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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00851-02

Fecha
14 de julio de 2025
Consejero ponente
Nicolás Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00851-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 5 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así: “PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio del Interior – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro y Fernando Carrera. SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.” SEGUNDO: SIN COSTAS. TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2011-00851-02

Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales

14 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 25000232600020110085102 (52117)
Demandante: PROURBANOS CIMA & CIA. S. EN C.
Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Tema: Falla en el servicio notarial. Escritura pública dejada sin efectos
mediante decisión judicial. Hecho exclusivo de un tercero.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 5 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008 otorgada en la Notaría 9
del Círculo de Bogotá, Luis Jairo Gil compró a la sociedad Liberman S.A. el
inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1272126.
Posteriormente, mediante escritura pública No. 148 del 28 de enero de 2009
otorgada en la Notaría 52 del Círculo de Bogotá, la sociedad Prourbanos Cima &
Cía. S. en C. compró a Luis Jairo Gil el referido inmueble.

Seguidamente, a través de proveído del 12 de febrero de 2010, el Juzgado 10 Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá invalidó la escritura
pública 740 de 2008 otorgada en la Notaría 9 del Círculo de Bogotá, así como todos
los actos notariales consecuenciales o derivados de esta y ordenó la cancelación
de las anotaciones registrales obtenidas ilícitamente. La demandante considera que
la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, la Superintendencia de Notariado y
Registro, Fernando Carrera (en su condición de notario noveno del círculo de
Bogotá) y Jairo Miguel Flórez Manrique (en su condición de notario noveno del
círculo de Bogotá encargado) son patrimonialmente responsables por los perjuicios

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Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

ocasionados con la falla en el servicio notarial, al haberse otorgado y autorizado la
escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008, pese a que fue sustentada en
documentos alterados y con errores que pasaron inadvertidos para el notario que la
suscribió.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 16 de agosto de 20111, Prourbanos Cima & Cía. S. en C. (en adelante sociedad
Prourbanos), mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación
directa, presentó demanda contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, la
Superintendencia de Notariado y Registro, Fernando Carrera (en su condición de
notario noveno del círculo de Bogotá) y Jairo Miguel Flórez Manrique (en su
condición de notario noveno del círculo de Bogotá encargado), por los perjuicios
ocasionados con la falla en el servicio notarial, al haberse otorgado y autorizado la
escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008, pese a que fue sustentada en
documentos alterados y con errores que pasaron inadvertidos para el notario que la
suscribió.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a los
accionados a pagarle, por perjuicios morales, 100 SMLMV; y por daño emergente,
la suma de $401.242.115.

En apoyo de las pretensiones, la sociedad demandante afirma que mediante
escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008 otorgada en la Notaría 9 del Círculo
de Bogotá, Luis Jairo Gil compró a la sociedad Liberman S.A. el inmueble
identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1272126.

Advierte que el 23 de enero de 2009, la sociedad Prourbanos y Luis Jairo Gil
suscribieron un contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble identificado
con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1272126, en el cual se pactó como precio

1 Fl. 2 a 13, C. 1.

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Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

del inmueble la suma de $380.000.000 y, a su vez, la sociedad Prourbanos entregó
a Luis Jairo Gil la suma de $50.000.000 por concepto de “adelanto del pago”.

Sostiene que mediante escritura pública No. 148 del 28 de enero de 2009 otorgada
en la Notaría 52 del Círculo de Bogotá, la sociedad Prourbanos compró a Luis Jairo
Gil el referido inmueble y pagó al vendedor la suma de $300.000.000.

Manifiesta que el 2 de febrero de 2009, la sociedad Prourbanos se presentó en el
inmueble adquirido para ejercer el dominio material del mismo, no obstante, observó
que en el predio se encontraba instalada una valla con el texto: “Este lote no se
vende, ni se hipoteca, ni se arrienda. teléfono 3213211”, de manera que, al ponerse
en contacto con el número telefónico allí indicado, fue atendido por Julián González
Guillén, quien manifestó ser el representante legal de Liberman S.A., propietaria del
inmueble, el cual, según su dicho, nunca fue enajenado, por lo que suponía que la
escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008 era falsa.

Señala que por los precitados hechos la Fiscalía 158 Seccional de la Unidad III de
Delitos Contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico adelantó la investigación
penal identificada con el radicado No. 110016000049200902136 por la conducta
punible de estafa.

Destaca, que el 12 de febrero de 2010, el Juzgado 10 Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías de Bogotá invalidó la escritura pública 740 de
2008 otorgada en la Notaría 9 del Círculo de Bogotá, así como todos los actos
notariales consecuenciales o derivados de esta y ordenó la cancelación de las
anotaciones registrales obtenidas ilícitamente.

La demandante considera que las entidades accionadas son administrativamente
responsables por el menoscabo patrimonial sufrido como consecuencia de la falla
en el acto de fe pública contenido en la escritura pública 740 de 2008, la cual se
otorgó sin el lleno de los requisitos previstos en los artículos 14 y 17 del Decreto 960
de 1970 y en el artículo 28 del Decreto 2163 de 1970 y “se encuentra plagada de
errores notariales inexcusables”. Sobre el particular, adujo que: i) se identificó de
forma errónea la supuesta sociedad vendedora, toda vez que en la página 1 aparece

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Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

“Liberman & Cia. S. en C.”, mientras que en el certificado de existencia y
representación legal figuraba como “Liberman S.A.”; ii) se identificó de forma
errónea al supuesto comprador, por cuanto el número de cédula que se consignó
en la página 2, difería del que se plasmó en la firma; iii) se aceptaron como medios
de prueba de hechos del negocio jurídico, documentos que presentaban
irregularidades, a saber, el acta 03 de la sociedad Liberman & Cia. S en C., que
contenía la supuesta autorización de los socios para vender el inmueble; y, iv) no
existía certeza frente al documento de identidad que presentó la persona que se
hizo pasar como representante legal de la sociedad vendedora, pues en los anexos
de la escritura no figuraba ninguno.

2. Contestaciones

El 23 de mayo de 20122, el Consejo de Estado3 admitió la demanda y ordenó su
notificación a los demandados y al Ministerio Público.

2.1. La Nación – Ministerio del Interior4 alegó la falta de legitimación en la causa por
pasiva, con fundamento en que dentro de sus competencias legales no se encuentra
ninguna relacionada directamente con la función notarial. En línea con lo anterior,
sostuvo que mediante la Ley 1444 de 2011 se creó el Ministerio de Justicia y del
Derecho, al cual le fue asignada la función de “participar en el diseño de las políticas
relacionadas con la protección de la fe pública en materia de notariado y registro”.

2.2. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho5 se opuso a las pretensiones
de la demanda, argumentando que los supuestos fácticos de la demanda le son
imputables a la Notaría 9 del Círculo de Bogotá, razón por la cual propuso la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2 Fl. 39 a 45, C. 3.
3 Mediante auto del 28 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó

la demanda de reparación directa al estimar que había operado la caducidad de la acción (Fl. 16 a
18, C. 3.). La parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la anterior decisión (Fl.
19 a 24, C. 3.). Posteriormente, mediante decisión del 23 de mayo de 2012, el Consejo de Estado
resolvió revocar el auto recurrido y, en su lugar, admitió la demanda (Fl. 39 a 45, C. 3.).
4 Fl. 29 a 31, C.1.
5 Fl. 44 a 47, C.1.

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Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

2.3. La Superintendencia de Notariado y Registro6 solicitó negar las pretensiones
de la demanda, alegando que la función de inspección y vigilancia sobre la actividad
notarial no la hacía responsable por las fallas en que llegasen a incurrir los notarios,
pues estos, de conformidad con el artículo 8 del Decreto 960 de 1970, son
autónomos en el ejercicio de sus funciones y responsables conforme a la ley.
Adicionalmente, sostuvo que en el sub examine se configuró el hecho exclusivo de
un tercero, comoquiera que el daño reclamado proviene de la conducta reprochable
de un particular que presentó documentos falsos para lograr el otorgamiento de
unos instrumentos públicos.

2.4. Fernando Carrera y Jairo Miguel Flórez Manrique a través de curador ad litem7
manifestaron atenerse a lo que resultara probado en el proceso.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 8 de mayo de 20148 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante9, la Nación – Ministerio del Interior10, la Superintendencia
de Notariado y Registro11, Fernando Carrera y Jairo Miguel Flórez Manrique12
reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones,
respectivamente.

3.2. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio Público
guardaron silencio.

6 Fl. 49 a 65, C. 1.
7 Fl. 154 a 156, C. 1.
8 Fl. 220, C. 1.
9 Fl. 240 a 251, C. 1.
10 Fl. 236 a 239, C.1.
11 Fl. 222 a 235, C. 1.
12 Fl. 221, C. 1.

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Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 5 de junio de 201413 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación
– Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia y del Derecho y, a su vez, negó las
pretensiones de la demanda. En sustento, señaló que los hechos de la demanda no
guardaban relación con las funciones de inspección vigilancia y control ejercidas por
la Superintendencia de Notariado y Registro, razón por la cual el daño no le
resultaba imputable. A continuación, estimó que el notario 9 del círculo de Bogotá
(encargado) actuó conforme a las funciones previstas en el Decreto 960 de 1970,
específicamente en la recepción, extensión, otorgamiento y autorización de
escrituras públicas y en consonancia con los documentos allegados por las partes
del negocio, los cuales le generaron la convicción que debía otorgar la escritura No.
740 de 2008. Sostuvo, además, que en el presente asunto se configuró el eximente
de responsabilidad del hecho de un tercero, toda vez que el hecho dañoso,
concretamente el otorgamiento de la referida escritura, fue irresistible e imprevisible
para el notario, ya que “pese a haber actuado en cumplimiento de sus funciones y
en acatamiento a todas las formalidades legales para el otorgamiento de la escritura
pública, no pudo percatarse de que la venta que se estaba haciendo era una ficción”.

5. Recurso de apelación

El 11 de julio de 201414, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 24 de julio de 201415 y admitido el 29 de octubre de 201416.

5.1. La parte demandante señaló que el notario 9 del círculo de Bogotá no debió
otorgar la escritura pública No. 740 de 2008, dado que se estaba ante la comisión de
un delito, frente al cual “estaba en posición y contaba con las herramientas de poder
evitarlo”. Asimismo, afirmó que el notario pasó por alto las inconsistencias contenidas
en la referida escritura, las cuales debían ser advertidas por quien da fe pública.

13 Fl. 252 a 266, C. P.
14 Fl. 268 a 279, C.P.
15 Fl. 281, C.P.
16 Fl. 291 a 292, C.P.

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Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

Indicó que no se podía desestimar la responsabilidad del notario principal por el acto
de delegación, pues se trata de un acto normado tanto en el Decreto 960 de 1970
como en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998. De igual forma, sostuvo que el daño le
resulta imputable a la Superintendencia de Notariado y Registro porque faltó a su
deber de supervisión y vigilancia de la función notarial.

Finalmente, adujo que se efectuó una apreciación e interpretación errónea de las
pruebas decisivas, particularmente de aquellas demostrativas de la inconsistencia
entre el actuar del notario en contraste con las normas que le señalan sus deberes y
proceder. Al respecto, alegó que no se analizaron las pruebas relacionadas con las
averiguaciones penales, los antecedentes de la titulación, esto es, la escritura 1485
del 21 de mayo de 1991, los actos preparatorios contenidos en la promesa de
compraventa suscrita por quien dijo llamarse Luis Jairo Gil, el certificado de tradición
y libertad, los requerimientos de Liberman S.A. al representante legal de la sociedad
Prourbanos y las notas preventivas al público por hechos fraudulentos en la
compraventa. Adicionalmente, no se tuvo en cuenta a efectos de probar el daño, que
la parte actora tuvo que comprar nuevamente el inmueble a su verdadero dueño.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 3 de diciembre de 201417 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte demandante18, la Nación - Ministerio del Interior19, la Superintendencia
de Notariado y Registro20, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su
contestación.

6.2. Fernando Carrera y Jairo Miguel Flórez Manrique21 solicitaron dictar sentencia
de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso. Adicionalmente, señalaron que
“los notarios dan fe de los documentos que se le ponen de presente, pero no de su
autenticidad, y correspondía a los compradores, asegurarse de la autenticidad de

17 Fl. 294, C.P.
18 Fl. 309 a 315, C.P.
19 Fl. 294 a 302, C.P.
20 Fl. 295 a 298, C.P.
21 Fl. 303, C. P.

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dichos documentos”.

6.3. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y el ministerio público
guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 5 de junio de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por el valor de
la mayor pretensión material de la demanda22, supera la exigida de 500 SMLMV para
que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga
vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, aplicable en virtud del artículo 198 de la Ley 1450
de 201123.

Asimismo, conviene precisar que en el presente asunto se convocó como
demandados a dos notarios, aspecto frente al cual esta jurisdicción tiene competencia
puesto que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo establece como
cláusula general de competencia que la jurisdicción “está instituida para juzgar las
controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas (…) y de
las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos
del Estado”, siendo claro que la función notarial es pública24, aunque prestada por un
particular.

22 En el presente caso la mayor pretensión de la demanda es de $350.000.000, lo cual es superior a

500 SMLMV ($267.800.000) del año en que ésta se presentó (2011).
23 El artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 dispone que: “Con el propósito de evitar la congestión de

los Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado, en los procesos que cursen o deban cursar
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en relación con los cuales a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley no se hubiere notificado en debida forma el correspondiente
auto admisorio de la demanda o cuando este no se hubiere expedido y cuyas demandas se
presenten hasta antes del 2 de julio de 2012, la competencia por razón de la cuantía se determinará
con sujeción a las reglas consagradas en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011”. La demanda se
presentó durante su vigencia el 16 de agosto de 2011.
24 Constitución Política de Colombia, artículo 131: “Compete a la ley la reglamentación del servicio

público que prestan los notarios (…)”. Ley 29 de 1973, artículo 1º: “El notariado es un servicio público
que se presta por los Notarios e implica el ejercicio de la fe notarial (…)”

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Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

2. Acción procedente

La pretensión de reparación directa es la acción idónea para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera
otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado
siguiendo una expresa instrucción de la misma, según lo dispone el artículo 8625 de
Código Contencioso Administrativo.

En este caso, la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la
reparación de un daño por hechos imputables a la Nación – Ministerio del Interior –
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro y
a Fernando Carrera (en su condición de notario noveno del círculo de Bogotá) y
Jairo Miguel Flórez Manrique (en su condición de notario noveno del círculo de
Bogotá encargado).

3. Vigencia de la acción

Si bien en auto del 23 de mayo de 201226, esta Corporación revocó el auto del 28
de septiembre de 2011, mediante el cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rechazó la demanda al estimar que había operado la caducidad de
la acción y; asimismo, en la sentencia no se estimó que tal fenómeno se produjo,
resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el
ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe
examinarse de oficio27.

25 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la

reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la
ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra
causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación de un particular o de otra entidad pública”.
26 Fl. 39 a 45, C. 3.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto

a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar,
que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al
momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del
Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o

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Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del
tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando
a la protección del interés general28, estableció unos plazos para poder ejercer
oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción29, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el
auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de
fondo- artículo 144 ordinal 3- e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se
encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.”
28 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida
justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”.
29 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…) El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos.”

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Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure30 que opera por la falta de actividad oportuna en la
puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia31, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa
o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena
por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
teniendo en cuenta: i) que el 12 de febrero de 201032 el Juzgado 10 Penal Municipal
con Función de Control de Garantías de Bogotá, dispuso dejar sin efectos las
escrituras públicas Nos. 740 del 6 de junio de 2008 y 148 del 28 de enero de 2009,
con sus respectivas anotaciones de registro, ésta última mediante la cual la
sociedad Prourbanos había adquirido la propiedad del inmueble identificado con el

30 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en
tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
31 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
32 Fl. 29, C. 2.

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folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1272126; ii) que el 8 de marzo de 2011 la
parte actora presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría Sexta Judicial II
Administrativa de Bogotá, diligencia que se declaró fallida el 18 de mayo de 201133
y; iii) que la demanda se presentó el 16 de agosto de 2011 34, esto es, antes del
vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente para
presentarla de forma oportuna.

4. Legitimación en la causa

Comoquiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis35.

4.1. La sociedad Prourbanos está legitimada en la causa por activa, pues mediante
escritura pública No. 148 de 200936 otorgada en la Notaría 52 del Círculo de Bogotá
adquirió el derecho de dominio sobre el inmueble identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria No. 50C-1272126, instrumento público que junto a la escritura
pública 740 de 2008 otorgada en la Notaría 9 del Círculo de Bogotá fueron
invalidados mediante auto del 12 de febrero de 201037 proferida por el Juzgado 10
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, frente a lo cual se
alega una falla del servicio notarial.

4.2. Jairo Miguel Flórez Manrique está legitimado en la causa por pasiva, pues
conforme se acreditó en el plenario, en su condición de notario 9 del círculo de Bogotá
(encargado), otorgó la escritura pública No. 740 de 2008, que posteriormente fue
invalidada mediante auto del 12 de febrero de 201038 proferida por el Juzgado 10
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

33 Fl. 65 a 68, C. 2.
34 Fl. 2, C. 1.
35 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa
corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe
analizarse de oficio y de manera previa a la decisión de fondo de la litis. En consecuencia, la ausencia
de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del
caso”. Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2021. Rad.: 48436. En igual sentido, ver
sentencia del Consejo de Estado del 8 de octubre de 2020, Rad.: 1760-18. Sentencia del 25 de julio
de 2019, Rad.: 54527 y auto del 10 de septiembre de 2020, Rad.: 0736-18.
36 Fl. 13 a 22, C. 2.
37 Fl. 29, C. 2.
38 Fl. 29, C. 2.

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4.3. Fernando Carrera no está legitimado en la causa por pasiva, dado que en la
demanda se alega que fungía como titular de la Notaría 9 del Círculo de Bogotá.
Sobre el particular, se advierte que en el expediente únicamente obra la caratula de
la escritura pública No. 740 de 200839, en la cual se advierte el texto “Fernando
Carrera Notario”; sin embargo, dicho aspecto por sí solo no tiene la entidad
suficiente para acreditar que el mencionado señor era el titular de la referida notaría
y, por tanto, tuviese relación con el caso sub examine.

4.4. La Nación no está legitimada en la causa por pasiva y no está debidamente
representada por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y del Derecho40,
pues en su contra no se esgrime ni se prueba hecho alguno que lo relacione con los
hechos que dieron lugar a la presente controversia, ni que a priori comprometa su
responsabilidad patrimonial; adicionalmente, se precisa que dentro de sus funciones
no se encuentra la facultad de otorgar escrituras públicas.

4.5. La Superintendencia de Notariado y Registro no se encuentra legitimada en
razón a que en la demanda se alega la configuración de una “falla en el servicio
acto de fe pública atribuible al doctor Jairo Miguel Flórez Manrique, en calidad de
Notario Noveno (9) del Círculo de Bogotá”, sin que se hubiese cuestionado la
actuación de la Superintendencia de Notariado y Registro. Ahora, la parte actora en
su recurso de apelación adujo que el daño también le resultaba imputable a la
Superintendencia de Notariado y Registro porque faltó a su deber de supervisión y
vigilancia de la función notarial, no obstante lo anterior, lo cierto es que dichos cargos
no fueron invocados en el escrito de la demanda y por ello su análisis conllevaría a
violar el principio de congruencia y a una variación de la causa petendi por cuanto
se estarían modificando las pretensiones formuladas en el libelo demandatorio41, lo
cual contravendría, además, el derecho de defensa y contradicción de los
demandados, razón por la cual, la Sala se abstendrá de examinar dicho
planteamiento.

39 Fl. 1 a 10, C. 2.
40 Mediante la Ley 790 de 2002 se fusionó el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y del

Derecho y se conformó el Ministerio del Interior y la Justicia. Posteriormente, la Ley 1444 de 2011
dispuso la escisión de dicho ministerio, el cual pasó a denominarse Ministerio de Interior y, a su vez,
creó el Ministerio del Ministerio de Justicia y del Derecho.
41 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Sentencia del 26 de julio de 2021, Rad.: 54810.

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5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si Jairo Miguel Flórez Manrique, en su condición
de notario 9 del círculo de Bogotá (encargado), es patrimonialmente responsable por
la falla en el servicio notarial que le atribuye la demandante con ocasión del
otorgamiento de la escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008, que
posteriormente se dejó sin efectos por orden judicial.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver los problemas jurídicos es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado; la naturaleza de la función notarial y
la responsabilidad de los notarios; y el hecho exclusivo de un tercero.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199142 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

Amén de que la fórmula comúnmente conocida para describir el fenómeno lesivo
indemnizable, esto es el daño antijurídico, como el primer elemento necesario para
poder endilgar la responsabilidad a quien cause la lesión patrimonial objeto de la
solicitud de restablecimiento, se ha dicho que es aquel que la persona no tiene el
deber jurídico de soportar. Sumado a este elemento estructural, también se requiere
de otro componente necesario e indispensable para establecer el deber de
responder por los daños que cause con su acción u omisión y es el referido a su
atestación a quien deba responder por aquel, lo que se conoce como imputación,
que no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se
hace al Estado y que lo obliga a repararlo. Lo anterior, por supuesto, comprende los
daños causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo

42 “Artículo
90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.

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de ella, de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han
desarrollado para ello, principalmente por la doctrina y que han sido acogidos y
aplicados por la jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio,
con el desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros43.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Naturaleza de la función notarial y responsabilidad de los notarios

La función notarial desde su diseño constitucional ─artículo 131─ es eminentemente
pública, “e implica el ejercicio de la fe notarial”44 como expresión de autenticidad; no
obstante, el notario no es un servidor público sino que es un particular con
autonomía45, cuyas actividades son una manifestación del principio de
descentralización por colaboración, en virtud del cual le está dado a algunos
particulares desempeñar algunas funciones que originalmente corresponderían
directamente a la administración46. Así, aunque la función notarial es pública, el notario
es un particular que, por delegación, presta el servicio dentro de los parámetros
establecidos por la ley.

Sobre la caracterización de la función notarial, la Corte Constitucional ha dicho que:
“(i) es un servicio público; (ii) a cargo de particulares, que actúan en desarrollo del
principio de descentralización por colaboración; (iii) que además apareja el ejercicio
de una función pública, en tanto depositarios de la fe pública; (iv) que para estos
efectos se encuentran investido de autoridad; (v) sin que por ello adquieran el carácter
de servidores públicos o de autoridades administrativas en sentido subjetivo u
orgánico”47.

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
44 Corte Constitucional, sentencia C-029 del 30 de enero de 2019.
45 Decreto 960 de 1970. Artículo 8. “Los Notarios son autónomos en el ejercicio de sus funciones, y

responsables conforme a la Ley.”
46 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo

de 2017, exp. 36972.
47 Corte Constitucional, sentencia C-029 del 30 de enero de 2019.

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El Estatuto del Notariado ─Decreto 960 de 1970─ en su artículo 3.1. dispone que entre
las funciones de los notarios está la de “Recibir, extender y autorizar las declaraciones
que conforme a las Leyes requieran escritura pública y aquellas a las cuales los
interesados quieran revestir de esta solemnidad”; de igual manera, el artículo 9 del
citado estatuto preceptúa que “los notarios responden de la regularidad formal de los
instrumentos que autorizan, pero no de la veracidad de las declaraciones de los
interesados; tampoco responden de la capacidad o aptitud legal de estos para celebrar
el acto o contrato respectivo”.

De los anteriores cánones normativos se extrae que el notario “no es juez de los actos
que celebren los otorgantes, pues fundamentalmente le corresponde velar por el
cumplimiento de los requisitos formales de los instrumentos que fueron presentados
ante él, de allí que dicho funcionario esté en la obligación, de acuerdo con el artículo
40 de la normatividad en cita [Decreto 960 de 1970], de autorizar la escritura pública
‘una vez cumplidos todos los requisitos formales del caso, y presentados los
comprobantes pertinentes, suscribiéndolo con firma autógrafa en último lugar’”48.

Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 19549 del Estatuto de
Notariado, los notarios son civilmente responsables por sus actuaciones u omisiones,
y lo serán a título de dolo o culpa en la prestación del servicio, lo que implica que el
examen de responsabilidad patrimonial que se desprenda de sus actos será de
carácter subjetivo.

Finalmente, aun cuando es cierto que las actuaciones u omisiones de los particulares
que ejercen función pública puede, según las circunstancias del caso, comprometer la
responsabilidad del Estado, será menester en cada asunto en particular demostrar el
débito obligacional y la defraudación de ese deber por parte del órgano del Estado
implicado en la controversia, pues las faltas del notario no son automáticamente
trasmisibles a la administración.

48 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 28 de febrero de 2020, exp.

46456.
49 “Articulo 195. Responsabilidad civil. Los Notarios son responsables civilmente de los daños y

perjuicios que causen a los usuarios del servicio por culpa o dolo de la prestación del mismo”.

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6.3. Hecho exclusivo de un tercero

El hecho de un tercero supone la actuación exclusiva y determinante de una
persona ajena al juicio de responsabilidad en la realización del injusto 50. Esta
Sección51 ha señalado que el hecho exclusivo y determinante del tercero se
configura siempre y cuando se demuestre que el daño se causa por una actuación
de un agente externo a la relación que existe entre la víctima o sujeto del daño y
aquel a quien pretende atribuírsele, y que esa actuación, causa eficiente del hecho
lesivo, es completamente ajena al servicio de manera que el agente estatal no se
encuentra vinculado en manera alguna con la afectación cuyo resarcimiento se
pretende.

Asimismo, esta Corporación52 ha determinado que, para la prosperidad de esta
causal de exoneración de responsabilidad, de ruptura del nexo causal o ajenización
de la causa deben reunirse tres requisitos, a saber: i) que el hecho del tercero sea
la causa exclusiva y adecuada del daño, motivo por el cual la entidad tiene que
probar que no hay ningún vínculo causal entre la conducta del demandado y el daño
producido; ii) que el hecho del tercero sea ajeno al servicio, es decir, que el tercero
no esté vinculado a la persona de derecho público demandada ni realice actividades
vinculadas con el servicio público; y iii) que el hecho del tercero sea imprevisible e
irresistible para la entidad a quien se le pretende atestar el daño.

Adicionalmente, sobre la revisión del actuar del tercero en la producción del daño,
esta Sección precisó que no es determinante ni se requiere que el tercero haya
actuado con culpa en razón a que la relación causal es un aspecto de carácter
objetivo. Asimismo, indicó que para que opere la exclusión de responsabilidad por
una causa extraña, se requiere que dicha conducta externa, irresistible e
imprevisible sea la causa adecuada y/o determinante del hecho lesivo 53.

50 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de octubre de 2020, Rad. 49574.
51 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero de 2010, Rad. 17179.
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2019, Rad.:

46858; Subsección C. Sentencia del 11 de marzo de 2019, Rad.: 43512; Subsección B. Sentencia
del 21 de noviembre de 2018, Rad.: 40350; Subsección C. Sentencia del 28 de enero de 2015, Rad.:
32912A; Subsección A. Sentencia de 13 de febrero de 2013, Rad.: 18148.
53 Ibídem.

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7. El caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 5 de junio de
2014 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de
la demanda, el extremo activo sostuvo que: i) el notario 9 del círculo de Bogotá
encargado no debió otorgar la escritura pública No. 740 de 2008, dado que desatendió
que se estaba ante la comisión de un delito y, a su vez, pasó por alto las
inconsistencias contenidas en la referida escritura; ii) no se podía desatender la
responsabilidad que le cabe al notario principal por el acto de delegación, pues se trata
de un acto normado tanto en el Decreto 960 de 1970 como en el artículo 9 de la Ley
489 de 1998; iii) el daño le resulta imputable a la Superintendencia de Notariado y
Registro, pues faltó a su deber de supervisión y vigilancia de la función notarial; iv) no
se analizaron las pruebas relacionadas con las averiguaciones penales, los
antecedentes de la titulación, esto es, la escritura No. 1485 del 21 de mayo de 1991,
los actos preparatorios contenidos en la promesa de compraventa suscrita por quien
dijo llamarse Luis Jairo Gil, el certificado de tradición y libertad, los requerimientos de
Liberman S.A. al representante legal de la sociedad Prourbanos y las notas
preventivas al público por hechos fraudulentos en la compraventa; y v) no se tuvo en
cuenta a efectos de probar el daño que la parte actora tuvo que comprar nuevamente
el inmueble a su verdadero dueño.

En este sentido y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra el fallo de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub lite en
aquello que se reprocha como desfavorable en el recurso54.

No obstante lo anterior, se precisa que no se estudiaran los cargos efectuados
respecto de la Superintendencia de Notariado y Registro, comoquiera que no hizo
parte de los cuestionamientos expuestos en la demanda, lo que en estricto sentido
se traduce en una modificación de la causa petendi. De hecho, en caso de emitirse

54 “Artículo 357. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto

el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en
razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere apelado de
una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando
fuere desfavorable al apelante”.

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un pronunciamiento sobre este particular se estaría desconociendo el principio de
congruencia, que impide al juez sorprender a las partes con decisiones que recaigan
sobre aspectos que no fueron materia de debate a lo largo del proceso, a excepción
de aquellos que deben resolverse de oficio, en garantía del debido proceso y del
derecho de defensa y contradicción.

De igual forma, no se analizarán los cargos elevados respecto Fernando Carrera,
pues, como se expuso en precedencia, no se acreditó que este estuviese legitimado
en la causa por pasiva.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si se encuentran acreditados los elementos que estructuran
la responsabilidad del Estado.

7.1. Hechos probados55

De conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al
proceso, se demostraron los siguientes hechos:

7.1.1. Se acreditó que mediante escritura pública No. 1485 del 21 de mayo de 1995
otorgada en la Notaría 22 del Círculo de Bogotá, la sociedad Liberman & CIA. S. en
C. adquirió un lote de terreno identificado con número de matrícula inmobiliaria 50C-
1272126, según da cuenta copia auténtica de la referida escritura56 y copia simple
del certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de Registro e
Instrumentos Públicos de Bogotá57.

7.1.2. Se probó que mediante escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008
otorgada en la Notaría 9 del Círculo de Bogotá -la cual fue suscrita por Jairo Miguel
Flórez Manrique en su calidad de notario encargado-, Luis Jairo Gil compró a la

55 La Sala considera que se debe dar mérito probatorio a las copias simples aportadas al proceso,

conforme al precedente jurisprudencial de la Sala Plena de la Sección Tercera, que estableció que
es posible apreciar las copias si las mismas han obrado a lo largo del plenario y han sido sometidas
a los principios de contradicción y de defensa de las partes, conforme a los principios de lealtad
procesal y buena fe que deben conducir toda la actuación judicial. Consejo de Estado, Sala Plena
de la Sección Tercera, Sentencia del 28 de agosto de 2013, Rad. 25022.
56 Fl. 24 a 28, C. 2.
57 Fl. 35 a 36, C. 2.

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sociedad Liberman & CIA. S en C. el inmueble identificado con número de matrícula
inmobiliaria 50C-1272126. De ello da cuenta copia simple del certificado de tradición
y libertad expedido por la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá58
y copia auténtica de la referida escritura59, en la cual se observa que se señaló
indistintamente a lo largo del documento el nombre de la sociedad vendedora como
“Liberman y Cia. S. en C.” y “Liberman S.A.”; asimismo, al momento de transcribir
el número de identificación del señor Luis Jairo Gil se indicó que su número de
cédula era 19.058.246; sin embargo, el otorgante estampó de forma manuscrita
debajo de su firma el número de identificación 19.058.276.

7.1.3. Quedó establecido que en la escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008
se protocolizaron como anexos el certificado de existencia y representación legal
expedido por la Cámara de Comercio el 11 de febrero de 2008, en el cual consta
que la sociedad Liberman S.A., identificada con el N.I.T. 8001226571-8, estaba
representada legalmente por su gerente, a saber, Rivka Priscolnik de Liberman,
identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.065.714. y el “acta 01 [SIC] de la
asamblea extraordinaria de socios” de la sociedad “Liberman & Cía. S. en C.”. De
ello dan cuenta copia simple de dichos documentos60-61.

7.1.4. Consta que el 23 de enero de 2009, Luis Jairo Gil y José Sidney Martínez
Aguilar celebraron contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble
identificado con número de matrícula inmobiliaria 50C-1272126. De esta
información da cuenta copia simple de dicho contrato62.

7.1.5. Está probado que el 28 de enero de 2009, Luis Jairo Gil y José Sidney
Martínez Aguilar suscribieron un otrosí al contrato de promesa de compraventa con
el propósito de modificar la forma de pago del negocio jurídico. Esta información
consta en copia simple del referido documento63.

58 Fl. 1 a 5, C. 2.
59 Fl. 24 a 28, C. 2.
60 Fl. 7 a 8, C. 2.
61 Fl. 9, C. 2.
62 Fl. 54 a 56, C. 2.
63 Fl. 57, C. 2.

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7.1.6. Se demostró que mediante escritura pública No. 148 del 28 de enero de 2009
otorgada en la Notaría 52 del Círculo de Bogotá, la sociedad Prourbanos compró a
Luis Jairo Gil el derecho de dominio del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 50C-1272126, según da cuenta copia auténtica de la referida
escritura64 y copia simple del certificado de tradición y libertad expedido por la
Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Bogotá65.

7.1.7. Se acreditó que mediante oficio del 18 de febrero de 2009, la sociedad
Liberman S.A. solicitó a la sociedad Prourbanos la restitución del inmueble con folio
de matrícula inmobiliaria 50C-1272126, argumentando que era de su propiedad y
que la escritura pública No. 740 de 2008 había sido otorgada de forma fraudulenta.
De ello da cuenta copia simple de dicha comunicación66.

7.1.8. Se probó que el 8 de julio de 2009, las sociedades Liberman S.A. y
Prourbanos celebraron un contrato de transacción con el propósito de sanear la
situación del inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria 50C-
1272126, en el cual se acordó que la sociedad Prourbanos pagaría a Liberman S.A.
la suma de $560.000.000 con el fin de obtener la propiedad del bien. De esta
información da cuenta copia simple de dicho documento67.

7.1.9. Está probado que, mediante auto del 12 de febrero de 2010, el Juzgado
Décimo Penal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, en el trámite de
la investigación identificada con el radicado 110016000049200902136, dispuso
dejar sin efectos las escrituras Nos. 740 del 6 de junio de 2008 y 148 del 28 de enero
de 2009, con sus correspondientes anotaciones de registro. De ello da cuenta copia
simple de dicha providencia68. El fundamento de dicho proveído fue el siguiente:

“La Fiscalía Delegada solicita la cancelación de registros obtenidos
fraudulentamente del inmueble ubicado en la calle 18 No. 69-95 lote 15 manzana 21
(dirección antigua) Calle 17 A No. 69-95 (nomenclatura actual); se deje sin validez
las Escrituras 00740 del 6 de junio de 2008, protocolizada en la Notaria Novena y la
00148 del 28 de enero de 2009 protocolizada en la Notaria Cincuenta y Dos, toda

64 Fl. 13 a 22, C. 2.
65 Fl. 35 a 36, C. 2.
66 Fl. 49 a 53, C. 2.
67 Fl. 54 a 56, C. 2.
68 Fl. 29, C. 2.

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vez que más allá de toda duda ha podido establecer la Fiscalía la afectación de la
Fe Pública (…).

Escuchados los intervinientes y de conformidad con el artículo 101 del Código de
Procedimiento Penal, el Juzgado toma la determinación en primera instancia de
levantar la suspensión del poder dispositivo del referido inmueble, como de cancelar
las anotaciones del número de matrícula ya citado e igualmente deja sin validez
alguna las escrituras señaladas”.

7.1.10. Está acreditado que mediante oficio No. 0101-F158 del 22 de abril de 2014,
la Fiscalía 158 Seccional – Unidad Tercera de Bogotá señaló que la investigación
adelantada bajo el radicado 110016000049200902136 se encontraba en indagación
y se habían adelantado actividades del programa metodológico, en especial
pruebas técnicas, según da cuenta copia simple del referido oficio69. De cuyo
contenido se destaca lo siguiente:

“Con fecha 13-08-2009 el perito ALBERTO LÓPEZ FUQUENE, adscrito al DAS.;
rinde estudio dactiloscópico respecto de la impronta dactilar de la señora [Rivka
Priscolnik de liberman] indicando que la huella dactilar vista en la hoja notarial
número WK 110066100 pág. 7 en la escritura pública 740 de fecha 06 de junio de
2008, de la notaría 9 del círculo de Bogotá D.C.-, suministrado por el despacho
notarial, a nombre de RIVKA PRISCOLNIK DE LIBERMAN, corresponde con la (s)
impresión (s) dactilar (es) índice derecho obrante (s) en el (la) copia tarjeta
alfabética formato REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL de la cédula
de ciudadanía no 21065714 a nombre de RIVKA PRISCOLNIK DE LIBERMAN
NACIDO (A) EL 29 - 07 - 1952 en ISRAEL. También estableció que la impresión
dactilar que obra en el reverso de la hoja notarial No WK10066100 pág 7 en la
escritura pública No 0740 de fecha 06 de junio del 2008, de la notaría 9 de Bogotá,
suministrado por el despacho notarial a nombre de LUIS JAIRO GIL corresponde
con la impresión dactilar índice derecho obrante en la copia del informe de consulta
AFIS formato REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL de la cédula de
ciudadanía número 19058276 a nombre de LUIS JAIRO GIL nacido el 30/ 05/1948
en Bogotá.

Con fecha 4 de junio de 2009, el perito CÉSAR AUGUSTO ORTEGÓN GARCÍA
adscrito a la ponal, rinde informe grafológico respecto de las firmas RIVKA
PRISCOLNIK DE LIBERMAN y LUIS JAIRO GIL VISTAS EN LA ESCRITURA
PÚBLICA No 00740 del 6 de 2008, el perito CÉSAR AUGUSTO ORTEGÓN
GARCÍA indica que la firma de la señora RIVKA PRISCOLNIK DE LIBERMAN
obrante en la escritura pública 740 de 2008 de la notaría 9 de Bogotá no presentan
correspondencia manuscritural de la mencionada señora; respecto de la firma como
de JULIÁN GONZÁLEZ GUILLÉN cc 19352 157 obrante en la escritura pública 740
del 06 de 2008 de la notaría 9 círculo de Bogotá no presenta correspondencia
manuscritural con las muestras de escritura del mencionado señor.

Con fecha octubre 28 de 2009, el perito SI. HENRY GIOVANI URREGO URREGO,
adscrito a la PONAL rinde informe respecto de la huella dactilar como de RIVKA
PRISCOLNIK DE LIBERMAN y LUIS JAIRO GIL VISTAS EN LA ESCRITURA
PÚBLICA No 00740 del 06 de 2008; quién concluye que la impresión dactilar

69 Fl. 204 a 205, C. 1.

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Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

relacionada en el numeral 3.11 no se corresponde con las características dejadas
impresión directa por rotación de la última falange del dedo entintado sobre el
sustrato o papel. Se remite al numeral 8.3 indicando que se desconoce elementos
utilizados, clase de tinta, mecanismos empleados para la creación de la impresión
en controversia.

Con fecha 02-06 de 2009, el perito pt. HÉCTOR GÓMEZ ZAPATA adscrito a la
PONAL, señala en la conclusión que la impresión dactilar como de RIVKA
PRISCOLNIK DE LIBERMAN obrante a folio distinguido con WK10066100 de la
escritura 0740 del 06 de junio del 2008, corresponde a RIVKA PRISCOLNIK DE
LIBERMAN cc 21. 065. 714.

Con fecha 18 de marzo de 2010 el experto grafólogo de la policía nacional GERMÁN
PEÑA MONTOYA concluye que: Que no existe uniprocedencia escritural entre la
firma cuestionada como de LEÓN LIBWERMAN PRISCOLNIK vista en el acta
número 03 de fecha 22 de mayo del 2008 8 con las grafías genuinas aportadas para
estudio de la referida señora no existe ni procedencia escritural entre la firma
cuestionada como de rica puesta en el acta No 3 de fecha 22 de mayo del 2008 con
las grafías genuinas aportadas para estudio de la referida señora. No existe
uniprocedencia escritural entre la firma cuestionada como de JULIÁN GONZÁLEZ
GUILLÉN puesta en el acta No 3 de fecha 22 de mayo de 2008 con las grafías
genuinas aportadas para el estudio del referido señor.

Frente a las inconsistencias presentadas en los estudios atrás referidos se ordena
realizar nuevo estudio sobre impronta dactilar qué obra en la hoja EK10066100 de
la E.P. 0740 del 06 de junio del 2008, protocolizada en la notaría 9 de Bogotá, para
lo cual se deberá establecer si se trata una impresión directa falange papel, o si
existió un procedimiento diferente”.

7.2. Análisis de los elementos de la responsabilidad del Estado

En aras de resolver los problemas jurídicos que se debaten en el proceso, la Sala
analizará de forma ordenada cada uno de los elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado, ya que la configuración de dicho instituto jurídico depende
de la sumatoria condicional de los componentes que lo conforman. Por lo anterior,
se hace necesario abordar dichos elementos de la siguiente manera: i) el daño
antijurídico y; ii) posteriormente su imputación frente al Estado.

Lo anterior, más allá de consistir en una metodología sugerida por la Sala, atiende
a una lógica en la que, naturalmente, ante la ausencia del daño como elemento
esencial del instituto indemnizatorio, el análisis del subsiguiente carece de toda
utilidad, ya que aún ante su existencia, no será posible declarar responsabilidad

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patrimonial de la Administración70-71.

7.2.1. El daño antijurídico

Para comenzar, debe señalarse que el daño antijurídico es la lesión injustificada a
un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que
no está amparada por la ley o el derecho72, que contraría el orden legal73 o que está
desprovista de una causa que la justifique74, resultado que se produce sin derecho
al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una
situación reconocida o protegida75, violando de manera directa el principio alterum
non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin
repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. En su fórmula reducida, se dice que
daño antijurídico es aquel que la persona no tiene el deber jurídico de soportar,
descripción que, aunque ilustra en términos generales el fenómeno lesivo
indemnizable, resulta insuficiente para explicarlo integralmente.

En el caso sub examine, se tiene que el daño alegado consiste en el menoscabo
patrimonial sufrido por la parte actora como consecuencia de acciones y omisiones
de la parte demandada que condujeron a la declaración de invalidez de la escritura
pública No. 740 del 6 de junio de 2008 otorgada en la Notaría 9 del Círculo de

70 Sobre este aspecto Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.

Sentencias del 13 de agosto de 2008, Rad. 16516; 6 de junio de 2012, Rad. 24633; 5 de marzo de
2020, Rad. 50264.
71 Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, la Corte Suprema de Justicia

considera lo siguiente: “cabe afirmar que dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad
civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya
trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que
el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la
enunciación, establecimiento y determinación de aquel, ante cuy falta resulta inoficiosa cualquier
acción indemnizatoria”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 4 de abril
de 1968. Por su parte, el profesor Fernando Hinestrosa expresa sobre este particular lo siguiente:
“La responsabilidad, entendida latamente como la obligación de resarcir daños y perjuicios, parte de
un dato imprescindible: el daño. La presencia de un quebranto, independientemente del esmero en
su definición y de la exigencia de actualidad o consolidación de él, o de su certidumbre o su
advenimiento más o menos probable. En ausencia de daño no hay obligación, y el aserto, por demás
obvio, pone de presente el carácter estrictamente resarcitorio de la responsabilidad en el derecho de
tradición romanista.” Hinestrosa, Fernando., “Devenir del derecho de daños”, Revista de Derecho
Privado, Universidad Externado de Colombia, n.º 32, enero-junio de 2017, 5-26. Pág. 6.
72 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
73 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
74 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
75 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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Bogotá, lo cual, a su turno, conllevó a que la escritura pública No. 148 del 28 de
enero de 2009, otorgada en la Notaría 52 del Círculo de Bogotá, mediante la cual la
sociedad Prourbanos adquirió la propiedad del inmueble identificado con número de
matrícula inmobiliaria 50C-1272126, tambien fuese dejada sin efectos.

Así pues, está acreditado que: i) mediante escritura pública No. 740 del 6 de junio
de 2008 otorgada en la Notaría 9 del Círculo de Bogotá, Luis Jairo Gil compró a la
sociedad Liberman & CIA. S en C. el inmueble identificado con número de matrícula
inmobiliaria 50C-1272126 (hecho probado 7.1.2.); ii) mediante escritura pública No.
148 del 28 de enero de 2009 otorgada en la Notaría 52 del Círculo de Bogotá, la
sociedad Prourbanos S.A. adquirió de Luis Jairo Gil el derecho de dominio del
precitado inmueble; iii) mediante auto del 12 de febrero de 2010, el Juzgado Décimo
Penal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá, en el trámite de la
investigación identificada con el radicado 110016000049200902136, dispuso dejar
sin efectos las escrituras públicas Nos. 740 del 6 de junio de 2008 y 148 del 28 de
enero de 2009, con sus correspondientes anotaciones de registro (hecho probado
7.1.9.).

En estos términos, se tiene acreditado que la sociedad Prourbanos perdió la
propiedad sobre el inmueble identificado con número de matrícula inmobiliaria 50C-
1272126, como consecuencia de que el Juzgado Décimo Penal con Funciones de
Control de Garantías de Bogotá dejó sin efectos dicho instrumento público, al
estimar que el origen de este devenía de una actuación fraudulenta.

Este daño tiene el carácter de antijurídico, pues se trata de una afectación a la
garantía integral del patrimonio que, como interés legítimo, encuentra protección en
el ordenamiento jurídico, de conformidad con los artículos 2 y 58 de la Carta Política.
Además, el menoscabo alegado resulta antijurídico, pues se trata de la afectación
de un derecho protegido por el ordenamiento jurídico, cuya lesión no encuentra
justificación.

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7.2.2. Imputación

Para determinar si hay lugar a imputar el daño antijurídico a Jairo Miguel Flórez
Manrique, en su condición de notario 9 del círculo de Bogotá (encargado) para la
época de los hechos, es menester establecer si este le es atribuible fáctica y
jurídicamente.

En su recurso de apelación la parte accionante manifestó que el daño antijurídico
se ocasionó, porque el notario 9 del círculo de Bogotá no debió otorgar la escritura
pública No. 740 de 2008, dado que pasó por alto las inconsistencias contenidas en la
referida escritura, a saber: i) se identificó de forma errónea la supuesta sociedad
vendedora, dado que en la página 1 aparece “Liberman & Cia. S. en C.”, mientras
que en el certificado de existencia y representación legal figuraba como “Liberman
S.A.”; ii) se identificó de forma errónea al supuesto comprador, por cuanto el número
de cédula que se consignó en la página 2, difería del que se plasmó en la firma; iii)
se aceptaron como medios de prueba de hechos del negocio jurídico documentos
que presentaban irregularidades, a saber, el acta 03 de la sociedad Liberman &
Cia. S en C., que contenía la supuesta autorización de los socios para vender el
inmueble; y iv) no existe certeza frente a cuál documento de identidad presentó la
persona que se hizo pasar como representante legal de la sociedad vendedora,
pues en los anexos de la escritura no figura ninguno.

Finalmente, se afirmó en la alzada que el demandado pasó por alto que se estaba
ante la comisión de un delito, frente al cual “estaba en posición y contaba con las
herramientas de poder evitarlo”.

Descendiendo al caso concreto, es importante resaltar que el artículo 1276 del
Decreto 960 de 1970 -Estatuto del Notariado- dispone que deberán celebrarse por
escritura pública todos los actos y contratos de disposición o gravamen de bienes
inmuebles. Asimismo, el artículo 4077 del mencionado decreto prevé que el notario
autorizará el instrumento una vez cumplidos todos los requisitos formales del caso,

76 “Artículo 12. Deberán celebrarse por escritura pública todos los actos y contratos de disposición o

gravamen de bienes inmuebles, y en general aquellos para los cuales la Ley exija esta solemnidad.
77 “Artículo 40. Cumplimiento de requisitos formales. El Notario autorizará el instrumento una vez

cumplidos todos los requisitos formales del caso, y presentados los comprobantes pertinentes,
suscribiéndolo con firma autógrafa en último lugar”.

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y presentados los comprobantes pertinentes, suscribiéndolo con firma autógrafa en
último lugar. Por su parte, el artículo 9978 del referido estatuto determina los yerros
que se producen desde el punto de vista formal en el proceso de perfeccionamiento
de una escritura pública y que se consideran esenciales para la validez de ésta, por
cuya inobservancia se vicia de nulidad el instrumento público.

Por antonomasia, los errores que no tipifiquen ninguna de las causales previstas
en el artículo 99 ejusdem, son pasibles de ser subsanados, enmendados o
corregidos tal como se dispone en los artículos 10279, 10380 y 10481 de dicho
estatuto.

Al respecto, se tiene que en la escritura pública No. 740 de 2008 se incurrió en
algunas inconsistencias, dado que se señaló indistintamente a lo largo del
documento el nombre de la sociedad vendedora como “Liberman y Cia. S. en C.”
y “Liberman S.A.”; asimismo, al momento de transcribir el número de identificación
del señor Luis Jairo Gil se incurrió en un error, pues se indicó que su número de
cédula era 19.058.246, cuando, al parecer, el número correcto era 19.058.276 tal

78 “Artículo 99. Escrituras públicas nulas. Desde el punto de vista formal, son nulas las escrituras en

que se omita el cumplimiento de los requisitos esenciales en los siguientes casos:
1. Cuando el Notario actúe fuera de los límites territoriales del respectivo Círculo Notarial.
2. Cuando faltare la comparecencia ante el Notario de cualquiera de los otorgantes, bien sea
directamente o por representación.
3. Cuando los comparecientes no hayan prestado aprobación al texto del instrumento extendido.
4. Cuando no aparezcan la fecha y el lugar de la autorización, la denominación legal del Notario, los
comprobantes de la representación, o los necesarios para autorizar la cancelación.
5. Cuando no aparezca debidamente establecida la identificación de los otorgantes o de sus
representantes, o la forma de aquellos o de cualquier compareciente.
6. Cuando no se hayan consignado los datos y circunstancias necesarios para determinar los bienes
objeto de las declaraciones”.
79 “Artículo 102. Corrección de errores después de la firma. Una vez autorizada la escritura, cualquier

corrección que quisieren hacer los otorgantes deberá consignarse en instrumentos separados con
todas las formalidades necesarias y por todas las personas que intervinieron en el instrumento
corregido, debiéndose tomar nota en éste de la escritura de corrección”.
80 “Artículo 103. Errores aritméticos y numéricos. Sin embargo, los errores puramente aritméticos

podrán ser corregidos en cualquier tiempo si los factores que los determinan se hallaren claramente
establecidos en el propio instrumento. La cifra aritméticamente verdadera se pondrá en sustitución
de la errónea, de la manera y por los trámites indicados en el artículo 101.
Si se cometiere error en la nomenclatura, denominación o descripción de un inmueble o en la cita de
su cédula o registro catastral, podrá corregirse mediante el otorgamiento de escritura aclaratoria
suscrita por el actual titular del derecho, si de los comprobantes allegados a la escritura en que se
cometió el error y de los títulos antecedentes apareciere el de manifiesto. De igual modo se procederá
si el error se cometiere en relación con los nombres o apellidos de alguno de los otorgantes,
considerando los documentos de identificación anotados en el mismo instrumento”.
81 “Artículo 104. Otros errores. De la misma manera prevista en el artículo precedente podrá

corregirse el error en la cita de los títulos antecedentes y sus inscripciones en el Registro, si fuere
posible establecerlo con precisión mediante certificado actual del Registrador y éste se protocoliza”.

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como el otorgante lo estampó de forma manuscrita debajo de su firma (hecho
probado 7.1.2.).

No obstante lo anterior, se advierte que tales errores no tenían la entidad de alterar
los requisitos formales del referido instrumento, en los términos del precitado
artículo 99 del Estatuto de Notariado, específicamente en su numeral 5, pues si
bien esta claro la configuración de estos, lo cierto es que sí se estableció la
identificación de los otorgantes y/o sus representantes.

En efecto, en la escritura pública se adjuntó como anexo el certificado de existencia
y representación legal expedido por la Cámara de Comercio el 11 de febrero de
2008, en el cual consta que la sociedad Liberman S.A., identificada con el N.I.T.
8001226571-8 estaba representada legalmente por su gerente, a saber, Rivka
Priscolnik de Liberman, identificada con la cédula de ciudadanía No. 21.065.714.
(hecho probado 7.1.3.), quien según consta en la escritura 740 de 2008, fue la
persona que compareció a la Notaría 9 del Círculo de Bogotá en representación de
la referida sociedad.

De igual forma ocurre con la inconsistencia de la identificación de Luis Jairo Gil,
pues si bien al inicio de la escritura se transcribió de forma errónea su número de
identificación, lo cierto es que dicha persona quedó plenamente identificada con la
firma autógrafa al final del documento.

Con todo, se advierte que la identificación de quienes dijeron llamarse Rivka
Priscolnik de Liberman y Luis Jairo Gil se perfeccionó, además, con la verificación
de la comparecencia de estos. Ahora, el hecho de que a la postre resultara ser una
identificación apócrifa o suplantada no resulta atribuible a Jairo Miguel Flórez
Manrique, en su condición de notario 9 del círculo de Bogotá (encargado), pues a
este no le correspondía efectuar la verificación para determinar si quienes
concurrieron a la notaría eran verdaderamente quienes así se anunciaban o, por el
contrario, estaban suplantando a dichas personas, porque tal exigencia rebosa la
labor verificativa de este, en tanto el notario no tiene las facultades para declarar la
falsedad de un documento.

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En línea con lo anterior, la Sala se estima que en lo concerniente a que el notario
pasó por alto los errores y falsedades contenidas en el Acta No. 03 de 2008
mediante la cual supuestamente los socios de “Liberman & Cia. S. en C.”
autorizaron la enajenación del mencionado inmueble (hecho probado 7.1.3.), basta
indicar que no obstante las falencias que hubiera tenido dicho documento, lo cierto
es que el mismo era intrascendente para el perfeccionamiento de la escritura
pública No. 740 de 2008, pues al verificar el certificado de existencia y
representación legal que se protocolizó como anexo de la escritura, se advierte que
el representante legal inscrito, esto es, la señora Rivka Priscolnik de Liberman,
estaba revestida vía estatutaria para “ejecutar todo acto o contrato sin limitaciones
de alguna naturaleza”82; luego entonces, a los propósitos de la autorización de la
escritura y de la verificación de los requisitos legales, la mencionada acta resultaba
inocua.

Así las cosas, el trasfondo del asunto que debate la Sala obedece a posibles
maniobras fraudulentas de terceras personas que, al parecer, se hicieron pasar por
quienes decían ser, sin serlo, situación que el notario encargado no estaba en
condiciones de impedir, pues, inclusive, así la escritura pública se hubiese
perfeccionado sin ninguno de los errores que puso de relieve la parte actora, nada
hubiera impedido que el acto de suplantación cuya intención provino de quienes
comparecieron a otorgar la escritura valiéndose, al parecer, de identidades falsas
se hubiera consumado, ya que al no estar el notario obligado a desplegar acciones
que desborden sus competencia v.gr. declarar falsedades, resultaba un hecho
imprevisible e inescrutable, así como irresistible, porque habiéndose reunido los
requisitos formales como quedó visto, era su deber extender, otorgar y autorizar la
escritura pública que se formó por voluntad de quienes presuntamente rayando en
la ilicitud, comparecieron a protocolizar el negocio de compraventa que dijeron
haber realizado.

Se pone de presente, al igual que lo hizo la primera instancia, que se trató de
posibles maniobras fraudulentas sin que se tenga certeza de que efectivamente la
negociación contenida en la escritura pública No. 740 de 2008 fue producto de un
ilícito. Esto, si se tiene en cuenta que el reporte allegado por la Fiscalía General de

82 Fl. 8, C. 2.

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la Nación da cuenta de que hasta ese momento las pesquisas no eran concluyentes,
dada la disparidad en la interpretación técnica de los cotejos dactilares y
manuscritos y, máxime cuando dos dactiloscopistas de la Policía Nacional ─Alberto
López Fúneque y Héctor Gómez Zapata─ encontraron correspondencia entre la
huella dactilar plasmada en la escritura como de Rivka Priscolnik de Liberman con
la impresión obrante en la copia de la tarjeta alfabética de la Registraduría Nacional
del Estado Civil (hecho probado 7.1.9.).

En suma, se advierte que el hecho que la escritura pública No. 148 del 28 de enero
de 2009 otorgada en la Notaría 52 del Círculo de Bogotá, -mediante la cual sociedad
Prourbanos S.A. adquirió a Luis Jairo Gil el derecho de dominio del inmueble
identificado con número de matrícula inmobiliaria 50C-1272126- hubiese sido
dejada sin efectos por una decisión judicial, no resulta imputable a una falla en el
servicio notarial sino al hecho de que, presuntamente, la escritura pública No. 740
del 6 de junio de 2008 otorgada en la Notaría 9 del Círculo de Bogotá se obtuvo
fraudulentamente, situación que resultaba i) externa a Jairo Miguel Flórez
Manrique, en su condición de notario 9 del círculo de Bogotá (encargado) para la
época de los hechos, pues, se insiste, provino de la conducta de unos terceros,
quienes presuntamente rayando en la ilicitud, comparecieron a protocolizar el
negocio de compraventa que dijeron haber realizado; ii) imprevisible, porque no le
era posible al notario contemplar que quienes acudieron a diligencia no eran las
personas que decían ser; y iii) irresistible, porque habiéndose reunido los
requisitos formales como quedó visto, era su deber extender, otorgar y autorizar la
escritura pública que se formó por voluntad de quienes se presentaron a celebrar
el negocio jurídico, configurándose así la causal exonerativa de responsabilidad de
hecho exclusivo de un tercero.

En vista de lo expuesto en la parte resolutiva de esta providencia se modificará la
sentencia del 5 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar
la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio del Interior
– Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro
y Fernando Carrera; y negar las pretensiones de la demanda.

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Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

8. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 5 de junio de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda, por los
motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia, la cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Nación – Ministerio del Interior – Ministerio de Justicia y del Derecho,
la Superintendencia de Notariado y Registro y Fernando Carrera.

SEGUNDO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.”

SEGUNDO: SIN COSTAS.

TERCERO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

VF

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