Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01048-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Error judicial: ausencia de individualización del daño – reapertura del debate del
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01048-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-01048-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
14 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2022
Radicación: 25000-23-26-000-2011-01048-01 (53859)
Demandante: Consuelo Tovar Garzón
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA – Fuero sindical – reintegro – proceso ejecutivo –
ERROR JUDICIAL – Ausencia de individualización del daño – reapertura del debate del
proceso original
Síntesis del caso: se demandó la reparación de los perjuicios causados por el supuesto error
judicial de una providencia judicial que negó los “perjuicios compensatorios” derivados de
la imposibilidad del cumplimiento de una orden de reintegro de una entidad liquidada
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la Sentencia de 4 de diciembre de 2014, proferida por la Subsección
C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual denegó las pretensiones de la demanda.
Esta Corporación es competente para conocer el recurso de apelación en
este proceso de doble instancia, por haberse interpuesto en vigencia de la
Ley 270 de 1996 contra una providencia proferida en primera instancia por
un Tribunal Administrativo, dentro de un proceso de reparación directa por
hechos relacionados con la administración de justicia1.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante, 1.2. Posición de la parte demandada, 1.3.
Sentencia de primera instancia, y, 1.4 Recurso de apelación.
1.1 Posición de la parte demandante
1. El 30 de septiembre de 2011, Consuelo Tovar Garzón presentó acción de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial, con el fin de que le
repararan los perjuicios derivados del error jurisdiccional en el que incurrió la
Sala Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá al proferir el Auto de
31 de julio de 2009 dentro del proceso ejecutivo laboral. La demanda tiene
como pretensiones:
“1. Declarar que la [Nación - Rama Judicial] es responsable del error judicial
en que incurrió el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral en Auto del 31
1 La Ley 270 de 1996, en su artículo 73, fijó la competencia funcional para conocer de estos asuntos, en primera
instancia, en cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, en el Consejo de Estado, sin
consideración a la cuantía. Así lo interpretó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el Auto de 9 de
septiembre de 2008, exp. 11001-03-26-000-2008-00009-00. Adicionalmente, el Reglamento Interno de esta
Corporación Judicial [Acuerdo No. 080 de 2019], en su artículo 13, relativo a los asuntos distribuidos a la Sección
Tercera, en el numeral 7° señaló: “Los procesos de reparación directa contra las acciones u omisiones de los
agentes judiciales a que se refieren los artículos 65 a 74 de la Ley 270 de 1996”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01048-01 (53859)
Demandante: Consuelo Tovar Garzón
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma – niega
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de julio de 2009, proferido en el expediente ejecutivo laboral Rad. 2005-0637
de Consuelo Tovar Garzón contra la Nación – Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
2. Declarar que la [Nación - Rama Judicial] es responsable de los perjuicios
materiales ocasionada a la demandante con la citada providencia.
3. Condenar a la [Nación - Rama Judicial]a pagar a la demandante por
perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) la suma de
seiscientos cincuenta millones seiscientos cincuenta y dos mil ciento sesenta
y dos pesos ($650.652.162.00) los cuales se estiman bajo la gravedad de
juramento teniendo en cuenta el art. 211 del CPC y considerando la
pretensión subsidiaria de la demanda ejecutiva relacionada con la
indemnización de perjuicios por el no reintegro.
4. Condenar a la demandada a pagar a la demandante respecto de la
suma anterior, el valor de quince millones seiscientos ochenta mil setecientos
diecisiete pesos ($15.680.717.00) mensuales por concepto de intereses
moratorios desde la fecha de su respectiva exigibilidad y hasta cuando se
produzca su pago de forma efectiva.
5.Condenar al pago de las costas y las agencias en derecho a la parte
demandada.
Pretensión subsidiaria a la del numeral 4. En caso de no proceder esos
intereses moratorios les solicito los equivalentes a la tasa variable comercial
máxima legalmente permitida por la Superintendencia Financiera de
Colombia”.
2. Las afirmaciones que fundamentan las pretensiones se resumen así:
mediante la Sentencia de 29 de junio de 2001, proferida por el Juzgado 11
Laboral del Circuito de Bogotá en el proceso de fuero sindical, se ordenó al
Ministerio de Agricultura reintegrar a la demandante en el cargo de
secretaria 5 o en uno igual o superior. No obstante, la Sala Laboral del
Tribunal Superior de Bogotá, a través de la Sentencia de 30 de agosto de
2002, revocó el fallo de primera instancia. La demandante interpuso acción
de tutela contra esta decisión, que fue negada en primera y segunda
instancia.
3. La Corte Constitucional mediante la Sentencia T-29 de 2004, en revisión
de las providencias que denegaron el amparo, revocó los fallos de tutela,
declaró la nulidad del fallo de segunda instancia del proceso laboral y
ordenó cumplir la sentencia de primera instancia del proceso laboral2.
4. En cumplimiento de la Sentencia T-29 de 2004, la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, mediante la Sentencia de 8 de marzo de 2004, confirmó
el fallo de primera instancia del proceso laboral.
5. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por medio de la Resolución
328 de 17 de agosto de 2004, ordenó y pagó las cesantías y salarios dejados
de percibir por la suma total de $96.120.952. Sin embargo, unilateralmente,
decidió no reintegrar a la trabajadora, debido a que era imposible hacer
2 “La Corte Constitucional dijo que si dicho organismo no podía reintegrarla debía con concurso de ella, acudir a
un proceso ordinario laboral en el que demostrara esta circunstancia para que fuera el juez laboral, quien
decidiera sobre la imposibilidad del reintegro. Que en dicho proceso debía determinarse también lo
correspondiente al pago de los perjuicios compensatorios por el no reintegro”.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01048-01 (53859)
Demandante: Consuelo Tovar Garzón
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma – niega
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efectivo el reintegro sobre una entidad (IDEMA) liquidada de manera
definitiva, que suprimió la totalidad de la planta de personal.
6. Mediante petición de 23 de septiembre de 2004, la funcionaria expuso su
inconformidad sobre la decisión administrativa, porque, en su criterio, no le
pagaron todas las prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones,
incrementos legales y convencionales e insistió en el reintegro y/o pago de
los perjuicios por el no reintegro. Pese a ello, la entidad demandada no inició
el proceso ordinario laboral para que el juez decidiera sobre el pago de los
perjuicios por el no reintegro.
7. Ante la omisión de la entidad y las inconformidades contra el acto
administrativo de cumplimiento, la demandante presentó demanda
ejecutiva laboral en la que solicitó, además del reintegro, el pago de las
prestaciones sociales, las vacaciones, los emolumentos dejados de percibir,
los intereses de las cesantías, la sanción por no pagar los intereses a las
cesantías y los aportes a seguridad social. Como pretensión subsidiaria, en
caso de no hacerse efectivo el reintegro, pidió el pago de los perjuicios
compensatorios con sus respectivos intereses moratorios3.
8. El Juzgado 11 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante Auto 29 de enero
de 2007 libró mandamiento de pago y, posteriormente, mediante Auto de 9
de abril de 2007, declaró probada la excepción de pago. Se interpuso
recurso de apelación contra esa decisión.
9. Mediante Auto de 31 de julio de 2009, la Sala Laboral del Tribunal Superior
de Bogotá confirmó la decisión de primera instancia, “porque ya se había
dado cumplimiento a las sentencias judiciales y porque el reintegro, debido
a la liquidación de la entidad, era una obligación físicamente imposible de
cumplir”. En relación con los perjuicios compensatorios, el Tribunal señaló
que “no eran procedentes por cuanto estos no podrían derivarse respecto
de una obligación imposible de cumplir”. La demandante destacó que la
decisión tenía un salvamento de voto, en el que se advirtió que la entidad
no podía unilateralmente decidir sobre el reintegro.
10. La funcionaria presentó solicitud de adición, en la que pidió la totalidad
de lo pretendido en la demanda y, le solicitaba al juez que se apartara del
Auto de 31 de julio de 2009, toda vez que, se revivía el debate sobre el
reintegro. Agregó que el proceso ejecutivo no era el escenario para
declarar la improcedencia del reintegro el cual ya había sido ordenado en
un proceso declarativo. Agregó que no podía invocar la “excepción de
imposibilidad de reintegro por desaparición de la entidad”.
3 La demandante manifestó que la Corte Constitucional en la Sentencia T-732 de 2006 “acogiendo la
interpretación dada en el fallo T-029 de 2004 y otras decisiones judiciales, expuso que no le era dado a una entidad
liquidada o en proceso de liquidación, condenada a reintegrar a un trabajador amparado con fuero sindical
decidir sobre el reintegro y que, en este caso, debía ella acudir al juez laboral para que fuera él quien se
pronunciará sobre la imposibilidad del mismo y fuera él quien además determinará la indemnización que habría
de corresponderle al trabajador en compensación”.
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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma – niega
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11. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, a través del Auto de 18
de septiembre de 2009, adicionó la providencia y ordenó el pago de los
incrementos convencionales del salario y los aportes de seguridad social.
12. La parte demandante, afirmó que la Rama Judicial incurrió en error
jurisdiccional porque desconoció la Sentencia T-29 de 2004, el derecho al
debido proceso y el principio constitucional de cosa juzgada, porque ya
existía un pronunciamiento sobre el reintegro. El Tribunal, dentro del proceso
ejecutivo, no “podía avalar el acto ilegal unilateral del Ministerio de
Agricultura de negarse a cumplir la orden de reintegro dada por una
providencia judicial debidamente ejecutoriada”, pues era claro que el
asunto debía resolverse “con el concurso de la trabajadora en un proceso
ordinario ante la justicia laboral y que tal asunto le correspondía promoverlo
al Ministerio en mención”4.
13. Afirmó que, ante el desconocimiento de la orden de reintegro, podía “la
actora a través del proceso ejecutivo persistir en este o en la indemnización
de perjuicios compensatorios. Los últimos tenían soporte en el art. 495 del
CPC y el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral – ha debido ordenar se
prosiguiera la ejecución por estos”. Resaltó que el Tribunal en otros casos5
relacionados con el IDEMA, consideró que eran procedentes cuando “no se
daba cumplimiento a la orden de reintegro”.
14. Manifestó que “de haber surgido o existido alguna duda en la aplicación
e interpretación de las fuentes formales del derecho. El Tribunal Superior de
Bogotá – Sala Laboral – ha debido acudir a la más favorable a los derechos
e intereses de la trabajadora”.
15. Por último, pidió que los intereses moratorios de la obligación laboral
fueran liquidados con base en las tasas competitivas del mercado, según las
Sentencias T-418 de 1996 y T-531 de 1999 de la Corte Constitucional.
1.2. Posición de la parte demandada
16. La Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo
que profirió la Resolución 328 de 17 de agosto de 2004, mediante la cual
ordenó el pago de los salarios dejados de percibir y la indemnización ante
la imposibilidad física y jurídica de reintegrar a la demandante. Afirmó que
la providencia estaba ajustada a derecho, porque la Sentencia T-29 de 2004
de la Corte Constitucional “no indicó que se tuviera que dar inicio a un
proceso ordinario, como erradamente lo manifiesta la parte actora, para
que se declarara la imposibilidad de la entidad demandada de dar
cumplimiento a la orden”.
4 Sostuvo que la Corte Constitucional reiteró su posición en la Sentencia T-732 de 2006, en la que dejó claro que
“el tiempo para la administración de interponer el proceso ordinario sobre la imposibilidad del reintegro era de dos
(2) meses. Que, si no lo hacía en este lapso, su oportunidad procesal finiquitaba pudiendo los trabajadores instaurar
acciones ejecutivas y exigir el reintegro o la indemnización de perjuicios compensatorios. Advirtió además que si
la administración no instauraba el proceso oportunamente no podía después invocar su imposibilidad de hacer
efectiva la orden judicial de reintegro”.
5 “Sentencia del 18 de octubre de 2003, exp. 11001310500120010413-01 ejecutivo de Jesús María Córdoba contra
el Ministerio de Agricultura, MP. Graciela Moreno de Rodríguez” y “Sentencia del 15 de abril de 2005, exp.
820000799-01 ejecutivo de Carmenza Saavedra Villafañe contra el Ministerio de Agricultura, MP. Gustavo
Hernando López Algarra”. Folio 14 del cuaderno 1.
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirma – niega
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17. Señaló que el acto administrativo podía demandarse mediante la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para conseguir que el
reintegro se hiciera efectivo y no perseguirlo por “vía ejecutiva, cuando ya
se habían recibido las sumas correspondientes a la indemnización por parte
de la demandante”. Agregó que, en todo caso, se configuró la excepción
de la culpa exclusiva de la víctima, porque “al no controvertirse la decisión
adoptada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se presume que
el acto administrativo proferido se encuentra ajustado a derecho, y por
tanto es legal, (…)”.
18. En consecuencia, la demandante inició el proceso ejecutivo para
perseguir “el cumplimiento de un fallo que ya había sido cancelado y
recibido por esta, sino que además intentó por dicho medio conseguir la
declaratoria de nulidad de la Resolución 328 de 2004, emitida por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al serle adversa a sus intereses
cuando lo procedente era la impugnación de dicha decisión a través de la
interposición de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”.
1.3. Sentencia de primera instancia
19. La Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió la Sentencia de 4 de diciembre de
2014, que denegó las pretensiones de la demanda. Aunque encontró
probado el daño, porque la funcionaria no fue reintegrada a su cargo
anterior, ni a otro de igual o superior jerarquía, estimó que ese daño no era
atribuible a la Rama Judicial a título de error.
20. Concluyó que no hubo error judicial, porque la Sentencia T-29 de 2004,
en su parte resolutiva, no le ordenó a la entidad acudir a un proceso
ordinario para declarar la imposibilidad física y jurídica de reintegro, sino
que, el fallo se concentró en los derechos de los trabajadores aforados, para
que no pudieran ser despedidos sin autorización judicial.
21. Agregó que las decisiones judiciales se ajustaban a derecho, porque el
apoderado de la demandante consideró que el proceso ejecutivo laboral
era la acción adecuada para exigir el cumplimiento de la providencia
judicial. Señaló que, al juez laboral del proceso ejecutivo, no le era “dable
debatir la legalidad o no de un acto administrativo mediante el cual se
cumplen obligaciones, ya que ésta no es la naturaleza del proceso ejecutivo
y tampoco le compete adoptar estas decisiones”.
22. Indicó que el acreedor, ante la mora de una obligación de hacer, podía
optar por solicitar una indemnización de los perjuicios, según el artículo 1610
del Código Civil6.
23. Señaló que si el acto de ejecución desbordó las ordenes de la sentencia,
no era procedente interponer una demanda ejecutiva laboral, sino
cuestionarla ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6 En ese sentido, la demandante solicitó que “en caso de no realizarse el reintegro se le debía cancelar una
compensación correspondiente al pago de los perjuicios que generaría su no reintegro a la entidad demandada
en el proceso ejecutivo, lo cual fue realizado previamente por la entidad estatal, a través del acto administrativo”.
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Referencia: Acción de reparación directa
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24. En relación con la afectación al principio de igualdad, el Tribunal señaló
que los fallos gozaban de autonomía, por lo que, conforme con las pruebas
del caso, la decisión estaba ajustada a derecho. Concluyó que no se
configuró la culpa exclusiva de la víctima, porque se demandó por eventual
error de una decisión judicial, y no por la legalidad del acto administrativo.
1.4. Recurso de apelación
25. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra el fallo de
primera instancia. Sostuvo que, a pesar de que en la parte resolutiva de la
Sentencia T-29 de 2004 no le ordenó a la entidad acudir al proceso ordinario
laboral para demostrar la imposibilidad del reintegro, en la parte
considerativa sí lo hizo. Reiteró que la Corte Constitucional respaldó esa tesis
en pronunciamientos posteriores, entre ellos, en la Sentencia T-732 de 2006.
El juez del proceso ejecutivo no podía desconocer la jurisprudencia
constitucional sobre la materia.
26. Señaló que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá desconoció el
precedente horizontal al fallar casos iguales de manera diferente pues, en
otros casos, se reconocieron los perjuicios compensatorios.
27. Reprochó que el fallo hubiera establecido, que para reclamar el
reconocimiento de los perjuicios por el no reintegro, le exigieran interponer
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, porque la acción no
buscaba cuestionar la legalidad del acto. Resaltó que la jurisprudencia
constitucional le imponía la carga para demostrar la imposibilidad del
reintegro y determinación de los perjuicios a la entidad demandada, pues
le correspondía al trabajador promover el proceso ejecutivo.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Análisis
sustantivo; y 2.3. Costas.
2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
28. La Sala se pronunciará de fondo sobre el asunto porque encuentra
reunidos los presupuestos procesales de la acción. En efecto, la acción de
reparación directa es procedente en el caso concreto, toda vez que, en la
demanda, se pretendió la declaración de responsabilidad por los daños y
perjuicios derivados de un supuesto error jurisdiccional. La acción se ejerció
de manera oportuna porque el daño alegado por la demandante se deriva
del Auto de 31 de julio de 2009, proferido por la Sala Laboral del Tribunal
Superior de Bogotá, que fue adicionado mediante Auto de 18 de
septiembre de 2009. Por su parte, el 26 de julio de 2011 se presentó la solicitud
de conciliación extrajudicial y el 30 de septiembre de 2011 se declaró fallida.
En ese sentido, como la demanda se interpuso el 30 de septiembre de 2011,
la Sala encuentra la acción se presentó dentro del término de los 2 años
previsto en el numeral 8 del artículo 136 del CCA.
29. La Sala confirmará la providencia impugnada porque la parte
demandante no individualizó el daño cuya reparación pretende, pues los
argumentos que expuso en relación con el primer elemento de la
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responsabilidad estaban dirigidos de manera abierta y evidente a reabrir el
debate del proceso ejecutivo laboral.
2.2. Análisis sustantivo
30. De conformidad con el artículo 90 constitucional resulta pertinente
comenzar por el primer elemento de la responsabilidad, esto es, el daño. La
accionante en la demanda no hizo ningún esfuerzo argumentativo para
identificar o establecer el daño, toda vez que la argumentación de la
demanda se dirigió, únicamente, a señalar el supuesto error jurisdiccional en
el que incurrió la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, dentro del
proceso ejecutivo, al negarle el reconocimiento de los perjuicios
compensatorios ante la imposibilidad de ser reintegrada en una entidad
pública liquidada.
31. A partir de la lectura de las pretensiones de la demanda ejecutiva laboral
y demanda de reparación directa, la Sala encuentra que el demandante
pretende el pago de los perjuicios compensatorios denegados en el
proceso ejecutivo. Para tal efecto, se expone una comparación de las
pretensiones:
Pretensiones del proceso ejecutivo Pretensiones del proceso de reparación
laboral directa (error judicial)
“Pretensión subsidiaria al no reintegro: “2. Declarar que la [Nación - Rama
pago de perjuicios. En caso que la Judicial] es responsable de los perjuicios
demandada no cumpla con la orden de materiales ocasionada a la demandante
reintegro impartida por el H. despacho con la citada providencia.
subsidiariamente y con fundamento en el
art. 495 del CPC y las sentencias que me
permitiré trascribir como fundamento
jurídico, le solicito librar mandamiento u
orden de pago en contra del extremo
pasivo por los perjuicios compensatorios.
Para los fines previstos en esta disposición 3. Condenar a la [Nación - Rama Judicial]a
bajo la gravedad de juramento estimo que pagar a la demandante por perjuicios
dichos perjuicios (daño emergente y lucro materiales (daño emergente y lucro
cesante) ascienden a la suma de cesante) la suma de seiscientos cincuenta
seiscientos cincuenta millones seiscientos millones seiscientos cincuenta y dos mil
cincuenta y dos mil ciento sesenta y dos ciento sesenta y dos pesos
pesos ($650.652.162.00). ($650.652.162.00) los cuales se estiman bajo
la gravedad de juramento teniendo en
cuenta el art. 211 del CPC y considerando
la pretensión subsidiaria de la demanda
ejecutiva relacionada con la
indemnización de perjuicios por el no
reintegro.
De igual forma le expreso que los intereses 4. Condenar a la demandada a pagar a la
de mora respecto de estos perjuicios demandante respecto de la suma anterior,
ascienden a la suma de quince millones el valor de quince millones seiscientos
seiscientos ochenta mil setecientos ochenta mil setecientos diecisiete pesos
diecisiete pesos (15.680.717.00) mensuales ($15.680.717.00) mensuales por concepto
o a la tasa comercial máxima legalmente de intereses moratorios desde la fecha de
permitida por la Superbancaria liquidados su respectiva exigibilidad y hasta cuando
mes a mes sin que sobrepasen la usura se produzca su pago de forma efectiva”.
desde la fecha de su correspondiente
exigibilidad y hasta el día en que se
produzca su cancelación efectiva 7”.
7 Folios 67 a 82 del cuaderno anexo 1.
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32. De lo expuesto, queda claro que lo pretendido por la demandante en la
acción de reparación directa coincide con lo solicitado en el proceso
ejecutivo laboral, esto es, el reconocimiento de los perjuicios
compensatorios por no haber sido reintegrada a la entidad para la cual
trabajaba y los intereses moratorios de esa suma de dinero. En
consecuencia, la demanda de reparación directa y el recurso de apelación
de este proceso tenían por objeto reabrir el debate del proceso ejecutivo
laboral y obtener la pretensión que en ese escenario le fue negada.
33. Se pone de presente que la demandante no identificó el daño causado
por la decisión que declaró la excepción de pago y negó los perjuicios
compensatorios; se limitó a mostrar que ella sí tenía derecho a que estos le
fueran pagados y que se cometió un yerro en la decisión. Para la Sala no
basta, alegar un error, cometido por el juez natural, sino se explica y acredita
primero, cual fue el daño cierto que le causó la providencia reprochada,
pues no puede desconocerse que, en este escenario, se pretende,
justamente, el resarcimiento de un daño antijurídico y no, por sí solo el
hallazgo de errores judiciales, que desconoce la garantía de especialidad
del juez.
34. Para evitar que el error judicial se convierta en una vía para abrir una
instancia adicional y afectar la garantía del juez natural, esta Subsección ha
sido enfática en señalar que la reparación directa por error judicial no es el
medio para que las partes insistan en los argumentos que no prosperaron en
el primer proceso judicial, sino que, por el contrario, este título de
imputación, está previsto, para pretender el resarcimiento de los daños que
se deriven de un error contenido en una providencia ejecutoriada, esto es,
los daños que hubiera podido ocasionar el Estado en ejercicio de la
administración de justicia; daños que deberán ser claramente identificados
y debidamente probados en el curso del proceso contencioso
administrativo8.
35. Por las razones aquí expuestas, ante la ausencia de argumentación en
relación con el primer elemento de la responsabilidad y la evidente
intención de obtener una instancia adicional para obtener los perjuicios
compensatorios, la Sala procederá a confirmar la Sentencia proferida en
primera instancia denegatoria de las pretensiones, no porque no se
configure el error judicial como lo indicó la primera instancia, sino porque,
en este escenario de reparación directa, ni siquiera se advierte el primer
elemento de la responsabilidad del Estado, esto es, el daño.
36. En todo caso, se advierte que, si la inconformidad se originaba en las
decisiones del proceso ejecutivo por el desconocimiento del fallo de tutela
de la Corte Constitucional, la víctima también debía acudir al incidente de
desacato para exigir su cumplimiento. Sin embargo, es este caso, no se
evidencia que la víctima lo haya presentado.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 3 de abril de 2020, Expediente 47001-23-31-000-
2011-00497-00 (45960). Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Expediente 25000-23-26-000-2011-01052-
01(48029), Sentencia de 1 de junio de 2020; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Expediente 05001-
23-31-000-2008-01592-01 (47805), Sentencia de 28 de abril de 2021; entre otras.
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2.3 Costas
37. La Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con el
artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
38. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 4 de diciembre de 2014, proferida la
Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la
demanda, pero por las razones expuestas.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal
de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
9 de 9
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