Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01222-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01222-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-01222-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
26 de enero de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintiséis (26) de enero de dos mil veintidós (2022)
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: SEGUREXPO DE COLOMBIA SA
Demandada: DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Tema: DEBIDO PROCESO EN ACTO DE
DECLARATORIA DEL SINIESTRO DE
INCUMPLIMIENTO
Síntesis del caso: la aseguradora de un contrato estatal demanda la nulidad del acto
administrativo que declaró el siniestro de incumplimiento e hizo efectiva la garantía,
la demandante considera que no se acreditaron los incumplimientos, que se violó el
debido proceso al decidir sin la comparecencia del coasegurador, se violó la ley al
hacer efectiva la póliza respecto de hechos ocurridos por fuera de su vigencia y se
desconoció el artículo 1077 del Código de Comercio al no cuantificarse el siniestro
correspondiente a la no amortización del anticipo.
Decide la Sala la apelación interpuesta por Segurexpo de Colombia SA contra
la sentencia de 6 de febrero de 2014 por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B resolvió;
“PRIMERO. Declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 1444
del 15 de junio de 2010; y su confirmatoria: No. 3244 del 23 de
noviembre de 2010, en su artículo primero (1) y segundo (2) de la
parte resolutiva, los cuales quedarán así:
‘ARTÍCULO PRIMERO: Declarar ocurrido el siniestro de
incumplimiento del contrato No. 157 de 2006, en consecuencia
de lo anterior, aplicar la cláusula penal pecuniaria en cuantía
equivalente al 10% del valor total del contrato, la cual tomará o
descontará del saldo a favor del contratista, o de la garantía
única No. 00004673 expedida por la Compañía SEGUREXPO
DE COLOMBIA S.A. y de no ser posible, se cobrará por
jurisdicción coactiva, de conformidad con lo preceptuado en la
cláusula décima del contrato de servicios No. 157 de 2006, en
concordancia con el artículo 17 de ley 1150 de 2007.
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
ARTÍCULO SEGUNDO: hacer efectiva la Garantía Única de
Cumplimiento ante entidades estatales No. 00004673, en
relación con el Amparo de Anticipo, expedida por compañía
SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. por la suma de
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEICIENTOS (SIC)
CINCUENTA Y UN MIL CERO DOCE PESOS ($229.651.012)
valor dejado de amortizar por el contratista.’
SEGUNDO. Declarar no probadas las excepciones incoadas por la
Alcaldía Mayor de Bogotá – Secretaría de Educación del Distrito.
TERCERO. Negar las pretensiones de la demanda.
CUARTA. Sin condena en costas en esta instancia. (…).” (fl. 177
cdno- ppal).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 15 de noviembre de 2011 (fl. 43 cdno. 1) Segurexpo de Colombia SA
Aseguradora de Crédito y del Comercio Exterior promovió demanda en
ejercicio de la acción de controversias contractuales en contra del Distrito
Capital de Bogotá – Secretaría de Educación con el fin de obtener en su favor
lo siguiente:
“1. Que se declare que es nula la Resolución 1444 de 15 de junio de
2010, por medio de la cual, se declara la ocurrencia del siniestro de
incumplimiento, se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria y se
ordena hacer efectivo el amparo de anticipo.
2. Que se declare que es nula la Resolución 3244 de 23 de
noviembre de 2010, por medio de la cual, se confirma la resolución
1444 en todos sus apartes.
3. Que se declare que el presunto incumplimiento del contratista
ocurrió con posterioridad al 4 de agosto de 2009, esto es, por fuera
de la vigencia de la póliza y por ello cobertura de la misma.
4. Que se ordene restablecer el derecho de mi mandante,
condenando a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA ALCALDÍA
MAYOR DE BOGOTÁ en el evento en que mi mandante haya tenido
que pagar la suma correspondiente a la cláusula penal y al valor del
anticipo, esto es, la suma de dos mil ciento trece millones quinientos
ochenta y tres mil novecientos cuarenta y nueve pesos
($2.113.583.949)., a que dicha suma sea restituida.
5. Que se condene a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ al pago de los intereses moratorios
sobre la suma que eventualmente llegue a pagar Segurexpo de
Colombia desde la fecha del pago, si fuera el caso.
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
6. En subsidio a la pretensión quinta, se condene a la SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ al pago
de la indexación sobre la suma descrita en la pretensión 4, si fuera
el caso.
7. Que se condene a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ en las costas y gastos de este
proceso.”.
2. Hechos
Como fundamento de hecho de las pretensiones narró que entre la Secretaría
de Educación de Bogotá y el Consorcio Ingesa Lituania se suscribió el contrato
de obra no. 157 de 2006 que tenía por objeto la construcción de un proyecto
denominado “Lituania” en la localidad de Engativá (Bogotá DC) con un plazo
de 270 días calendario y valor de $7.997.772.831, contrato que Segurexpo
afianzó mediante la póliza 00004673; por Resolución no. 1444 de 15 de junio
de 2010 la contratante declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y
ordenó hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria equivalente al 20% del valor
del contrato y la garantía sobre el anticipo por la suma de $459.302.024, la
aseguradora interpuso recurso de reposición que se decidió en forma
desfavorable a la recurrente mediante la Resolución 3244 de 23 de noviembre
de 2010. La coaseguradora Colpatria soporta el 50% del riesgo y no fue
vinculada al procedimiento administrativo.
3. Cargos
Las pretensiones de nulidad sobre los actos que declararon el siniestro se
fundamentaron en los siguientes cargos:
1) Violación del artículo 84 del CCA:
Las resoluciones demandadas ocultan las verdaderas razones que
determinaron su expedición y están falsamente motivadas porque fue el
incumplimiento de la entidad demandada el que retrasó la ejecución y generó
el desfase en los tiempos del contrato, situación que ahora es utilizada por la
entidad contratante para hacer exigible la cláusula penal y una parte del
anticipo.
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
El contrato fue suscrito el 30 de noviembre de 2006 con un plazo de 270 pero
la ejecución se retrasó por lo siguiente: (i) el acta de inicio solo se pudo
suscribir el 24 de abril de 2007 porque el predio donde se ejecutaría la obra
estaba invadido; (ii) no se contaba con las licencias de construcción
requeridas; (iii) los diseños eran deficientes y fue necesario rediseñar; (iv) se
requirieron obras adicionales que generaron mayores costos y mayor
permanencia; (v) la entidad modificó el alcance del proyecto y suprimió un
piso; (vi) el contrato fue objeto de suspensiones; (vii) desde el 10 de noviembre
de 2008 el contratista anunció que sufrió desequilibrio económico y, (viii) el
anticipo tardíamente entregado no era suficiente para la ejecución de la obras
adicionales que se requirieron y ello dejó en situación de iliquidez al
contratista.
2) Violación del artículo 1069 del Código Civil:
Como los atrasos en la ejecución derivaron del incumplimiento de la
demandada el contratista no estaba en mora de cumplir sus obligaciones y
debe aplicarse la excepción de contrato no cumplido.
3) Desequilibrio financiero del contrato:
El artículo 27 de la Ley 80 de 1993 dispone que las partes deben suscribir los
pactos necesarios para mantener la equivalencia entre derechos y
obligaciones pues, de acuerdo con el artículo 5 de la misma ley, el contratista
tiene derecho al mantenimiento del equilibrio económico del contrato; en este
caso, ese equilibrio se alteró con ocasión del cobro del impuesto de guerra
que no fue estimado por el contratista al presentar su ofrecimiento porque en
ese momento no era aplicable; el contrato fue suspendido por esta causa y al
final no se logró acuerdo económico lo cual perjudicó la ejecución del contrato.
4) Violación de los artículos 84 del CCA y 17 de la Ley 1150 de 2007:
No se garantizó el debido proceso al momento de la declaratoria del siniestro
ya que no se vinculó al coasegurador Seguros Colpatria SA al procedimiento
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
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administrativo correspondiente. La demandante no asumió la totalidad del
riesgo por lo que se le violó el debido proceso y genera nulidad de los actos
demandados.
5) Teoría de los actos propios:
“No puede la entidad (…) desconocer sus propios actos, venirse contra ellos
y buscar todas sus incumplimientos (sic) a la ley y el contrato sean subsanados
con el pago de una cláusula penal que en nada se compadece con la realidad
del contrato y que resulta a las claras ilegal, pues los fundamentos del acto
administrativo que le sirva de sustento, desconocen diversas normas y
principios legalmente consagrados.” (fl. 37 cdno. 1).
6) Violación del artículo 1056 del Código de Comercio:
Los incumplimientos que ocurrieron por fuera de la vigencia de la póliza no
están amparados.
7) Violación del artículo 1077 del Código de Comercio:
El asegurado tiene la carga probatoria de acreditar la ocurrencia del siniestro
y la cuantía de la pérdida, de modo que era el Distrito quien debía demostrarlo;
como el contrato no está liquidado no se puede saber si el anticipo se invirtió
en la ejecución o no o si el contratista se lo apropió toda vez que si los recursos
fueron invertidos no podría afectarse el amparo del anticipo.
4. Contestación de la demanda
El Distrito Capital se opuso a la prosperidad de las pretensiones (fl. 64 cdno.
1) y fundó su defensa en los siguientes argumentos:
1) Los incumplimientos del contratista quedaron acreditados con suficiencia
con los informes de interventoría que sirvieron de fundamento para la
expedición de los actos demandados.
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
2) Los incumplimientos iniciaron desde el comienzo de la ejecución y no se
produjeron por fuera de la vigencia de la póliza.
3) Los actos administrativos demandados cumplieron los requisitos previstos
en el ordenamiento jurídico.
4) Los cambios en la obra fueron pactados con el contratista, quien los aceptó
sin salvedades.
5) El acta de inicio tardó en suscribirse porque el contratista no cumplió los
requisitos exigidos para ello y solo los acreditó en marzo de 2007.
6) Las demoras en la entrega del predio le fueron compensadas al contratista
mediante la Resolución 1325 de mayo de 2009.
7) La falta de licencia de construcción no afectó la ejecución, por lo siguiente:
“Evidentemente la obra se inició sin licencia de construcción al igual
que muchas de las obras simultáneas de otros colegios, por
corresponder a planes de gobierno y compromisos con las
comunidades de la ciudad. En aquellos casos que no hubo
licencias, algunos no dieron inicio a los trabajos, pero otros
aceptaron las propuesta (sic) por la Secretaría de iniciar las obras
y avanzar en el objeto contractual. La realidad es que la carencia
de licencia en nada afectó a estos colegios y por el contrario, los
contratistas que aceptaron trabajar así pudieron avanzar en las
obras, facturar mes a mes y hacer entrega final. (…) El contratista
nunca presentó reclamación por la carencia de licencia de
construcción, por ello de ninguna forma puede calificar de forma
puntual esa carencia como causa de su incumplimiento operativo”.
8) El contratista siempre contó con los recursos que el Distrito Capital se obligó
a entregar; para mayo de 2008 había recibido pagos por $5.666.437.319 y
había ejecutado obra por $4.672.390.352, por lo cual no había ningún déficit
atribuible a la demandada.
9) La costumbre mercantil permite “hacer la respectiva reclamación a la
aseguradora líder de la totalidad del daño y esta última podrá realizar el
recobro a la coaseguradora en la forma como se ha previsto internamente”.
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
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5. La sentencia apelada
En sentencia de 6 de febrero de 2014 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección B (fl. 177 cdno. ppal) accedió
parcialmente a las súplicas de la demanda con fundamento en lo siguiente:
1) Contrario a lo alegado en la demanda, se acreditó con suficiencia el
incumplimiento contractual que declaró la demandada a través de los informes
de interventoría según los cuales se presentaron demoras en la ejecución
atribuibles al contratista desde el sexto mes de la ejecución y persistieron
durante toda la ejecución; la conducta contractual de la demandada justificó
que se hiciera efectiva la cláusula penal.
2) Las partes convinieron una “multa” en caso de incumplimiento la cual quedó
reflejada en la cláusula décima octava del contrato1 por lo que había lugar a
imponerla, toda vez que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 faculta a las
entidades para hacerlas efectivas.
3) Los costos no presupuestados en el contrato fueron reconocidos por el
Distrito Capital mediante la Resolución 1325 de 2009 y el contratista no la
recurrió.
4) Segurexpo de Colombia SA solo debía responder por el 50% del monto total
asegurado porque el restante porcentaje estaba a cargo de la coaseguradora
Colpatria SA que no fue citada al procedimiento administrativo, razón por la
cual modificó los actos demandados en la forma indicada en la parte resolutiva
y dictó una nueva disposición tendiente a reducir a la mitad los valores
establecidos por el Distrito Capital.
5) No se probó que el contratista hubiera sufrido un detrimento económico
durante la ejecución del contrato ni el desequilibrio financiero alegado.
6) La póliza no. 4673 estuvo vigente entre el 9 de abril de 2009 y el 28 de
1 Se precisa que esta estipulación se refiere a la cláusula penal y no a multas.
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
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febrero de 2014 y los incumplimientos ocurrieron durante ese lapso.
7) No impuso condena en costas por “no aparecer que se causaron, en los
términos del artículo 171 del Código Contencioso Administrativo y 393 del
Código de Procedimiento Civil”.
6. La apelación
En la oportunidad legal Segurexpo de Colombia SA interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia (fl. 196 cdno. ppal) y lo
sustentó así:
1) El reconocimiento económico contenido en la Resolución no. 1325 no fue
suficiente para restablecer el desequilibrio económico que padeció el
contratista porque los sobrecostos en los que incurrió fueron ampliamente
superiores y el valor total del desequilibrio económico ascendió a la suma de
$4.410.180.248, mientras que lo reconocido solo alcanzó los $429.703.113.
Para la época de expedición del mencionado acto administrativo el contrato
presentaba un amplio déficit que incidió en la ejecución lo cual hizo
insostenible la economía del contratista.
2) Mediante la Resolución no. 2268 del 15 de septiembre de 2009 el Distrito
Capital hizo un reconocimiento económico adicional al contratista pero nunca
lo pagó y no se atendieron en su totalidad las situaciones que desequilibraron
el contrato, situaciones que determinaron la imposibilidad de cumplirlo.
3) Los retrasos en la ejecución no fueron imputables al contratista sino a
variaciones en el objeto contractual que impidieron iniciar obra en cuatro de
los nueve módulos a intervenir debido a una circunstancia imprevista
consistente en el hallazgo de una placa de contrapiso de gran magnitud que
los estudios preliminares no referían y que fue necesario demoler; la
eliminación de la construcción del sótano previsto también impactó
negativamente la ejecución del contrato.
3) Se presentaron otros imprevistos que justificaron la solicitud de ampliación
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
de plazo en 120 días adicionales, elevada por el contratista (rediseños,
traslados de filtros y tuberías, temporada invernal, modificación en canal de
desagüe, aumento en altura de culatas, falta de información sobre paramento
vegetal, existencia de un solo proveedor del concreto y cambio de
especificaciones), lo cual dio lugar a una ampliación de plazo de 80 días, de
modo que no puede atribuirse responsabilidad al contratista por esos hechos
derivados de la indebida planeación del contrato.
4) Se desconoció el efecto de la violación del debido proceso porque
acreditada como quedó daba lugar a la anulación total de los actos
demandados y no a lo ordenado por el tribunal.
5) El único amparo que tenía vigencia hasta el año 2014 era el de estabilidad
de la obra, los de cumplimiento y anticipo solo estuvieron vigentes entre el 9
de abril de 2007 y el 1º de julio de 2009 mientras que los incumplimientos
tuvieron lugar luego del 4 de agosto de 2009 cuando se dispuso reanudar el
contrato luego de la suspensión que lo afectó.
6) Con fundamento en lo expuesto se debe “declarar la nulidad absoluta del
contrato de seguro y la ilegalidad de las resoluciones 1444 y 3244 de 2010”.
7. Alegaciones finales
En esta oportunidad procesal la apelante presentó un escrito idéntico al
contentivo del recurso de apelación (fl. 242 cdno. ppal); el Distrito Capital
sostuvo que la mayor permanencia alegada tuvo que ver con ampliaciones del
plazo contractual solicitadas por la contratista y que fueron pactadas para
permitirle continuar la ejecución, por lo tanto, no puede derivarse de ellas el
derecho a algún reconocimiento o compensación, por el contrario, están
ampliamente probados los incumplimientos del contratista con fundamento en
los informes de la interventoría.
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
II. CONSIDERACIONES
1. Objeto de la controversia
La aseguradora del contrato demanda la nulidad de actos administrativos
contractuales a través de los cuales se declaró el incumplimiento de un
contrato estatal, se impuso cláusula penal y se hizo efectiva la garantía de
anticipo por cuanto (i) no hubo incumplimiento de la contratista; (ii) fue la
entidad contratante quien la dejó en imposibilidad de cumplir por el hecho de
no restablecer el equilibrio económico del contrato que se alteró por
situaciones imprevistas y por modificaciones impuestas por la entidad durante
la ejecución; (iii) los reconocimientos económicos contractuales no permitieron
superar la situación de iliquidez a la que se llevó al contratista como
consecuencia de lo anterior; (iv) los presuntos incumplimientos tuvieron lugar
por fuera de la vigencia de la póliza y, (v) la violación del debido proceso por
no vinculación del coasegurador al trámite administrativo conduce a la nulidad
plena de los actos demandados.
El tribunal encontró probados los incumplimientos del contratista con los
informes de interventoría aportados a la actuación, indicó que estos se
presentaron durante la vigencia de la póliza la cual se extendió hasta el año
2014, que los desequilibrios fueron compensados por la entidad y, que sí hubo
violación del debido proceso por el hecho de no citar al coasegurador al
procedimiento administrativo que culminó con los actos demandados, razón
por la cual redujo a la mitad lo impuesto en ellos a la demandada y denegó las
demás pretensiones de la demanda.
La apelante insiste en los argumentos de la demanda y reclama que la
declaración de nulidad del acto debió ser total, producto de la violación del
debido proceso porque vició en su integridad los actos administrativos, que no
hubo incumplimiento ya que fue la iliquidez del contratista la que impidió
cumplir y esta fue generada por unos hechos externos y otros imputables a la
contratante que generaron desequilibrio contractual y que este nunca se
compensó durante la ejecución; por su parte, la demandada no apeló, por lo
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
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que el fallo no puede ser modificado en la que le fue favorable al apelante
único; tampoco podrá emitirse decisión sobre la petición de “nulidad del
contrato de seguro” contenida en el recurso de alzada porque ello no fue
pedido en la demanda.
La Sala2 considera que (i) la violación del debido proceso que se alega por la
no citación del coasegurador solo le daba derecho a Segurexpo SA a reclamar
la nulidad de los actos en cuanto a que le fue exigido un 50% en exceso del
amparo que otorgó tal como lo dispuso el tribunal, respecto del punto se
precisa que esta decisión no fue apelada por la entidad por lo cual no podría
ser reformada en contra del apelante único y la pretensión de nulidad total
habilita al juez para decretarla de manera parcial, de modo que se mantendrá
esta decisión; (ii) el cargo de falta de vigencia de la póliza está llamado a
prosperar parcialmente, respecto del amparo de cumplimiento, por cuanto
este se decretó con fundamento en un incumplimiento ocurrido cuando este
había expirado, lo que da lugar a revocar el ordinal 1° del artículo primero de
la sentencia apelada y, en su lugar, anular los actos demandados en cuanto
hicieron efectivo el amparo de cumplimiento; (iii) los demás cargos no
prosperan por cuanto no se desvirtuó la presunción de legalidad de los actos
demandados en cuanto hicieron efectivo el amparo del anticipo, razón por la
cual se mantiene parcialmente la legalidad de los actos demandados sobre
ese punto.
Para justificar esa conclusión es preciso analizar una a una las
inconformidades del recurrente, como se realiza a continuación.
2. Violación del debido proceso
El artículo 29 de la Constitución dispone que el debido proceso es aplicable a
todas las actuaciones judiciales y administrativas, su respeto comporta la
aplicación de las formas propias de cada procedimiento y el derecho de
2 Previamente a abordar el análisis de fondo, se verifica que la demanda fue promovida en
tiempo porque la Resolución 3244 por la cual se decidió la reposición contra la Resolución
1444 fue expedida el 23 de noviembre de 2010 (fl. 145 cdno. 3); aunque no hay constancia
sobre su notificación, la demanda fue radicada el 15 de noviembre de 2011 (fl. 43 cdno. ppal.),
esto es, dentro de los dos años siguientes.
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audiencia y de defensa de los involucrados; en materia de contratación estatal
el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 dispone lo siguiente respecto del
procedimiento para declarar el siniestro de incumplimiento y hacer efectiva la
cláusula penal pecuniaria:
“ARTÍCULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El
debido proceso será un principio rector en materia
sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo
de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos
que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de
conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta
decisión deberá estar precedida de audiencia del afectado que
deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el
derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras
se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del
contratista. Así mismo podrán declarar el incumplimiento con el
propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria
incluida en el contrato.
PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas, se
harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo
acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de
compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la
garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo
el de la jurisdicción coactiva.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este
artículo se entienden atribuidas respecto de las cláusulas de multas
o cláusula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados
con anterioridad a la expedición de esta ley y en los que por
autonomía de la voluntad de las partes se hubiese previsto la
competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas
efectivas.” (resalta la Sala).
Conforme a lo expuesto, la administración está facultada para declarar el
incumplimiento tendiente a hacer efectiva la garantía del contrato y la cláusula
penal pecuniaria; para el ejercicio de dicha prerrogativa está obligada a
respetar el debido proceso a los afectados lo que incluye, como mínimo, la
garantía a ser escuchados previamente, a solicitar la práctica de pruebas y a
controvertir las que se practiquen.
En este caso las partes no discuten y, por el contrario, la accionada aceptó
que Seguros Colpatria SA no fue vinculado al procedimiento administrativo de
declaratoria del siniestro porque consideró suficiente reclamar la
indemnización a la “aseguradora líder” quien, luego, debería repetir contra el
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
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coasegurador toda vez que esa es la “costumbre mercantil”.
Efectivamente, la Resolución 1444 de 15 de junio de 2010 se profirió
únicamente con la comparecencia de Segurexpo de Colombia SA y del
contratista (fl. 61 cdno. 3) y en ella se dispuso:
“ARTÍCULO PRIMERO. Declarar ocurrido el siniestro de
incumplimiento del contrato No. 157 de 2006, en consecuencia de
lo anterior, aplicar la cláusula penal pecuniaria en cuantía
equivalente al 20% del valor total del contrato, la cual se tomará o
descontará del saldo a favor del contratista, o de la garantía única
No. 00004673, expedida por la Compañía SEGUREXPO DE
COLOMBIA S.A. y de no ser posible, se cobrará por jurisdicción
coactiva (...).
ARTÍCULO SEGUNDO. Hacer efectiva la Garantía Única de
Cumplimiento ante Entidades Estatales No. 00004673, en relación
con el amparo de anticipo, expedida por SEGUREXPO DE
COLOMBIA S..A, por la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL VEINTICUATRO
PESOS ($459.302.024), valor dejado de amortizar por el
contratista.
(...)
ARTÍCULO CUARTO. Notificar personalmente la presente
resolución al representante legal del Consorcio Ingesa Lituania y al
representante legal de SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A., en la
forma prevista en los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
Administrativo.” (mayúsculas sostenidas del original - fl. 61 cdno.
3).
Mediante la Resolución 3244 de 23 de noviembre de 2010 (fl. 145 cdno 3) la
demandada confirmó la Resolución 1444 y, pese a que en el recurso de
reposición Segurexpo de Colombia SA insistió en que debió vincularse a
Colpatria Seguros SA y puso de presente la violación del debido proceso que
ahora alega (fl. 143 cdno 3), el Distrito Capital no resolvió dicho argumento al
desatar el recurso de la vía administrativa.
Las partes tampoco discuten y está probado que Seguros Colpatria SA fue el
coasegurador del 50% del contrato de obra 157 de 2006, tal como de ello da
cuenta la póliza no. 00004673 (fl. 21 cdno. 3), lo cual imponía, tal como lo
reclama Segurexpo, la vinculación de aquella al procedimiento administrativo
tendiente a la declaratoria del siniestro para que pudiera ejercer sus derechos
de contradicción y defensa.
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
Ahora, no se pasa por alto que era Colpatria SA el titular del derecho subjetivo
desconocido por cuanto fue a esta a quien se dejó de citar al trámite; sin
embargo, esa transgresión tuvo incidencia directa y modificó una situación
jurídica de Segurexpo de Colombia SA a quien se le llamó a responder por la
parte correspondiente al coasegurador.
Precisa la Sala que no se está en presencia de dos contratos de seguro
distintos sobre un mismo riesgo sino de uno solo, en el que las dos compañías
aseguradoras mencionadas distribuyeron entre ellas la asunción de dicho
riesgo en determinadas proporciones según lo autoriza el artículo 1095 del
Código de Comercio, con fundamento en el cual la jurisprudencia de esta
Corporación ha precisado su alcance así3:
“El contrato de coaseguro es un contrato plurilateral en el que, en
un mismo instrumento, dos o más sujetos aseguradores asumen de
manera conjunta la responsabilidad de un riesgo asegurable hasta
por la totalidad de éste y que puede surgir por iniciativa del
asegurado o por el ánimo de uno los aseguradores, esto último
siempre con la aquiescencia del interesado, como bien lo señala el
artículo 1095 del Código de Comercio, según el cual:
‘(…) en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición
del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan
distribuirse entre ellos determinado seguro’.
Es, por tanto, un contrato y una modalidad de coexistencia de
seguros, en el que existe identidad de interés asegurado, de
riesgos, y en el que concurre una pluralidad de aseguradores,
entre quienes se distribuyen el riesgo hasta completar la
totalidad del mismo, lo cual dista de la concurrencia de
seguros, en la que se presentan varias relaciones
contractuales distantes entre sí, aun cuando todas ellas tienen
como objeto amparar la totalidad de idéntico interés, sin que
entre ellos se presente distribución del riesgo.” (negrillas
adicionales).
No se trató entonces, como lo alegó el Distrito Capital, de un contrato en virtud
del cual una de las aseguradoras se obligó a responder frente a la otra, sino,
de un único contrato en el que Segurexpo SA y Seguros Colpatria SA
fungieron como integrantes de uno de sus extremos; en esa perspectiva, la
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 6 de noviembre de 2020,
exp. 49.612, CP José Roberto Sáchica Méndez.
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
aquí demandante solo podía ser llamada a responder por el porcentaje que
aseguró.
Es claro para la Sala que las obligaciones que asumen las coaseguradoras
son conjuntas en proporción al porcentaje de riesgo aceptado por cada una
de ellas y no existe en este caso solidaridad legal ni contractual entre ellas, de
modo que la contratista violó el debido proceso a Segurexpo SA al negar la
vinculación del coasegurador Colpatria SA al trámite administrativo e
imponerle, sin fundamento jurídico admisible, la carga de responder por la
obligación de un tercero que no fue citado al proceso y que, en tal virtud,
carece de interés para cuestionar los actos administrativos objeto de control,
con todo, como lo estimó el tribunal, ello solo otorga derecho a Segurexpo SA
para reclamar la nulidad parcial del acto, precisamente porque las
obligaciones no eran solidarias y bien podía reclamársele su parte sin la
comparecencia del coasegurador.
Respecto de la presunta costumbre mercantil alegada por la demandada y
que, a su juicio, sustenta el hecho de no haber citado a Seguros Colpatria SA
debe precisarse que la costumbre contra legem no es fuente de derecho y, en
todo caso, la alegada por el Distrito Capital no se acreditó.
Así las cosas, tal como lo resolvió el tribunal, esa irregularidad solo vició
parcialmente los actos demandados, pues, está probado que Segurexpo SA
también fungía como asegurador de una parte del riesgo y, por consiguiente,
podía ser llamado a responder, como en efecto ocurrió; así las cosas, el acto
demandado solo es nulo parcialmente, en tanto resolvió de fondo sobre el
100% del siniestro pese a que solo vinculó a la aseguradora del 50% del
riesgo.
Es preciso destacar que, en todo caso, con independencia del criterio de la
Sala sobre el punto, esta decisión del tribunal no podría reformarse en
detrimento del apelante único y la pretensión de nulidad total de los actos
demandados habilitaba al juez para decretarla de manera parcial como lo hizo
el a quo, sin desconocer la causa petendi ni el deber de congruencia de la
decisión.
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
3. Vigencia de los amparos de cumplimiento y anticipo
Este cargo prospera respecto del amparo de cumplimiento porque, según lo
probado, es cierto el argumento de la apelación según el cual los amparos de
cumplimiento y de anticipo estuvieron vigentes entre el 9 de abril de 2007 y el
1 de julio de 2009 (fls. 21 y ss. cdno. 3) y no hasta el 2014 como lo resolvió el
tribunal (pues esta era la vigencia del amparo de la garantía de estabilidad);
por su parte, el incumplimiento declarado se verificó por fuera de la vigencia
del amparo.
En efecto, el contrato no. 157 de 30 de noviembre de 2006 tuvo por objeto la
“ejecución de la construcción del proyecto Lituania de acuerdo con los planos
y especificaciones entregados a la Secretaría de Educación del Distrito por el
diseñador responsable” (fl. 551 cdno. 3). La garantía única del contrato fue la
póliza de seguro no. 04673 con la cual se ampararon, entre otros riesgos, el
cumplimiento y la amortización del anticipo; la vigencia de los mencionados
amparos fue modificada en varias oportunidades en lo atinente a la vigencia
de los referidos amparos, como se explica en la siguiente tabla:
Vigencia inicial Vigencia final
09/04/2007 27/12/2007 (fl. 52 cdno. 3)
09/04/2007 07/05/2008 (fl. 50 cdno. 3)
09/04/2007 07/08/2008 (fl. 49 cdno. 3)
09/04/2007 10/11/2008 (fl. 46 cdno. 3)
09/04/2007 31/12/2008 (fl. 44 cdno. 3)
09/04/2007 31/03/2009 (fl. 38 cdno. 3)
09/04/2007 01/07/2009 (fl. 23 cdno. 3)
Por su parte, se probó que el plazo de ejecución fue ampliado en varias
oportunidades y tuvo una suspensión, con lo cual se amplió el plazo hasta el
28 de febrero de 2009, según se pasa a detallar:
Plazo inicial y adiciones Suspensiones Fin contrato
270 días (9 de abril de 2007 fl. 550 3 de enero de 2008
cdno. 3)
M2 89 días (fl. 617 cdno. 3) 1 de abril de 2008
S1 20 días (fl. 620 21 de abril de 2008
cdno 3)
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
M3 80 días (fl. 628 cdno. 3) 10 de julio de 2008
M4 51 días (fl. 636 cdno. 3) 30 de agosto de 2008
M6 90 días (647 cdno. 3) 28 de noviembre de
2008
M8 92 días (fl. 655 cdno. 3) 28 de febrero de 2009
Según consta en el acto que declaró el incumplimiento, además de lo ya
relatado, el plazo contractual se vio afectado por otras suspensiones, así: (fl.
63 cdno. 2):
Fecha de suspensión término Fin contrato
S2 23/12/2008 30 días 30 de marzo de 2009
S3 21/01/2009 68 días 6 de junio de 2009
S4 31/03/2009 87 días 1 de septiembre de
2009
Lo anterior permite evidenciar que el contrato quedó sin garantías desde el 1
de julio de 20094, cuando vencieron los amparos de cumplimiento y anticipo;
en consecuencia, le asiste razón a la apelante al afirmar que el amparo vigente
hasta el año 2014 era únicamente el de estabilidad de la obra; la entidad
contratante reconoció esta irregularidad en la Resolución 1444 de 15 de junio
de 2010, así:
“De conformidad con la información suministrada por la Dirección
de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos
mediante oficio No. I-049860 del 29 de septiembre de 2009,
respecto a los requerimientos realizados tanto a contratista (…)
como a las aseguradoras SEGUREXPO Y ASEGURADORA
COLPATRIA (…) en cuanto al incumplimiento del contratista de
realizar la actualización de las garantías que amparan y avalan el
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato No. 157 de
2006, la Oficina de Contratos requiere a las Aseguradoras
SEGUROS COLPATRIA SA, SEGUREXPO SA y al contratista (…)
con el fin de acatar la obligación contenida en la cláusula
duodécima del referido contrato, respecto a la actualización de las
garantías que avalan el contrato, las cuales a la fecha no se
encuentran vigentes” (fl. 200 cdno. 2 – mayúsculas fijas originales).
Ahora, los actos demandados se fundamentan en un informe de la
interventoría de 21 de septiembre de 2009 en el cual se destaca que el
4 La señora María Juana Herrera Rodríguez, gerente jurídica de la demandante (fl. 845 cdno.
1) declaró que la última vigencia del amparo de cumplimiento fue el mes de julio de 2009; pese
a las condiciones de sospecha de la declarante, su dicho es coincidente con las demás
pruebas aportadas.
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
contratista incumplió por no reiniciar la obra, abandonarla y no responder a los
requerimientos, lo cual lo puso de presente en estos términos:
Conjuntamente la Dirección Técnica de Interventoría, la Gerencia
de Obra y la Gerencia de Proyecto de la Universidad Nacional de
Colombia, damos alcance al oficio CEGO-15706-09-0008 radicado
en la SED el 10 de agosto de 2009 bajo el número E-2009-143078
y en virtud al evidente incumplimiento en que ha incurrido el
contratista CONSORCIO INGESA LITUANIA, al no reiniciar la
obra, abandonar el proyecto, no responder a los
requerimientos y guardar un total silencio desde hace varias
semanas, presentamos a la SED el informe con el cual registramos
el INCUMPLIMIENTO del contrato de obra No. 157 de 2006,
suscrito para la construcción del proyecto LITUANIA EBENEZAR
destinado al colegio Tomás Cipriano de Mosquera.
Durante los últimos meses y en particular durante las últimas
semanas, hemos agotado conjuntamente con la SED, todos los
esfuerzos posibles para lograr la reactivación de la obra por parte
del contratista, propiciando espacios de diálogo, desarrollando todo
tipo de acciones persuasivas y formulando requerimientos, sin
encontrar ni recibir ninguna respuesta del contratista que aliente la
posibilidad de rescatar el proyecto, terminarlo y darlo al servicio de
la comunidad.
Todos los intentos para que el contratista reinicie los trabajos
de construcción han resultado en vano, pues en cada
oportunidad de discusión el contratista amplía las condiciones que
ha venido imponiendo para dar continuidad a la obra y antepone a
cualquier posibilidad de reinicio, la resolución de sus pretensiones
económicas, sin otorgar importancia alguna a su obligación de
ejecutar el contrato.
(…).
Superados los motivos que dieron origen a la suspensión no. 2 y a
sus dos prórrogas, el contratista se ha negado a suscribir el acta
de reinicio, que de acuerdo con el criterio conjunto de la
Secretaría de Educación del Distrito (…) ha sido desplazado del
día 26 de junio de 2009 al día 4 de agosto de 2009, luego de
especiales consideraciones con el contratista frente a su renuencia
a reactivar la obra, acción que ha venido condicionando
unilateralmente a la sucesión de hechos relacionados en el
otorgamiento y pago de reconocimientos económicos que han sido
decididos a su favor dentro del proceso de revisión de su
reclamación económica, desplazado el reinicio automático de la
obra al 4 de agosto de 2009, la fecha de expiración del plazo
contractual está definida para el 10 de octubre de 2009, pero a la
fecha del presente informe el contratista no ha dado ninguna
muestra de querer retomar la obra para reiniciar actividades, como
tampoco ha presentado ninguna solicitud para pactar una nueva
suspensión ni para ampliar el plazo contractual, su hermetismo y
desentendimiento es total.
Es precisamente a partir de este punto, donde se genera y
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
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Controversias contractuales
configura el incumplimiento del contrato, ante la negativa del
contratista de reiniciar y terminar la obra. Cumplir con el objeto
contractual restante es físicamente imposible, teniendo en cuenta
que a juicio de la interventoría, ello demanda por lo menos un plazo
de ciento veinte (120) días calendario.” (fl. 64 cdno. 3 – mayúsculas
fijas originales y negrillas de la Sala).
Queda en evidencia que el incumplimiento que desencadenó la expedición de
los actos administrativos demandados derivó de la no reactivación de la
ejecución del contrato luego de una suspensión y que ello debía tener lugar el
4 de agosto de 2009, mientras que la garantía de cumplimiento solo estuvo
vigente hasta el 1 de julio del mismo año, es decir, el abandono de las obras
no quedó amparado porque la póliza ya no estaba vigente para el 4 de agosto
de 2009, cuando se produjo el hecho.
La Sala no duda que de acuerdo con la ley todo contrato debe estar amparado
por las garantías correspondientes siempre que se encuentre en ejecución, tal
como lo precisó el tribunal; sin embargo, la obligación de la aseguradora de
asumir la indemnización de un determinado riesgo deriva del contrato de
seguro correspondiente y, en tal virtud, solo pueden exigirse al asegurador
aquellos cubiertos en los términos de la correspondiente póliza y
materializados durante su vigencia; por consiguiente, so pretexto de la
irregularidad acaecida en la ejecución del contrato 157 de 2006 no era
jurídicamente viable imponer a la aseguradora la obligación de asumir el
siniestro ocurrido por fuera de la vigencia de la póliza.
No ocurre lo mismo con el amparo del anticipo que en los actos demandados
se hizo efectivo con base en la siguiente argumentación:
“Que de otra parte, mediante oficios Nos. I-2010-024318 e I-024774
del 13 y 19 de mayo respectivamente, la Dirección de
Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos,
informa que el contratista no amortizó de forma total el anticipo
que le fue entregado, siendo esta una de las obligaciones del
contratista, constituyéndose en un incumplimiento adicional. Por lo
cual, se hace necesario hacer efectiva la Garantía Única de
Cumplimiento en cuanto al amparo del manejo del anticipo” (fl. 100
cdno. 2 – se resalta).
Para cuestionar este punto le correspondía a la actora demostrar que el
siniestro ocurrió por fuera de la vigencia de la póliza, pero, no lo hizo frente a
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
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Controversias contractuales
este específico aspecto; por el contrario, la entidad precisó que el siniestro de
no amortización del anticipo que se hizo efectivo lo verificó en el mes mayo de
2009, cuando estaba vigente el amparo correspondiente y ello no fue
desvirtuado por la demandante, de modo que el cargo de falta de vigencia de
la póliza no prospera, lo cual impone mantener la determinación del tribunal a
este respecto.
4. Incumplimientos históricos de la contratante
En los actos administrativos demandados la entidad contratante refiere a
retrasos históricos en la ejecución que impusieron ingentes ampliaciones del
plazo, sin embargo, lo probado es que las partes acordaron, esto es, de mutuo
acuerdo, modificar la duración del contrato; no se trató entonces de atrasos en
la ejecución sino del cumplimiento de los pactos de las partes respecto de las
prórrogas acordadas, casi todas las cuales, según está probado, se requirieron
por circunstancias no imputables al contratista; para ilustrar este punto se
analizan a continuación las adiciones al contrato que fueron aportadas al
plenario y las causas que, según consta en cada una de ellas, les dieron
origen:
Adición Fundamento
Modificación 1 Se modifican los totales de unos ítems por diferencias entre el
costo ofertado y la suma aritmética total (fl. 612 cdno. 2).
Modificación 2 “En el plano topográfico inicial se tenía detectada una placa de
Plazo concreto de menor dimensión a la realmente encontrada en el
predio. La placa encontrada era de concreto reforzado (…) la
cual debe ser demolida para poder continuar con la cimentación
del proyecto; esta placa tuvo demora en su demolición porque
inicialmente se realizó con martillos neumáticos previstos para
la placa de menos dimensión los cuales no dieron el rendimiento
esperado, razón por al cual fue necesario ejecutar el trabajo con
un equipo de perforación especializado (…). En comité de obra
del 8 de junio, la SED, el consultor, la gerencia de obra y la
interventoría de obra tomaron la decisión de suspender todas
las actividades de excavación en el Cire y eliminar la
construcción del sótano del edificio Cire, debido a que por la
cercanía del humedal Jaboque, en nivel freático está por encima
del nivel esperado (…) se decide hacer ajustes a los diseños
tanto arquitectónicos como estructurales y de instalaciones,
requiriendo un tiempo adicional para su desarrollo de 89 días.”
(fl. 617 cdno. 2).
Suspensión 1 “Se encuentra por definir con las entidades distritales (…)
algunos compromisos en lo relacionado a la construcción de
obras como lo son la construcción de la prolongación de la red
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
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Controversias contractuales
de acueducto (…) la conexión de alcantarillado de aguas lluvias
(…). Esta ausencia de definiciones presentan (sic) incidencia en
la terminación del proyecto (…).” (fl. 619 cdno. 2).
Modificación 3 “Durante el desarrollo de la cimentación, en los meses de
Plazo noviembre y diciembre se produjeron lluvias intensas, que al
iniciar la estabilización con rajón y primera capa de recebo,
originaron atrasos al no poder realizar las compactaciones de
material granular, por el nivel freático, así mismo en el proceso
de rediseño del Cire, el acero de refuerzo llegó en su totalidad a
la obra, antes de definir la suspensión del sótano, por tal motivo
el contratista debió adaptarse, en su mayoría a los planos
suministrados por el asesor del consultor en su nuevo diseño,
quedando muy difícil el arreglo de los hierros sobre los nudos
principales (…) se hizo un cambio en el diseño de las redes de
desagüe que incluye la construcción de tanques de reserva y
abastecimiento (…).” (fl. 628 cdno. 2).
Modificación 4 “Necesidad de las obras no previstas en el presupuesto y
Plazo desarrollo del proyecto y la necesidad de las obras no previstas
en el presupuesto y diseño inicial y en función de algunas
condiciones nuevas de mejoras tanto internas como externas
del colegio y por solicitud de la SED” (fl. 636 cdno. 2).
Modificación 5 Se aumenta el precio del contrato en $8.271.109.626 para
remunerar las obras adicionales producto de las modificaciones
pactadas (fl. 639 cdno. 2).
Modificación 6 “Por menores de obra y/o problemas de fuerza mayor que son
Plazo justificables (…) diseño de red de acometida general del
acueducto (…), paro camionero (…), en diseño de fachada
aparece un material no disponible en el país (…), replantear
diseño de la estructura del piso de zonas exteriores peatonales
(fl. 647 cdno. 2).
Modificación 7 “Disminución del saldo del contrato, como un mecanismo que
permita una adecuada ejecución de los recursos” (fl. 650 cdno.
2).
Modificación 8 “Atraso en la programación, no llegada de insumos a la obra, así
Plazo como la falta de equipos y personal de mano de obra que ha
dificultado la terminación de la misma en el tiempo establecido
en la programación” (fl. 655 cdno. 2).
De conformidad con lo expuesto es claro que las partes acordaron las
ampliaciones del plazo, es decir, el contratista no estaba en mora de cumplir
los tiempos de ejecución, previo análisis de su imputabilidad, por lo cual es
claro que la desatención a cronogramas que las propias partes acordaron
modificar no podía ser constitutiva de declaratoria de incumplimiento.
Sobre este punto también debe precisase que las actas de las suspensiones
posteriores al 28 de febrero de 2009 no reposan en la actuación, sin embargo,
la entidad accionada también se refiere a las causas que la generaron, las
cuales tuvieron que ver con el análisis de unas reclamaciones económicos del
contratista producto de las cuales la administración aceptó suspender el
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
contrato5:
“Veamos las motivaciones incluidas en las suspensiones y en sus
prórrogas:
-Suspensión no. 2 “se hace necesaria esta suspensión, puesto que
se debe estudiar a fondo la reclamación presentada por el
contratista, en cuanto a un supuesto desequilibrio económico al
interior del contrato, lo que ha exigido una revisión minuciosa de la
solicitud del contratista y por lo tanto las partes acuerdan que se
requiere de un tiempo para la revisión y consideración por parte de
la SED. Se acuerda entonces una suspensión por el término de 30
días calendario.
-Prórroga no. 1 de la suspensión no. 2. “a la fecha se continúa el
análisis y estudio de la reclamación presentada por el contratista,
en cuanto a un supuesto desequilibrio económico del contrato, lo
cual requiere de varias reuniones conjuntas y análisis de los
soportes que ha entregado gradualmente el contratista. Por lo
anterior se requiere prórroga de suspensión no. 2 en 68 días
calendario.
-Prórroga No. 2 de la suspensión No. 2 “la interventoría en acuerdo
con la SED elaboró un documento denominado TRANSACCIÓN
donde se le reconocía al contratista el valor de lo que fue probado
por el contratista con documentos soportes. Se le dio traslado al
contratista quien respondió que no estaba de acuerdo con el valor
aprobado y en razón a que reclamará los aspectos que no le fueron
aceptados, solicitó que el reconocimiento se hiciera a través de un
documento diferente a la transacción donde no tuviera que
renunciar a reclamar por otra vía lo que consideraba, tenía derecho.
Por esta razón se debe anular el CDP que fue expedido con
destinación específica a la transacción e iniciar un nuevo trámite
para un nuevo CDP, lo cual requiere de un tiempo para su trámite
y obtención. Igualmente se requiere un tiempo para que la SED
elabore el nuevo documento de acto administrativo y se surta el
trámite correspondiente. Por lo anterior se requiere prórroga No. 2
en 87 días calendario.” (fl. 78 cdno. 2 – mayúsculas sostenidas
originales).
Como puede verse, por los hechos allegados al proceso de revisión
de la reclamación y por los trámites logrados en los
reconocimientos, las causales de suspensión se superaron y por lo
tanto el reinicio de la obra se debía generar de forma automática”.
En la Resolución no. 1444 de 15 de junio de 2010 expedida por la Secretaría
Distrital de Educación de Bogotá, con fundamento en el informe de la
interventoría sobre el cumplimiento contractual, se reconoce que las partes
5 También reposa en la actuación el testimonio del señor Jorge Ortega (fl. 845 cdno. 1), gerente
técnico de Construmax SA (integrante del consorcio actor), quien narró que las causas de la
suspensión número 2 y sus prórrogas fueron las indicadas por la entidad en el acto
demandado.
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
ajustaron los cronogramas de ejecución producto de los mencionados
acuerdos. Así lo refiere:
“A la última programación presentada por el Consorcio Ingesa
Lituania y aprobada por la interventoría, en la cual quedó fijada
la fecha de terminación para el 28 de febrero de 2009, se le
realizó un ajuste teniendo en cuenta la segunda suspensión
que se inició el 23 de diciembre de 2008 y sus dos prórrogas.
Luego de este último ajuste el reinicio de actividades se tenía
que hacer efectivo el 4 de agosto de 2009 y la fecha de
finalización del proyecto quedó establecida según estos
pormenores, definida para el 10 de octubre de 2009, que es la fecha
final vigente de extinción del plazo contractual de ejecución.” (fl. 82
cdno. 3 – se resalta).
En esa perspectiva, la propia Resolución no. 1444 de 25 de junio de 2010
refiere dos tipos de actividades pendientes a cargo del contratista: (i) en
ejecución con procesos constructivos iniciados y sin terminar y (ii) actividades
sin iniciar y las “fechas de terminación según programación” (fl. 83 cdno. 2).
Respecto de las no iniciadas, todas las fechas programadas son posteriores a
la expiración de la vigencia de la póliza no. 004673 y la gran mayoría de las
actividades ya iniciadas tenía plazo de ejecución posterior al 1 de julio de 2009.
De acuerdo con lo expuesto está probado que la entidad acordó la suspensión
no. 2 y sus prórrogas por lo cual los retrasos del cronograma hasta ese
momento estaban justificados por las adiciones de plazo y suspensiones del
contrato y, según consta en los actos administrativos demandados, con
posterioridad a ello no se reprochó al contratista incumplimiento en los nuevos
tiempos acordados.
5. Incumplimiento de la contratante, desequilibrio económico del
contrato e iliquidez del contratista
La Sala no encuentra prueba de los supuestos incumplimientos de la
contratante, por cuanto las modificaciones y suspensiones del contrato fueron
acordadas por las partes, según se explicó ampliamente en el acápite que
antecede al resolver el cargo de vigencia del amparo, de modo que el mayor
plazo y las obras adicionales que correspondió ejecutar no fueron derivados
del desconocimiento antijurídico de lo pactado sino la concreción de acuerdos
bilaterales que hacen parte integral del contrato; por el contrario,
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
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Controversias contractuales
correspondieron a la materialización de los referidos pactos en virtud de los
cuales el contratista se obligó a realizar labores adicionales y por plazo
superior al inicialmente pactado.
Para la Sala es claro que el contratista estaba obligado a ejecutar el contrato
en los términos pactados, con cargo a sus recursos y tenía derecho a recibir
el pago de las actas parciales según lo acordado; para tal efecto, la entidad
contratante verificó la capacidad financiera de los oferentes, conforme lo
exigido en los pliegos de condiciones (fl. 379 cdno. 3) y solo son elegibles
aquellos que la demuestren; las posibles reclamaciones y discrepancias
económicas surgidas durante la ejecución no pueden ser calificadas como
incumplimiento de la contratante ni justificaban la inejecución de lo pactado
por parte del contratista.
También consta que en el contrato se pactó un anticipo del 35%, sin embargo,
se dispuso que “el inicio de la ejecución del contrato no dependerá del pago
del anticipo” (fl. 571 cdno. 3) y no hay prueba de que se pagó tardíamente.
6. Violación del artículo 1077 del Código de Comercio
En la demanda se alegó que los actos demandados son nulos porque la
Secretaría de Educación Distrital no cuantificó el siniestro correspondiente al
amparo del anticipo que ordenó hacer efectivo. El tribunal no se pronunció
sobre ese argumento, razón por la cual corresponde complementar la decisión
de primera instancia en aplicación de lo dispuesto en el artículo 311 del Código
de Procedimiento Civil ya que la afectada con la omisión es la parte apelante6.
6 Código de Procedimiento Civil, “artículo 311. Adición. Cuando la sentencia omita la
resolución de cualquiera de los extremos de la litis, o de cualquier otro punto que de
conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro del término de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada dentro del mismo término.
El superior deberá complementar la sentencia del a quo cuando pronuncie la de
segunda instancia, siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado o
adherido a la apelación; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un
proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.” (se
resalta).
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
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El cargo no prospera toda vez que los actos administrativos demandados
cuantificaron el perjuicio con fundamento en un informe de la interventoría;
aunque la administración no detalló la metodología con la cual se obtuvo el
mencionado valor, las decisiones demandadas están revestidas de
presunción de legalidad y de veracidad, de modo que correspondía al
demandante desvirtuarla; así las cosas, no aplica a este caso la regla del
artículo 1077 del Código de Comercio sobre la prueba de la cuantía del
siniestro a cargo de la administración, porque está de por medio una decisión
de la administración que declaró el siniestro y lo cuantificó, la cual se presume
legal mientras ello no sea desvirtuado.
En efecto, si el anticipo se amortizó debidamente era carga de la aseguradora
demostrarlo para poder controvertir las referidas presunciones, como no lo
hizo, debe mantenerse la presunción de legalidad del acto demandado en
cuanto hizo efectivo el siniestro de anticipo, con la reducción dispuesta por el
tribunal.
7. Conclusión
El recurso prospera parcialmente en cuanto a los cargos de falta de vigencia
del amparo de cumplimiento y al cumplimiento de la demandada a los tiempos
del contrato conforme a las modificaciones pactadas y ello releva a la
demandada de las obligaciones impuestas en los actos demandados respecto
del incumplimiento; por otra parte, el amparo del anticipo se hizo efectivo en
forma legal por lo cual se mantiene, pero con la reducción ordenada por el
tribunal.
8. Restablecimiento del derecho
Como consecuencia de la nulidad que se decreta, el Distrito Capital de Bogotá
• Secretaría de Educación Distrital deberá devolver a Segurexpo de Colombia
SA Aseguradora de Crédito y del Comercio Exterior las sumas que hubiere
pagado con ocasión de los apartes anulados -correspondientes a la cláusula
penal que se hizo efectiva en el artículo primero de los actos demandados- o
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
abstenerse de cobrarlas si no lo ha hecho,
La pretensión quinta7 relativa al reclamo de intereses sobre los valores que
deban reintegrarse no prospera porque la obligación de devolver las sumas
de dinero de la cláusula penal nace con esta sentencia y, en tal virtud, no
existe mora que justifique el reconocimiento de los intereses pretendidos; no
obstante, sí prospera la pretensión sexta para compensar la pérdida de poder
adquisitivo del dinero y, en tal virtud, las sumas que deban ser devueltas se
actualizarán conforme a la siguiente fórmula: VA = VH*índice final / índice
inicial, donde VA es el valor actualizado, VH el valor efectivamente pagado, el
índice final el de la presente sentencia y el índice inicial el del pago que hubiera
realizado Segurexpo de Colombia SA; si fueron varios pagos y realizados en
meses o años distintos se aplicará la fórmula separadamente a cada uno.
9. Costas
No se evidencia alguna conducta temeraria o de mala fe de las partes que
justifique la imposición de costas, por lo que no se condenará por este
concepto, en aplicación del artículo 171 del Decreto 01 de 1984.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera – Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: Revócase parcialmente la sentencia de 6 de febrero de 2014
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera -
Subsección B, en lo correspondiente al “artículo primero” ordinal 1° de la parte
resolutiva; en los demás se confirma. La parte resolutiva queda así:
7 Este punto tampoco fue resuelto por el tribunal por lo cual se complementa el fallo de primera
instancia en los términos del artículo 311 del CPC antes citado.
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
1º) Declárase la nulidad del artículo primero de la Resolución
no. 1444 de 15 de junio de 2010 por medio del cual la Secretaría
de Educación de Bogotá declara la ocurrencia del siniestro de
incumplimiento y hace efectiva la cláusula penal pecuniaria,
según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2º) Declárase la nulidad parcial de la Resolución 3244 de 23 de
noviembre de 2010 de la Secretaría de Educación de Bogotá,
por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto
contra la Resolución no. 1444 del 15 de junio de 2010,
únicamente en cuanto confirmó el artículo 1° de esta última.
3º) Declárase la nulidad parcial del artículo segundo de la
Resolución No. 1444 del 15 de junio de 2010 únicamente en
cuanto hizo efectivo el 100% del amparo de anticipo en contra
de Segurexpo de Colombia SA.
4°) Declárase la nulidad parcial de la Resolución No. 3244 del
23 de noviembre de 2010, en cuanto confirmó el artículo
segundo de la resolución No. 1444 del 15 de junio de 2010 que
hizo efectivo el 100% del amparo de anticipo en contra de
Segurexpo de Colombia SA.
5°) Como consecuencia de las nulidades decretadas, la Garantía
Única de Cumplimiento ante entidades estatales No. 00004673,
solo es efectiva frente a Segurexpo de Colombia SA en relación
con el Amparo de Anticipo, por la suma de DOSCIENTOS
VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL DOCE PESOS ($229.651.012), correspondiente al 50% del
valor dejado de amortizar por el contratista.
6°) Condénase al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría de
Educación Distrital a devolver a Segurexpo de Colombia SA
Aseguradora de Crédito y del Comercio Exterior las sumas que
hubiere pagado con ocasión de los apartes anulados,
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Expediente: 25000232600020110122201 (50.698)
Demandante: Segurexpo de Colombia SA
Controversias contractuales
correspondientes al 100% de la cláusula penal y el 50% del
amparo de anticipo, debidamente indexadas según lo dispuesto
en la parte motiva de esta sentencia, y si no lo ha hecho que se
abstenga de cobrarlas.
4º) Cúmplase la presente sentencia en los términos de los
artículos 176, 177 y 178 del CCA.
5º) Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
Segundo: Sin costas.
Tercero: En firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de
origen previas las desanotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado ponente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado (Aclara voto) Magistrado
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados
integrantes de la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado en la plataforma
SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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