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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00628-01

Fecha
2 de marzo de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00628-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 23 de junio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, 19 Oficio recibido el 19 de mayo de 1998, por Martha Yolanda Quintero Rodríguez, mediante el cual el Director de Recursos Humanos le informó la imposibilidad de inscripción extraordinaria en carrera administrativa (Fl. 13), 20 En ese se indicó “El Secretario de Gobierno de Santa Fe de Bogotá Distrito Capital en ejercicio de sus atribuciones legales, particularmente las relacionadas con la utilización de listas de elegibles, y la forma de proveer definitivamente los empleos de carrera, previstos en la Ley 443 de 198 y del Decreto No. 1572 de 1998, RESUELVE: (…)” 11 de 12 Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635) Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor Riveros Serrato Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984- ______________________________________________________________________________________________________________ mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta decisión SEGUNDO: SIN CONDENA en costas. TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión. CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2011-00628-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

2 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 2 de marzo de 2022

Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-

Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN –Sin presunciones de la Ley 678 de 2001 – no se configura el
dolo

Síntesis del caso: Se condenó en nulidad y restablecimiento a la demandada porque en la
declaratoria de insubsistencia de una funcionaria se obró con desviación de poder. Se
demanda a quienes participaron en esa decisión porque obraron con dolo con el fin de
que sean declarados patrimonialmente responsables y se recupere lo pagado con ocasión
de la condena.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante,
contra la Sentencia de 23 de junio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

La Sala tiene competencia para estudiar este asunto por tratarse de un
recurso de apelación interpuesto contra una Sentencia proferida por un
Tribunal Administrativo, de conformidad con el inciso 2 del artículo 7 de la
Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del CCA, modificado por el artículo 37 de
la Ley 446 de 1998.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera
instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1 Posición de la parte demandante

1. El 23 de junio de 2011, el Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
interpuso acción de repetición1 contra la señora Blanca Doris Useche
Buitrago y, los señores Alonso Vera Jaimes y Héctor Riveros Serrato. Fueron
sus pretensiones (se trascribe):
“PRIMERA: Que previo los trámites correspondientes a la presente acción, se declare
responsables patrimonialmente a los doctores BLANCA DORIS USECHE BUITRAGO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 41691407, RODRIGO ALONSO VERA
JAIMES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79148880 y HECTOR RIVEROS
SERRATO identificado con la cédula de ciudadanía No. 19445020, por los perjuicios
ocasionados a Bogotá Distrito Capital Secretaría Distrital de Gobierno al haber sido
condenado por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca dentro del
proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 1999-4557 instaurado por

1 Folios 2 a 17 del cuaderno 1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-
______________________________________________________________________________________________________________

MARTHA YOLANDA QUINTERO RODRÍGUEZ a través de apoderado, fallo confirmado
por el Consejo de Estado el día 2 de octubre de 2008.
SEGUNDA: Que se condene a los doctores BLANCA DORIS USECHE BUITRAGO,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 41691407, RODRIGO ALONSO VERA
JAIMES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79148880 y HECTOR RIVEROS
SERRATO identificado con la cédula de ciudadanía No. 19445020 a cancelar la suma
de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
NOVENA Y CUATRO PESOS ($ 756.864.094), a favor de BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, dinero que la entidad canceló a la doctora
MARTHA YOLANDA QUINTERO RODRÍGUEZ a través de su apoderada doctora LIGIA
PERDOMO FRANCO identificada con cédula de ciudadanía No. 26517315 en
cumplimiento de los dispuesto por el Tribunal Contencioso Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C en el fallo proferido el 18 de abril de
2001 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento No. 1999-4557, confirmado por
el Consejo de Estado el día 2 de octubre de 2008”

2. Los hechos que fundamentan las pretensiones se resumen así:

3. 1) Tras un reintegro previo por vía de condena judicial, para el año de
1996, la señora Martha Yolanda Quintero Rodríguez desempeñaba el cargo
de Inspectora de Policía que, de acuerdo con la Sentencia C-306 de 3 de
julio de 1995, era un cargo de carrera administrativa.

4. 2) Dado que el artículo 22 de la Ley 27 de 1992 permitía la inscripción
automática en carrera para aquellos empleados que ocuparan cargos de
carrera con el lleno de requisitos2, la señora Quintero Rodríguez solicitó el 13
de diciembre de 1996, que fuera inscrita en carrera.

5. 3) Sin que se le diera trámite a la solicitud de la señora Quintero Rodríguez,
la Corte Constitucional, el 30 de enero de 1997, mediante Sentencia C-30,
declaró inexequible el artículo 22 de la Ley 27 de 1992 porque permitió el
acceso a carrera sin agotar un proceso de selección adecuado. Sin
embargo, señaló que, quienes lograron obtener su inscripción en carrera,
mantendrían esa situación a pesar de la declaratoria de inexequibilidad.

6. 4) A través de un oficio de 15 de septiembre de 1997, la Jefe de la División
de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, señora
Blanca Doris Useche Buitrado, le solicitó a la Comisión Nacional del Servicio
Civil darle trámite al requerimiento de la señora Quintero Rodríguez.

7. 5) Mediante oficio de 24 de octubre de 1997, la Comisión Nacional del
Servicio Civil le respondió a la Secretaría de Gobierno de Bogotá “Así las
cosas y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, a través de la circular 5000-029 de 1997, podrán ser tramitadas

2 Artículo 22. De los requisitos para los empleos del nivel territorial. Al entrar en vigencia esta Ley, los empleados

del nivel territorial que por virtud de ella llegaren a desempeñar cargos de carrera administrativa de conformidad
con las normas vigentes, deberán acreditar dentro del año siguiente, el cumplimiento de los requisitos señalados
en los manuales para los respectivos cargos o en las equivalencias establecidas en el decreto 583 de 1984, Ley 61
de 1987 y Decreto Reglamentario 573 de 1988.
Quienes no acrediten los requisitos dentro del término señalado, quedarán de libre nombramiento y remoción. No
obstante, si tales empleados continúan al servicio de la Entidad u organismo, podrán solicitar su inscripción cuando
lleguen a poseer los requisitos del cargo y los acrediten en debida forma.
Parágrafo. Las Entidades a que se refiere esta Ley, deberán organizar programas de capacitación y
perfeccionamiento, susceptibles de ser considerados como compensación de requisitos, de conformidad con los
reglamentos que expida el Gobierno Nacional, salvo los cargos que requieran título profesional. Para este efecto
se podrá contar con la asesoría de la Escuela Superior de Administración Pública.

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Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-
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únicamente las solicitudes de inscripción extraordinaria que hayan sido
radicadas en el Departamento Administrativo de la Función Pública antes
del 14 de febrero, fecha de notificación de la referida sentencia. Como en
este caso, la solicitud de la señora Martha Yolanda Quintero Rodríguez, si
bien fue presentada ante la Jefatura del personal el 12 de diciembre de
1996, solamente fue radicada en este Departamento el 15 de septiembre
de 1997, razón por la cual no puede dársele el trámite. En consecuencia, el
trámite para ingresar a la Carrera Administrativa será mediante proceso de
selección o concurso (…)”.

8. 6) El 4 de mayo de 1998, a través del Jefe de la División de Recursos
Humanos de la Secretaría de Gobierno del Distrito de Bogotá de ese
momento, señor Alonso Vera Jaimes, le respondió la solicitud a la señora
Quintero. Se le explicó que, de conformidad con la Sentencia C-30 de 1997,
los Acuerdos 11 de 1995 y 12 de 1996, debía negarse la solicitud para ser
inscrita en carrera administrativa.

9. 7) El 22 de enero de 1999, a través de la Resolución No. 16, el Secretario
Distrital de Gobierno, señor Héctor Riveros Serrato, la declaró insubsistente en
el cargo de profesional universitario, código 110 de la planta global de la
entidad.

10. 8) La señora Quintero Rodríguez demandó ese acto administrativo ante
la jurisdicción de lo contencioso administrativo que, mediante Sentencia de
18 de abril de 2001, confirmada por la Sentencia de 2 de octubre de 2008,
declaró nulo el acto por haberse configurado una desviación de poder. Se
aseguró que, no obstante, la demandante presentó la solicitud de
inscripción en carrera el 13 de diciembre de 1996, antes de que se declarara
la inexequibilidad de la disposición, la Secretaría demandada procedió a
expedir el acto de insubsistencia de manera discrecional, lo cual no
resultaba procedente porque la demandante había presentado solicitud de
inscripción en carrera.

11. 9)En consecuencia, la Secretaría Distrital de Gobierno, a través de la
Resolución No. 82 de 26 de febrero de 2009, dispuso ordenar el
reconocimiento y pago de $ 620.013.245. Finalmente se expidió la orden de
pago No. 2191 por valor de $ 756.864.094.

12. Frente al elemento subjetivo, después de citar el artículo 5 de la Ley 678
de 2001, numeral 1, según el cual se presume que existe dolo del agente
público cuando obre con desviación de poder, aseguró que los empleados
“actuaron con desviación de poder tal y como lo señalan las sentencias
proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el Consejo
de Estado (…) por cuanto siendo conocedores que la doctora Martha
Yolanda Quintero Rodríguez había solicitado en tiempo su inscripción en la
carrera administrativa, la misma no se tramitó de manera inmediata y si se
dejó casi nueve meses para solicitar ante la Comisión Nacional del Servicio
Civil dicha inscripción (…).” Se agregó que, pese a conocer esa particular

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Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-
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situación, declararon insubsistente su nombramiento. Finalmente se hizo
énfasis en que se presentó una desviación de poder, porque hubo un interés
malintencionado distante del que tenían que respetar y aplicar. Afirmaron
que, de haberse tramitado oportunamente la solicitud de inscripción en
carrera, la funcionaria hubiera quedado amparada con los derechos de
carrera administrativa que le fueron coartados.

1.2 Posición de la parte demandada

13. La señora Blanca Doris Useche Buitrago, a través de apoderada3, se
opuso a la totalidad de pretensiones. En síntesis, señaló que no tenía
facultad para remover a la señora Quintero Rodríguez dado que la facultad
nominadora recaía en el Secretario de Gobierno y agregó que, para la
fecha en que se presentó la petición, ella tenía un exceso de carga laboral.
Agregó que, además, para el año 1999, fecha en que se declaró
insubsistente a la aludida funcionaria, desempeñaba unas funciones
diferentes a las de Jefe de la División de Recursos Humanos de la Secretaría
de Gobierno.

14. El señor Rodrigo Alonso Vera Jaimes, a través de apoderado4, se
opuso a la totalidad de pretensiones. En síntesis, señaló que se vinculó al
cargo de director de gestión humana de la Secretaría de Gobierno Distrital
en el mes de marzo de 1998 y renunció el 15 de enero de 2001. Por ello,
señaló que no era posible atribuirle responsabilidad en la demora del trámite
a la solicitud presentada por la señora Quintero Rodríguez el 12 de diciembre
de 1996. De otro lado, expuso que la Sentencia de nulidad y
restablecimiento se abstuvo de analizar la conducta de los servidores
públicos. Concluyó que no existía prueba alguna de que su obrar hubiera
sido con dolo o con culpa grave.

15. El señor Héctor Riveros Serrato, en su calidad de abogado, contestó la
demanda5. Se opuso a la totalidad de pretensiones con los siguientes
argumentos. Explicó que se vinculó como Secretario de Gobierno el 1 de
enero de 1999. Señaló que la demora en el trámite de la petición de la
señora Quintero Rodríguez ocurrió con anterioridad a que asumiera el cargo
de secretario de gobierno. Explicó que la decisión de declaratoria de
insubsistencia tuvo su fundamento en una decisión de la Comisión Nacional
y el Departamento de la Función Pública que son las entidades
competentes para decidir sobre la inscripción de una persona en carrera.

1.3 Sentencia de primera instancia

16. En Sentencia de 23 de junio de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección B6, se

3 Folios 53 a 57 del Cuaderno principal.
4 Folios 79 a 96 del Cuaderno principal.
5 Folios 98 a 107 del Cuaderno principal.
6 Folios 177 a 206 del cuaderno principal.

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Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-
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negaron las pretensiones de la demanda porque, si bien se acreditaron los
elementos objetivos de la acción de repetición (la existencia de una
condena, el pago y la calidad de ex agentes de los demandados), no se
probó el elemento subjetivo.

17. Antes de realizar el análisis del elemento subjetivo explicó lo sucedido
previo a la declaratoria de insubsistencia de la señora Martha Yolanda
Quintero Rodríguez.

18. Mostró que estaba probado que la señora Quintero, en su condición
de Inspectora de Policía, el 13 de diciembre de 1996 solicitó, tanto a la Jefe
de la División de Recursos Humanos –Blanca Doris Useche Buitrago-, como al
Departamento Administrativo de la Función Pública, su inscripción
extraordinaria en carrera administrativa, con base en la Ley 27 de 1992. La
Jefe de la División de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno radicó
el 15 de septiembre de 1997 en el Departamento Administrativo de la
Función Pública, un oficio en el que solicitaba su inscripción extraordinaria
en carrera. La Directora de Apoyo de la Comisión Nacional del Servicio Civil
emitió respuesta el 24 de octubre de 1997, en la que devolvió la solicitud de
inscripción extraordinaria en carrera con fundamento en que, mediante
Sentencia de 20 de enero de 1997, notificada el 14 de febrero de ese año,
la Corte Constitucional declaró inexequible la disposición de la Ley 27 de
1992 que permitía la inscripción. Anotó que, en la medida que la petición se
radicó solo hasta el 15 de septiembre de 1997, no podía dársele trámite.
Posteriormente, el señor Rodrigo Vera Jaimes, en su condición de Director
de Recursos Humanos le comunicó a la señora Quintero, el 19 de mayo de
1998, que no era posible hacer la inscripción. Finalmente, el 22 de enero de
1999, Héctor Riveros, en su condición de Secretario de Gobierno, la declaró
insubsistente con el fin de proveer definitivamente el empleo en carrera.

19. Explicado lo anterior, frente a la conducta de Blanca Doris Useche
Buitrago indicó que su vinculación inició el 10 de abril de 1995. Sin embargo,
no se probó el dolo porque, si bien existió una falta de diligencia al tramitar
la solicitud de la señora Quintero Rodríguez –aproximadamente 9 meses
para impartirle trámite-, existen 4 elementos que impiden la configuración
del elemento subjetivo. No está probado que fue la señora Blanca Doris
Useche, quien recibió la petición el 13 de diciembre de 1996; mediante
Decreto 12 de 17 de enero de 1997 la señora Useche fue encargada del 13
a 17 de enero de 1997 como alcaldesa de Teusaquillo, 2 meses después de
la radicación de la petición se notificó la Sentencia que impedía su
inscripción en carrera y, finalmente, no existía norma aplicable al caso que
reglara la oportunidad para tramitar las solicitudes de inscripción
extraordinaria en carrera administrativa.

20. Frente a la conducta de Rodrigo Alonso Vera Jaimes explicó que su
vinculación a la entidad inició el 30 de marzo de 1998 y agregó que su
actuación se limitó a remitirle una comunicación a la señora Quintero en la

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Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-
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que le informaba que no era posible hacer la inscripción en carrera. Precisó
que, en ella, únicamente le dio alcance a la interpretación de la Comisión
Nacional del Servicio Civil y que, en esa medida, su actuación estuvo
despojada de culpa grave o dolo.

21. Finalmente, respecto de Héctor Riveros señaló que tomó posesión del
cargo como Secretario de Gobierno el 1 de enero de 1999. Explicó que su
actuación estuvo desprovista de dolo o culpa grave por diferentes razones.
A la declaratoria de insubsistencia le antecedió un pronunciamiento de la
Comisión Nacional del Servicio Civil que fue la que negó su inscripción por
extemporaneidad en la radicación de la petición. En consecuencia, al
haber sido negada la inscripción extraordinaria, su nombramiento era de
libre nombramiento y remoción y se permitía su remoción discrecional
siempre y cuando se adecuara a los fines de la norma. En este caso, su retiro
para el ingreso y ascenso de los empleos en carrera fue proporcionado y,
en esa medida, no se podía calificar que su actuación fue con culpa grave
o dolo.

1.4. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia

22. La parte demandante7 apeló la Sentencia y alegó que sí existió el
elemento subjetivo. Explicó que, en anterior oportunidad, la señora Quintero
ya había sido declarada insubsistente del cargo que ocupaba como
profesional, decisión que fue demandada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo que culminó con condena y orden de reintegro.
Agregó que reintegrada a su cargo, por orden de autoridad judicial, la
señora Rodríguez solicitó a la División de Recursos Humanos la inscripción
extraordinaria en carrera administrativa, sin embargo, no se le dio el trámite
y se la retiró nuevamente. Adujo que ese comportamiento de retirarla
nuevamente ponía en evidencia la desviación de poder.

23. Respecto de la señora Blanca Doris Useche alegó especialmente 3
puntos. Que debía conocer la situación de los inspectores de policía de
acuerdo con la Ley 27 de 1992 y la Sentencia C-30 de 1997 y que no se podía
aducir ignorancia ni desconocimiento del tema. Que no era de recibo el
argumento que no estaba probado que la señora Useche recibió la petición
de inscripción porque “la recepción de documentos en ninguna [entidad]
está a cargo de los directivos de la misma, sino que son labores asistenciales,
pero ello no implica que la cabeza de la dependencia no responda por
todo lo que a ella le compete”. Que no era cierto que no existía un término
para resolver la petición porque la Sentencia C 30 de 1997 señaló como
plazo máximo, la fecha de notificación de la misma.

24. Respecto del señor Vera Jaimes afirmó que él “conocía de la situación
de la situación de la señora Quintero Rodríguez, pues el día 4 de mayo de
1998 le responde una misiva en donde le pone en conocimiento su situación

7 Folios 209 a 218 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
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Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-
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y éste le comunica que su inscripción en carrera administrativa no es posible
toda vez que la fecha máxima para realizar la solicitud era el 14 de febrero
de 1997.”

25. Frente al señor Héctor Riveros, se limitó a indicar que, en el mes de
enero de 1999 con su firma, declaró insubsistente a la señora Quintero.

26. La parte demandante8 en sus alegatos de conclusión señaló que el
juez de primera instancia, pese a que mostró que, según la sentencia de
nulidad y restablecimiento, la condena obedeció a la falta de diligencia en
la demandada, concluyó contradictoriamente que no se reunieron las
condiciones para la configuración de dolo o culpa grave.

27. El Ministerio Público9 rindió concepto en el que pidió que se confirmara
la decisión de primera instancia porque no se probó el elemento subjetivo.
En síntesis, apoyó su petición en 2 puntos. Respecto de la señora Blanca
Useche Buitrago adujo que no existía prueba que demostrara la fecha en
que ella se enteró de la petición y que, adicionalmente, sobre ella recaía
una alta carga laboral por el encargo como alcaldesa local de diferentes
localidades durante los meses de enero, marzo, junio, julio, agosto y
septiembre de 1997. Respecto de los señores Vera Jaimes y Riveros Serrato
explicó que no se encontraban vinculados con la administración para los
años 1996 y 1997, años en los que se registró la solicitud para
“escalafonamiento en carrera” y que, en todo caso, sus decisiones se
fundamentaron en la decisión de 24 de octubre de 1997 adoptada por la
Comisión Nacional del Servicio Civil en la que informaba sobre la
imposibilidad de tramitar la solicitud de inscripción.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán; 2.2. El elemento subjetivo; 2.3. Perjuicios; 2.4.
Costas.

2.1. Exposición del litigio y decisiones que se adoptarán

28. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque están reunidos
los presupuestos procesales para dictar sentencia. La demanda se presentó
oportunamente. En este asunto, el pago se realizó a la demandante el 14 de
abril de 200910 antes de los 18 meses desde la ejecutoria de la Sentencia11.
En consecuencia, los 2 años se deben contar a partir del día siguiente del
pago, esto es, del 15 de abril de 2009. En consecuencia, en principio, la
demandante tenía hasta el 15 de abril de 2011 para acudir a la jurisdicción.
Sin embargo, el 13 de abril 2011 solicitó conciliación prejudicial, que
suspendió los términos hasta el 23 de junio de 2011, fecha en que se expidió

8 Folio 239 a 240 de Cuaderno del Consejo de Estado.
9 Folio 256 a 276 de Cuaderno del Consejo de Estado.
10 Folio 61 del Cuaderno. 2
11 La Sentencia cobró ejecutoria el 14 de noviembre de 2008 Fl.42 Cuaderno No. 2 (18 meses: 14 de mayo de 2010).

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Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
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la constancia de agotamiento de la conciliación12. Dado que la demanda
se interpuso el 23 de junio de 201113, se radicó dentro del término.

29. La Sentencia de primera instancia negó las pretensiones. Adujo que no
se acreditó el dolo de ninguno de los ex agentes. Esta Sala, confirmará la
decisión porque observa que, en efecto, no se acreditó el elemento
subjetivo porque no se probó el dolo asociado a una desviación de poder
que se alegó en la demanda.

30. Frente al régimen jurídico aplicable se indica que, como este, se
determina por los hechos que dieron lugar a la imposición de la condena,
en este caso no se aplicarán las presunciones legales de la Ley 678 de 2001,
porque ocurrieron con anterioridad a su vigencia, 4 de agosto de 2001. En
consecuencia, no hay lugar a aplicar la presunción de dolo por la presunta
existencia de desviación de poder como se pidió en la demanda.

31. Ya que, en primera instancia, se demostró la existencia de la Sentencia
condenatoria14, la calidad de ex agentes estatales de los demandados15 y,
finalmente, el pago16, la Sala centrará su análisis en el elemento subjetivo de
la acción de repetición.

2.2. El elemento subjetivo

32. En la demanda, después de citar el numeral 1 del artículo 5 de la Ley
678 de 200117 se indicó que los ex servidores “actuaron con desviación de
poder tal y como lo señalan las sentencias proferidas tanto por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca como el Consejo de Estado (...).” Agregó
que el dolo se derivaba del hecho de que “siendo conocedores que la
doctora Martha Yolanda Quintero Rodríguez había solicitado en tiempo su
inscripción en la carrera administrativa, la misma no se tramitó de manera
inmediata y si se dejó casi nueve meses para solicitar ante la Comisión
Nacional del Servicio Civil dicha inscripción (…)”. Se precisó que se configuró
una desviación de poder porque se presentó un interés malintencionado
distante del respeto por la carrera administrativa.

33. La Sala advierte que no se probó el dolo alegado respecto de los
demandados, porque, en este caso, no se aplican las presunciones de la
Ley 678 de 2001, no es posible adoptar la decisión con base en las
Sentencias de nulidad y restablecimiento y no reposan otras pruebas que

12 Folio 82 del Cuaderno. 2
13 Folio 17 vuelto del Cuaderno.1.
14 Copia de la Sentencia condenatoria proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmada por

el Consejo de estado (Fls. 134 a 147 y 188 a 200 Cuaderno 2)
15 Folio 62 a 83 Cuaderno No. 2
16 Folios 67 a 70 Cuaderno No. 2
17 Artículo 5 Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho ajeno a

las finalidades del servicio del Estado.
Se presume que existe dolo del agente público por las siguientes causas:
1. Obrar con desviación de poder.

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Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-
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demuestren que ellos obraron con dolo porque buscaron un fin diferente a
la protección de la carrera administrativo.

34. Los hechos que dieron origen a la Sentencia condenatoria,
específicamente, la declaratoria de insubsistencia de la señora Martha
Yolanda Quintero Rodríguez ocurrió el 22 de enero de 1999 y la Ley 678 de
2001 entró en vigencia el 4 de agosto de 2001 por lo cual no es posible
aplicar sus presunciones. En ese orden, no resulta válido el argumento de la
Secretaría de Gobierno del Distrito de Bogotá según el cual, como la
Sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho declaró nulo el acto
que removió a la señora Yolanda Rodríguez por desviación de poder, se
configuró la presunción del artículo 5.1 de la Ley 678 de 2001.

35. No es posible adoptar la decisión con base en las consideraciones de
las sentencias de nulidad y restablecimiento en la medida que no les son
oponibles a los demandados, señora Blanca Doris Useche Buitrago y señores
Rodrigo Alonso Vera Jaimes y Héctor Riveros Serrato quienes no participaron
en ese proceso judicial. En todo caso se resalta que, en las Sentencias de
primera y segunda instancia, no se estudió la conducta de los 3 funcionarios
y si bien se afirmó que la Administración obró con desviación de poder no
se explicó ni se probó cual fue el interés diferente a los previstos en el
ordenamiento jurídico o a la protección de la carrera administrativa que
tuvo la Administración al declarar insubsistente a la señora Quintero. Al
respecto la Sentencia de primera instancia indicó:

“Acorde con los razonamientos expuestos, es evidente que la la conducta
asumida por la administración es reveladora del desvío de poder, pues no
obstante haber solicitado la accionante su inscripción extraordinaria el 13 de
diciembre de 1996, la entidad demandada procedió a expedir el acto de
insubsistencia de manera discrecional, lo cual no resultaba procedente,
considerando la situación particular de la demandante, no atendiendo la solicitud
ante ella presentada, como era su deber, y tan solo hasta el 11 de septiembre de
1997, le dio el trámite a la misma.”

36. De acuerdo con lo expuesto, la supuesta desviación de poder se
configuró porque se procedió a expedir el acto de insubsistencia de la
señora Quintero Rodríguez sin tener en cuenta su situación particular, esto
es, que había solicitado su inscripción dentro del término en el cual resultaba
procedente, esto es, el 13 de diciembre de 1996 y solo se le había dado
trámite el 11 de septiembre de 1997, cuando ya no era posible hacerlo.

37. La Sala observa que, si bien se concluyó que haberla declarado
insubsistente constituyó una desviación de poder, no se explicó cuál era ese
fin particular o arbitrario que perseguía la Administración al declararla
insubsistente, en otras palabras, no se mostró una intención alejada de la
legalidad para haber adoptado esa decisión. En este punto, se resalta que
la Sentencia de segunda instancia no explicó en qué consistió la desviación
de poder.

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Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-
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38. Es ese orden, además de que esta decisión no puede fundamentarse
en la las Sentencias de nulidad y restablecimiento, lo cierto es que ellas no
revelan los fines desviados con los que actuó la Administración y menos aún
los demandados y, en esa medida, no descubren la desviación de poder
con la que obraron.

39. Finalmente, con las demás pruebas del expediente18, no es posible
concluir que la señora Blanca Doris Useche Buitrago y los señores Rodrigo
Alonso Vera Jaimes y Héctor Riveros Serrato hubieran actuado con dolo.

40. Para la Sala, esas pruebas no muestran que los demandados hubieran
tenido una intención ajena a las finalidades del servicio del Estado y con ello
que hubieran obrado con dolo.

41. Respecto de la señora Blanca Doris Useche debe indicarse que, si bien
las pruebas revelan que se demoró aproximadamente 9 meses en tramitar
la petición de la señora Quintero Rodríguez, la demora por sí sola no
constituye una prueba de desviación de poder que configure el dolo. Si
bien, esa demora, eventualmente, podría configurar una culpa dado el
abandono y la falta de diligencia para impartirle trámite lo cierto es que, en
este caso, se alegó que la conducta era dolosa y, en virtud del derecho de
defensa no es posible evaluar el elemento subjetivo desde un escenario
diferente cuando la demandada se defendió del dolo que fue lo que se
propuso en la demanda y , en todo caso, las demás pruebas no demuestran
que su obrar hubiera buscado atentar contra la carrera administrativa.

42. Frente a los argumentos del recurso de apelación basta señalar que
todos apuntan a demostrar que la demora en el trámite sí fue su culpa y
que, como se indicó, la mora en este caso no revela una desviación de
poder. En consecuencia, al margen de que prosperen o no, lo cierto es que
ellos intentan configurar un grado de culpa que no fue alegado en la
demanda.

43. Respecto del señor Vera Jaimes lo único que está probado es que le
envío una comunicación a la señora Quintero Rodríguez, recibida el 19 de

18 (a) Copia auténtica del oficio radicado el 13 de diciembre de 1996 por Martina Yolanda Quintero Rodríguez en

la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno de la alcaldía de Bogotá, por el cual se solicitó
su inscripción en carrera administrativa (Fl. 17), (b) Copia auténtica del oficio radicado el 15 de septiembre de
1997 y su formulario, por la Jefe de la División de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno de la alcaldía
de Bogotá en el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante el cual solicitó dar trámite a la
inscripción de carrera extraordinaria de la señora Quintero Rodríguez (Fl. 16 y 18), (c) Copia auténtica del oficio
recibido el 24 de octubre de 1997 por la Decisión de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá,
mediante el cual la Directora de Apoyo de la Comisión Nacional del Servicio Civil devolvió la solicitud de inscripción
extraordinaria en carrera de la señora Quintero, por haber sido radicada con posterioridad al 14 de febrero de
1997, fecha en que se notificó el fallo de la Corte Constitucional C 30 de 30 de enero de 1997 (Fl. 14 a 15), (d)
Copia auténtica del oficio recibido el 11 de marzo de 1998 por Martha Yolanda Quintero Rodríguez, mediante el
cual la Jefe de la División de Recursos Humanos le envío copia de la comunicación remitida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública (Fl. 12), (e) Copia auténtica del oficio recibido el 19 de mayo de 1998, por
Martha Yolanda Quintero Rodríguez, mediante el cual el Director de Recursos Humanos le informó la imposibilidad
de inscripción extraordinaria en carrera administrativa (Fl. 13), (f) Copia auténtica de la Resolución No. 16 de 22 de
enero de 1999 por medio de la cual el Secretario de Gobierno de Bogotá declaró insubsistente el nombramiento
de la señora Quintero Rodríguez del cargo de profesional universitario (Fl. 18)

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Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-
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mayo de 200819, en el que le informaba que, de acuerdo con la respuesta
de la Comisión Nacional del Servicio Civil, no era posible hacer su inscripción
en carrera. En el recurso se enfatiza que “el conocía la situación de la señora
Quintero Rodríguez” sin explicar cómo ello configuraría el dolo. En ese orden,
para la Sala, el recurso no es claro en mostrar porque el demandado actuó
con desviación de poder y las pruebas que reposan en el expediente no
demuestran este elemento subjetivo.

44. Finalmente, respecto del señor Héctor Riveros basta indicar que en el
recurso de apelación no se encuentra ningún argumento que explique por
qué el demandado actuó con dolo o, al menos, alegue su inconformidad
con la postura del juez de primera instancia. Lo anterior, sería suficiente para
negar la configuración del elemento subjetivo de este demandado pero, en
todo caso, debe agregarse que, con la Resolución No. 16 de 22 de enero
de 1999 por medio de la cual el Secretario de Gobierno de Bogotá declaró
insubsistente el nombramiento de la señora Quintero Rodríguez del cargo de
profesional universitario, se probó que su actuar se ajustó a los fines del
Estado en la medida que la decisión estuvo amparada en la provisión de los
cargos en carrera y de ello da cuenta el fundamento del acto20.

45. En consecuencia, no se demostró el dolo con el que supuestamente
obraron lo demandados. Para terminar el análisis la Sala indica que no es de
recibo el argumento de la demandante, según el cual, el anterior retiro de
la señora Quintero Rodríguez era un indicativo de la desviación de poder,
porque, en primer lugar, ahora, se estudia la responsabilidad patrimonial de
los demandados por el retiro ocurrido el 22 de enero de 1999 y, en todo caso,
no se allegaron pruebas que fundamentaran esa afirmación.

2.4. Condena en costas

46. La Sala no impondrá condena en costas en esta instancia, en la
medida en que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de la parte
demandante.
3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 23 de junio de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,

19 Oficio recibido el 19 de mayo de 1998, por Martha Yolanda Quintero Rodríguez, mediante el cual el Director de

Recursos Humanos le informó la imposibilidad de inscripción extraordinaria en carrera administrativa (Fl. 13),
20 En ese se indicó “El Secretario de Gobierno de Santa Fe de Bogotá Distrito Capital en ejercicio de sus atribuciones

legales, particularmente las relacionadas con la utilización de listas de elegibles, y la forma de proveer
definitivamente los empleos de carrera, previstos en la Ley 443 de 198 y del Decreto No. 1572 de 1998, RESUELVE:
(…)”

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Radicación número: 25000-2326-000-2011-00628-01 (56635)
Actor: Distrito de Bogotá – Secretaría de Gobierno
Demandados: Blanca Doris Useche Buitrago, Rodrigo Alonso Vera y Héctor
Riveros Serrato
Referencia: Acción de repetición –Decreto 1 de 1984-
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mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda, por las
razones expuestas en esta decisión

SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.

TERCERO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.

CUARTO: Por Secretaría, una vez de ejecutoriada esta sentencia,
DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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