 2023, expediente 39121, C.P. Guillermo Sánchez Luque.

14

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El equilibrio económico del contrato

49. La figura del equilibrio económico del contrato, cuyo origen fue jurisprudencial,
se consagró legalmente por la Ley 80 de 1993, la cual a lo largo de su articulado
contempla disposiciones tendientes a garantizar el derecho de los co contratantes
a la conservación de la equivalencia de prestaciones surgida entre las partes de
un contrato estatal.

50. Así, se estableció a cargo de las partes (artículo 27) el deber de conservar la
ecuación contractual, tomando las medidas que fueran necesarias para ese fin 11,
consagrando dentro de los derechos y deberes de la entidad estatal contratante el
de solicitar la actualización o revisión de los precios, cuando se produzcan
fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato
(artículo 4, numeral 3) y a favor de los contratistas, el derecho a que previa solicitud,
“la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del
contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas” que
no les sean imputables (artículo 5).

51. También se tuvo en consideración la afectación que la ecuación económica del
contrato puede sufrir con ocasión del ejercicio, por parte de la Administración, de
las facultades excepcionales de interpretación, modificación o terminación unilateral
que la ley consagra a su favor, caso en el cual (artículo 14), debe proceder a
reconocer y ordenar el pago de las compensaciones e indemnizaciones a que
tengan derecho las personas objeto de tales medidas y a aplicar los mecanismos
de ajuste de las condiciones y términos contractuales a que haya lugar, todo ello
“…con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial”; y, además, establece que
las partes utilizarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos
contractuales a que haya lugar, para mantener la ecuación o equilibrio inicial.

52. Una manifestación del principio de economía consagrado en el artículo 25 de la
Ley 80, es la orden dada a las entidades en su numeral 14 en el sentido de incluir
en sus presupuestos anuales una apropiación global destinada a cubrir los costos
imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, así como los que se originen

11
“En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones
surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se
rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo
posible las medidas necesarias para su restablecimiento. // Para tales efectos, las partes suscribirán
los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales,
reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a
las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las
entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y
reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate”.

15

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en la revisión de los precios pactados, por razón de los cambios o alteraciones en
las condiciones iniciales de los contratos por ellas celebrados.

53. El artículo 28 de la misma ley establece que, en la interpretación de las normas
sobre contratos estatales, se tendrá en consideración, entre otras cosas, la igualdad
y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos
conmutativos. Como lo ha manifestado la jurisprudencia:

Lo dispuesto por el legislador en las anteriores normas, viene a ser la
consagración legal de la figura del restablecimiento del equilibrio económico del
contrato, que de tiempo atrás fue elaborada e instituida por la jurisprudencia, en
reconocimiento del hecho de que, si bien en principio, en materia de contratos
funge el principio del pacta sunt servanda, conforme al cual el contrato es ley
para las partes y debe ser ejecutado en la forma y términos pactados 12, por lo
que las estipulaciones acordadas por ellas al celebrarlo, deben prevalecer
durante todo el término de su ejecución, y sólo pueden variarse por un nuevo
acuerdo de voluntades; lo que se traduce, en consecuencia, en que una de las
partes no puede, unilateralmente, desconocer las condiciones en las que se
obligó inicialmente, y debe cumplir las prestaciones a su cargo exactamente en
los términos en que se comprometió a hacerlo.

Pero también es cierto, que esta exigencia de cumplimiento exacto de lo
pactado, opera en la medida en que las condiciones existentes al momento de
celebrar el contrato, se mantengan incólumes, por lo que se recurrió al principio
del rebus sic stantibus, conforme al cual, las condiciones originales del contrato
se deben mantener, siempre y cuando se conserve durante la etapa de
ejecución o cumplimiento, la situación de cargas y beneficios que soportaban
las partes en el momento de su celebración, pero no se puede ni debe
mantener, cuando esa situación sufre modificaciones entre el momento en que
se trabó la relación negocial y una época posterior durante la ejecución del
contrato; con fundamento en dicho principio, se abrió paso el derecho de la parte
afectada por una situación imprevista y sobreviniente durante la ejecución de
las prestaciones, a que se le restablezca la ecuación contractual, cuando haya
sido gravemente afectada.

Como reiteradamente lo ha reconocido la jurisprudencia, el equilibrio económico
del contrato puede verse afectado por diversas causas, provenientes de la
Administración contratante o exógenas a las partes del negocio jurídico, que si
bien no corresponden a eventos de responsabilidad culposa en el ámbito de la
contratación, sí dan lugar a reconocimientos económicos a favor de la parte
afectada, en aras de restablecer el balance de la ecuación contractual que
surgió al momento de celebrarse el negocio jurídico, cuando se consideraron
equivalentes las prestaciones pactadas a cargo de las partes13.

54. Es así como se ha reconocido que la ecuación económica del negocio jurídico
puede verse afectada por circunstancias imputables a la entidad contratante, como
cuando ejerce el ius variandi o expide, en el cumplimiento de sus funciones, una
medida o acto de carácter general que de manera indirecta afecta a su propio
contratista -hecho del príncipe- o por un hecho imprevisible y externo a las partes,

12
[47] “El artículo 1602 del Código Civil, dispone que “Todo contrato legalmente celebrado es una
ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas
legales”.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 31 de enero de 2019, expediente 37910, C.P. María Adriana Marín.

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que sucede con posterioridad a la celebración del negocio jurídico -teoría de la
imprevisión- y que impacta de manera significativa la economía del contrato,
haciendo mucho más onerosa su ejecución. Si la afectación alegada por el
demandante proviene de un hecho atribuible al incumplimiento de sus obligaciones
contractuales por parte de la entidad, ha dicho la jurisprudencia que ello
corresponde a un típico caso de responsabilidad contractual, con todas las
consecuencias que ello conlleva14.

55. Ahora bien, independientemente de la causa -proveniente de la entidad o ajena
a las partes- por la cual se alegue que se produjo el rompimiento del equilibrio
económico del contrato, lo cierto es que, lo primero que debe acreditar el
demandante es la grave afectación económica sufrida, mediante la demostración
de los sobrecostos que debió asumir el contratista y que rebasaron el alea normal
del contrato, haciendo excesivamente onerosa su ejecución; es decir que no basta
con acreditar el hecho al cual se atribuye la afectación, sino que resulta
indispensable probar que ello representó una significativa disminución patrimonial
para la parte afectada.

56. En el presente caso, observa la Sala que el a-quo se limitó a constatar si los
hechos alegados por el demandante como origen del desequilibrio económico del
contrato estaban probados, llegando a la conclusión de que, en realidad, la mayor
permanencia del contratista en la obra se produjo por causas que le eran
imputables, lo que consideró suficiente para denegar las pretensiones y, por lo tanto,
no entró a determinar si estaba acreditada la afectación económica aducida en la
demanda.

57. El recurso de apelación sólo se refirió a las consideraciones que, en tal sentido,
consignó el tribunal en su sentencia, razón por la cual a estos puntos se referirá la

14
“(…) resulta necesario recordar que se trata de dos figuras jurídicas diferentes, tanto por su origen
como por sus consecuencias, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia, en la medida en que el
incumplimiento contractual, consistente en el desconocimiento del débito prestacional y de las
obligaciones legalmente acordadas en un contrato, da lugar al surgimiento de la responsabilidad de
la parte incumplida y, en consecuencia, a su deber de indemnizar integralmente los perjuicios que
hubiere causado con su incumplimiento; al paso que el deber de restablecer el equilibrio económico
de un contrato no surge a partir de una actuación culposa de alguna de las partes ni, por ende, de
su comportamiento antijurídico, sino de la afectación de la relación de equivalencia de las
prestaciones surgida al momento de contratar, y que por mandato legal -artículo 27, Ley 80 de 1993-
debe conservarse a lo largo de toda la ejecución contractual, y su restablecimiento consistirá en
llevar a un punto de no pérdida al contratista -o a la entidad, si fue la parte afectada- si la perturbación
proviene de un hecho imprevisto e imprevisible ajeno a las partes, o mediante el reconocimiento de
los costos y utilidades dejadas de percibir, si su origen se ubica en una actuación legal de la entidad
en ejercicio de sus funciones estatales -hecho del príncipe- o como parte contratante -ejercicio del
ius variandi-. // 64. Es por lo anterior que no resulta procedente sostener que el incumplimiento
contractual sea origen del rompimiento del equilibrio económico del contrato para manejar sus
consecuencias desde esta perspectiva, ya que, de comprobarse tal comportamiento antijurídico, la
parte incumplida estará obligada a indemnizar todos los perjuicios que le hubiere causado a su co-
contratante y que se encuentren debidamente probados.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de mayo de 2024, rad.:
050012331000201000339 01 (58879), C.P. María Adriana Marín.

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Sala, teniendo en cuenta que el límite de su competencia en segunda instancia a la
hora de resolver el recurso de alzada, está dado, precisamente, por la
argumentación que allí se plantee para controvertir lo decidido en la providencia
objeto de la impugnación.

Demora en la suscripción del acta de inicio

58. La parte actora en su demanda sostuvo que la firma del acta de inicio de la
ejecución del contrato se produjo casi cuatro meses después de cumplidos los
requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato y que, durante este
tiempo, tuvo personal y maquinaria en stand by. Afirmó que esa demora se debió al
retraso de la entidad en el cumplimiento de su obligación de entregar los estudios y
diseños de la obra necesarios para dar inicio al contrato.

59. Al respecto, el a-quo, además de sostener que en dicha acta el contratista no
dejó salvedad alguna, también advirtió cómo, en la misma demanda, la parte actora
había admitido que los estudios y diseños fueron entregados por la entidad dos
meses antes de que se suscribiera el acta de inicio, es decir que, a su juicio, esa no
pudo ser la razón de la demora en su suscripción.

60. En el recurso, el apelante se limitó a controvertir los argumentos del a-quo
relativos a la falta de salvedad en el acta de inicio, pero no hizo alusión alguna a la
razón por la cual, para el tribunal la falta de entrega oportuna de los estudios y
diseños no pudo ser el motivo por el que el acta de inicio de las obras se suscribió
en la fecha en que lo fue.

61. En relación con lo primero, encuentra la Sala que le asiste razón al apelante en
cuanto a la improcedencia de exigir salvedades en el acta de inicio como requisito
para estudiar las pretensiones fundadas en su tardía suscripción, razón por la cual
habría lugar a estudiar cuáles fueron las circunstancias en las que dicho acto
bilateral se produjo.

62. No obstante, en relación con lo segundo, se observa que respecto de la
afirmación efectuada por el tribunal, el recurrente sostuvo: “Sobre este particular
debe mencionarse que el IDU justifica la firma del Acta de Inicio en esta fecha
aduciendo que el contratista demoró la entrega de las hojas de vida del personal
destinado en la obra (…)”, pero que a su vez, la entidad se demoró en su evaluación
y aprobación, por lo que el contratista no podía iniciar la ejecución de la obra, cuando
su obligación contractual era hacerlo a la mayor brevedad posible; es decir que el
recurrente se dedicó a controvertir la contestación de la demanda, pero no dijo nada

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sobre el rechazo del tribunal a las razones que expuso la parte actora en su
demanda como explicación a la firma tardía del acta de inicio del contrato, fundadas
en la demora de la entidad respecto de su obligación de entregar los estudios y
diseños.

63. Es decir que en el recurso de apelación, cambió la razón que, a su juicio, provocó
el retraso en la suscripción del acta de inicio del contrato, pues ya no se refirió a la
falta de suministro de los estudios y diseños por parte de la entidad sino a su demora
en la aprobación de las hojas de vida del personal propuesto por el contratista,
dejando sin respuesta la afirmación del tribunal en el sentido de que la entrega tardía
de aquellos no podía ser la razón de que la referida acta se hubiera expedido en la
fecha en que lo fue. Este reparo formulado en el recurso sobre el origen del retraso
en la suscripción del acta de inicio, implicó una variación de la causa petendi
respecto de la demanda, en la que se atribuyó la demora a la entrega tardía de
estudios y diseños, mientras que en la apelación se argumentó que esta obedeció
a la revisión de las hojas de vida del personal. Este cambio supone una modificación
de la pretensión en segunda instancia, lo que es una razón suficiente para que el
reparo no prospere, pues no es posible reconfigurar los términos del litigio en el
recurso. A ello se suma que esta variación, como ya se dijo, hizo que el apelante
dejara de atacar el fundamento central del fallo del Tribunal, que rechazó los
perjuicios con base en que la entrega de estudios y diseños se realizó con dos
meses de antelación.

64. Al subsistir el otro argumento expuesto por el a-quo para desestimar las
pretensiones, consistente en la insuficiencia de la alegada entrega tardía de los
estudios y diseños como justificación del retraso en la suscripción del acta de inicio,
sobre el cual nada dijo el recurrente, la Sala carece de elementos de juicio que le
permitan revisar lo decidido en primera instancia sobre este punto.

Suspensiones del contrato

65. La parte actora en su demanda afirmó que el plazo contractual debió ser
suspendido debido a que los estudios y diseños entregados por el IDU al consorcio
se encontraban incompletos y desactualizados.

66. En la sentencia, el a-quo sostuvo que en la primera suspensión -Acta 3, suscrita
el 21 de junio de 2007, en la que se suspendió el contrato por 18 días, hasta el 9 de
julio de 2007- se dejó expresa constancia de que la razón por la cual se tomaba esa
decisión era porque a la fecha no se habían aprobado las hojas de vida de los
residentes ambientales del contratista y el PIPMA no había sido aprobado, lo que

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era requisito para el inicio de la etapa de construcción, es decir que la suspensión
se produjo por causas imputables al contratista.

67. Revisado el recurso de apelación, la Sala no encuentra argumentos tendientes
a desvirtuar lo afirmado por el tribunal, pues se limitó a sostener, luego de transcribir
el aparte de la sentencia referido a esa suspensión, que “Confunde el Honorable
Tribunal dos aspectos: uno, la entrega tardía de los estudios y diseños, obligación
ésta a cargo del IDU, y dos, la autorización de los residentes ambientales. El primer
aspecto -entrega de diseños- no tiene nada que ver con el segundo, y por ello, dicha
Corporación no podía descartar los perjuicios derivados de la demora en la entrega
de los diseños con el otro aspecto”, sosteniendo que el 14 de febrero el contratista
había pedido por escrito a la entidad que adelantara la entrega de la documentación
técnica para iniciar los trámites de información y coordinación de las actividades de
preconstrucción y construcción del capítulo de redes con cada una de las empresas
de servicios públicos y que el IDU nunca dio respuesta a esa petición, a pesar de
que no era necesario esperar a la firma del acta de inicio para que la entidad
cumpliera con esa obligación, pues aquella se utiliza para establecer la fecha en la
cual se empieza a computar el plazo de ejecución de las obras, y que, sin embargo,
el tribunal no había hecho ningún análisis jurídico en torno a este tópico.

68. Al respecto, se observa que el 22 de mayo de 2007 se suscribió el Acta No. 2
de iniciación de la etapa de preconstrucción del contrato de obra y en ella se
consignó que dicha etapa iba hasta el 21 de junio de 2007; y que la etapa de
construcción, cuya duración era de 5 meses, empezaba a partir del 22 de junio y
hasta el 21 de noviembre de ese año (f. 61, c. 2).

69. El 21 de junio de 2007 -es decir en la fecha en la que terminaba la etapa de
preconstrucción- las partes suscribieron el Acta 3 de suspensión del contrato a
solicitud de la entidad y la interventoría, por el término de 18 días. En dicha acta se
registró (f. 65, c. 2):

Dado que a la fecha no se han aprobado las hojas de vida de los residentes
ambientales tanto del contratista como de la interventoría en razón a que fueron
radicadas en el IDU el 15 de junio de los corrientes de acuerdo a las
observaciones realizadas por la OGA15, y adicionalmente el PIPMA 16 no ha sido
aprobado toda vez que su radicación ante el IDU se realizó el 19 de junio de los
corrientes, luego de que el contratista atendiera las observaciones que sobre el
particular realizó la interventoría, aprobaciones que son requisito para el inicio
de la etapa de construcción, se hace necesario suspender el contrato de obra
IDU-174 de 2006.
(…)
Para el inicio de la etapa de construcción es necesario, entre otros, la
aprobación del personal requerido y el PIPMA. A la fecha dichas aprobaciones

15
Oficina de Gestión Ambiental
16
Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental.

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no se han emitido por parte de la OGA-IDU por las razones expuestas en las
causales y por tanto no se puede iniciar la etapa de construcción del contrato
(…).

La presente solicitud de suspensión no generará costos adicionales ni
desequilibrio económico al contrato.

70. Luego no cabe duda de la razón por la cual se produjo la suspensión del contrato
en esa fecha -y que fue tenida en cuenta por el a-quo-, la cual no obedeció a una
causa externa a las partes como tampoco a un evento imputable a la entidad
contratante, toda vez que la imposibilidad de continuar con la ejecución de las obras
provenía de la falta de aprobación de unos documentos que debían ser presentados
por el contratista y que sólo entregó seis días antes de que se terminara la etapa de
preconstrucción -las hojas de vida- y dos días antes -el PIPMA-; esto retrasó, a su
vez, el procedimiento de evaluación por parte de la entidad, pues es claro que el
mismo implicaba que el contratista tendría que efectuar las correcciones que fueran
necesarias y, según se registró en el acta eso fue lo que sucedió, pues los
documentos le fueron devueltos para que atendiera las observaciones efectuadas
por la interventoría.

71. Se advierte entonces, que el apelante fue quien mezcló las dos cosas en su
recurso, pues en la demanda sostuvo que la demora en la suscripción del acta de
inicio se debió a la entrega tardía de los estudios y diseños por parte del IDU pero,
en el recurso de apelación, alegó que esa fue la causa de la primera suspensión del
plazo contractual; sin embargo, no rebatió la constatación llevada a cabo por el a-
quo en relación con la verdadera razón por la que se produjo tal suspensión.

72. Aparte de lo anterior, también es necesario advertir cómo, en la misma acta de
suspensión, suscrita tanto por la entidad como por el contratista, expresamente se
estipuló que esa interrupción del plazo no generaría costos adicionales ni
desequilibrio económico al contrato, razón de más para concluir que no hay lugar a
variar lo decidido en el fallo de primera instancia sobre este punto.

73. Lo mismo cabe predicar en relación con la ampliación de la suspensión que se
efectuó a través del Acta 5 del 9 de julio de 2007, en la que las partes la prolongaron
hasta el 23 de julio del mismo año (f. 66, c. 2), en la cual, tal y como lo verificó el a-
quo, se consignó como causa de la misma:

Debido a que mediante memorando OGA-0150-27968 del 26 de junio de 2007
se emitieron observaciones al PIPMA por parte de la OGA, las cuales fueron
remitidas al contratista para ser corregidas y a la fecha no se ha radicado el
PIPMA, con los correspondientes ajustes, razón por la cual dicho documento no
ha sido aprobado, aprobación que es requisito indispensable para el inicio de la
etapa de construcción, se hace necesario ampliar la suspensión del contrato de
obra IDU-174 de 2006 en siete (7) días calendario.

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74. Por lo anterior, el a-quo encontró que no se cumplió con el requisito esencial del
desequilibrio económico del contrato consistente en acreditar que el mismo se
generó por causas que, además de no ser imputables al contratista, fueran
imprevisibles e irresistibles, agregando que lo mismo sucedió respecto del otrosí 1
del 3 de agosto de 2007, en el que se modificó la tabla del personal ambiental para
el desarrollo del proyecto y se estipuló que no generaba costo alguno, y en el otrosí
2 del 27 de septiembre de 2007, en el que se aumentó el valor del contrato y no se
hizo solicitud alguna por desequilibrio.

75. El a-quo también se refirió a la segunda suspensión que sufrió el contrato de
obra, en cuya acta encontró que la causa de la misma era igualmente imputable al
contratista, “(…) pues la razón por la que se suspendió el contrato fue porque uno
de los socios del Consorcio, cuya participación en el contrato era del 25%, tenía un
embargo, por lo que la aseguradora necesitaba 10 días para estudiar la posibilidad
de respaldar al contratista en la inyección de recursos económicos al contrato”, y
que en dicha acta se dejó constancia de que se encontraba pendiente por ejecutar
el 10% del contrato y que a esa fecha se hallaba atrasado en un 4%.

76. Sobre las anteriores afirmaciones nada se dijo en el recurso de apelación; no
obstante, cabe advertir que en el Acta de Suspensión No. 28 del 4 de julio de 2008
se constata que esta obedeció a una circunstancia imputable al contratista, pues
expresamente se consignó en el capítulo de CAUSAS (f. 72, c. 2):

Debido a que uno de los socios cuya participación en el contrato es del 25%,
soporta un embargo, tanto el IDU como la Interventoría han advertido a la
Aseguradora Seguros Confianza acerca de la situación actual del contrato
aclarando que existe riesgo para la entidad por el desbalance económico que
se puede generar con el embargo mencionado. Conocida esta situación se
estudiará por parte de la Aseguradora y a solicitud del contratista, la posibilidad
de respaldarlo en la inyección de recursos económicos al contrato. Dicha
decisión se estudiará por parte de la Aseguradora para lo cual se requiere un
tiempo de diez (10) días, tiempo durante el cual se deberá suspender el
contrato. Cabe anotar que se encuentra pendiente por ejecutar el 10% del
contrato IDU 174 de 2006 y a la fecha se encuentra atrasado en el 4%.

Con base en lo anterior, resulta evidente que la mayor permanencia del contratista
con ocasión de esta suspensión no obedeció a un hecho externo, que le fuera ajeno,
razón por la cual no podía fundar en ella una reclamación por concepto de la
afectación de la ecuación contractual, que fue la conclusión a la que llegó el tribunal
y sobre la cual el apelante no propuso argumento alguno para desvirtuarla.

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Las prórrogas del plazo del contrato

77. En su demanda la parte actora reclamó por el desequilibrio de la ecuación
contractual del que se derivaron sobrecostos que debió asumir, por stand by de los
equipos, el personal técnico, administrativo y profesional e infraestructura física
disponible para atender la obra durante el término de la parálisis que se produjo y
que condujo a las prórrogas que se debieron efectuar al contrato, como
consecuencia de la inexistencia comprobada de los estudios y diseños de las redes
de alcantarillado pluvial, sanitario y combinado y de la información que sobre tales
redes reposaba en la EAAB en el tramo 1 de la obra, comprendido entre las calles
94 y 103, costado occidental de la Autopista Norte, por lo que se paralizó totalmente
ese frente de obra durante los meses de agosto a diciembre de 2007.

78. En la sentencia, el a-quo analizó las causas de las prórrogas que se produjeron
al plazo contractual. Encontró que fue el contratista quien presentó las solicitudes
de prórroga del 19 de noviembre de 2007, el 30 de abril de 2008 y el 3 de junio de
2008, por lo que, en relación con éstas, no era de recibo el argumento de la
demanda consistente en que las causas que generaron el desequilibrio económico
del contrato no le eran imputables al contratista; y en relación con las prórrogas
suscritas el 20 de diciembre de 2007, y el 4 de abril, 7 de mayo y 9 de junio de 2008,
advirtió que en ellas las partes acordaron expresamente que dichas modificaciones
en el plazo de ejecución no generarían costos adicionales para el IDU.

79. En el recurso de apelación, el demandante aseguró que en los contratos
adicionales en tiempo constaban las razones de la extensión del plazo contractual
y que demostraban que fueron por causas que no le eran imputables al contratista.

80. Al respecto, se observa que el 20 de diciembre de 2007, las partes suscribieron
el Adicional No. 2 en plazo al contrato de obra No. IDU-174 de 2006, por el cual se
prorrogó en tres meses y medio (f. 95, c. 2). En las consideraciones del acuerdo, se
dejó consignado que el contratista presentó dos solicitudes de prórroga, dando
como razones de la primera i) el tiempo que se requería para la aprobación de la
resolución para los tratamientos silviculturales, ii) la ampliación de la meta física del
contrato en el tramo de la calle 93 a la calle 94 costado occidental de la Autopista
Norte y iii) la solicitud de la EAAB sobre la renovación de la red de alcantarillado en
el tramo comprendido entre la calle 93 y la calle 95 y entre las calles 100 y 103 en
razón al mal estado en que se encontraba esa tubería, lo que había generado
mayores cantidades de obra que incidían en el tiempo contractual inicial, motivos
con los cuales la interventoría estuvo de acuerdo que justificaban prorrogar el plazo
del contrato; como razones para la segunda solicitud de prórroga, el contratista

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planteó las cambiantes condiciones del desarrollo físico y contractual de la obra,
con actualizaciones y modificaciones técnicas a los diferentes proyectos de redes
de servicios públicos, la ampliación del objeto físico del proyecto y la generación de
mayores cantidades de obra, por lo que la Dirección Técnica de Espacio Público
coadyuvó la solicitud de prórroga del plazo contractual, todo lo cual dio lugar a la
suscripción de este contrato adicional.

81. De acuerdo con lo anterior, es cierto como lo dice el apelante, que las razones
de la adición del plazo del contrato obedecieron a las modificaciones de las
cantidades de obra y las obras extras a ejecutar. Sin embargo, observa la Sala que
en el contrato -cláusula 5- se pactó un plazo de seis meses, desglosados de la
siguiente manera: un mes para la etapa de preconstrucción y cinco meses para la
etapa de construcción, de conformidad con lo establecido en los numerales 4.2.1 y
4.2.2 del pliego de condiciones (f. 338, c. 3), en los cuales se dispuso que, en la
etapa de preconstrucción, el contratista debía llevar a cabo la revisión detallada de
los documentos entregados por el IDU y que formaban parte del proyecto con el
objeto de hacer la apropiación de los mismos, por lo que sería su responsabilidad
la consolidación de todos los estudios técnicos y diseños, cantidades de obra y
presupuesto, debiendo tramitarlos y completarlos de ser necesario, de tal forma que
permitieran el perfecto desarrollo de la obra dentro de los términos contractuales,
sin que se generara sobrecosto alguno para el IDU poir las actividades que en tal
sentido provinieran para el contratista, quien debía garantizar el cumplimiento de las
Especificaciones Particulares y Generales de Construcción y las Especificaciones
de Redes de Servicios Públicos. En tales condiciones, se advierte que el hecho de
que surgieran mayores cantidades de obra y obras extras que exigieran un mayor
tiempo para la correcta ejecución del contrato, era un riesgo que le correspondía
asumir al contratista17 (f. 61 y sgtes., c. 3).

17
En el pliego de condiciones se estableció, entre otras cosas, que iniciada la etapa de
preconstrucción, el contratista debía realizar la evaluación y consolidación -entendida como la
realización de los complementos y ajustes necesarios para poder dar inicio a la etapa de
construcción- de la información entrada por el IDU y presentar a la interventoría un informe detallado
de los estudios y diseños entregados por el instituto y se resaltó que: “A partir de dicha fecha y en
un plazo máximo de quince (15) días calendario el contratista de obra deberá realizar la precisión y
consolidación a que haya lugar, de acuerdo a su propia verificación, inclusive en terreno, de la
información que le sirva de base para desarrollar este contrato, e implícitamente deberá capitular las
cantidades de obra y presupuesto con base en los precios unitarios que él proponga para la presente
licitación y de acuerdo con los resultados de la evaluación, precisión y consolidación de la
información suministrada. // Para lograr esto, entre otras actividades, el contratista de obra deberá
realizar una actualización del inventario de redes existentes y solicitar información de redes que han
sido construidas o fueron proyectadas por las empresas de servicios, con posterioridad a la
elaboración de los estudios y diseños con que cuenta la entidad . // Finalizada la precisión y
consolidación de los estudios técnicos, diseños, cantidades de obra y presupuesto, el contratista de
obra deberá entregar al Interventor, a más tardar veinte (20) días después del inicio del contrato, un
informe que contenga el compendio de los estudios y diseños consolidados, con los cuales se
ejecutarán las Obras de Construcción y las Obras para Redes durante la Etapa de Construcción. //
En dicho informe deberá manifestar la apropiación de los diseños consolidados y presentar una lista
y memorias de chequeo de planos y memorias de cálculo por parte de los especialistas exigidos. La
no entrega de este informe sobre los estudios y diseños dentro del término antes señalado, dará a

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82. En adición a lo expuesto, observa la Sala que, tal y como lo advirtió el a-quo, en
el mismo contrato adicional, en el parágrafo de la cláusula primera, expresamente
las partes acordaron: “PARÁGRAFO: Esta prórroga no generará costos”,
estipulación que envuelve una manifestación de voluntad expresada por el mismo
contratista a la hora de suscribir el negocio jurídico adicional y que encuentra su
explicación, precisamente, en la asunción de este riesgo por parte del contratista,
que aceptó al presentar su propuesta y celebrar el contrato adjudicado. Por otra
parte, la manifestación contenida en el referido parágrafo corresponde a una
declaración dispositiva en los términos del artículo 15 del Código Civil, norma que
permite la renuncia de derechos conferidos por la ley cuando solo conciernen al
interés individual del renunciante y su renuncia no está prohibida. Asimismo, se
advierte que en el expediente no hay prueba de que el IDU hubiera condicionado
los cuatro contratos adicionales a la renuncia consignada en el documento, lo que
permite descartar una posible infracción del artículo 5.3 de la Ley 80 de 1993.

83. La misma situación se puede predicar respecto de las demás prórrogas
efectuadas en el contrato -contratos adicionales 3 del 4 de abril, 4 del 7 de mayo y
5 del 9 de junio, todas del 2008 (f. 99, 101 y 103, c. 2)-, las que si bien no obedecieron
todas a causas imputables al contratista18, sí constituían, de cara a lo establecido
en el pliego de condiciones, un riesgo asumido por él en cuanto al tiempo de
ejecución19, y lo cierto es que, en ellas, sin excepción, se incluyó la estipulación de
que tales adiciones en tiempo no generarían costos para el IDU.

entender sin lugar a dudas que con la información suministrada al contratista de obra le será posible
cumplir cabalmente con las exigencias del contrato (...)”.
18
La prórroga No. 4 sí fue por causas imputables al contratista, pues en ella se registró que, según
la comunicación de solicitud de la prórroga presentada por del director técnico de Espacio Público,
el coordinador, el interventor y el contratista, “De acuerdo al párrafo segundo del numeral 12 del
contrato de obra IDU 174 de 2006 ‘…Pero si por causas imputables al contratista se requiere
prorrogar el plazo del contrato para lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio mayor para la entidad
y no se considera que existen razones que justifiquen la declaratoria de caducidad, todos los costos
que se generen por esta prórroga serán por cuenta del contratista, incluyendo el valor del periodo
adicional de interventoría, el cual será descontado de las actas de obra y/o actas de liquidación…’;
y a que el 9 de mayo de 2008, fecha prevista para la terminación del contrato, no se cumple con la
ejecución de las metas físicas previstas dentro del objeto del mismo, es necesario prorrogar el
contrato de obra por un mes, para lo cual el contratista pagará a la interventoría la suma de
$30.000.000,00 durante el mes adicional comprendido entre el 9 de junio y el 8 de julio de 2008
periodo durante el cual será necesario prorrogar también el contrato de interventoría para el recibo
de las obras. Este plazo es necesario para cumplir con el objeto contractual y para terminar las metas
físicas contractuales. (…)”. En la prórroga No. 5 se repitió el mismo párrafo anterior, por lo que
también se originó por causas imputables al contratista.
19
La prórroga No. 3 se produjo por la dificultad en la ejecución de las excavaciones y retiro de
material por la continua y alta circulación peatonal en el corredor intervenido entre las calles 92 y 95;
la disminución del rendimiento en las actividades, por dificultades en el cargue de escombros y
descargue de material de cantera por el alto flujo vehicular; dificultad en la rehabilitación del
alcantarillado sanitario entre las calles 92 y 94 y entre las calles 100 y 103 debido a la inestabilidad
del terreno; rehabilitación no prevista del Banco Ductos de la ETB; solicitudes tardías de ampliación
de la red de la EPM.

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84. Acerca de la naturaleza jurídica de tales actos bilaterales suscritos por las partes
a lo largo de la relación contractual, se advierte que cada uno de ellos, como
acuerdo de voluntades que se expresa en el ámbito de ejecución del negocio
jurídico, está imbuido de la obligatoriedad que se predica de todo contrato conforme
a lo establecido en el artículo 1602 del Código Civil, razón por la cual el contratista
se encuentra en el deber de respetarlo. En consecuencia, no le es permitido ir en
contra de sus propios actos mediante el desconocimiento posterior del
consentimiento expresado, lo que resulta inadmisible en cuanto ello implica una
vulneración de la buena fe contractual y la lealtad que se deben observar en la
celebración y ejecución de los negocios jurídicos.

85. De acuerdo con lo expuesto y con fundamento en los argumentos manifestados
en el recurso de apelación, no encuentra la Sala razones que justifiquen la
revocatoria del fallo impugnado, toda vez que el recurrente no logró demostrar que
lo decidido por el a-quo fue equivocado, razón por la cual la sentencia de primera
instancia será confirmada.

Condena en costas

86. En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de
las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo
previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de febrero de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo

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SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el siguiente
link: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado Electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

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