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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01015-01

Equilibrio económico del contrato: diferente a incumplimiento – No se

Fecha
20 de mayo de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01015-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERA: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de junio de 2014. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2011-01015-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

20 de mayo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 250002326000201101015 01 (52360)

Demandante: CONSTRUCCIONES CF S.A.S.

Demandado: DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: BUENA FE – Debió ser observada por la sociedad contratista /
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Diferente a incumplimiento – No se
demostraron los elementos de su ruptura / MAYOR PERMANENCIA – No da lugar
por sí sola al reconocimiento del desequilibrio contractual / RESTABLECIMIENTO
DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL – Debe procurarse primordialmente durante la
vigencia del contrato / ACTAS DEL CONTRATO – Si bien la expresión de
salvedades en ellas no es requisito sine qua non para el examen judicial de
perjuicios económicos, el silencio de las partes al suscribirlas puede acarrear
consecuencias desfavorables en el juicio / SALVEDADES EN EL ACTA DE
LIQUIDACIÓN – Necesarias pero su ausencia no impide que se examinen en
sentencia las pretensiones económicas relativas al equilibrio contractual – Su
manifestación no exime a las partes de obrar conforme a la buena fe.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia proferida el 12 de junio de 2014 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, en la cual fueron denegadas las súplicas de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Entre la Secretaría de Educación Distrital y la sociedad Construcciones CF Ltda.
(hoy CF S.A.S.) se celebró el contrato N° 248 del 28 de diciembre de 2005, con el
objeto de adelantar obras civiles tendientes a complementar la estructura del
colegio Fernando Mazuera Sede A.

El contrato fue objeto de varias suspensiones, prórrogas y adiciones, lo que amplió
su término de ejecución, por lo que la contratista demandó el reconocimiento de
perjuicios por la ruptura de la ecuación contractual, derivada de la mayor

Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

permanencia en obra y atribuida, entre otras causas, al supuesto incumplimiento
de la entidad estatal.

II. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El 23 de septiembre de 2011, la sociedad Construcciones CF S.A.S. interpuso
demanda en ejercicio de la acción de controversias contractuales (fls. 2 - 22, c.1)
contra el Distrito Capital – Secretaría de Educación Distrital, a efectos de que se
acogieran las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Que se declare que Bogotá Distrito Capital Secretaría de
Educación incumplió sus obligaciones contractuales para con el demandante,
en especial, pero sin limitarse a ello, las obligaciones de entregar
oportunamente y en debida forma las áreas y los planos para llevar a cabo el
contrato, que le permitieran ejecutar a mi representada Construcciones CF
S.A.S. las obras contratadas en el plazo y precio estipulado.

SEGUNDA: Que se declare que se presentó un desequilibrio económico del
Contrato de Obra N° 248, celebrado el día 28 de diciembre de 2005 (…), como
consecuencia de la mayor permanencia en obra en 337 días, que afectó
económicamente a mi representada Construcciones CF S.A.S.

TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a
la demandada a pagar al demandante las sumas de dinero que indemnicen y
compensen plenamente los costos, sobrecostos, daños y perjuicios de toda
índole pero sin limitarse a ello, tales como: Reajuste de actas, servicio de
celaduría, cajas menores, pólizas, gastos administrativos de obra, gastos
administrativos de oficina, servicios públicos, equipos y otros, causados por
su incumplimiento y necesarios para restablecer el equilibrio económico del
contrato, estimados en la suma de ochocientos cuarenta y siete millones
doscientos quince mil quinientos cincuenta y siete pesos con ochenta y nueve
centavos ($847’215.557,89).

CUARTA: Que sobre las sumas reclamadas en el punto anterior, se condene
a la demandada a reconocer y pagar el interés moratorio legal
correspondiente, contado a partir del 11 de agosto de 2009, fecha en la que
[se] firmó el acta de la liquidación del contrato (…).

-. Como fundamento de la demanda la parte actora expuso, en síntesis, que el 28
de diciembre de 2005 celebró con el Distrito Capital -Secretaría de Educación el
contrato de obra N° 248, con el objeto de adelantar obras civiles en la Institución
Educativa Fernando Mazuera Sede A, siguiendo las especificaciones entregadas
a la entidad por parte del diseñador responsable.

Indicó que el plazo total de ejecución del contrato sería de 10 meses, y que su
valor fue pactado en la suma $4.896’668.723,13.

Afirmó que el 4 de enero de 2007 las partes firmaron el acta de suspensión N° 1
del contrato por el término de 18 días calendario, por cuanto la entidad había

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Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

realizado modificaciones al proyecto, de manera que debía definir claramente su
alcance, y que al no haber logrado este propósito oportunamente, fue necesaria
una segunda suspensión por otros 14 días calendario, pactada en el acta de fecha
12 de marzo de 2007.

Manifestó que, por cuenta de los mencionados cambios del proyecto, el 27 de
marzo y el 16 de abril de 2007 se suscribieron respectivamente las modificaciones
1 y 2 del contrato, en las que se amplió su plazo en 198 días y se adicionó su valor
en $2.266’334.361,56. En razón de ello, el 24 de julio de 2007 se suscribió,
además, un acuerdo de transacción para “restablecer el equilibrio económico del
contrato”, en el cual se le reconoció al contratista la suma de $182’000.000 para
cubrir el alza de los insumos en la vigencia 2007 y se “transaron aquellos asuntos
relacionados con el reconocimiento de ajuste por la mayor cantidad de obra a
ejecutar y la mayor permanencia en obra”.

Refirió otras dos suspensiones del contrato y tres actas de modificación al plazo
del mismo, e indicó que en acta del 15 de agosto de 2008, además de ampliarse
el término contractual, se adicionó su valor en la suma de $350’000.000, todo lo
cual obedeció a las demoras en la entrega de uno de los predios materia de
intervención, la obtención de licencias por parte de la entidad estatal y la necesidad
de ejecutar nuevas obras para el correcto funcionamiento de la planta física
intervenida.

Adujo que todas las ampliaciones y suspensiones del contrato se originaron en
circunstancias ajenas al contratista y atribuibles exclusivamente a la Secretaría de
Educación Distrital, y que si bien hubo una transacción para restablecer el
equilibrio contractual y una disminución de la retención del contrato del 10% al 5%,
lo que se demandaba no eran los perjuicios causados por las ampliaciones
anteriores a dicho acuerdo transaccional, sino en el tiempo posterior no cubierto,
que fue de 337 días calendario, con sobrecostos por $845’475.557,89.

Manifestó que el acta de liquidación del contrato fue suscrita de común acuerdo el
11 de agosto de 2009, aunque en ella la constructora manifestó que dejaba a salvo
su derecho a reclamar los daños y perjuicios causados “con ocasión de la
suscripción, ejecución y liquidación” del negocio jurídico.

2. Trámite de primera instancia

2.1. La demanda fue admitida por el a-quo el 1 de marzo de 2012 y notificada a la
Secretaría de Educación Distrital el 29 de marzo del mismo año (fls. 25-33, c.1).

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Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

2.2. En su defensa, la entidad demandada señaló que todas las circunstancias que
motivaron las ampliaciones del contrato fueron reconocidas y aceptadas por
ambas partes, así como pagadas en su totalidad al contratista, además de lo cual
se disminuyó la retención final del contrato del 10% al 5%, en procura de aliviarle
las cargas económicas irrogadas.

Propuso las excepciones de “inexistencia de incumplimiento contractual por parte
de la demandada (…)”, “inexistencia de reclamación a la Administración de
manera debida” y “buena fe”, a las cuales se referirá la Sala en el análisis del caso
sometido a juicio.

2.3. El 15 de agosto de 2012 se dio apertura a la etapa probatoria (fl. 77, c.1), y el
3 de abril de 2014 se corrió el traslado del proceso a las partes para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto sobre la controversia (fl. 119).

2.4. El Procurador Primero Judicial II Administrativo conceptuó, en efecto, sobre
el asunto sub examine, y consideró que no debía accederse a lo pretendido por la
parte actora, puesto que la salvedad consignada en el acta de liquidación del
contrato no reunía los requisitos referidos por la jurisprudencia del Consejo de
Estado para que se pudiera hacer valer ante la administración de justicia, en
particular por haberse introducido de manera genérica, sin identificar las razones
puntuales de inconformidad del contratista (fl. 145 s.s. c.1).

2.5. En sus alegatos de conclusión, la parte demandante manifestó que el contrato
se había desarrollado bajo condiciones que superaron en ostensible medida la
expectativa inicial de la contratista, y que si bien las partes firmaron una
transacción para aminorar los eventuales perjuicios, debían reconocerse los
perjuicios generados por haber permanecido la constructora en obra durante un
amplio término adicional, con una infraestructura administrativa y técnica que
ocasionaba múltiples gastos, todo ello por culpa exclusiva de la Secretaría de
Educación Distrital (fl.133 s.s. c1).

2.4. La entidad demandada, por su parte, insistió en que si bien se pactó en el
contrato que su plazo era improrrogable y que durante la ejecución, no obstante,
el mismo fue ampliado en varias ocasiones, era igualmente palmario que las partes
tomaron medidas expresas para conjurar los efectos de tales decisiones, sin que
la contratista hubiera efectuado reclamaciones adicionales durante la suscripción
de las actas respectivas. De igual manera, descalificó la conducta de la actora por

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Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

haber guardado silencio durante la ejecución del contrato y solo manifestar en
sede judicial su desacuerdo con el balance económico fijado en actas (fls. 123 s.s.
c1).

Por otro lado, sostuvo que en el presente caso se había configurado la caducidad
de la acción, por haber transcurrido más de dos años entre la firma del acta de
liquidación del contrato (11 de agosto de 2009) y la admisión de la demanda (1 de
marzo de 2012).

3. La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el 12 de junio de
2014 (fls. 154 y s.s., c. de segunda instancia), oportunidad en la cual denegó las
pretensiones de la demanda.

Consideró el a quo que la salvedad manifestada por la contratista en el acta de
liquidación bilateral no era suficiente para reconocer lo solicitado en sede de juicio,
puesto que su contenido solo se limitaba a referir una reserva del derecho a
reclamar por unos perjuicios y sobrecostos, sin especificar el origen de los mismos
ni su concepto.

Reprochó igualmente que durante la ejecución del contrato, e incluso entre el
vencimiento de su término y la liquidación respectiva, la contratista se hubiera
abstenido de formular solicitudes o reclamaciones ante la entidad por los
conceptos que luego pidió por vía judicial, mientras que sí obraba contra la
demandante el acuerdo de transacción suscrito por la suma de $182’000.000 para
restablecer, justamente, el equilibrio contractual, además de las actas posteriores
en las que se adicionó el precio del contrato con la aquiescencia de la actora.

Señaló que, con todo, si en gracia de discusión se apreciara aceptable la aludida
salvedad de la contratista, en todo caso el material probatorio aportado a la causa
no conduciría a establecer la ocurrencia del desequilibrio contractual alegado,
puesto que tales medios de convicción evidenciaban que los ítems invocados en
la demanda ocurrieron antes del acuerdo de transacción de fecha 24 de julio de
2007, período que según la parte demandante no era objeto de pleito en el sub
judice.

Expresó:

[C]onforme quedó expuesto en el libelo introductorio, los incumplimientos que
se le imputan a la entidad demandada se centran en la demora en la entrega

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Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
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Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

del predio; las modificaciones y especificaciones técnicas de actividades de
obra y la demora en los permisos de las empresas de servicios públicos.
Así las cosas, y al margen que (sic) los presuntos sobrecostos y perjuicios se
encuentren acreditados dentro del proceso, ninguno de los incumplimientos
guarda relación con hechos acaecidos con posterioridad al acuerdo de
transacción suscrito (…) el 24 de julio de 2007.

Reiteró que la constructora no se opuso a las adiciones del valor del contrato
acordadas en las modificaciones posteriores al acta de transacción -lo que en
criterio del Tribunal impedía acoger las pretensiones referentes al desequilibrio del
contrato- y recalcó que varios de los rubros solicitados en la demanda no se podían
imputar al contrato, ya que la remuneración de este se había pactado bajo el
sistema de precio unitario fijo sin reajustes, de manera que los gastos de celaduría,
administración, pólizas y otros mencionados en el libelo no podían reconocerse al
margen de lo pagado al contratista durante la ejecución y liquidación del negocio
jurídico, por tratarse de servicios no acordados expresamente en él.

Por último, concluyó que el hecho de que el valor del contrato se hubiera
adicionado en un 45% implicaba la existencia de un componente de utilidad para
la contratista, y afirmó:

[L]o que se evidencia es que el contrato de obra N° 248 de 2005 se prolongó
en el tiempo porque (…) las obras a ejecutar se incrementaron en un 45%, lo
cual modificó el valor del contrato (…) sin que ello constituya desequilibrio
económico, en tanto las posteriores obras encomendadas al contratista fueron
correlativamente reconocidas y pagadas en su oportunidad.

4. La apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la indicada sentencia
y señaló que el Tribunal había ignorado lo acontecido con el contrato después de
la firma del acuerdo de transacción el 24 de julio de 2007, pues en ese período
posterior hubo una mayor permanencia en obra por 337 días calendario, que
implicó la incursión de la contratista en gastos por concepto de pólizas, celaduría,
caja menor, servicios públicos y servicios administrativos de obra y oficina, todo
ello por la suma de $845’475.557,89.

Señaló que esa mayor permanencia de la constructora en la obra obedeció al
incumplimiento de la demandada, especialmente por haber demorado la entrega
de las áreas y planos del proyecto, y que con su conducta, la entidad desconoció
lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 frente al mantenimiento de la
ecuación contractual, pese a que le eran imputables todas las circunstancias que
prolongaron la duración del contrato.

En lo concerniente a las reservas de la contratista en el balance final del negocio
jurídico, señaló que si bien el Consejo de Estado fijó algunas pautas para la
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Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
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Referencia: Acción de controversias contractuales

expresión de reparos en las actas de liquidación bilateral, tales parámetros no
podían tenerse como vinculantes puesto que la única fuente del derecho
obligatoria para el juez era la ley, mientras la jurisprudencia operaba únicamente
como criterio auxiliar de la actividad judicial. En ese sentido, afirmó que no se le
debieron exigir requisitos de redacción que la ley no contemplaba para esa clase
de manifestaciones. Por otro lado, sostuvo que la entidad debió incluir en el acta
misma los “acuerdos” para haber podido obtener de la contratista la declaración
de paz y salvo.

Mencionó que los perjuicios alegados estaban debidamente probados en el
proceso, por lo que el Tribunal debió reconocerlos, previa valoración de todos los
medios que los acreditaban, y no solo del acta de liquidación bilateral y sus
salvedades.

Señaló que nunca hubo satisfacción total de Construcciones CF en el momento
de suscribir las modificaciones contractuales, pues para ello solo se guió por su
voluntad de colaboración con la administración, mientras que la Secretaría de
Educación Distrital estaba obligada a adoptar una conducta diligente ante su
contratista y proponerle, en el momento de liquidar el contrato, mecanismos de
solución del conflicto (fl. 183).

Agregó (fl. 184):

[R]esulta innegable que se presentó incumplimiento por parte de la SED en el
contrato N° 248 de 2005, pero no se hacen los reconocimientos pretendidos
(…), al considerar que no hubo desequilibrio ni mayor permanencia en obra,
fruto de las adiciones en tiempo y suspensiones que prolongaron el plazo
contractual, cosa que como hemos indicado en este recurso, no es cierta,
puesto que el demandante manifestó su inconformidad sin que a ella hubieran
(sic) reglas o condiciones aplicables en cuanto a forma u oportunidad.

5. Trámite en segunda instancia

5.1. El recurso de apelación fue concedido el 31 de julio de 2014 y admitido por
esta Corporación el 31 de octubre de la misma anualidad (fls. 186-202).

5.2. El 4 de diciembre de 2014 se corrió traslado del proceso a las partes para que
alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (fl.
204).

5.4. En esta oportunidad procesal, la parte actora reiteró lo expuesto en la
demanda y en el recurso de apelación (fls. 205 s.s.), mientras que los demás
sujetos procesales guardaron silencio.

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Referencia: Acción de controversias contractuales

II.- CONSIDERACIONES

La Sala precisa que al presente asunto le resultan aplicables las reglas del Código
Contencioso Administrativo contenido en el Decreto 01 de 1984, toda vez que la
demanda se interpuso el 23 de septiembre de 2011, vale decir, en vigencia de
dicha norma y antes de que entrara en vigor la Ley 1437 de 20111, por la cual se
expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y que prescribe en el artículo 308 la regla de transición para
procesos iniciados en vigencia del anterior estatuto2.

1. Presupuestos procesales

1.1. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia,
puesto que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo –vigente en la
fecha de interposición de la demanda- estableció que la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias y
litigios originados en la actividad de las entidades públicas. En efecto, en esta
oportunidad se somete a consideración de la Sala el desequilibrio económico y el
pretendido incumplimiento del contrato de obra N° 248 de 2005, en el que fungió
como contratante el Distrito Capital – Secretaría de Educación Distrital.

Ahora, la actuación que en esta sentencia habrá de resolverse ostenta vocación
de doble instancia, puesto que la cuantía fijada en la demanda es superior a los
500 S.M.L.M.V. ($267’800.0003), establecidos en el artículo 132 – numeral 5 del
C.C.A. En efecto, en la demanda se estableció como cuantía del proceso la suma
de $847’215.557,89, como valor actualizado de los perjuicios reclamados por el
contratista.

1.2. Oportunidad para demandar

De conformidad con el artículo 136, numeral 10, del C.C.A., modificado por el
artículo 44 de la Ley 446 de 19984, en las acciones relativas a contratos que

1
Cuya vigencia inició el 2 de julio de 2012.
2
“El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien,
así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso
a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen
jurídico anterior”
3
El salario mínimo legal mensual que rigió en 2011 era de $535.600 (Decreto 033 de 2011).
4
Norma que ya se encontraba vigente para las fechas de expedición de todos los actos
administrativos acusados.
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Referencia: Acción de controversias contractuales

requieran liquidación, el término de caducidad de dos años allí establecido
comienza a correr desde la firma del acta de liquidación bilateral o desde la
ejecutoria del acto que apruebe la liquidación unilateral, según el caso. De no
procederse a la liquidación unilateral dentro de los dos meses siguientes al término
convenido por las partes o fijado en la ley para la liquidación bilateral, la caducidad
comienza a correr desde la expiración del plazo con el que contaba la
administración para liquidar unilateralmente el contrato, de conformidad con la
norma sustancial aplicable y con las cláusulas que eventualmente hayan pactado
las partes sobre este aspecto.

En la presente causa, como ya se anotó, se controvierte el incumplimiento y el
desequilibrio económico del contrato de obra 248 de 2005, liquidado por ambas
partes el 11 de agosto de 2009 (fls. 109-111, c.2), de manera que el término de
caducidad estaba llamado a expirar, en principio, el 12 de agosto de 2011.

La parte hoy demandante presentó solicitud de conciliación prejudicial el 23 de
junio de 2011, cuando faltaban 19 días para el vencimiento de la caducidad. Como
consecuencia, dicho término permaneció suspendido hasta el 22 de septiembre
de 2011, fecha del acta de la audiencia en que se declaró fallida la conciliación
por ausencia de ánimo de arreglo y se reanudó así el plazo restante para
demandar (fls. 49, c.2).

El indicado plazo debía expirar el 10 de octubre de 2011; sin embargo, la demanda
fue presentada el 23 de septiembre de ese año, por lo que se concluye que la
acción fue ejercida oportunamente.

2. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación, en el presente asunto le corresponde a
la Sala establecer si el incumplimiento y el desequilibrio contractual que se alegan
en la demanda son pasibles de análisis, teniendo en cuenta la forma como fueron
plasmadas las salvedades del contratista en el acta de liquidación del contrato.

2.1. Hechos probados en la actuación

Las pruebas documentales que obran en la presente causa fueron aportadas
durante el curso del proceso, por ambas partes, en copia auténtica y en copia
simple, y su contenido no fue refutado ni desvirtuado por ninguno de los sujetos
procesales. Los indicados medios probatorios permiten tener por acreditados los
siguientes hechos relevantes:

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Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

-. El 28 de diciembre de 2005, el Distrito Capital – Secretaría de Educación (SED)
celebró con la sociedad Construcciones CF Ltda (hoy S.A.S.) el contrato N° 248,
con el objeto de ejecutar obras de nuevas etapas “para complementar” la
Institución Educativa Fernando Mazuera Sede A, de acuerdo con los planos,
“detalles, especificaciones y cantidades de obra entregados por la SED”, entidad
que a su vez los recibiría del diseñador responsable del proyecto.

Convinieron las partes que el plazo de ejecución del contrato sería de diez meses
improrrogables, de acuerdo con la cláusula sexta del negocio celebrado. Por su
parte, las obras tendrían un valor de $4.896’668.723,13, tasado bajo la modalidad
de precio unitario fijo sin reajustes. Según la cláusula novena, el contrato se
pagaría mediante abonos parciales, aunque el saldo final estaba sujeto a la firma
y aprobación del acta de liquidación final, se pagaría dentro de los 30 días
siguientes a la ocurrencia de dicha condición y no podría ser inferior al 10% del
valor total pactado.

Se advirtió en la cláusula cuarta que las obras se ejecutarían una vez la Secretaría
de Educación obtuviera “las licencias necesarias” y las entregara al contratista,
aspecto que se reiteró en el numeral 5 ibídem, al señalarse que el plazo para iniciar
los trabajos sería de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a la
entrega de las licencias por parte de la entidad estatal. Adicionalmente, se precisó
que los derechos de conexión de los servicios públicos que hacían parte de la obra
estarían a cargo de la Secretaría de Educación.

-. El 8 de marzo de 2006, las partes suscribieron el acta de inicio de las obras,
aunque se hizo la advertencia expresa de que se daba comienzo a los trabajos sin
la licencia de construcción, “por encontrarse en trámite” (fl. 66, c.2). Asimismo, se
indicó como fecha de finalización, el 7 de enero de 2007.

No obstante lo anterior, en acta del 4 de enero de 2007 las partes acordaron
suspender el contrato por 18 días calendario (suspensión N° 1), por cuanto se
requería definir el “alcance del contrato de acuerdo con las modificaciones
realizadas a la segunda y tercera etapas del proyecto, el estudio de los precios de
las actividades no previstas y el estudio del balance económico del contrato” (fl.
67, c.2).

Con esos mismos fundamentos, en acta de prórroga N° 1 de la suspensión N° 1,
suscrita el 22 de enero de 2007, convinieron postergar la reanudación de las obras
hasta el 11 de marzo de 2007 e indicaron que el contrato debía finalizar el 15 de
marzo del mismo año (fl. 68, c.2).

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Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

El 12 de marzo de 2007 suscribieron las partes el acta de prórroga N° 2 de la
suspensión N° 1, la cual finalizaría el 25 de marzo siguiente, en razón a que
persistían las necesidades ya señaladas en los anteriores acuerdos.

-. El 27 de marzo de 2007, una vez reanudada la ejecución contractual, se
suscribió la Modificación N° 1 del negocio jurídico disponiéndose la ampliación de
su término en 198 días calendario, debido a que la “modificación sustancial del
proyecto en sus segunda y tercera etapas” incrementó el área construida, aulas y
servicios complementarios. Así, se señaló en el acuerdo modificatorio que la
expansión de las necesidades y la cobertura del colegio hacían preciso ampliar su
planta física en una proporción que afectaba el 45% del proyecto inicial.

Atendiendo a esas mismas circunstancias, las partes firmaron la modificación N°
2 del contrato de obra y adicionaron su valor en la suma de $2.266’334.361,56, de
manera que el precio total ascendió a los $7.163’003.084,69.

-. El 24 de julio de 2007, la Secretaría de Educación Distrital y la contratista
celebraron una transacción por la cual la entidad estatal le reconoció a la
constructora la suma de $182’000.000, con el fin de cubrir el alza de los insumos
de la obra durante esa vigencia y restablecer de esa manera “la ecuación
económica y financiera del contrato N° 248 de 2005”.

Se señaló en el acuerdo de transacción lo atinente a la modificación del proyecto
y lo acontecido con el término contractual hasta la indicada fecha, al tiempo que
se recalcó que, dado que el mayor plazo del contrato no le era imputable a la
contratista, era jurídicamente procedente restablecer a su favor la ecuación
económica, en aras de culminar el proyecto.

Expresaron los firmantes:

[D]urante ese lapso de demora, se presenta el alza exorbitante de los
materiales de ventanería, hierro y mampostería, hecho ajeno a la voluntad de
las partes y constitutivo de la teoría jurídica de la imprevisión (…).
[L]a firma Construcciones CF Ltda. solicitó el reconocimiento de ajuste por
mayor cantidad de ejecución de obra y permanencia de la misma (sic),
solicitud que fue evaluada por la interventoría Universidad Nacional y el
gerente de proyectos de la SED, para finalmente concertar el valor real del
ajuste luego de analizar el alza extraordinaria (…).
[E]l contratista y la SED transan las diferencias aquí previstas en relación con
la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones de este contrato y renuncian
de manera definitiva a cualquier acción extrajudicial y/o judicial que se hubiera
iniciado y/o se inicie en contra de cada una de ellas (…).

11

Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

El documento transaccional incluyó una lista de obligaciones atinentes al contrato
de obra, en particular, la ejecución de las actividades faltantes y el acatamiento de
las nuevas especificaciones del proyecto, con la indicación de que el propósito de
las partes era permitir, de manera definitiva, la ejecución del contrato y los
compromisos pactados en el mismo.

-. Entre septiembre y diciembre de 2007, la contratista y el interventor del contrato
sometieron a consideración de la SED varios análisis de precios unitarios de
diferentes ítems necesarios para adelantar la obra y algunas actividades nuevas.
En oficio del 13 de diciembre de ese año, la constructora refirió la imposibilidad de
adelantar oportunamente determinados trabajos, bien por los cambios en las
especificaciones o bien por encontrarse pendiente la aprobación de los APU (fl.
129, c.2).

-. El 28 de septiembre de 2007 fue introducida la tercera modificación del contrato
de obra N° 248 de 2005, en la cual se prorrogó su término por 95 días calendario,
debido a varios retrasos y contingencias ocasionados por la ampliación del
proyecto y a la no entrega oportuna de una parte del predio a la contratista, lo que
a su vez obedeció a la demora en las demoliciones de la anterior edificación. Dicha
entrega, según el instrumento, se retrasó por nueve semanas y solo pudo
concretarse el 12 de junio de 2007, en tanto los trabajos de demolición habían
comenzado el 12 de marzo de ese año, habiéndose previsto que durarían cuatro
semanas.

De acuerdo con el instrumento de modificación N° 3, otro motivo de la prórroga
fue un cambio en la cubierta de la segunda etapa del proyecto, hecho para reducir
las especificaciones técnicas y favorecer así el presupuesto de la obra. En punto
de ello se precisó que la contratista había presentado los planos y el cálculo
estructural, aprobados por la interventoría el 17 de julio de 2007, rediseño que
retrasó por tres semanas la fabricación e instalación de la cubierta.

La tercera causa de la prórroga fue expuesta en los siguientes términos:

Dado el tamaño considerable del colegio Fernando Mazuera, el proyecto
eléctrico presentó cambios importantes y la subestación eléctrica fue
rediseñada para su aprobación por Codensa. Los cambios del diseño
arquitectónico y del diseño eléctrico y la aprobación de los Análisis de Precios
Unitarios de los equipos eléctricos (…) retrasaron en dos (2) semanas su
compra y el suministro se realizará en sesenta (60) días, de acuerdo a las
condiciones del proveedor.

Por consiguiente, de conformidad con la modificación N° 3, el término contractual
finalizaría el 16 de enero de 2008.

12

Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

Con todo, en fechas posteriores la duración del contrato se prolongó por los
siguientes acuerdos celebrados entre las partes:

ACTA FECHA DE INICIO/FIRMA TÉRMINO FINALIZACIÓN
Suspensión N° 2 15 de enero de 2008 50 días 4 de marzo de 2008
Prórroga N° 1 a susp. N° 2 5 de marzo de 2008 5 días 9 de marzo de 2008
Modificación N° 4 11 de marzo de 2008 16 días
Suspensión N° 3 12 de marzo de 2008 127 días 16 de julio de 2008
Prórroga N° 1 a susp N° 3 17 de julio de 2008 14 días 30 de julio de 2008
Modificación N° 5 15 de agosto de 2008 30 días

Las suspensiones 2 y 3 y sus prórrogas obedecieron a que estaban pendientes
permisos de intervención vial y excavación por parte del Instituto de Desarrollo
Urbano y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, mientras que la
modificación N° 4 se previó por la necesidad de adelantar actividades
correspondientes a los ajustes del diseño de la obra.

Por su parte, la modificación N° 5 tuvo lugar por haberse establecido, en una
revisión general del proyecto para iniciar la etapa de liquidación, que debían
ejecutarse obras adicionales para el normal funcionamiento del colegio. Como
consecuencia, no sólo se dispuso la prórroga del contrato sino también la adición
de su valor en la suma de $350’000.000. En la solicitud respectiva, la consultora
enlistó las actividades faltantes recalcando que el presupuesto de la obra se había
ejecutado en su totalidad, lo cual hacía necesaria la adición mencionada.

Finalmente, el 12 de septiembre de 2008 se convino la modificación N° 6, en la
que se reportó un avance del 99.76% de la obra y se reformó la cláusula novena,
en el sentido de señalar que el valor del saldo final no podría ser inferior al 5% del
precio total del contrato -en lugar del 10% inicialmente previsto-. Ello por
considerarse que se le debía permitir a la contratista contar con fluidez de caja
para finalizar el proyecto (fl. 127, c.2).

-. El acta de terminación de la obra fue suscrita el 14 de septiembre de 2008,
mientras que el acta de liquidación bilateral se firmó el 11 de agosto de 2009.

En la liquidación del contrato, las partes especificaron que el valor ejecutado de la
obra fue de $7.694’875.763,19, y que su plazo total, incluyendo las suspensiones,
fue de “10 meses y 616 días calendario”. El acta incluyó las modificaciones del
contrato, la transacción celebrada el 24 de julio de 2007, las actas parciales y los
demás acuerdos suscritos en desarrollo del objeto contractual (fls. 109-112, c.2).

13

Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

A continuación de las firmas, la contratista señaló:

“Construcciones CF Ltda deja a salvo sus derechos para reclamar por la vía
que corresponde los daños, sobrecostos y perjuicios sufridos con ocasión de
la suscripción, ejecución, liquidación del presente contrato”.

El dictamen pericial

Obra en el proceso la prueba pericial practicada a solicitud de la parte actora5,
para determinar “la valoración y liquidación de las pretensiones” y establecer “los
mayores costos incurridos y el valor de los gastos y sobrecostos de toda índole en
los que se incurrió por (…) la mayor permanencia en la ejecución del contrato”.

Con fundamento en una certificación expedida por el revisor fiscal de
Construcciones CF S.A.S. y en varias “fotocopias expedidas por la parte
demandante”, el perito Libardo Laguna Maldonado enunció los valores
supuestamente causados por los conceptos de “reajuste de actas de obra”,
seguridad, póliza de ampliación, “gastos administrativos obra (…) octubre 13 2007
– Septiembre 14 de 2008”, “gastos administrativos oficina”, “Equipo en obra
octubre 13 de 2007 – Septiembre 14 de 2008”, servicios públicos y caja menor.

Concluyó el auxiliar de la justicia que los mayores costos, indexados, ascendían a
la suma de $1.199’605.711,59.

2.1. Análisis de la Sala

Debe señalarse, en primer lugar, que el contrato 248 del 28 de diciembre de 2005
se reguló por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,
contenido en la Ley 80 de 1993, pues se trató de un contrato de obra pública6,
cuya titular era una entidad estatal, esto es, el Distrito Capital – Secretaría de
Educación Distrital, cuyos contratos se sujetan al indicado estatuto, igualmente de
conformidad con el artículo 144 del Decreto Ley 1421 de 19937.

5
Tanto la sociedad demandante como la Secretaría de Educación Distrital solicitaron la práctica
de una experticia para calcular, por una parte, la cuantía de los perjuicios aducidos en la demanda,
y por la otra, los pagos hechos por la administración a favor de la contratista. La prueba fue
decretada de manera conjunta para los dos extremos de la litis, pero posteriormente se declaró el
desistimiento tácito en contra de la demandada por falta de pago de los gastos respectivos, de
suerte que el dictamen fue rendido únicamente para absolver los interrogantes planteados por la
actora.
6
De conformidad con el artículo 32, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, “Son contratos de obra los
que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en
general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera
que sea la modalidad de ejecución y pago”.
7
“Las normas del estatuto general de contratación pública se aplicarán en el Distrito y sus
entidades descentralizadas en todo aquello que no regule el presente decreto. Las operaciones
de crédito público se someterán a las normas vigentes sobre la y materia.”
14

Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

La parte apelante alegó en su recurso varios aspectos fundamentales: i) que el
desequilibrio contractual alegado en la demanda obedeció al incumplimiento de la
entidad estatal, ii) que el supuesto desequilibrio surgió por hechos posteriores a la
firma del acuerdo de transacción entre las partes, iii) que la administración estaba
obligada a reconocer los perjuicios causados durante la relación contractual y
probados en el proceso, al margen de que en el acta de liquidación se hubieran
expresado o no las inconformidades de la contratista, para lo cual, además, el
ordenamiento no exige requisitos formales “de redacción”.

La controversia sobre estos temas gravita sobre un elemento que en el caso
concreto es transversal a todos ellos, cual es el principio de la buena fe. Sobre
este se detendrá la Sala de manera preliminar, puesto que resulta pertinente y
necesario para dilucidar el problema jurídico en el presente asunto.

El principio de la buena fe en materia contractual alude, esencialmente, a la lealtad
que deben guardar las partes al celebrar y ejecutar el acuerdo de voluntades, a fin
de que su objeto y las obligaciones asumidas se puedan desarrollar y cumplir de
manera satisfactoria. El artículo 1603 del Código Civil prevé el deber de obrar
conforme a tal postulado, al señalar, en efecto, que “[l]os contratos deben
ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se
expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la
obligación o que por la ley pertenecen a ella” -lo que en los mismos términos
establece el artículo 871 del Código de Comercio8-. Este elemento ostenta un
rango superior por estar consagrado igualmente en la Constitución Política, cuyo
artículo 83 señala, precisamente, que las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deben ceñirse a la buena fe.

En desarrollo de dicho principio, la normativa civil establece además que todo
contrato es ley para las partes y “no puede ser invalidado sino por su
consentimiento mutuo o por causas legales” (art. 1602 del Código Civil), lo que
implica que al asumir cada sujeto de la relación contractual determinados
compromisos en pacto expreso, no le es dable desconocerlos posteriormente en
forma unilateral, salvo en los eventos en que la ley lo exija o autorice, pues en
caso contrario, lo convenido solo podrá invalidarse por mutuo acuerdo entre las
mismas partes.

8
“Los contratos deberán ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado
expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos según la ley,
la costumbre o la equidad natural”.
15

Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

Al respecto, ha señalado la jurisprudencia9:

El principio de la buena fe impone el respeto de los actos propios. Este deber
se remonta a sus orígenes en el Derecho romano, en el que “la fides suponía
siempre, en todos los ámbitos en que actuaba, un ‘hacer lo que se dice’, o
‘cumplir lo que se promete’ o bien ‘tener palabra’, generándose así una
confianza o un estado de confianza”10. Este postulado, como trasunto de la
buena fe orientadora de la conducta del Estado y de los particulares, ha
trascendido en el ordenamiento jurídico patrio, en el que “la doctrina de los
actos propios obliga […] a aceptar las consecuencias vinculantes que se
desprenden de sus propios actos voluntarios y perfectos jurídicamente,
hablando, ya que aquella declaración de voluntad contiene un designio de
alcance jurídico indudable, manifestado explícitamente”11, como sigue
sosteniéndolo esta Sección.

La Corte Suprema de Justicia12, por su parte, ha precisado que la doctrina de
los actos propios presupone: “i) una conducta relevante que genere en la otra
persona un grado de confianza legítima sobre la realización o concreción, en
el futuro, de unas consecuencias en particular; ii) que, con posterioridad,
emerja otra conducta (quizás una pretensión) que contradiga con evidente y
objetiva incoherencia, los antecedentes plantados; iii) que la nueva situación
presentada tenga trascendencia en lo jurídico y la virtualidad para afectar lo
existente; y, iv) que haya identidad entre quienes resultaron involucrados en
uno y otro episodio”.

Las salvedades del acta de liquidación y su relación con los demás acuerdos
del contrato

En el caso concreto, sostiene la apelante que la ley no establece requisitos
específicos para que los contratistas manifiesten salvedades en el acta de
liquidación, de suerte que no se les debe imponer el cumplimiento de ritualidades
ni formalidades previstas solo en la jurisprudencia; y afirma que en todo caso, al
margen de lo que se haya expresado o no en la liquidación del contrato, deben
examinarse todos los elementos que prueban los hechos ocurridos durante la
vigencia del contrato, que hayan alterado su equilibrio económico.

Ciertamente, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha recalcado que cuando el
juicio recae sobre aspectos económicos de un contrato liquidado de manera
bilateral, es preciso que la parte interesada haya dejado expresas en dicho
instrumento de liquidación, sus inconformidades sobre los conceptos que
considera que no le fueron cubiertos y que finalmente reclama por la vía judicial.
Ello porque la liquidación bilateral, constituyendo en sí misma un acuerdo de

9
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, Subsección C.
Sentencia del 22 de noviembre de 2021, exp. N° 25000-23-26-000-2011-00203-02(51962). C.P.
Jaime Enrique Rodríguez Navas.
10
Cita original: “BOETSCH GILLET, Cristian, La Buena Fe Contractual, Ediciones Universidad
Católica de Chile, 2015, Santiago, p. 27”.
11
Cita original: “CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 16 de mayo de 1991,
exp. 5931”.
12
Cita original: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, sentencia del 24 de
enero de 2011, rad. núm. 11001-3103-025-2001-00457-01”.
16

Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

voluntades, reúne los elementos del contrato y se erige, por consiguiente, en ley
para las partes, de conformidad con el artículo 1602 del Código Civil, de suerte
que no le es dable a quien expresamente acepta y asume determinadas
obligaciones y situaciones jurídicas frente a la otra parte, pretender desconocerlas
en el juicio.

Por esas mismas razones y bajo esa línea, se ha recalcado que es necesario
precisar en forma clara, concreta y puntual las razones de inconformidad del
contratista, pues solo de esa manera la administración puede advertir el punto de
discrepancia y procurar su solución oportuna, o bien, tener certeza sobre los
aspectos que definitivamente no pudieron ser objeto de acuerdo, por lo que se
prevé su eventual juicio.

En efecto, se ha dicho13:

Para efectos de poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
es requisito indispensable que las partes hayan dejado constancia expresa,
en el acta de liquidación del contrato, de las inconformidades que pudieron
resultar durante su ejecución. Ahora bien, la constancia que el contratista
inconforme consigna en el acta no puede ser de cualquier tipo; es
necesario que reúna las siguientes características: que identifique
adecuadamente los problemas surgidos con ocasión de contrato, es
decir, que sea clara, concreta y específica; no obstante no tiene que expresar
técnicamente toda una reflexión y justificación jurídico-económica, pero sí
debe contener, así sea de modo elemental, la identificación del problema,
es decir, los motivos concretos de inconformidad. Lo anterior significa que
la constancia de inconformidad no se satisface con una formulación genérica,
que no identifique la razón de ser de la salvedad del contratista; tal conducta
impide la claridad necesaria en la conclusión de la relación negocial -bien
porque las partes están de acuerdo en forma plena, o bien porque subsisten
diferencias entre ellas-. (Resaltados fuera de texto).

En esa medida, las previsiones que al respecto ha hecho la jurisprudencia no son
caprichosas, sino que consultan los principios que el legislador busca proteger al
establecer la obligación para las partes de observar lo pactado en el contrato y
obrar, nuevamente, bajo los postulados de la buena fe. Por tanto, si durante la
relación contractual no se le comunica a la otra parte la existencia de discrepancia
alguna con la forma de ejecución del negocio o con el balance del mismo, sino que
por el contrario, se firman acuerdos que dan a entender la conformidad de las
partes frente a todos los aspectos del acuerdo de voluntades, riñe con la lealtad
exigida por la ley que de manera sorpresiva se reclamen en sede judicial derechos
no invocados oportunamente, sin habérsele dado al co-contratante la oportunidad
de considerarlos y reconocerlos.

13
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera. Sentencia del 6
de julio de 2005, exp. N° 25000-23-26-000-1995-01556-01(14113). C.P. Alier Eduardo Hernández
Enríquez.
17

Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

Al respecto, también se ha señalado14:

[L]a acción contractual que se promueva en relación con diferencias surgidas
de un negocio jurídico que previamente ha sido objeto de liquidación bilateral
o voluntaria, por acuerdo entre las partes, en principio, únicamente puede
versar sobre aquellos aspectos o temas en relación con los cuales el
demandante hubiere manifestado su desacuerdo al momento de la respectiva
liquidación final del contrato (…).
[S]i dicha liquidación ha sido suscrita con salvedades y en ese mismo
momento, que es la oportunidad para objetarla, alguna de las partes presenta
reparos a la misma, por no estar de acuerdo con los valores expresados en
ella o porque considera que deben incluirse algunos conceptos que no fueron
tenidos en cuenta, debe manifestar con claridad que se reserva el derecho de
acudir ante el organismo jurisdiccional para reclamar sobre aquello que
precisamente hubiere sido motivo de inconformidad, pero únicamente
respecto de los temas puntuales materia de discrepancia que quedaron
consignados en ella (…).
Así pues, las salvedades que se consignen en el acta de liquidación tendrán
como finalidad salvaguardar el derecho del contratista a reclamar en el futuro
ante la autoridad judicial el cumplimiento de aquellas obligaciones que a su
juicio hubieren quedado pendientes o impagadas durante la ejecución del
contrato, razón por la cual deben ser claras y concretas. (Resaltados fuera de
texto).

Por ello se reitera que estos criterios de la jurisprudencia se han fijado justamente
por la necesidad de que las partes no desconozcan lo que ellas mismas pactaron
expresamente, sino que en esa medida obren bajo el principio de buena fe y
atendiendo a la regla de que el contrato es ley para quienes lo suscriben15.

Es por tanto la misma ley la que obliga a los sujetos del contrato a observar lo
convenido y les impone una conducta leal, no solo con miras a un eventual juicio,
sino también, y sobre todo, de cara al desarrollo mismo del negocio jurídico, por
lo cual una manifestación genérica e inespecífica de salvedades en la liquidación
bilateral del contrato puede ser insuficiente para tener por cumplidos tales
deberes, en especial si con ello se están desconociendo medidas previas
adoptadas por mutuo acuerdo o no se revelan determinadas circunstancias que

14
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Subsección C.
Sentencia del 26 de septiembre de 2013, exp. N° 25000-23-26-000-1999-01993-01(23517). C.P.
Olga Mélida Valle de De La Hoz.
15
Es por ello que, en la misma sentencia referida en la nota anterior, también se señaló: “[L]as
obligaciones contraídas en un negocio jurídico, las partes quedan forzadas a cumplir lo pactado
en los términos en que fueron establecidos, y que nadie está forzado a ejecutar una prestación
distinta, de la misma manera que no es posible exigir más de lo acordado, ni entregar menos de
lo pactado, porque esto se convierte en ley para las partes. Lo anterior no tiene por qué variarse
con la interpretación que una parte haga de sus obligaciones –salvo el ejercicio de los poderes
exorbitantes de modificación unilateral o de interpretación unilateral, cuando proceda-, en aquellos
casos en que considera que lo acordado es insuficiente para dar cumplimiento a sus obligaciones.
No cabe duda que para hacerlo se necesita llegar a un nuevo acuerdo de voluntades, que autorice
exigir de la otra parte el cumplimiento de nuevas prestaciones. En estos términos, a ninguna parte
le es permitido adicionar o suprimir el alcance de las obligaciones –se insiste, salvo el ejercicio de
los poderes exorbitantes de modificación unilateral o de interpretación unilateral-, so pretexto de
ejecutar las suyas, e imponer a la otra la carga de recibir un pago menor o la de hacer uno mayor,
según el caso, porque desconocería el acuerdo de voluntades que comprometía al otro a actuar
en un sentido distinto”.
18

Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

deben ser comunicadas a la otra parte oportunamente, es decir, durante la fase
de ejecución del contrato.

Como en otras oportunidades lo ha señalado la Sala16, la ausencia de salvedades
en los acuerdos de prórroga o modificación del contrato no es óbice para examinar
la procedencia de las reclamaciones económicas del contratista o la ocurrencia
del desequilibrio contractual; sin embargo, no ocurre lo mismo con la omisión de
salvedades en el acta de liquidación, puesto que siendo esta el balance final del
contrato, clausura de manera definitiva la relación negocial, por lo que debe reflejar
todas las cuentas surgidas durante su vigencia, el estado definitivo de las mismas
y el manejo que se les dará a los saldos pendientes ya reconocidos.

En el presente caso, se advierte que la contratista Construcciones CF S.A.S. no
manifestó inconformidades sobre el componente económico del contrato, omisión
que se evidenció tanto en el acta de liquidación como en los restantes acuerdos
suscritos por las partes en vigencia del contrato. En particular, la reserva
manifestada en el balance final del negocio jurídico no especificó los puntos de
discrepancia de la contratista, pues de tal expresión no se podían inferir las
razones por las cuales esta consideró que las cifras del corte final de cuentas no
cubrían los costos reales del contrato, como tampoco se podían identificar las
sumas que la constructora esperaba recibir y los conceptos que cubrirían.

En otras palabras, al limitarse la contratista a expresar en el acta de liquidación
que se reservaba el derecho a reclamar por los “daños, sobrecostos y perjuicios”
sufridos con ocasión del contrato, dejó sin anotar los conceptos concretos que en
su sentir, se le debieron reconocer en el balance final, con lo que impidió que la
administración conociera las razones de su inconformidad y brindara una
respuesta definitiva y oportuna, con miras a solventar en tiempo las supuestas
afectaciones económicas de la constructora y evitar litigios posteriores.

Ahora bien, la apelante manifiesta que, al margen de que la manifestación de
salvedades en el acta de liquidación no reuniera los requisitos establecidos por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, se deben examinar las pruebas que, en todo
caso, sí demuestran, según su dicho, la causación de perjuicios por la ruptura de
la ecuación contractual y el incumplimiento de la entidad contratante.

16
Ver, entre otras, las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección
Tercera – Subsección A, el 8 de mayo de 2020, exp. N° 64701. C.P. Marta Nubia Velásquez Rico;
el 23 de octubre de 2020 –exp. N° 45190, C.P. José Roberto Sáchica Méndez-; el 7 de mayo de
2021, exp. N° 250002326000200900498 01 (43055) y el 24 de septiembre de 2021, exp. N°
190012331000200800171 01 (52577).
19

Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

No obstante, con fundamento en el principio de la buena fe y atendiendo a la
naturaleza de la liquidación bilateral del contrato, la constructora debió especificar
todas esas discrepancias, de manera clara y puntual, en esas cuentas finales del
negocio jurídico, por lo que la omisión de ese ejercicio impide su examen en esta
instancia judicial.

Sin perjuicio de ello, aun si se examinara lo acontecido durante el término de
ejecución del contrato, se advierte que en todo caso la contratista se abstuvo de
reclamar ante la administración los sobrecostos que adujo en la demanda; y de
especial relevancia resulta en este punto el hecho de que Construcciones CF
S.A.S. hubiera celebrado una transacción con la entidad estatal, guardando
silencio sobre los perjuicios que solo adujo en sede de juicio, todo ello en oposición
al principio de la buena fe, referido.

Así, en lo que respecta al alegado incumplimiento de la Secretaría de Educación
Distrital, revisadas las causas que llevaron a las partes a suspender y modificar el
contrato en varias oportunidades después del 24 de junio de 2007 -fecha de la
transacción suscrita entre los hoy litigantes- se advierte que solo una de ellas se
relacionó con la demora de la entidad en la entrega de uno de los predios sujetos
a la obra pública17.

Pues bien, tal como se expuso en el acta de modificación N° 3 suscrita el 28 de
septiembre de 2007, aunque la entrega del frente de obra faltante estaba prevista
para una fecha anterior, se concretó el 12 de junio de 2007, es decir, con
anterioridad a la firma de la transacción en que las partes tuvieron por restablecido
el equilibrio contractual afectado por la prolongación del término de ejecución,
cuyas causas, bajo el entendimiento de la contratista, incluían la aludida mora en
la entrega del predio. En efecto, según el instrumento transaccional, la contratista
solicitó ajustes justamente por la mayor permanencia generada hasta ese
momento en las áreas de la obra.

Es decir: en sentir de la sociedad Construcciones CF S.A.S., la mencionada
tardanza dio lugar a la ruptura de la ecuación económica del contrato; sin embargo,
la misma contratista tuvo por restablecida dicha ecuación en la transacción del 24
de junio de 2007, acto que por su naturaleza contractual era ley para las partes y
no debía ser desconocido por la hoy demandante con posterioridad a su
suscripción.

17
Puesto que en lo restante, la continuidad del contrato se afectó por la obtención de permisos y
aprobaciones a cargo de terceros -riesgo asumido por la entidad pero ajeno a su margen de acción
y previsible para los contratantes- y el hecho de haberse modificado y adicionado la obra -aspecto
no constitutivo de incumplimiento contractual-.
20

Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
Demandante: Construcciones CF S.A.S.
Demandado: Secretaría de Educación Distrital
Referencia: Acción de controversias contractuales

Ciertamente, la mora del deudor -en este caso, la entidad estatal- en el
cumplimiento de sus obligaciones da lugar a la indemnización de perjuicios, lo que
no puede ser desconocido en sede de juicio. Sin embargo, existiendo una
transacción en la que expresamente se entienden cubiertos los efectos
patrimoniales de tal tardanza -por entenderse comprendida, se reitera, entre las
causas de ruptura de la ecuación contractual restablecida en el acuerdo-, mal
podía volver a formularse reclamación sobre tal hecho so pena de quebrantar el
principio de buena fe.

Ahora bien, en cuanto al supuesto desequilibrio traducido en los sobrecostos
causados por las múltiples ampliaciones del término contractual, se advierte que
la contratista no los puso de presente ante la entidad pública en ninguna etapa de
la relación negocial, y que en particular, guardó silencio al respecto en el momento
de suscribir las actas de suspensión, prórroga y modificación del contrato.

Así entonces, esa ausencia de manifestaciones por parte de la contratista sobre
los perjuicios que ahora invoca en el juicio no resulta baladí ni se aprecia como
una simple facultad que la hoy demandante podía o no ejercer siguiendo su mero
arbitrio puesto que, estando llamada por la ley a obrar de buena fe, debió poner
de presente la supuesta alteración del equilibrio contractual en las oportunidades
que claramente tuvo durante el desarrollo del contrato, máxime cuando la
obligación legal de restablecer dicho equilibrio no está dirigida indefectiblemente
a cobijar al contratista de cualquier afectación económica, sino que se encamina
a garantizar la debida ejecución del contrato y la continuidad del servicio público
que con él se pretende prestar.

En efecto, los mecanismos para el restablecimiento del equilibrio contractual están
instituidos en la ley para ser utilizados primordialmente durante la vigencia del
contrato18, porque si bien se trata de salvaguardar los derechos de las partes –no

18
En ese sentido, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 dispone: “En los contratos estatales se
mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de
proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no
imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las
medidas necesarias para su restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía,
condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros
e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la
apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar
las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al
contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate” (las negrillas son de la Sala).

En armonía con lo anterior, el artículo 4 del mismo estatuto prevé para las entidades estatales, las
siguientes obligaciones: “Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las
entidades estatales (…):
3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que
alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato (…).
8o. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del
contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer
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solo del contratista-, el mantenimiento de la ecuación financiera del contrato
también propende por que no se ponga en riesgo el fin perseguido con este ni el
servicio al que está destinado, en el cual el contratista colabora asumiendo
responsabilidades. Por ello no resulta legítima la conducta de la parte que,
sufriendo afectación patrimonial por la ruptura del equilibrio contractual y contando
con los elementos para alegarla oportunamente, opte por esperar a la finalización
del contrato y guarde silencio durante su liquidación, para que solo en sede de
juicio se restablezca lo que pudo y debió salvarse desde la vigencia del negocio
jurídico y, especialmente, desde el momento en que se evidenciaron las
consecuencias del desequilibrio.

Por ello, si como se adujo en la apelación, las suspensiones y modificaciones del
contrato alteraban de manera grave su ecuación económica y lo hacían
ostensiblemente oneroso, y si Construcciones CF suscribió las actas de
modificación y suspensión sin quedar satisfecha con lo allí dispuesto, debió
informar oportunamente a la entidad pública sobre esas circunstancias, no solo
para proteger su propio patrimonio frente a las alegadas pérdidas, sino para
cumplir sus deberes como colaboradora de la administración y procurar la
continuidad del contrato puesto así en riesgo.

Así las cosas, contrario a lo sostenido por el apelante, el silencio de la contratista
en el acta de liquidación, e incluso la ausencia de reclamaciones durante la
vigencia del contrato y en los restantes acuerdos que hagan parte de él, son
revisables por el juzgador, pues el desconocimiento de los actos propios, la ley del
contrato o el principio de la buena fe, puede acarrear determinadas
consecuencias, especialmente si no se manifestaron salvedades claras en el
balance final del contrato19.

en los casos en que se hubiere realizado licitación, o de contratar en los casos de contratación
directa. Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los
procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis
para la ejecución y pactarán intereses moratorios.
9o. Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad
en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo
posible, corregirán los desajustes que pudieren presentarse y acordarán los mecanismos y
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o
situaciones litigiosas que llegaren a presentarse” (las negrillas son de la Sala).
19
En consonancia con ello, en reciente pronunciamiento señaló la Subsección: “El principio de
normatividad (Código Civil, artículo 1602) y el deber de las partes de actuar de buena fe (Código
Civil, artículo 1603; Código de Comercio, artículo 871) se aplica a los contratos de las entidades
estatales, estén o no sometidos a la Ley 80 de 1993. Con fundamento en esos postulados, la
jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que son improcedentes las reclamaciones que se
fundan en acuerdos contractuales sobre la modificación del plazo si, al tiempo de suscribirlos, el
contratista no manifestó salvedades para conservar su derecho a pedir el pago de los costos y
gastos que la ampliación o suspensión puede significar.
Sin perjuicio de lo anterior, la Subsección ha precisado que ‘no acepta incorporar una tarifa
interpretativa acerca del requisito formal de la salvedad, sino que en cada caso se parte del análisis
del contenido del respectivo acuerdo y de sus antecedentes, para determinar el alcance de los
otrosíes correspondientes’. Así mismo, ha destacado que ‘la inexistencia de salvedades ha sido
invocada como una de las reglas para la interpretación del alcance del otrosí de prórroga, [pero]
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Reitera entonces la Sala que, desde lo que concierne a la reserva expresada por
la contratista en la liquidación del contrato y su relación con la conducta
desplegada durante la vigencia del mismo, no es posible reconocer en el presente
asunto las pretensiones económicas de la parte actora, puesto que además de no
hacer las manifestaciones necesarias en el balance final del negocio jurídico, se
evidencia que en las distintas etapas del contrato tuvo varias oportunidades para
alegar la ocurrencia del desequilibrio contractual y solicitar su restablecimiento,
pese a lo cual guardó silencio faltando así a sus deberes de lealtad y conformidad
con la buena fe, aún al expresar de manera ostensiblemente imprecisa y genérica
en la liquidación, que se reservaba el derecho a reclamar perjuicios, sin haberlos
especificado en debida forma.

4. Conclusiones

A la luz de lo hasta aquí expuesto, la Sala confirmará la sentencia apelada, que
denegó las pretensiones de la demanda, toda vez que los conceptos reclamados
judicialmente por la actora no fueron invocados ante la administración en el acta
de liquidación ni durante el desarrollo del contrato, pese a que la interesada tuvo,
en tales etapas, la oportunidad y el deber de hacer dichas manifestaciones, incluso
al suscribir los actos que suspendieron, modificaron y prorrogaron el negocio
jurídico, y al celebrar la transacción del 24 de julio de 2007.

5. Costas

De conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998
–aplicable en el sub lite-, la conducta de las partes ha de tenerse en cuenta para
resolver sobre la procedencia de la condena de costas. Toda vez que en el
presente caso no se evidencia que alguna de las partes haya actuado

la Sala advierte que su ausencia no impide el estudio de fondo de las respectivas reclamaciones
y no constituye argumento suficiente para desechar las pretensiones correspondientes’ (…).
En definitiva, el hecho de que no se incluyan salvedades en las convenciones que las partes
suscriben para suspender o prorrogar el plazo del contrato no releva al juez del estudio de fondo
de la reclamación. Así, para determinar si es procedente ordenar el pago de la indemnización o
compensación, se debe analizar cuál fue el motivo que indujo la suscripción del acuerdo
modificatorio –como, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones, la materialización de
riesgos asumidos por una parte o la ocurrencia circunstancias imprevisibles– y el contenido de los
arreglos que las partes alcanzaron, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las
pretensiones y con el objeto de estas. Con base en estos elementos y de cara a las estipulaciones
de los contratantes, habrá de definirse si las pretensiones resultan improcedentes, ya porque
desconocen el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon los
asuntos objeto de la reclamación, ya porque la parte que formula la reclamación tenía el
deber de hablar –expresar reservas o salvedades– pues la ley, el contrato o el principio de
buena fe se lo imponían, o ya porque debe soportar los efectos de la ocurrencia de los hechos
que motivaron la suscripción de las prórrogas y suspensiones –por tratarse, por ejemplo, de un
riesgo asumido por ella–” (resaltados fuera de texto) (Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección A. Sentencia del 24 de septiembre de 2021, exp. N° 76001233100020110171101
(54.004), C.P. José Roberto Sáchica Méndez).
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Radicación N°: 250002326000201101015 01 (52360)
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temerariamente o que de cualquier otra forma haya atentado contra la lealtad
procesal, no habrá lugar a su imposición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERA: CONFÍRMASE la sentencia de primera instancia, esto es, la proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 12 de junio de 2014.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para su cumplimiento.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha
de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF

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