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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01047-01

Acción de reparación directa

Fecha
6 de noviembre de 2020
Consejero ponente
Ramiro Pazos Guerrero
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01047-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A MODIFICAR la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 27 de febrero de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia y en su lugar se dispone: PRIMERO: Declarar que la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son patrimonialmente responsables por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que trajo consigo la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Julio César Garzón Mora y los perjuicios derivados de la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso penal adelantado en contra del demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior se condena a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios morales la suma equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Julio César Garzón Mora. TERCERO: CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de cincuenta y un millones doscientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta y dos con 63/100 ($ 51.291.482,63) a favor de Julio César Garzón Mora. CUARTO: La indemnización reconocida en esta oportunidad, será asumida por la Fiscalía General de la Nación en cinco (5) smlmv por perjuicio moral y $25.645.741,31 por lucro cesante y la Rama Judicial asumirá el pago de cinco (5) smlmv por perjuicio moral y $25.645.741,31 por lucro cesante. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-26-000-2011-01047-01

Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero

6 de noviembre de 2020

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / COMPETENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA

Por ser las demandadas entidades públicas, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Igualmente la Sala es competente para proferir esta providencia, en tanto resuelve el recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996, contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia en donde la parte actora reclama la responsabilidad extracontractual de la Nación- Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 82 / LEY 270 DE 1996

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en casos de reparación directa por daños ocasionados por la administración de justicia, consultar providencia de 9 de septiembre de 2008, Exp. 2008-00009-00, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA / IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL DELITO / INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROCESADO / IDENTIDAD DEL PROCESADO / IDENTIDAD DEL CONDENADO / FALSEDAD PERSONAL / FALLA DEL SERVICIO / FALLA EN EL SERVICIO BASE DE DATOS DE ANTECEDENTES PENALES / ANTECEDENTES JUDICIALES / ANTECEDENTES DE LA PERSONA / ANOTACIÓN EN ANTECEDENTES JUDICIALES / EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA / OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

En tratándose de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, por regla general, se ha considerado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal. (…) En el presente evento, debe precisarse que la parte demandante acusa a las entidades demandadas de haber incurrido en fallas al momento de individualizar e identificar la persona que suplantó la identidad del demandante, omisión que provocó que prosiguiera un proceso penal en su contra hasta proferirse sentencia condenatoria, lo cual, finalmente generó un reporte de antecedentes penales negativos y la privación de su libertad. La Sala encuentra que hasta el momento en que se profirió la resolución que decretó la extinción de la acción penal adelantada en contra del señor (…), se definió la situación jurídica del demandante y quedó sin sustento el registro de antecedentes penales. En consecuencia se tomará esta fecha para el conteo de la caducidad.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 8

NOTA DE RELATORÍA: Referente al cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa en casos de privación injusta de la libertad, consultar providencias de 3 de marzo de 2010, Exp. 36473, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 9 de mayo de 2011, Exp. 40324, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL DELITO / IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA / IDENTIDAD DEL PROCESADO / IDENTIDAD DEL CONDENADO / INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROCESADO / INDIVIDUALIZACIÓN DEL IMPUTADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / JURISPRUDENCIA DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL

La Corte Suprema de Justicia en varias providencias ha hecho alusión a los términos de identificación e individualización para referir que no son sinónimos entre sí y aluden a conceptos diferentes. (…) Así, (…) la identificación implica precisar de manera indubitable las particularidades que corresponden a una persona determinada, tales como su nombre, sus generales de ley, su documento de identificación, etc. con fundamento en documentos oficiales. (…) Por su parte, la individualización corresponde (…) a todos aquellos rasgos físicos y datos que permitan plenamente diferenciar a una persona de los demás individuos.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los conceptos de identificación e individualización, consultar providencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de 27 de julio de 2001, Exp. 34779, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero; y de 27 de abril de 2016, Exp. 42461, M.P. José Francisco Acuña Vizcaya.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PROCESO PENAL / PERSONA AUSENTE / DECLARATORIA DE PERSONA AUSENTE / JUZGAMIENTO DE PERSONA AUSENTE / FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA / IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL DELITO / INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROCESADO / IDENTIDAD DEL PROCESADO / IDENTIDAD DEL CONDENADO / FALSEDAD PERSONAL / FALLA DEL SERVICIO / FALLA EN EL SERVICIO / OBLIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / LABOR INVESTIGATIVA / BASE DE DATOS DE ANTECEDENTES PENALES / ANTECEDENTES JUDICIALES / ANTECEDENTES DE LA PERSONA / ANOTACIÓN EN ANTECEDENTES JUDICIALES / CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL

Conviene precisar que la parte demandante atribuye a las entidades demandadas haber incurrido en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, al adelantar indebidamente una actuación penal en contra del demandante (…), lo cual trajo consigo una sentencia condenatoria con el consecuente antecedente penal, que finalmente conllevó a la privación de su libertad, la cual, desde su apreciación se tornó injusta. (…) La Sala observa que la vinculación del señor (…) al proceso penal por el cual fue privado de su libertad, obedeció a la suplantación que de su identidad hizo quien participó en los hechos delictivos descritos en la denuncia presentada (…). En esa medida, la Sala observa que, la fiscalía omitió emprender una actividad probatoria eficiente para individualizar e identificar con certeza a quien fue denunciado de cometer hurto en contra de la empresa (…) y adoptó el nombre e identidad [del demandante]. Tal omisión provocó la vinculación irregular al proceso penal y la posterior privación de la libertad del demandante (…) pese a no haber cometido conducta punible alguna. (…) Respecto a la falla atribuida a la Rama Judicial, debe señalarse que, si bien, la fiscalía tiene un papel protagónico en la etapa instructiva al momento de individualizar e identificar al posible autor de un delito, no es de menor talante, la obligación del juez de conocimiento, en la etapa de juzgamiento, de cerciorarse de la identidad del acusado y de su vinculación al proceso, para procurar la protección de las garantías fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa. (…) Así las cosas, es posible concluir que los daños sufridos por el señor (…), consistentes en la vinculación irregular a un proceso penal y la afectación a su derecho a la libertad personal, tienen un carácter anormal e injusto y son consecuencia de una falla al momento de individualizar e identificar la persona que suplantó la identidad del demandante (…) y las irregularidades advertidas (…), al declararlo persona ausente, fallas que son imputables a la Nación representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, razón por la cual la sentencia apelada habrá de confirmarse en este aspecto.

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 336 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 344

NOTA DE RELATORÍA: Sobre a los criterios para determinar si una privación es injusta, consultar providencia de la Corte Constitucional de 5 de julio de 2018, Exp. SU-072, M.P. José Fernando Reyes Cuartas; y de 5 de febrero de 1996, Exp. C-037, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Sobre la declaratoria de persona ausente como la última ratio, consultar providencia de la Corte Constitucional, de 11 de febrero de 2003, Exp. C-100, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / NATURALEZA DEL PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / DETERMINACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PARÁMETROS PARA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN A LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA / PRESUNCIÓN DEL PERJUICIO MORAL / TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

Conviene recordar que en sentencia de unificación de jurisprudencia, el Consejo de Estado manifestó, que en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por padres, hijos, hermanos y compañeros permanentes en relación con una persona que fue privada de la libertad injustamente, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda. (…) De igual forma, en la mentada sentencia se estableció una tabla indemnizatoria, en la que se asigna un valor monetario al perjuicio moral sufrido, según el tiempo de la privación de la libertad. La tabla define rangos de tiempo en los que asigna topes máximos de indemnización, por lo que el juez debe tasar la indemnización de manera que el tope corresponda al último día del rango determinado en la tabla. (…) Luego entonces, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala liquida los perjuicios en forma proporcional y en atención al tiempo total de la privación.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de perjuicios morales por privación injusta de la libertad, consultar providencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón (E).

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO EMERGENTE / HONORARIOS DEL ABOGADO / HONORARIOS DEL ABOGADO DEFENSOR / DEFENSA EN EL PROCESO PENAL / COBRO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO / PAGO DE LOS HONORARIOS DEL ABOGADO / PRUEBA DEL DAÑO EMERGENTE / CARGA DE LA PRUEBA / FACTURA DE SERVICIOS / FALTA DE EXPEDICIÓN DE FACTURA / PRUEBA DEL PAGO / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / NEGACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE / NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

Frente a la indemnización por perjuicios materiales, la parte demandante solicitó por concepto de daño emergente, el reconocimiento de los costos en que incurrió para iniciar las acciones judiciales tendientes a anular la sentencia condenatoria proferida en su contra. (…) De acuerdo a los parámetros establecidos en sentencia de unificación de la Sección Tercera, la Sala encuentra que la parte demandante no acreditó en debida forma el perjuicio material que por concepto de daño emergente señala, le causó la vinculación al proceso que le acarreó una sentencia condenatoria con el consecuente registro de antecedentes penales y la privación de su libertad. (…) Para la Sala se demostró que el señor (…), por intermedio de apoderado, formuló acción de tutela y acción extraordinaria de revisión para obtener la nulidad de la sentencia condenatoria que en su contra profirió el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá, a su vez, fue aportado documento de acuerdo de honorarios (…) y la constancia expedida (…) según la cual certifica que recibió de manos del señor (…) la suma (…) por concepto de honorarios por instaurar acción de tutela. No obstante, no se aportaron las facturas o documentos equivalentes expedidos por el profesional del derecho que dan cuenta del pago de los honorarios pactados. (…) En consecuencia, se revocará el fallo de primera instancia para negar la indemnización por este concepto.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con los parámetros para acceder al reconocimiento del daño emergente en casos de privación injusta de la libertad, consultar providencia de 18 de julio de 2019, Exp. 44572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / SALARIO DEJADO DE PERCIBIR / ANTECEDENTES JUDICIALES / ANTECEDENTES DE LA PERSONA / ANOTACIÓN EN ANTECEDENTES JUDICIALES / EMPLEO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE

Por lucro cesante reclamó el pago de las sumas que dejó de percibir por no ejercer su oficio, (…) a causa de los antecedentes penales que originó la sentencia condenatoria y por los (…) días que estuvo privado de la libertad. (…) En cuanto al perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, la Sala advierte que en primera instancia le fue negada la indemnización reclamada, por cuanto no se acreditó que el señor (…) realizara alguna actividad productiva para la fecha en que fue capturado, aunque si tuvo certeza que estaba buscando empleo y cuando estaba reuniendo los documentos requeridos para vincularse laboralmente conoció de la sentencia emitida en su contra y fue privado de la libertad. (…) Conviene precisar, que al tenor de los parámetros establecidos en la sentencia de unificación que definió los criterios para la indemnización de perjuicios materiales por privación injusta de la libertad, para acceder al reconocimiento de indemnización por lucro cesante, debe existir prueba suficiente que acredite que con ocasión de la detención la persona afectada con la medida de aseguramiento dejó de percibir sus ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. (…) Ahora bien, para el momento de la privación de la libertad que afrontó el demandante no se acreditó que estuviera vinculado laboralmente o desarrollara alguna actividad productiva que le proporcionara sustento económico. No obstante, los testimonios aportados al proceso señalaron que el señor (…) ejercía su actividad como “profesional en artes gráficas, con especialidad como retocador en color en preprensa” y coincidieron en afirmar que al momento de la privación de la libertad estaba preparando los documentos soportes de la hoja de vida para aspirar a una oferta laboral (…), cuando fue detenido en el DAS, porque en su contra se había proferido una sentencia condenatoria. (…) Finalmente se acreditó que durante este periodo, el demandante acudió a solicitar empleo, para ejercer como “retocador de color y fotomontajista” y pese a cumplir con los requisitos técnicos y de experiencia no fue contratado por cuanto no satisfizo los requisitos legales de contratación, al tener un antecedente penal que le impidió ser vinculado laboralmente. (…) Al encontrarse acreditado que el demandante (…) perdió una posibilidad cierta de percibir un ingreso, por cuenta del antecedente judicial negativo que le generó la sentencia condenatoria proferida en su contra, (…) y le impidió ocuparse laboralmente en su oficio, la Sala reconocerá indemnización por lucro cesante (…).

NOTA DE RELATORÍA: En relación con los parámetros para el reconocimiento y la tasación del lucro cesante en casos de privación injusta de la libertad, consultar providencia de 18 de julio de 2019, Exp. 44572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / DAÑO AL BUEN NOMBRE / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / RECTIFICACIÓN DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / DISCULPA EN CEREMONIA PRIVADA / COMUNICACIÓN PRIVADA

Tanto la privación de la libertad como la vinculación al proceso penal, provocó en este caso una afectación al buen nombre y a la dignidad del demandante (…), de suerte que se torna en una afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La Sala encuentra que la única forma de reparar este perjuicio es a través de la rectificación como medida de reparación no pecuniaria y en tal sentido dispondrá que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial expresen disculpas al señor (…), a través de una misiva dirigida al demandante. (…) Para asegurar que la medida de reparación sea concertada con la víctima, las entidades demandadas deberán coordinar con el aquí demandante si es suficiente con que el documento le sea entregado personalmente a él o si, además, debe publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de las entidades. Esta medida deberá cumplirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia.

NOTA DE RELATORÍA: La presente providencia cuenta con salvamento parcial de voto del doctor Martín Bermúdez Muñoz.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020)

Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01047-01(51704)

Actor: JULIO CÉSAR GARZÓN MORA

Demandado: NACIÓN-FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN- RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. Falla en individualización e identificación del procesado ante suplantación de identidad e irregularidades al declarar al demandante como persona ausente para vincularlo al proceso penal.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA_____________________

Surtido el trámite procesal sin que se evidencie causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia en el proceso ordinario de reparación directa de la referencia, con ocasión de los recursos de apelación formulados por la parte demandante y la Fiscalía General de la Nación en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 27 de febrero de 2014, por la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

A. Demanda

Mediante demanda presentada el 30 de septiembre de 2011, el accionante Julio César Garzón Mora por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa formuló demanda en contra de la Nación- Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, invocando las siguientes pretensiones:

Declarar a la Nación Colombiana, Fiscalía General de la Nación, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, patrimonialmente responsables, en forma solidaria, por los daños y perjuicios ocasionados al señor Julio César Garzón Mora a causa del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia a cargo de la Fiscalía 156 Seccional de Bogotá y la Juez 33 Penal del Circuito de Bogotá, dentro del proceso penal n.º 2003-121 que derivó en sentencia condenatoria por el delito de hurto agravado por la confianza en contra del demandante.
Declarar que Julio César Garzón Mora a causa del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que derivó en la sentencia penal condenatoria del Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá por el delito de hurto agravado y su lógico antecedente penal no pudo trabajar como empleado u operador de fotomontaje durante el tiempo comprendido del 3 de marzo de 2007 al 17 de junio del 2009.
A consecuencia de lo anterior solicito al Honorable Tribunal se hagan las siguientes condenas:
Condenar Nación Colombiana (sic), Fiscalía General de la Nación, Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial a pagar en forma solidaria a favor del señor Julio Cesar Garzón Mora las siguientes sumas de dinero
Por la suma de cinco millones seiscientos mil pesos ($ 5.600.000) o lo que se llegare a probar a título de daño emergente representados en los dineros que Julio César Garzón Mora, tuvo que desembolsar para iniciar las acciones judiciales encaminadas a dejar sin efectos la sentencia penal del Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá.
Por la suma de sesenta millones de pesos ($60.000.000) o lo que se llegare a probar a título de lucro cesante representados en los dineros dejados de percibir por Julio César Garzón Mora a causa de no poder trabajar en su arte u oficio de operador fotomontaje y diseño gráfico a causa (sic) los antecedentes penales de la sentencia del Juzgado 33 Penal del Circuito de Bogotá, durante el tiempo comprendido del 3 de marzo del 2007 al 17 de junio del 2009.
Por el equivalente de cien salarios mínimos mensuales legales vigentes por concepto de los perjuicios morales ocasionados a Julio César Garzón Mora a causa del proceso penal, su sentencia y efectos posteriores.
Por la suma de $1.500.000 pesos por el dinero que dejó de recibir los 25 días que tuvo que pasar detenido Julio César Garzón Mora mientras se resolvía la tutela que le resolviera su libertad provisional.
(…)

Como fundamento fáctico de las pretensiones, el actor señaló que: i) El 7 de febrero del año 2007, el señor Julio César Garzón Mora se encontraba en las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad DAS para solicitar el reporte de su pasado judicial, requerido para trabajar en una empresa, cuando fue detenido porque se había proferido sentencia condenatoria en su contra por el delito de hurto agravado. ii) El demandante estuvo detenido durante 25 días, una parte en los calabozos del DAS y otra en la cárcel de Fusagasugá. iii) Fue necesario presentar una acción de tutela y acción de revisión para obtener la libertad del señor Garzón Mora. iv) El demandante no tuvo nada que ver con los hechos delictuales, ni con las personas y circunstancias que giraron alrededor del proceso penal, que culminó con sentencia condenatoria, por cuanto fue suplantado. iv) La falla atribuida a las entidades demandadas consistió en la vinculación ilegal del señor Julio César Garzón Mora al proceso penal, la deficiente individualización de la persona involucrada en las actividades delictivas y no procurar la vinculación del ahora demandante para que ejerciera su derecho de defensa. v) la privación de la libertad y el periodo en que tardó el demandante en esclarecer su situación judicial por la actuación equivocada de las entidades demandadas, le causó daños patrimoniales y extrapatrimoniales, los cuales deben ser resarcidos.

B. Posición de las entidades demandadas

La Nación-Fiscalía General de la Nación contestó la demanda. La entidad señaló que su actuación fue legítima y ajustada a derecho, en tanto la vinculación del demandante a la investigación penal, tuvo como base la denuncia presentada por el señor Rafael Antonio Suárez Corzo, en la cual indicó que el señor Julio César Garzón Mora había sido contratado por la empresa Servicios y Distribuciones Express, y al cabo de unos meses cobró unas facturas por la suma de $ 31.000.000 a nombre de la empresa y posteriormente desapareció. Con la denuncia se adjuntó la hoja de vida presentada en su momento por el implicado en los hechos, de la cual se evidenció que se identificaba como Julio César Garzón Mora y plasmó su número de cédula, además se contó con las declaraciones de testigos que indicaron con nombre la persona que cometió el delito.

Agregó que en la etapa de juzgamiento, el juzgado de conocimiento condenó al señor Julio César Garzón Mora, con el número de cédula del hoy actor, a 46 meses de prisión por hallarlo penalmente responsable de los hechos investigados, por lo que libró en su contra orden de captura. De allí se extrae que la autoridad que ordenó la captura del señor Garzón Mora fue el juzgado de la causa.

Invocó como excepciones: i) la falta de legitimación en la causa por pasiva, al precisar que la detención injusta del demandante no estuvo bajo orden alguna del Fiscal de conocimiento, por cuanto provino de la orden contenida en la sentencia condenatoria, proferida por el juez de conocimiento; ii) hecho determinante de un tercero, en tanto el presunto daño ocasionado al demandante tiene su origen en la denuncia formulada por el señor Rafael Antonio Suárez Corso.

La Nación-Rama Judicial contestó la demanda. Para la entidad, la omisión que presuntamente dio lugar a la privación de la libertad del demandante, resulta atribuible a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto no desplegó las actividades necesarias para establecer la identificación plena y debida de la persona que cometió el delito.

Correspondía legalmente a la Fiscalía General de la Nación identificar plenamente al verdadero delincuente, si lo tenía a su disposición al momento de la captura, situación que no podía ocurrir en la etapa del juicio, por cuanto, desde la etapa de instrucción, la persona que suplantó la identidad de Julio César Garzón Mora, nunca más compareció al proceso.

Invocó como excepciones: i) La falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la falla del servicio causante del daño invocado por el demandante, provino de la omisión de la Fiscalía General de la Nación, e, ii) inexistencia del derecho reclamado.

C. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 27 de febrero de 2014, la Subsección C, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

El a quo atribuyó tanto a la fiscalía instructora como al juzgado de conocimiento la omisión en la identificación e individualización del sindicado que efectivamente cometió el delito de hurto agravado, por cuanto no fueron verificados los datos entregados por el denunciante Rafael Suárez Corso, quien refirió que la persona que cometió el ilícito fue el señor Julio César Garzón Mora identificado con la cédula de ciudadanía perteneciente al ahora demandante.

Encontró que el no haber practicado las pruebas necesarias para identificar e individualizar al sindicado, conllevó a que se adelantara toda la actuación hasta proferirse la sentencia condenatoria de primera instancia y la privación de la libertad del demandante, entre el 15 de febrero y el 2 de marzo de 2007, sin tener la certeza de la identidad del autor del hecho punible.

Para el tribunal de primera instancia, esta omisión de las entidades demandadas desconoció el mandato contenido en los artículos 179, 322 y 331 de la Ley 600 de 2000, que exige la identificación de los autores o participes de la conducta punible, tanto en la instrucción como al momento de proferir sentencia. En ese orden encontró injusta la privación de la libertad padecida por el señor Julio César Garzón Mora.

Finalmente accedió al reconocimiento de indemnización de perjuicios morales e indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente.

D. Recurso de apelación

La parte demandante manifestó su inconformidad con el fallo de primera instancia, en lo concerniente a la indemnización de perjuicios. Para el apelante, contrario a lo considerado por el tribunal de primera instancia, se encuentran debidamente acreditados los gastos en que incurrió el demandante para anular el proceso penal adelantado en su contra, especialmente los honorarios que tuvo que sufragar para contratar un abogado que asumiera su defensa y los costos que le acarreó formular acción de tutela para recuperar su libertad.

Se opuso a la consideración expuesta por el a quo que no encontró acreditado el perjuicio por “productividad” reclamado por la parte demandante. Para el apelante, se demostró que el actor Julio César Garzón Mora estaba próximo a ser contratado para laborar en una empresa y con ocasión del trámite del certificado de antecedentes judiciales, apareció un reporte de sentencia condenatoria en su contra, que propició su captura, en tal sentido, la omisión en que incurrieron las entidades demandadas, le cercenó la oportunidad de trabajar y devengar un ingreso superior al salario mínimo.

El a quo omitió valorar el dictamen pericial aportado por la parte demandante que acreditaba estos perjuicios.

Se opuso además a la indemnización reconocida por perjuicios morales al estimar que el caso particular del demandante Julio César Garzón Mora amerita un monto mayor como reparación a la afectación moral que padeció. Tampoco se tuvo en cuenta el tiempo de inactividad laboral que limitó su derecho al trabajo.

La Fiscalía General de la Nación manifestó su oposición con el fallo de primera instancia, especialmente con la declaratoria de responsabilidad en contra de la entidad, por cuanto desde su apreciación no se encontró demostrada una actuación negligente o irregular en el trámite del proceso penal adelantado en contra del demandante Julio César Garzón Mora.

E. Alegatos en segunda instancia

En el término previsto para el efecto, la Fiscalía General de la Nación y la parte demandante reiteraron los argumentos expuestos en la impugnación. La parte demandante solicitó además, desechar los argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación frente a la ausencia de falla en sus actuaciones, al encontrarse acreditada la conducta irregular que produjo la privación de la libertad del señor Julio César Garzón Mora.

La Rama Judicial presentó escrito de alegatos, en donde invocó su falta de legitimación en la causa por pasiva. Para la entidad, de acuerdo con el mandato contenido en el artículo 180 de la Ley 600 de 2000, cuando el proceso penal llega al juzgado de conocimiento para agotar la etapa de juzgamiento, el juez presume que la persona sindicada, es la que dice ser la fiscalía instructora en su escrito de acusación, por cuanto es función exclusiva de la fiscalía establecer la plena identificación del encartado. En consecuencia, la omisión que presuntamente dio lugar a la privación de la libertad del demandante, resulta atribuible a la Fiscalía General de la Nación

El representante del Ministerio Público rindió concepto en el que solicitó confirmar los numerales primero y segundo del fallo de primera instancia relativos a la declaratoria de responsabilidad y modificar los numerales tercero y cuarto, para en su lugar, ordenar a tales entidades el pago del daño emergente consistente en los costos de las acciones de tutela y de revisión que tuvo que instaurar el demandante y el lucro cesante por el tiempo durante el cual, el ciudadano Julio César Garzón Mora no pudo trabajar por figurar en su contra antecedentes penales en la base de datos del DAS.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

PRESUPUESTOS PROCESALES

A. Jurisdicción, competencia y acción procedente

Por ser las demandadas entidades públicas, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, de acuerdo con el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Igualmente la Sala es competente para proferir esta providencia, en tanto resuelve el recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley 270 de 1996, contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal dentro de un proceso de reparación directa por hechos de la administración de justicia en donde la parte actora reclama la responsabilidad extracontractual de la Nación- Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial.

B. La legitimación en la causa

El accionante se encuentra legitimado en la causa por activa a partir de los hechos invocados en la demanda, en la medida en que alega haber padecido los daños y perjuicios cuya reparación persigue.

En principio, la Sala tendrá a las entidades demandadas (Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial) como legitimadas en la causa por pasiva, en tanto las pretensiones formuladas por la parte demandante se sustentan en actuaciones emanadas de dichas entidades, de las cuales proviene el daño cuya indemnización se reclama; no obstante, lo atinente a la responsabilidad administrativa de cada una, será asunto objeto de estudio al resolver el fondo de la controversia.

C. Oportunidad de la demanda

En tratándose de responsabilidad por la privación injusta de la libertad, por regla general, se ha considerado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que absuelve al sindicado y le pone fin al proceso penal.

En el presente evento, debe precisarse que la parte demandante acusa a las entidades demandadas de haber incurrido en fallas al momento de individualizar e identificar la persona que suplantó la identidad del demandante, omisión que provocó que prosiguiera un proceso penal en su contra hasta proferirse sentencia condenatoria, lo cual, finalmente generó un reporte de antecedentes penales negativos y la privación de su libertad. La Sala encuentra que hasta el momento en que se profirió la resolución que decretó la extinción de la acción penal adelantada en contra del señor Julio César Garzón Mora, el 17 de junio de 2009, se definió la situación jurídica del demandante y quedó sin sustento el registro de antecedentes penales. En consecuencia se tomará esta fecha para el conteo de la caducidad.

En consideración de lo anterior, la Sala colige que la demanda fue incoada dentro del término legal, si se tiene en cuenta la suspensión del mismo para agotar el trámite de conciliación prejudicial y la radicación del libelo introductorio el 30 de septiembre de 2011.

D. PROBLEMA JURÍDICO

La Sala debe determinar si la Nación-Fiscalía General de la Nación y/o la Rama Judicial incurrieron en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, dentro del proceso penal adelantado en contra del demandante Julio César Garzón Mora y si esta falla provocó un daño antijurídico pasible de comprometer la responsabilidad de las entidades demandadas. A su vez, deberá establecerse si como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, resulta procedente la reparación de los perjuicios reclamados por el demandante, en la forma que lo hizo el a quo o si es procedente su modificación.

E. HECHOS PROBADOS

De conformidad con las pruebas válidamente aportadas al proceso, se encuentran probados los siguientes hechos relevantes:

El 24 de julio de 2001, el señor Rafael Antonio Suárez Corso, en su condición de gerente de la empresa Servicios y Distribuciones Express, formuló denuncia en contra de Julio César Garzón Mora. Relató que el señor Garzón Mora llevaba seis meses laborando en la empresa como vendedor y en tal calidad tenía que visitar a los clientes, ofrecer los productos, elaborar los pedidos, entregar la mercancía y hacer firmar la factura al cliente.

Con ocasión de estas funciones asignadas, le fueron entregadas algunas facturas originales con el fin de que las presentara a los clientes, para que estos las cancelaran oportunamente, pero, sin autorización ofreció a los clientes descuentos especiales si le cancelaban en efectivo las obligaciones contenidas en tales documentos. El vendedor logró que le pagaran las facturas y desapareció sin dejar rastro alguno.

El 24 de agosto de 2001, la Fiscalía 156 delegada ante los juzgados penales del circuito de Bogotá avocó el conocimiento de la investigación previa iniciada para investigar los hechos denunciados por el señor Rafael Suárez Corso. En consecuencia, se dispuso citar para ampliación de denuncia a Rafael Suárez Corso y citar a versión libre al señor Julio César Garzón Mora.

Mediante Resolución del 22 de octubre de 2001, la Fiscalía 156 Delegada ante los jueces penales del circuito de Bogotá, en consideración a la no comparecencia del imputado Julio César Garzón Mora para rendir versión libre, dispuso oficiar a la estación de policía más cercana a la residencia del procesado, con el fin de que este fuera conducido para efectuar la diligencia requerida.

En comunicación del 18 de diciembre de 2001, la Fiscalía Seccional 156 de Bogotá solicitó al comandante de la Estación de Policía Tunjuelito, conducir a ese despacho al señor Julio César Garzón Mora identificado con cédula de ciudadanía n.º 19.241.081 de Bogotá, residente en la calle 63 n.º 65-66 Barrio El Sol, con el fin de escucharlo en versión libre.

Mediante oficio n.º 0004 COMAN-TESEX del 2 de enero de 2002, el comandante de la Sexta Estación de Tunjuelito informó que con el fin de conducir al señor Julio César Garzón Mora, el comandante (e) del CAI Venecia se trasladó a buscar la dirección Calle 63 n.º 65-66 barrio El Sol; sin embargo, “no pudo localizar dicha dirección ya que el barrio Isla del Sol comprende la calle 63 con carrera 65 en donde no codifica el número 66 por que solo llega hasta el 56”.

En Resolución del 8 de febrero de 2002, la Fiscalía 156 Seccional de Bogotá, decretó la apertura de instrucción y para establecer quienes fueron los autores o participes de la conducta punible investigada y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la misma, dispuso solicitar los antecedentes penales y contravencionales de Julio César Garzón Mora y la cartilla decadactilar de su cédula de ciudadanía n.º 19.241.081, además de citarlo a diligencia de indagatoria acompañado de abogado, por lo cual se dispuso su citación a “la calle 63 nº. 65-66 Sur”. Mediante oficio FS156-0122 del 21 de febrero de 2002, la Fiscalía 156 Seccional solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil, copia de la cartilla decadactilar correspondiente a Julio César Garzón Mora identificado con cédula de ciudadanía n.º 19.241.081 de Bogotá.

Mediante oficio FS156-0359, del 17 de mayo de 2002, la Fiscalía 156 Seccional solicitó al comandante de la Décima Estación de Policía de Santa Helenita, “ubicar y conducir al señor Julio César Garzón Mora identificado con la c.c. 19.241.081 de Bogotá y residente en la calle 63 nº. 65-66 sur de esta ciudad y quien pese a la citación hecha por la Fiscalía no ha sido posible su comparecencia, lo anterior con el fin de llevar a cabo diligencia de indagatoria (…)”.

En Resolución del 20 de junio de 2002, la Fiscalía 156 delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá declaró como persona ausente al señor Julio César Garzón Mora al considerar: “en la presente investigación se ha citado al señor Julio César Garzón Mora identificado con la C.C. n.º 19.241.081 sindicado del delito de hurto para efectos de ser escuchado en diligencia de indagatoria, se le citó a indagatoria y no compareció, igualmente se dispuso su conducción para garantizar la práctica de la diligencia (…)”.

En Resolución del 30 de agosto de 2002, se calificó el sumario en contra de quien se vinculó mediante diligencia de persona ausente como “Julio César Garzón Mora, identificado con la C.C. n.º 19.241.081, nacido el 24 de julio de 1954”, como presunto autor responsable del delito de hurto agravado. Para la fiscalía instructora los hechos que originaron la investigación indican, de acuerdo con la denuncia presentada por Rafael Suárez Corso, que el señor Julio César Garzón Mora laboraba para la empresa Servicio y Distribuciones Express, a su vez que, en su condición de vendedor se valió de la confianza depositada y a nombre de la empresa cobró algunas facturas a clientes, en una cuantía de $31.000.000, huyó con el dinero y no volvió a trabajar.

El 30 de agosto de 2002, la Fiscal 156 Seccional de Bogotá hizo constar dentro del sumario n.º 572698, “como se observa que aún no ha sido aportada a la investigación la cartilla decadactilar de la C.C. n.º 19.241.081. Se procedió a llamar al abonado telefónico número 2200846 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde contestó (…) el Jefe de Inspecciones Judiciales, quien manifestó que la cédula de ciudadanía número 19.241.081 le pertenece al señor Julio César Garzón Mora nacido en Bogotá el 22 de julio de 1954.”

El 10 de abril de 2003, la fiscalía instructora remitió la resolución de acusación debidamente ejecutoriada a los Juzgados Penales del Circuito de Bogotá. El asunto se asignó por reparto al Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá.

En audiencia preparatoria celebrada el 13 de noviembre de 2003, el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá, de oficio, dispuso requerir a los diferentes organismos de seguridad del Estado para obtener informe de los antecedentes penales o contravencionales del señor Julio César Garzón Mora identificado con cédula de ciudadanía nº. 19.241.081, igualmente solicitar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para obtener la tarjeta decadactilar del procesado.

En comunicación del 20 de noviembre de 2003, dirigida al Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá, el Grupo de Archivo Operacional, del Área de Criminalística de la Dirección Central de Policía Judicial, Policía Metropolitana de Bogotá comunicó que el señor Julio César Garzón Mora identificado con la cédula de ciudadanía n.º 19.241.081 no reportaba antecedentes penales, una vez “consultada la información sistematizada de antecedentes penales y contravencionales, así como de órdenes de captura de la Dirección Central de Policía Judicial (DIJIN)”.

Mediante oficio del 7 de diciembre de 2003, dirigido al Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá, el Grupo de Criminalística y Archivo Único de la SIJIN- MEBOG comunicó que a nombre del señor Julio César Garzón Mora, identificado con la cédula de ciudadanía n.º 19.241.081 de Bogotá no aparecieron registrados antecedentes penales o contravencionales, ni órdenes de captura, a su vez informó: “se expide sin comprobación dactiloscópica puede tratarse de un homónimo”.

El Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá llevó a cabo audiencia de juzgamiento el 21 de junio de 2005.

El 24 de julio de 2006, el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá condenó a Julio César Garzón Mora a la pena principal de cuarenta y seis meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena principal impuesta. En consecuencia, dispuso librar orden de captura en contra del procesado.

El Juzgado de conocimiento consideró frente a la identificación del acusado: “De la correspondiente hoja de vida se estableció que se trata de Julio César Garzón Mora, titular de la cédula de ciudadanía número 19.241.081 expedida en Bogotá, hijo de Sixto Garzón y Lucy Mora, ocupación vendedor, residía en la calle 63 número 65-66 sur”.

A partir de la denuncia instaurada, la copia de las facturas expedidas por la empresa Servicios y Distribuciones Express, las cuales exhibieron “la nota de cancelación” como “operación mercantil respaldada por la persona que firmó como titular de la C.C. n.º. 19.241.081 de Bogotá”, el “documento de identificación que según el denunciante y la documentación aportada para acreditar la existencia del vínculo laboral” corresponde al acusado, el juzgado de conocimiento evidenció la calidad de depositario de la confianza del empleador para apropiarse del dinero que por el pago de acreencias, contenidas en las facturas debía percibir la empresa y recaudó indebidamente el procesado.

Frente al factor subjetivo de responsabilidad, el Juzgado encontró que “Julio César Garzón Mora (…) puso su hoja de vida a consideración de la empresa afectada y por vía de consecuencia fue vinculado como vendedor de la misma”, recibió algunas facturas, optó por cobrar las comisiones pendientes y sin ninguna autorización ofreció a los clientes un descuento a cambio del pago inmediato y en efectivo de los valores representados en las facturas. Ante el pago, decidió apropiarse del dinero y huir.

La sentencia condenatoria cobró ejecutoria el 9 de agosto de 2006.

El 8 de febrero de 2007, fue detenido en las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el señor Julio César Garzón y rehusó notificarse del contenido de la sentencia proferida dentro del proceso 2003-00121.

Con ocasión de acción de tutela instaurada por el señor Julio César Garzón Mora en la cual invocó la vulneración de los derechos al debido proceso y de defensa, mediante providencia del 1º de marzo de 2007, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá amparó como mecanismo transitorio los derechos fundamentales implorados, hasta tanto se decidiera la acción extraordinaria de revisión que el accionante debería interponer dentro de los cuatro meses siguientes a la sentencia de tutela. En consecuencia dejó sin efectos el fallo de condena proferido en contra del accionante por el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá y ordenó la libertad inmediata del señor Julio César Garzón Mora.

Para arribar a tal decisión, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá consideró:

En el caso que ocupa la atención de la Sala, se observa que la Fiscalía y el juez de conocimiento omitieron la mínima búsqueda del procesado, no se percataron que se estaba informando por el comandante de la Sexta Estación que la dirección no existía, no se insistió en la remisión de la cartilla decadactilar a la Registraduría, es más, en el caso del Juzgado ni siquiera se cumplió la orden dada por la misma funcionaria en la audiencia preparatoria en tal sentido, por cuanto nunca se libró el oficio con tal finalidad, ello para comparar los datos aportados en la hoja de vida con aquellos plasmados en la Registraduría, lo cual tampoco constituyó obstáculo para la declaración de ausencia, que exigía la plena identificación, sin que bastara conocer el nombre sino que resultaba “necesario establecer su individualidad, con datos tales como edad, filiación, documento de identidad, lugar de origen y residencia, historia escolar, laboral, etc., que también se exigen respecto del indagado (art. 359 C. de P. P.) con lo cual se busca amparar no solo al sindicado, sino a terceros que eventualmente puedan verse comprometidos en una acción penal por razones de homonimia” y que es precisamente la situación que destaca el libelista en la demanda de tutela.

Al respecto afirma el apoderado del accionante que la persona condenada es diferente al detenido en este caso su representado, pues de un lado los rasgos morfológicos que el denunciante aportó en la denuncia difieren totalmente de los de su poderdante, pues éste es bajito, usa lentes y se peina de medio lado, en tanto que el denunciado, es persona de 1.70 mts., no usa lentes y se peina hacia atrás, además los datos familiares de uno y otro también son diferentes. Para la época de los hechos el verdadero responsable laboraba en la empresa Servicios y Distribuciones Express, mientras que su cliente de manera ininterrumpida del 16 de octubre de 1993 al 30 de octubre de 2003 lo hizo en el grupo Ope Gráficas S.A., lo cual demuestra con certificación visible a folio 15 del cuaderno original de tutela.

Agrega que su representado hace 15 años es propietario del inmueble ubicado en la calle 78 Sur n.º 1-18 barrio Marichuela, antes carrera 45C E 89 A-15 Interior 2, por lo que bastaba haber oficiado a las Oficinas de Instrumentos de Registros Públicos de Bogotá, para este caso zona sur en donde aparece registrado como propietario, lo anterior lo corrobora con las páginas del directorio telefónico de los años 2000 a 2004 y el Registro de Catastro sobre el predio en mención.
Las pruebas aludidas denotan que sin que existiera una completa identificación del autor del hurto investigado se dispuso la apertura de instrucción y la declaratoria de persona ausente sin agotar los mecanismos legales y necesarios para lograr la ubicación del sindicado, y que quien protagonizó la acción delictiva fuera el hoy capturado, por lo que en este aspecto se fundamenta la trasgresión a los derechos de defensa y debido proceso.

En providencia del 19 de diciembre de 2008, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió la acción extraordinaria de revisión, formulada en contra de la sentencia condenatoria del 24 de julio de 2006, proferida por el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá declaró fundada la causal de revisión planteada por el accionante y decretó la nulidad de la actuación, para que se adelantara en debida forma, con respecto a las garantías del debido proceso y derecho de defensa para Julio César Garzón Mora, se incluyeran o introdujeran las pruebas que no se conocieron y que fueron obtenidas con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia condenatoria.

Para adoptar la decisión aludida, la Sala Penal consideró:

La prueba nueva aportada indica que la identidad del verdadero imputado no es la por él presentada y que sirvió de base para seguir la investigación; la hoja de vida del presunto infractor que reposa en la actuación no portaba fotografía; la Registraduría Nacional del Estado Civil no allegó la cartilla o tarjeta decadactilar del vinculado y Dubiana Caicedo que tuvo contacto directo con el “infractor” no lo reconoció en diligencia de fila de personas. Así, se concluye que la actuación desde un comienzo adolece de irregularidades, se refiere a persona diversa a la que verdaderamente realizó la conducta punible, razón por la que se dispondrá que se reanude para que en desarrollo de la investigación se incluyan las pruebas no conocidas, se valoren conjuntamente con las recaudadas y las que se practiquen en el nuevo periodo.

Mediante Resolución del 17 de junio de 2009, se decretó la extinción de la acción penal dentro del sumario n.º 572698 seguido contra Julio César Garzón Mora identificado con la cédula de ciudadanía n.º 19.241.081 y mediante oficio n.º 315 del 23 de julio de 2009, se comunicó al Jefe de Antecedentes del DAS la decisión correspondiente, para la cancelación de antecedentes a nombre del señor Julio César Garzón Mora, por cuenta de esta investigación.

El señor Julio César Garzón Mora permaneció privado de su libertad desde el 8 de febrero de 2007, en las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y a partir del 15 de febrero de 2007 hasta el 2 de marzo de 2007, fue recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Fusagasugá, por cuenta del proceso penal 2007-00256.

F. Análisis de la Sala

Conviene precisar que la parte demandante atribuye a las entidades demandadas haber incurrido en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, al adelantar indebidamente una actuación penal en contra del demandante Julio César Garzón Mora, lo cual trajo consigo una sentencia condenatoria con el consecuente antecedente penal, que finalmente conllevó a la privación de su libertad, la cual, desde su apreciación se tornó injusta.

Para determinar si en el presente caso la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son extracontractualmente responsables por el presunto daño ocasionado con el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que habrían incurrido las demandadas, con la supuesta vinculación inadecuada del demandante dentro del proceso penal adelantado en su contra y la omisión en la individualización e identificación de la persona involucrada en los hechos delictivos investigados, la Sala deberá estudiar en primera medida en que consiste el daño antijurídico reclamado y si este se encuentra probado.

En presencia del primer elemento de responsabilidad, habrá lugar a pronunciarse sobre la actuación de las entidades demandadas.

En tanto uno de los daños atribuidos por la parte demandante a las entidades demandadas consiste en la privación de la libertad del señor Julio César Garzón Mora, la Sala abordará el estudio de responsabilidad frente a este punto, a través de la metodología construida en los casos de responsabilidad patrimonial por privación injusta de la libertad, que acoge los criterios adoptados por la Corte Constitucional en sentencias C-037 de 1996 y SU-072 de 2018.

Existencia del daño.

Está debidamente acreditado que el señor Julio César Garzón Mora fue vinculado a un proceso penal por parte de la Fiscalía 156 delegada ante los juzgados penales del circuito de Bogotá que mediante Resolución del 20 de junio de 2002, lo declaró persona ausente y fue condenado a pena de prisión por el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida el 24 de julio de 2006, sentencia que cobró ejecutoria y fue registrada en el sistema de antecedentes judiciales, hasta el momento en que fue anulada de manera transitoria con ocasión de sentencia de tutela instaurada por el demandante Julio César Garzón Mora, y de manera permanente en virtud de providencia que en sede del recurso extraordinario de revisión, advirtió la vulneración del debido proceso y del derecho de defensa del ahora demandante y ordenó rehacer la actuación procesal.

Finalmente, a través de la Resolución del 17 de junio de 2009, la Fiscalía General de la Nación decretó la extinción de la acción penal dentro del sumario n.º 572698 seguido contra Julio César Garzón Mora y como consecuencia, ordenó la cancelación de antecedentes judiciales que reposaran en su contra, por cuenta de la aludida investigación.

A su vez, se encuentra demostrado que el señor Julio César Garzón Mora, estuvo privado de su libertad desde el 8 de febrero de 2007 hasta el 2 de marzo de 2007, con ocasión de la sentencia condenatoria proferida en su contra por el delito de hurto agravado, que posteriormente fue anulada.

Del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia

La Sala observa que la vinculación del señor Julio César Garzón Mora al proceso penal por el cual fue privado de su libertad, obedeció a la suplantación que de su identidad hizo quien participó en los hechos delictivos descritos en la denuncia presentada por el señor Rafael Antonio Suárez Corso, quien en su condición de gerente de la empresa Servicios y Distribuciones Express, relató cómo fue contratada a la empresa una persona que en su hoja de vida se identificó como Julio César Garzón Mora, ejerciendo como vendedor por un periodo de seis meses. Con ocasión de las funciones asignadas, el vendedor sin tener autorización para ello, ofreció descuentos a varios clientes si estos le pagaban en efectivo algunas facturas pendientes y logró de esta manera el recaudo de una suma cercana a los $31.000.000, que no fue entregada a la empresa, sino apropiada por el vendedor, que no volvió a laborar.

A partir de los datos contenidos en la hoja de vida que en su momento presentó el aludido vendedor y que fueron suministrados por el denunciante, la fiscalía instructora dispuso la vinculación al proceso de Julio César Garzón Mora, para que rindiera indagatoria. Ante su falta de comparecencia a la investigación, fue vinculado como persona ausente.

La investigación penal que originó la vinculación del señor Julio César Garzón Mora, estuvo regida por la Ley 600 de 2000, Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos.

Aunque la norma procesal que regía la actuación, consagraba una etapa de investigación previa, en cuyos propósitos estaba el de recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible, en el asunto sub examine, la Sala advierte que la autoridad instructora omitió desplegar la actividad probatoria necesaria para determinar con certeza, que en efecto, la persona involucrada en la actividad delictiva denunciada e investigada por el delito de hurto agravado respondía al nombre de Julio César Garzón Mora y era titular del documento de identidad correspondiente.

Al tenor de lo previsto en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal vigente para la época de los hechos, todo imputado debía ser citado en forma personal para rendir indagatoria, para lo cual era forzoso adelantar las diligencias necesarias para asegurar su comparecencia, y sólo en el caso, de no comparecencia, habiéndose agotado la gestión correspondiente para determinar su ubicación, el funcionario competente podría ordenar su conducción para garantizar la práctica de la indagatoria.

Por su parte, el artículo 344 ibídem disponía: “si ordenada la captura o la conducción, no fuere posible hacer comparecer al imputado que deba rendir indagatoria, vencidos diez (10) días contados a partir de la fecha en que la orden haya sido emitida a las autoridades que deban ejecutar la aprehensión o la conducción sin que se haya obtenido respuesta, se procederá a su vinculación mediante declaración de persona ausente” (…) “De la misma manera se vinculará al imputado que no haya cumplido la citación para indagatoria dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha fijada para el efecto, cuando el delito por el que se proceda no sea de aquellos para lo que es obligatoria la resolución de situación jurídica.

Finalmente, advirtió la disposición normativa: “En ningún caso se vinculará a persona que no esté plenamente identificada”.

Resulta pertinente al caso sub examine, lo considerado por la Corte Constitucional en sentencia C-100 de 2003, que estudió en sede de constitucionalidad el artículo 344 de la Ley 600 de 2000 y precisó: “la declaratoria de persona ausente es la ultima ratio frente a la imposibilidad de ubicar a la persona comprometida en una investigación penal y no la regla general en la vinculación de los individuos a los procesos penales”, declaratoria que a su vez, “únicamente procede cuando el imputado se encuentra plenamente identificado”.

La Sala advierte, con fundamento en las pruebas allegadas al proceso, que con la denuncia se aportó la hoja de vida diligenciada por quien aspiró al cargo de vendedor de la empresa Servicios y Distribuciones Express, se identificó como Julio César Garzón Mora y utilizó el número de cédula de ciudadanía del ahora demandante. La fiscalía instructora, para procurar la citación de la persona involucrada en las actividades delictivas objeto de denuncia, utilizó como dirección de notificaciones la que estaba contenida en este documento.

Pese a haberse informado por los miembros de policía judicial encargados de asegurar la comparecencia del procesado, que la dirección suministrada no existía, la fiscalía instructora persistió en el envío de las citaciones y notificaciones a esta misma dirección, a su vez, no adelantó gestión distinta para determinar el paradero del procesado, como lo consideró la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, al resolver la acción de tutela instaurada por el ahora demandante, por cuanto lo procedente era consultar los inmuebles que pudieran estar registrados a nombre de Julio César Garzón Mora y si se encontraba registrado con otra dirección en el directorio telefónico, como en efecto fue demostrado en el asunto sub lite.

Esta omisión trajo consigo la declaratoria de persona ausente, cuando no se reunían los requisitos legales para ello y evitó la vinculación del demandante Julio César Garzón Mora al proceso penal, para que ejerciera en debida forma su derecho de defensa, además de demostrar su ajenidad en la actividad delictiva que le fue imputada.

A su vez se observa que la fiscalía instructora solicitó la tarjeta decadactilar del procesado Julio César Garzón Mora, pero este requerimiento no fue respondido, frente a lo cual realizó una llamada telefónica, en cuya contestación se informó que el nombre del procesado coincidía con su número de cédula, afirmación suficiente para que esta autoridad entendiera satisfecho el requisito de identificación e individualización. Para la Sala esta constancia no podía catalogarse como suficiente para agotar la exigencia legal de identificación e individualización del procesado, contrario sensu, fue tan desprovista de diligencia, que provocó el daño causado al demandante, invocado en sede de reparación directa en esta oportunidad.

Es patente que al momento de declararse persona ausente a quien en su momento se le identificó como Julio César Garzón Mora, mediante Resolución del 20 de junio de 2002, la fiscalía instructora no había logrado la individualización ni la plena identificación de la persona involucrada en las actividades delictivas objeto de denuncia. Únicamente tenía unos datos suministrados por el denunciante que debieron ser corroborados, a través de los mecanismos dispuestos por la ley y la jurisprudencia para lograr una plena identificación e individualización.

En esa medida, la Sala observa que, la fiscalía omitió emprender una actividad probatoria eficiente para individualizar e identificar con certeza a quien fue denunciado de cometer hurto en contra de la empresa Servicios y Distribuciones Express y adoptó el nombre e identidad de Julio César Garzón Mora. Tal omisión provocó la vinculación irregular al proceso penal y la posterior privación de la libertad del demandante Garzón Mora pese a no haber cometido conducta punible alguna.

La Corte Suprema de Justicia en varias providencias ha hecho alusión a los términos de identificación e individualización para referir que no son sinónimos entre sí y aluden a conceptos diferentes.

Así, “la palabra identificación está asociada a documentos oficiales, a datos que otorgan a una persona un sitio dentro de la organización social”, en otras palabras, la identificación implica precisar de manera indubitable las particularidades que corresponden a una persona determinada, tales como su nombre, sus generales de ley, su documento de identificación, etc. con fundamento en documentos oficiales.

Por su parte, la individualización corresponde “a la operación a través de la cual se especifica o determina a una persona, por sus rasgos particulares que permitan distinguirla de todas las demás, es decir, se refiere a las personas como fenómeno natural, a sus características personalísimas que la hacen única e inconfundible frente a las demás de su misma especie. En este sentido, la individualización es un concepto interesante a la antropología física, a la morfología” o, en otras palabras, a todos aquellos rasgos físicos y datos que permitan plenamente diferenciar a una persona de los demás individuos.

Por consiguiente, si se parte del hecho que la identificación debe estar fundamentada en documentos oficiales, tales como, la cédula de ciudadanía emitida por la Registraduría Nacional de Estado Civil; en el caso bajo estudio se tiene que la fiscalía instructora omitió adelantar las labores tendientes a esclarecer si en efecto, la persona involucrada en los hechos delictivos respondía al nombre de Julio César Garzón Mora y al documento de identificación perteneciente al ahora demandante.

Igualmente, las irregularidades presentadas en la citación del ahora demandante Julio César Garzón Mora, propiciaron una vinculación inadecuada de este en la actuación penal, con total vulneración de la garantía del debido proceso y el derecho de defensa. Al encontrarse acreditado, que de haberse adelantado mayores gestiones por parte de la fiscalía instructora para determinar su paradero y la citación adecuada para rendir versión libre, habría ejercido su defensa y demostrado su ajenidad en el delito imputado.

Respecto a la falla atribuida a la Rama Judicial, debe señalarse que, si bien, la fiscalía tiene un papel protagónico en la etapa instructiva al momento de individualizar e identificar al posible autor de un delito, no es de menor talante, la obligación del juez de conocimiento, en la etapa de juzgamiento, de cerciorarse de la identidad del acusado y de su vinculación al proceso, para procurar la protección de las garantías fundamentales al debido proceso y al derecho de defensa.

Se acredita en el caso particular, que el juez de conocimiento requirió el certificado de antecedentes y la tarjeta decadactilar del procesado identificado como Julio César Garzón Mora. La policía judicial informó que el señor Garzón Mora no reportaba antecedentes penales o contravencionales, a su vez advirtió que el registro de antecedentes se aportaba sin comprobación dactiloscópica por lo que podía tratarse de un homónimo.

Ante esta respuesta, resultaba procedente persistir en la obtención de la tarjeta decadactilar y procurar la identificación e individualización del procesado. En consecuencia, le es atribuible a la Rama Judicial la falla en la actividad de individualización e identificación del acusado en los hechos, la cual propició que se adelantara una investigación que culminó con sentencia condenatoria en contra de quien, en esta oportunidad se advierte, no tenía la obligación de soportar esta carga.

Para la Sala resulta claro que la plena identidad de la persona investigada no fue establecida en el proceso penal y la vinculación irregular del señor Julio César Garzón Mora, como fue advertida, conllevó a dictar en contra del demandante sentencia condenatoria con total vulneración de los derechos de defensa y debido proceso, hecho que llevó a la captura y privación de la libertad de una persona que no tenía ninguna participación en el delito investigado.

Así las cosas, es posible concluir que los daños sufridos por el señor Julio César Garzón Mora, consistentes en la vinculación irregular a un proceso penal y la afectación a su derecho a la libertad personal, tienen un carácter anormal e injusto y son consecuencia de una falla al momento de individualizar e identificar la persona que suplantó la identidad del demandante Julio César Garzón Mora y las irregularidades advertidas en precedencia, al declararlo persona ausente, fallas que son imputables a la Nación representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, razón por la cual la sentencia apelada habrá de confirmarse en este aspecto.

Entidad a quien se le imputa el daño antijurídico

De lo indicado anteriormente, se tiene que existe responsabilidad de la Nación-Fiscalía General de la Nación y de la Rama Judicial, las cuales responderán tanto por la vinculación irregular al proceso penal adelantado en contra del demandante Julio César Garzón Mora como por la privación injusta de su libertad, como fue considerado por el a quo.

Debe precisarse que la imputación de responsabilidad patrimonial a la Rama Judicial se mantendrá en la forma en que fue considerada en el fallo de primera instancia, al no haber sido objeto de apelación.

Culpa exclusiva de la víctima

La Sala no advierte la existencia de una culpa de la víctima, pues de los documentos obrantes en el plenario, no es viable concluir que el demandante incurrió en alguna conducta reprochable por la cual se pueda deprecar la causal de exoneración de responsabilidad.

Determinación de los perjuicios y su reparación

Toda vez que se encuentra constatado el daño y su imputación a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, es necesario que la Sala determine, en virtud de los recursos de apelación, la existencia, acreditación y monto de los perjuicios reconocidos en primera instancia.

La parte actora reclamó indemnización por perjuicios morales por la suma equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales para el demandante Julio César Garzón Mora, que redujo a diez salarios mínimos en el escrito de corrección de demanda, por la afectación moral sufrida a causa del “proceso penal [adelantado en su contra], su sentencia y sus efectos posteriores”.

El a quo condenó a la entidad demandada al pago de indemnización por perjuicios morales en la suma correspondiente a 10 smlmv para el afectado directo.

La parte demandante, a través de apelación se opuso a la indemnización por perjuicios morales, por cuanto desde su apreciación las sumas reconocidas no se compadecen con el dolor, la angustia y la tristeza que afrontó el demandante a consecuencia de la privación de la libertad, tampoco se tuvo en cuenta el tiempo de inactividad laboral que limitó su derecho al trabajo, lo cual le produjo afectación moral.

Con ocasión de los recursos de apelación formulados, la Sala se pronunciará frente a la indemnización reconocida por el a quo por concepto de perjuicios morales.

Conviene recordar que en sentencia de unificación de jurisprudencia, el Consejo de Estado manifestó, que en casos de privación injusta de la libertad, la simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por padres, hijos, hermanos y compañeros permanentes en relación con una persona que fue privada de la libertad injustamente, resulta suficiente para inferir que tanto el peticionario como los integrantes de su familia han padecido el perjuicio moral por cuya reparación se demanda.

De igual forma, en la mentada sentencia se estableció una tabla indemnizatoria, en la que se asigna un valor monetario al perjuicio moral sufrido, según el tiempo de la privación de la libertad. La tabla define rangos de tiempo en los que asigna topes máximos de indemnización, por lo que el juez debe tasar la indemnización de manera que el tope corresponda al último día del rango determinado en la tabla.

Luego entonces, teniendo en cuenta lo anterior, la Sala liquida los perjuicios en forma proporcional y en atención al tiempo total de la privación.

En el sub lite, se observa que el señor Julio César Garzón Mora estuvo privado de la libertad por 25 días, por lo que, atendiendo a la proporción, a éste le correspondería la suma de 12,50 smlmv por concepto de perjuicio moral, sin embargo al haberse solicitado como pretensión la suma equivalente a 10 smlmv, se reconocerá este monto como indemnización. En el mismo sentido, si bien acreditó una afectación moral debido a la vinculación del señor Garzón Mora a un proceso penal que le impidió conseguir trabajo hasta el momento en que fue anulada la sentencia condenatoria proferida en su contra y que le generó un antecedente judicial negativo, el valor solicitado en la demanda limita la indemnización a la suma que será reconocida.

En este punto se confirmará la sentencia apelada, para reconocer por perjuicios morales la suma equivalente a 10 smlmv.

Frente a la indemnización por perjuicios materiales, la parte demandante solicitó por concepto de daño emergente, el reconocimiento de los costos en que incurrió para iniciar las acciones judiciales tendientes a anular la sentencia condenatoria proferida en su contra. Por lucro cesante reclamó el pago de las sumas que dejó de percibir por no ejercer su oficio, durante el tiempo comprendido entre el 3 de marzo de 2007 al 17 de junio de 2009, a causa de los antecedentes penales que originó la sentencia condenatoria y por los 25 días que estuvo privado de la libertad.

El Tribunal de primera instancia accedió al reconocimiento de indemnización por daño emergente frente a los honorarios del abogado que instauró acción de tutela para anular la sentencia condenatoria y negó lo correspondiente a los demás gastos al no estar acreditada su erogación; sin embargo, para el demandante en el recurso de apelación, deben reconocerse todas las sumas al encontrarse debidamente acreditadas.

En consideración al recurso de apelación presentado por la demandada Fiscalía General de la Nación por el cual solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda y el recurso de apelación de la parte demandante que pidió la revisión del monto reconocido por daño emergente, la Sala se pronunciará frente a la indemnización reclamada por este concepto y su acreditación en el presente evento.

De acuerdo a los parámetros establecidos en sentencia de unificación de la Sección Tercera, la Sala encuentra que la parte demandante no acreditó en debida forma el perjuicio material que por concepto de daño emergente señala, le causó la vinculación al proceso que le acarreó una sentencia condenatoria con el consecuente registro de antecedentes penales y la privación de su libertad.

Para la Sala se demostró que el señor Julio César Garzón Mora, por intermedio de apoderado, formuló acción de tutela y acción extraordinaria de revisión para obtener la nulidad de la sentencia condenatoria que en su contra profirió el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá, a su vez, fue aportado documento de acuerdo de honorarios celebrado el 27 de abril de 2007, entre Julio César Garzón Mora y el abogado Pedro Sergio Sarmiento Ramírez y la constancia expedida por Pedro Sergio Ramírez, según la cual certifica que recibió de manos del señor Julio César Garzón Mora la suma de quinientos mil pesos, por concepto de honorarios por instaurar acción de tutela. No obstante, no se aportaron las facturas o documentos equivalentes expedidos por el profesional del derecho que dan cuenta del pago de los honorarios pactados.

En consecuencia, se revocará el fallo de primera instancia para negar la indemnización por este concepto.

En cuanto al perjuicio material, en la modalidad de lucro cesante, la Sala advierte que en primera instancia le fue negada la indemnización reclamada, por cuanto no se acreditó que el señor Julio César Garzón realizara alguna actividad productiva para la fecha en que fue capturado, aunque si tuvo certeza que estaba buscando empleo y cuando estaba reuniendo los documentos requeridos para vincularse laboralmente conoció de la sentencia emitida en su contra y fue privado de la libertad.

La parte demandante en sede de apelación se opuso a la consideración expuesta por el a quo, por cuanto desde su apreciación se encuentra acreditado el perjuicio por “productividad”, al demostrarse que el actor Julio César Garzón Mora estaba próximo a ser contratado para laborar en una empresa y con ocasión del trámite del certificado de antecedentes judiciales, apareció un reporte de sentencia condenatoria en su contra, que propició su captura. La omisión en que incurrieron las entidades demandadas, le cercenó la oportunidad de trabajar y devengar un ingreso superior al salario mínimo.

Conviene precisar, que al tenor de los parámetros establecidos en la sentencia de unificación que definió los criterios para la indemnización de perjuicios materiales por privación injusta de la libertad, para acceder al reconocimiento de indemnización por lucro cesante, debe existir prueba suficiente que acredite que con ocasión de la detención la persona afectada con la medida de aseguramiento dejó de percibir sus ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos.

Ahora bien, para el momento de la privación de la libertad que afrontó el demandante no se acreditó que estuviera vinculado laboralmente o desarrollara alguna actividad productiva que le proporcionara sustento económico. No obstante, los testimonios aportados al proceso señalaron que el señor Julio César Garzón ejercía su actividad como “profesional en artes gráficas, con especialidad como retocador en color en preprensa” y coincidieron en afirmar que al momento de la privación de la libertad estaba preparando los documentos soportes de la hoja de vida para aspirar a una oferta laboral en la Editorial Santillana, cuando fue detenido en el DAS, porque en su contra se había proferido una sentencia condenatoria.

Por su parte, durante el periodo comprendido entre el 8 de febrero de 2007 (fecha en la cual se acredita que el demandante se encontraba detenido), hasta el 17 de junio de 2009, fecha en la cual se profirió la Resolución que decretó la extinción de la acción penal dentro del sumario n.º 572698, el señor Julio César Garzón Mora estuvo involucrado como presunto autor de un delito y condenado a una pena de prisión que le generó antecedentes judiciales, y como se advierte de la constancia expedida por la Fiscalía General de la Nación, hasta el oficio enviado el 23 de julio de 2009, “se comunicó al Jefe de Antecedentes del DAS la decisión correspondiente, para la cancelación de antecedentes a nombre del señor Julio César Garzón Mora, por cuenta de esta investigación”

Finalmente se acreditó que durante este periodo, el demandante acudió a solicitar empleo, para ejercer como “retocador de color y fotomontajista” y pese a cumplir con los requisitos técnicos y de experiencia no fue contratado por cuanto no satisfizo los requisitos legales de contratación, al tener un antecedente penal que le impidió ser vinculado laboralmente.

Al encontrarse acreditado que el demandante Julio César Garzón Mora perdió una posibilidad cierta de percibir un ingreso, por cuenta del antecedente judicial negativo que le generó la sentencia condenatoria proferida en su contra, durante el periodo comprendido entre el 8 de febrero de 2007 y el 17 de junio de 2009, y le impidió ocuparse laboralmente en su oficio, la Sala reconocerá indemnización por lucro cesante, por los periodos correspondientes de 2007 y 2008, en los cuales se tiene certeza que el demandante acudió a solicitar empleo y no fue vinculado por razón del proceso penal adelantado en su contra.

La Sala liquidará la indemnización correspondiente al año 2007, tomando como base el salario que iba a percibir el demandante, debidamente actualizado, de acuerdo con la certificación aportada al expediente.

La suma actualizada corresponde a

Vp=Vh x índice final (octubre 2020)
Índice inicial (Mayo 2007)

Vp= $1.600.000 X 105,29
64,05
Vp= $ 2.630.195,16

En tal sentido, se procederá a la liquidación del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, teniendo en cuenta el ingreso base de liquidación actualizado, por el periodo comprendido entre mayo a diciembre de 2007, que en meses equivale a 7 meses, así:

S = Ra (1+ i)n – 1 S= $2.630.195,16 (1+ 0.004867)7. – 1 S=$ 18.682.381,73
I 0.004867

A su vez, la liquidación de la indemnización por el año 2008, se hará tomando como base el salario que iba a percibir el demandante, de acuerdo con la certificación aportada al expediente, debidamente actualizado, por el periodo comprendido entre enero a diciembre, correspondiente a 11 meses.

La suma actualizada corresponde a

Vp=Vh x índice final (octubre 2020)
Índice inicial (Enero 2008)

Vp= $1.800.000 X 105,29
65,51
Vp= $ 2.893.023,97

La indemnización por el periodo 2008, es la siguiente:

S = Ra (1+ i)n – 1 S= $2.893.023,97 (1+ 0.004867)11 – 1 S=$ 32.609.100,90
I 0.004867
Se reconocerá a favor del señor Julio César Garzón Mora, la suma de $51.291.482,63 por concepto de lucro cesante.

La indemnización reconocida en esta oportunidad, será asumida por las entidades demandadas, así, de los 10 smlmv correspondientes a la indemnización por perjuicios morales, la Fiscalía General de la Nación reconocerá 5 smlmv y la Rama Judicial 5 smlmv, y frente a la indemnización por lucro cesante, la Fiscalía General de la Nación asumirá el pago de $25.645.741,31 y la Rama Judicial el pago de $25.645.741,31.

Derecho al buen nombre

Tanto la privación de la libertad como la vinculación al proceso penal, provocó en este caso una afectación al buen nombre y a la dignidad del demandante Julio César Garzón Mora, de suerte que se torna en una afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La Sala encuentra que la única forma de reparar este perjuicio es a través de la rectificación como medida de reparación no pecuniaria y en tal sentido dispondrá que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial expresen disculpas al señor Julio César Garzón Mora, a través de una misiva dirigida al demandante.

Para asegurar que la medida de reparación sea concertada con la víctima, las entidades demandadas deberán coordinar con el aquí demandante si es suficiente con que el documento le sea entregado personalmente a él o si, además, debe publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de las entidades. Esta medida deberá cumplirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia.

Por las razones expuestas se modificará la sentencia proferida en primera instancia por la Subsección C, Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

G. COSTAS PROCESALES
No procede la condena en costas por que no se observa un comportamiento temerario de los intervinientes dentro del presente trámite, en los términos del artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

MODIFICAR la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, el 27 de febrero de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia y en su lugar se dispone:

PRIMERO: Declarar que la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son patrimonialmente responsables por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que trajo consigo la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Julio César Garzón Mora y los perjuicios derivados de la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso penal adelantado en contra del demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la declaración anterior se condena a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios morales la suma equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de Julio César Garzón Mora.

TERCERO: CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a pagar por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de cincuenta y un millones doscientos noventa y un mil cuatrocientos ochenta y dos con 63/100 ($ 51.291.482,63) a favor de Julio César Garzón Mora.

CUARTO: La indemnización reconocida en esta oportunidad, será asumida por la Fiscalía General de la Nación en cinco (5) smlmv por perjuicio moral y $25.645.741,31 por lucro cesante y la Rama Judicial asumirá el pago de cinco (5) smlmv por perjuicio moral y $25.645.741,31 por lucro cesante.

QUINTO: La Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, en el término de un mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, deberán remitir con destino al señor Julio César Garzón Mora, una misiva en la que expresen disculpas a raíz del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que trajo consigo la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Julio César Garzón Mora y los perjuicios ocasionados con el proceso penal adelantado en contra del demandante. La Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial deberán coordinar con el aquí demandante si es suficiente con que el documento le sea entregado personalmente a él o si, además, debe publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de cada entidad por el término de seis meses.

SEXTO: La Nación- Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial deberán dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del C.C.A y deberán reconocer intereses sobre los valores debidos, si a ello hubiere lugar en la forma prevista en el artículo 177 ídem y la sentencia C-188 de 1999.

SÉPTIMO: Denegar las demás pretensiones de la demanda.

OCTAVO: Sin lugar a condena en costas.

NOVENO: Ejecutoriada la presente providencia y con observancia de lo dispuesto en el artículo 115 del C.P.C., expídase copia de la sentencia a las partes.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAMIRO PAZOS GUERRERO
Presidente de la Subsección

ALBERTO MONTAÑA PLATA                 MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado                                                   Magistrado
Salva parcialmente el voto
Fl. 12 vto. c. ppal. Fls. 2 a 3 c. ppal. Hechos visibles en folios 3 a 5 c. ppal. Fls. 26 a 36 c. ppal. Fls.59 a 68 c. ppal. Fls. 167 a 181 c. ppal. En su orden declaró administrativamente responsable a la Nación- Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial por la privación injusta de la libertad del señor Julio Cesar Garzón Morales y como consecuencia accedió al reconocimiento de indemnización por perjuicios morales y materiales por daño emergente. Fl. 183 a 186 c. ppal. Fls. 187 a 193 c. ppal. Alegaciones finales de la Fiscalía General de la Nación (fl. 216 a 221 c. ppal.). Alegatos de conclusión de la parte demandante (fl. 235 a 238 c. ppal.). Fl. 239 a 246 c. ppal. Fls. 259 a 271 c. ppal. El numeral 1º del artículo 129 del C.C.A., subrogado por la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia a esta Corporación, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. El artículo 86 del C.C.A. prescribe que la acción de reparación directa constituye la vía procesal conducente para buscar la responsabilidad extracontractual de la Nación, a través de la entidad demandada que la representa, como consecuencia de los hechos descritos en la demanda. Para el ponente, la legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción que debe analizarse oficiosamente en cada caso y la ausencia de legitimación material en la causa tanto activa como pasiva impide adentrarse en el fondo del caso. Con todo, la ponencia acoge la postura mayoritaria de la subsección según la cual es suficiente el análisis de la legitimación de hecho para tener por surtido ese presupuesto y el análisis material corresponde al fondo de la pretensión (Cfr. Aclaración de voto en providencia del 5 de diciembre de 2016, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Exp. 39996). En este sentido ver auto de la Sección Tercera de 3 de marzo de 2010, exp. 36473, M.P. Ruth Stella Correa Palacio y auto de 9 de mayo de 2011 de la Subsección C, Sección Tercera, exp. 40324, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Dentro de los dos años que establece el numeral 8º del artículo 136 del C.C.A., con la modificación introducida por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998. En virtud de lo consagrado en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001. De acuerdo con la certificación expedida por la Procuraduría 55 Judicial delegada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la solicitud de conciliación fue presentada el 14 de mayo de 2010 y el 13 de septiembre de 2010, se llegó a un acuerdo conciliatorio, que finalmente se improbó en providencia del 28 de julio de 2011, por parte de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Fls. 3 a 10 c. ppal.). Fl. 12 vto. c. ppal. Fls. 1 a 2 c3
Fl. 29 c. 2. Fls. 23 c7
Fl. 24 c. 7
Fl. 25 c 7
Fl. 26 c. 7
Fl. 27 c7
Fl. 31 c.7
Fls. 55 a 59 c. 2
Fl. 42 c7
Fls. 63 c2. Fl. 64 c2. Como se extrae de la providencia obrante a folio 69 del cuaderno 2 y las comunicaciones libradas en cumplimiento de la citada providencia (fls. 70 a 73 c.2). Fl. 74 c.2
Fl. 75 c.2
Fls.

79 a 80 c2
Fls. 81 a 89 c. 2
Fl. 81 c. 2
Conforme lo acredita la constancia secretarial que reposa en el folio 91 del cuaderno 2. Fl. 101 c.2
Fl. 104 a 112 c. ppal. Cita original Corte Constitucional, sentencia C-488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. Fls. 137 a 143 c2. Así lo certifica el oficio 561 del 11 de diciembre de 2009, expedido por la Fiscal Seccional 83 de Bogotá (fl. 145 c. 2). Como lo acredita el informe del notificador Luis Alexander García Olaya, del 8 de febrero de 2007 (fl. 101 c.2) y el oficio n.º 119-EPMSCFUS-DACT-1645 del 25 de octubre de 2012, del Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Fusagasugá (fl. 108 c. ppal.). La Sala ha considerado que en casos de privación injusta de la libertad, el estudio de responsabilidad debe hacerse de la siguiente manera: 1. En primer lugar, se identifica la existencia del daño, esto es, debe estar probada la privación de la libertad del accionante; 2. En segundo lugar, se analiza la legalidad de la medida de privación de la libertad bajo una óptica subjetiva, esto es, se estudia si esta se ajustó o no (falla del servicio) a los parámetros dados por el ordenamiento constitucional y legal para decretar la restricción de la libertad, tanto en sus motivos de derecho como de hecho; 3. En tercer lugar, y solo en el caso de no probarse la existencia de una falla en el servicio, la responsabilidad se analiza bajo un régimen objetivo (daño especial). 4. En cuarto lugar, en el caso de que se considere que hay lugar a declarar la responsabilidad estatal, ya fuere bajo un régimen de falla o uno objetivo, se procede a verificar a qué entidad debe imputarse el daño antijurídico; 5. Por último, en todos los casos, debe realizarse el análisis de la culpa de la víctima como causal excluyente de responsabilidad; 6. Finalmente, en caso de condena, se procede a liquidar los perjuicios. Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas. ARTICULO 322. FINALIDADES. <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad determinar si ha tenido ocurrencia la conducta que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades, si está descrita en la ley penal como punible, si se ha actuado al amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, si cumple el requisito de procesabilidad para iniciar la acción penal y para recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible. Conviene precisar que en el desarrollo de la actuación penal, fueron declarados inexequibles los apartes de este artículo relativos a “la conducción”, por la Corte Constitucional en sentencia C-760 del 18 de julio de 2001 (Magistrados Ponentes: Marco Gerardo Monroy Cabra y Manuel José Cepeda Espinosa). Corte Constitucional, Sentencia C-100 de 11 de febrero de 2003, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Fl. 25 c7. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Exp. No. 42461, providencia No. AP2533-2016 del 27 de abril de 2016, M.P. José Francisco Acuña Vizcaya.

Ibídem.

En otra providencia, frente al concepto de individualización, la Corte Suprema de Justicia mencionó: “la individualización es la determinación física del sujeto pasivo de la acción penal, en donde dichos rasgos no pueden ofrecer ningún tipo de equivocación y deben contar con la virtualidad de desechar cualquier tipo de confusión como para que surja la posibilidad que dichas características correspondan a más de una persona. Estas condiciones particulares del sujeto deben respaldarse en suficientes elementos de juicio para determinar que, pese a sus posibles cambios en sus condiciones civiles, el procesado efectivamente corresponda en su particularización, a quien se señala como el posible infractor”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Expediente No. 34779, Sentencia del 27 de julio de 2001, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero.
Fl. 74 c.2
Fl. 75 c.2
Fl. 21. C. principal.
Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera, sentencia de unificación jurisprudencial del 287 de agosto de 2014. Exp. No. 36149. M.P. Hernán Andrade Rincón (E.)
Así, hay un tope de 15 SMLMV para el primer rango que incluye las privaciones que duran máximo un mes. En ese caso, en consecuencia, la persona que es privada de la libertad por 30 días recibe 15 SMLMV, y la que dura privada de la libertad un día recibe 05 SMLMV como indemnización por su daño moral. El siguiente rango recoge las privaciones superiores a 1 mes e inferiores a 3, y se mueve entre 15 SMLMV y un tope de 35 SMLMV.
Para las privaciones superiores a 3 meses e inferiores a 6, la tabla reconoce un rango indemnizatorio que empieza en 35 SMLMV y fija un tope de 50 SMLMV. El siguiente rango es el de las detenciones superiores a 6 meses e inferiores a 9, cuyo tope de indemnización es de 70 SMLMV. Para las privaciones que duran más de 9 meses y menos de 12 se reconoce un tope de indemnización de 80 SMLMV. Para las detenciones que duran más de 12 meses y menos de 18, la tabla fija un tope de indemnización de 90 SMLMV. Finalmente, las privaciones que duren más de 18 meses son indemnizadas con un valor fijo de 100 SMLMV.
Como se explicó, durante el primer mes de privación de la libertad intramural, se reconoce un valor de 0.5 SMLMV para cada día de prisión.
Los valores reconocidos por la tabla creada en la sentencia de unificación, como se puede observar, no son constantes para cualquier tiempo de privación de la libertad. Esta tabla asigna un valor mayor a los primeros días de detención y ese valor disminuye progresivamente conforme aumenta el tiempo de privación de la libertad. Así, por ejemplo, los 0.5 SMLMV que se reconocen por un día durante el primer mes de detención, en el mes cuarto equivalen a 3 días de privación de la libertad.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Exp. 44572. En la referida sentencia se unificaron los criterios en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante en los casos de privación injusta de la libertad.
Fl. 103 y 113 a 125 c.2
Fls, 127 a 143 c.2
Fls. 176 c. 2
Fl. 175
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de julio de 2019, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Exp. 44572.
Declaración rendida por Álvaro Perdomo Ruíz (fl.s 124 a 125 c. ppal.)
El testigo Alain Homero Saavedra señaló que conoció a Julio César Garzón Mora cuando fueron compañeros de trabajo en Reprolaser, después por reestructuración de la empresa fue uno de los despedidos, pero se enteró que en la búsqueda de trabajo logró ponerse en contacto con Nelson Colmenares, quien lo recomendó para ser recibido en la Editorial Santillana y en el momento de la solicitud de la documentación para el ingreso no tenía su pasado judicial, el cual fue a diligenciar, con la sorpresa de ser detenido, por hechos ilícitos de alguien que había hurtado su cédula (Fl. 122 y 123 c. ppal). La declarante María Lucy Colmenares de Garzón afirmó: “Julio César Garzón Mora es mi esposo y el 7 de febrero de 2007 nosotros salimos para el DAS pues era requisito presentar ese documento para iniciar labores en la Editorial Santillana y él me pidió que lo acompañara, el entró a la hora señalada y luego pasaron 2 horas cuando sonó mi celular (…) cuando salí Julio César Garzón ya estaba esposado (…)” (fls. 126 a 127 c. ppal.)
Así lo certifica el oficio 561 del 11 de diciembre de 2009, expedido por la Fiscal Seccional 83 de Bogotá (fl. 145 c. 2).
El Gerente de la empresa Mercadeo y Publicidad certificó que el señor Julio César Garzón Mora solicitó trabajo el día 12 de mayo de 2007, como retocador de color y fotomontaje para artes finales con un salario de $1.600.000, y si bien cumplió con los requisitos técnicos y la experiencia para el cargo en mención, no cumplió con los requisitos legales de contratación, ya que tiene antecedentes penales que impidieron finalizar el proceso de contratación (fl. 169 c. ppal). Por su parte, el gerente de la Litografía Grafisa certificó que el señor Julio César Garzón Mora radicó hoja de vida en la empresa el 15 de enero de 2008, solicitando trabajo como retocador de color y fotomontajista por un salario de 1.800.000, y “reconociendo su experiencia, conocimiento y habilidades en el área no se le aceptó hasta tanto no resolviera el problema judicial o antecedente penal que le retiene el pasado judicial, documento fundamental para celebrar el proceso de contratación” (fl. 170 c. ppal.).
De conformidad con la constancia obrante a folio 169 del c. ppal.,
De conformidad con la constancia obrante a folio 170 del c. ppal.,

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CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERO PONENTE: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinte (2020)

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