Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01180-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Acción de controversias contractuales
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01180-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-01180-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
12 de julio de 2021
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
[R]ecuerda la Sala que con la previsión de mecanismos de solución directa, se buscó en la Ley 80 de 1993 la descongestión judicial y darle a las partes la capacidad de resolver sus conflictos, que había perdido y que es un elemento trascendental de la autonomía de la voluntad. Con ello, como se manifestó expresamente en la exposición de motivos, no se restó a la Administración la facultad de liquidarlo, que es natural e inherentes a la propia contratación, sino que le abrió la puerta para que también pudiera utilizar su capacidad de transacción para definir situaciones propias de la relación negocial y precaver un litigio eventual. No cabía que las partes, con la cláusula esgrimida por el actor, cercenaran la facultad y obligación del ISS de liquidar unilateralmente el Contrato 56 de 2006, que la Ley 80 de 1993 no derogó al permitirle acudir a mecanismos de solución directa de conflicto, por lo que la interpretación de esta cláusula propuesta por la actora, al oponerse a una norma imperativa, no es válida. Así pues, de conformidad con las consideraciones precedentes, procederá la Sala a revocar el fallo de primera instancia, para desestimar las pretensiones.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
[E]l término para acudir a la jurisdicción a través de la acción de controversias contractuales, establecido en el 136.10.d) del CCA y conforme al entendimiento que de él ha hecho la jurisprudencia de la Sección Tercera, ha de contabilizarse a partir del […]. Sin embargo […], se suspendió el término con la presentación de solicitud de conciliación —según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009—, lo que dio lugar al trámite que concluyó con audiencia celebrada el […], sin acuerdo. La demanda fue presentada el primero (1º) de noviembre de dos mil once (2011) […], por tanto, no acaeció el fenómeno de la caducidad.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 / LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 21 / DECRETO 1716 DE 2009 - ARTÍCULO 3
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la contabilización del término de la caducidad de la acción de controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de agosto de 2001, rad. 14384, C. P. Ricardo Hoyos Duque; y auto de unificación de 1º de agosto de 2019, rad. 62009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NACIONAL / CONTRATO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / OBJETO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO
En el presente asunto se debate, en definitiva, un eventual incumplimiento por el ejercicio antijurídico de facultades excepcionales en un negocio jurídico suscrito por el Instituto de Seguros Sociales (“ISS”), el cual, según el artículo 275 de la Ley 100 de 1993 era una empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional. Como tal, este ente se encontraba sometido a un régimen de derecho privado en sus actos y contratos, salvo en los celebrados para el cumplimiento de su objeto, que se sujetaban a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales (artículo 93, Ley 489 de 1998). […] El contrato que originó este litigio tenía por objeto el archivo de expedientes de solicitudes económicas de pensionados que correspondían a la Seccional de Cundinamarca, por lo que era un medio para el cumplimiento del objeto del ISS. En consecuencia, el negocio jurídico que es objeto de este asunto se rige por el Estatuto General de Contratación Pública, esto es, por la Ley 80 de 1993.
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 275 / LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 93 / LEY 80 DE 1993
DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL
[E]s claro que el desequilibrio financiero del contrato estatal no surge de una conducta antijurídica de alguno de los contratantes, sino del ejercicio legítimo de las facultades exorbitantes de la Administración o de situaciones ajenas a las partes, propias de la teoría de la imprevisión. […]
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los lineamientos para diferenciar el incumplimiento y la ruptura del equilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 26 de febrero de 2014, rad. 24169, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 8 de junio de 2018, rad. 38120, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL
Conforme al artículo 15 de la Ley 80 de 1993, la entidad contratante tiene la facultad de interpretar unilateralmente el clausulado, en acto motivado, cuando se presentan discrepancias que “puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado”. La exequibilidad de esta norma fue declarada en la sentencia C-1514 de 2000, en la que la Corte Constitucional resaltó que esta facultad «solamente procede a fin de asegurar el cumplimiento de un mandato constitucional: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional” (C.P. art. 365)». La Sala, en sentido análogo, ha precisado que “la satisfacción del interés general mediante la prestación de los servicios públicos determina que la pronta y eficaz ejecución del objeto contractual sea un asunto esencial y privilegiado en la contratación estatal y por lo tanto no puede permitirse que las divergencias sobre el alcance de las estipulaciones negociales conduzcan a la paralización o inejecución del contrato”. Esta facultad, que al manifestarse en un acto administrativo produce efectos vinculantes para la contratista, debe ser ejercida durante la vigencia del negocio jurídico, en cuanto busca evitar la paralización o afectación grave del servicio público y porque, como la norma lo prevé, debe ejercerse “durante la ejecución del contrato”. Puede así imponer la Administración un alcance específico de las obligaciones contractuales, mientras es ejecutado.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 15 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 365
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la interpretación unilateral del clausulado del contrato estatal, especialmente en la prestación de servicios públicos, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de julio de 2011, rad. 18762, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia del 15 de noviembre de 1991, rad. 5973, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 19 de octubre de 2011, rad. 18082, C. P. Enrique Gil Botero
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL
De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, la fase de liquidación fue concebida para que las partes convengan los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, llegando a acuerdos, conciliaciones y transacciones, para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Siguiendo la jurisprudencia de la Sección Tercera, la Ley 80 de 1993 acogió, como fórmula para remediar el silencio de las partes en la materia, la prescripción de un término no perentorio de cuatro (4) meses para la concreción de la liquidación bilateral del contrato y, luego, la Ley 446 de 1998 adoptó el período de dos (2) meses contados a partir del vencimiento de este último, para que la administración lo liquide en forma unilateral. […] Por supuesto, para dar cumplimiento a esa obligación de liquidar, que procede ante la falta de acuerdo entre las partes, corresponde a la Administración contratante definir los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar por sí y ante sí, para lo que resulta frecuentemente necesario definir el alcance de las obligaciones pactadas conforme a una interpretación del contrato y de la ley aplicable. Tal ejercicio hermenéutico no puede asimilarse al que precede y determina a la ejecución que debe hacer el contratista del contrato, por cuanto se produce en una fase ulterior al vencimiento del plazo previsto para aquella, en el contexto propio de un corte definitivo de cuentas que la administración realiza, autorizada por la ley, a través de un acto que goza de todos los caracteres y atributos del acto administrativo, a saber: unilateralidad, ejecutividad y con el ropaje propio de la presunción de legalidad. En cuanto acto administrativo, dicha liquidación puede ser declarada nula por el juez contencioso administrativo, siempre que sea demandada por quien se encuentre legitimado para ello y éste logre abatir la presunción de legalidad que la cobija, y que el proceso al que dicha demanda de lugar termine con sentencia.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 / LEY 446 DE 1998
NOTA DE RELATORÍA: Sobre los parámetros y términos para realizar la liquidación del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, rad. 15598, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 5 de marzo de 2008, rad. 16850, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 31 de mayo de 2019, rad. 44239, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; auto de unificación de 1 de agosto de 2019, rad. 62009, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 8 de junio de 2018, rad. 38120, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 16 de febrero de 2001, rad. 12660, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 3 de diciembre de 2018, rad. 60716, C. P. Guillermo Sánchez Luque.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PRIMACÍA DEL INTERÉS GENERAL
El artículo 16 de la Ley 80 de 1993 prevé la facultad de la Administración contratante de “introducir variaciones en el contrato […] mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios”, durante su ejecución, mediante acto motivado, para evitar la paralización o afectación grave al servicio público que debe satisfacerse con el contrato. […] La jurisprudencia administrativa, a su vez, ha puntualizado que la prerrogativa de modificación unilateral es ejercida a través de un acto administrativo de carácter particular y concreto, debidamente motivado, que no tiene que revestir una forma especial. La modificación introducida unilateralmente es limitada, lo que, conforme al texto de la Ley 80 de 1993, se circunscribe al aumento o disminución de las prestaciones a cargo del contratista. En la jurisprudencia y la doctrina, no obstante, se ha entendido que también se presenta, excepcionalmente, una modificación del contrato, cuando se introduce un cambio sustancial en la modalidad de ejecución de las prestaciones, y ello conlleva un incremento relevante de las labores y costes de ejecución. En todo caso, la modificación impuesta “debe respetar, la sustancia del contrato celebrado, su esencia y la de su objeto, pues una alteración extrema significaría un contrato diferente, no querido por el cocontratante particular y respecto del cual no ha mediado consentimiento”, y atender a la necesidad del interés general que se busca satisfacer. Como lo establece el Código Civil, los contratos legalmente celebrados son ley para los contratantes (artículo 1602). El reconocimiento del contrato como fuente intersubjetiva de derecho impone una cuantificación de las contraprestaciones ajustada a su texto y a la ley, conforme a los principios legítimos de interpretación, lo que se desconocería al aplicar, so pretexto de su liquidación, unas cláusulas diferentes a las acordadas. De esa forma, se desconocería la fuerza normativa del contrato, que el ordenamiento le confiere como producto del concurso de voluntades.
FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 16 / CÓDIGO CIVIL - ARTÍCULO 1602
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la modificación del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de enero de 2011, rad. 15940, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 13 de mayo de 2015, rad. 32492, C. P. Olga Mélida Valle de De la Hoz; sentencia de 5 de mayo de 2005, rad. 15326, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 10 de marzo de 2011, rad. 15666, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 12 de octubre de 2017, rad. 37322, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 21 de junio de 1999, rad. 14943, C. P Daniel Suárez Hernández; sentencia del 31 de enero de 1991, rad. 4739, C. P. Julio César Uribe Acosta; sentencia de 31 de agosto de 2011, rad. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Los anteriores documentos fueron aportados en copia simple, ante la falta de respuesta a la petición formal radicada [ante] la secretaria general del ISS copia auténtica de […]. Por lo tanto, pese a que el artículo 139 del CCA requería la presentación de los actos demandados en copia auténtica, serán valorados ante la negativa implícita del ISS, al no dar respuesta conforme al artículo 23 de la Constitución. Los documentos referidos previamente fueron decretados como pruebas, conforme al valor que le otorga el artículo 252 del CPC, modificado por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010. Atendiendo a los artículos 244 y 246 del CGP y a la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera, sin que las copias simples presentadas hubieren sido tachadas de falsas en el proceso, la Sala presumirá la autenticidad de tales documentos, es decir, que existe certeza sobre la persona que lo elaboró.
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 139 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 23 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 252 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 244 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 246 / LEY 1395DE 2010 - ARTÍCULO 11
NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero; y Corte Constitucional, sentencia de unificación SU-774 del 16 de octubre de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo.
DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO
Algunos de los documentos fueron proferidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, por lo que son documentos públicos que hacen fe de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza, atendiendo a lo establecido en el CPC, el CGP y al principio de legalidad que, de forma particular, orienta las actuaciones de las autoridades públicas, en un ámbito exhaustivamente disciplinado por la ley y reglamentos, como lo es la contratación pública.
EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTO
El Código General del Proceso (“CGP”), en consonancia con el CPC, establece que la exhibición de documentos es procedente cuando se pretende utilizar documentos que se hallen en poder de la otra parte (artículos 283 CPC y 265 CGP). Agregan el CGP y el CPC que quien pida la exhibición debe expresar “los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlo, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos” (artículos 284 CPC y 266 CGP). Se permitía asimismo la oposición de la parte a la que le correspondiera exhibir los documentos y si el juez “no la encontrare justificada y su hubiere acreditado que el documento estaba en poder del opositor, tendrá por ciertos los hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar, salvo cuando tales hechos no admitan prueba de confesión, caso en el cual la oposición se apreciará como indicio en contra del opositor” (artículos 285 CPC y 267 CGP). Lo mismo procede en caso de que la parte no exhibiera los documentos (ejusdem). A su vez, establece el CGP, en línea con el CPC, que la confesión espontánea de los representantes judiciales de entidades estatales no vale ni puede provocarse en interrogatorio (artículos 199 del CPC y 195 del CGP).
FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 283 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 265 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 284 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 266 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 285 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 267 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL - ARTÍCULO 199 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 195
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL
[L]a interpretación con la que, en los actos demandados, el ISS determinó el alcance de las obligaciones de Almarchivos LTDA y de su obligación de pagar el precio acordado, para liquidar así el contrato, respondió al texto del contrato y los documentos que lo integraban, así como a la buena fe objetiva, a la aplicación práctica dada por las partes y a la intención de la entidad. Es por tanto esta una interpretación ajustada a los cánones hermenéuticos, con la que la entidad demandada se determinó el alcance de las obligaciones sin modificarlas y, por tanto, acorde a las facultades de la Administración en la liquidación contractual.
NOTA DE RELATORÍA: Providencia con aclaración de voto del consejero Guillermo Sánchez Luque.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D. C., doce (12) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01180-01 (50879)
Actor: ALMARCHIVOS INDUSTRIAL DE PAPELES LTDA.
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES (APELACIÓN SENTENCIA)
Tema 1: Equilibrio y responsabilidad contractual. Subtema 1.1: Buena fe. Subtema 1.2: Incumplimiento del acreedor. Tema 2: Exhibición de documentos. Subtema 2.1: Presunción de indicio grave.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), que declaró la caducidad de la acción.
SÍNTESIS DEL CASO
El Instituto de Seguros Sociales y Almarchivos Industrial de Papeles Ltda. suscribieron el contrato núm. 56 de 2006, para la organización, foliación, legajación, almacenamiento, conservación, consulta y administración de los expedientes de las solicitudes de prestaciones económicas resueltas que se encontraban en el archivo de la seccional de Cundinamarca. Al liquidar el contrato, la entidad contratante reconoció el pago del precio en función del número de expedientes intervenidos y no reconoció los gastos de fotocopiado, adecuación del lugar de trabajo, aseo y de 30.000 carpetas suministrados por la contratista. Aduce la demandante que, con ello, la entidad contratante realizó una interpretación y modificación unilateral ilegítima del contrato, con la que ocasionó un desequilibrio económico, y vulneró la cláusula en la que se había acordado acudir a mecanismos directos de solución de controversias.
ANTECEDENTES:
2.1. El primero (1º) de noviembre de dos mil once (2011), Almarchivos Industrial de Papeles Ltda. (en adelante, “Almarchivos LTDA”) presentó demanda y posterior modificación de ésta, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, contra el Instituto de Seguros Sociales (en adelante, “ISS”), con la que pretende que: (i) se declare la nulidad de las resoluciones núm. 4822 del 21 de noviembre de 2008[], 00016 del 23 de febrero de 2009[], 055 del 29 de mayo de 2009[] y 5433 del 14 de septiembre de 2009[], con las que fue liquidado el contrato de prestación de servicios núm. 056 del 27 de octubre de 2006; (ii) se liquide el contrato, “incluyendo los valores que más adelante se relacionan”; (iii) “como consecuencia de lo anterior el Instituto de Seguros Sociales se obligue a revocar los Actos Administrativos”, cuya nulidad se pide, y se reconozcan los mayores valores en que incurrió por no mantener el equilibrio financiero, conforme al artículo 27 de la Ley 80 de 1993, indexados, con intereses moratorios y corrientes a la mayor tasa legal permitida; (iv) se condene al pago de cuatrocientos sesenta y tres millones trescientos diecinueve mil ciento nueve pesos ($463’319.1999), “correspondiente al valor del contrato no pagado”; (v) se condene al pago de quinientos dos millones ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos dieciséis pesos ($502’168.416), “por concepto de intereses moratorios sobre la suma indicada en el numeral anterior”; (vi) se condene al pago de mil quinientos treinta y ocho millones trescientos veintidós mil setenta y tres pesos ($1.538’322.073), “por los mayores valores en que se incurrió, por no mantener el equilibrio financiero que debe regir en los contratos estatales (artículo 27 Ley 80 de 1993), debidamente indexados al momento de la sentencia”; (vii) se condene al pago de mil ciento nueve millones setecientos cuarenta y tres mil ochocientos treinta y cuatro pesos ($1.109’734.834), “por concepto de intereses corrientes sobre la suma indicada en el numeral quinto de las pretensiones”; y que (vi) se condene en costas.
2.1.1. En sustento de sus pretensiones, la actora enunció los hechos que a continuación son resumidos:
2.1.1.1. El 17 de diciembre de 2006, el ISS abrió la licitación pública V.P. 001 de 2006, con el objeto de “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN, LEGACIÓN, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN, CONSULTA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LAS SOLICITUDES DE PRESTACIONES ECONÓMICAS RESUELTAS QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE EN EL ARCHIVO DE LA SECCIONAL CUNDINAMARCA, CON FUNDAMENTO EN LA LEY 594 DE 2000 Y CIRCULAR 004 DE 2003, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS”.
2.1.1.2. El presupuesto oficial de la licitación era de $1.375’000.000, con IVA incluido, y la propuesta de Almarchivos LTDA ascendió a $1.345’760.000, con IVA incluido.
2.1.1.3. El precio de la propuesta de Almarchivos LTDA fue calculado, tomando en consideración la visita programada para el 5 de diciembre de 2006 al lugar en el que “se encontraban los aproximadamente 600.000 expedientes objeto de intervención”, según el pliego de condiciones.
2.1.1.4. Los funcionarios que atendieron la visita manifestaron que no conocían el total de los expedientes a intervenir expresados en metros lineales, por lo que trabajadores de Almarchivos LTDA procedieron a efectuar mediciones y muestras aleatorias de los estantes en que se encontraban los expedientes, con lo que determinaron que correspondían a 2.906,5 metros lineales que, convertidos a expedientes de 60 folios, equivalían a 339.056. Con esta metodología, ajustada a la norma técnica colombiana NTC 5029 y avalada por el Archivo General de la Nación, en la que resultaba irrelevante el número de carpetas o expedientes de muy variado volumen, Almarchivos LTDA efectuó una proyección económica de la propuesta, mas no determinó el número de expedientes sobre los cuales se realizará el servicio a contratar.
2.1.1.5. La proyección económica para calcular el monto de la propuesta de Almarchivos LTDA fue la siguiente:
“PROCESO
CANTIDAD
VR UNIT
VR TOTAL
Organización
2.905,5
$ 235.000
$ 683.024.143
Suministro de cajas
14.532
$ 1.400
$ 20.344.800
Ganchos legajadores
339.090
$ 193
$ 65.444.370
Códigos de barras carpetas
339.090
$ 30
$ 10.172.700
Códigos de barras cajas
14.532
$ 36
$ 523.152
Hoja de control
339.090
$ 645
$ 218.713
Consultas
16.500
$ 1.250
$ 20.625.000
SUBTOTAL
$1.018.847.215
PÓLIZAS 0,42%
$ 4.279.158
RETEFUENTE 11%
$ 112.073.389
RETEICA 9.66 X1000
$ 9.842.064
4 X MIL
$ 4.075.389
TIMBRE
$ 8.707.500
PUBLICACIÓN
$ 3.172.400
SUBTOTAL
$ 1.130.996.920
IVA
$ 185.759.507
$ 1.346.756.427”
2.1.1.6. Como resultado del proceso de licitación pública V.P. 001 de 2006, Almarchivos LTDA y el ISS suscribieron el contrato de prestación de servicios núm. 056 del 27 de octubre de 2006 (en adelante, “Contrato 056 del 27 de octubre de 2006” o “Contrato 056 de 2006”), con un plazo de once (11) meses y un precio de $1’346.760.000, incluido el IVA.
2.1.1.7. La proyección de Almarchivos LTDA no se ajustó a la realidad, ya que fueron intervenidos 189,9 metros lineales adicionales y resueltas 28.000 consultas más de las previstos inicialmente, por lo que, el 22 de noviembre de 2007, presentó oficio a la interventora, quien respondió que el pago correspondería al número de expedientes intervenidos.
2.1.1.8. El 20 de diciembre de 2007, fue suscrita el acta de entrega final del proyecto de organización de expedientes de pensionados del ISS regional Cundinamarca, concerniente al Contrato 056 de 2006.
2.1.1.9. El ISS objetó la factura I-5857 del 5 de diciembre de 2007, por $ 463’319.109, “justificándose en que el saldo de la obligación del ISS no correspondía con dicho valor”.
2.1.1.10. “Lo anterior, indica que mi poderdante [Almarchivos LTDA] fue objeto de una inducción en error y modificación unilateral y desconocida del contrato por parte del Instituto de Seguros Sociales, toda vez que, en virtud de lo señalado en el pliego de condiciones, el contrato y la normatividad legal y técnica aplicable, para Almarchivos LTDA era y es incuestionable que el valor pactado, es decir, la suma de mil trescientos cuarenta y seis millones setecientos setenta mil pesos M/CTE ($1.346.760.000) se le debía cancelar independientemente del número de expedientes, ya que desde el pliego de condiciones y hasta llegar al contrato siempre se habló de una cantidad aproximada de expedientes”.
2.1.1.11. Almarchivos LTDA aportó más de 30.000 carpetas celugía yute, que no estaban contempladas en los costes del proyecto; tuvo que adquirir fotocopiadora, tóner y papel, que el ISS había afirmado suministrar; y asumió obligaciones correspondientes al ISS, como la adecuación del espacio físico, el servicio de aseo, y la instalación de redes eléctricas, lámparas y puestos de trabajo. Esto último supuso una erogación de $99’000.000 que no fueron reconocidos por el ISS.
2.1.1.12. “Por lo anterior, no debió el I.S.S., en ningún momento, hacer una interpretación unilateral sin el lleno de los requisitos legales, afectando así la situación jurídica del particular, en este caso, la empresa Almarchivos LTDA, quien se ve vulnerado [sic] en sus derechos económicos (fin del particular al colaborar con el estado a través de la contratación) de manera que el ISS afectó y violó el equilibrio económico del contrato, situación que contempla claramente la normatividad en Contratación Pública, en el artículo 27 y el numeral 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, que se demanda al no reconocer el valor del contrato y demás valores adicionales en que se hizo incurrir al contratista para la correcta y normal ejecución del contrato en cuestión […]”.
2.1.1.13. Al liquidar unilateralmente el Contrato 056 de 2006, con las resoluciones demandadas, consignar $59’273.152 y desconocer el saldo de $463’319.109 más intereses moratorios, el ISS violó la cláusula 11ª, en la que se acordó que para la resolución de diferencias acudirían a procedimientos de transacción, amigable componedor o conciliación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley 80 de 1993.
2.1.1.14. El impago oportuno del Contrato 056 de 2006 llevó a una situación deficitaria a Almarchivos LTDA, por lo que tuvo que solicitar créditos a diferentes entidades financieras.
2.2. Mediante auto del 17 de noviembre de 2011[], la demanda fue inadmitida, para que, conforme al artículo 139 del Código Contencioso Administrativo (“CCA”), se allegara, so pena del rechazo, copia auténtica del Contrato 057 de 2006, las pólizas, las actas de inicio y liquidación, las resoluciones demandadas, y la constancia de ejecutoria de la resolución núm. 5433 del 14 de septiembre de 2009, además de hacer una estimación clara de la cuantía.
2.3. Contra el anterior auto, la actora interpuso recurso de reposición, que fue resuelto desfavorablemente por el a quo, mediante auto del 22 de marzo de 2012[].
2.4. No obstante, la demanda fue admitida con auto del 3 de mayo de 2012[], al considerar que la estimación razonada de la cuantía había sido corregida, y que “[s]i bien los documentos no fueron aportados conforme a lo ordenado en la referida providencia, […] los mismos pueden ser allegados en el trámite del proceso, teniendo en cuenta que a la demandante no le ha sido posible obtener copia auténtica de los mismos y además su ausencia no constituye causal para el rechazo de la demanda”. Esta decisión fue notificada al ISS el 21 de junio de 2012[].
2.5. Luego de que, con auto del 6 de noviembre de 2012[], el proceso fuera abierto a pruebas, el Gerente Seccional Cundinamarca del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación (en adelante, “ISS en Liquidación”) pidió que se declarara la nulidad de todo lo actuado y que el negocio fuera fijado en lista, por no habérsele dado la oportunidad de contestar la demanda. La demandante se opuso al descorrerse el incidente y el Tribunal resolvió, con auto del 22 de abril de 2013[], declarar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 6 de noviembre de 2012 —mencionado anteriormente— y que se surtiera el trámite de fijación en lista, conforme al artículo 144 del CCA. El expediente fue entonces fijado en lista, sin pronunciamiento de las partes.
2.6. Mediante auto del 3 de septiembre de 2013[], fueron decretadas las pruebas, y tras concluir el periodo para su práctica, se corrió traslado a las partes para alegar y al Ministerio Público para que emitiera concepto.
2.6.1. Almarchivos LTDA alegó, en síntesis, que: (i) el incumplimiento contractual se acreditó con los documentos contractuales y el testimonio de Alexander Sierra Canchilla, quien declaró que la información suministrada por el ISS en la visita técnica había sido insuficiente, lo que era necesario para prever la cuantía y el objeto contratado de forma, al menos, aproximada; (ii) al no suministrar los datos requeridos, la sociedad contratista debió intervenir 593,5 metros y atender 28.000 consultas más de las promediadas inicialmente, lo que habría acreditado con las declaraciones de Alexander Sierra Canchilla y Javier Umaña Ramírez, y el oficio CA-2007-112; (iii) con el Contrato 56 de 2006, el ISS buscaba la organización del fondo documental compuesto por un número aproximado de expedientes y no una organización expediente por expediente, lo que se inferiría del acta de inicio: (iv) Almarchivos LTDA tuvo que aportar 30.000 carpetas celuguía yute que no estaban contempladas, suministrar fotocopiadora e insumos de fotocopiado, adecuar el espacio físico, lo que probaría con los testimonios de Alexander Sierra Canchilla, Javier Umaña Ramírez, el acta de entrega final, la factura I-5857 y el oficio CA-2008-005 Nº 1676 de enero de 2008; (v) al entrar en déficit, para dar cumplimiento al Contrato 56 de 2006, Almarchivos LTDA tuvo que solicitar créditos a entidades financieras, lo que a se deprendería del certificado del contador de la empresa; y que (vi) la ausencia del ISS a la audiencia de exhibición de documentos, programada para el 8 de octubre de 2013, constituye un indicio grave en su contra y hace que se presuman como ciertos los hechos que buscaban probarse con tal documentación, conforme a los artículos 285 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”) y 267 del CCA. Además, se opuso la actora al concepto fiscal de primera instancia y reiteró lo alegado anteriormente.
2.6.2. El 24 de junio de 2014, el Ministerio Público presentó concepto en el que solicitó la desestimación de las pretensiones. Puso de presente que en la cláusula 4ª del Contrato 56 de 2006 se había pactado que los pagos mensuales se liquidarían conforme al número de expedientes y que, como se expresó en el acta de liquidación, en el pliego de condiciones se especificó que serían intervenidos 600.000 expedientes, aproximadamente, por lo que era claro que no se tenía una cantidad cierta, y así lo calculó la actora, conforme a la relación de precios de la propuesta presentada, por lo que había claridad sobre las obligaciones de Almarchivos LTDA. Carecerían de fundamento, por tanto, las pretensiones y la afirmación de que debía pagarse el precio total pactado, con independencia del número de expedientes.
2.7. La Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia el trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014), en la que declaró de oficio la caducidad de la acción. Consideró que al no haberse aportado constancia de la ejecución de la Resolución 5344 del 14 de septiembre de 2009, debía tomarse la fecha en que fue proferida, para el conteo de la caducidad que, por lo tanto, acaecería el 15 de septiembre de 2011. Pero el término se suspendió entre el 23 de agosto de 2011 y el 28 de septiembre de 2009, cuando se surtió trámite conciliatorio, con lo que la caducidad se produciría el 22 de octubre de 2011. Por lo tanto, la demanda fue presentada inoportunamente el 1º de noviembre de 2011.
2.8. La sociedad demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. Argumentó que la caducidad no habría operado, ya que la notificación se produjo el 28 de septiembre de 2009, como consta en la copia del acta aportada con el recurso. Esta prueba, afirmó, había sido pedida y decretada, pero no fue practicada, porque no fue expuesta por el ISS en la diligencia de exhibición de documentos, por lo que se configuraría la causal contemplada en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo (“CCA”), para ser decretada en segunda instancia. Si no, agregó, cabría inferir un indicio en contra del ISS, en razón a su conducta procesal, conforme al artículo 285 del Código de Procedimiento Civil (“CPC”).
2.9. El recurso fue concedido, admitido y se corrió traslado para alegar y conceptuar en esta instancia.
2.9.1. En sus alegaciones, Almarchivos LTDA reiteró lo aducido en primera instancia.
2.9.2. El ISS en Liquidación, por su parte, alegó que: (i) las condiciones del negocio jurídico se conocían antes de la suscripción del Contrato 56 de 2006, porque estaban descritas claramente en los pliegos y documentos anexos, y, en caso de no estarlo, podría haberse solicitado la aclaración, por lo que, al no hacerlo, la actora habría actuado culposamente; (ii) las acciones que el contratista habría realizado sin que fueran pagadas habían sido ejecutadas por su propia decisión, “sin un informe y sin autorización previa y expresa por parte del ISS en Liquidación, […] pero no puede por esa razón, argumentar bajo ninguna circunstancia, que exista una obligación de pago, cuando fueron acciones o actividades que no fueron conocidas por el contratante y menos aún, presupuestadas”; y que (iii) en caso de que tales prestaciones se requirieran para la ejecución del contrato, se entendería que, por naturaleza, estaban comprendidas en el presupuesto y no eran previsibles.
2.10. Mediante auto del 9 de julio de 2018[], la Sala resolvió tener como prueba el acta de notificación de la resolución núm. 5433 del 14 de septiembre de 2009, conforme al artículo 214.1 del CCA.
PRESUPUESTOS DE LA SENTENCIA DE MÉRITO
3.1. El presente asunto corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en cuanto fue planteada una controversia sobre el cumplimiento o el equilibrio económico de un contrato estatal y la validez de los actos con los que fue liquidado, suscritos por una entidad pública, como lo era el Instituto de Seguros Sociales. Esta Subsección es competente en segunda instancia por virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en un proceso con vocación de segunda instancia, dado que la cuantía de la demanda supera la exigida por el artículo 132.5 del CCA-.
3.2. La ejecución del Contrato 56 de 2006[], por su naturaleza, se extendía en el tiempo y su liquidación se produjo, finalmente, con la resolución núm. 5433 del catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009), que fue notificada el veintiocho (28) de septiembre de dos mil nueve (2009). Por lo tanto, el término para acudir a la jurisdicción a través de la acción de controversias contractuales, establecido en el 136.10.d) del CCA y conforme al entendimiento que de él ha hecho la jurisprudencia de la Sección Tercera, ha de contabilizarse a partir del veintinueve (29) de septiembre de dos mil nueve (2009) y concluiría el 29 de septiembre del año dos mil once (2011).
Sin embargo, el veintitrés (23) de agosto de dos mil once (2011), cuando aún faltaba un (1) mes y seis (6) días para que la caducidad acaeciera, se suspendió el término con la presentación de solicitud de conciliación —según el artículo 21 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 3 del Decreto 1716 de 2009—, lo que dio lugar al trámite que concluyó con audiencia celebrada el veintiocho (28) de septiembre de dos mil once (2011), sin acuerdo. La demanda fue presentada el primero (1º) de noviembre de dos mil once (2011), cuando había transcurrido un (1) mes y dos (2) días desde el momento en que se reanudó el conteo, por tanto, no acaeció el fenómeno de la caducidad.
3.3. En el sub lite, se debate la validez de actos emitidos en la ejecución del Contrato 009 de 2009, suscrito por el ISS y por Almarchivos LTDA, así como su liquidación. Por lo tanto, el ISS en Liquidación se encuentra legitimado en la causa por pasiva y Almarchivos LTDA por activa.
PROBLEMA JURÍDICO Y NORMATIVA RECTORA
4.1. Luego de haber resuelto lo atinente a la caducidad, en la que se centraba el recurso contra el fallo apelado, procederá la Sala a abordar el fondo del asunto.
Almarchivos LTDA argumenta haber proyectado económicamente su propuesta en la licitación pública V.P. 001 de 2006, a partir de mediciones en metros lineales, que realizó en la visita técnica obligatoria, conforme a la norma técnica NTC 5029, pero en la ejecución del Contrato 56 de 2006 habría tenido que intervenir 189,9 metros lineales adicionales y resolver 28.000 consultas más de las previstos, además de asumir gastos de fotocopiado, de la adecuación del espacio físico y de 30.000 carpetas. En razón a ello, aduce que, al ser liquidado unilateralmente el Contrato 56 de 2006 con los actos demandados, tomando el número de expedientes intervenidos y no el precio total, sin tener en cuenta las erogaciones adicionales y sin acudir a mecanismos directos de solución de conflicto, el ISS realizó una interpretación o modificación unilateral ilegítima del Contrato 56 de 2006, que desconoció sus términos, con la vulneración del derecho del contratista a que se mantuvieran y restablecieran las condiciones económicas y técnicas del negocio, y de la cláusula que establecía que acudirían a mecanismos de solución directa.
En este orden de ideas, a la Sala corresponde resolver el siguiente problema jurídico:
¿Al liquidar el Contrato 56 de 2006 con el precio por número de expedientes, y no por el valor total, sin reconocer las erogaciones del contratista por gastos de fotocopiado, adecuación de espacio y carpetas adicionales, el ISS interpretó o modificó unilateral e ilegítimamente el contrato, con vulneración del derecho de la contratista a que se restablezcan su condiciones económicas y técnicas, y de la cláusula que establecía que acudirían a mecanismos de solución directa de controversias?
Si la respuesta al problema planteado fuese afirmativa, esta Colegiatura procedería a liquidar el Contrato 56 de 2006, definiendo la tasa de intereses aplicable.
4.2. Normativa rectora: En el presente asunto se debate, en definitiva, un eventual incumplimiento por el ejercicio antijurídico de facultades excepcionales en un negocio jurídico suscrito por el Instituto de Seguros Sociales (“ISS”), el cual, según el artículo 275 de la Ley 100 de 1993 era una empresa industrial y comercial del Estado, del orden nacional. Como tal, este ente se encontraba sometido a un régimen de derecho privado en sus actos y contratos, salvo en los celebrados para el cumplimiento de su objeto, que se sujetaban a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades estatales (artículo 93, Ley 489 de 1998).
Pues bien, el ISS tenía a su cargo la cobertura de riesgos de invalidez, vejez y muerte, que dan lugar al pago de pensión (arts. 6, 55, 56, 57, 62, 63 y 64 del Decreto 433 de 1971). El contrato que originó este litigio tenía por objeto el archivo de expedientes de solicitudes económicas de pensionados que correspondían a la Seccional de Cundinamarca, por lo que era un medio para el cumplimiento del objeto del ISS. En consecuencia, el negocio jurídico que es objeto de este asunto se rige por el Estatuto General de Contratación Pública, esto es, por la Ley 80 de 1993.
V. LA MODIFICACIÓN O INTERPRETACIÓN UNILATERAL ILEGÍTIMA DEL CONTRATO 56 DE 2006
5.1. En primer lugar, viene al caso denotar que la jurisprudencia ha trazado claros lineamientos para diferenciar el incumplimiento y la ruptura del equilibrio económico del contrato:
«[…] la ruptura del equilibrio económico-financiero del contrato supone la alteración del sinalagma funcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocial, bien sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición de supremacía frente a su contratante, bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles, que impactan la economía del contrato, o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la variación de precios), no imputables a las partes.
La Sección Tercera de esta Corporación ha acogido, de tiempo atrás, las teorías desarrolladas por la doctrina foránea en torno a las fuentes que dan lugar a la ruptura del equilibrio económico–financiero del contrato estatal, señalando que dicho equilibrio puede verse alterado por actos y hechos de la administración o por factores externos o extraños a las partes involucradas en la relación contractual. A los primeros se les denomina “hecho del príncipe” y “potestas ius variandi” (álea administrativa), mientras que a los supuestos que emergen de la segunda fuente se les enmarca dentro de la denominada “teoría de la imprevisión” y, paralelamente, en la “teoría de la previsibilidad”. Lo anterior permite deducir, con absoluta claridad, que ese equilibrio puede verse alterado por el ejercicio del poder, dentro del marco de la legalidad, o por situaciones ajenas a las partes, que hacen más o menos gravosa la prestación, pero en ningún caso tiene lugar por los comportamientos antijurídicos de las partes del contrato, es decir, por el incumplimiento contractual.
La fractura del equilibrio económico da lugar al restablecimiento del sinalagma funcional pactado al momento de proponer o contratar, según el caso.
El incumplimiento contractual, en cambio, tiene origen en el comportamiento antijurídico de uno de los contratantes, el cual asume un proceder contrario a las obligaciones que contrajo al celebrar el contrato y, como efecto principal, causa con ello un daño antijurídico a la parte contraria que, desde luego, no está en la obligación de soportar.
El incumplimiento da derecho, en algunos casos, a la ejecución forzada de la obligación o a la extinción del negocio y, en ambos supuestos, a la reparación integral de los perjuicios que provengan del comportamiento contrario a derecho del contratante incumplido, tanto patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) como extrapatrimoniales, en la medida en que se acrediten dentro del proceso, tal como lo disponen el artículo 90 de la Constitución Política (cuando el incumplimiento sea imputable a las entidades estatales) y los artículos 1546 y 1613 a 1616 del Código Civil, en armonía con el 16 de la Ley 446 de 1998» (subrayas propias, negrillas añadidas).
De conformidad con lo anterior, es claro que el desequilibrio financiero del contrato estatal no surge de una conducta antijurídica de alguno de los contratantes, sino del ejercicio legítimo de las facultades exorbitantes de la Administración o de situaciones ajenas a las partes, propias de la teoría de la imprevisión.
La sociedad actora afirma que, al liquidar el Contrato 56 de 2006 en función de su propia interpretación sobre el alcance de su objeto, el ISS ejerció de forma ilegítima sus facultades de modificarlo e interpretarlo unilateralmente y violó la cláusula en la que se pactó que acudirían a mecanismos de solución directa de conflictos. Esta sería, pues, una conducta antijurídica del ISS que le ocasionaría un perjuicio patrimonial a Almarchivos LTDA, por lo que el análisis propuesto corresponde al de la responsabilidad por incumplimiento, no al del desequilibrio económico del contrato. En consecuencia, la Sala procederá a analizar, en primer lugar, si con la liquidación del Contrato 56 de 2006 se produjo un ejercicio ilegítimo de las facultades que la ley confiere a la parte contratante para que interprete y modifique unilateralmente el contrato, y una violación del clausulado de este, lo que constituiría la conducta antijurídica que la actora imputa al ISS, como presupuesto de su responsabilidad-.
La interpretación unilateral
5.2. Conforme al artículo 15 de la Ley 80 de 1993, la entidad contratante tiene la facultad de interpretar unilateralmente el clausulado, en acto motivado, cuando se presentan discrepancias que “puedan conducir a la paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado”. La exequibilidad de esta norma fue declarada en la sentencia C-1514 de 2000, en la que la Corte Constitucional resaltó que esta facultad «solamente procede a fin de asegurar el cumplimiento de un mandato constitucional: “Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional” (C.P. art. 365)».
La Sala, en sentido análogo, ha precisado que “la satisfacción del interés general mediante la prestación de los servicios públicos determina que la pronta y eficaz ejecución del objeto contractual sea un asunto esencial y privilegiado en la contratación estatal y por lo tanto no puede permitirse que las divergencias sobre el alcance de las estipulaciones negociales conduzcan a la paralización o inejecución del contrato”. Esta facultad, que al manifestarse en un acto administrativo produce efectos vinculantes para la contratista, debe ser ejercida durante la vigencia del negocio jurídico, en cuanto busca evitar la paralización o afectación grave del servicio público y porque, como la norma lo prevé, debe ejercerse “durante la ejecución del contrato”. Puede así imponer la Administración un alcance específico de las obligaciones contractuales, mientras es ejecutado.
La interpretación del contrato en la liquidación unilateral
5.3. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993[], la fase de liquidación fue concebida para que las partes convengan los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, llegando a acuerdos, conciliaciones y transacciones, para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo--. Siguiendo la jurisprudencia de la Sección Tercera, la Ley 80 de 1993 acogió, como fórmula para remediar el silencio de las partes en la materia, la prescripción de un término no perentorio de cuatro (4) meses para la concreción de la liquidación bilateral del contrato y, luego, la Ley 446 de 1998 adoptó el período de dos (2) meses contados a partir del vencimiento de este último, para que la administración lo liquide en forma unilateral.
Ahora bien, a diferencia del alcance que recibe en el derecho privado, en el que la liquidación que realizan los contratantes no es más que un corte de cuentas descriptivo de las incidencias de la ejecución del contrato, en la contratación estatal, regida, la Administración liquida el contrato con un acto ejecutivo y ejecutorio, en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, mencionado anteriormente.
Por supuesto, para dar cumplimiento a esa obligación de liquidar, que procede ante la falta de acuerdo entre las partes, corresponde a la Administración contratante definir los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar por sí y ante sí, para lo que resulta frecuentemente necesario definir el alcance de las obligaciones pactadas conforme a una interpretación del contrato y de la ley aplicable. Tal ejercicio hermenéutico no puede asimilarse al que precede y determina a la ejecución que debe hacer el contratista del contrato, por cuanto se produce en una fase ulterior al vencimiento del plazo previsto para aquella, en el contexto propio de un corte definitivo de cuentas que la administración realiza, autorizada por la ley, a través de un acto que goza de todos los caracteres y atributos del acto administrativo, a saber: unilateralidad, ejecutividad y con el ropaje propio de la presunción de legalidad.
5.4. En cuanto acto administrativo, dicha liquidación puede ser declarada nula por el juez contencioso administrativo, siempre que sea demandada por quien se encuentre legitimado para ello y éste logre abatir la presunción de legalidad que la cobija, y que el proceso al que dicha demanda de lugar termine con sentencia.
Tal sería la suerte de los actos de liquidación cuya anulación depreca Almarchivos LTDA si esta judicatura encuentra probado que la interpretación que del clausulado del contrato hizo el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES con ocasión de la definición del estado final de su ejecución, se apartó del entendimiento que en derecho correspondía.
La modificación del contrato y la liquidación unilateral
5.5. El artículo 16 de la Ley 80 de 1993 prevé la facultad de la Administración contratante de “introducir variaciones en el contrato […] mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios”, durante su ejecución, mediante acto motivado, para evitar la paralización o afectación grave al servicio público que debe satisfacerse con el contrato. En la sentencia C-949 de 2001, en la que fue analizada la constitucionalidad de esta norma, la Corte Constitucional consideró que esta es “es una prerrogativa que se deriva de la responsabilidad de garantizar la continuidad del servicio contratado, adquiriendo la administración las facultades necesarias para tomar las medidas que aseguren la continuidad en la ejecución del mismo”. Atiende pues, esta facultad, al mismo fin al que responde la de interpretación unilateral que, en definitiva, converge en la primacía del bien común, que es el fin último de las facultades excepcionales; y, de la misma forma, el ejercerse de esta facultad procede durante la ejecución del contrato, no cuando haya concluido.
La jurisprudencia administrativa, a su vez, ha puntualizado que la prerrogativa de modificación unilateral es ejercida a través de un acto administrativo de carácter particular y concreto, debidamente motivado, que no tiene que revestir una forma especial. La modificación introducida unilateralmente es limitada, lo que, conforme al texto de la Ley 80 de 1993, se circunscribe al aumento o disminución de las prestaciones a cargo del contratista. En la jurisprudencia y la doctrina, no obstante, se ha entendido que también se presenta, excepcionalmente, una modificación del contrato, cuando se introduce un cambio sustancial en la modalidad de ejecución de las prestaciones, y ello conlleva un incremento relevante de las labores y costes de ejecución. En todo caso, la modificación impuesta “debe respetar, la sustancia del contrato celebrado, su esencia y la de su objeto, pues una alteración extrema significaría un contrato diferente, no querido por el cocontratante particular y respecto del cual no ha mediado consentimiento”, y atender a la necesidad del interés general que se busca satisfacer.
Como lo establece el Código Civil, los contratos legalmente celebrados son ley para los contratantes (artículo 1602). El reconocimiento del contrato como fuente intersubjetiva de derecho impone una cuantificación de las contraprestaciones ajustada a su texto y a la ley, conforme a los principios legítimos de interpretación, lo que se desconocería al aplicar, so pretexto de su liquidación, unas cláusulas diferentes a las acordadas. De esa forma, se desconocería la fuerza normativa del contrato, que el ordenamiento le confiere como producto del concurso de voluntades.
5.6. En este orden de ideas, encuentra la Sala que la obligación de la entidad contratante de liquidar el contrato, a falta de acuerdo entre las partes, puede requerir una interpretación del clausulado y del derecho aplicable, como fundamento jurídico de la motivación del acto ejecutorio y ejecutivo con la que la Administración impone unos ajustes, revisiones y reconocimientos. No cabe, sin embargo, una imposición o supresión de prestaciones contractuales, que desquicie el objeto del negocio jurídico dentro de los márgenes de la tipología contractual empleada, ya que ello implicaría una modificación, con la que se desconocería la fuerza normativa del contrato.
Pruebas
5.7. Como sustento de la aducida interpretación o modificación ilegítima del Contrato 56 de 2006, que con la liquidación realizó el ISS en los actos demandados se produjo, fueron practicadas en este proceso las siguientes pruebas, cuyo mérito procede a determinar la Sala a continuación.
5.7.1. Conforme al artículo 228.7 del CPC, en la audiencia de recepción del testimonio de Alexander Sierra Chinchilla fue aportada copia simple del pliego de condiciones de la licitación pública VP-001 de 2006 del ISS, abierta entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2006, con un presupuesto de mil trescientos setenta y cinco millones de pesos, incluido IVA ($1.375’000.000), y con el objeto de:
“Contratar los servicios de organización, foliación, legajación, almacenamiento, conservación, consulta y administración de los expedientes de las solicitudes de prestaciones económicas resueltas que se encuentran actualmente el archivo de la seccional de Cundinamarca, con fundamento en la Ley 594 de 2000 y circular 004 de 2003” (subrayado añadido).
5.7.1.1. En la introducción al documento, se puso de presente que “[…] toda consulta o sugerencia deberá formularse por escrito, en consecuencia, se les sugiere acoger este medio para presentar las respectivas inquietudes sobre el proceso de la presente Licitación Pública V.P. No. 001 del 2006”.
5.7.1.2. Con respecto a los costos para la preparación de la propuesta (aptado. 2.12) se especificó que “[e]l proponente deberá utilizar todos los medios disponibles para informarse de los factores que han de influir en los costos de su propuesta. Por consiguiente, cualquier omisión será de su incumbencia y no se aceptará excusa alguna por errores u omisiones al respecto” (subrayado de la Sala).
5.7.1.3. Sobre la forma de pago, se especificó en el pliego de condiciones (aptado. 2.13) que:
“El Instituto de Seguros Sociales cancelará la suma de doscientos setenta y cinco millones de pesos MCTE ($275’000.000) como anticipo del valor del contrato, una vez se encuentre debidamente legalizado, junto con los soportes legales y la respectiva certificación expedida por el Interventor.
[…] El valor restante se cancelará por mensualidades vencidas, de acuerdo con el porcentaje de avance de la ejecución del contrato, que equivale al número de expedientes debidamente organizados, foliados, legajados, almacenados y conservados, de conformidad con el Formato No. 3 (Propuesta Económica), presentada por el proponente. Para tal efecto del trámite de pago el Contratista deberá presentar la correspondiente factura, dentro de los diez (10) días del mes, previo certificado de cumplimiento otorgado por el interventor del contrato.
El último pago estará sujeto a la elaboración del acta final y recibo a satisfacción del objeto del contrato, previa presentación de la certificación y elaboración del acta por parte del interventor del contrato” (énfasis añadido).
5.7.1.4. Con respecto a la apertura del proceso y de las interpretaciones, modificaciones y aclaraciones a los términos de referencia, se previó en el pliego de condiciones (aptados. 3.1.1 y 3.1.2) que:
“[…] la presentación de una propuesta se entenderá como evidencia de que el proponente ha examinado completamente los pliegos de condiciones con sus correspondientes anexos y formatos, que ha obtenido las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso y que ha aceptado que se encuentran completos y son suficientes las condiciones de los pliegos de condiciones para ejecutar el objeto de la presente licitación.
[…] Si un proponente encuentra incongruencias, errores u omisiones, o necesita alguna aclaración a los pliegos de condiciones, hasta tres (3) días antes de la fecha de cierre, debe radicar su solicitud escrita a la Vicepresidencia de Pensiones, ubicada […].
En caso de no hacerlo, se entenderá que no existen dudas y que acepta totalmente a [sic] los pliegos de condiciones.
[…] Toda la información sobre preguntas, respuestas, adendos y oficios a todos los documentos de la licitación, suministrados a los proponentes antes de la fecha de cierre de la licitación deberán ser tomados en cuenta en las propuestas y harán parte de los documentos de la misma.
[…] Los pliegos de condiciones, los adendos y oficios mencionados anteriormente formarán parte integral del contrato que se celebre.
Es entendido que a los pliegos de condiciones, los adendos, oficios, formatos, anexos, entre otros, se complementan entre sí y cualquier mención, especificación o detalle que aparezca en un documento y no esté contemplado en otro, se tendrá como valedero para las condiciones de la licitación” (énfasis de la Sala).
5.7.1.5. Se previó, por otra parte, en el pliego (aptado. 3.1.3) que:
“Con el propósito de aclarar dudas y dar a conocer el estado general de la documentación objeto de esta licitación, se hará una visita de carácter obligatorio el día […] en la bodega ubicada en […] lugar en donde se encuentran los aproximadamente 600.000 expedientes. || Los que no asistan se sujetarán a los términos de la propuesta” (subrayado añadido).
5.7.1.6. Se programó, asimismo, una audiencia a realizarse el día anterior al de la visita, “[c]on el objeto de precisar el contenido y alcance de los pliegos y condiciones y de oír a los interesados […]. En esta audiencia se dará lectura a las inquietudes presentadas previamente por los proponentes, en medio magnético y en forma impresa […]” (aptado. 3.1.4).
5.7.1.7. Dentro de los derechos del contratista, se previó (aptado. 3.3.3.1) el de:
“Recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.
Por lo tanto tendrá derecho, previa solicitud, a que el Instituto de Seguros Sociales le restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas e irresistibles que no le sean imputables”.
5.7.1.8. Las obligaciones previstas del contratante consistían, “entre otras”, en:
“3.3.4.1. Ejecutar a cabalidad el objeto del contrato.
3.3.4.2. Garantizar la calidad del objeto de la licitación.
3.3.4.3. Colaborar con el Instituto de Seguros Sociales para el cabal cumplimiento del objeto del contrato y de manera general obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. […]”.
5.7.1.9. Con respecto a los requerimientos de recurso humano, se especificó que “[d]e cualquier manera, el proponente deberá contar a su cargo y costo con el personal necesario para cumplir con calidad del objeto del contrato” (aptado. a.8). Sobre la visita, se indicó asimismo que se realizaría “[…] con el fin de conocer el estado general de la documentación” (aptado. b.1).
5.7.1.10. Sobre la organización, se especificó en el formato de requerimientos del pliego que: (i) “[l]a ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los expedientes, los tipos documentales se ordenarán de tal manera que se pueda evidenciar el desarrollo de los trámites” (aptado. c.2); y que correspondía (ii) “[d]iseñar e implementar una base de datos del inventario de los expedientes de prestaciones económicas” (aptado. c.4); (iii) “[o]rganizar archivísticamente los expedientes de prestaciones económicas, aplicación de las circulares 004 de 2003 y 012 de 2004 del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Archivo General de la Nación” (aptado. d.1); (iv) “[e]laborar y entregar una base de datos con la información de los expedientes de prestaciones económicas” (aptado. d.5).
5.7.1.11. El formato 3, que debía ser presentado con la propuesta (aptado. 4.1.5), contenía un cuadro como el siguiente:
RELACIÓN DE PRECIOS
DESCRIPCIÓN
VALOR UNITARIO
VALOR
TIEMPO ESTIMADO
PROCESO DE ORGANIZACIÓN ARCHIVÍSTICA (CANTIDAD DE EXPEDIENTES POR MES)
UNIDAD /
CAJA
VALOR / TOTAL
TOTAL
IVA
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA
“ESTE FORMATO DEBERÁ CONTENER LOS PRECIOS POR EXPEDIENTE ORGANIZADO, FOLIADO, LEGAJADO, ALMACENADO Y CONSERVADO Y EL VALOR DE LA ADMINISTRACIÓN POR CADA UNO DE ELLOS. EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROCESO NO PUEDE SUPERAR”.
5.7.2. Copia simple del contrato núm. 056 (“Contrato 56 de 2006”), del veintisiete (27) de diciembre de dos mil seis (2006), que Almarchivos LTDA y el ISS suscribieron, con el que:
“EL CONTRATISTA se compromete para con EL INSTITUTO a prestar los servicios de organización, foliación, legajacion, almacenamiento, conservación, consulta y administración de los expedientes de las solicitudes de prestaciones económicas resueltas que se encuentran actualmente en el archivo de la Seccional de Cundinamarca del Instituto, con fundamento en la Ley 594 de 2000 y Circular 044 de 2003 y de conformidad con la propuesta presenta por el CONTRATISTA; documentos que hacen parte integral del presente contrato” (cláusula 1ª).
5.7.2.1. El plazo pactado de ejecución del Contrato 56 de 2006 fue de once (11) meses, “contados a partir del perfeccionamiento y legalización del presente contrato”, en los que “el Contratista se compromete a entregar a entera satisfacción del Instituto los expedientes de la Seccional Cundinamarca del Instituto debidamente organizados, foliados, legajados, almacenados y conservados, con fundamento en la Ley 594 de 2000, Circular 004 de 2003 y de conformidad con la propuesta presentada” (cláusula 2ª).
5.7.2.2. Como precio y forma de pago estipularon:
“CLÁUSULA TERCERA.- VALOR: El valor total del presente contrato es por la suma de Mil trescientos Cuarenta y seis millones setecientos sesenta mil pesos M.L. ($1.346.760.000) incluido el IVA. CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor estipulado en la cláusula anterior lo pagará el INSTITUTO al CONTRATISTA así: la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (275.000.000) como anticipo del valor del contrato, una vez se encuentre debidamente legalizado, junto con los soportes legales y la respectiva certificación expedida por el Interventor. El valor restante se cancelará por certificación expedida por el INTERVENTOR. El valor restante se cancelará por mensualidades vencidas, de acuerdo con el porcentaje de avance de la ejecución del contrato que equivale al número de expedientes debidamente organizados, foliados, legajados, almacenados y conservados, de conformidad con el Formato No. 2 (propuesta económica), presentada por el proponente. Para tal efecto, del trámite del pago EL CONTRATISTA deberá presentar la correspondiente factura dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición del certificado de cumplimiento otorgado por el interventor del contrato” (énfasis de la Sala).
5.7.2.3. En cuanto a las obligaciones de las partes, se acordó que:
“EL CONTRATISTA se obliga para con el Instituto a cumplir con las obligaciones propias e inherentes a la naturaleza y objeto de este contrato, a las contenidas en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, y en especial a administrar el archivo de los expedientes de prestaciones económicas que asciende aproximadamente a seiscientos mil (600.000), b) Las actividades se realizarán en las instalaciones del Instituto de Seguros Sociales, bodega ubicada en la Carrera 66 No. 70ª-25 de la ciudad de Bogotá, o en el sitio que la entidad destine para ello; c) Obrar con lealtad y buena fe evitando dilaciones y entrabamientos; d) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho; e) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto contratado; e) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto contratado; f) Radicar la factura comercial dentro del plazo convenido; g) Garantizar la óptima calidad de los bienes contratados; h) El CONTRATISTA deberá acreditar al interventor del contrato los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral […] i) Las demás que se desprendan de la propuesta presentada por EL CONTRATISTA”. […] El INSTITUTO se compromete a: a) Pagar el valor correspondiente conforme a lo dispuesto en la Cláusula Cuarta del presente contrato; b) Impartir instrucciones, coordinar, controlar y prestar la asesoría requerida por EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto contratado; c) Suministrar al contratista la información necesaria para el cumplimiento y ejecución del contrato” (cláusulas 5ª y 6ª).
5.7.2.4. En todo caso, el ISS y Almarchivos LTDA precisaron que:
“Hacen parte integral de este contrato: a) La justificación y demás documentos antecedentes; b) El original de la propuesta presentada POR EL CONTRATISTA; c) Los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos por el Jefe del Departamento Nacional de Presupuesto del Instituto” (cláusula 14ª).
5.7.2.5. Por otra parte, el ISS y Almarchivos LTDA pactaron en la cláusula 11ª del Contrato 56 de 2006 que:
“[…] para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato, acudirán a los procedimientos de transacción, amigable componedor o conciliación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley 80 de 1993”.
5.7.2.6. No obstante, acordaron en el Contrato 56 de 2006 que:
“Este contrato se liquidará en los términos y plazos previstos en el artículo 60 de la Ley 80 de 19993, dentro del término máximo de cuatro (4) meses contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del mismo o de la fecha del acuerdo que la disponga. PARÁGRAFO PRIMERO.- DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por el Instituto de Seguridad Social y se adoptará por acto administrativo motivado. […]”.
5.7.2.7. Por último, estipularon en la cláusula 23ª que;
“Serán a cargo de EL CONTRATISTA todos los impuestos y gastos que se generen por la legalización y ejecución del contrato, en tal sentido, los valores previstos en las tarifas del EL INSTITUTO vigentes a la fecha de suscripción del presente contrato, son los valores máximos a cancelar”.
5.7.3. Copia simple del otrosí No. 1 al Contrato 056 de 2006[], en el que la fecha no fue especificada, en el que el ISS y Almarchivos LTDA acordaron:
“[…] modificar la Cláusula CUARTA DEL PRECITADO CONTRATO, que quedará como sigue.- CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO: El valor estipulado en la cláusula anterior lo pagará el instituto al contratista así: la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($275.000.000) como valor anticipado del contrato, una vez se encuentra debidamente legalizado, junto con el acta de inicio y la respectiva certificación expedida por el interventor. Las demás cláusulas del Contrato No. 056 del 27 de diciembre de 2006, no modificadas, continúan vigentes” (subraya la Sala).
5.7.4. Copia simple del acta de inicio del Contrato 56 de 2006, suscrita el quince (15) de enero de dos mil siete (2007) por el interventor y el representante de Almarchivos LTDA.
5.7.5. Copia simple del acta parcial de cumplimiento de obligaciones del Contrato 56 de 2006[], suscrita por la interventora y el representante del Contrato 56 de 2006, el veinticinco (25) de julio de dos mil siete (2007), en la que, entre otros, consta que el representante de Almarchivos manifestó “[a]mpliación de espacio de almacenamiento de las unidades de conservación”. Por su parte, dijo la interventora que: “[e]n apoyo con la Asesora de Vicepresidencia de Pensiones se compromete a fecha 6 de agosto/07 acondicionar espacio, solicitado por Almarchivos”; y que “[e]n cuanto al pago de la factura #5637, la misma corresponde al 8.5155% porcentaje de avance de ejecución del contrato No. 056, a corte de junio de 2007”.
5.7.6. Copia simple del escrito del veintitrés (23) de octubre de dos mil siete (2007), con el que la interventora del Contrato 56 de 2006 “objetó” la factura núm. 5779 del dieciséis (16) de octubre de dos mil siete (2007), que había emitido Almarchivos LTDA, por un monto de quinientos treintaidós millones doscientos veintidós mil quinientos sesenta y cuatro pesos ($532.222.564). Tomó en consideración que:
“Los pagos efectuados a la fecha son, Anticipo $275.000.000 mas [sic] pago parcial por $114.683.348, para un total de 389.638348; así las cosas a corte 30 de septiembre de 2007 la firma Almarchivos ha soportado 290.42 expedientes procesados, por el valor unitario de cada expediente $2.244.60, lo que refleja que a la fecha debe el instituto de Seguro Social, soportar el pago de $651.948.559, por el avance que ha soportado la firma Almarchivos, valor al cual debe restarse el valor del anticipo y el pago parcial efectuado mediante factura No. 5637 de 11 de julio de 2007, quedando pendiente por pagar $262.265.211 y no como lo señala la firma Almarchivos en la factura 5779 […] valor que de reconocerse iría en detrimento del patrimonio del I.S.S., y sobrepasaría lo realmente ejecutado a corte 30 de septiembre de 2007 por parte de la Firma Almarchivos Ltda.”.
5.7.7. Copia simple del oficio CA-2007-112 del veintidós (22) de noviembre de dos mil siete (2007), mediante el cual Almarchivos LTDA le manifestó a la interventora del Contrato 56 de 2006 que en la visita realizada el 5 de diciembre de 2006 había realizado mediciones y muestras aleatorias de los archivos a intervenir, para determinar su “volumen real”, con base en lo cual habían determinado el “precio de intervención archivística del metro lineal”, conforme a la metodología de “la norma NTC 5029”, que comúnmente aplicaban, según porque se solía desconocer el número exacto de archivos a intervenir. En razón a ello, afirmó que, para la empresa, el número aproximado de 600.000 expedientes calculados inicialmente por el ISS “[…] resulta irrelevante […] puesto que el cálculo económico para llevar a cabo la ejecución del proyecto, en lo que tiene que ver con el personal necesario, insumos, suministros, tiempos y estadísticas de producción se efectuó tomando como unidad de medida el metro lineal intervenido, independientemente de la cantidad de carpetas que lo conformaban”. Agregó que había intervenido 189,9 metros lineales adicionales a los que se encontraban en el archivo central, había atendido 3500 consultas mensuales más de las previstas, aportado 30.000 carpetas celugía yute y costeado el fotocopiado, que no estaba contemplado.
5.7.8. Copia simple de la factura núm. 5557 del cinco (5) de diciembre de dos mil siete (2007), que Almarchivos LTDA emitió a nombre del ISS, por un monto de cuatrocientos sesenta y tres millones trescientos diecinueve mil ciento nueve pesos ($463’319.109), con la siguiente descripción:
“Culminación y/o ejecución del 100% del proyecto de prestación de servicios de organización, foliación, legajación, almacenamiento, conservación y administración de los expedientes de las solicitudes de prestaciones económicas resueltas, que se encuentran actualmente en el archivo de la seccional de Cundinamarca del instituto de seguro social, según contrato No. 056-2006”.
5.7.9. Copia simple del acta de entrega final del Contrato 56 de 2006[], suscrita por representantes del ISS, la interventora del Contrato y Almarchivos LTDA, el veinte (20) de diciembre de dos mil siete (2007), en la que consta que, en cumplimiento de dicho contrato:
“[…] se hace entrega de la totalidad de los expedientes de prestaciones económicas resueltas de pensionados de la Seccional Cundinamarca debidamente organizados, es decir: Foliados, legajados, almacenados, conservados, consultados y administrados que conforman el 100% de la totalidad del Fondo Documental Acumulado existente en el archivo de la Avenida Rojas y los expedientes transferidos de los CAP y demás oficinas del ISS […]”.
Consta, además, que Almarchivos LTDA hizo entrega de 419.993 expedientes organizados y 417.775 digitalizados.
5.7.10. Copia simple del oficio CA-2008-005 del veintitrés (23) de enero de dos mil ocho (2008), en el que Almarchivos LTDA solicitó a la interventora del Contrato 56 de 2006 el pago de la factura 5857 del 5 de diciembre de 2007, por $463’319.109, y que el acta de liquidación fuera ajustada, para incluir $99’000.000 por el alquiler estimado de la adecuación y montaje de infraestructura que correspondía al ISS, $27’776.400 por el mayor número de consultas, y $1’800.000 por el troquelado de 9000 carpetas, más los intereses moratorios.
Almarchivos LTDA argumentó que “el negocio contractual no se llevó acabo por unidad de obra sino por precio global”, debido a que: (i) en comunicación del 3 de octubre de 2006, el ISS había manifestado que los aproximadamente 500.000 expedientes a intervenir se encontraban en un área de 419,25 m2; (ii) en la visita técnica había calculado que “el volumen documental real a intervenir era de 2.906,5 metros lineales, los cales convertidos a expedientes de 60 folios equivalían a 339.056”, con base en la metodología de la “norma técnica colombiana NTC 5029”; (iii) del encabezado y las cláusulas 3ª y 4ª del Contrato “se desprende, con absoluta convicción, que el valor restante equivale al saldo de valor del contrato después descontado el anticipo y que el formato No. 2 (sic) está atado única y exclusivamente para el avance en la ejecución del proyecto y es el resultado de tomar el valor de la propuesta y dividirla por el número de expedientes que determinó la entidad, es decir 600.000”; (iv) la factura 5637 de 11 de julio de 2007, por $114’683.348, fue cobrado el 8,51% de avance de ejecución, atendiendo al texto de la cláusula 4ª, “es decir, por el porcentaje de avance sobre el valor global del precio pactado en la Cláusula Tercera del mismo, porcentaje de avance certificado por la Interventora”, pese a que habían sido intervenidos cerca de 290.000 expedientes, pero, al faltar la “hoja de control”, no fue autorizado el pago; (v) la factura 5779 del 16 de octubre de 2007 correspondió a un avance de ejecución del 39,89% del proyecto, que fue devuelta por el ISS para que fuera descontado el anticipo, “abusando de su poder”; (vi) “[e]l precio por expediente, no está determinado en ninguno de los apartes del pliego de condiciones o del contrato, ni existe una cláusula o parágrafo que señale con absoluta precisión que si está por debajo el número de expedientes resultantes de los iniciales previstos por el I.S.S., se modificará el valor del contrato”; y que (vii) finalmente fue radicada la factura 5857 del 5 de diciembre de 2007, por $463.319.109, correspondiente al saldo restante del 100% de ejecución contractual.
5.7.11. Copia simple del acta de liquidación total del Contrato 56 de 2006[], suscrita únicamente por el interventor el catorce (14) de abril de dos mil ocho (2008), con el siguiente cuadro:
BALANCE GENERAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 056 DE 27 DE DICIEMBRE DE 2006
Valor inicial del contrato
$1.346.760.000
Pago anticipado
$275’000.000
Valor ejecutado, factura #5673 de 11-07-2007
$114.683.348
Valor ejecutado, factura #5799 de 29-10-2007
$493.757.543
Valor total ejecutado
$942.714
Valor sin ejecutarse
$404.045.957
Saldo a favor del contratista
$59.273.152
Saldo a liberar por el ISS
$404.045.957
SUMAS IGUALES
$1.346.760.000
$1.346.760.000
$1.346.760.000
La interventoría tomó en consideración que en el Contrato 56 de 2006 se había pactado que el pago se haría por mensualidades vencidas de acuerdo al porcentaje de avance de ejecución, que equivalía al número de expedientes organizados, y que “mediante otrosí No. 1 de fecha 27 de diciembre de 2006, se aclaró la cláusula cuarta del contrato principal en el sentido de definir como pago [sic] que el pago de los DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($275.000.000) correspondía a un pago anticipado”.
5.7.12. Copia simple del oficio 4285 del diez (10) de abril de dos mil ocho (2008), mediante el cual el director jurídico nacional del ISS manifestó a la vicepresidenta de pensiones que: (i) en el Contrato 56 de 2006 se había pactado que el pago se realizaría por mensualidades, de acuerdo con el porcentaje de ejecución que equivalía al número de expedientes organizados, y que era claro que el referido número de 600.000 expedientes era un aproximado; (ii) los análisis de mercado y la justificación del proceso de contratación se hicieron por expediente; (iii) en el cuadro de presupuesto que formó parte de la licitación pública Nº 001 de 2006 se especificó el valor unitario de organización por expediente, teniendo en cuenta que la Circular 004 de 2003 y el Acuerdo 002 de 2004 establecían los documentos que debían formar parte de las historias laborales, la obligación de verificar los documentos que conforman cada expediente y deberán organizarse por carpetas; (iv) al recibir invitación a cotizar, Almarchivos LTDA presentó un portafolio en el que preveía un costo de $2.721 más IVA por la organización básica de cada expediente, y de $454 más IVA por su foliación; (vii) con las cotizaciones, el ISS presupuestó un precio de $2.244,60 por expediente, con el IVA incluido; y que (viii) en el formato núm. 3, con la relación de precios adjunta a la propuesta de Almarchivos LTDA presentó un número de expedientes organizados mensualmente con el precio correspondiente que, en total, arrojaban la suma de $1.346’760.000, “razón por la cual no puede pretender la mencionada firma que desde el comienzo debería cobrar el valor total de su propuesta independiente que organizara los 600.000 expedientes o menos, tal y como actualmente lo asevera”.
5.7.13. Copia simple del oficio CA-2008-094 del diecisiete (17) de septiembre de dos mil ocho (2008), con el que Almarchivos LTDA solicitó al ISS el pago de la factura 5857 del 5 de diciembre de 2007, más intereses, que había radicado el 23 de enero de 2008, por lo que habría operado el silencio administrativo positivo, según los artículos 45 del CCA y 25.16 de la Ley 80 de 1993, cuyo cumplimiento solicitaba, con el pago de $463’319.109, correspondientes a la factura 5857, más $99’000.000 por mayores costos de montaje de infraestructura, $27’776.400 por atención de consultas que excedían las previstas u $1’800.000 por troquelado de carpetas en propalcote, con intereses moratorios a la máxima tasa legal establecida.
5.7.14. Copia simple de la resolución núm. 4822 del veintiuno (21) de noviembre de dos mil ocho (2008) (“Resolución 4822 de 2008”), mediante la cual el ISS liquidó unilateralmente el Contrato 56 de 2006, reconoció el pago de cincuenta y nueve millones doscientos setenta y tres mil ciento cincuenta y dos pesos ($59’273.152) a Almarchivos LTDA, y liberó cuatrocientos cuatro millones cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete pesos ($404’045.957), tomando en cuenta el proyecto de acta de liquidación referida anteriormente, y que las inconformidades frente a esta planteadas por Almarchivos LTDA en el oficio CA-2008-005 habían sido resueltas desfavorablemente por la interventora.
5.7.15. Copia simple del recurso de reposición y, en subsidio, apelación de Almarchivos LTDA contra la Resolución 4822 de 2008[]. Argumentó que se había configurado el silencio administrativo positivo ante la solicitud que había presentado para recibir el pago de todo lo pedido, por lo que el ISS actuaría en contra de la buena fe y se enriquecería sin justa causa al no efectuar el pago solicitado.
5.7.16. Copia simple de la resolución núm. 00016 del veintitrés (23) de febrero de dos mil nueve (2009) (“Resolución 16 de 2009”), con la que el ISS resolvió desfavorablemente el recurso reposición contra la Resolución 4822 de 2008, al considerar que no había operado el silencio administrativo positivo y que había liquidado unilateralmente el Contrato 56 de 2008, conforme a derecho. Presentó la actora, asimismo, copia simple de la resolución núm. 055 del veintinueve (29) de mayo de dos mil nueve (2009), con la que fue aclarado un párrafo de la parte resolutiva del anterior acto.
5.7.17. Copia simple de la resolución núm. 5433 del catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009) (“Resolución 5433 de 2009”), con la que fue desestimado el recurso de apelación contra la Resolución 4822 de 2008, por las mismas razones expuestas en la Resolución 16 de 2009, a las que agregó que existía claridad sobre las condiciones del pago, que se realizarían de acuerdo con el número de expedientes.
5.7.18. Los anteriores documentos fueron aportados en copia simple, ante la falta de respuesta a la petición formal radicada el veintidós (22) de junio de dos mil once (2011), con la que Almarchivos LTDA solicitó a la secretaria general del ISS copia auténtica del (i) Contrato 56 de 2006 y las facturas pagadas por su ejecución; (ii) las resoluciones núm. 488 del 21 de noviembre de 2008, 00016 del 23 de febrero de 2009 y 5433 del 14 de septiembre de 2009; (iii) los informes parciales y el informe final de interventoría; y (iv) las actas suscritas en la ejecución del contrato. Por lo tanto, pese a que el artículo 139 del CCA requería la presentación de los actos demandados en copia auténtica, serán valorados ante la negativa implícita del ISS, al no dar respuesta conforme al artículo 23 de la Constitución.
Los documentos referidos previamente fueron decretados como pruebas, conforme al valor que le otorga el artículo 252 del CPC, modificado por el artículo 11 de la Ley 1395 de 2010[]. Atendiendo a los artículos 244 y 246 del CGP y a la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera, sin que las copias simples presentadas hubieren sido tachadas de falsas en el proceso, la Sala presumirá la autenticidad de tales documentos, es decir, que existe certeza sobre la persona que lo elaboró.
Algunos de los documentos fueron proferidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, por lo que son documentos públicos que hacen fe de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza, atendiendo a lo establecido en el CPC, el CGP y al principio de legalidad que, de forma particular, orienta las actuaciones de las autoridades públicas, en un ámbito exhaustivamente disciplinado por la ley y reglamentos, como lo es la contratación pública.
5.7.19. Por otra parte, fueron practicados en este proceso proceso los siguientes testimonios solicitados por la parte actora.
5.7.19.1. Javier Ibán Umaña dijo haberse vinculado a Almarchivos LTDA en 2007, como director del proyecto de organización de expedientes de los pensionados de la regional Cundinamarca del ISS, y que: (i) el ISS no conocía el volumen total en folios expedientes ni dispuso de las condiciones de infraestructura necesarias para el personal; (ii) el número de los documentos iba aumentando, porque llegaban de diferentes sedes y pocos tenían 60 folios, siendo además el número de consultas mayor al previsto, por lo que se presentó un desfase con respecto a lo pronosticado en razón a las mediciones efectuadas inicialmente en metros lineales; (iii) el promedio del precio del metro lineal en el mercado era entonces de $380.000 y fue intervenida una cantidad superior a los metros inicialmente calculados; (iv) el desfase existente fue comunicado al ISS, que respondió que el pago se efectuaría en función al número de expedientes, lo que consideró que no era acertado, porque el ISS debería haber tenido claro, desde el inicio, el volumen y las características de los expedientes, y “[p]orque para la intervención de metros lineales existe un valor y para la intervención de expedientes de pensionados que son similares a las historias laborales se maneja un valor por carpeta o unidad documental que sea acorde a la realidad de los documentos a intervenir”; (v) Almarchivos tuvo que suministrar una gran cantidad de carpetas celugía yute, porque la mayoría de expedientes estaban muy deteriorados; (vi) el suministro de implementos de fotocopiado que prestaba el ISS fue suprimido, por lo que Almarchivos tuvo que asumir esos costos, que no había previsto; (vii) Almarchivos asumió la adecuación del espacio físico, pero no le consta el valor de las erogaciones con ello ocasionadas; (viii) no le consta que Almarchivos hubiera solicitado créditos a diferentes entidades bancarias para solventar el déficit de la empresa; (ix) “[e]s más dispendiosa la organización de un expediente de pensionados que tiene características similares a la de una historia laboral los cuales se cobran en el mercado por unidad documental y en cambio para la organización de un fondo acumulado se establece su costo por metros lineales de los cuales se excluyen expedientes como los mencionados anteriormente” ; y que (x) las entidades contratantes generalmente disponen de áreas y elementos de trabajo.
5.7.19.2. Alexander Sierra Canchilla dijo haber ingresado a Almarchivos en 2003, como coordinador de almacenamiento y custodia de archivos, y que había pasado en 2005 a la parte comercial, en la que participaba en la elaboración de propuestas económicas y técnicas de nuevos negocios, y que (i) acudió a la visita de la bodega del ISS, en la que funcionarios les enseñaron la documentación almacenada y las condiciones en que se encontraba, pero no precisaron “el volumen aproximado de metros lineales de documentación objeto de intervención”, siendo así insuficiente la información; (ii) ante ello, “se procedió a realizar una medición física, consistente en el conteo del número de entrepaños por estante de los cuales reposaban los expedientes”, “[d]el número de entrepaños más un número de expedientes que se encontraban en el suelo en el piso, más otro número aproximado de expedientes que iban a llegar a esa bodega durante la ejecución del proceso, de ese total se aplicó una operación aritmética la cual nos dio como resultado un número aproximado de metros lineales en esa bodega”; (iii) este método de medición es muy confiable y se encuentra en la normativa NTC 5029; (iv) Almarchivos incluyó un informe de la visita en su propuesta, con base en el cual elaboró sus proyecciones; (v) la organización de un fondo documental, como la requerida por el ISS, es un proceso global, que comprende “la aplicación de diversas actividades aplicables al conjunto total de documentos y no a un número determinado de expedientes, por eso se tomó como base para poder hacer los cálculos, los metros lineales de documentación, indiferentemente del número de expedientes que pudiesen existir en ese fondo documental”; (vi) al ISS le correspondía brindar los datos para la elaboración del informe, por ser “la propietaria de ese fondo documental y se suponía que para el control del mismo el INSTITUTO poseía herramientas tecnológicas con bases de datos, las cuales podían arrojar una estadística del número de expedientes existentes”; (vii) las cláusulas 1ª, 2ª y 3ª del Contrato 56 de 2006 corresponden a la proyección de Almarchivos, “puesto que esas tres cláusulas era el global o el conjunto del objeto a desarrollarse que era en sí, lo más importante para el cálculo económico que era el plazo, el objeto y el presupuesto oficial estimado por la entidad”; (viii) el volumen de documentos intervenidos y de consultas absueltas fue muy superior al previsto; (ix) puso al ISS en conocimiento de lo anterior, el cual respondió que el pago se haría según el número de expedientes intervenidos; (x) el precio del mercado del metro lineal intervenido, en 2007, era de $380.000; (xi) en la audiencia pública de aclaraciones de los pliegos de condiciones, el ISS manifestó que suministraría los implementos de fotocopiado, pero luego manifestó que no era posible, por lo que Almarchivos tuvo que asumirlo para darle cumplimiento al Contrato 56 de 2006; (xii) Almarchivos asumió la adecuación física del lugar, con un costo de $99’000.000, para lo cual se obtuvieron cotizaciones; (xiii) Almarchivos tuvo que aportar 30.000 carpetas celuguía yute, debido a que “se intervino un volumen documental y las carpetas necesarias para poder organizar esa informe el Instituto de Seguros Sociales no la suministró”; (xiv) el número de expedientes era “totalmente independiente” de la proyección económica del Contrato 56 de 2006, “puesto que el costeo y la proyección económica que se efectuó se realizó tomando como unidad de medida la cantidad de metros lineales de documentos que conformaban el fondo objeto de intervención, por tanto el número de expedientes para este cálculo era irrelevante”; y que (xv) Almarchivos cumplió el 100% del Contrato 056 de 2006.
5.7.20. Los anteriores testimonios provienen de personas que tuvieron contacto con la preparación y la ejecución del Contrato 56 de 2006. Se muestran coherentes entre sí, salvo en la razón por la cual afirman que Almarchivos tuvo que proporcionar un gran número de carpetas celuguía yute, lo que es un elemento relevante en las pretensiones de la actora. No pasa la Sala por alto, por demás, la relación comercial que unió a los testigos con la firma demandante y la particularmente prolongada relación con el señor Sierra Canchilla, quien manifestó que trabajaba en la empresa desde 2003, por lo que sus declaraciones no son completamente imparciales. Lo declarado, por lo tanto, será valorado en contraste con las demás pruebas practicadas en el proceso.
5.7.21. Como lo ha resaltado Almarchivos LTDA en este proceso, en la demanda, solicitó:
«Que se ordene al Instituto de Seguros Sociales la exhibición de los documentos [sic] de los siguientes documentos que reposan en los archivos de la Vicepresidencia de Pensiones del demandado:
Contrato VP 056 del 27 de diciembre de 2006 suscrito entre el Instituto de Seguro Social [sic] y Almarchivos LTDA, de los otrosíes que contenga, de todas las pólizas y documentos de legalización, acta de inicio.
De las Resoluciones # 4822 del 21 de noviembre de 2008 “Por medio de la cual se liquida unilateralmente el contrato 056 de 2006 (…)”, la # 00016 del 23 de febrero de 2009 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición (…)” la # 055 del 29 de mayo de 2009 “por la cual se aclara la resolución 00016 de 2009 (…)”, y la # 5433 del 14 de septiembre de 2009 “Por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación (…)” y de sus constancias de citación y notificación.
De las facturas efectivamente canceladas en virtud de la ejecución del Contrato VP 056 de 2006.
Del Informe Final de Interventoría, y de los Informes Parciales de Interventoría.
De las actas suscritas entre las partes en virtud de la ejecución del contrato mencionado.
Los antecedentes de la contratación».
5.7.21.1. Ante esta solicitud, se decretó en el auto del 3 de septiembre de 2013[]:
“[…] la exhibición de documentos, solicitada a folios 20 y 21 de la demanda, para lo cual la secretaría elaborará el correspondiente aviso dirigido a la Vicepresidencia de Pensiones del Instituto de Seguro Social en liquidación, aportando copia de los mencionados folios, para la práctica de dicha prueba se señala el día martes ocho (8) de octubre de 2013 a las ocho y treinta de la mañana (8:30 am).
La anterior decisión se notificará por Aviso a la entidad demandada, quien podrá oponerse conforme al artículo 285 del Código de Procedimiento Civil; el trámite de la notificación por aviso deberá acreditarlo el apoderado de la parte demandante”.
5.7.21.2. En el expediente obran copia del oficio de notificación por aviso S-1C-3C3553 LHL y acta de la diligencia de exhibición de documentos, en la que el apoderado del ISS no compareció.
5.7.22. El Código General del Proceso (“CGP”), en consonancia con el CPC, establece que la exhibición de documentos es procedente cuando se pretende utilizar documentos que se hallen en poder de la otra parte (artículos 283 CPC y 265 CGP). Agregan el CGP y el CPC que quien pida la exhibición debe expresar “los hechos que pretende demostrar y deberá afirmar que el documento se encuentra en poder de la persona llamada a exhibirlo, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos” (artículos 284 CPC y 266 CGP). Se permitía asimismo la oposición de la parte a la que le correspondiera exhibir los documentos y si el juez “no la encontrare justificada y su hubiere acreditado que el documento estaba en poder del opositor, tendrá por ciertos los hechos que quien pidió la exhibición se proponía probar, salvo cuando tales hechos no admitan prueba de confesión, caso en el cual la oposición se apreciará como indicio en contra del opositor” (artículos 285 CPC y 267 CGP). Lo mismo procede en caso de que la parte no exhibiera los documentos (ejusdem). A su vez, establece el CGP, en línea con el CPC, que la confesión espontánea de los representantes judiciales de entidades estatales no vale ni puede provocarse en interrogatorio (artículos 199 del CPC y 195 del CGP).
A la luz de las anteriores consideraciones, teniendo en cuenta que el demandante no especificó los hechos concretos que buscaba probar con la exhibición de documentos y que algunos de los que eran objeto de la exhibición fueron aportados al proceso en copia simple, y valorados con mérito análogo al de los originales, la Sala inferirá los indicios a que haya lugar por la ausencia injustificada del ISS a la audiencia programada.
El incumplimiento por interpretación y modificación unilateral irregular
5.8. Conforme a las pruebas practicadas, la Sala encuentra que, desde el inicio del proceso licitatorio V.P. 001 de 2006, se especificó que el negocio jurídico que se celebraría tendría por objeto la intervención de expedientes —como el mismo contrato se estipuló—, con la advertencia de que los proponentes debían informarse, por todos los medios disponibles, de los factores que pudieran influir en el costo de la propuesta, para lo cual se programó una audiencia, una visita a la bodega en la que se encontraban los aproximadamente 600.000 expedientes que serían intervenidos, y se habilitó a los participantes para que formularan preguntas hasta tres (3) días antes del cierre. En razón a ello, en el proceso licitatorio, se determinó que con la presentación de la propuesta, se aceptaba que habían sido aclaradas todas las dudas sobre los pliegos, anexos y formatos de forma satisfactoria, y que las condiciones eran suficientes para ejecutar el objeto de la licitación.
Aparte, según el pliego de condiciones, le correspondía explícitamente al contratista la ejecución cabal del objeto contratado, actuando con lealtad y buena fe en todas las etapas, lo que comprendía la ubicación de la documentación, de acuerdo con la conformación de los expedientes, su organización archivística y la elaboración de una base de datos, para lo que debía contar con todo el personal necesario a su cargo y costo. A su vez, la contratista tenía el derecho a recibir el pago oportuno de la remuneración pactada de la forma establecida en la cláusula 4ª y al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, a lo que el ISS estaba obligado, así como a instruir, coordinar, controlar, asesorar e informar al contratista.
También se especificó, desde el pliego de condiciones, que los pagos posteriores al anticipo serían cancelados mensualmente, conforme al avance de ejecución del contrato, que equivalía al número de expedientes intervenidos, como quedó plasmado en la cláusula 4ª del Contrato 56 de 2006[], aclarándose luego, con el Otrosí 1, que el primer pago correspondía a un valor anticipado, en lugar de un anticipo. Aparte, en el cuadro de relación de precios que debía presentarse con la propuesta, se especificaba el precio de intervención de cada expediente, con el plazo para ello estimado y en el Contrato 56 de 2006, se pactó que la contratista se obligaba en los términos de la propuesta, que formaba parte del contrato, junto con sus antecedentes, dentro de los que se encontraba el pliego de condiciones. Además, el ISS y Almarchivos LTDA manifestaron en el Contrato 56 de 2006 que al contratista correspondían todos los gastos de su ejecución y los valores previstos en las tarifas del instituto eran los valores máximos a cancelar.
5.9. Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que en los documentos del Contrato 56 de 2006, valorados en el proceso, era claro que el pago, al que estaba obligado el ISS, se realizaría en función del número de expedientes intervenidos, con un número aproximado de 600.000, siendo el precio de cada expediente definido en las propuestas —como la de Almarchivos LTDA— con cuya presentación aceptó que existía claridad suficiente sobre las condiciones especificadas del objeto de la licitación y que sus dudas habían sido resueltas. El monto del contrato definido en la cláusula 3ª era así el valor máximo a cancelar, como en el clausulado se aclaró.
No existía, sin embargo, claridad sobre el objeto y la forma de pago del Contrato 56 de 2006. Al respecto, el señor Sierra Canchilla —quien participó en la elaboración de la propuesta técnica y económica de Almarchivos LTDA— declaró haber acudido a la visita realizada durante la licitación y que era insuficiente la información suministrada por el ISS, al no contar con la medición de documentos a intervenir en metros lineales. No cabía, por demás, esperar que, como lo manifestó aquel, el ISS contara con una base de datos sistematizada para brindarle la información que requería, ya que ese era justamente el objeto del contrato que tenía por objeto la licitación, lo que se especificó desde el pliego de condiciones. Llama además la atención de la Sala que la actora hubiera efectuado sus proyecciones con una valoración en metros lineales pese al texto del contrato y el pliego, ya que además —como lo atestiguó el señor Umaña, coordinador del proyecto en Almarchivos LTDA— era común que la intervención de expedientes de este tipo se valorara por unidad documental y no por metro lineal.
Advierte además la Sala que —como lo manifestó el señor Sierra Canchilla—, al formular la propuesta de Almarchivos LTDA, fueron tenidas en cuenta las cláusulas 1ª, 2ª y 3ª del Contrato 56 de 2006, centrándose en el plazo, el objeto y el presupuesto oficial estimado, mas no se habrían tenido en especial consideración la cláusula 4ª, que determinaba la obligación de pagar del ISS, en función del número de expedientes, ni el pliego y la propuesta en la que se especificaba el precio de cada expediente, que se integraba al contrato, como se expuso anteriormente.
En definitiva, Almarchivos LTDA presentó su propuesta en la licitación pública V.P. 001 de 2006, con lo que manifestó tener la claridad requerida y asumir las consecuencias de lo contrario, sin tener realmente claro lo que —a su entender— era necesario para realizar una proyección económica para la intervención de expedientes y especificar la forma en que se retribuiría, ni tener en especial condición la forma en la que se efectuaría el pago al que el ISS estaba obligado y que el negocio jurídico tendría por objeto la intervención de expedientes.
5.10. La Sala encuentra, por otra parte, que —conforme las pruebas documentales prácticas— la factura 5779, emitida cuando faltaban dos (2) meses para que se cumpliera el plazo contractual, fue objetada por la interventora, quien tenía que certificarla para su pago, al considerar que debía liquidarse el precio en función del número de expedientes intervenidos. Ante ello, Almarchivos LTDA adujo —como lo hizo en la demanda— que había proyectado el balance económico del contrato con base en la medición (en metros lineales) realizada en el proceso licitatorio, por lo que resultaba irrelevante el número de expedientes, además de haber tenido que intervenir un número mayor de expedientes, resolver más consultas de las que había previsto inicialmente, aportar 30.000 carpetas y costear el fotocopiado.
5.11. Al punto, esta Subsección advierte que la visita a la bodega del ISS en la que se encontraba la documentación tenía dentro de sus cometidos el de determinar el estado en el que los expedientes se encontraban. Por lo tanto, si —como lo manifestó el señor Umaña— el suministro de un gran número de carpetas hubiera sido necesario por el deterioro de los expedientes, esto debió haberlo advertido Almarchivos LTDA en la visita realizada. Mientras que si —según lo declarado por el señor Sierra Canchilla— ello respondiera a un error de cálculo, este sería imputable únicamente a la demandante, ya que, durante el proceso de contratación, se indicó que el número de expedientes era de 500.000 o 600.000, aproximadamente, y en total fueron organizados 419.993 expedientes.
5.12. Por otra parte, el señor Sierra Canchilla declaró que en la audiencia de aclaración de pliegos, el ISS manifestó que suministraría los implementos de fotocopiado. Los documentos antecedentes al Contrato 56 de 2006, como en aquellos en los que hubieran sido formuladas y resueltas las preguntas, forman parte de este negocio jurídico; y la accionante solicitó la exhibición de los antecedentes del contrato, sin que el representante del ISS acudiera a la diligencia programada. La apreciación de esta conducta no puede mover a la inferencia de una confesión, puesto que esta está proscrita, cuando de representantes de entidades estatales se trata. Debe, sí, apreciarse como un indicio grave de que el suministro de los implementos de fotocopiado había sido asumido por el ISS, pues así lo indica el testimonio de uno de los trabajadores de la firma demandante.
Ello, sin embargo, no es suficiente para establecer una obligación contractual de una entidad estatal, como el ISS, pues conforme a los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993[], el contrato estatal está sometido a formalidad escrita, por lo que no cabe inferir la existencia de una obligación contractual de la Administración que forma parte del núcleo del objeto del contrato partir de un indicio, y menos aun cuando —como en este caso— tal inferencia se opone al texto del Contrato 56 de 2006, en el que se pactó que todos los gastos que generara su ejecución estarían a cargo del contratista, siendo el precio valor máximo a cancelar.
5.13. Ahora bien, prosiguiendo con el recuento y análisis de los hechos acreditados, la Sala observa que, cuando faltaban diez (10) días para que culminara el periodo de ejecución del Contrato 56 de 2006, Almarchivos LTDA emitió la factura núm. 5557, por un monto de $463’319.109, que correspondía al restante del precio total por pagar. Y el 20 de diciembre de 2007, cuando había trascurrido cinco (5) días desde que finalizara el plazo de ejecución del Contrato 56 de 2006, fue suscrita el acta de entrega, en la que se dejó constancia de su cumplimiento por el contratista, mediante la intervención de 419.993 expedientes organizados y 417.775 digitalizados.
El 23 de enero de 2008, Almarchivos LTDA solicitó el pago de la factura núm. 5557, además de los costos de adecuación del espacio físico, las consultas imprevistas y el troquelado de carpetas que, afirmó, ascendían a $128’576.400, al considerar que el Contrato 56 de 2006 era de precio global fijo. Se opuso asimismo, en esa ocasión, al pago reconocido con la facturas 5637 de julio de 2007, así como a la devolución de la factura 5779 del 16 de octubre de 2007[].
Sin embargo, la interventoría presentó un proyecto de liquidación del Contrato 56 de 2006, en el que se reconocía el pago de $59’273.152, al considerar que se había pactado el pago por mensualidades vencidas, que era la forma en la que se había efectuado el pago de las facturas 5673 y 5799[]. Esta interpretación fue respaldada por el área jurídica del ISS, que agregó que los análisis de mercado, en los que Almarchivos LTDA había presentado cotización, se había hecho por expedientes, siendo esa la forma en que se habían formulado las propuestas.
Finalmente, Almarchivos LTDA reiteró lo argumentado para exigir el pago de la factura 5857 del 5 de diciembre de 2007, más los gastos adicionales, tras lo cual profirió el ISS la Resolución 4822 de 2008, con la que liquidó unilateralmente el Contrato 56 de 2006, con el reconocimiento del pago de $59’273.152 a la sociedad contratista, conforme al proyecto de la interventoría y los argumentos del área jurídica. La resolución fue repuesta y apelada por la contratista, que argumentó que había operado el silencio administrativo positivo para el pago, lo cual fue desestimado por el ISS en las Resoluciones 16 y 5433 de 2009[].
5.14. No fue reconocido el pago del precio total del Contrato 56 de 2006 ni lo correspondiente a los costos en que Almarchivos LTDA habría incurrido para los implementos de fotocopiado, para las carpetas con las que no había contado y para la adecuación del lugar de trabajo, cuyo reconocimiento y pago pretende con la demanda genitiva de este proceso.
Tras haber sido aclaradas anteriormente por la Sala las razones por las que no es procedente el reconocimiento de los supuestos gastos de carpetas y fotocopiado, y el reconocimiento del monto total del Contrato 56 de 2006, resulta oportuno recordar que en el acta de cumplimiento del 25 de julio de 2007, el representante de Almarchivos LTDA manifestó que era necesaria la ampliación del espacio físico, a lo que la interventora respondió que se comprometía a su adecuación, en apoyo con la asesora de la vicepresidencia de pensiones del ISS.
Sin embargo, según la cláusula 13ª del Contrato 56 de 2006, a la interventora le correspondía la vigilancia de su ejecución, la presentación de informes sobre su desarrollo y el reporte de irregularidades. No probó, sin embargo, la parte demandante la existencia de un acto de delegación o alguna otra modalidad de autorización extendida por el represente legal del ISS, para obligar contractualmente al dicha entidad, lo que corresponde al representante legal o a sus delegados y debía formalizarse con la suscripción de documento escrito, conforme a lo artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, citados anteriormente, y la cláusula 16ª del Contrato 56 de 2006[]. Al mantenerse así plenamente vigentes las estipulaciones contractuales de conformidad con las cuales le correspondía a Almarchivos LTDA asumir todos los gastos de su ejecución y contar con todo el personal necesario a su cargo y costo, no había lugar al reconocimiento de los gastos que por ello hubieran podido ocasionarse. Además, no se hizo referencia, en el acta del comité de obra referida, a la instalación de redes eléctricas, lámparas y puestos de trabajo, cuyo pago depreca la actora.
5.15. En definitiva, Almarchivos LTDA planteó una interpretación del Contrato 56 de 2006 y de los documentos que lo conformaban, correspondiente a unos lineamientos que, desde su perspectiva, regían los servicios de intervención de documentos de este tipo. Así, entendió la demandante que la cuantificación de la documentación debía hacerse por metro lineal, de acuerdo con los lineamientos de una norma técnica a la que no se hizo referencia en la licitación pública VP-001 de 2006 del ISS; que el pago también se haría de esa forma, pese a especificarse en el pliego y el clausulado del Contrato 56 de 2006, que se efectuaría conforme al avance en su ejecución en función al número de expedientes intervenidos, y en el cuadro con la relación de precios adjunto a la propuesta se especificaba el precio por expediente; que el número de expedientes correspondía al que cuantificó en la visita a las bodegas en que se encontraba la documentación, y no al número aproximado mencionado en los pliegos clausulado contractual; que, al contar con los medios, le correspondía al ISS suministrar información detallada sobre la documentación que sería objeto de la intervención, a pesar de que esos medios sería objeto del contrato; y que el ISS había asumido la obligación de adecuar el espacio físico, sin que el funcionario competente manifestara la voluntad del ISS.
Sin embargo, como lo ha considerado la Sección Tercera en su jurisprudencia unificada:
«En efecto, la buena fe subjetiva es un estado de convencimiento o creencia de estar actuando conforme a derecho, que es propia de las situaciones posesorias, y que resulta impropia en materia de las distintas fases negociales pues en estas lo relevante no es la creencia o el convencimiento del sujeto sino su efectivo y real comportamiento ajustado al ordenamiento y a los postulados de la lealtad y la corrección, en lo que se conoce como buena fe objetiva.
Y es que esta buena fe objetiva que debe imperar en el contrato tiene sus fundamentos en un régimen jurídico que no es estrictamente positivo, sino que se funda también en los principios y valores que se derivan del ordenamiento jurídico superior ya que persiguen preservar el interés general, los recursos públicos, el sistema democrático y participativo, la libertad de empresa y la iniciativa privada mediante la observancia de los principios de planeación, transparencia y selección objetiva, entre otros, de tal manera que todo se traduzca en seguridad jurídica para los asociados.
Así que entonces, la buena fe objetiva “que consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia”, es la fundamental y relevante en materia negocial y “por lo tanto, en sede contractual no interesa la convicción o creencia de las partes de estar actuando conforme a derecho, esto es la buena fe subjetiva, sino, se repite, el comportamiento que propende por la pronta y plena ejecución del acuerdo contractual”, cuestión esta que desde luego también depende del cumplimiento de las solemnidades que la ley exige para la formación del negocio.
Y esto que se viene sosteniendo encuentra un mayor reforzamiento si se tiene en cuenta además que esa buena fe objetiva, que es inherente a todas las fases negociales, supone la integración en cada una de ellas de las normas imperativas correspondientes, tal como claramente se desprende de lo preceptuado en el artículo 871 del Código de Comercio, con redacción similar al artículo 1603 del Código Civil, que prevé que los contratos deben “celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural.”
Por consiguiente la creencia o convicción de estar actuando conforme lo dispone el ordenamiento jurídico en manera alguna enerva los mandatos imperativos de la ley para edificar una justificación para su elusión y mucho menos cuando la misma ley dispone que un error en materia de derecho “constituye una presunción de mala fe que, no admite prueba en contrario”».
Así pues, atendiendo al texto del Contrato 56 de 2006 y a los documentos que a este se integran, así como al efectivo cumplimiento de las obligaciones que de aquel se desprenden, debe interpretarse el negocio jurídico, teniendo en cuenta que —como se ha reiterado en la jurisprudencia administrativa— el pliego de condiciones es un acto vinculante para la administración y los particulares, que disciplina el procedimiento licitatorio y que, al concluir, se integra al texto contractual. No cabe su desconocimiento, so pretexto del convencimiento personal de actuar conforme a derecho.
En el caso, mientras el ISS planteó una interpretación ajustada al texto contractual, al pliego y a la buena fe objetiva durante la ejecución del Contrato 56 de 2006, Almarchivos LTDA propuso una interpretación acorde a una concepción subjetiva de la buena fe, impropia de la contratación. Al ajustarse al texto contractual, la interpretación del ISS no representó, por tanto, una modificación de su clausulado, como la que podría suscitar la interpretación subjetiva planteada.
No pasa por alto la Sala, por demás, que la interpretación del ISS se ajustó a la aplicación práctica que los contratantes le habían dado, ya que, en un principio, fueron liquidadas las facturas conforme al criterio del ente contratante; y que la interpretación correspondió a la tenida en cuenta al realizar el análisis de mercado para la licitación y justificarla, por lo que es acorde a la intención de la Administración, de la que Almarchivos LTDA había tenido conocimiento al presentar cotización en esa fase.
5.16. En definitiva, la interpretación con la que, en los actos demandados, el ISS determinó el alcance de las obligaciones de Almarchivos LTDA y de su obligación de pagar el precio acordado, para liquidar así el contrato, respondió al texto del contrato y los documentos que lo integraban, así como a la buena fe objetiva, a la aplicación práctica dada por las partes y a la intención de la entidad. Es por tanto esta una interpretación ajustada a los cánones hermenéuticos, con la que la entidad demandada se determinó el alcance de las obligaciones sin modificarlas y, por tanto, acorde a las facultades de la Administración en la liquidación contractual.
El incumplimiento por la omisión de mecanismos de solución directa
5.17. Por último, aduce la sociedad demandante que, al liquidar el Contrato 56 de 2006 unilateralmente, el ISS violó la cláusula en la que se pactó que “[…] para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución, terminación o liquidación de este contrato, acudirán a los procedimientos de transacción, amigable componedor o conciliación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley 80 de 1993”. En estas disposiciones, a su vez, se determinó que no se prohibiría la utilización de mecanismos de solución directa o el arbitraje, del cual se regularon los elementos básicos, y que los contratistas buscarían solucionar en forma ágil, rápida y directa las discrepancias surgidas en la actividad contractual, para lo cual acudirían al empleo de mecanismos de solución de controversias, como la conciliación, amigable composición y transición. Previó, además, la Ley 80 de 1993 en el parágrafo del artículo 68, relativo a la solución directa de controversias y que fue referido en el Contrato 56 de 2006, que “[l]os actos administrativos contractuales podrán ser revocados en cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaído sentencia ejecutoriada”.
Salta a la vista, en primer lugar, que la liquidación unilateral del contrato no impide la resolución de conflictos por vía directa, ya que la ley prevé expresamente que, para su viabilidad, pueden ser revocados los actos administrativos contractuales, como aquellos con los que el ISS liquidó el Contrato 56 de 2006. Por ende, como los actos demandados no cierran la vía a los mecanismos de solución directa previstos, no pueden considerarse una violación de la cláusula que los prevé.
Además, recuerda la Sala que con la previsión de mecanismos de solución directa, se buscó en la Ley 80 de 1993 la descongestión judicial y darle a las partes la capacidad de resolver sus conflictos, que había perdido y que es un elemento trascendental de la autonomía de la voluntad. Con ello, como se manifestó expresamente en la exposición de motivos, no se restó a la Administración la facultad de liquidarlo, que es natural e inherentes a la propia contratación, sino que le abrió la puerta para que también pudiera utilizar su capacidad de transacción para definir situaciones propias de la relación negocial y precaver un litigio eventual.
No cabía que las partes, con la cláusula esgrimida por el actor, cercenaran la facultad y obligación del ISS de liquidar unilateralmente el Contrato 56 de 2006, que la Ley 80 de 1993 no derogó al permitirle acudir a mecanismos de solución directa de conflicto, por lo que la interpretación de esta cláusula propuesta por la actora, al oponerse a una norma imperativa, no es válida.
5.18. Así pues, de conformidad con las consideraciones precedentes, procederá la Sala a revocar el fallo de primera instancia, para desestimar las pretensiones.
VI. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia, en el caso concreto, actuación temeraria por parte del demandante, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014) de la Subsección C de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que declaró la caducidad de la acción, para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: SIN CONDENA en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaro voto
NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrado
Folio 23 (anverso) del cuaderno de 1ª instancia. Folios 4 a 20 del cuaderno de 1ª instancia. Folios 27 a 30 del cuaderno de 1ª instancia.
“Por la cual se liquida unilateralmente el contrato 056 de 2006”.
“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición contra la resolución Nº 4822 del 21 de noviembre de 2008”.
“Por la cual se aclara la resolución no. 00016 del 23 de febrero de 2009, que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la resolución Nº 4822 de 21 de noviembre de 2008”.
“Por medio de la cual se resuelve el recurso de apelación”. Folio 26 del cuaderno de 1ª instancia. Folios 31 a 33 del cuaderno de 1ª instancia. Folios 35 y 36 del cuaderno de 1ª instancia. Folio 38 del cuaderno de 1ª instancia. Folio 40 del cuaderno de 1ª instancia. Folios 46 y 47 del cuaderno de 1ª instancia. Folios 2 a 5 del cuaderno del incidente. Folio 1 del cuaderno del incidente. Folios 11 y 12 del cuaderno del incidente. Folios 14 a 16 del cuaderno del incidente. Folio 60 del cuaderno de 1ª instancia. Folios 63 y 64 del cuaderno de 1ª instancia. Auto de 12 de noviembre de 2013 a folio 125 del cuaderno de 1ª instancia. Folios 127 a 138 del cuaderno de 1ª instancia. Folios 139 a 144 del cuaderno principal. Folios 146 a 149 del cuaderno principal. Folios 151 a 176 del cuaderno principal. Auto del 25 de marzo de 2014 a folio 179 del cuaderno principal. Auto del 21 de mayo de 2014 a folios 183 y 184 del cuaderno principal. Auto del 18 de junio de 2014 a folio 187 del cuaderno principal. Folios 188 a 199 del cuaderno principal. Aptado. 2.6.1. Folios 214 a 222 del cuaderno principal. Folios 252 del cuaderno principal. LEY 80 DE 1993. Artículo 75. “Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento será el de la jurisdicción contencioso administrativa. […]”. CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 82. “Objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley”. DECRETO 433 DE 1971. Artículo 9. “El Instituto Colombiano de Seguros Sociales, creado por la Ley 90 de 1946, es una entidad de derecho social, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente, adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.E.”. CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Artículo 132. Modificado por el artículo 2 del Decreto Nacional 597 de 1988 y por el artículo 40 de la Ley 446 de 1998. “Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 5. [Modificado por el artículo 1 del Decreto 2269 de 1987]. De los referentes a contratos de las entidades estatales en sus distintos órdenes y de los contratos celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios, cuando su finalidad esté vinculada directamente a la prestación del servicio, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales”. En la modificación de la demanda (f. 29 c. 1ª instancia) la cuantía fue estimada en $3.613’553.443, suma superior a los 500 SMMLV exigidos, que en el año 2011 equivalía a $267’800.000, según el Decreto 033 del 11 de enero de 2011. Copia simple a folios 3 a 4 del cuaderno de pruebas. Copia simple a folios 28 a 31 del cuaderno de pruebas. CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. “Artículo 136. Caducidad de las acciones. […] 10.
En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. || En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así: […] d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar”. Sentencias sentencia del 11 de diciembre de 1989 (exp. 5334) y del 16 de agosto de 2001 (exp. 14384), y auto de unificación del 1º de agosto de 2019 (exp. 62009). Acta de la audiencia y constancia a folios 83, 84 y 96 del cuaderno de pruebas. Folio 23 (anverso) del cuaderno de 1ª instancia.
“Artículo 320. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión. || Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71”. Apartados 5.7.1 y 5.7.9. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 26 de febrero de 2014, exp. 24169, reiterado en la Sentencia de 8 de junio de 2018, exp. 38120.
“Tampoco se consideró que la nulidad del acto de modificación unilateral del contrato, no es constitutiva del desequilibrio financiero del contrato por el Hecho del Príncipe, sino de responsabilidad contractual por el ejercicio irregular de los poderes exorbitantes; aún cuando uno y otro conduzcan a la reparación integral de los daños que pruebe el contratista. || La diferencia radica en que, en el primer supuesto, es indispensable desvirtuar la presunción de legalidad de los actos contractuales, en tanto que, en el segundo resulta necesario probar la existencia de un acto general y abstracto imprevisible para las partes, que incidió indirectamente en el contrato, alterando gravemente su ecuación económica; sin que sea necesario probar que era un acto ilegal”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 5 de mayo de 2005, exp. 15326. LEY 80 DE 1993. “Artículo 50. Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o provecho dejados de percibir por el contratista”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 13 de julio de 1993, exp. 8163. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-333 de 1996. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 7 de julio de 2011, exp. 18762.
“Y es obvio que así sea porque en la ejecución y cumplimiento de los contratos pueden surgir discrepancias o dudas sobre el alcance de ciertas cláusulas o frases que entorpezcan su desarrollo.
Discrepancias o dudas que deben ser despejadas, en primer término por las mismas partes y que en última instancia será el juez el que las despeje cuando aquéllas no hayan logrado un acuerdo y como consecuencia se haya producido el rompimiento de la relación negocial. || Pero ese poder interpretativo que en el derecho privado es equivalente y no coercitivo, como que una de las partes no le podrá imponer a la otra una determinada interpretación, en el derecho público presenta unas características diferentes. […] Aunque la ley no lo diga expresamente ese poder exorbitante de interpretación, con efectos coercitivos, tiene como límite temporal para su ejercicio la vigencia del contrato. Así, por ejemplo, en el contrato de obra pública en el que se conviene un término para la ejecución de la obra, hasta el vencimiento del mismo”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 15 de noviembre de 1991, exp. 5973.
“En estos términos, a ninguna parte le es permitido adicionar o suprimir el alcance de las obligaciones –se insiste, salvo el ejercicio de los poderes exorbitantes de modificación unilateral o de interpretación unilateral-, so pretexto de ejecutar las suyas, e imponer a la otra la carga de recibir un pago menor o la de hacer uno mayor, según el caso, porque desconocería el acuerdo de voluntades que comprometía al otro a actuar en un sentido distinto”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 19 de octubre de 2011, exp. 18082. LEY 80 DE 1993. “Artículo 60. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, […]. || También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. || En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. […]”.
“La liquidación final del contrato tiene como objetivo principal, que las partes definan sus cuentas, que decidan en qué estado quedan después de cumplida la ejecución de aquel; que allí se decidan todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no hicieron en ese momento”. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 10 de abril de 1997, exp. 10608. Reiterado en la sentencia del 22 de abril de 2009, exp. 15598.
“Pero si la causa de la reclamación o demanda obedece a circunstancias posteriores y desconocidas para las partes, al momento de firmar el acta, es lógico que puedan reclamarse jurisdiccionalmente los derechos en su favor, pues en tal caso desaparece el fundamento que ha dado la Sala para prohibir lo contrario, es decir, que allí no se afectaría el principio de la buena fe contractual, con la cual deben actuar las mismas al momento de acordar los términos de la culminación del negocio, pues no existiendo tema o materia sobre la cual disponer –renuncia o reclamo-, mal podría exigirse una conducta distinta”. CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 5 de marzo de 2008, exp. 16850.
“Por consiguiente, de acuerdo con la posición jurisprudencial pacífica en esta Corporación, cuando existe entre las partes un litigio de orden contractual, derivado de un contrato estatal sujeto a liquidación, en el acta de finiquito deben quedar expresamente consignadas las salvedades e inconformidades de las partes contratantes, porque lo contrario implicaría un desconocimiento de su manifestación anterior, contrario al principio de buena fe”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 31 de mayo de 2019, exp. 44239. Al respecto:
CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, auto de unificación del 1 de agosto de 2019, exp. 62009, FJ 2.4.2. LEY 80 DE 1993, artículo 60. “Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga” (subraya la Sala). LEY 446 DE 1998, artículo 44. “El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, quedará así: […] 10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. || En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así: […] c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta; || d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar”. Al respecto: CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 8 de junio de 2018, exp. 38120.
“La liquidación unilateral del contrato por la Administración se traduce en su manifestación de voluntad en función administrativa, que crea, modifica o extingue una situación jurídica; es por tanto un acto jurídico que puede ser controlado en vías gubernativa y jurisdiccional. || Ese acto administrativo de liquidación se presume legal y goza de propiedades cono las de tener carácter ejecutorio y ejecutivo, por virtud de las cuales, una vez en firme, ‘es suficiente por sí mismo para que la Administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento’ (art. 64 C.C.A.)”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 16 de febrero de 2001, exp. 12660. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 3 de diciembre de 2018, exp. 60716, FJ 6.
«El poder de interpretación no puede confundirse con el de modificación también contemplado en la ley, porque este tiene unos alcances y efectos diferentes. Tan cierto es esto que la jurisprudencia de la Corte al hablar de la interpretación de los contratos ha sido enfática en afirmar que “interpretar un contrato no es modificarlo”. || Aunque ese alto organismo se refiere al contrato privado (el que no podrá modificarse unilateralmente) el principio se aplica con mas veras a la contratación pública, la que distingue los alcances de la interpretación de los de la modificación, que corresponden a dos poderes diferentes. | | Lo anterior permite concluir que la administración contratante so pena de interpretar un contrato no puede modificarlo ni en todo ni en alguna de sus cláusulas». CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 15 de febrero de 1991, exp. 5973. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 24 de enero de 2011, exp. 15940; y del 13 de mayo de 2015, exp. 32492. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 5 de mayo de 2005, exp. 15326, FJ 1. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2011, exp. 15666, aptdo. 52. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 12 de octubre de 2017, exp. 37322, aptado. 48.
«46.
En relación con los extremos del contrato que pueden ser objeto de esta facultad excepcional, tal y como lo sostiene la doctrina, “(…) en principio, las modificaciones que pueden introducirse son relativas al modo de cumplimiento de las prestaciones a cargo del cocontratante, como otras referentes al tiempo y forma en que han de satisfacerse, como igualmente al modo, tiempo y forma en que la Administración pública debe cumplir las obligaciones a su cargo (…). Pero lo que no puede es cambiar el objeto del contrato alterando su esencia, cualquiera que sea el contrato de que se trate, de concesión, de obra pública, de suministros, de función o empleo público, etc.” || 47. No obstante, se observa que en la contratación estatal nacional, la Ley 80 de 1993 –art. 16- contempló como únicas modificaciones pasibles de ser realizadas en forma unilateral por parte de la entidad contratante, las allí nombradas expresamente: la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios, en el entendido de que es por este medio que se pueden adecuar correctamente los contratos celebrados, a las nuevas circunstancias imprevistas, imprevisibles y sobrevenidas, que hacen necesaria dicha modificación y que por ende la justifican». CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de octubre de 2017, exp. 37322.
“Resulta entonces que el contratante sí dispuso de manera unilateral el cambio de la fuente de material, prevista contractualmente, aduciendo la necesidad de obtener balasto más idóneo para la destinación que debía darle Ferrovías, cuál era la reparación de los tramos de la vía férrea. […] Se desprende de lo aquí expuesto que sí hubo un cambio unilateral de fuente de material de suministro; que ese cambio obedeció a la necesidad de obtener un material de mejor calidad para la reparación de las vías férreas; que el material extraído de la nueva fuente presente mayor dificultad en su laboreo y trituración por la dureza que lo caracteriza lo que implica la necesidad de mayor tiempo para este procedimiento; y, que la mina la Bocana está a mayor distancia de la estación correspondiente, lo que aumentó el costo en el transporte. || Conforme con la ley (art. 20 del Dec 222/83 y art. 14 ley 80/93 la administración podía modificar unilateralmente el contrato, tal como lo hizo, pero debiendo compensar al contratista de los mayores costos que ello trata consigo para su cocontratante. Dicha compensación no fue hecha por Ferrovías”. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 21 de junio de 1999, exp. 14943. Y, añadió la Sala, prosiguiendo con su referencia a la obra del profesor Héctor Jorge Escola que: «Son muchos los ejemplos que se dan en este sentido, pudiendo citarse entre ellos los siguientes: a) se contrató la construcción de un edificio de madera, y la administración pretende variarlo imponiendo la construcción en cemento armado; b) se contrató la provisión de alumbrado a gas, y se modifica el contrato previendo la provisión de alumbrado eléctrico; c) se contrató el suministro de forrajes para la caballada de un regimiento, y al motorizarse éste, se pretende variar el contrato imponiendo la provisión de nafta y otros combustibles líquidos, etc. || “Modificaciones del tipo de las señaladas, que van más allá de una mutabilidad razonable del contrato, darían derecho al cocontratante particular a su rescisión y a que se le paguen los perjuicios que hubiera sufrido. La administración pública, como se advierte, no pierde su potestad de variar el contrato, si así lo exige el interés público, pero la limitación de esa prerrogativa genera un derecho cierto en favor del cocontratante, que éste a su vez podrá ejercer». CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia del 31 de enero de 1991, exp. 4739, reiterada en la sentencia del 31 de agosto de 2011, exp. 18080. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 12 de octubre de 2017, exp. 37322, FJ 45.
CÓDIGO CIVIL, artículo 1494. “Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia”. Folios 80 a 108 del cuaderno de 1ª instancia. Subrayas añadidas. Folios 3 a 8 del cuaderno de pruebas. Subrayado añadido. Ibidem. Subraya la Sala. Folio 9 del cuaderno de pruebas. Folios 50 y 51 del cuaderno de pruebas. Folios 48 y 49 del cuaderno de pruebas
Folios 33 y 39 del cuaderno de pruebas. Folios 75 a 79 del cuaderno de pruebas. Folio 32 del cuaderno de pruebas. Folios 44 a 47 del cuaderno de pruebas. Folios 55 a 71 del cuaderno de pruebas. Folios 40 a 43 del cuaderno de pruebas. Folios 36 a 39 del cuaderno de pruebas. Folios 72 a 74 del cuaderno de pruebas. Folios 12 a 45 del cuaderno de pruebas. Folios 85 a 91 del cuaderno de pruebas. Folios 21 a 2 del cuaderno de pruebas. Folios 51 a 52 del cuaderno de pruebas. Folios 28 a 31 del cuaderno de pruebas. Folios 52 a 54 del cuaderno de pruebas.
“A la demanda deberá acompañar el actor una copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, notificación o ejecución, si son del caso; y los documentos, contratos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en su poder. || Se reputan copias hábiles para los efectos de este artículo, las publicadas en los medios oficiales, sin que para el efecto se requiera la autenticación. || Cuando la publicación se haya hecho por otros medios, la copia tendrá que venir autenticada por el funcionario correspondiente. || Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite por el ponente antes de la admisión de la demanda”.
“Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. […]”
“Artículo 252. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. […]”.
“Artículo 11. El inciso 4° del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil quedará así: || En todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva”.
“Artículo 244. Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. || Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. […] Artículo 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia”. Conforme a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013 (exp.
25022), en aras a garantizar el principio constitucional de buena fe, el deber de lealtad procesal y la prevalencia del derecho sustancial, la Sala valorará las copias simples que hacen parte del acervo probatorio, en cuanto estas hayan obrado a lo largo de todo el proceso, sin que fueran tachadas, ni su validez fuera controvertida.
“Artículo 264.Alcance probatorio. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza”.
“Artículo 257. Los documentos públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha y de las declaraciones que en ellos haga el funcionario que los autoriza”.
“4.1.1. La definición de Colombia como un Estado de Derecho implica, entre muchas otras cosas, que la actuación de las autoridades públicas debe sujetarse a la prescripción legal. Este deber de sujeción constituye una de las expresiones más importantes del principio de legalidad: implica que el comportamiento que desplieguen los órganos del Estado para alcanzar sus fines, debe sujetarse a las condiciones que para ello se hubieren establecido en las normas que disciplinan su actuación. Ese punto de partida del principio de legalidad encuentra reflejo o concreción (i) en el artículo 121 de la Constitución conforme al cual ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley, (ii) en el artículo 122 que establece que no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento, (iii) en el segundo inciso del artículo 123 de la Constitución que establece que los servidores públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento y (iv) en el artículo 230 al prever que los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. […] 4.1.5. Conforme a lo expuesto, cabe señalar que el principio de legalidad demanda que el despliegue de las tareas y actividades exigidas para el cumplimiento de una función pública por parte de autoridades estatales o de particulares, cuente con una regulación previa y suficiente que permita identificar de manera adecuada su alcance. Es importante reiterar que, a partir del principio de legalidad, no puede sentarse la exigencia de que la totalidad de las actuaciones públicas deban agotarse en las disposiciones jurídicas. De hecho, la complejidad de las funciones asumidas por el Estado obliga a que un gran número de ellas se encuentren establecidas en cláusulas generales que atribuyen competencias y establecen parámetros generales de acción”. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-414 de 2012. Folios 71 a 73 del cuaderno de pruebas. Folios 76 a 79 del cuaderno 1. Folios 20 y 21 del cuaderno de 1ª instancia. Folios 63 y 64 del cuaderno de 1ª instancia. Folios 65 y 118 del cuaderno de 1ª instancia. Folio 114 del cuaderno de 1ª instancia. Aptado. 5.7.19. Aptado 5.7.2. Aptados. 5.7.1.1, 5.7.1.2, 5.7.1.4, 5.7.1.5 y 5.7.1.6. Aptado. 5.7.1.4. Aptados. 5.7.1.8 y 5.7.1.9, 5.7.1.10. Aptados. 5.7.1.7. Aptado. 5.7.1.3. Aptado 5.7.2 y 5.7.2.1 y 5.7.2.3. Aptado 5.7.3. Aptado 5.7.1.11. Aptados 5.7.2.3 y 5.7.2.4. Aptado. 5.7.1.4. Aptado 5.7.2.7. Aptado 5.7.19.2. Aptado 5.7.1.10. Aptado 5.7.19.1. Aptado 5.7.19.2. Aptado. 5.7.6. Aptados. 5.7.2 y 5.7.3. Aptado. 5.7.7. Aptado 5.7.1.9. Aptado. 5.7.19.1. Aptado. 5.7.19.2. Aptado. 5.7.2.4. Aptado. 5.7.9. Aptado 5.7.19.2. Aptados 5.7.1.1 y 5.7.1.4. Aptado 5.7.2.4. Aptados. 5.7.21 a 5.7.21.2. Aptado. 5.7.22.
“Artículo 39. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad. […] Artículo 41.
Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”. Aptado. 5.7.2.7. Aptados. 5.7.4 y 5.7.6. Aptado. 5.7.9. Aptado 5.7.10. Aptado. 5.7.11. Aptado. 5.7.12. Aptado. 5.7.13. Aptado 5.7.14. Aptado. 5.7.15. Aptados. 5.7.16 y 5.7.17. Aptado. 5.7.5. LEY 80 DE 1993. “Artículo 12. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes”.
“CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INTERVENTORÍA: La vigilancia sobre la ejecución del presente contrato, la ejercerá EL INSTITUTO, a través del Jefe del Departamento de Historia Laboral y nómina de Pensionados del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Cundinamarca, siendo su responsabilidad efectuar un estricto seguimiento sobre la ejecución del mismo, presentar los informes necesarios sobre su desarrollo, reportar oportunamente cualquier irregularidad y solicitar, cuando así lo considere, informes a EL CONTRATISTA que podrán ser verificados en cualquier momento. Lo anterior de conformidad con lo contenido en la Resolución No. 4671 del 25 de noviembre de 2002” (folio 6 del cuaderno de pruebas).
“CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona con la suscripción de las partes y el Registro Presupuestal definitivo por parte de EL INSTITUTO. […] Para su legalización se requiere la aprobación de garantías, el pago del impuesto de timbre y su publicación en el Diario Único de Contratación Estatal. […]” (folio 6 del cuaderno de pruebas). Aptado 5.7.2.7. Aptados. 5.7.1.8 y 5.7.1.9, 5.7.1.10. Aptado. 2.1.1.11.
« En este sentido cfr. M.L. NEME VILLARREAL. Buena fe subjetiva y buena fe objetiva. En Revista de Derecho Privado. No. 17. Universidad Externado de Colombia, Bogotá 2009, p. 73».
« Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 22 de junio de 2011, expediente 18836».
« Inciso final del artículo 768 del Código Civil». CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, exp. 24891. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, sentencias del 3 de febrero de 2000, exp. 10399; del 4 de junio de 2008, exp. 17783; del 19 de agosto de 2011, exp. 20457; y del 30 de septiembre de 2019, exp. 46733. CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1622. […] O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte”. Aptado. 5.7.6. Aptado. 5.7.13. CÓDIGO CIVIL. “Artículo 1618. Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”. Aptado. 2.1.1.12. Aptado 5.7.2.5. (Subrayado añadido). LEY 80 DE 1993. “Artículo 69. Las autoridades no podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las controversias nacidas de los contratos estatales. || Las entidades no prohibirán la estipulación de la cláusula compromisoria o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato estatal”. LEY 80 DE 1993. Artículo 70. Derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012. “De la cláusula compromisoria. En los contratos estatales podrá incluirse la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las distintas diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, terminación o liquidación. || El arbitramento será en derecho. Los árbitros serán tres (3), a menos que las partes decidan acudir a un árbitro único.
En las controversias de menor cuantía habrá un sólo árbitro. || La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de arbitramento se regirá por las normas vigentes sobre la materia. || Los árbitros podrán ampliar el término de duración del Tribunal por la mitad del inicialmente acordado o legalmente establecido, si ello fuere necesario para la producción del laudo respectivo. || En los contratos con personas extranjeras y en los que incluyan financiamiento a largo plazo, sistemas de Pago mediante la explotación del objeto construido u operación de bienes para la prestación de un servicio público, podrá pactarse que las diferencias surgidas del contrato sean sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento designado por un organismo internacional”. LEY 80 DE 1993. “Artículo 68º. Las entidades a que se refiere el artículo del presente Estatuto y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. || Para tal efecto, al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en esta ley y a la conciliación, amigable composición y transacción”.
«Siguiendo tesis modernas que buscan descongestionar los despachos judiciales de todas aquellas materias, respecto de las cuales las propias partes puedan arreglar directamente sus diferencias o sus conflictos, con lo cual se "devuelve a la comunidad la capacidad de solución de conflictos que le quitó progresivamente un proceso lento pero persistente de jurisdiccionalización..."--, y además, como efecto trascendental del postulado de la autonomía de la voluntad, el cual, como se ha indicado, caracteriza al contrato estatal, el proyecto consagró una serie de mecanismos ágiles, sencillos, claros que se orientan a que las partes contratantes solucionen directamente los problemas no litigiosos y las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual, evitando, en lo posible, las vías judiciales. || Uno y otro evento están expresamente reconocidos en el proyecto buscando con ello la transparencia, la celeridad, la agilidad, los menores costos y la justicia contractual. En efecto, "si bien la administración en desarrollo de los contratos tiene facultad para realizar operaciones de liquidación de obras o de trabajos que deben ser pagados al contratista, esto es, que tiene competencia suficiente para determinar las prestaciones mutuas a que dé lugar el desarrollo y ejecución del mismo, sin que ello constituya una modalidad de transacción sino el ejercicio de competencias naturales e inherentes a la propia contratación, también lo es que, ante eventuales controversias o situaciones en que no resulta posible en ejercicio de dicha capacidad de administración del contrato el convenio sobre el reconocimiento de precios, costos o sobrecostos del contrato ... también podría utilizar su capacidad transaccional a fin de precaver un litigio eventual y, por este camino, definir situaciones propias al interior de la relación contractual... En otros términos, debe entenderse con claridad que dentro del desarrollo de un contrato administrativo bien pueden darse los simples convenios, convenciones o acuerdos como expresión normal del desarrollo del contrato, de su administración y ejecución, los cuales no envuelven el concepto de contienda, litigio o controversia, respecto de los cuales no puede hablarse de la utilización de la capacidad de transigir de la administración, pero también, podrá presentarse la celebración de verdaderos contratos de transacción ... "». GACETA DEL CONGRESO, núm. 75, 23 de septiembre de 1992.
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