Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01035-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01035-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-01035-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
26 de enero de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 25000-23-26-000-2011-01035-01 (51.712)
Actor: NUBIA ISLENA CRUZ DE VÁSQUEZ Y OTROS
Demandados: LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – ERROR
JURISDICCIONAL
Síntesis del caso: un bien inmueble fue objeto de negocios fraudulentos por lo cual se inició un
proceso penal por el delito de fraude procesal en el cual la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia declaró la prescripción de la acción y ordenó la cancelación de todas las
escrituras púbicas registradas en el respectivo folio de matrícula inmobiliaria con el fin de restituir
el bien a la denunciante y víctima de los delitos investigados. Los demandantes consideran que
no debió haberse dado esa orden respecto de la escritura pública a través de la cual ellos se
hicieron dueños del bien y, por tanto, la providencia es contentiva de error jurisdiccional.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 29 de mayo de 2014 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de Descongestión por
medio de la cual declaró la culpa exclusiva de la víctima y denegó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1 Pretensiones
Mediante escrito presentado el 28 de septiembre de 2011 (fl. 5 cdno. 1) los
señores Nubia Isleña Cruz de Vásquez, Adriana Milena, Claudia Marcela y Fabio
Ignacio Vásquez Cruz promovieron demanda de reparación directa en contra de
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Expediente 25000-23-26-000-2011-01035-01 (51.712)
Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
la Nación – Rama Judicial con el fin de que se hagan las siguientes
declaraciones y condenas:
“PRIMERA: Que se reconozca personería jurídica al suscrito para
obrar dentro de la presente.
SEGUNDO: Que se declare que, la NACIÓN -RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO por medio de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,
SALA DE CASACIÓN PENAL, mediante sentencia de casación
N°. 22881 del 10 de mayo de 2009, aprobada con el acta No. 175 con
ponencia del Magistrado Dr. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO, incurrió
en error jurisdiccional al ordenar la cancelación definitiva de los
registros de la Escritura Pública 3936 del 31 de agosto de 1992,
protocolizada en la Notaria 25 del Círculo de Bogotá D.C., suscrita por
el señor JORGE ELIÉCER SERRANO MORALES identificado con
C.C. N° 17'629.476 expedida en la ciudad de Florencia-Caquetá favor
(sic) del señor FABIO VÁSQUEZ OROZCO (Q.E.P.D.) identificado
con C.C. N° 17'310.130 expedida en la ciudad de Villavicencio-Meta.
TERCERA: que se condene a la NACIÓN -RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO representada legalmente por Director Ejecutivo de
Administración Judicial. (Art. 99 Numeral 8 Ley 270 de 1996) o quien
haga sus veces por el error jurisdiccional en el que incurrió CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, mediante
sentencia de casación No. 22881 del 10 de mayo de 2009, aprobada
con el acta No. 175 con ponencia del Magistrado Doctor ALFREDO
GÓMEZ QUINTERO al pago de los PERJUICIOS DE ORDEN
MATERIAL (lucro cesante y daño emergente) y de CARÁCTER
MORAL al ordenar la cancelación definitiva de los registros de la
escritura pública 3936 del 31 de agosto de 1992, otorgada por el señor
JORGE ELIÉCER SERRANO MORALES a favor del señor FABIO
VÁSQUEZ OROZCO (Q.E.P.D.) a los herederos y cónyuge de este
último.
CUARTA: Se solicita que dicha condena sea actualizada condenando
en perjuicios no consolidados a la entidad accionada por cada uno de
los días en que mis poderdantes no pueda (sic) usufructuar el bien
inmueble comprado mediante escritura pública 3936 del 31 de agosto
de 1992 protocolizada en la Notaria 25 del Círculo de Bogotá D.C.,
por el señor FABIO VÁSQUEZ OROZCO (Q.E.P.D.) a los herederos
y cónyuge de este último, hasta la fecha en que se les restituya la
titularidad y plena propiedad del citado bien, en la suma que se logre
demostrar mediante el respectivo dictamen pericial, toda vez que el
Error Judicial causa actualmente perjuicios de orden económico a mis
poderdantes, los cuales se prolongan hacia el futuro.
Asimismo se solicita condenar por los demás perjuicios ocasionados
a mis poderdantes y que a la fecha no se hayan consolidado y que se
logren demostrar en el transcurso del proceso.
QUINTA: Que se paguen los respectivos intereses moratorios
mercantiles legales vigentes hasta que se cancelen los perjuicios
pretendidos en el numeral anterior, ocasionados con la expedición del
acto administrativo por parte de la entidad accionada, de conformidad
con el Art. 884 del C.Co. (modificado por la Ley 510 de 1999, Art. 111),
teniendo en cuenta que dicho inmueble es destinado a ser arrendado
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Expediente 25000-23-26-000-2011-01035-01 (51.712)
Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
en actividades de carácter mercantil.
SEXTA: Que se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del
término establecido por el artículo 176 del Código Contencioso
Administrativo.
SÉPTIMA: Que se condene a la a la NACIÓN -RAMA JUDICIAL DEL
PODER PÚBLICO en costas y agencias en derecho.” (fls. 6 y 7 cdno.
1 - mayúsculas sostenidas del original).
1.2 Hechos
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente:
1) El señor Jorge Eliécer Serrano Morales le vendió al señor Fabio Vásquez
Orozco una bodega ubicada en el barrio Nuevo Maizaro de Villavicencio (Meta),
negocio jurídico que fue protocolizado con la escritura pública no. 3936 del 31
de agosto de 1992 en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá.
2) Sin haberse realizado el respectivo registro de la anterior escritura en la
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio, el 14 de
septiembre de 1992 el señor Fabio Vásquez Orozco viajó a Guatemala y desde
el 22 de septiembre siguiente no se tuvo noticias de él, razón por la cual la familia
inició el proceso de declaración de muerte presunta por desaparición.
3) La cónyuge del comprador y demandante en este proceso, Nubia Islena Cruz
de Vásquez, realizó mejoras al predio pero, cuando el vendedor se enteró de la
desaparición del señor Fabio Vásquez Orozco, “de manera violenta, utilizando la
fuerza, amenazas y las vías de hecho” despojó de la posesión que ejercían
pacíficamente ella y sus tres hijos, también demandantes en este asunto.
4) Por sentencia judicial fue declarada la muerte presunta del señor Fabio
Vásquez Orozco desde el 21 de septiembre de 1992.
5) El señor Jorge Eliécer Serrano Morales falleció el 22 de mayo de 1993 y su
cónyuge Myriam Hurtado Bernal continuó con la tenencia del predio pues lo
arrendó a unos terceros.
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Expediente 25000-23-26-000-2011-01035-01 (51.712)
Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
6) El 11 de febrero de 1994 fue inscrita la escritura pública de la compraventa en
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio, por una persona
desconocida.
7) Mediante escritura pública no. 4432 del 23 de junio de 1994 de la Notaría
Primera del Círculo de Villavicencio el abogado Luis Carlos Reyes Pardo,
actuando por poder conferido supuestamente por el señor Fabio Vásquez
Orozco, vendió el inmueble al señor Elkin González Betancourt; sin embargo, la
firma del poderdante fue declarada falsa por la Fiscalía 14 Delegada ante los
Jueces Penales del Circuito de Villavicencio el 15 de septiembre de 1997.
8) El señor Elkin González Betancourt vendió el inmueble a la señora Bernarda
Patricia Arroyave Ruiz por medio de la protocolización y registro de la escritura
pública no. 8812 el 6 de diciembre de 1994.
9) El 29 de marzo de 1995 la señora Myriam Hurtado Bernal, en calidad de
poseedora y cónyuge del vendedor inicial del predio, presentó denuncia penal
en contra de los señores Bernarda Patricia Arroyave Ruiz, Elkin González
Betancourt y Luis Carlos Reyes Pardo por hacerse propietarios del inmueble
mediante maniobras fraudulentas, en virtud de la cual la Fiscalía General de la
Nación decretó la medida cautelar de “prohibición de autorizar cualquier
transacción sobre dicho inmueble” la cual se ordenó inscribir a través del oficio
número 4885 del 29 de marzo de 1995.
10) El 15 de septiembre de 1995 la Fiscalía 14 Delegada ante los Jueces Penales
del Circuito de Villavicencio profirió resolución de acusación en contra de los
investigados y dispuso la cancelación de los títulos y registros que se hicieron
sobre el inmueble a partir de la utilización del poder tachado de falso.
11) El 29 de julio de 2002 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio
absolvió de los cargos a los investigados “sin pronunciarse sobre el
restablecimiento del derecho a las víctimas y la cancelación de las anotaciones
en el folio de la matrícula inmobiliaria” (fl. 10 cdno. 1).
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Expediente 25000-23-26-000-2011-01035-01 (51.712)
Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
12) Contra la anterior decisión se interpuso recurso de apelación del cual tuvo
conocimiento la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial
del Meta quien la revocó parcialmente y, en su lugar, condenó a los investigados
y ordenó la cancelación de los títulos y registros obtenido fraudulentamente; en
sus consideraciones dispuso que “por escapar a la competencia de esta Sala,
nada se decidirá sobre la escritura y registro de venta 3936 de 31 de agosto de
1992 de la Notaría Veinticinco de Bogotá, puesto que la legalidad de esta, es
tema de jurisdicción civil ordinaria, que determina si la venta allí contenida es o
no válida” (fl. 10 cdno. 1).
13) En contra de la anterior providencia la señora Patricia Arroyave Ruiz
interpuso recurso extraordinario de casación el cual fue resuelto por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 10 de junio de 2009 quien
dispuso, entre otras cosas, la cancelación definitiva de las escrituras públicas
posteriores a la venta fraudulenta pero también la número 3936 del 31 de agosto
de 1992 correspondiente a la venta inicial entre los señores Jorge Eliécer
Serrano Morales y Fabio Vásquez Orozco.
1.3 Cargos
1) La demandante considera que la decisión de la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia es contentiva de error jurisdiccional toda vez que la
legalidad de la escritura pública no. 3936 del 31 de agosto de 1992 no era objeto
de discusión por no haber sido obtenida por medio fraudulento alguno, por el
contrario, la denunciante afirmó que fue otorgada por su esposo.
2) La cancelación de la escritura es manifiestamente contraria a la ley puesto
que el negocio jurídico no fue tachado de falso, razón por la cual la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se extralimitó en sus funciones.
3) De “manera antijurídica” ordenó la cancelación de la escritura porque su
decisión carece de sustento legal y probatorio, desde el año 1995 hasta el 2009
(14 años) los demandantes no pudieron ejercer sus derechos de defensa y de
debido proceso “para proteger los bienes adquiridos de manera legal por su
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Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
padre para que en la decisión final y última instancia extraordinaria del proceso
se les vulneraran y desconocieran sus derechos” (fl. 17 cdno. 1).
4) En la parte considerativa de la sentencia no hubo pronunciamiento alguno
frente a la ilegalidad de la misma, incluso en un pie de página se destacó que el
tribunal de instancia se abstuvo de cancelar la inscripción de esa escritura
pública.
5) Lo anterior produjo el daño de “privar a los herederos del comprador de hacer
efectivo el negocio jurídico realizado sobre dicho predio, el cual se ajustó desde
un inicio a la normatividad vigente” (fl. 11 cdno. 1), se trató de “un evidente daño
patrimonial el cual no están obligados a soportar, al privárseles de ejercer los
derechos que dicho instrumento les confiere” (fl. 17 cdno. 1).
2. Posición de la demandada
La Nación – Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda por
considerar que no se puede predicar error jurisdiccional en providencias
judiciales proferidas por altas cortes por tratarse de un “órgano natural de
decisión de última instancia y de cierre de la jurisdicción ordinaria”.
Adicionalmente sostuvo que hubo una culpa exclusiva de la víctima, aunque, no
dio explicación alguna de las razones en que se fundamenta (fl. 101 cdno. 1).
3. Alegatos de conclusión de primera instancia
1) La parte actora (fl. 171 cdno. 1) adujo que los todos los hechos expuestos en
la demanda fueron demostrados con las pruebas documentales allegadas y que
no hubo culpa exclusiva de la víctima por cuanto ninguna actuación u omisión
incidió en la sorpresiva decisión de la Cortes Suprema de Justicia.
Explicó que hubo error jurisdiccional por no haberse llamado a los titulares de
los derechos de propiedad del inmueble, en abierta oposición al artículo 29 de la
Constitución Política, lo mismo que a los 1,5,6,8,10,13,17,19,24 y 66 de la Ley
600 de 2000; precisó que no se dio cumplimiento a lo establecido en el inciso
tercero del último artículo mencionado por cancelar definitivamente los derechos
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Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
emanados de la escritura pública, “sin comunicarles previamente y de esa
manera poder ejercer su derecho de defensa material frente a la cancelación de
una escritura que no estaba siendo objeto de discusión” (fl. 177 cdno. 1).
Por otra parte, citó jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la viabilidad de
reprochar errores jurisdiccionales en sentencias proferidas por altas corte en el
sentido en cuanto que ningún daño antijurídico deber ser excluido del régimen
de responsabilidad estatal, además, insistió en los argumentos expuestos en la
demanda.
2) La entidad demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.
4. La sentencia apelada
El tribunal de primera instancia (fl. 195 cdno. ppal.) declaró la culpa exclusiva de
la víctima y denegó las pretensiones de la demanda con base en que, en primer
lugar, la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia
se fundamentó en la garantía de los derechos que resultaron violados con la
comisión del delito según las normas de los artículos 21, 64 y 66 de la Ley 600
de 2000, razón por la cual no es cierto que la cancelación del registro de la
referida escritura pública se hubiere hecho sin fundamento, como lo alegaron los
demandantes.
En segundo lugar, consideró que no se puede atribuir error jurisdiccional a la
demandada por el hecho de que el señor Fabio Vásquez Orozco no fue diligente
en la celebración de la compraventa del inmueble por no registrar la escritura
pública correspondiente y con ello cumplir con la tradición del bien, lo cual denota
un descuido grave; también hubo omisión por parte de los demandantes puesto
que mientras la señora Myriam Hurtado Beltrán gozaba de los cánones de
arrendamiento del inmueble, ellos, como supuestos titulares del mismo, nada
hicieron para ejercer su posesión.
Por último, sostuvo que los perjuicios alegados no fueron probados, motivo por
el cual no era posible acceder a sus pretensiones.
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Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
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5. El recurso de apelación
Los demandantes (fl. 208 cdno. ppal.) manifestaron desacuerdo con el fallo de
primera instancia por cuanto ellos nunca actuaron como sujetos procesales
dentro del proceso penal y no se les dio la oportunidad de participar ni siquiera
como terceros incidentales, razón por la cual no había motivación fáctica ni
jurídica para que en la sentencia enjuiciada se hubiere aplicado el artículo 66 de
la Ley 600 de 2000 frente a la escritura pública no. 3936, pues, nunca se
manifestó que esta hubiera sido obtenida fraudulentamente, en ese orden de
ideas, en sede de casación se excedió el petitum de la demanda “en perjuicio de
los derechos de un tercero ajeno a la relación jurídica debatida”.
Asimismo, adujeron que no hay lugar a que opere la culpa exclusiva de la víctima
en este caso toda vez que no hubo una actuación previsible, resistible y que se
hubiere exteriorizado respecto de la demandada, por el contrario, fue una
decisión sorpresiva por parte esta que ocasionó un daño antijurídico consistente
en:
“(…) la imposibilidad del disfrute de los derechos de carácter legal, al
desconocérsele un título de propiedad por un error jurisdiccional, a que
tiene todo comprador de un predio, en el presente sus herederos,
quienes no solo no han podido disfrutar plenamente de sus derechos
consagrados en los Arts. 669 y ss. del C.C. en su calidad de
propietarios de dicho predio, sino que adicionalmente, no tienen otra
acción judicial distinta a la presente para que se les restablezcan sus
derechos, toda vez que le ha sido imposible acceder al mismo teniendo
en cuenta la decisión tomada por la Honorable Corte Suprema de
Justicia en la Casación 22881” (fl. 221 cdno. ppal.).
De igual manera, expusieron los mismos argumentos presentados a lo largo del
proceso y solicitaron la revocatoria de la sentencia apelada para que, en su lugar,
se acceda a sus pretensiones.
6. Las alegaciones de conclusión en segunda instancia
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta instancia.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de
nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y decisiones
que se adoptarán, 2) análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado,
3) conclusión, y 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y decisiones que se adoptarán
Presentada la demanda en tiempo1 corresponde a la Sala determinar si en la
sentencia proferida el 10 de junio de 2009 por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia se incurrió en error jurisdiccional con el que se causó
un daño antijurídico a los demandantes o, si por el contrario, estuvo ajustada a
derecho.
La sentencia de primera instancia será confirmada por ser denegatoria de
pretensiones debido a que no se probó error jurisdiccional alguno. Primero se
analizará el cumplimiento de los requisitos formales para la procedencia de este
tipo de acciones y, luego, la acreditación del elemento material, sobre este último
se explicará que la sentencia objeto de reproche estuvo lo suficientemente
motivada y que los demandantes no acreditaron que fue proferida sin sustento
legal y probatorio.
1 La providencia enjuiciada quedó ejecutoriada el 25 de junio de 2009 (fl. 93 respaldo cdno. 1)
por lo que se podía interponer la demanda hasta el 26 de junio de 2011 pero, la solicitud de
conciliación prejudicial se presentó el 20 de junio de 2011 la cual se declaró fallida según
constancia expedida el 27 de septiembre de 2011 (fl. 112 cdno. 2), por tanto, el término de
caducidad se suspendió cuando faltaban 6 días para que operara la caducidad, los cuales se
reanudaron desde el 21 de septiembre de 2011 (los tres meses de que tratan los artículos 20 y
21 de la Ley 640 de 2001 ocurrieron primero); ello quiere decir que se podía presentar la
demanda hasta el 27 de septiembre siguiente, sin embargo, como ese día no fue hábil y el
siguiente día hábil fue el 28 de septiembre, día en que se presentó la demanda, se impone
concluir que se hizo en tiempo según el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso
Administrativo.
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Expediente 25000-23-26-000-2011-01035-01 (51.712)
Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
2. Análisis de la responsabilidad extracontractual del Estado
1.2 El daño
El daño consiste en el detrimento patrimonial al que dicen estuvieron sometidos
los demandantes por privárseles de hacer efectivo el negocio jurídico realizado
por su padre y esposo2 respecto de un predio ubicado en Villavicencio (Meta)
cuando se les desconoció el título de propiedad sobre este.
La Sala lo encuentra probado en la medida en que el señor Jorge Eliécer Serrano
Morales vendió el referido bien al señor Fabio Vásquez Orozco (padre y esposo
de los demandantes) mediante la escritura pública no. 3936 del 31 de agosto de
1992 ante la Notaría 25 del Círculo de Bogotá (fl. 1 cdno. 2), negocio jurídico que
quedó inscrito en la anotación no. 13 del 11 de febrero de 1994 en el
correspondiente folio de matrícula inmobiliaria (fl. 6 cdno. 2); no obstante, en
sentencia proferida el 10 de junio de 2009 por la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, se ordenó, entre otras medidas, la cancelación
definitiva del registro de dicha escritura pública en el folio (fl. 74 cdno. 2).
En ese contexto la Sala pasa a analizar la imputación para determinar si dicho
daño fue antijurídico y si debe ser reparado por la entidad demandada.
2.2 La imputación
En atención a que en el asunto sub examine la alegada responsabilidad estatal
proviene de un supuesto error jurisdiccional la Sala examinará si se cumple con
los presupuestos legales y jurisprudenciales exigidos para que prosperen las
súplicas en estos casos.
En la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia -Ley 270 de 1996- se
consagró la responsabilidad patrimonial del Estado por las actuaciones del
aparato judicial dentro de las cuales se estableció el error jurisdiccional y sus
presupuestos. La norma en comento lo dispuso así:
2 Mediante los registros civiles de nacimiento y matrimonio se acreditó el parentesco de los
demandantes con el señor Fabio Vásquez Orozco (fls. 8, 10, 11 y 12 cdno. 2).
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Expediente 25000-23-26-000-2011-01035-01 (51.712)
Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
“ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por
una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de
tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley.
ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL.
El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los
eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación
de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una
providencia judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”
A la luz de las normas legales transcritas es claro que el legislador estableció
dos presupuestos formales que consisten en la interposición de los recursos
legales contra la providencia enjuiciada y que esta debe estar en firme, de igual
manera, previó el presupuesto material que radica en la contrariedad de la
providencia con la ley.
Por consiguiente, debe determinarse si en este caso se cumplen los tres
requisitos para que proceda la indemnización solicitada, no sin antes aclarar que,
contrario a lo alegado por la entidad demandada, el error jurisdiccional respecto
de providencias proferidas por altas cortes es procedente por cuanto el principio
del artículo 90 de la Constitución Política, según el cual todo daño antijurídico
del Estado -sin importar sus características- ocasiona reparación patrimonial, en
ningún caso puede ser limitado por norma de inferior jerarquía. Así lo explicó la
Corte Constitucional al analizar la exequibilidad del artículo 65 de la Ley 270 de
1996 en sentencia C-037 de ese mismo año y en igual sentido se ha pronunciado
esta Sección3.
3 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado – Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 1997,
expediente no. 10.285, MP Ricardo Hoyos Duque; Consejo de Estado – Sección Tercera,
sentencia de 5 de mayo de 2007, expediente no. 15.128, MP Ramito Saavedra Becerra; Consejo
de Estado – Sección Tercera, sentencia de 26 de julio de 2012, expediente no. 22.581, MP Danilo
Rojas Betancourth; Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C, sentencia proferida
el 6 de marzo de 2013, expediente no. 73001-23-31-000-2000-00639-01(24841), MP Jaime
Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección, sentencia
proferida el 9 de octubre de 2014, expediente no. 25000-23-26-000-1999-01329 01(28641), MP:
Stella Conto Diaz del Castillo; entre otras.
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Expediente 25000-23-26-000-2011-01035-01 (51.712)
Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
2.3.1 Primer requisito formal: el agotamiento de los recursos
Como en el presente asunto se trata de una providencia preferida por la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia contra la que no procedía
recurso alguno4, la Sala entiende cumplido el primer requisito exigido en el
artículo 67 de la Ley 270 de 1996 relacionado con el deber del afectado de
interponer los recursos de ley.
2.3.2 Segundo requisito formal: la firmeza de la providencia contentiva del
error
Este requisito también se encuentra demostrado en el presente asunto puesto
que la providencia enjuiciada quedó ejecutoriada el 25 de junio de 2009, según
constancia secretarial (fl. 93 respaldo cdno. 1).
2.3.3 Requisito material: análisis concreto del error jurisdiccional alegado
Superados los requisitos de forma se procede al análisis de las presuntas
irregularidades en que pudo incurrir la autoridad jurisdiccional al momento de
proferir la decisión que, de llegar a comprobarse, podrían dar paso a la atribución
de responsabilidad patrimonial estatal.
Para tal fin es preciso tener en cuenta que el error jurisdiccional se concreta en
“una decisión contraria a derecho, ya sea que se advierta en el campo de las
pruebas ─error de hecho─ o que provenga de aplicaciones normativas indebidas
─error de derecho─”5, se trata de falencias en las que se incurre en providencias
judiciales al punto de contraponerse al ordenamiento legal. Esta Sección de
tiempo atrás lo ha definido así: “el error judicial que da lugar a la reparación es
toda disconformidad de la decisión del juez con el marco normativo que regula
el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda
realizar”6.
4 Artículo 187 de la Ley 600 de 2000.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019,
proceso no. 08001-23-31-000-2006-02219-01 (38229), MP Ramiro Pazos Guerrero.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 5 de diciembre de 2007, rad. 15.128, MP
Ramiro Saavedra Becerra.
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Expediente 25000-23-26-000-2011-01035-01 (51.712)
Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
En el presente caso se alega, en síntesis, que i) en la parte considerativa de la
sentencia no hubo pronunciamiento alguno frente a la ilegalidad de la escritura
pública no. 3936 del 31 de agosto de 1992 otorgada en la Notaría 25 del Círculo
de Bogotá y, ii) la decisión carece de sustento legal y probatorio toda vez que
dicha escritura no era objeto de discusión por no haber sido obtenida por medio
fraudulento alguno.
La Sala no encuentra probado el error jurisdiccional alegado, por las razones que
se explican a continuación:
2.3.3.1 Análisis de la supuesta falta de motivación
En la demanda se afirmó que en la parte considerativa de la sentencia no hubo
pronunciamiento alguno frente a la ilegalidad de la mencionada escritura pública
no. 3936 del 31 de agosto de 1992 y, que incluso en un pie de página se destacó
que el tribunal de instancia se abstuvo de cancelar la inscripción de esa escritura.
En el expediente obra una resolución de acusación proferida el 15 de septiembre
de 1997 por la Fiscalía 14 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de
Villavicencio en contra de los señores Luis Carlos Reyes Pardo, Elkin González
Betancur y Bernarda Patricia Arroyave Ruiz7 por el delito de fraude procesal, por
el hecho de encontrar que el primero de los mencionados utilizó un poder con
firma falsa del señor Fabio Vásquez Orozco para hacer la venta del predio al
segundo mencionado y este a la última, además de las extrañas conductas de
los supuestos adquirentes del bien; también ordenó cancelar los títulos y
registros respectivos que se efectuaron a partir de la utilización del poder
tachado de falso (fl. 13 cdno. 2).
En esa providencia se consignó que la denuncia fue presentada por la señora
Myriam Hurtado Bernal, quien aseguró que las partes de la compraventa inicial
(Jorge Eliécer Serrano Morales y Fabio Vásquez Orozco) acordaron deshacer el
7 Según se observa en el folio de matrícula inmobiliaria el señor Fabio Vásquez Orozco vendió
el predio al señor Elkin González Betancourth mediante escritura no. 4432 del 23 de junio de
1994, lo cual quedó inscrito en anotación no. 14 del 17 de agosto de 1994 y, posteriormente,
este último se lo vendió a la señora Bernarda Patricia Arroyave Ruiz mediante escritura no. 8812
del 6 de diciembre de 1994 inscrito por anotación no. 15 del 8 de febrero de 1995 (fl. 6 cdno. 2).
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Expediente 25000-23-26-000-2011-01035-01 (51.712)
Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
negocio de mutuo acuerdo y, por eso mismo, que la escritura no fue registrada
y la posesión continuó en cabeza del señor Serrano Morales y, luego, de ella
como cónyuge sobreviviente, quien lo arrendó a terceros.
El 29 de julio de 2002 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Villavicencio
profirió fallo a través del cual absolvió a los sindicados por atipicidad de la
conducta y ordenó la anulación de la cancelación de los títulos o registros
decretada por la fiscalía sobre el inmueble (fl. 34 cdno. 2), sin embargo, esta fue
revocada parcialmente en segunda instancia por la Sala de Decisión Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 28 de mayo de 2004 y,
en su lugar, condenó a los señores Elkin González Betancur y Bernarda Patricia
Arroyave Ruiz como coautores responsables del delito de fraude procesal, al
tiempo que ordenó la cancelación de los títulos y registros obtenidos
fraudulentamente así como también las medidas previas que se hubiesen
proferido dentro de la causa, por encontrar que “sus omisiones demostraron que
ninguno de ellos había adquirido en verdad el inmueble, que nunca pagaron su
precio y que no lo detentaron materialmente” lo cual demuestra su conocimiento
“del fraude que con sus ficticias ventas se cometía” (fl. 57 cdno. 2).
En sentencia proferida el 10 de junio de 2009 la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia (fl. 74 cdno. 2) declaró la prescripción de las acciones
penal y civil seguidas contra los señores Elkin González Betancur y Bernarda
Patricia Arroyave Ruiz por la conducta punible de fraude procesal, y ordenó la
cancelación definitiva de los registros de las escrituras públicas números 3936
del 31 de agosto de 1992, 4432 del 23 de junio de 1994 y 8812 del 6 de diciembre
de 1994 del folio de matrícula inmobiliaria correspondiente al inmueble objeto del
presente litigio; esta última decisión se tomó con base en las siguientes
consideraciones:
“La acción civil se instauró dentro del proceso penal por parte de la
señora Myriam Hurtado Bernal en su condición de víctima de los
comportamientos delictivos auspiciados por los procesados y con
mejor derecho sobre la propiedad del inmueble, por tratarse de la viuda
de Jorge Eliécer Serrano Morales (inicial vendedor en la transacción
que no se formalizó) y por consiguiente, poseedora pacífica del
inmueble.
(…)
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Expediente 25000-23-26-000-2011-01035-01 (51.712)
Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. UNA GARANTÍA
INTEMPORAL
En relación con las medidas de cancelación de registros fraudulentos,
no obstante la prescripción de las acciones penal y civil en esta causa,
a la luz de los artículos 21, 64 y 66 de la Ley 600 de 2000 (…), la Sala
ordenará la cancelación definitiva de los registros obtenidos
fraudulentamente:
La Fiscalía Catorce Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de
Villavicencio, mediante oficio 347 del 16 de septiembre de 1997,
dispuso cancelar los registros de las escrituras públicas 3936 del 31
de agosto de 1992, la escritura pública número 4432 del 23 de junio
de 1994 y la número 8812 del 6 de diciembre de 1994 (…).
Por su parte, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de
Villavicencio canceló, mediante anotación número 19, del folio de
matrícula inmobiliaria número 230 0019 481 tales tradiciones (…).
En virtud del restablecimiento del derecho, no obstante la declaración
de prescripción de las acciones penal y civil, y desde la perspectiva de
los fines del Estado de procurar la ‘vigencia de un orden justo y la
preservación del derecho de propiedad privada’ (…), la Sala no elude
el compromiso de restituir los bienes a su legítimo dueño o poseedor
pacífico, salvo que otro acredite mejor derecho (Cfr. Artículo 64 inc. 2,
artículo 66 de la Ley 600 de 2000).
(…)
Una apreciación articulada de tal antecedente con las consideraciones
del fallo C-060 de 2008, permiten a la Sala advertir que el
restablecimiento del derecho de la víctima es una garantía
intemporal que dimana directamente de la Constitución Política y
de la cual no puede sustraerse el juez; por ello, a pesar de la
prescripción de la acción como declaración objetiva de extinción de la
acción penal, legalmente contemplada (artículo 38 de la Ley 600;
artículo 77 de la Ley 906 de 2004), la competencia para hacer este tipo
de declaraciones se mantiene” (fls. 100 a 104 cdno. 2 – mayúsculas
sostenidas, negrillas y subrayado del original).
La Sala constata que, si bien en la sentencia objeto de reproche no hubo
pronunciamiento frente a la ilegalidad de la escritura pública no. 3936 del 31 de
agosto de 1992 de la Notaría 25 del Círculo de Bogotá, lo cierto es que, salta a
la vista que su decisión estuvo lo suficientemente motivada puesto que tuvo a la
señora Myriam Hurtado Bernal como víctima de los comportamientos delictivos
y con mejor derecho sobre la propiedad del inmueble por ser la viuda del señor
Jorge Eliécer Serrano Morales y su poseedora pacífica; en razón de lo anterior
ordenó, a título de restablecimiento del derecho de la víctima, restituir el bien “a
su legítimo dueño o poseedor pacífico”.
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Reparación directa - apelación de sentencia
Al margen de que la señora Myriam Hurtado Bernal hubiese sido, o no, la víctima
del delito con mejor derecho sobre el bien, por cuanto a este proceso no fue
trasladado el expediente penal en su integridad (solo obran las providencias
enunciadas anteriormente) que permita verificar los medios probatorios, con esta
decisión la Sala no encuentra probado el error alegado, máxime cuando hay
varios indicios sobre las irregularidades que rodearon la titularidad del bien en
cabeza del señor Fabio Vásquez Osorio y con ello la de los ahora demandantes.
En efecto, aunque la venta del inmueble por parte del señor Jorge Eliécer
Serrano Morales al señor Fabio Vásquez Orozco se realizó mediante la escritura
pública no. 3936 del 31 de agosto de 1992 ante la Notaría 25 del Círculo de
Bogotá (fl. 1 cdno. 2), negocio jurídico fue inscrito en la anotación no. 13 del 11
de febrero de 1994 en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria (fl. 6
cdno. 2), lo cierto es que no se acreditaron las mejoras que supuestamente se
hicieron al predio por parte de la señora Nubia Islena Cruz de Vásquez ni que el
vendedor los hubiera despojado de su posesión de manera violenta, como se
aseguró en la demanda.
Por el contrario, los mismos demandantes aseguraron en el libelo introductorio
que la señora Myriam Hurtado Bernal continuó con la tenencia del predio y lo
arrendó a unos terceros, situación que además se corrobora con un contrato de
arrendamiento allegado al proceso en el que aquella figura como arrendadora
del inmueble (fl. 150 cdno. 1).
Si bien la escritura pública sí fue inscrita, los propios demandantes aseguraron
que ello no fue realizado por el comprador (su padre y esposo) y que no tienen
conocimiento de quién lo hizo, lo cual, por sí mismo, es indicativo de que
precisamente el negocio no se pudo haber concretado por voluntad de ellos,
como lo aseguró la denunciante.
Por tanto, el material probatorio y el propio dicho de los demandantes son
indicativos de que ellos nunca ejercieron dominio sobre el inmueble o no
acreditaron actos de señores y dueños sobre el mismo, por el contrario, el
inmueble siempre estuvo en posesión de la señora Myriam Hurtado Bernal,
quien, según lo afirmado en las distintas providencias del proceso penal, era la
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Reparación directa - apelación de sentencia
esposa del señor Jorge Eliécer Serrano Morales, vendedor inicial del inmueble,
motivo por el cual la Sala no encuentra desacertada la decisión de la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con la realidad de los hechos,
pues, en este proceso no se probó que la señora Nubia Islena Cruz de Vásquez
fue la víctima de los actos delictivos.
Finalmente, en cuanto al argumento según el cual en la sentencia enjuiciada se
destacó en un pie de página que el tribunal de instancia se abstuvo de cancelar
la inscripción de la escritura, ello en nada afecta la decisión de la Corte Suprema
de Justicia dado que solo da cuenta de los hechos como pasaron, lo cual es
corroborado por esta Sala puesto que en efecto así lo dispuso la Sala de
Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio (fl. 70
cdno. 2).
Por las anteriores razones la Sala no encuentra que probado este cargo.
2.3.3.2 Análisis de la alegada carencia de sustento legal y probatorio
Los demandantes aducen que como la escritura pública no. 3936 del 31 de
agosto de 1992 otorgada en la Notaría 25 del Círculo de Bogotá no era objeto
de discusión por no haber sido obtenida por medio fraudulento alguno, la
cancelación de su registro en el folio de matrícula inmobiliaria carece de sustento
legal y probatorio, y por lo tanto que es contraria a la ley en tanto los
demandantes no pudieron ejercer sus derechos de defensa y de debido proceso
a fin de proteger sus intereses.
La Sala precisa que en la sentencia objeto de reproche la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia plasmó lo siguiente:
“Preciso es recordar que Nubia Islena Cruz de Vásquez (viuda del
inicial comprador Fabio Vásquez Orozco) y otros presentaron
demanda de constitución de parte civil, pero que la demanda fue
rechazada precisamente porque … ‘no son realmente perjudicados
con el delito’, toda vez que… ‘la directa perjudicada con el delito es la
denunciante’. (Auto del 27 de octubre de 1999, del Juzgado Tercero
Penal del Circuito de Villavicencio; en cuadernos de parte civil, folios
33-34)” (fl. 88 c. 2).
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Expediente 25000-23-26-000-2011-01035-01 (51.712)
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Reparación directa - apelación de sentencia
Además, se constata que la cancelación de la referida escritura pública número
3936 se efectuó desde el 17 de septiembre de 1997 por orden de la Fiscalía 14
Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Villavicencio (anotación 19 del
folio de matrícula inmobiliaria), anotación que si bien fue dejada sin efectos el 3
de diciembre de 1999 por orden del Juzgado 3 Penal del Circuito de Villavicencio
(anotación 23), sobre lo cual la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Villavicencio no decidió nada por considerar que escapaba de
su competencia (fl. 70 cdno. 2), es igualmente cierto que la Corte Suprema dejó
sin efecto esta última anotación (anotación 24) de modo que quedó incólume la
decisión inicial de la fiscalía.
En la respectiva resolución de acusación se observa que el ente acusador tuvo
en cuenta el testimonio de la ahora demandante Nubia Isleña Cruz “donde
nuevamente reitera que la transacción comercial entre su desaparecido esposo
FABIO VÁSQUEZ OROZCO y JORGE ELIÉCER SERRANO sobre el local
materia de investigación, no se llevó a cabo” (fl. 16 cdno. 2 – mayúsculas
sostenidas del original).
Por tanto, aunque se reitera en el hecho de que en este proceso no obra la
totalidad del expediente penal, con la información recolectada en las distintas
providencias la Sala no encuentra que la decisión objeto de análisis carezca de
sustento probatorio ni que los demandantes no pudieron ejercer sus derechos
de defensa y debido proceso, por cuanto, la cancelación de su escritura pública
se dio mucho tiempo antes y ellos no se opusieron, por el contrario, la señora
Nubia Islena Cruz de Vásquez manifestó que la escritura nunca se registró y,
según lo dicho por la fiscalía, ella había confesado que el negocio no se llevó a
cabo.
Tampoco carece de sustento legal toda vez que, tal como lo consideró el a quo,
su decisión estuvo fundamentada en los artículos 21, 64 y 66 de la Ley 600 de
2000 por el hecho de determinar que la víctima de los hechos delictivos era la
señora Myriam Hurtado Bernal, circunstancia frente a la cual los demandantes
no probaron tener mejor derecho dentro del proceso penal ni tampoco en este
otro proceso, el contencioso administrativo de reparación directa.
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Sin perjuicio de lo anterior, debe igualmente advertirse que en la anotación no.
27 del 4 de febrero de 2008 del folio de matrícula inmobiliaria no. 230-19481 se
registró una demanda de un proceso reivindicatorio interpuesta por la señora
Nubia Islena Cruz de Vásquez en contra de la señora Myriam Hurtado Bernal,
como medida cautelar (fl. 7 cdno. 2), respecto del cual no es posible establecer
lo que sucedió.
En ese orden de ideas, la sentencia reprochada no contiene ningún error que
pueda comprometer la responsabilidad de la entidad demandada.
Por último, se precisa que la culpa de la víctima declarada por el tribunal a quo
del proceso de la referencia no es de recibo en esta instancia debido a que no
se demostró el pretendido error jurisdiccional alegado con la demanda, motivo
por el cual no hay lugar al rompimiento del nexo de causalidad con eximente de
responsabilidad alguno.
3. Conclusión
Como no se probó el error jurisdiccional alegado se impone confirmar la
sentencia apelada por ser denegatoria de pretensiones.
4. Costas
Toda vez que para el momento en que se profiere este fallo, el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna
procedió de esa forma, no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
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Expediente 25000-23-26-000-2011-01035-01 (51.712)
Actor: Nubia Islena Cruz de Vásquez y otros
Reparación directa - apelación de sentencia
FALLA
1°) Confírmase la sentencia proferida el 29 de mayo de 2014 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C de
Descongestión, de acuerdo con las consideraciones expuestas en el presente
proveído.
2°) Abstiénese de condenar en costas de esta instancia procesal.
3°) Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
(firmado electrónicamente)
Aclara voto
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
Salva voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 del Decreto
Legislativo 806 de 2020.
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