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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00625-01

Fecha
13 de julio de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00625-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1º) Modificase la sentencia de 27 de agosto de 2015 por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C (descongestión) declaró no probadas las excepciones de las demandadas y negó las pretensiones de la demanda, la cual queda así: PRIMERO. Declárase probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes Consultoría Colombiana SA, Compañía Colombiana de Consultores SA y HMV Ingenieros LTDA, integrantes del Consorcio IDJ Interventoría Integral Doña Juana. SEGUNDO. Inhíbese la Sala para resolver el fondo del asunto. TERCERO. Sin costas. 2°) Sin costas en segunda instancia. 17 Expediente: 25000232600020110062501 (58.613) Actor: Consultoría Colombiana SA, Compañìa Colombiana de Consultores SA Y HMV Ingenieros LTDA Controversias contractuales 3°) Acéptase el impedimento manifestado por el magistrado Alberto Montaña Plata. 4º) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen previas las desanotaciones del caso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2011-00625-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

13 de julio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 250002326000-2011-00625-01 (58.613)
Demandantes: CONSULTORÍA COLOMBIANA SA, COMPAÑÍA
COLOMBIANA DE CONSULTORES SA Y
HMV INGENIEROS LTDA
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PÚBLICOS UAESP
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Tema: NULIDAD DE LA ADJUDICACIÓN

Síntesis del caso: los demandantes, integrantes de un consorcio, demandan la
nulidad del acto que adjudicó un concurso de méritos que no les favoreció y la
consecuencial nulidad del contrato; se declara probada la excepción de falta de
legitimación en la causa de la parte demandante. Previo a resolver se acepta el
impedimento manifestado por el magistrado Alberto Montaña Plata.

Decide la Sala los recursos de apelación promovidos por ambas partes contra
de la sentencia de 27 de agosto de 2015 por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
(Descongestión) resolvió:

“PRIMERO. NEGAR las pretensiones solicitadas en la demanda, por
lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. DECLARAR no prósperas las excepciones de falta de
legitimación en la causa para actuar, indebida motivación de los
cargos de nulidad absoluta e indebida conformación de litisconsorcio
por pasiva a cargo del actor, propuesta por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS –
UAESP, por lo manifestado a lo largo de la presente providencia.

TERCERO. DECLARAR no prósperas las excepciones de inepta
demanda y falta de capacidad para ser parte y/o falta de legitimación
por activa, propuesta por la CAMP DRESSER & MCKEE INC. HOY
CDM SMITH, teniendo en cuenta la parte considerativa de esta
decisión.

2

Expediente: 25000232600020110062501 (58.613)
Actor: Consultoría Colombiana SA, Compañìa Colombiana de Consultores SA Y
HMV Ingenieros LTDA
Controversias contractuales

CUARTO. DECLARAR no prósperas las excepciones de falta de
capacidad para ser parte y/o falta de legitimación en la causa por
activa, indebida motivación de los cargos de nulidad, desconocimiento
de las reglas del proceso de selección y de la documentación allegada
al proceso de selección e inepta demanda, - indebida acción de trámite
– ausencia de requisitos formales para demandar, propuestas por
INTEGRAL FLUIDOS MANAGEMENT IFM SAS, según la parte
considerativa de esta providencia.

QUINTO. DECLARAR no prósperas las excepciones de falta de
capacidad para ser parte y/o falta de legitimación por activa, interés
jurídico para demandar la nulidad del contrato exige una alteración en
el patrimonio del demandante, indebida motivación de los cargos,
desconocimiento de las reglas del proceso de selección y de la
documentación allegada al proceso de selección, inepta demanda –
indebida escogencia y trámite – ausencia de requisitos formales para
demandar, formuladas por la LA (sic) UNIÓN TEMPORAL INTER DJ,
se (sic) acuerdo con la parte considerativa.

SEGUNDO. (sic) Sin condena en costas.

TERCERO. (sic) Por Secretaría liquídense los gastos del proceso y en
caso de remanentes devuélvase a la parte actora pasado dos años sin
que estos sean reclamados, se declarará la prescripción de los
mismos a favor del Tesoro Nacional.” (fls. 381 – 382 cdno. ppal. –
negrillas y mayúsculas fijas originales).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 22 de junio de 2011 (fls. 4 – 23 cdno. 1) las sociedades Consultoría
Colombiana SA, Compañía Colombiana de Consultores SA y HMV Ingenieros
LTDA, integrantes del Consorcio IDJ Interventoría Integral Doña Juana,
formularon demanda en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos UAESP, con las siguientes pretensiones1:

“PRIMERA: Se declare que es NULO ABSOLUTAMENTE el acto
administrativo contenido en la Resolución No. 344 del 11 de mayo de
2011, expedida por la Directora de la UAESP, “por medio de la cual
se adjudica el concurso de méritos No. 01 de 2011” cuyo objeto fue
contratar “la Interventoría Integral de los Contratos de Concesión
para la administración, operación y mantenimiento del relleno
sanitario de Doña Juana en sus diferentes componentes”.

1
Al subsanar la demanda la parte actora precisó que no persigue ningún interés patrimonial y solo
pretende la anulación de la adjudicación y del contrato (fl. 47 cdno. 1).

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Expediente: 25000232600020110062501 (58.613)
Actor: Consultoría Colombiana SA, Compañìa Colombiana de Consultores SA Y
HMV Ingenieros LTDA
Controversias contractuales

Lo anterior, por ser violatorio de las normas en que debería haberse
fundado, expidiéndose en forma irregular y con falsa motivación y
desviación de las atribuciones propias del funcionario que adjudicó
el Concurso de Méritos en análisis, infringiendo los Principios
Legales de Igualdad, Selección Objetiva y Transparencia,
transgrediendo de manera flagrante las condiciones y requisitos
contenidos en los pliegos de condiciones o términos de referencia del
Concurso de Méritos que, como es lógico, fueron redactados y
elaborados por la propia entidad pública contratante.

SEGUNDA. Que, como consecuencia y fundamento de la anterior
declaración, en virtud de lo dispuesto por el artículo 87 del CCA, se
declare que es NULO ABSOLUTAMENTE, también, el contrato para
la interventoría Integral de los Contratos de Concesión, para la
administración, operación y mantenimiento del Relleno Sanitario
Doña Juana que se celebró como consecuencia de la mencionada
adjudicación entre la Entidad Pública Contratante – UAESP y la
Unión Temporal INTER DJ.” (fls. 7-8 cdno. ppal. – negrillas y
mayúsculas sostenidas del original).

2. Hechos

Como fundamento de hecho de las pretensiones la parte demandante narró,
en síntesis, lo siguiente:

1) La UAESP convocó un concurso de méritos para seleccionar al interventor
de los contratos de concesión para la operación del relleno sanitario Doña
Juana; se presentaron tres oferentes: (i) Unión Temporal DJ, integrada por
Camp Dresser & Mckee INC, Integral Fluids Management IFM Ltda e
Hidroproyectos SA Sucursal Colombia, (ii) Consorcio Alarcón Intretec,
integrada por Algo Gutiérrez Franco, Coningeniería SA, Focar Ingenieros
Asociados SA, Consorcio Moreno Tafur SA, Eduardo Gironza, Inversiones
Antri SA, Jaime Parra y Cia LTDA e Inés Fernanda Caicedo y, (iii) el Consorcio
IDJ Interventoría Integral Doña Juana cuyos integrantes fungen como extremo
demandante.

2) El 18 de abril de 2011, la UAESP publicó el informe de evaluación preliminar
según el cual ninguno de los oferentes cumplía con los requisitos habilitantes
exigidos y, particularmente, cuestionó que la Unión Temporal INTER DJ no
cumplía con el índice de solvencia.

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Expediente: 25000232600020110062501 (58.613)
Actor: Consultoría Colombiana SA, Compañìa Colombiana de Consultores SA Y
HMV Ingenieros LTDA
Controversias contractuales

3) Sin embargo, la UAESP publicó las respuestas a las observaciones y tuvo
por habilitada a la UT INTER DJ; el 11 de mayo de 2011 se adelantó la
audiencia de adjudicación y, de manera inexplicable e injustificada le adjudicó
el contrato.

3. Cargo:

Ilegalidad del acto administrativo de adjudicación. Violación de los
principios de igualdad, legalidad, selección objetiva y transparencia

La entidad demandada desconoció el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 que
prevé el principio de selección objetiva y el deber de escoger la oferta más
favorable de conformidad con los factores técnicos y económicos y la
ponderación de los factores previstos en el pliego de condiciones, porque
adjudicó el contrato a quien no cumplía con los requisitos habilitantes allí
previstos, por lo siguiente:

De conformidad con el numeral 6.3.1 del pliego de condiciones, el oferente
que aportara la experiencia general técnica habilitante debía tener una
participación mínima del 30% en la unión temporal o consorcio; sin embargo,
en el caso de la Unión Temporal INTER DJ, quien contaba con la experiencia
era la firma Camp Dresser & Mckee Inc, que solo tenía una participación del
10%, pero, pese a ello fue habilitada; la experiencia específica del proponente
era puntuable y no podía ser sumada para efectos de cumplir el requisito
habilitante según el numeral 6.4.1 del pliego, no obstante, la contratante las
adicionó con el fin de habilitar a la UT INTER DJ.

Por otra parte, la adjudicataria no cumplía con el índice de solvencia exigido
en el pliego por lo cual no podía quedar habilitada ya que el mínimo exigido
era de 1.5 puntos y solo obtuvo 1.48 puntos.

4. Contestación de la demanda

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Expediente: 25000232600020110062501 (58.613)
Actor: Consultoría Colombiana SA, Compañìa Colombiana de Consultores SA Y
HMV Ingenieros LTDA
Controversias contractuales

En la oportunidad legal, la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos UAESP (fls. 120 – 126 cdno. 1) se opuso a las pretensiones con
fundamento en lo siguiente:

1) Como la parte demandante no tiene interés patrimonial o no persigue un fin
económico, no está legitimada en la causa para atacar la legalidad del acto de
adjudicación en abstracto.

2) Cuando se presentó la demanda no se había suscrito el contrato y no es
viable demandar la nulidad de un acto jurídico inexistente.

3) Se aplicó el pliego de condiciones, porque en el caso de la propuesta de la
UT Inter DJ, las sociedades Camp Dresser & Mckee Inc (10%) y CDM
Hidroproyectos SA Sucursal Colombia (40%), aportantes de experiencia
técnica, sumaban el 50% de participación en la unión temporal, lo cual permitía
que estas acreditaran la experiencia general exigida.

4) La parte demandante no solicitó la vinculación al proceso de la contratista
y, aunque el tribunal la ordenó de oficio, “esta situación a cargo de la
interesada no se ha cumplido” (fl. 125 cdno. 1), de modo que está
indebidamente conformado el litisconsorcio por pasiva.

5) Los cargos de nulidad absoluta no se fundamentaron debidamente porque
no explicaron las normas violadas y el concepto de violación.

5. Litisconsortes necesarios de la parte pasiva

En el término de traslado de la demanda compareció la Unión Temporal INTER
DJ y, por separado, dos de sus integrantes, quienes contestaron la demanda
en los siguientes términos:

5.1 Camp Dresser & Mckee (hoy CDM Smith INC)

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Expediente: 25000232600020110062501 (58.613)
Actor: Consultoría Colombiana SA, Compañìa Colombiana de Consultores SA Y
HMV Ingenieros LTDA
Controversias contractuales

Se opuso a las pretensiones (fls. 200 – 212 cdno. 1) por considerar que no se
configura la causal de nulidad de la adjudicación ni del contrato; sostuvo que
la norma técnica colombiana NTC3711 dispone el procedimiento de
aproximación para el redondeo de valores numéricos y fue necesario aplicarla
porque la regla del pliego sobre índice de solvencia estaba planteada con un
solo decimal (1.5); el resultado de dividir el activo corriente entre el pasivo
corriente fue 1,4801680850475735568665179021708 por lo cual fue
necesario que el evaluador convirtiera esos decimales en uno solo,
metodología que se utilizó con todos los proponentes.

En lo atinente a la experiencia, señaló que los dos aportantes de experiencia
técnica en la Unión Temporal Inter DJ sumaban un 50% de participación,
circunsancia por lo cual se debía tener en cuenta la experiencia acreditada por
ellos, tal como se hizo.

Formuló las siguientes excepciones: (i) inepta demanda, por cuanto esta no
discrimina las normas que considera violadas y su concepto de violación y, (ii)
falta de capacidad para ser parte y/o falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que el acto de adjudicación solo puede ser enjuiciado por
quien tiene interés directo para ello y no simplemente para asegurar la
regularidad de la actuación administrativa.

5.2 Integral Fluid Management IFM SAS

Manifestó desacuerdo frente a las pretensiones (fls. 214 – 229 cdno. 1) por
considerar, igualmente, que el indicador de solvencia debía aproximarse, tal
como se hizo, por haberse expresado el requisito en términos de un solo
decimal, con el fin de poder aplicar la regla del pliego, que debía interpretarse
como un todo y en armonía con las demás disposiciones aplicables; agregó
que esa regla del redondeo opera en el país respecto de las cifras de las
declaraciones tributarias por disposición del artículo 577 del Estatuto Tributario
y que Camp Dresser & Mckee INC e Hidroproyectos SA Sucursal Colombia
aportaban experiencia técnica y tenían un porcentaje de participación de un

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Expediente: 25000232600020110062501 (58.613)
Actor: Consultoría Colombiana SA, Compañìa Colombiana de Consultores SA Y
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Controversias contractuales

50% en la unión temporal; además, formuló idénticas excepciones a las
propuestas por CDM Smith INC.

5.3 Unión Temporal Inter DJ

Expresó que no deben prosperar las pretensiones con similares argumentos
de defensa planteados por sus integrantes, y agregó que cualquier duda
interpretativa en cuanto al alcance de los pliegos de condiciones debía
interpretarse en favor del administrado; la postura que sostiene la unión
temporal fue acogida por la entidad en la respuesta a las observaciones y esa
fórmula fue aceptada por los organismos de control.

Además de las excepciones formuladas por las sociedades que la integran, la
unión temporal invocó la de inepta demanda – indebida acción y trámite –
ausencia de requisitos formales para la demanda, porque la propuesta de la
demandante fue rechazada y, en tal virtud, no tenía interés directo para
demandar; si su intención era proteger el orden jurídico debió acudir a las
acciones populares previstas en el artículo 88 de la Constitución.

6. Sentencia de primera instancia

El 27 de agosto de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección C (Descongestión) declaró no probadas las
excepciones de los demandados, negó las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas, con fundamento en lo siguiente:

1) La demandante está legitimada en la causa porque fue proponente dentro
del concurso de méritos que se decidió por medio de la resolución demandada
y la acción fue oportuna porque se promovió dentro de los 30 días siguientes
a la notificación de esa determinación.

2) De conformidad con el numeral 6.2 del pliego de condiciones era viable que
la contratante acudiera a las normas que regulan materias contables y
financieras por lo cual fue válido aplicar la norma técnica NTS3711 de 1995

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Expediente: 25000232600020110062501 (58.613)
Actor: Consultoría Colombiana SA, Compañìa Colombiana de Consultores SA Y
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que permitía utilizar la aproximación para redondear a un solo decimal el índice
de solvencia de los oferentes, por lo cual no se configura el vicio alegado;
además, la entidad contratante respondió las observaciones de los oferentes
y explicó las normas contables y financieras que aplicó.

3) El demandante tenía la carga de acreditar que su propuesta era la mejor y
no lo hizo, lo cual era “requisito esencial e imperativo para reclamar la
titularidad del derecho como adjudicatario en el proceso”.

7. Los recursos de apelación

a) En el término legal (fls. 385 – 389 cdno. ppal.), la parte demandante apeló
la sentencia de primera instancia; cuestionó que el tribunal le hubiera exigido
acreditar que su propuesta era la mejor pese a que la demanda no se dirigió
a obtener indemnización ni alegó tal circunstancia, agregó, que el numeral 6.2
del pliego no habilitaba a la entidad demandada a obrar como lo hizo y
cuestionó que se hubiera guardado silencio frente al cargo relativo al
incumplimiento de la experiencia general habilitante de la UT INTER DJ, por
lo cual reiteró lo expuesto en la demanda y pidió que se resuelvan todos los
cargos y pretensiones de la demanda.

b) Por su parte, la Unión Temporal INTER DJ (fls. 390 – 397 cdno. ppal.) apeló
con el fin de que se declare probada la excepción de falta de legitimación en
la causa de la parte demandante porque no tenía interés directo, toda vez que
su ofrecimiento fue rechazado y no es parte del contrato que pretende
enjuiciar; como fundamento de su afirmación citó la sentencia de 28 de febrero
de 2013 del Consejo de Estado de acuerdo con la cual el interés que permite
demandar el contrato debe ser inmediato y la utilidad o pérdida actual, directa
y determinante para que quien alega el interés pueda considerarse lesionado.

Según el artículo 32 de Ley 446 de 1998, solo quien acredite un interés directo
puede demandar la nulidad absoluta de un contrato estatal y este deriva del
hecho de haber sido privados de la posibilidad de ser adjudicatarios o haber
sido afectados con la adjudicación, en orden a proteger un derecho subjetivo

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Expediente: 25000232600020110062501 (58.613)
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vulnerado; en similares términos, el artículo 1742 del Código Civil dispone que
la nulidad de los contratos solo puede invocarse por los interesados por el
provecho patrimonial que esperan obtener, según lo estimó la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 096 de 31 de
agosto de 2012.

8. Alegatos de conclusión

a) En la etapa de alegatos de conclusión se pronunció la UAESP (fls. 418 –
419 cdno. ppal.) y sostuvo que el recurso de la parte demandante no logró
desvirtuar los argumentos planteados en la sentencia de primera instancia,
por lo cual debe ser confirmada.

b) La Unión Temporal INTER DJ (fls. 420 – 442 cdno. ppal.) insistió en el
argumento de su recurso respecto de la falta de interés de la parte activa por
ausencia de alteración patrimonial.

c) La parte demandante (fls. 443 – 445 cdno. 1) reiteró los cargos de la
demanda e indicó que la condición de proponente dentro del concurso de
méritos habilita su derecho de acción para cuestionar la adjudicación.

d) El Ministerio Público (fls. 447 – 467 cdno. ppal.) pidió que se modifique la
sentencia apelada y se declare la falta de legitimación en la causa por activa
de las firmas demandantes pues, si su objetivo era únicamente cuestionar la
legalidad de la adjudicación no podían acudir a la acción de controversias
contractuales, la cual impone la acreditación de que la propuesta del
demandante era la mejor y más conveniente para la entidad, asunto que no
estuvo en discusión en el proceso; “así al actor no le asista un interés
económico, en el trámite de la presente acción contractual, debe demostrar,
como ha quedado dicho, tanto la ilegalidad del acto administrativo demandado
como que su propuesta era la mejor y la más conveniente para la
administración” (fl. 461 cdno. ppal.).

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Expediente: 25000232600020110062501 (58.613)
Actor: Consultoría Colombiana SA, Compañìa Colombiana de Consultores SA Y
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Controversias contractuales

Sostuvo que solo las partes o los terceros con interés directo están legitimados
para cuestionar la validez del contrato lo cual implica, necesariamente, la
carga de acreditar una repercusión en la situación particular del demandante
a causa del negocio jurídico cuya nulidad se pretende, ya que la acción
contractual no es una acción pública ni un medio de control abierto a cualquier
persona; en este caso, el mismo demandante reconoce abiertamente la
ausencia de afectación subjetiva y que solo actúa en procura de la legalidad.

En gracia de discusión, estimó que las pretensiones estaban llamadas al
fracaso por cuanto la contratante bien podía aplicar la norma técnica con el fin
de aplicar el pliego en forma igualitaria a todos los participantes y, de acuerdo
con esta era viable la aproximación o redondeo; respecto de la experiencia
general, la adenda número 3 de los pliegos precisó que “cuando sean varios
los integrantes que posean esta experiencia técnica, se aceptará la sumatoria
de sus porcentajes de participación, la cual debe ser como mínimo del 30%”,
por lo cual consideró legal la actuación de la UAESP.

9. Impedimento

En la oportunidad para decidir el magistrado Alberto Montaña Plata manifestó
su impedimento para participar en la decisión por cuanto emitió concepto
jurídico durante la ejecución del contrato demandado, con lo cual se configura
la causal prevista en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del
Proceso, razón por la cual se acepta el impedimento y se le separa del
conocimiento del asunto.

II. CONSIDERACIONES

Sin que se advierta causal de nulidad que invalide la actuación, decide la Sala
los recursos interpuestos contra la sentencia de primera instancia, para lo cual
seguirá el siguiente derrotero: (i) objeto de la controversia y anuncio de la
decisión, (ii) falta de legitimación en la causa por activa y, (iii) costas.

1. Objeto de la controversia

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Expediente: 25000232600020110062501 (58.613)
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Controversias contractuales

La demanda, presentada en vigencia de la Ley 446 de 1998, se dirigió a
obtener la nulidad de un contrato estatal con fundamento en la ilegalidad del
acto de adjudicación y fue promovida por uno de los oferentes del concurso
de méritos sobre el entendido de que no tiene ninguna pretensión de tipo
económico y solo reclama un control objetivo de legalidad; el tribunal de
primera instancia resolvió de fondo, consideró legitimados a los demandantes
en su calidad de oferentes no adjudicatarios y negó las pretensiones; ambas
partes apelaron, la demandante insiste en los argumentos de la demanda y la
demandada reclama la falta de interés directo de la demandante2.

La Sala modificará la sentencia apelada para declarar probada la excepción
de falta de legitimación en la causa por activa de las sociedades demandantes
porque no alegaron ni acreditaron un interés directo para cuestionar el
contrato.

2. Falta de legitimación en la causa por activa

1) La Ley 446 de 1998 reformó el artículo 87 del Decreto-ley 01 de 19843, y
dispuso que la vía procesal adecuada para cuestionar la legalidad de los actos
precontractuales era la de nulidad y restablecimiento dentro de los treinta (30)
días siguientes a su notificación; además, determinó que una vez suscrito el
contrato la ilegalidad de los actos previos solo puede reclamarse como
fundamento de la nulidad absoluta del contrato, el texto es el siguiente:

“ARTÍCULO 87. De las controversias contractuales. Cualquiera de las
partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su
nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones
consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su
incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios
y que se hagan otras declaraciones y condenas. Los actos proferidos
antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad
contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de

2
Aunque la sentencia de primera instancia desestimó las pretensiones, su interés para apelar deriva
del hecho de haberse denegado también la excepción que formuló y en la cual insiste en el recurso de
alzada.
3
Las normas procesales aplicables a la controversia son aquellas vigentes en la época de la
presentación de la demanda, razón por la cual la Sala se abstiene de analizar el asunto a la
luz de las normas del CPACA que regulan de forma distinta el asunto.

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Expediente: 25000232600020110062501 (58.613)
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nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los
treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación.

La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la
celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad
de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de
nulidad absoluta del contrato. (se resalta)”.

2) Al respecto se precisa que, contrario a lo afirmado por la UAESP al
contestar la demanda, el contrato número 130-E de 2011 entre esa entidad y
la Unión Temporal INTER DJ se suscribió el 23 de mayo de 2011 (fls. 357 –
370 cdno. 2), mientras que la demanda se promovió en forma posterior, el 22
de junio del mismo año (fl. 23 cdno. 1), esto es, cuando ya se había
perfeccionado el negocio jurídico, aspecto que resulta de fundamental
importancia porque impide que puedan considerarse en forma aislada las
pretensiones de nulidad absoluta del contrato y las de nulidad de la
adjudicación ya que, según la legislación aplicable al caso, una vez firmado el
contrato las segundas solo podían formularse como fundamento de las
primeras, por lo cual eran inseparables hasta la reforma que introdujo la Ley
1437 de 2011, sobre cuyo alcance no se pronuncia la Sala por no ser aplicable
a este caso.

3) Ahora bien, el artículo 87 del CCA en cita habilita, además de las partes del
contrato, al Ministerio Público y a quien tenga un interés directo, para pedir la
nulidad absoluta del contrato:

“(…) El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés
directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El Juez
Administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté
plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo
podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus
causahabientes.

En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la
Jurisdicción Contencioso Administrativa se aplicará la regulación del proceso
ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento
Civil.” (negrillas y subrayado no originales).

En esa perspectiva, la posibilidad de acudir a la jurisdicción con el fin de
cuestionar la legalidad del contrato quedó reservada a las partes del contrato,
al Ministerio Público y a quien acredite un interés directo; este último, según

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Expediente: 25000232600020110062501 (58.613)
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lo ha precisado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Corporación “no debe
ser el simple de legalidad, propio de la acción pública de anulación de un acto
administrativo unilateral, sino un interés concreto, personal y directo”4.

La expresión subrayada atrás fue declarada exequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-221 de 1999, en la que precisó que el interés
al que se refiere el precepto normativo no puede ser el dirigido a mantener la
legalidad mediante el cuestionamiento objetivo del contrato y solo surge
respecto de quien encuentra afectada una situación o derecho particular, no
necesariamente de contenido económico. Dijo la Corte:

“La interpretación constitucional de la noción de “interés
directo”

En cuanto concierne al aspecto que es materia de controversia en
este estrado, el precepto faculta a la persona que ostente un
interés directo, aunque no sea parte contractual, para demandar
la nulidad absoluta del contrato.

Ello significa que en el régimen actual, el legislador no habilita a
interponer la acción de nulidad absoluta de los contratos estatales, a
quienes no tengan un interés directo que los conduzca a impetrar la
nulidad del contrato; ni a quienes simplemente persigan tutelar la
legalidad abstracta de la actuación de la administración.

Discrepa la Corte del entender de los demandantes, quienes
sostienen que interés directo es sinónimo de interés económico y
que, por ello sólo pueden tenerlo quienes participaron en el proceso
licitatorio o de oferta, pues, aseveran que este se
deriva ‘exclusivamente de haber participado en la actuación
tendiente a la selección del contratista...lo que es inconstitucional ...
porque ya el interés en impugnarlo es puramente patrimonial...’

Entiende la Corte que ‘el interés directo’ connota la legitimación
que puede derivarse del hecho o circunstancia que lo vincula a la
necesidad, no de promover un proceso para definir lo relativo a la
nulidad, sino para intervenir en el mismo en razón de que las resultas
pueden incidir, repercutir o afectar en cualquier forma o modo su
situación e intereses, o el goce o efectividad de sus derechos -no
sólo económicamente.

Es obvio que dicho interés directo radica esencialmente en quienes
intervinieron en el proceso licitatorio. Empero, no puede considerarse
que el interés directo se circunscriba a esta sola circunstancia de
representar un interés meramente patrimonial y exclusivo, porque,

4
Consejo de Estado, Sección Tercera, exp. 3627, citado en: Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia de 6 de diciembre de 2004, Exp. 13529, MP María Elena Giraldo.

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Controversias contractuales

repárese bien, en que al demandarse la nulidad se protege
igualmente el interés general.” (resaltado original - subraya la Sala).

Similar entendimiento le ha dado esta Sección al “interés directo” que exige la
ley para demandar la nulidad absoluta del contrato, al estimar que está
determinado por la afectación subjetiva que el negocio que se pretende
cuestionar irrogue al interesado5:

“De conformidad con lo expuesto por la jurisprudencia nacional y
particularmente por lo manifestado por esta Sección la Sala
considera que el tercero que pretenda demandar la nulidad
absoluta de un contrato debe probar un interés directo que está
determinado por el provecho o perjuicio con relevancia jurídica,
utilidad o pérdida, entendida como una afectación jurídica
causada con el negocio celebrado, que no debe confundirse con
el interés genérico de proteger el interés o la moralidad pública.

Las argumentaciones expuestas por la jurisprudencia de la Sala en
torno al tema, permiten deducir los siguientes requisitos que
configuran este supuesto para demandar la nulidad absoluta del
contrato:

-El interés debe saltar a la vista sin necesidad de acudir a
intermediaciones de ninguna índole.
-El contrato que se impugna debe causar un provecho o un perjuicio
con relevancia jurídica.
-Entre el contrato, como causa del interés y éste como efecto debe
existir un vínculo inmediato o próximo, más no mediato o remoto.
-La utilidad o la pérdida debe ser actual, directa y determinante para
el que se diga lesionado.” (destaca la Sala).

4) En esa perspectiva, la Sala reitera que el interés directo al que alude el
artículo 87 del CCA y que habilita para pretender la nulidad absoluta de un
contrato no se satisface con la sola intención de mantener el orden jurídico y
la legalidad de las actuaciones estatales, sino que, surge únicamente respecto
de quien encuentra afectados sus intereses o derechos con el negocio jurídico
cuya nulidad se pretende.

En este caso concreto, los demandantes expresa e inequívocamente
manifestaron reconocer que no les asiste un interés patrimonial y que solo
piden el restablecimiento de la legalidad, esto es, únicamente la salvaguarda

5
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de diciembre de 2004, Exp. 13529,
MP María Elena Giraldo.

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Controversias contractuales

del orden jurídico abstractamente considerado, tal como se lee en el escrito
por medio del cual subsanaron la demanda:

“En la demanda no se incluyó una estimación razonada de la cuantía,
como lo solicita subsanar el H. Tribunal por cuanto, de una parte, es
una acción de nulidad sin interés de reparación patrimonial o
económica y, de la otra, el numeral 6 del artículo 137 del CCA solo
exige ese requisito “cuando sea necesaria para determinar la
competencia”.

En efecto, en el caso sometido al conocimiento del H. Tribunal no se
está persiguiendo, pretendiendo ni buscando una
indemnización de un perjuicio causado o interés patrimonial
alguno, tan solo se pretende que el acto administrativo de
adjudicación del contrato en el concurso de méritos para la
interventoría del relleno de Doña Juana, y consecuentemente el
contrato que le dio origen, sean anulado por ser contrarios a la
Constitución y la ley.” (fl. 47 cdno. 1 – se resalta).

Como se aprecia, los demandantes, además de no señalar explícitamente un
interés directo o subjetivo con el que acuden a la jurisdicción, reconocen
expresamente que no les asiste ninguno, por lo cual no están legitimados en
la causa para perseguir la nulidad absoluta de contrato en ejercicio de la
acción de controversias contractuales, tal como lo alegaron las demandadas
a lo largo de la actuación.

5) Según se consignó en el informe inicial de evaluación (fl. 165 cdno. 2), el
Consorcio IDJ Interventoría Integral Doña Juana no acreditó los requisitos
habilitantes, decisión que se mantuvo al momento de la adjudicación y no fue
cuestionada por los demandantes, pese a que presentaron la demanda dentro
de los 30 días siguientes a la firma del contrato; dice el acto de adjudicación:

“Que como consecuencia de las respuestas dadas a las
observaciones presentadas en audiencia, las cuales constan en
documento adjunto al acta de la audiencia de adjudicación, la cual
hace parte integral de la presente resolución, se confirmó el
informe de evaluación publicado en el portal de contratación a la
vista de la Alcaldía Mayor de Bogotá el 10 de mayo de 2011, con el
siguiente contenido: Unión Temporal Inter DJ – habilitado,
Consorcio Alcon Intretec – inhabilitado, consorcio I.D.J.
Interventoría Integral Doña Juana – inhabilitado.” (fl. 68 cdno. 2 –
negrillas adicionales).

Así las cosas, so pretexto de la renunciar al restablecimiento del derecho o de
no formular pretensiones indemnizatorias, el demandante no puede quedar

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relevado de la carga de argumentar y acreditar su interés directo en el asunto,
que, de acuerdo con la ley, lo legitima para pretender la anulación del contrato.

Por lo expuesto, se modifica la sentencia apelada en tanto negó la excepción
de falta de legitimación en la causa por activa de los integrantes del Consorcio
IDJ Interventoría Integral Doña Juana y, en su lugar, la declara probada.

3. Costas

No se impondrá condena en costas por cuanto no se advierte conducta
temeraria o de mala fe de las partes como lo exigía el artículo 171 del Decreto-
ley 01 de 1984 aplicable al presente proceso.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera – Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1º) Modificase la sentencia de 27 de agosto de 2015 por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C
(descongestión) declaró no probadas las excepciones de las demandadas y
negó las pretensiones de la demanda, la cual queda así:

PRIMERO. Declárase probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa de los demandantes
Consultoría Colombiana SA, Compañía Colombiana de
Consultores SA y HMV Ingenieros LTDA, integrantes del
Consorcio IDJ Interventoría Integral Doña Juana.

SEGUNDO. Inhíbese la Sala para resolver el fondo del asunto.

TERCERO. Sin costas.

2°) Sin costas en segunda instancia.

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Controversias contractuales

3°) Acéptase el impedimento manifestado por el magistrado Alberto Montaña
Plata.

4º) En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen
previas las desanotaciones del caso.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado ponente
(firmado electrónicamente)

(aclara el voto) (impedimento aceptado)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente)

Constancia. Se hace constar que la presente providencia fue suscrita electrónicamente por los
magistrados del Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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