Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00949-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-00949-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-00949-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
24 de julio de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Proceso: Reparación directa
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (FOSYGA)-Objeto y regulación. ENTIDAD PROMOTORA DE
SALUD-Repetición contra el Estado por medicamentos que no figuren en el listado. RECURSOS DEL FOSYGA-
Reconocimiento por vía administrativa, Decreto-Ley 1281 de 2002. RECOBROS POR SERVICIOS DE SALUD
NO INCLUIDOS EN EL POS-El rechazo en el cobro configura un acto administrativo. RECOBROS POR
SERVICIOS DE SALUD NO INCLUIDOS EN EL POS-La acción de reparación directa no es la idónea para
reclamar ante negativas del Fosyga. INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-
La nulidad y restablecimiento del derecho procede para reparar daños provenientes de actos administrativos.
UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA-Acción procedente para controvertir las decisiones del administrador
fiduciario del Fosyga frente al recobro de servicios no cubiertos por el POS. INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA
DEMANDA-La demanda no señala los motivos de violación normativa de la fuente del daño alegado.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la sentencia del 3 de septiembre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró de oficio la indebida
escogencia de la acción.
SÍNTESIS DEL CASO
La Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. –en adelante, EPS Sanitas– presentó
868 solicitudes de recobro al Ministerio de Salud y Protección Social por la
prestación de servicios de acompañamiento permanente, auxiliar de enfermería y
suministro de hogares sustitutos para el cuidado de adultos mayores y pacientes
con enfermedades incapacitantes o en fase terminal, no incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud –en adelante, POS–. Aduce que el Ministerio de Salud y
Protección Social y el Consorcio Fidufosyga 2005, administrador del Fondo de
Solidaridad y Garantía –en adelante, Fosyga– devolvieron las solicitudes,
presentaron glosas y negaron el pago. Esto, causó un detrimento patrimonial,
Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
porque los servicios prestados no estaban financiados por las Unidades de Pago
por Capitación –en adelante, UPC–.
ANTECEDENTES
La demanda
El 5 de septiembre de 2011, EPS Sanitas, a través de apoderado, presentó
demanda de reparación directa contra la Nación-Ministerio de Salud y Protección
Social y las sociedades fiduciarias que integraban el Consorcio Fidufosyga 2005,
para que se hicieran las siguientes declaraciones:
«Primera- Que se declare administrativa, extracontractual y solidariamente
responsables a la Nación-Ministerio de la Protección Social y las sociedades
fiduciarias que integran el denominado Consorcio Fidufosyga 2005, Fiduciaria
Bancolombia S.A., Fiduprevisora S.A., Fiduciaria Cafetera S.A., Fiduciaria de
Occidente S.A. – Fiduoccidente, Fiduciaria Bogotá S.A., Fiduciaria Popular S.A. –
Fiduciar, Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A., Fiduciaria de Desarrollo
Agropecuario S.A. – Fiduagraria, por los perjuicios materiales causados a EPS
Sanitas S.A., con ocasión de la falta de reconocimiento y pago de la prestación de
servicios de salud denominados: acompañamiento permanente – auxiliar de
enfermería y suministro de hogares sustitutos para el cuidado de adultos mayores y
pacientes con enfermedades discapacitantes y/o en fase terminal, con
acompañamiento adicional, no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, y, por
consiguiente, no costeados por las Unidades de Pago por Capitación, UPC, que el
Sistema General de Seguridad Social en Salud le reconoce mensualmente por cada
afiliado y beneficiario, de manera que están a cargo de la subcuenta de
compensación del Fosyga, y los cuales fueron efectivamente cubiertos por EPS
Sanitas a favor de afiliados y beneficiarios suyos, de tiempo atrás.
Segunda- Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a la
Nación-Ministerio de la Protección Social y las sociedades fiduciarias que integran
el denominado Consorcio Fidufosyga 2005 […] a cancelar a la demandante por
concepto de perjuicios materiales, las siguientes cifras:
2.1. Daño Emergente:
2.1.1. La suma de dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho millones
setecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos
($2.458.788.453), cancelados por EPS Sanitas S.A. a diferentes
Instituciones Prestadoras de Servicios – IPS del país, concepto del
suministro de los servicios denominados: acompañamiento permanente –
auxiliar de enfermería y suministro de hogares sustitutos para el cuidado de
adultos mayores y pacientes con enfermedades discapacitantes y/o en fase
terminal, con acompañamiento adicional, no incluidos en el Plan Obligatorio
de Salud, POS, y, por consiguiente, no costeados por las Unidades de Pago
por Capitación, UPC, que el Sistema General de Seguridad Social en Salud
le reconoce mensualmente por cada afiliado y beneficiario, de manera que
están a cargo de la subcuenta de compensación del Fosyga, y los cuales
fueron efectivamente cubiertos por EPS Sanitas a favor de afiliados y
beneficiarios suyos.
2.1.2. La suma de doscientos cuarenta y cinco millones ochocientos setenta
y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco pesos ($245.878.845), por concepto
2
Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
de los gastos administrativos inherentes a la gestión y manejo de las
prestaciones excluidas del POS objeto de la presente […] monto que
equivale al 10% del valor de las mismas, aplicando por analogía el porcentaje
del gasto administrativo admitido para las Administradoras de Riesgos
Profesionales – ARP, o la suma que resulte probada en el trámite del
proceso.
2.2. Lucro Cesante:
2.2.1. Consolidado: la suma de seiscientos treinta y nueve millones ciento
cuatro mil cincuenta y un pesos ($639.104.051), a título de intereses, a favor
de la EPS Sanitas, sobre el monto de que trata la pretensión 2.1.1.,
liquidados entre la fecha de exigibilidad del respectivo concepto de recobro
hasta el 31 de julio de 2011, a la tasa máxima de interés moratorio
establecida para los tributos administrados por la DIAN, conforme al artículo
4 del Decreto Ley 1281 de 2002, según liquidación que se adjunta.
Tercera- Que se declare y ordene que la condena a que se refiere la pretensión 2.1.
se le aplique la indexación y/o corrección monetaria, conforme a los criterios
señalados por la jurisdicción contencioso administrativa, desde el momento en que
debieron sufragarse y hasta que se efectúe el pago total de la obligación.
Cuarta- Que se condena a las demandadas al pago de costas y agencias en derecho
que se ocasionaren con motivo de la presentación de esta demanda […]»1.
Hechos
La parte demandante indicó que por órdenes de fallos de tutela y autorizaciones
expedidas por Comités Técnico Científicos –en adelante, CTC– prestó servicios de
salud de acompañamiento permanente, auxiliar de enfermería y suministro de
hogares sustitutos para el cuidado de adultos mayores y pacientes con
enfermedades incapacitantes o en fase terminal, no incluidos en el POS. La EPS
Sanitas pagó dichos servicios a distintas Instituciones Prestadoras de Servicios –en
adelante, IPS– y presentó solicitudes de recobro al Fosyga. Las solicitudes fueron
glosadas y devueltas por varias causales. EPS Sanitas volvió a presentar las
solicitudes de recobro, previa corrección de los defectos indicados en las glosas, sin
embargo, el Fosyga no aprobó las solicitudes, ni ordenó los reembolsos.
La EPS Sanitas adujo que tenía derecho a recibir el pago por los servicios no POS
prestados a sus afiliados, porque en las solicitudes de recobro presentó todos los
soportes que exigía la normatividad aplicable. Sostuvo que la acción de reparación
directa es procedente, en razón a que la actividad del Consorcio Fidufosyga 2005,
al revisar, liquidar y reconocer los recobros de las EPS, es una operación
administrativa que causó perjuicios materiales a la demandante, como
consecuencia de las glosas injustificadas que presentó a sus reclamaciones.
1 Folios 6 y 7 c. 1.
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Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
Sostuvo que el régimen de responsabilidad aplicable es el daño especial, en razón
a que con ocasión de la actividad lícita del Estado, se presentó una desigualdad
frente a las cargas públicas, al negar el reembolso de las sumas que pagó por la
prestación de servicios médicos no incluidos en el POS. Agregó que también se
configuró un enriquecimiento sin justa causa, porque la afectación patrimonial de la
EPS Sanitas no tiene causa jurídica, la entidad actuó de buena fe, se empobreció y
el Estado se enriqueció2.
Contestación de la demanda
La Nación-Ministerio de Salud y Protección Social sostuvo que no hubo daño
antijurídico, porque la EPS Sanitas no cumplió los requisitos y exigencias que prevé
la ley para el reconocimiento de los recobros al Fosyga. Además, como los servicios
se habían pagado mediante las UPC, aceptar los recobros equivaldría a un doble
pago, en detrimento de los recursos públicos de la salud3.
Las sociedades integrantes del Consorcio Fosyga 2005 indicaron que este no era
el titular ni el representante de los recursos del Fosyga, sólo podía reconocer los
recobros conforme a las órdenes del Ministerio de Salud y Protección Social y no
fija el alcance ni la extensión de las UPC. Este Ministerio no perdió la titularidad de
los recursos del Fosyga, era el ordenador del gasto y el Consorcio sólo fungió como
tenedor y administrador. Sostuvo que la EPS Sanitas nunca asumió una carga
mayor a la que legalmente debía tener, porque contaba con los recursos necesarios
para cubrir los servicios incluidos en el POS, a favor de sus afiliados4.
Sentencia de primera instancia
El 3 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia en la que declaró de oficio la indebida escogencia de la acción, al
considerar que a través de cuatro oficios, el Consorcio Fosyga 2005 notificó al
representante legal de la EPS Sanitas, los recobros que habían sido aprobados y
rechazados, con sus respectivas glosas. Esas decisiones son actos administrativos
que resolvieron de fondo una petición y finalizaron el procedimiento administrativo
regulado en las Resoluciones N.º 3099 del 19 de agosto y 3754 del 2 de octubre de
2 Folios 73 a 34 c. 1.
3 Folios 143 a 169 c. 1.
4 Folios 1 a 50 c. 2.
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Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
2008. Estimó que por lo anterior, lo correcto era demandar la nulidad de esos actos
administrativos y solicitar el restablecimiento del derecho, por el desequilibrio
financiero ocasionado al negar el reconocimiento y pago de los recobros.
Agregó que no era posible readecuar la acción a la de nulidad y restablecimiento
del derecho, porque operó la caducidad al haber transcurrido más de cuatro meses
entre la notificación de los oficios por los cuales el Consorcio Fidufosyga 2005
rechazó los recobros y la presentación de la demanda, el 5 de septiembre de 20115.
Recurso de apelación
La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia, en el que
esgrimió que el procedimiento de recobro que hizo la EPS Sanitas era un
procedimiento administrativo de carácter especial, regulado por normas de carácter
público –Resoluciones N.º 3099 de 2008 y 00548 de 2010–. En ningún momento se
expidió un acto administrativo o un documento con esas características, que pudiera
ser controvertido mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Por
el contrario, se produjo una operación administrativa cuyos efectos generaron
perjuicios a la parte demandante.
Sostuvo que las partes demandadas culminaron el proceso de recobro con una
«simple comunicación informativa» y no con un acto administrativo. Además, la
regulación especial aplicable tampoco dispuso que el procedimiento terminaba con
un acto de este tipo. EPS Sanitas reclamó administrativamente el reconocimiento y
pago de las erogaciones que asumió por la prestación de servicios médicos no
incluidos en el POS. El administrador del Fosyga negó esos reconocimientos, sin
incluir un sustento jurídico para fundamentar su decisión6.
Trámite de segunda instancia
El 6 de octubre de 2015, el Tribunal concedió el recurso de apelación7 y el 4 de abril
de 2016, el Despacho lo admitió8. El 5 de mayo de 2016, se corrió traslado para
alegar de conclusión en segunda instancia9. La parte demandante alegó que las
5 Folios 416 a 424 c. principal.
6 Folios 426 a 443 c. principal.
7 Folio 445 c. principal.
8 Folio 449 c. principal.
9. Folio 451 c. principal.
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Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
resoluciones que regulaban el procedimiento administrativo establecían que los
resultados de la auditoría que hacía el Consorcio Fosyga 2005 estaban contenidos
en comunicaciones, a las que no se le dio el carácter de acto administrativo. Reiteró
que los servicios prestados y por los que solicitó el recobro no estaban incluidos
expresamente en el POS10.
Las sociedades integrantes del Consorcio Fosyga 2005 reiteraron que no eran
deudores de la EPS Sanitas, porque no tomaban la decisión del pago de los
recobros presentados, porque el Ministerio de Salud y Protección Social era el
propietario de los recursos del Fosyga y el ordenador del gasto. Agregó que en dado
caso, de llegarse a considerar que los servicios prestados y recobrados por la parte
demandante no hacen parte del POS, la EPS Sanitas debe asumir la mitad del valor
de los recobros11. La Nación-Ministerio de Salud y Protección Social reiteró lo
expuesto e indicó que la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del
derecho y no la reparación directa12. El Ministerio Público guardó silencio13.
El 24 de mayo de 2021, el Despacho declaró la nulidad de todo lo actuado por falta
de jurisdicción, desde la admisión de la demanda y remitió el expediente a la oficina
de reparto de los juzgados laborales del circuito de Bogotá14. El 28 de junio de 2023,
el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá declaró la falta de competencia,
suscitó conflicto negativo de competencia y ordenó remitir el expediente a la Corte
Constitucional, para que esta resolviera el conflicto15. El 21 de noviembre de 2023,
la Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante auto No. 2902, al dirimir el
conflicto de jurisdicciones, declaró que la Jurisdicción Contencioso Administrativa
era la competente para conocer sobre los recobros solicitados por la EPS Sanitas
a la Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y a las sociedades integrantes
del Consorcio Fosyga 2005. En consecuencia, remitió el expediente a este
Despacho16.
CONSIDERACIONES
10 Folios 503 a 514 c. principal.
11 Folios 452 a 496 c. principal.
12 Folios 497 a 502 c. principal.
13 Folio 515 c. principal.
14 Folios 540 y 541 c. principal.
15 Archivo «04AutoSuscitaConflicto» en la carpeta «11001310501720220028400» del expediente digital que
obra en el índice 48 SAMAI del proceso con radicado No. 25000232600020110094901.
16 Archivo «04Auto_2902_-_23_CJU-4443» en la carpeta «CJU0004443 CC» del expediente digital que obra
en el índice 48 SAMAI del proceso con radicado No. 25000232600020110094901.
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Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
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Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
1. La demanda se presentó el 5 de septiembre de 2011, por lo tanto el régimen
aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme al
artículo 266 del CCA17, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código,
los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones
en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte,
el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo18 –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012– prevé que las
actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de
dicho código seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico
anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA 19, en
los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante
CPC– en lo que fuera compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones
que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
I. Presupuestos procesales
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias cuando se
demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una
entidad estatal según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1 de la Ley
1107 de 200620. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para
estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA 21, según el cual
conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera
17 «Artículo 266. Vigencia. En los procesos iniciados antes de la vigencia del presente estatuto, los recursos
interpuestos, los términos que hubieren comenzado a correr, y las notificaciones y citaciones que se estén
surtiendo, se regirán por la ley vigente cuando se interpuso el recurso, empezó a correr el término o principió a
surtirse la notificación […]».
18 «Artículo 308. Régimen de transición y vigencia. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del
año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior».
19 «Artículo 267. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código
de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo contencioso administrativo».
20 «Artículo 82.–Modificado por la Ley 1107 de 2006, artículo 1º–. Objeto de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y
litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con
capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos
órganos del Estado […]».
21 «Artículo 129.—Modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 37. Competencia del Consejo de Estado en
segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión […]».
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Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es
competente en razón a la cuantía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198
de la Ley 1450 de 201122, dado que el valor de la pretensión material mayor supera
los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 del CCA23, esto es, $267.800.00024
Acción procedente
3. La Sala se ve obligada a plantear el problema jurídico en el estudio de este
presupuesto procesal por las razones que se pasarán a explicar.
II. Problema jurídico
4. Corresponde a la Sala determinar si la acción de reparación directa es idónea
para solicitar la reparación de los daños derivados de las decisiones del
administrador fiduciario del Fosyga, frente a las solicitudes de recobro de una EPS
por servicios de salud no incluidos en el POS.
III. Análisis de la Sala
Recobros por servicios de salud no incluidos en el POS
5. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud–
en adelante SGSSS– para regular el servicio público esencial de salud y crear
condiciones de acceso para toda la población, en todos los niveles de atención
(artículo 15225). El SGSSS estaba integrado –entre otros– por organismos de
administración y financiación, como el Fosyga (artículo 155.226). El Fosyga tenía a
22 «Artículo 198. Descongestión por razón de la cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Con
el propósito de evitar la congestión de los Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado, en los procesos
que cursen o deban cursar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en relación con los cuales a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no se hubiere notificado en debida forma el correspondiente
auto admisorio de la demanda o cuando este no se hubiere expedido y cuyas demandas se presenten hasta
antes del 2 de julio de 2012, la competencia por razón de la cuantía se determinará con sujeción a las reglas
consagradas en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 […]».
23 «Artículo 132. –Modificado por la Ley 446 de 1998, artículo 40– Competencia de los tribunales administrativos
en primera instancia. Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
[…] 6. De los de reparación directa cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales
mensuales […]».
24 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2011, $535.600, por 500.
25 «Artículo 152. Objeto. La presente Ley establece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, desarrolla
los fundamentos que lo rigen, determina su dirección, organización y funcionamiento, sus normas
administrativas, financieras y de control y las obligaciones que se derivan de su aplicación. Los objetivos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud son regular el servicio público esencial de salud y crear
condiciones de acceso en toda la población al servicio en todos los niveles de atención […]».
26 «Artículo 155. Integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Sistema General de
Seguridad Social en Salud está integrado por: […] 2. Los Organismos de Administración y Financiación: […] c)
El Fondo de Solidaridad y Garantía […]».
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Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
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Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
su cargo el manejo y administración de los recursos que integraban el sistema. Su
objeto era garantizar la compensación entre personas de distintos ingresos y riesgos
y la solidaridad del SGSSS, cubrir los riesgos catastróficos, los accidentes de
tránsito, entre otras funciones complementarias (artículo 15627).
El Fosyga fue constituido como una cuenta adscrita al Ministerio de Salud y
Protección Social que se manejaba por encargo fiduciario, sin personería jurídica,
ni planta de personal propia (artículo 21828). Al establecer su estructura, la Ley 100
dispuso que el Fosyga tendría las siguientes subcuentas independientes: (i)
compensación interna del régimen contributivo; (ii) solidaridad del régimen de
subsidios en salud; (iii) promoción de la salud; (iv) seguro de riesgos catastróficos y
accidentes de tránsito (artículo 219 Ley 100 de 1993 29) y (v) de garantías en salud
(artículo 41 Decreto Ley 4107 de 201130).
Cada subcuenta del Fosyga debía ser administrada mediante encargo fiduciario –
en el que no hay traspaso de la propiedad, ni constitución de un patrimonio
autónomo (artículo 32.5 Ley 80 de 199331)–. La dirección y control integral del
Fosyga estaba a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social y el Consejo
27 «Artículo 156. Características básicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Sistema General
de Seguridad Social en Salud tendrá las siguientes características: […] l) Existirá un Fondo de Solidaridad y
Garantía que tendrá por objeto, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, garantizar la compensación entre
personas de distintos ingresos y riesgos y la solidaridad del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
cubrir los riesgos catastróficos y los accidentes de tránsito y demás funciones complementarías señaladas en
esta Ley […]».
28 «Artículo 218. Creación y Operación del Fondo. Créase el Fondo de Solidaridad y Garantía, como una cuenta
adscrita al Ministerio de Salud que se manejará por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de
personal propia, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de la Contratación de la
Administración Pública de que trata el artículo 150 de la Constitución Política […]».
29 «Artículo 219. Estructura del Fondo. El Fondo tendrá las siguientes subcuentas independientes: a) De
compensación interna del régimen contributivo; b) De solidaridad del régimen de subsidios en salud; c) De
promoción de la salud; d) Del seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito, según el artículo 167 de
esta Ley».
30 «Artículo 41. Subcuenta de Garantías para la Salud. En el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga,
funcionará la Subcuenta de Garantías para la Salud con el objeto de: a) Procurar que las instituciones del sector
salud tengan medios para otorgar la liquidez necesaria para dar continuidad a la prestación de servicios de
salud; b) Servir de instrumento para el fortalecimiento patrimonial de aseguradores y prestadores de servicios
de salud y de garantía para el acceso a crédito y otras formas de financiamiento; c) Participar transitoriamente
en el capital de los aseguradores y prestadores de servicios de salud; d) Apoyar financieramente los procesos
de intervención, liquidación y de reorganización de aseguradores y prestadores de servicios de salud […]».
31 Declarado exequible, salvo su inciso primero, por la Corte Constitucional en la sentencia C-086 de 1995.
«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de
obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o
en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título
enunciativo, se definen a continuación: […] 5°. Encargos Fiduciarios y Fiducia Pública. Los encargos fiduciarios
que celebren las entidades estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia
Bancaria, tendrán por objeto la administración o el manejo de los recursos vinculados a los contratos que tales
entidades celebren […] Los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia pública sólo podrán celebrarse por
las entidades estatales con estricta sujeción a lo dispuesto en el presente estatuto, únicamente para objetos y
con plazos precisamente determinados […] La fiducia que se autoriza para el sector público en esta ley, nunca
implicará transferencia de dominio sobre bienes o recursos estatales, ni constituirá patrimonio autónomo del
propio de la respectiva entidad oficial, sin perjuicio de las responsabilidades propias del ordenador del gasto. A
la fiducia pública le serán aplicables las normas del Código de Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean
compatibles con lo dispuesto en esta ley […]».
9
Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
Nacional de Seguridad Social en Salud –CNSSS– actuaría como consejo
administrador. A su vez, la capacidad para contratar y comprometer, lo mismo que
la ordenación del gasto, sobre las apropiaciones del Fosyga estaban en cabeza del
ministro de Salud, en los términos de la ley orgánica del presupuesto (artículo 47
Decreto 111 de 199632).
Los recursos del Fosyga que gestionaban los administradores fiduciarios provenían,
principalmente, de las cotizaciones –contribuciones parafiscales– para el régimen
contributivo y de subsidios financiados con recursos «fiscales o de solidaridad»
previstos en la ley para el régimen subsidiado (arts. 156.b33, 20234 y 21135 de la Ley
100 de 1993). De modo que, el administrador fiduciario del Fosyga manejaba
recursos públicos.
6. Todos los afiliados al SGSSS tienen derecho al plan de protección de la
salud, con atención preventiva, médico-quirúrgica y medicamentos esenciales,
denominado Plan Obligatorio de Salud –POS–. Las EPS deben suministrar el POS
a cualquier persona que desee afiliarse y pague la cotización o tenga un subsidio.
En contraprestación, por cada persona afiliada y beneficiaria, las EPS reciben una
Unidad de Pago por Capitación –UPC–. Aunque la Ley 100 de 1993 solo establecía
que las EPS debían suministrar los servicios previstos en el POS, los jueces por
tutela ordenaron a las EPS cubrir servicios de salud adicionales y las «autorizaron»
a «repetir contra el Estado» con cargo a las subcuentas del Fosyga 36. Por ello, el
CNSSS autorizó la posibilidad de que se formularan medicamentos no incluidos en
el POS (art. 8 Acuerdo 228 de 2002 –vigente para la época de los hechos–37) y el
32 «Artículo 47. Corresponde al Gobierno preparar anualmente el Proyecto de Presupuesto General de la Nación
con base en los anteproyectos que le presenten los órganos que conforman este Presupuesto. El Gobierno
tendrá en cuenta la disponibilidad de recursos y los principios presupuestales para la determinación de los
gastos que se pretendan incluir en el proyecto de Presupuesto».
33 «Artículo 156. Características básicas del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Sistema General
de Seguridad Social en Salud tendrá las siguientes características: […] b) Todos los habitantes en Colombia
deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización
reglamentaria o a través del subsidio que se financiará con recursos fiscales, de solidaridad y los ingresos
propios de los entes territoriales […]».
34 «Artículo 202. –Antes de su modificación por el artículo 30 de la Ley 1607 de 2012– Definición. El régimen
contributivo es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias al Sistema General
de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual y
familiar, o un aporte económico previo financiado directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su
empleador».
35 «Artículo 211. Definición. El Régimen Subsidiado es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los
individuos al Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago
de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales o de solidaridad de que trata la presente
Ley».
36 Corte Constitucional, sentencia SU-480 de 1997.
37 «Artículo 8º.- Para garantizar el derecho a la vida y a la salud a las personas, podrán formularse medicamentos
no incluidos en el manual de que trata el presente Acuerdo, previa aprobación del Comité Técnico Científico. Si
el precio de compra de estos medicamentos no incluidos en el manual, teniendo en cuenta el valor total del
tratamiento, es menor o igual al precio de compra de los medicamentos que lo reemplazan o su similar, serán
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Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
Ministerio de Salud y Protección Social reglamentó el procedimiento que debían
cumplir las EPS para su recobro ante esa entidad (Resolución N.º 3099 de 2008 38,
con sus resoluciones modificatorias –vigente para la época de los hechos–).
En armonía con el artículo 1339 del Decreto-Ley 1281 de 2002 –que reguló los flujos
de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud– el
Ministerio de Salud y Protección Social reglamentó el procedimiento de recobro ante
el Fosyga por concepto de suministro de medicamentos, servicios médicos y
prestaciones de salud no incluidos en el POS, autorizados por los CTC o por fallos
de tutela.
El procedimiento especial de recobro, en términos generales, comprendía las
siguientes etapas: las EPS debían radicar, en la dependencia de correo y radicación
del Ministerio o de la entidad que se definiera para ese efecto, la solicitud de recobro
junto con el formato, los anexos y los documentos según el caso. Una vez radicada,
el Ministerio de Salud y Protección Social o la entidad que se definiera para tal efecto
debía adelantar el estudio de la solicitud de recobro en el plazo previsto. El estudio
de la solicitud de recobro podía resultar en rechazo, devolución, aprobación
condicionada, inconsistencia o aprobación para pago.
El resultado de la auditoría debía comunicarse al representante legal de la EPS
indicando el estado del recobro, las causales aplicadas y las razones por las que
se había reliquidado el valor recobrado. La comunicación debía contener: la fecha
de expedición de la comunicación; el número de recobro y de radicación; el código
de la causal aplicada y el término con el que contaba la EPS para dar respuesta.
Esa comunicación podía ser objetada –dentro del plazo dispuesto– por la entidad
recobrante para que se confirmara o modificara su decisión inicial. La respuesta a
suministrados con cargo a las entidades obligadas a compensar o ARS. Si el precio de compra excede o es
superior, la diferencia será cubierta con recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía.
38 «Por la cual se reglamentan los Comités Técnico - Científicos y se establece el procedimiento de recobro
ante el Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, por concepto de suministro de medicamentos, servicios
médicos y prestaciones de salud no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, POS, autorizados por Comité
Técnico-Científico y por fallos de tutela».
39 «Artículo13. Términos para cobros o reclamaciones con cargo a recursos del Fosyga. Sin perjuicio de los
términos establecidos para el proceso de compensación en el régimen contributivo del sistema general de
seguridad social en salud, con el fin de organizar y controlar el flujo de recursos del Fosyga, cualquier tipo de
cobro o reclamación que deba atenderse con recursos de las diferentes subcuentas del Fosyga deberá
tramitarse en debida forma ante su administrador fiduciario dentro de los seis meses siguientes a la generación
o establecimiento de la obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda. En consecuencia,
no podrá efectuarse por vía administrativa su reconocimiento con posterioridad al término establecido. La
reclamación o trámite de cobro de las obligaciones generadas con cargo a los recursos del Fosyga, antes de la
entrada en vigencia del presente decreto, deberán presentarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada
en vigencia de este decreto».
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Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
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Referencia: Reparación directa
la objeción debía informarse dentro del plazo previsto en la regulación y el resultado
era definitivo (Resoluciones N.º 2948 y N.º 2949 de 2003, N.º 3797 de 2004, N.º
2933 de 2006, N.º 3099 de 2008, N.º 458 y N.º 5395 de 2013, N.º 3951 de 2016,
entre otras).
Unificación de jurisprudencia sobre la acción procedente para solicitar la
responsabilidad por daños derivados del recobro de servicios de salud no
incluidos en el POS
7. Mediante sentencia del 20 de abril de 202340, la Sala Plena de esta Sección
unificó su jurisprudencia en el sentido de señalar que la decisión definitiva del
administrador del Fosyga, respecto de las solicitudes de recobro por suministro de
medicamentos, servicios médicos y prestaciones de salud no incluidos en el POS,
autorizados por los CTC o por fallos de tutela, es un acto administrativo.
La Sala estimó que en estos casos, el administrador del Fosyga, al decidir sobre
los recobros de servicios y medicamentos no POS, ejercía función administrativa,
mediante un procedimiento administrativo especial y así lo sostuvo la Corte
Constitucional41. Esta última, al estudiar la constitucionalidad del último apartado el
artículo 13 del Decreto-Ley 1281 de 2002, determinó que el legislador
extraordinario, en el trámite de los recobros a cargo del Fosyga, creó un
«procedimiento administrativo especial» y que, en lo no regulado, y en tanto fueran
compatibles, debía acudirse a las disposiciones del CCA. Agregó que el trámite era
de «naturaleza pública administrativa», porque las actuaciones del administrador –
aunque fueran asignadas a un encargo fiduciario de carácter privado– se regían
por el derecho público y se trataba de «funciones administrativas en relación con
recursos públicos del SGSSS con los que se atienden obligaciones inherentes al
mismo».
Conforme a la providencia de unificación, como la decisión definitiva del
administrador del Fosyga constituye una declaración unilateral, que se expide en
ejercicio de una función administrativa, produce efectos jurídicos sobre un asunto y,
por lo mismo, es vinculante, y se trata de un acto administrativo42. En consecuencia,
40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de abril de 2023, Rad. 55.085-
41 Corte Constitucional, sentencia C-510 del 25 de mayo de 2004.
42 Juan Carlos Cassagne define el acto administrativo como un «acto jurídico, producto de una declaración o
manifestación de voluntad de un órgano del Estado emitida de conformidad con el ordenamiento y productora
de efectos jurídicos». CASSAGNE, Juan Carlos. El Acto Administrativo, Editorial Temis, Bogotá, segunda
edición, 2013, p. 20.
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Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
la acción procedente para solicitar la responsabilidad de los daños derivados de las
decisiones del administrador fiduciario del Fosyga, frente a las solicitudes de
recobro por servicios de salud no incluidos en el POS, es la de nulidad y
restablecimiento del derecho. Con la decisión de unificación, la Sección buscó
garantizar la unidad de interpretación respecto de la acción procedente en estos
eventos y la providencia constituye referente para resolver estas controversias.
Ineptitud sustantiva de la demanda
8. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir
la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo (artículo 90 de la
Constitución Nacional43 y artículo 86 del CCA44). Por su parte, la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho es la idónea para impugnar la legalidad de un acto
administrativo cuando se estime que este ha lesionado un derecho contenido en
una norma jurídica, su consecuente restablecimiento del derecho y también para
solicitar que se reparen los perjuicios causados con el acto (artículo 85 del CCA45).
La acción de reparación directa y la de nulidad y restablecimiento del derecho
comparten una naturaleza indemnizatoria, pero difieren en cuanto a la fuente que
genera el daño, que supone una distinta formulación de las pretensiones y un
término diverso de caducidad. Si el daño tiene origen en un acto administrativo, por
regla general46, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del
derecho, mientras que, si la fuente del daño es un hecho, omisión u operación
administrativa, la responsabilidad de la administración se debe perseguir a través
de la acción de reparación directa. Así lo ha establecido esta Sección en varias
oportunidades:
43
«Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas […]».
44 «Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación
del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa […]».
45 «Artículo 85. Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un
derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le
restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño […]».
46 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de la acción de reparación directa para
reparar daños causados por actos administrativos respecto de los cuales no se discute su legalidad. Consejo
de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007,
Rad. 16.421.
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Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
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Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
«[…] en materia de lo contencioso administrativo la fuente del daño determina la
acción procedente para analizar los supuestos que fundan la controversia y,
ésta, a su vez, determina la técnica apropiada en la formulación de las
pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer
por la vía jurisdiccional, de manera que si el daño tiene origen en un acto
administrativo de carácter particular y concreto, la acción procedente será la de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues resulta menester para obtener el
resarcimiento del perjuicio, el pronunciamiento acerca de la anulabilidad del acto por
violación de los preceptos superiores para efectos de desvirtuar la presunción de
legalidad y veracidad que revisten tales actos jurídicos y que hacen obligatorio su
cumplimiento y obedecimiento […] (resaltado fuera del texto)47»
«[…] Es claro que el legislador estableció las acciones que son procedentes para
reclamar ante la justicia el resarcimiento del daño antijurídico causado como
consecuencia del comportamiento o la actividad del Estado. Cuando dicho
comportamiento se materializa en acto administrativo ilegal será necesario
acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y cuando se
concreta en una operación, hecho u omisión o en un acto legal que altera el
principio de igualdad de las cargas públicas, será la acción de reparación
directa la idónea para reclamar la indemnización de los perjuicios causados […]
(resaltado fuera del texto)48».
La Sala ha admitido excepcionalmente la procedencia del medio de control de
reparación directa por daños causados por actos administrativos, cuya legalidad no
se cuestiona49. Sin embargo, si la parte demandante, en sede de reparación directa,
invoca como título de imputación el «daño especial», por una supuesta ruptura de
las cargas públicas, pero en realidad lo que pretende es cuestionar la legalidad del
acto administrativo, el medio de control procedente será el de nulidad y
restablecimiento del derecho. Así lo explicó la jurisprudencia de esta Sección:
«[…] cuando el perjuicio surge de la ilegalidad de la decisión administrativa
(acto administrativo) y su ejecución no hace sino acatarla, la acción deberá
ser de restablecimiento; cuando el daño proviene de la irregular ejecución de
un acto que no se cuestiona en su legalidad, la acción será de reparación
directa, centrando su cuestionamiento en los actos materiales de ejecución de la
decisión administrativa, pero sin omitir en su evaluación al alcance de dicha
decisión; por ser, en definitiva, la que determina los poderes de ejecución de la
administración; como será de reparación directa no sólo cuando el acto, en sí,
no es ilegal pero es la fuente del perjuicio por implicar rompimiento del
principio de la igualdad ante las cargas públicas, sino también cuando la
operación administrativa resulte fallida, por, razones distintas al orden
público o el interés social.
Se precisa entonces, que así como puede haber responsabilidad por la conducta
irregular de la administración, traducida en hechos materiales cuando el daño sea
antijurídico, así podrá darse la responsabilidad de la administración por el acto
administrativo regular o legal, cuando la lesión no nace del desajuste con el
ordenamiento sino del rompimiento de la igualdad ante las cargas públicas, faceta
del principio de la igualdad ante la ley que contempla el artículo 13 de la carta.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de mayo de 2009, Rad. 15.652 y del 12 de mayo de
2011, Rad. 26758.
48 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2011, Rad. 19.846.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421.
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Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
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Referencia: Reparación directa
En esas hipótesis, como es obvio, no se hace un juicio de legalidad al acto
productor del perjuicio (como sí se debe hacer en la acción de
restablecimiento, en la cual el resarcimiento del derecho nace sólo de la
nulidad del acto por ilegalidad), sino que sólo se estudia si el daño causado
al administrado fue antijurídico o no, o sea, si tenía porqué soportarlo o no […]
(resaltado fuera del texto)50»
9. Según la demanda, el daño consiste en el detrimento patrimonial que sufrió
EPS Sanitas como consecuencia del rechazo y no pago de 868 solicitudes de
recobro, por la prestación de servicios no POS, ordenados en fallos de tutela y por
CTC.
Está acreditado que mediante las comunicaciones N.º MYT-3712-08 CD 053125
del 24 de noviembre de 2008, MYT-3085-09 CD 015879 del 21 de septiembre de
2009, MYT-3652-09 CD 16983 del 23 de noviembre de 2009, MYT-3899-09 CD
17454 del 22 de diciembre de 2009, MYT-0218-10 CD 18245 del 22 de enero de
2010 y MYT-0441-10 CD 18894 del 16 de febrero de 201051, el Consorcio
Fidufosyga 2005 informó al representante legal de la EPS Sanitas los resultados
de la revisión y trámite de los recobros presentados por la prestación de servicios
de salud no POS. Conforme al contenido de esos documentos, algunas
solicitudes de recobro se aprobaron y otras se rechazaron por distintas causales
de glosa.
EPS Sanitas presentó y sustentó objeciones a la auditoría realizada por el
Consorcio Fidufosyga 2005, con el fin de que se reconocieran todos los recobros
presentados. El Consorcio, mediante comunicaciones N.º MYT-3360-09 CD
16457 del 14 de octubre de 200952, MYT-1242-10 CD 20122 del 12 de mayo de
201053 y MYT-1457-10 CD 20459 del 28 de mayo de 201054, informó los
resultados del trámite de esas objeciones, en los que se aprobaron algunos
recobros y se negaron otros.
Así las cosas, las decisiones proferidas por el Consorcio Fidufosyga 2005, en las
que se resolvieron las objeciones presentadas por la EPS Sanitas, en el trámite de
las solicitudes de recobro, son actos administrativos. En efecto, correspondieron a
declaraciones unilaterales que produjeron efectos jurídicos directos y particulares –
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, Rad. 7.303.
51 Folios 281 a 291 c. 1.
52 Folios 67 y 68 c. 2 Pruebas.
53 Folios 934 y 935 c. 4 Pruebas.
54 Folios 19.410 y 19.411 c. 71 Pruebas.
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Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
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Referencia: Reparación directa
reconocimiento parcial y rechazo de algunos recobros–. Por lo anterior, en
consonancia con lo establecido en la sentencia de unificación referida y la
jurisprudencia de esta Sección55, la fuente del daño que reclama la parte
demandante es la presunta ilegalidad de las decisiones que rechazaron los
recobros. La EPS Sanitas, entonces, debió impugnar dichas decisiones y solicitar
su anulación a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no
la de reparación directa.
10. El artículo 137.4 del CCA56 dispone que toda demanda ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo deberá contener, cuando se trate de la impugnación
de un acto administrativo, las normas violadas y la explicación del concepto de la
violación. La ausencia de este requisito impide un pronunciamiento sobre el
particular, en razón que el juez, al desconocer las razones de la supuesta violación
normativa de los actos administrativos demandados, no puede suplir la inactividad
procesal del demandante sobre este punto. Así lo ha establecido esta Sección:
«[…] de conformidad con lo reglado en el numeral 4 del artículo 137 del Código
Contencioso Administrativo, es requisito indispensable de toda demanda en la que
se controvierta la nulidad de actos administrativos, señalar las normas violadas y
consignar el por qué de dicha infracción, esto es, que debe exponerse el concepto
de la violación normativa, requisito éste último que el actor no cumplió […] falencia
ésta que impide un pronunciamiento sobre el particular, precisamente por
desconocerse las razones de la supuesta vulneración normativa predicable
frente a los actos demandados, cuyo contenido y alcance no pueden ser
determinados o asumidos de oficio por el juez para suplir la inactividad procesal
de la parte actora sobre ese punto, por cuanto, se reitera, la especificación de los
motivos o fundamento para enervar la presunción de legalidad que ampara los
actos administrativos, es una carga procesal a cargo del actor […] (resaltado
fuera del texto)57»
La Corte Constitucional –al declarar la exequibilidad del artículo 137.4 CCA–
concluyó que si el acto administrativo, como expresión de la voluntad de la
Administración, se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le corresponde a quien
alega su ilegalidad la carga procesal de cumplir con las exigencias que prevé la
norma:
«[…] Si el acto administrativo, como expresión de voluntad de la administración que
produce efectos jurídicos se presume legal y es ejecutivo y ejecutorio, le
corresponde a quien alega su carencia de legitimidad, motivada por la
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 10 de junio de 2022, Rad. 49.146 y 7 de septiembre de
2023, Rad. 43.678, y 64.031.
56 «Artículo 137. Contenido de la demanda. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al
tribunal competente y contendrá: […] 4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones […]».
57 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 21 de agosto de 2003, Rad. 12857.
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Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
incompetencia del órgano que lo expidió, la existencia de un vicio de forma, la
falsa motivación, la desviación de poder, la violación de la regla de derecho o
el desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa, la carga procesal
de cumplir con las exigencias que prevé la norma acusada.
Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el
juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad
de los actos administrativos, más aún cuando dicha búsqueda no sólo
dispendiosa sino en extremo difícil y a veces imposible de concretar, frente al
sinnúmero de disposiciones normativas que regulan la actividad de la
administración. Por lo tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni
innecesario que el legislador haya impuesto al demandante la mencionada
obligación, la cual contribuye además a la racional, eficiente y eficaz administración
de justicia, si se tiene en cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo
aparece enmarcado dentro de la delimitación de la problemática jurídica a
considerar en la sentencia, mediante la determinación de las normas violadas y el
concepto de la violación […] (resaltado fuera del texto)58»
Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que el daño alegado por la EPS Sanitas
en la demanda de reparación directa –rechazo y no pago de 868 solicitudes de
recobro al Consorcio Fidufosyga 2005– se concretó con la expedición y notificación
de las comunicaciones N.º MYT-3360-09 CD 16457 del 14 de octubre de 2009,
MYT-1242-10 CD 20122 del 12 de mayo de 2010 y MYT-1457-10 CD 20459 del 28
de mayo de 2010, en las que el consorcio resolvió las objeciones presentadas por
la EPS y negó las solicitudes de recobro. La parte demandante, entonces, debió
impugnar la legalidad de esas decisiones y solicitar su anulación a través de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa. En
tal virtud, se configuró la ineptitud sustantiva de la demanda por la indebida
escogencia de la acción.
Costas
11. Como no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las
partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto
en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
RESUELVE:
58 Corte Constitucional, sentencia C-197 del 7 de abril de 1999.
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Radicación: 25000-23-26-000-2011-00949-01 (56493)
Actor: Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.
Demandado: Nación-Ministerio de Salud y Protección Social y otro
Referencia: Reparación directa
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de septiembre de 2015, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme este fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Aclaración de voto
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia se suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente
documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la
responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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