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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00791-02

Fecha
1 de septiembre de 2025
Consejero ponente
María Adriana Marín

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00791-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C el 26 de abril de 2017; providencia que quedará así: PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C., por la mayor cantidad de área construida por el consorcio Puente Aranda 2007, en virtud del contrato de obra n° 2230 de 2006. SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decisión, se condena al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. – FVS-, sucedido procesalmente por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a pagar al Consorcio Puente Aranda 2007 las sumas de dinero que se indican a continuación, cuyos conceptos derivan del contrato de obra n° 2230 de 2006: SUMA ACTUALIZADA A LA PRESENTE CONCEPTO PROVIDENCIA Setecientos setenta y ocho millones Mayor área construida – quinientos treinta y dos mil ochocientos Contrato n° 2230 de 2006 cincuenta y siete pesos ($778’532.857) Por el total de los Intereses Seiscientos treinta y seis millones moratorios, liquidados desde el novecientos veinticuatro mil cuatrocientos 14 de abril de 2011 hasta el 8 setenta y siete pesos con veinticinco de agosto de 2025 centavos ($636’924.477,25) 33 Radicación N° 25000-23-26-000-2011-00791-01 (60332) Demandante: Patricia Molina Fonseca y otros Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá Referencia: Acción de controversias contractuales Mil cuatrocientos quince millones cuatrocientos cincuenta y siete mil TOTAL A PAGAR trescientos treinta y cuatro pesos con veinticinco centavos ($1.415.457.334,25). TERCERO: La condena señalada en el artículo anterior sólo procede en el evento en que, a la fecha de esta sentencia, ni el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. FVS ni su sucesora procesal, Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, o quien haga sus veces, hayan pagado a la parte demandante la condena impuesta en el fallo de primera instancia. CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con lo indicado en la parte motiva de esta sentencia. QUINTO: NEGAR las pretensiones del llamamiento en garantía formulado contra […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2011-00791-02

Consejero ponente: María Adriana Marín

1 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-26-000-2011-00791-01 (60332)

Demandante: PATRICIA MOLINA FONSECA Y OTROS

Demandado: FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO: En contratos estatales –
presupuestos de la Ley 80 de 1993 – procedente en contratos celebrados a precio
global – pacto de las partes para precaver eventos previsibles – fijación por ruptura
de la ecuación contractual / INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA – Alcance
de su responsabilidad – funciones legales y contractuales – no le corresponde fijar
reajustes si no se ha previsto ello en el contrato de obra ni en el de interventoría.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra
la sentencia dictada el 26 de abril de 2017 -y corregida el 12 de julio de 2017- por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C, y en la
cual se adoptaron las siguientes determinaciones:

“PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Fondo de Vigilancia y Seguridad
de Bogotá D.C., por el no reajuste de precio y mayor cantidad de área construida
en virtud del contrato de obra n° 2230 de 2006.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decisión, se condena al Fondo
de Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. – FVS, [a] cancelar al Consorcio
Puente Aranda 2007, [por] los conceptos que se indican a continuación:

SUMA
ACTUALIZADA A
CONCEPTO
LA PRESENTE
PROVIDENCIA
Ajuste al precio del contrato $ 1.162.800.667

Mayor área construida - Contrato $ 496.533.596

Radicación N° 25000-23-26-000-2011-00791-01 (60332)
Demandante: Patricia Molina Fonseca y otros
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Acción de controversias contractuales

Total, valor actualizado a la fecha de
$ 1.659.334.263
esta sentencia
Intereses moratorios por el término de
6 años, liquidados desde el 14 de abril $ 1.194’721.2662
de 2011 hasta el 26 de abril de 20171
VALOR TOTAL A PAGAR,
ACTUALIZADO, MÁS INTERESES $2.854’055.5294
DEL 12% (6 años)3

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad
con lo indicado en la parte motiva.

CUARTO: NEGAR las pretensiones de la demanda respecto de la sociedad
interventora PAYC S.A., de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva (...).

SÉPTIMO: Teniendo en cuenta que se impone condena por valor que excede
de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales, de no ser apelada la
presente sentencia, envíese al Consejo de Estado – Sección Tercera, para surtir
trámite jurisdiccional de consulta (...)”.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los integrantes del consorcio Puente Aranda 2007 demandaron al Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá por el incumplimiento del contrato de obra n° 2230
de 2006 (que también incorporaba actividades de estudios y diseños), y por la
ruptura de su equilibrio económico, el que se alegó con fundamento en varios
hechos que, según la actora, alteraron la ecuación financiera del negocio jurídico.

El Tribunal de primera instancia determinó que la entidad demandada no había
incumplido sus obligaciones, y que tampoco se configuró el rompimiento del
equilibrio contractual, por lo cual denegó varias pretensiones condenatorias de la
demanda. Sin embargo, reconoció el reajuste del precio y el valor de la mayor área
construida por el consorcio, así como intereses moratorios sobre esos dos
conceptos, además de lo cual concluyó que la sociedad interventora PAYC S.A.,
llamada en garantía en el proceso, no era responsable por la causación de las
obligaciones declaradas en la sentencia.

1 Ítem corregido en providencia del 12 de julio de 2017. En la sentencia original se denominó el
concepto como “Intereses moratorios”.
2 Ítem corregido en providencia del 12 de julio de 2017. En la sentencia original se indicó la suma de
$199´120.211.
3 Ítem corregido en providencia del 12 de julio de 2017. En la sentencia original denominó el concepto
como “Valor total a pagar actualizado más intereses del 12%”.
4 Ítem corregido en providencia del 12 de julio de 2017. En la sentencia original se indicó la suma de
“$1.858’454.474”.

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Radicación N° 25000-23-26-000-2011-00791-01 (60332)
Demandante: Patricia Molina Fonseca y otros
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Acción de controversias contractuales

La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra tal pronunciamiento,
reprochando la condena al reajuste de precio y la exoneración de responsabilidad
que el Tribunal dispuso respecto de PAYC S.A.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 28 de julio de 2011, la señora Patricia Molina Fonseca, la sociedad Constructora
Arkgo Ltda. y los señores Mario Raúl Cabrera Manrique, Fernando Robayo Poveda
y Víctor Armando Cortés Torres, en su condición de integrantes del consorcio
Puente Aranda 2007, interpusieron demanda de controversias contractuales contra
el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá (hoy en liquidación), a efectos de que
se acogieran en sentencia de mérito las siguientes pretensiones:

“A. DECLARATIVAS

1.- Se practique en sede judicial la liquidación del contrato estatal n° 2230 de
2006.

2.- Se declare patrimonialmente responsable a la entidad pública demandada
de los perjuicios causados a los miembros integrantes del Consorcio Puente
Aranda 2007, porque incumplió el contrato de obra pública n° 2230 de 2006, por
la violación del principio de planeación, representados en obras no previstas
debidamente actualizadas; costos derivados de la ampliación de pólizas por
causas no imputables al contratista; mayor valor de obra por mayor área
ejecutada; sobrecostos administrativos derivados del mayor tiempo invertido en
la etapa de estudios y diseños por causas no imputables al contratista;
sobrecostos administrativos durante el mayor tiempo de obtención de licencias,
implantación y construcción no imputables a la actividad del contratista;
actualización de precios; y el saldo insoluto del precio del contrato estatal;
perjuicios que, dada la conmutatividad del contrato estatal, no deben quedar sin
retribución económica alguna.

3.- Se declare que la entidad es responsable del restablecimiento del equilibrio
económico del contrato, ante la necesidad de actualizar y/o ajustar los precios
del contrato de obra n° 2230 de 2006, como consecuencia de las variaciones
de precios de los insumos.

4.- Se declare que la entidad demandada incumplió con el principio de
planeación contractual, al estimar la ejecución del contrato en un plazo inicial,
en un tiempo considerablemente menor a la ejecución real, que no se
cumplieron por razones ajenas al contratista, obligándolo a permanecer mayor
tiempo en la obra (de 17 a 33 meses de ejecución), generando sobrecostos
administrativos y financieros en detrimento de su patrimonio, y por ende debe
ordenarse el reconocimiento y pago de estos perjuicios, dada la conmutatividad
del contrato estatal n° 2230 de 2006.

5.- Que se declare que la entidad es responsable de los perjuicios pretendidos
bajo los títulos de imputación desarrollados, y en últimas, en virtud del título de
imputación del no enriquecimiento sin causa contractual por parte del FONDO
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C. – FVS.

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Radicación N° 25000-23-26-000-2011-00791-01 (60332)
Demandante: Patricia Molina Fonseca y otros
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Acción de controversias contractuales

A. CONDENATORIAS

1.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene al FONDO
DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ D.C.-FVS, al pago de la suma
de cinco mil tres millones novecientos noventa y seis mil seiscientos noventa y
tres pesos $5.003.996.693, de acuerdo con la estimación realizada en anexos
explicativos, correspondiente a los siguientes conceptos:

• Obras no previstas debidamente actualizadas $1.281.863.453,06.
• Mayor valor del contrato por asumir costos derivados de la ampliación de
pólizas por causas no imputables al contratista $41.594.028,94.
• Mayor valor de obra por mayor área ejecutada $126.344.449,90.
• Sobrecostos administrativos derivados del mayor tiempo invertido en la etapa
de estudios y diseños por causas no imputables al contratista $692.555.000,00.
• Sobrecostos administrativos durante el mayor tiempo de obtención de
licencias, implantación y construcción no imputables a la actividad del
contratista $1.267.384.825,20.
• Actualización de precios $1.594’254.937,00.

2.- Se condene en costas y gastos del proceso a la entidad pública demandada
(…)".

Como hechos fundantes de tales pretensiones, la parte actora expuso, en síntesis,
los siguientes:

El 21 de diciembre de 2006, el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá (en
adelante, el FVS) celebró con el consorcio Puente Aranda 2007 el contrato de obra
pública n° 2230, con el objeto de adelantar los estudios, diseño y construcción de la
estación de policía y una Unidad Permanente de Justicia en la localidad de Puente
Aranda, por un plazo total de 17 meses. El acta de inicio fue suscrita el 28 de
diciembre del mismo año, y tras varios acuerdos de modificación, se determinó un
plazo final de ejecución de 33 meses, los cuales vencieron el 30 de abril de 2010.

El valor del contrato fue pactado en la suma de $12.886’392.550, de los cuales,
$700’000.000 correspondieron a los estudios y diseños, mientras que los restantes
$12.186’392.550 se destinarían a la construcción. En ese marco fue pactado un
anticipo equivalente al 40% del precio total del contrato, porcentaje que sería
entregado al contratista en varios abonos.

Aunque la etapa de estudios y diseños fue cumplida satisfactoriamente, en su curso
el contratista incurrió en sobrecostos por distintos conceptos, “sin su culpa”.
Asimismo, en la fase prevista para la obtención de licencias y el Plan de
Implantación acordado en el contrato, el consorcio sufrió una grave afectación
económica por causas que no le fueron imputables, pues todo obedeció a que

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Radicación N° 25000-23-26-000-2011-00791-01 (60332)
Demandante: Patricia Molina Fonseca y otros
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Acción de controversias contractuales

distintas entidades distritales dificultaron la obtención de los documentos
respectivos, demoraron las aprobaciones en cada ramo (tránsito, medio ambiente y
planeación) e incurrieron en actos que entorpecieron la normal ejecución del aludido
plan.

Obtenida la licencia de construcción el 11 de diciembre de 2008, se dio inicio al
respectivo proceso constructivo, pero con ocasión de la entonces recién expedida
Resolución n° 3673 de 2008, emitida por el Ministerio de la Protección Social para
introducir nuevas normas en materia laboral, fue necesario elaborar e implementar
una metodología para trabajos en alturas, lo cual no estaba contemplado en el
contrato inicial pero sí acarreó costos adicionales a los previstos por el contratista.
Por otro lado, el proyecto mismo fue demandando cambios y obras adicionales,
tales como rellenos en recebo, cimientos ciclópeos y filtros, todo ello ejecutado “con
la anuencia de la interventora”, aunque sin firma previa de acuerdos modificatorios,
pues en ese escenario, el consorcio ejecutó tales ítems “en aras de hacer viable y
funcional” toda la obra encomendada.

En distintos comités y reuniones, así como en comunicaciones escritas, el consorcio
evidenció la necesidad de aprobar obras adicionales y sus acuerdos de precios
unitarios APU, pero no obtuvo respuesta de la entidad contratante. Esa indefinición
del FVS afectó la ruta de trabajo y la normal ejecución de las obras, además de
impactar negativamente en el patrimonio del contratista, lo cual fue puesto de
presente ante la Administración en varias ocasiones, con el fin de que se reajustara
el precio del contrato.

Los indicados perjuicios consistieron “en un mayor valor del contrato ante motivos
que impusieron la mayor permanencia y que no son imputables al contratista”,
aunque sí repercutieron en el plazo del contrato, que fue aumentado en 16 meses
sin contar los períodos de suspensión, de tal manera que si bien el negocio jurídico
se celebró en 2006, la entrega definitiva de la obra se verificó cuatro años después,
en 2010, con grave perjuicio para el consorcio.

Según la demanda (fl. 18, c-1):

“[L]a oferta fue preparada con los precios vigentes en el mercado para los años
2006 y 2007 y proyectados para la adquisición de los insumos basados en los
incrementos históricos conocidos, pero durante el plazo de ejecución se

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Demandante: Patricia Molina Fonseca y otros
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Referencia: Acción de controversias contractuales

presentaron alzas considerables, las cuales constituyen comportamientos
imprevisibles e imprevistos, en insumos como por ejemplo el aluminio, el cobre
y los elementos metálicos, que han sido imposibles de prever y por
consiguiente, de frenar el impacto negativo que las mismas ocasionaron a la
parte financiera del contrato”.

-. La parte actora señaló, con base en lo anterior, que la entidad había incurrido en
incumplimiento por: i) no pago de la totalidad del valor real del contrato -derivado de
“las obras adicionales necesarias para el funcionamiento cabal e integral de la
Estación de Policía y la Unidad Permanente de Justicia de la localidad de Puente
Aranda”; ii) violación del deber de planeación y, iii) desconocimiento de la buena fe
contractual. Asimismo, invocó la conmutatividad de los contratos y el principio de no
enriquecimiento sin justa causa, aduciendo este último “como título subsidiario de
imputación de responsabilidad de orden contractual”, por considerar que la entidad
estatal, en todo caso, no tenía justificación alguna para enriquecerse a costa del
empobrecimiento o lesión patrimonial de sus clientes, siendo evidente que la obra
ejecutada costó “mucho más” que lo pagado por ella.

2. Trámite de primera instancia

2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección B
admitió la demanda el 31 de agosto de 2011 (fl. 54, c.1).

2.2. El FVS se opuso a las pretensiones de la demanda y, aunque aceptó como
ciertos algunos hechos expuestos en ella, subrayó que el contrato de obra n° 2203
de 2006 se pactó bajo la modalidad de precio global fijo, de suerte que el contratista
asumió todas las contingencias de la obra, desde la fase de diseño, no existiendo
ninguna condición técnica ni jurídica para “obras adicionales”, como tampoco
ninguna aprobación de la interventoría para esos efectos.

Recalcó que, si bien el contratista solicitó en su momento un incremento o reajuste
al valor del contrato, la petición fue denegada por el FVS, no siendo viable exigir
esa medida en sede jurisdiccional.

Propuso la excepción de “cobro de lo no debido”, en particular, por solicitar la actora
“condiciones patrimoniales no pactadas dentro del contrato de obra” (fl. 69, c1).

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Referencia: Acción de controversias contractuales

2.3. La entidad demandada formuló llamamiento en garantía contra la sociedad
PAYC S.A., en su condición de interventora del contrato materia de controversia.

Aunque el llamamiento en garantía fue negado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 25 de abril de 2012, la decisión fue revocada por el Consejo de
Estado mediante auto del 13 de marzo de 2014, en el cual resolvió favorablemente
la respectiva apelación y dispuso que, bajo dicha modalidad de intervención
procesal, fuera vinculada a la causa la sociedad PAYC S.A. (fls. 96-103, c. 1). La
compañía, previa notificación, compareció al proceso y en su escrito de defensa
propuso la excepción de “ausencia de incumplimiento de las obligaciones
contractuales”, por parte suya, especialmente porque, respecto de la obra, adelantó
la interventoría siguiendo siempre las instrucciones impartidas por el FVS (c-3).

2.4. El 26 de enero de 2015, se decretaron las pruebas del proceso y el 9 de febrero
de 2016, se corrió traslado del mismo para que las partes alegaran de conclusión5
(fls. 124 y 222, c.1).

2.5. En esta oportunidad procesal, la parte actora reiteró los hechos, fundamentos
y pretensiones de la demanda, al tiempo que señaló que el FVS estaba obligado a
restablecer el equilibrio económico del contrato, especialmente porque el plazo
contractual se prolongó al punto de hacer imposible el cabal cumplimiento del objeto
pactado, sin detrimento para el consorcio. Agregó que tal afectación patrimonial
debía ser resarcida en el juicio, dado que la ampliación del término acordado fue
causada por los obstáculos que varias entidades de la administración distrital
impusieron para otorgar las autorizaciones, licencias y permisos que en distintos
ramos se requerían para ejecutar el proyecto. Refirió el contenido de varias pruebas
practicadas en el proceso, y con base en ellas, solicitó que las pretensiones fueran
acogidas, insistiendo en que debía reconocerse “el valor real” del contrato, “como
consecuencia de las obras adicionales necesarias para el funcionamiento cabal e
integral de la Estación de Policía y la Unidad Permanente de Justicia de la localidad
de Puente Aranda”.

Alegó el principio de no enriquecimiento sin causa y solicitó que se reconociera, en
subsidio de las pretensiones relacionadas con el alegado desequilibrio contractual.

5 El Tribunal no dispuso expresamente correr traslado al Ministerio Público para la presentación de
su concepto de fondo.

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En cuanto a la actualización de precios aludida en la demanda, recalcó las distintas
alternativas propuestas por el consorcio y la interventoría durante el desarrollo del
contrato, destacó los tiempos que sobrepasaron el plazo inicialmente pactado,
defendió la procedencia de aplicar el IPC en la fórmula de reajuste -tema de
discrepancia con el FVS y la firma interventora en sede administrativa- y refirió que,
con base en ello, debía reconocerse por el indicado concepto, la suma de
$706’784.408,90.

2.6. El FVS subrayó que el contrato materia de controversia correspondía a la
modalidad “llave en mano sin fórmula de reajuste” y había sido pactado a precio
global fijo, de suerte que el contratista debía desarrollar todo el proyecto bajo su
responsabilidad, no siendo procedente, en su criterio, el reconocimiento de obras
adicionales. Igualmente, manifestó que si bien el consorcio había solicitado una
“ampliación del valor del contrato”, ello fue denegado por la Administración, por lo
que no le era dable a la actora solicitar ello en sede de juicio, menos cuando, según
sus palabras, el contrato había sido liquidado por mutuo acuerdo.

2.7. La llamada en garantía también reiteró lo señalado en su contestación.

2.8. El Ministerio Público guardó silencio en la primera instancia.

2. La sentencia impugnada

El Tribunal de primera instancia comenzó por establecer, como tesis del caso, que
durante la ejecución del contrato 2230 de 2006, el Consorcio Puente Aranda 2007
debió construir mayores cantidades de obra y ejecutar el objeto contractual por
tiempos prolongados, por lo que debía accederse parcialmente a las pretensiones
de la demanda, reconociendo “el ajuste de precio y mayor área construida”.

Señaló que el negocio jurídico en controversia combinaba las modalidades de
contrato “llave en mano” y precio global fijo, y que le resultaban aplicables tanto los
principios de planeación y equivalencia de prestaciones, como el derecho del
contratista a la revisión o reajuste de precios ante los eventos previstos en la ley.

Al examinar y juzgar los hechos en concreto, examinó en primer término si existía o
no responsabilidad de la interventora PAYC S.A. en la causación de los sobrecostos
aducidos por la actora, cuestión que definió con conclusión negativa, toda vez que

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Referencia: Acción de controversias contractuales

el contrato de interventoría -n° 2242 de 2006- señalaba que toda erogación derivada
de las modificaciones de la obra, introducidas por el FVS, sería responsabilidad de
este, lo cual descartaba cualquier carga para la interventoría.

Tras resaltar los puntos centrales del contrato de obra y sus modificaciones,
estableció que no estaba demostrada la ruptura de su equilibrio económico, y que
la entidad demandada, además de no ser responsable por la mayor permanencia
del contratista en las zonas intervenidas, tampoco había desatendido el deber de
planeación, como tampoco las obligaciones pactadas en el acuerdo de voluntades,
todo lo cual conllevaba a denegar reconocimientos por sobrecostos y por las obras
adicionales acordadas en el otrosí n° 2 del negocio principal, por evidenciarse,
además, que tales ítems nuevos fueron asumidos por el contratista aceptando no
variar el precio del contrato.

No obstante, consideró que el valor del negocio jurídico sí debió ser objeto de
reajuste, lo cual, incluso, fue advertido por la firma interventora en varios oficios
remitidos entre 2009 y 2010, en los que formuló ante el FVS la “alternativa n° 3”
para efectuar esa actualización. En punto a ello, advirtió que el contrato de obra,
suscrito en 2006, fue suspendido por un período de seis meses que finalizó en enero
de 2009, época en la cual se reanudaron las actividades proyectadas, pero los
insumos requeridos para la construcción registraron, naturalmente, precios
superiores a los estimados al inicio de la relación negocial.

Señaló que, si bien fue rendido en el proceso un dictamen pericial que incluyó
valores por concepto de reajuste, estos no podían ser tenidos en cuenta, por
haberse tasado únicamente con el índice de precios al consumidor IPC. En ese
sentido, determinó que la revisión del precio del contrato sólo podía hacerse con la
“alternativa n° 3” propuesta por la interventoría, por incluir el Índice de Precios para
Edificaciones Nuevas IPEN, certificado por CAMACOL6. Por ello dispuso actualizar
la suma propuesta en sede administrativa por PAYC S.A., lo cual arrojó la cantidad
de $1.162’800.667.

El Tribunal también tuvo por establecido que el consorcio había ejecutado obras en
áreas mayores a las previstas en el acuerdo de voluntades, pues mientras en este
se fijó una extensión de terreno que oscilaba entre los 10.114 y los 10.164 m 2, el

6 Cámara Colombiana de Construcción.

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Referencia: Acción de controversias contractuales

consorcio adelantó el proceso constructivo en un área total de 10.454 m 2, es decir,
290.25 m2 por encima de las medidas inicialmente delimitadas, todo ello por solicitud
del FVS y previa sugerencia de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Tras calcular el precio del área excedente y concluir que equivalía a $348’002.797,
procedió a actualizar esa cantidad a la fecha de la sentencia, obteniendo la suma
de $496’533.596 como cuantía de la “mayor área construida”.

Por último, determinó que las sumas reconocidas, actualizadas con el IPC a la fecha
del fallo, habían generado intereses moratorios del 12% anual, entre el 14 de abril
de 2011 -fecha de suscripción del acta de liquidación del contrato- y el 26 de abril
de 2017 -fecha de la sentencia-, razón por la cual debía procederse al cálculo de
dicha sanción, con base en el Decreto 679 de 1994 y en la Ley 80 de 1993. Bajo
esa línea, estableció que los intereses derivados del reajuste del precio del contrato
equivalían a $139’536.800 mientras que los causados sobre el valor de la mayor
área construida ascendían a $59’584.031, para un total de $199’120.121 anuales.

En la sentencia, el Tribunal estableció inicialmente estos resultados:

SUMA ACTUALIZADA A LA
CONCEPTO
PRESENTE PROVIDENCIA
Ajuste al precio del contrato $ 1.162.800.667

Mayor área construida - Contrato $ 496.533.596

Total, valor actualizado a la
$ 1.659.334.263
fecha de esta sentencia
Intereses moratorios $ 199.120.211
VALOR TOTAL A PAGAR,
ACTUALIZADO, MÁS $ 1.858.454.474
INTERESES DEL 12%

No obstante, corrigió lo anterior en providencia del 12 de julio de 2017, puesto que
los intereses anuales de $199’120.211 debían multiplicarse por seis, que fue la
cantidad de años en que aquellos se causaron, según el a quo -es decir, entre el 14
de abril de 2011 y el 26 de abril de 2017, como se había indicado en el fallo-. En tal
virtud, los valores fueron rectificados como sigue:

SUMA ACTUALIZADA A LA
CONCEPTO
PRESENTE PROVIDENCIA
Ajuste al precio del contrato $ 1.162.800.667

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Radicación N° 25000-23-26-000-2011-00791-01 (60332)
Demandante: Patricia Molina Fonseca y otros
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Acción de controversias contractuales

Mayor área construida - Contrato $ 496.533.596

Total, valor actualizado a la fecha de esta
$ 1.659.334.263
sentencia
Intereses moratorios por el término de 6 años,
liquidados desde el 14 de abril de 2011 hasta el $ 1.194’721.266
26 de abril de 2017
VALOR TOTAL A PAGAR, ACTUALIZADO,
$2.854’055.529
MÁS INTERESES DEL 12% (6 años)

3. El recurso de apelación

El FVS apeló la sentencia para reprochar, en primer lugar, la conclusión de que era
procedente reajustar el precio del contrato n° 2230 de 2006, pese a haberse
celebrado éste bajo la modalidad llave en mano. Con fundamento en algunas
consideraciones doctrinales transcritas en el recurso, mencionó varias
características de esa tipología contractual, resaltando la relativa al precio alzado
que en tales negocios se pacta, dado que corren por cuenta absoluta del contratista
la concepción, diseño y desarrollo de todo el proyecto, incluyendo la adquisición y
suministro de materiales, maquinaria, equipos, instalación, montajes, financiación y
puesta en funcionamiento del objeto pactado.

Fundándose igualmente en la doctrina, subrayó que el precio global que se acuerda
en el contrato llave en mano es siempre invariable, y anotó (fl. 357-358, c. ppal.):

“La necesidad de realizar un contrato llave en mano conlleva obligatoriamente
a que haya un proyecto completamente definido y preciso que sea lo que
determine el alcance y la finalidad del mismo y que correlativamente incide en
la posibilidad de que se pueda establecer un precio determinado e invariable de
carácter global (precio alzado) que no se verá afectado por las disminuciones o
aumentos de las obras a cargo del contratista".

Estimó contradictorio que en el fallo se concluyera, por una parte, el no
desconocimiento del deber de planeación, la no ocurrencia de desequilibrio
económico, el rechazo de la pretensión relativa a la mayor permanencia del
contratista en la obra y la no procedencia del pago de obras adicionales, y que por
otro lado, se impusiera condena por concepto de reajuste de precio del negocio, sin
consideración a los riesgos, responsabilidades y obligaciones que asumen los
contratistas en los negocios “llave en mano”. En criterio del impugnante, el ejecutor
de esa modalidad contractual no puede desconocer en un juicio las condiciones que

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Demandante: Patricia Molina Fonseca y otros
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Acción de controversias contractuales

aceptó al celebrar el acuerdo de voluntades, menos cuando tal aceptación involucró,
según su dicho, la fijación de un precio “sin fórmula de reajuste”.

El segundo punto de la sentencia censurado por el apelante fue la exoneración de
responsabilidad que el a quo determinó frente a la firma interventora PAYC S.A.
Desestimó, al respecto, que no se hubiera hecho extensiva a esa sociedad la
condena por concepto de reajuste del precio contractual, pese a que suscribió el
acta de liquidación del 14 de abril de 2011 sin recomendar, aprobar ni prever ese
beneficio. En ese marco, señaló que los interventores están llamados a responder
civil y penalmente, no sólo por el incumplimiento de sus obligaciones contractuales,
sino también por los hechos y omisiones que causaran daño perjuicio a la
Administración, y que les fueran imputables a ellos.

Con base en tales argumentaciones, solicitó que la sentencia fuera revocada y que,
en su lugar, se denegaran todas las pretensiones de la demanda.

En memorial del 25 de julio de 2017, el FVS se pronunció sobre la corrección del
fallo apelado, manifestando (fl. 376 c. ppal.):

Es indudable [que] el hecho de efectuar una corrección de intereses moratorios
con respecto a la sentencia proferida el 26 de abril de 2016 va en contra del
objetivo contractual debatido. Es indudable que el fallo proferido por el
Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene contradicciones en
cuanto condena al Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá sobre bases que
no están de acuerdo con los principios contractuales que se pactaron en el
contrato de obra n° 2230 de [2006] entre el FVS y el CONSORCIO PUENTE
ARANDA 2007 y la modalidad de contratos llave en mano.
Esta corrección va en contra del principio de amparo del patrimonio estatal,
donde se en causa (sic) sobre hechos contrarios a la realidad contractual
pactada.

Por lo demás, se ratificó en los planteamientos de apelación, anteriormente
reseñados.

4. Trámite en segunda instancia

4.1 El mencionado recurso fue concedido por el a quo en audiencia de fecha 5 de
octubre de 20177 y admitido por esta Corporación el 11 de diciembre del mismo año
(fl.390 c. ppal).

7 En la que, además, se declaró fallida la conciliación judicial prevista en el artículo 70 de la Ley 1395
de 2010.

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Demandante: Patricia Molina Fonseca y otros
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Referencia: Acción de controversias contractuales

4.2 El 7 de febrero de 2018, se corrió traslado del proceso a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl. 403).

4.3 El Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado solicitó que la
sentencia apelada fuera confirmada. En cuanto a la exoneración de responsabilidad
de la interventoría, señaló que esa determinación se ajustaba a derecho, dado que
la figura del interventor correspondía a la de un intermediario cuyas funciones se
circunscribían a la vigilancia del avance del contrato respectivo, pero no a garantizar
su cabal culminación y pago. En lo restante, y bajo el entendimiento de que la única
condena impuesta en la sentencia fue por concepto de “mayor área construida”,
concluyó que era procedente tal reconocimiento a favor de la parte demandante.

4.4 La sociedad PAYC S.A. se opuso al recurso de apelación, en lo relativo a la
supuesta responsabilidad que, según el censor, le asistía a dicha firma interventora
por lo que se hubiera dejado de pagar por las obras ejecutadas en el contrato
supervisado. Recalcó que su labor se limitaba a controlar y verificar que las partes
del negocio jurídico adoptaran las medidas necesarias y pertinentes para cumplirlo
con arreglo a la ley, y que en el caso concreto, cumplió con cada uno de sus
compromisos, atendiendo además las instrucciones y solicitudes de la entidad
contratante.

Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

4.5 El 31 de enero de 2019 se aceptó la cesión de derechos litigiosos hecha por el
demandante Víctor Armando Cortés Torres (integrante del consorcio Puente Aranda
2007) a favor de la sociedad Mavagire S.A. No obstante, se tuvo a dicha compañía
como litisconsorte del cedente, en razón a que la parte demandada se opuso a ese
acuerdo.

4.6. El 12 de abril de 2019, se dispuso tener a la Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia como sucesora procesal del FVS, de acuerdo con lo
establecido en el Acuerdo Distrital 637 de 2016 y los Decretos Distritales 409 de
2016 y 517 de 2017, normas que ordenaron y regularon la supresión del indicado
Fondo.

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Demandante: Patricia Molina Fonseca y otros
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Referencia: Acción de controversias contractuales

II.- CONSIDERACIONES

1. Presupuestos procesales

1.1. Jurisdicción y competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de este proceso en segunda
instancia, en los términos del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo,
modificado por la Ley 446 de 1998 –en vigor para la fecha de interposición de la
demanda-. En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de la Sala la
procedencia del reajuste del precio del contrato de obra n° 2230 del 21 de diciembre
de 2006, en el que fungió como contratante el Fondo de Vigilancia y Seguridad de
Bogotá, creado como cuenta especial mediante Acuerdo Distrital n° 9 de 1980 y
luego transformado en establecimiento público con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, en virtud del Acuerdo n° 18 de 1983, todo
lo cual hace palmaria la naturaleza pública de la entidad demandada y habilita, por
consiguiente, a esta jurisdicción para resolver el presente asunto.

1.2. Oportunidad para demandar

De conformidad con el artículo 136, numeral 10, literal c), del C.C.A., en las acciones
relativas a contratos que requirieran liquidación y ésta fuera efectuada de común
acuerdo por las partes, el término de caducidad de dos años establecido en esa
norma comenzaba a correr “desde la firma del acta”.

En el presente caso, el contrato de obra pública n° 2230 del 21 de diciembre de
2006 estaba sujeto a liquidación, de conformidad con lo establecido en su cláusula
vigésima tercera (en la que se señaló que dicho balance se sujetaría a lo regulado
en la Ley 80 de 1993). Tras culminar el término de ejecución el 30 de abril de 2010
-tal como se determinó en el otrosí 4 del 29 de marzo de ese año (fl. 432, c.19)-, el
negocio jurídico fue liquidado de manera bilateral en acta del 14 de abril de 2011 -
la que además fue también suscrita por la sociedad interventora- (fls. 84-85, c.5).

En esa medida, el plazo de caducidad que operaba en el asunto sub judice iniciaba
el 15 de abril de 2011 y finalizaba el 2 de noviembre de 2012. No obstante, la

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demanda fue presentada el 28 de julio de 2011, de suerte que su interposición se
hizo en tiempo.

2. Caso concreto

2.1. Problema jurídico

Dados los temas puntuales esbozados en el recurso presentado por el FVS, le
corresponde a la Sala establecer si el reajuste de precios dispuesto por el a quo a
favor del consorcio contratista, por razón del incremento en los precios de los
insumos para la construcción, era procedente, pese a haberse establecido la
ausencia de incumplimientos de la entidad contratante y la no ocurrencia de
desequilibrio contractual.

Asimismo, se deberá establecer si le asistía responsabilidad patrimonial a la
interventora PAYC S.A., como llamada en garantía, y frente al FVS, por las
condenas que a esta entidad se le impusieron en la sentencia de primera instancia.

2.2. Hechos Probados

Los medios de prueba que obran en el proceso fueron aportados en legal forma por
ambas partes y acreditan los siguientes hechos relevantes para la causa:

En noviembre de 2006, el FVS abrió la licitación pública FVS-LP 37-2006, con el
objeto de contratar “los estudios técnicos, el diseño arquitectónico y la construcción
de la Estación de Policía y la Unidad Permanente de Justicia de la localidad de
Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.”. Señaló que el presupuesto para dicha
contratación sería de $12.186’392.550, de los cuales, $700’000.000
corresponderían a los estudios, diseños, licencias e implantación del proyecto,
mientras que los restantes $12.185’692.550 se destinarían al proceso constructivo.

A este respecto también advirtió que el monto total señalado era “el único disponible
para cubrir la totalidad de los costos”, los cuales incluían “impuestos, imprevistos,
utilidades, administración y demás conceptos relacionados con el cumplimiento del
objeto y obligaciones del contrato” (fl. 217, c.17).

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Referencia: Acción de controversias contractuales

En el numeral 4.4.16 del pliego de condiciones se incorporó un listado de “capítulos”
que compondrían el desarrollo del proyecto, y que debían incluirse en cada oferta,
con la descripción respectiva.

Señaló la entidad que, a efectos de establecer “el marco de referencia en lo
relacionado a los precios de los diferentes tipos de construcción, el proponente
debe relacionar un cuadro que sintetice el valor de la propuesta”.

Anotó, además, lo siguiente:

En todo caso, el proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de
contratación adquiere la obligación del diseño y la construcción a precio global
de la obra contratada (fl.236, c.17).

Como resultado de la licitación, el 21 de diciembre de 2006, el FVS celebró con el
consorcio Puente Aranda 2007 el contrato de obra n° 2230 (fls. 414 al 422, c.19), con el
objeto descrito en el pliego de condiciones. En la cláusula segunda se estableció
como plazo del negocio un período total de 17 meses, cuatro de ellos para la fase
de estudios y diseños, tres para aprobar el plan de implantación y obtener las
licencias, y diez para la etapa de construcción. Asimismo, se previó que el proyecto
debía abarcar un área mínima construida de 10.114 m 2 y un área máxima de 10.164
m2 (fl. 414, c. 19).

El valor del contrato fue fijado en la suma de $12.886’392.550 COP, con la
distribución antes mencionada. El 95% de dicho monto sería pagado en abonos
periódicos, de acuerdo con las actas parciales de consultoría y obra, mientras que
el último 5% constituiría el saldo final, para pagar al consorcio “previa liquidación
del contrato”. El anticipo equivaldría al 40% del total pactado, y se descontaría en
igual porcentaje en cada pago parcial del proyecto.

En el numeral 11 de la cláusula quinta (obligaciones del contratista) se previó la
posibilidad de ejecutar obras adicionales, lo cual quedaba condicionado al concepto
de viabilidad impartido por la interventoría y a la autorización del FVS. De acuerdo
con lo estipulado, una vez cumplidos tales requisitos, debía celebrarse “el
respectivo contrato adicional”. Por otro lado, en cuanto a los acuerdos sobre ítems
no previstos y mayores cantidades de obra, éstos serían presentados por el
consorcio y la interventoría en “comité de obra”, para ser aprobados por el
representante del FVS (fl. 417, c.19).

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Radicación N° 25000-23-26-000-2011-00791-01 (60332)
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Referencia: Acción de controversias contractuales

El acta de inicio de ejecución del contrato se suscribió el 28 de diciembre de 2016
(fl. 17, c.5).

En oficio del 10 de octubre de 2007, el consorcio Puente Aranda 2007 expuso ante
la interventoría que, “cuando se vislumbraron las ambigüedades en cuanto a la
forma de pago, en relación con la naturaleza del contrato a precio global fijo, se
procedió a oficiar al contratante y a solicitar su colaboración para la generación del
modificatorio respectivo”. Agregó que las demoras, retrasos y nuevas exigencias
determinantes para el proyecto habían obligado a las partes a “realizar más de 19
modificaciones” que luego se reflejaron en la definición y determinación de los
estudios técnicos, alterando ello, a su vez, el programa de trabajo, de modo que el
desfase de tiempo no era imputable al contratista, y no resultaba consecuente
seguir realizando los comités de diseño mientras no se resolviera y legalizara la
modificación al contrato (fls. 735-736, c.18).

No obstante, en comité de coordinación de diseños del 8 de noviembre de 2007, la
interventoría solicitó al contratista que estudiara “el tema de las fórmulas de reajuste
de precios por cambio de año”, de acuerdo con la petición del gerente del FVS (fl.
744, c.18). Durante esta fase del proyecto, no hubo acuerdo alguno tendiente a
modificar la modalidad de pago del contrato, ni a reajustar su valor.

El contrato n° 2230 de 2006 fue objeto de varias modificaciones. El primer otrosí
fue suscrito el 12 de octubre de 2007, con el objeto de prorrogar por seis meses el
plazo contractual, manteniendo el valor inicialmente pactado; y el segundo,
convenido el 31 de enero de 2008, además de ampliar el período de ejecución por
el mismo término del otrosí número 1, previó una actividad de demolición por la
suma de $66’000.000 (fls. 424 – 428, c. 19).

El otrosí n° 3 fue firmado el 22 de diciembre de 2009, fecha en la cual el negocio
jurídico había sido suspendido en dos oportunidades. Nuevamente las partes
dispusieron prorrogar el término contractual en tres meses, para culminar
íntegramente el proyecto, que para ese momento registraba un avance del 76.72%,
“con un retraso de 26 días” (fl. 429, c. 19).

Por último, los partícipes del negocio jurídico volvieron a modificarlo en el otrosí n°
4, del 29 de marzo de 2010, disponiendo que el plazo definitivo del contrato

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Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Acción de controversias contractuales

vencería el 30 de abril de ese mismo año, debido a que un paro de transportadores
había imposibilitado la entrega de la obra en el mes de marzo, como se tenía
previsto (fl. 432, c.19).

En cuanto a las suspensiones, la primera de ella fue acordada en acta del 12 de
junio de 2008, en la cual se señaló que por causas no atribuibles a las partes, las
licencias requeridas y el plan de implementación se encontraban aún en estudio, y
se dispuso dicho cese “hasta el día hábil siguiente a la expedición de la respectiva
licencia de construcción”, sin que la medida ocasionara erogaciones adicionales
para el FVS (fls. 297-298, c.6).

En acta posterior (del 12 de diciembre de 2008), se amplió la suspensión hasta el
13 de enero de 2009 (fls. 299-300, c.6). El 14 de enero siguiente, en efecto, se verificó
el reinicio de las obras (fl. 303), cuyo recibo final, a su vez, quedó constatado en
cuatro actas suscritas el 3 de mayo, el 24 de mayo, el 30 de julio y el 30 de
noviembre de 2010, por haber quedado pendientes unas actividades (fls. 1499 - 1511,
c.12). No se acordó en tales instrumentos ninguna medida relativa al valor del

contrato.

Durante el desarrollo de la fase constructiva se adelantaron comités de obra en
forma periódica. En los que se llevaron a cabo en mayo y julio de 2009, el consorcio
solicitó reunirse con la gerencia del FVS para acordar un ajuste al presupuesto del
contrato (cuaderno n° 11). No se expuso en las actas el motivo específico del ajuste
pedido, como tampoco respuesta alguna de la interventoría ni del FVS, más allá del
compromiso de dar trámite administrativo a la petición.

En comunicación del 24 de marzo de 2009, el contratista le indicó a la interventoría
que, con ocasión de las suspensiones y prórrogas del negocio jurídico, y con el
propósito de “dar respuesta a la solicitud del Fondo de Vigilancia y de la
interventoría, planteada en varios comités, relacionada con una fórmula de ajustes
para continuar con la igualdad económica del contrato”, ponía en consideración
dicha fórmula, con aplicación del IPC. Si bien no refirió sumas concretas de dinero,
recalcó que pedía el ajuste únicamente respecto de la fase de construcción -
excluyendo la de estudios y diseños-, toda vez que la obra debió haber terminado
en marzo de 2008, no siendo ello posible por los acuerdos antes señalados ( fls. 755-
756, c.18).

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El 5 de mayo de 2009, el consorcio señaló que aún estaba pendiente la definición
de los costos de varios ítems adicionales, dado que ello se supeditaba a la
aprobación de la fórmula de reajuste del precio contractual, en la medida en que
algunos de los precios base para determinar el valor de dichos ítems estaban
definidos en el presupuesto principal (fl. 762, c. 18).

En comunicación de fecha 27 de mayo de 2009, la interventora PAYC S.A. señaló
que, “después de analizar todos los argumentos” del contratista, estimaba viable el
reconocimiento del reajuste por él solicitado, y reiteró que ya había dado una
recomendación favorable al respecto el 7 de mayo de ese año, aplicando el Índice
de Precios al Consumidor IPC (fl. 73, c.3).

Precisó que, aun cuando el FVS le pidió a la interventoría aplicar el ICCV (Índice
de Costos de la Construcción de Vivienda), no estimaba procedente esa alternativa,
por cuanto dicho indicador sólo aludía a proyectos de vivienda de interés social,
razón por la cual proponía utilizar, en su lugar, el Índice de Precios de Edificaciones
Nuevas IPEN, para el objeto del contrato 2230 de 2006.

Agregó:

Por consiguiente, teniendo en cuenta los índices del IPEN del período
comprendido entre el mes de JULIO 2007, fecha en que se debió iniciar la obra,
y ENERO 2009, fecha de suscripción del Acta de Reinicio, con el espíritu de
conservar la figura de contratación del Precio Global Fijo, la propuesta de la
interventoría sería la siguiente (...):
Ajuste = Valor Contrato Obra - Anticipo invertido x Total IPEN (JULIO 2007 -
ENERO 2009)
Ajuste = ($12.186’392.55000 - $2.118’238.57680) x 8.64%8
Ajuste = $10.068’153.97320 x $8.64%
TOTAL, AJUSTE = $869’888.50328

Lo anterior, según PAYC, teniendo en cuenta que, a corte del 31 de diciembre de
2008, el consorcio había invertido “$2.118’238.57680” del anticipo en gastos de
obra, de suerte que debía tenerse como “valor base para la aplicación del reajuste”,
la suma de “$10.068’153.97320”.

Esta segunda propuesta fue reiterada por la interventora el 18 de agosto de 2009,
al incorporarla en un informe de proyección del presupuesto “completo” del

8 Porcentaje total calculado por la interventora, tras sumar todos los valores del IPEN registrados
durante el período referido.

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Referencia: Acción de controversias contractuales

contrato, que además incluía los costos de obras adicionales (fls. 75-81, c.3). Asimismo,
en oficio del 24 de agosto de 2009 -en el que resumió el desarrollo del negocio
jurídico, sus modificaciones y su estado de cumplimiento-, insistió en que existían
“razones suficientes para que el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
reconozca un reajuste (…) por valor de $869’888.50328” (fl. 82-86, c.3).

En comunicación del 15 de octubre de 2009, el consorcio reiteró ante el FVS la
solicitud de actualización de precios, subrayando la falta de respuesta desde el mes
de marzo. Asimismo, solicitó ampliar el plazo del contrato por 90 días más, dadas
las contingencias allí descritas, que atribuyó a la Administración (fl. 769, c. 18). En la
misma fecha se adelantó el comité de obra n° 37, en el cual se consignó como
asunto pendiente el “ajuste [del] valor del contrato por cambio de año”, sin más
pronunciamientos (fl. 247, c.3).

El 22 de enero de 2010, el consorcio presentó ante el FVS una “propuesta
alternativa” de ajuste de precios, con base en los índices de costos establecidos
por CAMACOL, resaltando que solicitaba esa actualización únicamente para la
etapa constructiva (fl 775, c. 18).

El 10 de febrero del mismo año, el contratista insistió en el reajuste del valor pactado
en el acuerdo de voluntades y solicitó el reconocimiento del desequilibrio
contractual; lo primero por la suma de $1.300’000.000, y el reajuste, por
$1.400’000.000. Recalcó que las causas de la prolongación del término contractual
no eran imputables al consorcio (fl. 777, c. 18). Ello fue reiterado en comunicación del
23 de febrero de 2010.

Obra en el proceso el documento denominado “Acta de reunión actualización de
precios y otros”, adiada el 25 de febrero de 2010, pero sin firma alguna de las
partes, del supervisor del contrato ni de la interventoría (fl. 153, c.3). Allí aparece
consignado que, según el contratista, la actualización de precios había sido
solicitada en 2008, y que en “actas” suscritas por la interventoría y por funcionarios
del área de Infraestructura que ya no estaban vinculados, se “acordó aplicar una
fórmula basada en el IPC”, lo cual había sido aceptado “por la gerencia del Fondo”.
Ante tal afirmación del consorcio, según el “acta”, se le solicitó que aportara los
acuerdos que adujo.

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De otro lado, en el mismo documento se hizo referencia a supuestas discrepancias
entre el contratista y la interventoría sobre el índice aplicable en la fórmula de
reajuste, lo que derivó en el pretendido compromiso de la Administración y PAYC,
de enviarle al consorcio los soportes de sus propuestas.

Mediante oficio del 10 de marzo de 2010, la interventora presentó ante el FVS la
que denominó “3a alternativa a la solicitud de Reajuste del Valor del Contrato 2230-
2006”, estructurada sobre los índices de CAMACOL y se elaboró teniendo en
cuenta “el período comprendido entre el mes de julio [de] 2007, fecha en que se
debió iniciar la obra, y enero [de] 2009, fecha de suscripción del acta de reinicio”.

Tras enlistar los índices registrados en ese interregno, dio aplicación a la fórmula,
lo que arrojó la suma de $849’391.560, como valor de la actualización propuesta
(fl.71, c.3).

El 15 de marzo de 2010, el FVS dio respuesta a las peticiones del consorcio y
manifestó que se encontraban en estudio, además de haberse “realizado con su
presencia, un primer comité el día 25 de febrero de 2010 en el área de
infraestructura, del cual se ha desprendido la necesidad de analizar por su parte las
cifras suministradas por la interventoría y contempladas por el FVS”, por lo cual era
necesario continuar con el proceso en un nuevo comité (fl. 783, c. 18).

El 3 de mayo de 2010 se suscribió el acta de recibo final de la obra, dejándose
constancia de varios ítems “pendientes” que fueron revisados y reiterados el 24 de
mayo del mismo año. Posteriormente, el 30 de julio de 2010 se dejaron consignadas
las últimas actividades aún faltantes, recibidas finalmente el 30 de noviembre de
esa anualidad.

El 10 de mayo de 2010, el consorcio insistió en que debía reconocerse el reajuste
del valor del contrato, por la prolongación de su plazo, con fundamento en el IPC.
Para ese efecto, propuso la fórmula respectiva y señaló que la suma que debía
reconocerse era de $1.594’254.937 (fl. 196, c.7). Recalcó que, a la fecha de esa
comunicación, no existía un pronunciamiento definitivo del FVS, sino sólo la
indicación de que el asunto relativo a la actualización del precio se encontraba aún
en estudio.

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El 21 de septiembre de 2010, PAYC S.A. y el consorcio suscribieron el documento
denominado “Acta de liquidación de obra”, en la que se indicó como valor final de
todo el contrato la suma de $12.886’392.550, con un saldo por pagar equivalente a
$190¿089.885, ya que, de acuerdo con la facturación presentada durante el
desarrollo del proyecto, los pagos ya realizados ascendían a los $12.490’742.120.
Se especificó, igualmente, que el valor del anticipo amortizado era de
$4.890’790.066, por lo que el saldo por amortizar era de $263’766.954 (fls. 87-89, c.5).

El contratista señaló que se reservaba el derecho a reclamar judicialmente “el
reconocimiento de los perjuicios patrimoniales derivados de la ejecución [del]
contrato”.

-. El 14 de abril de 2011, las partes del contrato n° 2230 de 2006 y la interventora
PAYC S.A. suscribieron el acta de liquidación de dicho negocio jurídico (fls. 84-85, c.5).

En dicho corte de cuentas se dejó establecido que ya se había amortizado el saldo
del anticipo, equivalente a $263’766.954, y que, de acuerdo con las operaciones ya
efectuadas sobre toda la facturación del proyecto, el valor final del contrato fue de
$12.886’392.550, con un saldo a favor del contratista por $190’089.886.

El consorcio manifestó no poder declararse a paz y salvo y que reclamaría
judicialmente los perjuicios patrimoniales derivados de la ejecución del contrato, los
que enunció en los mismos términos de la demanda sub judice (fl. 85, c.5).

-. La interventoría ejercida por PAYC S.A. al contrato de obra n° 2230 de 2006, se
adelantó por virtud de lo pactado entre dicha sociedad y el FVS, en el contrato de
consultoría n° 2242 de 2006 (fls. 630-641, c.8), el cual culminó en forma definitiva
el 1 de mayo de 2010, según el acta de liquidación por mutuo acuerdo que fue
aportada al proceso, y que si bien no registra la fecha en que tal balance se llevó a
cabo, se acompañó con la aprobación impartida por el FVS, el 22 de noviembre de
2010, para pagar a la firma interventora el saldo resultante de dicha liquidación (fls.
1421-1423, c.12).

2.3. Análisis de la Sala

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Referencia: Acción de controversias contractuales

2.3.1. El reajuste del precio del contrato

La Ley 80 de 1993 -a la cual se sujeta el contrato materia de controversia, dada la
naturaleza del FVS como entidad pública9, y en tanto sus contratos no están
excluidos de la regulación de ese estatuto- establece la procedencia del reajuste del
precio y de su revisión, como herramientas para salvaguardar el equilibrio
económico contractual. Así, en el artículo 4, numeral 8, establece dicho estatuto:

Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades
estatales:
(…)
8. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras
existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado
licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. Para
ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los
procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los
supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.

En ese sentido, y particularmente en el marco del EGCAP, el reajuste del precio
constituye una medida autorizada por el legislador con el propósito de que, durante
la ejecución de los contratos estatales10, se mantenga la equivalencia prestacional
acordada y procuren preservarse, en orden a ello, las condiciones económicas y
técnicas existentes en el momento de presentación de la propuesta o de celebración
de la contratación respectiva, según el caso. Se orienta, por tanto, a mitigar el
impacto que puedan tener en el negocio jurídico, y especialmente en la
sostenibilidad financiera de su ejecución, determinadas contingencias tales como la
inflación, la devaluación de la moneda o las variaciones de precios de determinados
insumos.

Dado que tales fenómenos son generalmente previsibles en el devenir económico
del país, el reajuste de precios suele pactarse en las cláusulas del contrato bajo el

9 Como anteriormente se señaló, el FVS es un establecimiento público del orden distrital, con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, dado lo establecido en el
Acuerdo n° 18 de 1983. En esa medida, el FVS es una entidad pública en los términos del artículo 2
de la Ley 80 de 1993, sin que haya norma legal que excluya de la regulación de ese estatuto, los
contratos celebrados por aquel.
10 Cabe señalar que el reajuste de precios, naturalmente, también procede en los contratos del
Estado excluidos del EGCAP, y/o regulados exclusivamente por el derecho privado, en virtud del
principio de la autonomía de la voluntad y de otros relativos a la conmutatividad de los contratos, la
prohibición del enriquecimiento sin justa causa y la revisión del contrato por operar la teoría de la
imprevisión.

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Referencia: Acción de controversias contractuales

uso o fijación de fórmulas de actualización que permitan mantener el valor real de
los costos respectivos, durante todo el tiempo en que el objeto contractual se
desarrolle o ejecute. Con todo, si las partes guardan silencio y no se establece en
el contrato ni en el pliego de condiciones ninguna medida de actualización o ajuste
del precio, ello no es óbice para que dicho mecanismo se acuerde e implemente
ante la ocurrencia de fenómenos que alteren efectivamente el equilibrio económico
del contrato, bien sea que las partes así lo convengan en vigencia del mismo, o bien
porque resulte procedente su reconocimiento en sede judicial, previa demostración
de la ruptura de la ecuación contractual y de las condiciones que hayan impedido la
adopción de medidas en el curso del negocio jurídico -de acuerdo con las
circunstancias de cada caso-11.

Como lo ha sostenido la jurisprudencia12:

[L]a figura del reajuste de precios es una medida preventiva, frente a una
situación previsible que puede afectar el resultado económico final del contrato
en contra de cualquiera de las partes, y que se soluciona mediante la inclusión,
en el mismo, de la respectiva cláusula de reajuste, normalmente mediante una
fórmula matemática. Y, por lo tanto, es un mecanismo que tiende a preservar la
naturaleza conmutativa de los contratos y a garantizar que la equivalencia
inicialmente acordada entre prestaciones y contraprestaciones, entre derechos
y obligaciones a cargo de las partes, se mantenga a lo largo de la ejecución, en
tal forma que la remuneración recibida finalmente por el contratista corresponda
a la que él previó obtener cuando propuso y cuando contrató con la
Administración.
Se advierte, en consecuencia, que si bien los contratos son obligatorios para
las partes en los términos en que libremente ellas decidieron comprometerse,
esto no significa que, en todos los casos, a pesar de las vicisitudes que se
puedan presentar ajenas a su voluntad, deban ejecutarse las prestaciones aún
en condiciones que impliquen un alto grado de desventaja para una de ellas,
pues bien puede, si así lo considera pertinente, pedir la revisión del contrato en
los términos que le permite la ley (…).

11 A este respecto, ha dicho la Corporación: “El reajuste de precios del contrato busca impedir que
las variaciones de los factores que son determinantes en el precio, por fenómenos económicos como
la inflación o el aumento de costos, afecten el equilibrio económico del contrato. Por ello, es usual
pactar fórmulas actuariales que permitan ajustar los precios iniciales, con fundamento en las
variaciones de sus componentes en el mercado, para que correspondan a la realidad de los costos
en el momento de ejecución de las prestaciones a cargo del contratista. La ausencia de pacto de
cláusula de reajuste no impide que el contratista reclame vía judicial la actualización de los precios.
En este evento, el afectado deberá acreditar la variación negativa de precios y la incidencia de esta
variación en su ecuación de costos”. (Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo –
Sección Tercera – Subsección C. Sentencia del 28 de octubre de 2019, exp. N° 07001-23-31-000-
2000-00448-01 [29054]. C.P. Guillermo Sánchez Luque. En el mismo sentido, ver entre otras, las
sentencias dictadas por la Subsección B el 28 de mayo de 2012, exp. N° 25000-23-26-000-2000-
00792-01 [23043], C.P. Danilo Rojas Betancourt; y por la Subsección A, el 19 de junio de 2020, exp.
N° 25000-23-26-000-2002-01790-02 [40289]).
12 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A.
Sentencia del 10 de septiembre de 2021, exp. N° 05001-23-31-000-1998-03972-01(44977).

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Aunado a ello, el artículo 27 de la misma Ley 80 de 1993 impone mantener en los
contratos estatales la equivalencia entre los derechos y obligaciones pactados por
las partes, y adoptar medidas correctivas cuando dicha equivalencia se altere por
cualquier causa imprevisible, siendo procedente para tales efectos la firma de los
acuerdos y pactos que resulten necesarios para fijar soluciones. especialmente en
cuanto a la cobertura de los sobrecostos13.

Cabe anotar, en punto a estas premisas, que el reajuste de precios es procedente
incluso en los contratos a precio global, pues, si bien en estos la remuneración del
contratista tiene un carácter fijo que, en principio, incluye desde su oferta y pacto la
cobertura de sobrecostos financieros por mayores cantidades de obra, mayor
permanencia y otras contingencias previsibles, correspondiéndole al contratista
culminar el objeto pactado con los recursos estimados desde el comienzo14, es
igualmente cierto que los negocios jurídicos así pactados -a precio global- también
pueden estar sujetos al rompimiento de su equilibrio económico, por lo cual las
partes pueden establecer en el mismo contrato fórmulas de reajuste del precio
global allí estipulado, a fin de mantener el contrato en valores reales contra el
transcurso del tiempo, o pueden acudir a dicho mecanismo cuando se presenten
eventos anormales y extraordinarios que durante el desarrollo del negocio jurídico
alteren la ecuación existente en la fecha en que se celebró.

A este respecto, la Sala destaca que el valor pactado como precio global no implica
que en él quede comprendido el pago de obras ajenas al objeto convenido ni el
cubrimiento de perjuicios por incumplimiento; esa modalidad no constituye en

13 “En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones
surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se
rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo
posible las medidas necesarias para su restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía,
condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e
intereses, si a ello hubiere lugar (…). En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas
necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma
o en la siguiente vigencia de que se trate.”
14 Sobre la naturaleza y alcance del contrato estatal a precio global, ha dicho la Corporación: “[E]n
el contrato de obra a precio global, el contratista asume la ejecución total de la obra hasta su entrega,
lo que implica que, si debe emplear mayores o menores cantidades de obra para completarla, ello
es en principio un riesgo intrínseco a su labor, pues la entidad contratante tan solo deberá pagar la
suma fija pactada30. Esta modalidad de precio busca que las partes estimen anticipadamente cuáles
son los riesgos y factores que podrían incidir en la construcción de la obra pues la suma global fija
que se pague corresponderá a su valor, sin que la entidad contratante deba incurrir en mayores
costos por la ejecución de mayores cantidades; de allí que sea el contratista el que tiene una mayor
carga de confeccionar su propuesta teniendo en cuenta la apreciación de las circunstancias que
podrían incidir en la terminación de la obra”. (Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo – Subsección A. Sentencia del 8 de junio de 2022, exp. N° 250002336000201500519-
01. C.P. José Roberto Sáchica Méndez).

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manera alguna cláusula de exoneración de responsabilidad ni comporta la asunción
de riesgos anormales o imprevisibles, lo cual, se reitera, no obsta para que las
partes establezcan el reajuste de precio como medida para mantener en el tiempo
la ecuación contractual, ni para que en determinados casos deba restablecerse el
equilibrio económico por esa vía, siempre y cuando se demuestre la variación
negativa de precios y su incidencia en la ecuación de costos15.

Ahora, en este punto es de subrayar, igualmente, que la Ley 80 de 1993, al autorizar
en su artículo 4 - 8, el reajuste y la revisión de precios, no hizo distinciones respecto
a la modalidad de la remuneración ni sobre categoría o elemento contractual alguno,
por lo que, bajo ese prisma legal no resulta admisible el argumento esbozado por la
parte actora, en cuanto a que no podía operar la revisión de precios en el contrato
de obra n° 2230 de 2006, por haberse pactado éste en modalidad global, bajo la
figura que se ha denominado “llave en mano”. Si la finalidad del reajuste de precios
es mantener en valor presente el precio del contrato, con el subsecuente propósito
de preservar la ecuación contractual, mal puede excluirse de tal dinámica el contrato
celebrado a precio global asignando total autonomía y responsabilidad al contratista
en la estructuración del proyecto, pues incluso esa tipología de contrato estatal
puede recibir el impacto de fenómenos extrínsecos, como las fluctuaciones
económicas y las demás variables antes anotadas. Cosa distinta es que, bajo el
precio global, la distribución de los riesgos del contrato genera usualmente mayores
cargas para el contratista, quien debe entonces aprovisionarse, desde el comienzo,
de un capital suficiente, claramente cuantificado ante la Administración, que pueda
cubrir hasta los sobrecostos que lleguen a surgir por las contingencias de previsible
impacto en el negocio jurídico. Pero ello no impide que en el contrato a precio global
puedan pactarse fórmulas para reajustar periódicamente el valor de la
remuneración, como tampoco que se acuerden y apliquen cuando el equilibrio
contractual resulte alterado durante el desarrollo de su objeto.

Ahora, sin perjuicio de lo anterior, lo que encuentra la Sala al examinar el caso
concreto es que no concurrieron los elementos para que procediera a favor de la
demandante el reajuste reprochado por el censor en el recurso de apelación, de
suerte que debe revocarse el reconocimiento que por ese concepto se otorgó en el
fallo impugnado; pero no porque el contrato se hubiera celebrado a precio global,

15 Al respecto, consultar, entre otros, la sentencia dictada por el Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A el 18 de noviembre de 2024, exp. N°
05001233300020130152601 (68.539). C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

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sino porque los presupuestos para la operabilidad del reajuste no se cumplieron en
el sub judice.

Así, se evidencia que no se previó ni estableció, en el pliego de condiciones ni en el
contrato de obra n° 2230 de 2006, fórmula alguna de reajuste del precio, menos por
la contingencia específica relativa al eventual incremento en el valor de los insumos
necesarios para cumplir el objeto contractual -que fue la única base sobre la cual el
a quo dispuso ese reconocimiento-. Tampoco hubo convenio de actualización de
precios en los otrosíes suscritos durante la etapa constructiva, ni en ningún
documento con efectos obligacionales para las partes firmantes del negocio
principal.

Ciertamente, en el proceso está demostrado que el consorcio solicitó, en varias
oportunidades, el reajuste del valor contractual de toda la obra (fase constructiva),
y que la interventoría recomendó acoger esa petición, presentando varias
alternativas para el cálculo respectivo. Sin embargo, tanto la petición del contratista
como la aquiescencia la firma interventora se fundamentaron únicamente en la
prolongación del término contractual -dispuesta por las propias partes en los
acuerdos de prórroga y de suspensión del contrato-, y propusieron sumas para la
totalidad de la obra contratada, sin estimación ni detalle de los sobrecostos
específicamente causados, menos en cuanto a incrementos en los precios de
insumos. Por lo demás, la petición del consorcio nunca llegó a acogerse por el FVS,
por lo que el término del contrato culminó sin que las partes suscribieran acuerdo
alguno para reajustar el precio de la obra ni el pactado para todo el negocio jurídico.

Así entonces, no habiéndose previsto en el contrato n° 2230 de 2006 ni en el pliego
de condiciones respectivo, fórmula alguna de ajuste de valores para ninguna de las
fases del proyecto, la actualización o revisión del precio de la obra sólo resultaba
procedente si se hubiera verificado y demostrado el rompimiento del equilibrio
económico del contrato. No obstante, el desequilibrio contractual alegado en la
demanda fue desestimado por el Tribunal de primera instancia, y esa conclusión no
fue refutada ni desvirtuada por la parte interesada, de suerte que, si en el juicio
quedó establecido que no se probó la ruptura de la ecuación económica del
contrato, no hay lugar a reconocer reajuste al valor del contrato, menos cuando no
figura en la causa soporte alguno que revele alzas en el valor de uno o más insumos
necesarios para la obra pactada, que hubieran incidido en la excesiva onerosidad
del contrato, en detrimento del consorcio.

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En esa medida, deberá revocarse la sentencia apelada en cuanto ordenó el
reconocimiento de reajuste al valor del contrato, sobre la base del aumento en el
precio de insumos, sin determinación de éstos, sin haberse pactado ese mecanismo
en el contrato y pese a haberse establecido en el caso concreto, que no hubo ruptura
del equilibrio contractual.

2.3.2. La responsabilidad de la interventora

Alega la entidad demandada, apelante en el sub judice, que PAYC S.A. no debió
quedar exenta de responsabilidad por la condena impuesta al FVS en el fallo de
primer grado, “en cuanto al reajuste de precios”, toda vez que fue esa firma
interventora la que suscribió las aprobaciones de la obra sin incluir en las actas, ni
en la liquidación de la construcción entregada, actualización alguna del precio
pactado. En torno a este punto, subrayó que los interventores están llamados
legalmente a responder “civil y penalmente, tanto por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato, como los (sic) hechos u omisiones que le fueran
imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la
celebración y ejecución de los contratos respecto a los cuales hayan ejercido las
funciones de interventoría” (fl. 358, c. apelación).

Como ya se anotó, en la presente instancia se revocará la decisión adoptada por el
Tribunal de primer grado, en cuanto le impuso al FVS reconocer a la parte
demandante el valor del reajuste del contrato, lo que sería suficiente para prescindir,
de entrada, de analizar el cargo de apelación referente a la alegada responsabilidad
de la firma interventora por esa condena, máxime cuando los argumentos de la
alzada dejaron por fuera de ese debate la orden de pago de la mayor área
construida, concepto que también fue reconocido por el a quo, pero sobre el cual
guardó silencio la parte pasiva en su escrito impugnatorio.

Sin embargo, no está de más recalcar que, ni por virtud de la ley ni por disposición
contractual alguna, era función de la interventoría establecer o fijar reajustes de
precios en las actas de recibo de la obra o en el instrumento en que la misma fue
liquidada por PAYC S.A. y el consorcio contratista. El contrato de consultoría n°
2242 de 2006 no radicó en esa sociedad ninguna obligación orientada a establecer
valores o a cuantificar ítems sobrepasando lo fijado en el pliego de condiciones del
proyecto sujeto a interventoría y en el contrato de obra n° 2230 de 2006. Si en
ninguno de tales documentos se previó el mecanismo de reajuste, mal podía

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exigírsele a la firma interventora que actualizara los precios del contrato, pues tal
proceder habría constituido una extralimitación de sus funciones, dado que su papel
sólo se circunscribía a inspeccionar la adecuada ejecución del proyecto y verificar
la conformidad de lo entregado con las especificaciones técnicas aplicables, así
como con los parámetros fijados tanto por la entidad estatal como por el propio
contratista al diseñar y estructurar el proyecto. No se duda que estas actividades
involucraban el estudio y aprobación previa de las obras y de las cuentas del
contrato, pues la interventoría de PAYC S.A. incluía el componente financiero del
proyecto, pero ello no implicaba que esa sociedad estuviera obligada, habilitada o
autorizada para fijar o reconocer reajustes no establecidos en el clausulado de la
interventoría ni en el contrato de diseño y obra.

Distinto era que, frente a la solicitud de reconocimiento de esos reajustes,
presentada por el consorcio, el FVS hubiera requerido a la interventora para que
evaluara la procedencia del beneficio, pero era a las partes del contrato n° 2230 de
2006 a quienes, dado el caso, les habría correspondido acordar y aplicar ese
mecanismo16.

Es claro que el artículo 53 de la Ley 80 de 1993 establece en su inciso segundo la
responsabilidad civil, fiscal, penal y disciplinaria de los interventores, tanto por el
incumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría como por los
hechos u omisiones derivados de la celebración y ejecución de los contratos sujetos
a su fiscalización, pero la propia norma condiciona justamente esa responsabilidad
a que los perjuicios que por tales circunstancias se causen a la Administración,
“provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor,
de las obligaciones que a éste le correspondan conforme al contrato de
interventoría”, pero no por no haber decidido aspectos que no estaban sujetos a su
vigilancia ni aprobación, y que eran de exclusiva competencia de la entidad
contratante, o bien, de las partes del contrato de obra.

16 Al respecto, la jurisprudencia ha señalado: “[H]ace parte de la naturaleza del contrato que el
interventor controle, supervise, vigile, fiscalice las obras, pero no que elabore presupuestos,
cantidades y especificaciones técnicas, razón por la cual, desde una perspectiva de lo que es natural
al contrato, un interventor no está obligado a cumplir con tales actividades, salvo que dentro del
clausulado correspondiente, en el caso sometido al análisis de la Sala, hubiera asumido esa
obligación de manera expresa, dado que la autonomía de las partes –como fundamento básico de
la contratación de acuerdo con los artículos 1602 del Código Civil 10 y 32 de la Ley 80 de 199311,
entre otros– permite que los particulares y el Estado acuerden libremente sus obligaciones y
derechos, en tanto que con ello no se afecte el orden público”. (Consejo de Estado – Sala de lo
Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 28 de febrero de 2013,
exp. N° 25000-23-26-000-2000-00732-01 [24266], C.P. Danilo Rojas Betancourth).

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Por ello, más allá de la improcedencia de la condena por reajuste del valor del
contrato, en todo caso también resultaba desestimable la responsabilidad que el
FVS pretendió endilgar a la interventora PAYC S.A., por esa causa.

-. De otro lado, en cuanto a la pretensión de liquidación judicial del contrato, se
advierte que el Tribunal de primera instancia no emitió pronunciamiento expreso al
respecto. Sin embargo, dio cuenta, como ahora lo hace la Sala, de que el negocio
jurídico materia de controversia fue liquidado por mutuo acuerdo entre las partes el
14 de abril de 2011, como anteriormente quedó consignado; y aunque el consorcio
contratista plasmó sus reservas y salvedades en el acta respectiva, y las formuló en
juicio, no es procedente a esta altura del proceso efectuar un nuevo balance final
del contrato, ya que los saldos finales establecidos en el acta de liquidación no
fueron demandados, mientras que las pretensiones de la actora, relativas al
desequilibrio económico del contrato y al incumplimiento del mismo, fueron
desestimadas en esta causa judicial, dejando a salvo el reconocimiento del valor de
la “mayor área construida”, tema que no fue objeto de apelación.

3. Conclusiones

De conformidad con las consideraciones antes esbozadas, se debe establecer que
en el presente caso no había lugar a reconocer el reajuste del precio del contrato,
fijado en la sentencia de primera instancia, por cuanto ese mecanismo no fue
previsto por la entidad ni por las partes, en el pliego de condiciones ni en el acuerdo
de voluntades, mientras que en el juicio quedó establecido el no rompimiento del
equilibrio económico del contrato y la ausencia de incumplimientos por parte de la
Administración, lo que dejaba sin causa la pretensión de reajuste, formulada por la
actora.

Por otra parte, debe desestimarse el argumento de apelación relativo a la alegada
responsabilidad de la interventora PAYC S.A. por los reconocimientos económicos
hechos en la sentencia apelada, a título de reajuste del precio. Ello, no sólo porque
se revocará la decisión aludida, sino también porque no existía fuente jurídica legal
ni contractual que estableciera responsabilidades de la firma interventora por
eventuales ajustes o incrementos al valor del contrato.

Con base en todo lo anterior, la sentencia apelada deberá modificarse, incluyendo
la actualización de la condena impuesta en ella, y que no fue objeto de apelación,
bajo lo consignado en el acápite siguiente.

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4. Actualización de las condenas impuestas en primera instancia, no
impugnadas en la apelación

En el numeral segundo de la sentencia impugnada, el Tribunal de primera instancia
condenó al FVS a pagar a la parte demandante la suma de $496’533.596, como
valor actualizado del área construida por el consorcio, que excedió las medidas
inicialmente establecidas. El a quo estableció como valor histórico de ese ítem,
$348’002.797.

Asimismo, impuso condena al pago de intereses moratorios, a la tasa del 12% anual
prevista en la Ley 80 de 1993, causados entre el 14 de abril de 2011 y el 26 de abril
de 2017, fecha en que se profirió el fallo, y que se mantuvo como límite de causación
de tales intereses, en la providencia del 12 de julio de 2017, que corrigió la anterior.

Aunque los intereses moratorios fijados por el juzgador de primer grado fueron de
un total de $1.194’721.266, estos comprendían tanto los causados por el reajuste
del precio como aquellos derivados de la condena por mayor área construida. En la
parte motiva de la sentencia y en la providencia correctiva, el Tribunal señaló que
este último concepto, es decir, los intereses moratorios causados por el no pago de
la mayor área construida, equivalían a los $59’584.031 anuales, aunque esto no se
detalló en el acápite resolutivo.

Dado que las indicadas condenas no fueron objetadas mediante recurso de
apelación, se procederá a actualizarlas a su valor presente, de acuerdo con el IPC
reportado por el DANE.

En primer lugar, se actualizará a la fecha de esta sentencia el capital reconocido en
la providencia impugnada, por concepto de “mayor área construida”, con la fórmula
de actualización empleada en la jurisprudencia del Consejo de Estado para calcular
el interés moratorio previsto en la Ley 80 de 1993 para los contratos estatales, así:

a) Actualización del capital reconocido en la sentencia de primera instancia, por
concepto de mayor área construida

Valor Mes de IPC IPC inicial
IPC final Valor actualizado
histórico final (may-17)
$ 496.533.596 jun-17 96,23 96,12 $ 497.101.830

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$ 496.533.596 dic-17 96,92 96,12 $ 500.666.210
$ 496.533.596 dic-18 100,00 96,12 $ 516.576.775
$ 496.533.596 dic-19 103,80 96,12 $ 536.206.692
$ 496.533.596 dic-20 105,48 96,12 $ 544.885.182
$ 496.533.596 dic-21 111,41 96,12 $ 575.518.185
$ 496.533.596 dic-22 126,03 96,12 $ 651.041.709
$ 496.533.596 dic-23 137,72 96,12 $ 711.429.534
$ 496.533.596 dic-24 144,88 96,12 $ 748.416.431
$ 496.533.596 ago-25 150,71 96,12 $ 778.532.857

Se tiene, entonces, que el valor actualizado de la condena impuesta al FVS y a favor
de la parte demandante, por “mayor área construida”, es de $778’532.857.

b) Interés moratorio causado a partir de la sentencia de primera instancia, sobre el
valor reconocido por mayor área construida

Como se indicó, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que los
intereses moratorios causados entre el 14 de abril de 2011 y el 26 de abril de 2017,
por la aludida “mayor área construida”, fue de $59’584.031.

A dicha cuantía se sumarán los intereses moratorios causados desde la fecha de la
sentencia apelada hasta la de la presente providencia, a cuyo cálculo se procede
de la siguiente manera:

Interés
Intereses
moratorio Interés Capital Intereses
Inicio Final Días moratorios
anual proporcional (actualizado) acumulados
periodo
aplicable
27/05/2017 31/12/2017 219 12,00% 7,20% $ 497.101.830 35.791.331,76 35.791.337,76
1/01/2018 31/12/2018 365 12,00% 12,00% $ 500.666.210 60.079.945,20 95.871.282,96
1/01/2019 31/12/2019 365 12,00% 12,00% $ 516.576.775 61.989.213,00 157.860.495,96
1/01/2020 31/12/2020 365 12,00% 12,03% $ 536.206.692 64.505.665,05 222.366.161,01
1/01/2021 31/12/2021 365 12,00% 12,00% $ 544.885.182 65.386.221,84 287.752.382,85
1/01/2022 31/12/2022 365 12,00% 12,00% $ 575.518.185 69.062.182,20 356.814.565,05
1/01/2023 31/12/2023 365 12,00% 12,00% $ 651.041.709 78.125.005,08 434.939.570,13
1/01/2024 31/12/2025 365 12,00% 12,00% $ 711.429.534 85.371.544,08 520.311.114,21
1/01/2025 20/08/2025 232 12,00% 7,62% $ 748.416.431 57.029.332,04 577.340.446,25

Intereses moratorios reconocidos en primera instancia: ----------$59’584.031.

Intereses moratorios causados desde el fallo apelado
hasta la fecha de la presente providencia: ------------------- $577’340.446,25.

Total, intereses moratorios: ------------------------- $636’924.477,25

32

Radicación N° 25000-23-26-000-2011-00791-01 (60332)
Demandante: Patricia Molina Fonseca y otros
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Acción de controversias contractuales

5. Costas

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998
–aplicable en el sub lite-, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para
resolver sobre la procedencia de la condena en costas. Toda vez que en el presente
caso no se evidencia que alguno de los sujetos procesales haya actuado
temerariamente o que de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad
procesal, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

MODIFÍCASE la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C el 26 de abril de
2017; providencia que quedará así:

PRIMERO: DECLARAR RESPONSABLE al Fondo de Vigilancia y Seguridad de
Bogotá D.C., por la mayor cantidad de área construida por el consorcio Puente
Aranda 2007, en virtud del contrato de obra n° 2230 de 2006.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior decisión, se condena al Fondo de
Vigilancia y Seguridad de Bogotá D.C. – FVS-, sucedido procesalmente por la
Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a pagar al Consorcio
Puente Aranda 2007 las sumas de dinero que se indican a continuación, cuyos
conceptos derivan del contrato de obra n° 2230 de 2006:

SUMA ACTUALIZADA A LA PRESENTE
CONCEPTO
PROVIDENCIA
Setecientos setenta y ocho millones
Mayor área construida –
quinientos treinta y dos mil ochocientos
Contrato n° 2230 de 2006
cincuenta y siete pesos ($778’532.857)
Por el total de los Intereses Seiscientos treinta y seis millones
moratorios, liquidados desde el novecientos veinticuatro mil cuatrocientos
14 de abril de 2011 hasta el 8 setenta y siete pesos con veinticinco
de agosto de 2025 centavos ($636’924.477,25)

33

Radicación N° 25000-23-26-000-2011-00791-01 (60332)
Demandante: Patricia Molina Fonseca y otros
Demandado: Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá
Referencia: Acción de controversias contractuales

Mil cuatrocientos quince millones
cuatrocientos cincuenta y siete mil
TOTAL A PAGAR
trescientos treinta y cuatro pesos con
veinticinco centavos ($1.415.457.334,25).

TERCERO: La condena señalada en el artículo anterior sólo procede en el
evento en que, a la fecha de esta sentencia, ni el Fondo de Vigilancia y Seguridad
de Bogotá D.C. FVS ni su sucesora procesal, Secretaría Distrital de Seguridad,
Convivencia y Justicia, o quien haga sus veces, hayan pagado a la parte
demandante la condena impuesta en el fallo de primera instancia.

CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo indicado en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: NEGAR las pretensiones del llamamiento en garantía formulado contra
la sociedad interventora PAYC S.A., de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva
del presente fallo.

SEXTO: Sin condena en costas.

SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal
de origen para su cumplimiento.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Aclaración de voto
VF

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