Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00650-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de repetición: en acción de reparación directa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00650-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-00650-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velásquez Rico
21 de junio de 2018
ACCIÓN DE REPETICIÓN – En acción de reparación directa / SENTENCIA CONDENATORIA - Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra Policía Nacional en acción de reparación directa / PAGO DE CONDENA - Por lesiones ocasionadas a civiles con arma de dotación oficial en procedimiento de requisa
A través de apoderada, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional formuló demanda de repetición, el 26 de julio de 2010, en contra del señor José Olivo Balaguera Gelves, para que se lo condenara a reintegrar la suma de $22’506.733, la cual pagó la entidad demandante, en cumplimiento de una orden judicial.
COMPETENCIA DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - En acciones de repetición, se da aplicación exclusiva al principio de conexidad / PRINCIPIO DE CONEXIDAD - Juez o tribunal ante el que se haya tramitado proceso de responsabilidad patrimonial conoce acción de repetición / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA - Conoce del recurso de apelación de sentencias proferidas por tribunales de lo contencioso administrativos
El Tribunal de Cundinamarca era el competente para conocer y decidir la controversia, dado que fue la corporación judicial que profirió la sentencia por medio de la cual se le impuso al Ministerio de Defensa – Policía Nacional la condena por cuyo pago se demandó en repetición, es decir, la fechada el 31 de mayo de 2007. (…) En vista de que todas las demandas de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo se benefician de la doble instancia -excepto aquellas que expresamente se atribuyeron al Consejo de Estado en única instancia-, hay lugar a predicar la competencia funcional para resolver el recurso de apelación que presentó el Ministerio de Defensa – Policía Nacional. (…) En suma, se tiene competencia para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la competencia del Consejo de Estado para conocer acciones de repetición, consultar sentencia de 21 de abril de 2009, Exp. 25000-23-26-000-2001-02061-01(IJ), CP. Mauricio Fajardo Gómez.
CADUCIDAD ACCIÓN DE REPETICIÓN - Si no se tiene prueba del pago de la condena, el término se cuenta a partir del vencimiento de 18 meses, desde la ejecutoria de la providencia que la impuso / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPETICIÓN – No operó por presentación oportuna dentro del término legal
En este caso, el término de caducidad de dos años se debe contabilizar a partir del día siguiente al vencimiento de los 18 meses previstos por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, tras la ejecutoria de la providencia que impuso la condena por cuyo pago se repite. La decisión de contabilizar el término de caducidad a partir del vencimiento de los referidos 18 meses tiene como fundamento que no se demostró en el proceso el cumplimiento de uno de los cuatro requisitos necesarios para que prospere la demanda de repetición, esto es, el pago de la condena impuesta. En un acápite posterior se explicará la razón por la cual se llegó a esta conclusión. Así las cosas, como la ejecutoria de dicha providencia ocurrió el 30 de julio de 2007, el plazo de 18 meses venció el 30 de enero de 2009, por lo que el término de caducidad de dos años se agotaba el 31 de enero de 2011. Entonces, como la demanda se presentó el 26 de julio de 2010, el ejercicio de la acción de repetición se adelantó en tiempo oportuno; por lo expuesto, se desestima el argumento planteado en primera instancia.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 177
CONCILIACIÓN - No es un requisito de procedibilidad en las demandas de repetición, es opcional / CONCILIACIÓN EN ACCIÓN DE REPETICIÓN - Suspende el término de caducidad de acuerdo con el Decreto 1716 de 2009
En primer lugar, el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 excluyó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial en las demandas de repetición, pues solo impuso dicho requerimiento a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales, previstas por el Código Contencioso Administrativo. (…) Entonces, a pesar de que no era obligatorio para el Ministerio de Defensa – Policía Nacional agotar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, se trataba de un trámite opcional que, en caso de acudir a él, se debían aplicar las consecuencias previstas por el Decreto 1716 de 2009 , entre ellas, la suspensión del término de caducidad. (…) la conciliación extrajudicial no constituye un requisito de procedibilidad para demandar en acción de repetición, pero es opcional acudir a ella. De tal manera que si una entidad decide recurrir a esa alternativa, antes que a la jurisdicción, no cabe otra opción que aplicar el régimen jurídico propio de esa materia, es decir, el Decreto 1716 de 2009, tal y como lo señala el artículo 13 de la Ley 678 de 2001. NOTA DE RELATORÍA: Referente al agotamiento de la caducidad como requisito de procedibilidad en la acción de repetición, consultar auto de 29 de febrero de 2016, Exp. 47149, CP. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL: LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 13 / DECRETO 1716 DE 2009 / LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 13
ACCIÓN DE REPETICIÓN - Presupuesto de procedencia / ACCIÓN DE REPETICIÓN - Marco normativo aplicable / ACCIÓN DE REPETICIÓN - Procedente contra servidor o ex servidor público cuando su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar al pago de una condena indemnizatoria por parte del Estado
La demanda de repetición fue consagrada inicialmente en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo -algunas de cuyas expresiones fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000- como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. (…) el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 78 / LEY 678 DE 2001
ACCIÓN DE REPETICIÓN - Aspectos sustanciales y procesales / ACCIÓN DE REPETICIÓN - Desarrollado in extenso por Ley 678 de 2001 / LEY 678 DE 2001 - Reglamenta la responsabilidad de agentes del Estado a través de la acción de repetición y llamamiento en garantía con fines de repetición
La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales de la repetición y del llamamiento en garantía, fijando su objeto, sus finalidades, así como el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con incidencia en materia de la carga probatoria dentro del proceso.
FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001
IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY - Norma rige hacia el futuro. Opera a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación / DETERMINACIÓN DE DOLO Y CULPA GRAVE DE AGENTE PUBLICO - Para hechos ocurridos antes de la Ley 678 de 2001, se aplica normatividad del Código Civil
Para resolver el conflicto que se originó por la existencia de varios cuerpos normativos que regulaban las demandas de repetición, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido reiterada en aplicar la regla general según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta un proceso de repetición sucedieron en vigencia de la Ley 678 de 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el alcance de los conceptos de dolo o culpa grave del demandado, “sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política). En cambio, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena por cuyo pago se repite acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la Sala, para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, ha acudido al Código Civil. (…)Como lo que se le reprocha al demandado corresponde a hechos ocurridos en 1999, antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, será el Código Civil el parámetro normativo que se tendrá en cuenta. NOTA DE RELATORÍA: Referente al tránsito de legislación sobre la acción de repetición, consultar sentencia de 14 de septiembre de 2017, Exp. 48820, CP. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 121 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 122 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 124 / LEY 678 DE 2001 / CÓDIGO CIVIL
PRESUPUESTO DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN - La existencia de condena judicial o acuerdo conciliatorio / CONDENA DE CARÁCTER PATRIMONIAL CONTRA LA ENTIDAD PUBLICA DEMANDANTE - Acreditada con copia de la sentencia que declaró que heridas ocasionadas a los demandantes fueron ocasionadas por miembros de la Policía Nacional
Como anexo de la demanda se aportó la copia auténtica de la sentencia condenatoria proferida el 31 de mayo de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. (…) en esta decisión se condenó a la Policía Nacional a pagar la indemnización de perjuicios por la que ahora se demanda en repetición.
PRESUPUESTO DE PROCEDENCIA DE ACCIÓN DE REPETICIÓN - Pago efectivo de indemnización por parte de entidad pública / ACCIÓN DE REPETICIÓN - No constituye prueba del pago de la condena la existencia de documentos expedidos por la entidad pública que así lo indiquen, a no ser que de ellos se establezca que los beneficiarios sí recibieron el dinero.
En aplicación del precedente judicial, se concluye que los documentos que la parte actora aportó al proceso para demostrar el pago de la condena impuesta no constituyen prueba de ello, toda vez que de su contenido no es posible deducirlo en los términos que lo exige la jurisprudencia. No constituyen prueba del pago de una condena los documentos emitidos por la entidad que así lo indiquen, pues se requiere, además, la evidencia de que el beneficiario lo recibió a satisfacción, aspecto del cual carece el proceso. La anterior postura debe entenderse respecto de las demandas de repetición que se interpusieron en vigencia del Código Contencioso Administrativo, como sucede en este caso, razón por la cual no resulta procedente aplicar en esta oportunidad las disposiciones normativas de la Ley 1437 de 2011 -las cuales regulan el medio de control de repetición interpuesto en su vigencia-.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011
ACCIÓN DE REPETICIÓN - Impróspera por falta de acreditación del pago de la condena
En suma, no se demostró en el proceso que los beneficiarios de la condena recibieron el dinero, razón por la cual se modificará la sentencia de primera instancia, pues se negarán las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas. Así las cosas, la Sala no examinará los demás requisitos de prosperidad de la demanda de repetición que presentó la Policía Nacional en contra del señor José Olivo Balaguera Gelves.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00650-01(53845)
Actor: MINISTERIO DE DEFENSA - POLICÍA NACIONAL
Demandado: JOSÉ OLIVO BALAGUERA GELVES
Referencia: APELACIÓN SENTENCIA - ACCIÓN DE REPETICIÓN
Tema: ACCIÓN DE REPETICIÓN / CADUCIDAD – Si no se tiene prueba del pago de la condena, el término de caducidad se cuenta a partir del vencimiento de 18 meses, desde la ejecutoria de la providencia que la impuso / REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD – La conciliación no es requisito de procedibilidad en las acciones de repetición, es opcional. En caso de acudir a ella se suspende el término de caducidad de acuerdo con el Decreto 1716 de 2009 / NO SE ACREDITÓ EL PAGO – No constituye prueba del pago de la condena la existencia de documentos expedidos por la entidad pública que así lo indiquen, a no ser que de ellos se establezca que los beneficiarios sí recibieron el dinero. Este criterio procede para las demandas que se formularon en vigencia del Código Contencioso Administrativo.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante en contra de la sentencia fechada el 29 de enero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se dispuso lo siguiente (se transcribe de forma literal, con posibles errores incluidos):
“PRIMERO: DECLARAR la caducidad de la acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
“SEGUNDO: ABSTENERSE de condenar en costas en esta instancia.
“TERCERA: Ejecutoriada la presenta providencia, LIQUÍDENSE por Secretaría los gastos del proceso. Devuélvanse los remantes al interesado. Pasados dos (2) años sin que hubieren sido reclamados, la Secretaría declarará la prescripción a favor de la Rama Judicial”.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
A través de apoderada, la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional formuló demanda de repetición, el 26 de julio de 2010, en contra del señor José Olivo Balaguera Gelves, para que se lo condenara a reintegrar la suma de $22’506.733, la cual pagó la entidad demandante, en cumplimiento de una orden judicial.
Como fundamento fáctico de las pretensiones, se expuso que en hechos acaecidos el 1º de mayo de 1999 en la ciudad de Bogotá D.C., el señor José Olivo Balaguera Gelves, patrullero de la Policía Nacional, les solicitó “un procedimiento de requisa” a los señores Wilmer Giovanny Montenegro Álvarez y José Ángel Puerto Gómez.
Se resaltó que, durante la requisa, el hoy demandado dejó caer su arma de dotación oficial, causándoles heridas a los ciudadanos, quienes fueron trasladados al servicio de urgencias del Hospital El Tunal, donde se les proporcionó atención médica.
Se narró en los hechos que las personas que resultaron heridas demandaron en ejercicio de la acción de reparación directa a la Policía Nacional para que les indemnizara por los perjuicios causados y que la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a sus pretensiones, mediante providencia calendada el 31 de mayo de 2007.
Se adujo que la Policía Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia enunciada, profirió la Resolución No. 0231 el 15 abril de 2008, por medio de la cual ordenó el pago de la condena impuesta en la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Se expuso que debía declararse responsable al demandado, a título de culpa grave, por herir a dos ciudadanos durante una requisa con su arma de dotación oficial, circunstancia que por sí sola da cuenta de la imprudencia en el manejo de su armamento.
2. Trámite en primera instancia
2.1. El trámite de la demanda cursó inicialmente ante el Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá; no obstante, mediante auto fechado el 26 de abril de 2011, se declaró incompetente para conocer del asunto y remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial que declaró la nulidad de lo actuado y admitió la demanda a través de auto que se notificó en debida forma al Ministerio Público.
2.2. La notificación del auto admisorio de la demanda al señor José Olivo Balaguera Gelves se realizó a través de curador ad litem, quien contestó la demanda y se opuso a las pretensiones. Afirmó que se atenía a lo que se demostrara en el proceso.
Propuso la excepción que denominó “falta de formalidades legales”, toda vez que, a su juicio, el poder que aportó la abogada de la Policía Nacional junto con la demanda no reúne los requisitos dispuestos en el artículo 65 del Código de Procedimiento Civil, pues no determinó el asunto para el cual fue conferido, de modo que genera confusión.
Adicionalmente, indicó que tampoco se allegó el acto administrativo por medio del cual se acreditara que quien confirió poder tenía la calidad de representante legal de la Policía Nacional.
3. Los alegatos de conclusión
A través de providencia fechada el 22 de mayo de 2014, el Tribunal a quo decretó las pruebas solicitadas y, una vez vencido el período probatorio, mediante auto del 31 de julio de 2014, corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.
La parte actora alegó de conclusión para reiterar lo expuesto en la demanda, esto es, recalcar que se reunieron todos los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber, la existencia de una condena judicial que impuso el pago de la suma de $22’506.733; el pago del monto por el cual demandó en repetición; la calidad del demandado como ex agente del Estado y la conducta gravemente culposa que se le atribuyó al señor Balaguera Gelves en la demanda.
Por su parte, tanto el curador ad litem del señor José Olivo Balaguera Gelves como el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
4. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia proferida el 29 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, con el argumento de la caducidad de la acción, pues, en su criterio, no resultaba obligatorio que el Ministerio de Defensa – Policía Nacional hubiese agotado la diligencia de conciliación extrajudicial, como requisito de procedibilidad.
Según expuso el Tribunal a quo, la Ley 1285 de 2009 solo introdujo la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales, luego, no resultaba posible que la entidad demandante hubiese acudido a ella para suspender el término de caducidad.
Por último, consideró que, aun cuando el Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó solicitud de conciliación, el término de caducidad no se suspendió, de ahí que para la fecha en que se radicó esta demanda de repetición ya había vencido la oportunidad para hacerlo.
Como consecuencia de lo anterior, negó las pretensiones de la demanda.
5. El recurso de apelación que presentó la parte actora
La Policía Nacional se opuso a la sentencia de primera instancia e insistió en que no se había configurado el fenómeno de la caducidad en la presente acción de repetición.
Indicó que inicialmente la conciliación extrajudicial era requisito de procedibilidad en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales, pero que, con posterioridad, el artículo 2 del Decreto 1716 de 2009 hizo extensivo este presupuesto a los procesos de repetición y, con ello, el efecto contemplado en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 -a saber, la suspensión de la prescripción o de la caducidad, según el caso-.
Indicó que el pago de la condena se efectuó el 28 de abril de 2008 -fecha a partir de la cual empezó a contabilizarse el término de caducidad- y que presentó solicitud de conciliación prejudicial el 23 de abril de 2010, cuando el referido término aún no había fenecido, pues restaban 6 días.
Resaltó que el aludido cómputo se reanudó con la expedición del acta que declaró fallida la conciliación el 23 de julio de 2010, de modo que a partir del día siguiente a esa fecha se retomó el conteo de los 6 días que restaban. Concluyó que la acción de repetición se interpuso en tiempo, dado que el plazo para impetrar la demanda fenecía el 29 de julio de 2010 y la misma se presentó el 26 del mismo mes y año.
6. El trámite de segunda instancia
El recurso presentado en los términos expuestos fue concedido el 17 de marzo de 2015 y admitido por esta Corporación mediante auto calendado el 15 de mayo de la misma anualidad.
Posteriormente, se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo consideraba pertinente, presentara concepto de fondo.
El Ministerio de Defensa – Policía Nacional alegó de conclusión para reiterar los argumentos expuestos en su recurso de apelación.
El Ministerio Público expresó que “no existe tarifa probatoria para demostrar el pago efectuado”, de ahí que los documentos que la Policía aportó para demostrar el pago -certificación de tesorería y acto administrativo que ordenó cumplir la conciliación- sí constituían prueba de ello.
Por último, señaló que se reunieron todos los presupuestos necesarios para acceder a las pretensiones de la demanda, es decir, la existencia de una sentencia judicial que condenó a la entidad estatal al pago de una suma de dinero, la prueba del pago, la calidad del demandado como ex agente del Estado y la conducta gravemente culposa del señor Balaguera Gelves.
Por su parte, el demandado guardó silencio en esta etapa procesal.
La Sala, al no encontrar causal de nulidad alguna que pudiera invalidar lo actuado, procede a resolver de fondo el asunto.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Competencia
En relación con la competencia para conocer de las acciones de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo -como este caso-la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación se ha pronunciado de la siguiente manera:
“…conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, la Ley 678 [7-1] establece como premisas para la aplicación de la mencionada regla de competencia la existencia de una sentencia condenatoria contra el Estado y el trámite de un proceso previo ante esta Jurisdicción, evento en el cual compete conocer de la repetición al juez o al tribunal administrativo ante el que se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial.
“Es decir, que para determinar la competencia en acciones de repetición originadas en procesos que hayan cursado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, basta acudir en forma exclusiva al principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7 [1] de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma ley ([7] [pár. 1]) y sin que se requiera establecer la cuantía de la demanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del C.C.A., antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por cuanto la aplicación de dichos artículos en estos casos está excluida en razón de que contrarían el factor de conexidad” (negrillas y subrayas de la Subsección).
De conformidad con lo anteriormente expuesto, el Tribunal de Cundinamarca era el competente para conocer y decidir la controversia, dado que fue la corporación judicial que profirió la sentencia por medio de la cual se le impuso al Ministerio de Defensa – Policía Nacional la condena por cuyo pago se demandó en repetición, es decir, la fechada el 31 de mayo de 2007.
En efecto, como anexo de la demanda se aportó la copia auténtica de la sentencia condenatoria en mención, por medio de la cual se declaró patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por los hechos acaecidos en Bogotá el 1º de mayo de 1999, en los cuales el aquí demandado, patrullero de la Policía Nacional, hirió con su arma de dotación oficial a dos ciudadanos.
En cuanto a las razones para que las demandas de repetición iniciadas en vigencia del Código Contencioso Administrativo sean de doble instancia, así se ha pronunciado esta Corporación:
“Por consiguiente, ante la inexistencia de norma expresa en la Ley 678, proferida en el año de 2001, que brinde e imponga una solución específica diferente y ante la improcedencia de acudir a las normas generales de competencia establecidas en el C.C.A., por las razones antes expuestas, resulta necesario acudir a los principios constitucionales entre los cuales se encuentra el criterio general de la segunda instancia, según el cual:
‘Artículo 31.- Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.
‘El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único’.
“Así pues, resulta claro que la Carta Política le atribuyó al legislador la potestad de determinar cuáles sentencias judiciales quedarían excluidas, por excepción, de la posibilidad de ser apeladas, de lo cual se desprende, con igual claridad, que en todos aquellos eventos en los cuales el legislador no hubiere restringido o excluido tal posibilidad, naturalmente deberá operar el principio general en cuya virtud la propia Constitución establece la opción de cuestionar las respectivas sentencias, por vía de apelación, ante una segunda instancia.
“Pues bien, para los juicios que corresponden a las acciones de repetición, ocurre que la mencionada Ley 678 únicamente se ocupó de definir la procedencia de una sola y única instancia cuando la demanda se dirija contra aquellos altos dignatarios del Estado taxativamente señalados en el parágrafo 1º de su artículo 7º, lo cual evidencia que el legislador excluyó las sentencias que se profieran en esos específicos eventos de la posibilidad de ser apeladas; sin embargo, en relación con los demás casos que se tramiten en ejercicio de la acción de repetición nada dijo el legislador acerca de la posibilidad de tramitar, o no, una segunda instancia, lo cual obliga a destacar que, de conformidad con la regla general que establece el transcrito artículo 31 constitucional, los fallos que se profieran en el desarrollo de tales actuaciones deben ser susceptibles de apelación, independientemente de la cuantía del proceso o de que el conocimiento del mismo corresponda, en primera instancia y por virtud del señalado criterio de conexidad, al Juez o Tribunal Administrativo, según el caso”.
En vista de que todas las demandas de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo se benefician de la doble instancia -excepto aquellas que expresamente se atribuyeron al Consejo de Estado en única instancia-, hay lugar a predicar la competencia funcional para resolver el recurso de apelación que presentó el Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
La anterior afirmación tiene sustento en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo (norma aplicable al sub lite), a cuyo tenor:
“COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión.
“(…)” (se destaca).
En suma, se tiene competencia para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo.
2. El ejercicio oportuno de la acción
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca señaló que la presente acción de reparación no se interpuso en tiempo, por lo cual encontró configurado el fenómeno de la caducidad.
Indicó que el 28 de abril de 2008 empezó a contabilizarse el término de caducidad, pues en esa fecha se efectuó el pago de la condena y que la Policía Nacional presentó solicitud de conciliación prejudicial el 23 de abril de 2010, cuando restaban 6 días.
Explicó que no resultaba obligatorio que el Ministerio de Defensa – Policía Nacional agotara la diligencia de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad para presentar esta demanda en ejercicio de la acción de repetición, de ahí que no era posible suspender el término de caducidad como consecuencia de la presentación de la solicitud de conciliación.
Dicho de otro modo que, aunque el Ministerio de Defensa – Policía Nacional presentó ante la Procuraduría solicitud de conciliación extrajudicial, al no constituir requisito de procedibilidad, ello no suspendió el término de caducidad.
Concluyó el quo que para la fecha en que se presentó la demanda de repetición -26 de julio de 2010- el término de caducidad se encontraba vencido.
Ahora, en relación con el término de caducidad de las acciones de repetición que se iniciaron en vigencia del Código Contencioso Administrativo, así se ha pronunciado esta Subsección:
“En conclusión, el término para intentar la acción, de acuerdo con la interpretación condicionada que realizó la Corte Constitucional de las normas que lo establecieron -No. 9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y artículo 11 de la Ley 678 de 2001-, empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previstos en el artículo 177 inciso 4° del Código Contencioso Administrativo.
“(…).
“En vista de todo lo anterior, se toma lo que ocurra primero en el tiempo, esto es el pago de la suma a que se condenó, o por la cual se concilió, o cuyo reconocimiento se realizó, o el vencimiento de los 18 meses a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo sin que se haya realizado el pago de tal suma, como el momento para que empiece a correr el término para ejercer la acción” (negrilla por la Sala).
En este caso, el término de caducidad de dos años se debe contabilizar a partir del día siguiente al vencimiento de los 18 meses previstos por el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, tras la ejecutoria de la providencia que impuso la condena por cuyo pago se repite.
La decisión de contabilizar el término de caducidad a partir del vencimiento de los referidos 18 meses tiene como fundamento que no se demostró en el proceso el cumplimiento de uno de los cuatro requisitos necesarios para que prospere la demanda de repetición, esto es, el pago de la condena impuesta. En un acápite posterior se explicará la razón por la cual se llegó a esta conclusión.
Así las cosas, como la ejecutoria de dicha providencia ocurrió el 30 de julio de 2007, el plazo de 18 meses venció el 30 de enero de 2009, por lo que el término de caducidad de dos años se agotaba el 31 de enero de 2011.
Entonces, como la demanda se presentó el 26 de julio de 2010, el ejercicio de la acción de repetición se adelantó en tiempo oportuno; por lo expuesto, se desestima el argumento planteado en primera instancia.
En relación con la caducidad, en su recurso de apelación, la Policía Nacional indicó que a partir de lo consagrado en el artículo 2 del Decreto 1716 de 2009, la conciliación extrajudicial era un requisito de procedibilidad en los procesos de repetición, aspecto que la Sala precisará a continuación.
En primer lugar, el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 excluyó el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial en las demandas de repetición, pues solo impuso dicho requerimiento a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y de controversias contractuales, previstas por el Código Contencioso Administrativo.
Por su parte, el parágrafo 4 del artículo 2 del Decreto 1716 de 2009 dispuso que en el agotamiento de la conciliación extrajudicial “se entenderá incluida la acción de repetición consagrada en el inciso segundo del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo”, luego, esta disposición normativa hizo extensivo el mencionado requisito de procedibilidad a los procesos de repetición.
No obstante lo anterior, la Sección Tercera de esta Corporación inaplicó por ilegalidad el parágrafo 4 del artículo 2 del Decreto Reglamentario 1716 de 2009, dado que desconoció el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, norma que enunciaba expresamente las acciones frente a las cuales la conciliación extrajudicial era un requisito de procedibilidad.
Entonces, a pesar de que no era obligatorio para el Ministerio de Defensa – Policía Nacional agotar la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, se trataba de un trámite opcional que, en caso de acudir a él, se debían aplicar las consecuencias previstas por el Decreto 1716 de 2009, entre ellas, la suspensión del término de caducidad.
Esta Corporación ya tuvo la oportunidad de pronunciarse en relación con el tema de la obligatoriedad o no de agotar el mencionado req uisito de procedibilidad en las acciones de repetición, de ahí que en esta oportunidad se retomará lo dicho por la Subsección B de la Sección Tercera, en providencia fechada el 29 de febrero de 2016. Así se razonó en aquella oportunidad:
“Cabe advertir que si bien la conciliación extrajudicial en asuntos concernientes a la jurisdicción de lo contencioso administrativo fue autorizada por el artículo 59 de la Ley 23 de 1991, esta no constituye, en los términos del parágrafo 1 del artículo 37 de la Ley 640 de 2001, requisito de procedibilidad para poder adelantar la acción de repetición. La Corte Constitucional encontró razonada dicha excepción en consideración a la defensa de los intereses públicos que la acción en comento comporta y dada su obligatoriedad, así:
‘(…).,
‘En el caso objeto de la presente decisión, la Corte encuentra que la diferencia de trato conferida por la ley a la acción de repetición, en el sentido de no exigir conciliación previa a la apertura del proceso, es constitucionalmente razonable por los siguientes motivos.
‘(…).
‘El tratamiento específico que el artículo 37 de la Ley 640 de 2001 otorga a dicha acción se justifica en la medida en que el Estado no puede abstenerse de promover el procedimiento judicial respectivo. Esta obligatoriedad en la iniciación de la acción conduce a que la ley exonere al Estado de la obligación adicional de celebrar la audiencia de conciliación previo a la presentación de la demanda, como una medida que tiende a aligerar su carga procesal. Desde esa perspectiva, el objetivo de la disposición: hacer menos onerosa la carga procesal del Estado en el trámite de reparación del patrimonio público afectado por la conducta de uno de sus agentes, está acorde con los fines constitucionales de promover la prosperidad general y asegurar la prevalencia del interés general (Arts. 1º y 2º C.P.).
‘(…).
‘Por último, además de encontrarse justificada a la luz de las circunstancias particulares de la acción de repetición, es dable sostener que la medida de exclusión que se consagra en el parágrafo 1º del artículo 37 demandado también cumple con el requisito de proporcionalidad impuesto en el test de razonabilidad. En efecto, la medida en cuestión no resulta desproporcionada en relación con la posible afección del derecho al acceso a la administración de justicia, ya que la falta de obligatoriedad de la conciliación en los procesos de acción de repetición no implica que dicha audiencia esté proscrita antes y durante el trámite de los mismos, pues es visto que esta puede ser convocada en los términos de los artículos 12 y 13 de la Ley 678 de 2001’.
“Ahora, a pesar de que intentar la conciliación extrajudicial no constituye un requisito de procedibilidad para ejercer ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la acción de repetición, la Sala observa que el legislador dispuso que, en cualquier caso, en estos procesos se puede llevar a cabo conciliación extrajudicial si alguna de las partes lo solicita, y que el acuerdo que se logre deberá ser aprobado siempre y cuando no lesione los intereses del Estado” (negrilla por la Sala).
En línea con lo anterior, las consideraciones transcritas son claras en señalar que la conciliación extrajudicial no constituye un requisito de procedibilidad para demandar en acción de repetición, pero es opcional acudir a ella. De tal manera que si una entidad decide recurrir a esa alternativa, antes que a la jurisdicción, no cabe otra opción que aplicar el régimen jurídico propio de esa materia, es decir, el Decreto 1716 de 2009, tal y como lo señala el artículo 13 de la Ley 678 de 2001.
3. La demanda de repetición. Consideraciones generales. Reiteración jurisprudencial
La demanda de repetición fue consagrada inicialmente en el artículo 78 del Código Contencioso Administrativo -algunas de cuyas expresiones fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional mediante sentencia C-430 de 2000- como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de este el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.
Adicionalmente, como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este”.
Esa posibilidad también la contempló el artículo 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, según el cual “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. La Sala precisa que esta disposición normativa se refiere únicamente a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
De igual manera, el legislador expidió la Ley 678 de 2001, “por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición”.
La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales de la repetición y del llamamiento en garantía, fijando su objeto, sus finalidades, así como el deber de su ejercicio y las especificidades, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las cuales se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró algunas presunciones legales con incidencia en materia de la carga probatoria dentro del proceso.
Para resolver el conflicto que se originó por la existencia de varios cuerpos normativos que regulaban las demandas de repetición, la jurisprudencia de esta Sección del Consejo de Estado ha sido reiterada en aplicar la regla general según la cual la norma rige hacia el futuro, de modo que opera para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos.
De esa manera, si los hechos o actos en que se fundamenta un proceso de repetición sucedieron en vigencia de la Ley 678 de 2001, son sus disposiciones las que sirven para establecer el alcance de los conceptos de dolo o culpa grave del demandado, “sin perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)”.
En cambio, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena por cuyo pago se repite acaecieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la Sala, para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, ha acudido al Código Civil.
Ciertamente, el artículo 63 del Código Civil definió los conceptos de culpa grave y dolo en los siguientes términos:
“Artículo 63. La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materia civil equivale al dolo.
“Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.
“El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa.
“Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpas se opone a la suma diligencia o cuidado.
“El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (resaltado por fuera del texto original).
Como lo que se le reprocha al demandado corresponde a hechos ocurridos en 1999, antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001, será el Código Civil el parámetro normativo que se tendrá en cuenta.
4. El objeto del recurso de apelación
Vale la pena precisar que el argumento de inconformidad invocado por el apelante, Ministerio de Defensa – Policía Nacional, relacionado con el tema de la caducidad ya fue estudiado y resuelto en un acápite precedente, a saber, el relativo al ejercicio oportuno de la acción.
Ahora, en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que operó la caducidad de la presente acción y, por ello, no razonó si se encontraban acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; b) que el pago se haya realizado; c) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado y d) la culpa grave o el dolo.
Vistas así las cosas, la Subsección analizará, en el presente caso, si se encuentran reunidos todos los presupuestos anotados; en caso de que alguno de estos no se encuentre satisfecho, resultaría innecesario estudiar los demás.
5. Presupuestos de la acción de repetición
5.1. La existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la parte actora la obligación de pagar una suma de dinero
Como anexo de la demanda se aportó la copia auténtica de la sentencia condenatoria proferida el 31 de mayo de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tal providencia impuso la condena que a continuación se transcribe de forma literal (incluso con posibles errores):
“FALLA:
“PRIMERO: DECLÁRASE a la NACIÓN COLOMBIANA – POLICÍA NACIONAL administrativamente responsable por los perjuicios morales subjetivos y materiales ocasionados a los señores José Ángel Puerto Gómez y Wilmer Giovanny Montenegro Álvarez, como consecuencia de las heridas recibidas, en hechos ocurridos el día primero (1º) de mayo de mil novecientos noventa y nueve (1999).
“SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDÉNASE a la NACIÓN – POLICÍA NACIONAL, a pagar las siguientes sumas de dinero:
“(…).
“TERCERO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda”.
Así pues, en esta decisión se condenó a la Policía Nacional a pagar la indemnización de perjuicios por la que ahora se demanda en repetición.
5.2. El pago de la condena impuesta a la parte actora
Con la demanda se aportó la copia auténtica de la Resolución No. 0231, calendada el 15 de abril de 2008, expedida por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por medio de la cual se ordenó cumplir la sentencia fechada el 31 de mayo de 2007. En este acto administrativo se liquidó la condena impuesta por valor de $27’083.854,12.
En dicha resolución se dispuso que el pago se efectuaría a través del apoderado de los beneficiarios, en los siguientes términos (se trascribe de forma literal, incluidos los posibles errores):
“RESUELVE:
“ARTÍCULO 1º. Dar cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A, del 31 de mayo de 2007, ejecutoriada el 30 de julio de 2007, proceso de reparación directa No. 2001-0801; y en consecuencia disponer el pago de la suma de VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS ($27’083.854,12), en la forma como quedó expuesta en la parte motiva de la presente resolución a (…), a través de su apoderado doctor (…), identificado con (…) y Tarjeta Profesional Nro. (…) del Consejo Superior de la Judicatura.
“ARTÍCULO 2º. La Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, a través del Área Financiera – Plan Piloto – Cuenta Única Nacional, pagará la suma liquidada previos los descuentos de ley, con cargo al rubro procesal de sentencias, mediante consignación a favor de la doctora (…), en la cuenta de ahorros número (…) de Banco de Bogotá” (se destaca).
También se allegó la copia del reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), en la cual se indica que la anterior obligación se pagó el 28 de abril de 2008.
Además, se aportó con la demanda la copia auténtica del comprobante de egreso No. 1500001902 de 28 de abril de 2008, emitido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, por medio de la cual de verifica el pago de la suma de 27’083.854,12.
Expuestas las pruebas que la parte actora aportó para demostrar el pago de la suma de dinero que pretende recuperar, resulta necesario poner de presente la postura de esta Corporación frente a cómo se prueba ese hecho, para lo cual se trae a colación el siguiente fragmento jurisprudencial de esta Subsección, en relación con las demandas de repetición iniciadas en vigencia del Código Contencioso Administrativo, como sucede en este caso:
“Bajo esa misma línea de pensamiento, la Sala se ha referido a la falta de mérito probatorio con que cuentan, para efectos de acreditar el pago, las constancias o certificaciones emitidas por la propia entidad demandante, en los siguientes términos:
‘(…) la Sala resalta el hecho de que la Nación tampoco probó el pago efectuado a los familiares de la víctima dentro del proceso de reparación directa, pues sólo aportó copia autenticada de la Resolución 3371 del 9 de septiembre de 1994 por la cual reconoció y ordenó el pago de $38’084.285,oo y de la certificación expedida por el Jefe de la División de Pagaduría del Ministerio de Hacienda sobre el referido pago, sin constancia de recibido por parte de los beneficiarios (fols. 75 y 76 a 81 c. 1).
‘A juicio de la Sala, los documentos relacionados no resultan suficientes para demostrar su cumplimiento efectivo. En efecto, la entidad pública tiene que acreditar el pago efectivo de la suma dineraria que le fue impuesta por condena judicial, a través de prueba que generalmente es documental, constituida por el acto en el cual se reconoce y ordena el pago a favor del beneficiario y/o su apoderado y por el recibo de pago, de transacción o de consignación y/o paz y salvo que deben estar suscritos por el beneficiario.
‘No basta que la entidad pública aporte documentos de sus propias dependencias, si en ellos no está la manifestación expresa del acreedor o beneficiario del pago sobre su recibo a entera satisfacción, requisito indispensable que brinda certeza sobre el cumplimiento de la obligación’ (se destaca).
“Asimismo, se ha considerado que:
‘(…) la mera certificación, constancia o manifestación que expide el deudor aseverando que realizó el pago, no es prueba idónea y suficiente del mismo, dado que en esos eventos se carece de la constancia de recibo, consignación, paz y salvo, comprobante de egreso o cualquier documento que demuestre que el beneficiario de la indemnización recibió efectivamente su valor, o la declaración o manifestación de éste respecto de que realmente le fue cancelado el valor de la misma” (subrayas del original, negrillas adicionadas).
La postura reseñada ha sido sostenida por esta Subsección en varios pronunciamientos, entre los cuales pueden consultarse, por citar unos ejemplos, las sentencias de 27 de enero de 2016, proferidas en los procesos con números internos de radicación 35.894 y 39.655; de 18 de abril de 2016, expediente número 40.694 y, de 14 de septiembre de 2017, expediente número 48.643.
En aplicación del precedente judicial, se concluye que los documentos que la parte actora aportó al proceso para demostrar el pago de la condena impuesta no constituyen prueba de ello, toda vez que de su contenido no es posible deducirlo en los términos que lo exige la jurisprudencia.
No constituyen prueba del pago de una condena los documentos emitidos por la entidad que así lo indiquen, pues se requiere, además, la evidencia de que el beneficiario lo recibió a satisfacción, aspecto del cual carece el proceso.
La anterior postura debe entenderse respecto de las demandas de repetición que se interpusieron en vigencia del Código Contencioso Administrativo, como sucede en este caso, razón por la cual no resulta procedente aplicar en esta oportunidad las disposiciones normativas de la Ley 1437 de 2011 -las cuales regulan el medio de control de repetición interpuesto en su vigencia-.
Las pruebas que se arrimaron a la actuación no dejan duda de que se adelantaron los trámites para efectuar el pago de la condena, pero esto no es, en sí mismo, sinónimo de que este ocurrió. Circunstancia que, según la jurisprudencia de esta Corporación, no se demuestra con la sola afirmación del deudor, estrategia a la cual acudió la Policía Nacional a través de los mencionados documentos.
Ciertamente, en el expediente no obra el soporte de la supuesta consignación que la parte actora debió efectuar al apoderado de los beneficiarios en una cuenta del Banco de Bogotá y que, según la Policía Nacional, se habría hecho el 28 de abril de 2008.
En suma, no se demostró en el proceso que los beneficiarios de la condena recibieron el dinero, razón por la cual se modificará la sentencia de primera instancia, pues se negarán las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.
Así las cosas, la Sala no examinará los demás requisitos de prosperidad de la demanda de repetición que presentó la Policía Nacional en contra del señor José Olivo Balaguera Gelves.
6. Condena en costas
En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo estatuido en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub-Sección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia, la sentencia proferida el 29 de enero de 2015, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedara así:
PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
MARÍA ADRIANA MARÍN
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Folios 196 a 203 del cuaderno del Consejo de Estado.
Folio 37 de cuaderno de primera instancia. Folios 45 y 46 de cuaderno de primera instancia. Folios 54 y 55 del cuaderno de primera instancia. Folio 61 del cuaderno de primera instancia. Reverso folio 61 del cuaderno de primera instancia. Folios 127 a 129 del cuaderno de primera instancia. Folio 192 del cuaderno de primera instancia. Folio 199 del cuaderno de primera instancia. Folios 203 a 208 del cuaderno de primera instancia. Folios 196 a 203 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 205 a 208 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 210 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 214 del cuaderno del Consejo de Estado. Folio 216 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 217 a 230 del cuaderno del Consejo de Estado. Folios 280 a 286 del cuaderno del Consejo de Estado. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de 18 de agosto de 2009, exp. 11001-03-15-000-2008-00422-00(C); Magistrado Ponente: Héctor Romero Díaz, reiterada por esta Subsección, a través de fallo de 13 de abril de 2016, exp. 42.354, entre muchas otras providencias. Original de la cita: “Al respecto, ver autos de 11 de diciembre de 2007, Exp. 2007 00433 00, C.P. Mauricio Torres Cuervo y de 21 de abril de 2009, Exp. 2001 02061 01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez”. Original de la cita: “Cfr. autos citados”. Folios 7 a 19 del cuaderno de pruebas. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de importancia jurídica proferida el 21 de abril de 2009, radicación 25000-23-26-000-2001-02061-01 (IJ), Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, centencia con fecha de 10 de agosto de 2016, proceso 23001 23 31 000 2006 00637 01 (37.265). Artículo 11 Ley 678 de 2001: “CADUCIDAD. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total efectuado por la entidad pública.
“Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas.
“PARÁGRAFO. La cuantía de la pretensión de la demanda de repetición se fijará por el valor total y neto de la condena impuesta al Estado más el valor de las costas y agencias en derecho si se hubiere condenado a ellas, del acuerdo conciliatorio logrado o de la suma determinada mediante cualquier otro mecanismo de solución de conflictos, sin tomar en cuenta el valor de los intereses que se llegaran a causar”. Folio 24 de cuaderno de primera instancia. Este asunto no tiene relevancia para el conteo del término de caducidad, pues la Sala ya determinó que la demanda de repetición se formuló de manera oportuna; sin embargo, es un argumento de inconformidad invocado por el apelante, razón por la cual la Subsección se ocupará de este aspecto. En efecto, el artículo 13 la Ley 1285 de 2009 señaló que “siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html" \l "85" 85 [nulidad y restablecimiento del derecho], HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html" \l "86" 86 [reparación directa] y HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo_pr002.html" \l "87" 87 [controversias contractuales] del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 3 de marzo de 2010, exp. 37.765, Magistrado Ponente:
Enrique Gil Botero.
“Por el cual se reglamenta el artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34710" \l "13" 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=3992" \l "75" 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6059" \l "V" V de la Ley 640 de 2001”. Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth. Auto proferido dentro del expediente 11001-33-31-000-2010-00009-01 (47.149). Original de la cita:“ Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judicial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales, sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se ventilarían mediante las acciones previstas en los artículo 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo (…)”. Original de la cita: “Corte Constitucional, sentencia C-314 del 30 de abril de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra”. Original de la cita: “Artículos 12 y 13 de la Ley 678 de 2001”.
-Este es el contenido del artículo 12: “CONCILIACIÓN JUDICIAL. En los procesos de repetición, de oficio o a solicitud de parte, habrá lugar a una audiencia de conciliación. La entidad citada podrá conciliar sobre fórmulas y plazos para el pago y sobre el capital a pagar siempre y cuando el acuerdo que se logre no sea lesivo para los intereses del Estado. El juez o Magistrado deberá aprobar el acuerdo”.
-Artículo 13: “CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL. Siempre que no exista proceso judicial y en los mismos términos del artículo anterior, las entidades que tienen el deber de iniciar la acción de repetición podrán conciliar extrajudicialmente ante los Agentes del Ministerio Público o autoridad administrativa competente de acuerdo con las reglas vigentes que rigen la materia.
“Logrado un acuerdo conciliatorio, dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración se remitirá al juez o corporación competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efectos de que imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable”. (Se destaca). Se reiteran en este acápite las consideraciones expuestas por la Sala en sentencia fechada el 16 de julio de 2008, expediente 29.291, Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez, entre muchas otras providencias.
“Artículo 78. Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere”. Sentencias proferidas por el Consejo de Estado: i) del 14 de septiembre de 2017, proferida por la Sección Tercera, Subsección A, radicación número: 050012331000199701935-01 (48.820) y ii) del 23 de noviembre de 2017, proferida por la Sección Tercera, Subsección A, radicación número: 250002326000201200968-01 (51.015), entre muchas otras. Folios 7 a 19 del cuaderno de pruebas No.2. Folio 34 del cuaderno de pruebas. Folios 34 a 37 del cuaderno de pruebas. Folio 38 del cuaderno de pruebas. Folio 39 del cuaderno de pruebas. Sentencia fechada el 26 de mayo de 2016 proferida por esta Subsección, dentro del expediente 25000-23-26-000-2004-02031-01 (39.795).
Original de la cita: “El artículo 232 del Código de Procedimiento Civil dispone que en los eventos en que se trate de probar el pago, la falta de documento o de un principio de prueba por escrito será apreciado como un indicio grave de la inexistencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias especiales en que tuvo lugar el mismo, haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión, situación que no es común debido a la prudencia y diligencia de todas las personas que acostumbran utilizar en sus relaciones jurídicas”. Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 25.749; M.P. Ramiro Saavedra Becerra”. Original de la cita: “A juicio de la Sala, los documentos provenientes del propio deudor afirmando haber realizado el pago, no constituyen prueba suficiente para acreditarlo, máxime si se tiene en consideración la trascendencia que reviste el pago efectivo y total -no solo como presupuesto material de la sentencia estimatoria, sino, incluso, para los efectos mismos de computar el término de caducidad-, cuando se trata de instaurar una acción de repetición, buscando real y seriamente la prosperidad de las pretensiones esgrimidas en la demanda. Sentencia de 4 de diciembre de 2006, expediente: 16.887. M.P. Mauricio Fajardo Gómez”. Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de julio de 2013, exp. 46.162; M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa”. Magistrado ponente: Hernán Andrade Rincón. Magistrado ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Magistrado ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera. Establece el artículo 142: “(…) Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del daño”.
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