Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01255-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2011-01255-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 25000-23-26-000-2011-01255-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
8 de abril de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: ERROR JUDICIAL – fallo dictado en un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA – se ciñe a los cargos
formulados por el recurrente contra la providencia del a quo / ALCANCE DEL RECURSO
DE APELACIÓN – deber de sustentación – la sentencia se recurrió formalmente, pero no
se plantearon argumentos frente a algunas conclusiones del a quo / DAÑO ANTIJURÍDICO
– no se demostró – para su configuración la providencia debe estar desprovista de una
justificación o argumentación razonable.
La Sala resuelve el recurso de apelación formulado por la parte actora contra el fallo
del 3 de febrero de 2021, proferido por la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda.
I.SÍNTESIS DEL CASO
El actor estima que en la sentencia del 27 de agosto de 2009 se incurrió en error
judicial, al desconocer que el acto administrativo de retiro requería motivación; que
sí cumplía con los requisitos del cargo que ocupaba; que era aplicable el factor de
equivalencias; y que no tuvo la oportunidad de controvertir unos documentos que
se allegaron después de culminada la etapa de pruebas.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 22 de noviembre de 2011, el señor Guillermo Hernández Riveros, en ejercicio de
la acción de reparación directa, radicó demanda contra la Nación – Rama Judicial,
con el fin de que se le indemnicen los perjuicios que sufrió por el supuesto error
jurisdiccional cometido por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 2005-07036-02 (fls. 1 – 21 del c.1).
Por lo anterior, pidió que se le reconocieran y pagaran sumas no inferiores a 378 y
100 SMLMV, por lucro cesante y por daño moral, respectivamente.
Como fundamento fáctico de la demanda, narró que, en Resolución 016 del 20 de
enero de 2004, la Auditoría General de la República lo nombró en provisionalidad
en un cargo de carrera administrativa, esto es, profesional especializado, grado III,
de la Gerencia Seccional II; no obstante, mediante Resolución 257 del 28 de abril
de 2005, declaró insubsistente su nombramiento, sin motivación alguna.
Por tal hecho, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para
que se anulara la resolución referida y, como consecuencia, se le reconocieran y
pagaran los sueldos y prestaciones sociales dejados de percibir; asimismo, se
ordenara su reintegro al cargo que ocupaba o a otro de igual o superior jerarquía.
A través de sentencia del 6 de agosto de 2008, el Juzgado 16 Administrativo de
Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda, por cuanto, a su modo de ver, el
acto administrativo enjuiciado desatendió el requisito de motivación contemplando
en la Ley 909 de 2004, decisión que fue apelada por la entidad estatal.
Encontrándose el proceso para fallo, la Subsección C de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó un auto de mejor proveer, mediante
el cual le solicitó a la Auditoría General de la República que aportara “una prueba
que no tenía ninguna vocación de acreditar los hechos de la demanda y frente a la
que no corrió traslado”.
En fallo del 27 de agosto de 2009, la autoridad referida revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones invocadas, con base en argumentos
que “jamás fueron discutidos en el asunto”.
El demandante explicó que en esa determinación, el tribunal, en particular, concluyó
(i) que no cumplió con los requisitos para el cargo que ocupaba, pese a que “el acto
de nombramiento no hizo parte de la controversia”; (ii) que el acto de desvinculación
de un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa
era discrecional y, por tanto, no debía ser motivado, “punto no se ajustaba a la ley”;
y (iii) que era su obligación probar que con el acto de insubsistencia se desmejoró
el servicio “situación que tampoco se señaló en el proceso”.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
A juicio de la parte actora, esa decisión fue contraria a derecho, en su orden, por lo
siguiente:
• Desconoció la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1227 de 2005, ya que avaló que
no se motivara el acto administrativo de insubsistencia, a sabiendas de que
ocupaba un cargo de carrera administrativa en provisionalidad.
• Aplicó el principio iura novit curia contra sus intereses, al sostener que no
cumplía con los requisitos para acceder al cargo que ocupaba, cuando el acto
administrativo de nombramiento no fue esgrimido en la demanda y, en todo
caso, no tuvo la oportunidad de controvertir los documentos que la entidad
entregó en cumplimiento del “auto de mejor proveer”.
Además, omitió verificar que la persona nombrada en su reemplazo no era
apta para ocupar el cargo, pues la hoja de vida tenía “información falsa” y la
Auditoría General de la República debía demostrar la mejora del servicio con
la desvinculación.
• Ignoró que el Decreto 273 de 2000 reconocía el factor de “equivalencias” para
acceder a los cargos de la entidad accionada.
2. Trámite de primera instancia
2.1. El 6 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la
demanda1 y dispuso su notificación a la entidad estatal demandada y al Ministerio
Público (fl. 100 del c.1).
2.2. La Nación – Rama Judicial manifestó que el hecho de que la Subsección C de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca hubiera revocado
el fallo del Juzgado 16 Administrativo de Bogotá, per se, no era contentivo de un
error judicial, máxime cuando los planteamientos respondieron a criterios de sana
crítica, razonabilidad y autonomía judicial frente a la controversia, cosa distinta fue
que para esa época existían criterios diversos en las altas cortes sobre la
obligatoriedad de motivar los actos de retiro de empleados nombrados en
1
Previo a esto, en auto del 14 de marzo de 2012, el a quo inadmitió la demanda, porque no se
adjuntó copia de la sentencia constitutiva de error jurisdiccional y de los actos administrativos a los
que se hizo alusión en el escrito inicial ni se estimó de manera razonada la cuantía del asunto. El
accionante interpuso recurso de reposición (fls. 24 – 30 del c.1). En proveído del 2 de mayo de 2012
se repuso lo atinente a los documentos que se echaron de menos, pero se mantuvo la determinación
frente a la cuantía (fl. 35 del c.1), falencia que fue subsanada por el actor, en el sentido de señalar
que el perjuicio material equivalía a 378 SMLMV, mientras que el extrapatrimonial a 100 SMLMV (fls.
36 – 38 del c.1).
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Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
provisionalidad en cargos de carrera administrativa, lo que demostraba que el juez
no tenía una única decisión para resolver el asunto:
(…) Lo que se presentó en este asunto fue una diversidad de criterios jurídicos
que, aunque incompatibles y contradictorios, tienen sustento jurídico y
probatorio, y, por consiguiente, uno y otro están ajustados a derecho, ya que
guardan relación con los supuestos fácticos del caso y con las pruebas obrantes
en el plenario (…).
Así, desde su perspectiva, no se podía concluir que la providencia atacada hubiera
sido irregular, porque el título de imputación elevado se configura siempre que las
decisiones sean carentes de justificación o argumentación jurídica, es decir, no
cuenten con respaldo normativo o jurisprudencial, situaciones que no se evidencian
el sub lite (fls. 128 – 133 del c.1).
2.3. Vencido el período probatorio, el 12 de septiembre de 2019 se corrió traslado a
las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y
concepto (fls. 226 – 227 del c.1).
2.4. La parte actora reiteró lo dicho en la demanda, pero agregó un cargo más, a
saber, que, en un caso con supuestos fácticos y jurídicos iguales al debatido2, la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
falló en sentido contrario, pues aseguró que el acto administrativo de insubsistencia
de un empleado nombrado en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa
sí requería motivación, tal y como lo estableció la Corte Constitucional, circunstancia
que permitía inferir que en su demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
se apartó del precedente vinculante y no motivó su criterio (fls. 228 – 229 del c.1).
2.5. La Nación – Rama Judicial adujo que, si bien el parámetro para definir el error
judicial era la norma aplicable al caso, lo cierto era que está no siempre arrojaba
resultados hermenéuticos unificados, con lo cual distintos operadores judiciales
podían aplicar la misma norma a partir de entendimientos diferentes y resultados
dispares, evento que era válido. Entonces, la parte actora tenía que acreditar que el
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado sobre el tema estudiado vía
nulidad y restablecimiento del derecho adolecía de falencias reprochables, para así
considerar que se configuró un error judicial, habida cuenta de que el juez de la
causa acudió a éste para adoptar su juicio (fls. 228 – 238 del c.1).
2.6. El Ministerio Público no intervino en esta etapa procesal.
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Expediente 2006-0062.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
3. Sentencia de primera instancia
En sentencia del 3 de febrero de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas de la demanda, porque
no se probó algún daño antijurídico susceptible de indemnización.
Precisó que para la época en la que se expidió la providencia a la que se le endilga
error judicial no existía una posición uniforme de la jurisprudencia de los tribunales
administrativos y del Consejo de Estado, sino que solo a partir de la sentencia de
unificación del 23 de septiembre de 2010, como criterio único del máximo órgano
en la materia, fue posible entender que los actos administrativos en los que se
declara insubsistente un nombramiento en provisionalidad de un cargo de carrera
no estaban obligados a indicar de forma expresa los motivos, ya que tal condición
se asemejaba a la de los nombramientos en cargos de libre nombramiento y
remoción, tanto así que, en fallo del 4 de agosto de 2010, la Sección Segunda del
Consejo de Estado confirmó que mantenía la tesis de no motivar ese tipo de actos
administrativos.
Así las cosas, coligió que en la sentencia del 27 de agosto de 2009, la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió
en error jurisdiccional, comoquiera que aplicó la jurisprudencia vigente y vinculante
del Consejo de Estado, que para ese momento apuntaba a que no era obligatorio
motivar el acto cuestionado.
De otra parte, aclaró que era cierto que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
en un caso similar, decidió lo opuesto, pero ello fue con posterioridad a la sentencia
cuestionada y en razón de que acogió un nuevo cambio de jurisprudencia, por tanto,
no se podía derivar un error judicial de esa situación.
En relación con el reproche de que se dictó un auto de mejor proveer con el objetivo
de que la Auditoría General de la República aportara una prueba innecesaria para
resolver la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, sin agotarse el
traslado y, de paso, vulnerando las garantías de defensa y contradicción, anotó que
el artículo 169 del CCA permitía decretar pruebas de oficio para esclarecer puntos
oscuros o dudosos del proceso cuando se encontrara pendiente resolver de fondo
y no preveía la obligación de dar traslado a las partes, por lo que no se advertía
irregularidad.
Con todo, destacó que no se realizó una valoración equivocada de esas pruebas ni
conllevó a que se inobservara un elemento normativo decisivo, con incidencia y
5
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
determinación para proferir una sentencia contraria a derecho, debido a que “el
punto neurálgico de la controversia se circunscribió a determinar si era requisito de
la Resolución (…), por medio de la cual se declara insubsistente un nombramiento
en provisionalidad en un cargo de carrera administrativa, el de la motivación del acto
administrativo”.
En lo atinente al cumplimiento de los requisitos del señor Guillermo Hernández
Riveros para ocupar el cargo y el incumplimiento de los de la persona que lo
reemplazó, puntualizó que tampoco se configuró un yerro, puesto que el análisis de
las pruebas no fue abiertamente equivocado, todo lo opuesto, era plausible
determinar que él no cumplía con las exigencias para acceder al cargo de
profesional especializado, grado III, de la Gerencia Seccional. Al respecto, se lee:
(…) Lo anterior, en virtud de lo dispuesto en la Resolución Orgánica 014 del 27
de agosto de 2002 - Manual de Funciones de la A.G.R.-, en la que se
encontraba establecido que los requisitos para el cargo de Profesional
Especializado Grado 03 del Área de Gerencias Seccionales consistían en:
“Título de formación universitaria o profesional en derecho, (...) y título de
formación avanzada o de posgrado en áreas relacionadas con las funciones del
cargo”.
Por último, frente al tópico de las equivalencias argumentadas por el actor, subrayó
que, en virtud del artículo 8 del Decreto Ley 273 de 2000, eran aplicables, siempre
y cuando el Auditor General de la República así lo dispusiera; empero, según el
manual de funciones de la entidad, para el título de posgrado o de estudios
avanzados no dispuso ninguna equivalencia y, por consiguiente, no existía error
judicial en la sentencia.
En suma, consideró que, “al no haberse configurado el error jurisdiccional que la
parte demandante endilgó a la Rama Judicial, el daño no resulta antijurídico y se
niegan las pretensiones del libelo” (fls. 241 – 253 del c.ppal).
4. Recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación, a fin de que se revoque la
determinación anterior y, en su lugar, se acceda a las pretensiones incoadas.
Cuestionó que, al margen de que no existiera precedente de unificación, la norma
vigente para cuando se expidió el acto administrativo que declaró insubsistente su
nombramiento consagraba que éste se debía motivar (artículos 41 de la Ley 909 de
2004 y 10 del Decreto 1227 de 2005), por ende, la Subsección C de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca debía tenerla en cuenta para
6
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
adoptar la determinación que culminó el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, pero no fue así.
Agregó que se desconoció la jurisprudencia de unificación de la Corte Constitucional
(SU-250 de 1998 y SU-917 de 2010), que corroboraba lo alegado. Insistió en que el
tribunal aplicó esa tesis en otros casos, lo que daba cuenta de que dio un trato
desigual en casos idénticos y no justificó sus razones, así como no se podía aceptar
que se excusara en “un cambio de jurisprudencia” de esa Corporación, máxime
cuando no estaba probado que se hubiera efectuado para cuando se profirió la
sentencia a la que se endilga el error judicial.
También planteó que se expidió un auto de mejor proveer “para cuestionar la
legalidad del acto de nombramiento” y no se le corrió traslado de las pruebas
allegadas por la Auditoría General de la República. A su vez, recalcó que él sí
cumplía con los requisitos del cargo, mas no la persona que lo reemplazó, y se debía
tener presente lo concerniente a las equivalencias que comprende el Decreto 273
de 2000 (fls. 258 – 260 del c.ppal).
5. Trámite en segunda instancia
5.1. El 1° de julio y 12 de agosto de 2021, esta Corporación admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte actora y corrió traslado a las partes para alegar
de conclusión y al agente del Ministerio Público para que rindiera su concepto (fls.
265 – 266 del c.ppal), etapa en la que los sujetos procesales guardaron silencio.
5.2. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, con
fundamento en que la argumentación de la providencia enjuiciada no era caprichosa
ni alejada de la interpretación jurisprudencial que para esa fecha le imprimó el
Consejo de Estado a las normas que puso de manifiesto el actor, según se advertía
de múltiples decisiones judiciales, por tanto, no se podía afirmar que se presentó un
error judicial.
Anotó que, aunque en un caso semejante fallado el 6 de mayo de 2010 por el mismo
tribunal se acogió un criterio diferente, ello era procedente debido a las posturas
encontradas de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la obligación
de motivar los actos administrativos mediante los cuales se declaraba insubsistente
un nombramiento de un empleado que ocupaba un cargo de carrera administrativa
en provisionalidad.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Comentó que el actor estaba inconforme, porque no se le corrió traslado de una
prueba que aportó la Auditoría General de la República, en cumplimiento de un auto
de mejor proveer y sirvió de base para señalar que, en gracia de discusión, tampoco
cumplía con los requisitos del cargo para el cual fue designado; sin embargo, “aquel
debate en nada desvirtúa o aportaba al problema jurídico, respecto de la motivación
del acto de desvinculación, por lo que su valoración era impertinente en el debate
procesal dado en el asunto”, de ahí que su análisis no modificaba la valoración de
la motivación o no del acto administrativo demandado (fls. 267 – 278 del c.ppal).
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
A la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, a través del artículo 73 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el
reglamento interno de esta Corporación3, se le asignó el conocimiento en segunda
instancia, sin consideración a la cuantía, de los procesos de reparación directa
promovidos en vigencia del CCA, cuya causa petendi sea error judicial, defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia o privación injusta de la libertad4.
2. Oportunidad de la acción
El artículo 136.8 del CCA, norma aplicable al asunto en cuestión, consagraba un
término de dos años, contado a partir del día siguiente al del acaecimiento del hecho
que daba lugar al daño por el que se demanda la indemnización, para intentar la
acción de reparación directa, tiempo que, una vez vencido, impedía solicitar la
declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, por configurarse el
fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción.
En los casos en que se discute la responsabilidad del Estado por error judicial, el
término de caducidad inicia a correr a partir del día siguiente de aquel en el que
quedó ejecutoriada o en firme la providencia que supuestamente lo contiene,
cuando con esta se concreta el daño y si la persona afectada hizo parte del proceso;
no obstante, si el daño se produce o se materializa con posterioridad a la actuación
judicial que le dio origen, la caducidad comienza a correr desde que el afectado
pudo evidenciar su existencia o desde que este se manifiesta5.
3
Acuerdo 80 de 2019.
4
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, M.P.
Mauricio Fajardo Gómez, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de abril de 2020, expediente 59.096, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
En el sub lite, la parte actora solicitó el reconocimiento de perjuicios derivados del
supuesto error judicial contenido en la sentencia del 27 de agosto de 2009, dictada
por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, decisión que cobró ejecutoria el 26 de octubre de ese año (fl. 42 del
c.2).
De este modo, el término para acudir ante esta jurisdicción se extendió hasta el 27
de octubre de 2011; sin embargo, el 25 de agosto de esa anualidad se presentó
solicitud de conciliación prejudicial, es decir, 2 meses y 7 días antes de que
caducara la acción de reparación directa, y la constancia de no conciliación fue
expedida el 27 de septiembre de 2011 (fl. 1 del c.2).
Entonces, a partir del día siguiente se reanudó el plazo restante, el cual feneció el
5 de diciembre siguiente y, como la demanda se radicó el 22 de noviembre de 2011
(fls. 1 – 21 del c.1), se tiene que fue oportuna.
3. Legitimación en la causa
El señor Guillermo Hernández Riveros figura como demandante en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2005-07036-02, dentro del cual
se dictó la providencia que en este litigio se cataloga de errónea, por manera que le
asiste legitimación en la causa por activa para actuar en el presente asunto.
La legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Rama Judicial se configura
con base en la imputación que en su contra se formuló en la demanda hoy
analizada; no obstante, se aclara que se está por determinar el sentido del fallo, de
ahí que al adelantar el estudio de fondo se determinará si los daños alegados le
resultan o no imputables.
4. Alcance del recurso
Para determinar los asuntos que se deben resolver en esta instancia, se considera
pertinente analizar lo que expresó la parte actora en la alzada de cara a las razones
que fundaron la decisión que cuestiona, para establecer si, en efecto, esgrime
motivos de inconformidad que ataquen los argumentos que expuso el a quo para
negar las pretensiones de la demanda, en la medida en que la competencia de la
Subsección no es plena, sino que se circunscribe a ello6.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación del 6 de abril de 2018, expediente 46.005, M.P. Danilo Rojas Betancourth.
9
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
La Sala reitera7 que el recurso de apelación, mecanismo de control de las decisiones
judiciales, no se dirige, sin límite alguno, a reprochar cualquier tipo de actuación e
inconformidad generada en el curso del proceso, como tampoco puede estar
orientado a repetir lo dicho en la demanda o en el trámite acontecido en primera
instancia, sino que busca garantizar el principio de la doble instancia que, como
regla general, está disponible para controvertir las decisiones judiciales que se
reputan contrarias al ordenamiento jurídico.
En ese sentido, resulta imprescindible que el impugnante determine mediante los
cargos planteados cuáles asuntos deben ser resueltos ante el superior jerárquico,
para lo cual no basta con la simple interposición del recurso de apelación ni resulta
suficiente repetir un argumento desprovisto de motivos de disenso, toda vez que los
planteamientos de la alzada definen los temas objeto de análisis respecto de
decisión judicial que es rebatida8 y así lo ha ratificado la Subsección9.
En el caso examinado, la Sala observa que, si bien la parte actora apeló la decisión
del juez de primera instancia, lo cierto es que materialmente no se puede deducir
un planteamiento destinado a confrontar sus razonamientos, en relación con
algunos aspectos que se reprocharon contra la accionada constitutivos de error
judicial.
Recuérdese que el a quo, entre otros puntos, dedujo (i) que el artículo 169 del CCA
permitía decretar pruebas de oficio que, a bien tuviera el juzgador, para esclarecer
puntos de la contienda, sin estar obligado a correr traslado a las partes luego de su
práctica; sin embargo, resaltó que, con independencia de esto, tampoco hubo una
valoración errada de los documentos ni incidieron en el “punto neurálgico de la
controversia”, esto es, la obligación de motivar o no el acto que declaró insubsistente
el nombramiento en provisionalidad de un cargo de carrera administrativa; (ii) que
no era desacertado señalar que el demandante no cumplía con los requisitos para
desempeñar el cargo de profesional especializado, grado III, de la Gerencia
Seccional, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución Orgánica 014 del 27 de
agosto de 2002 - Manual de Funciones, que exigía “título de formación universitaria
7
Al respecto se pueden consultar, entre otras, las siguientes providencias de esta Subsección:
sentencia del 11 de mayo de 2022, expediente 54.452, sentencia del 20 de mayo de 2022,
expedientes 53.800, y sentencias del 6 de julio de 2022, expedientes 44.707, 54.666 y 56.581,
sentencia del 16 de diciembre de 2020, expediente 46.542, sentencia del 14 de mayo de 2014,
expediente 31.469 y sentencia del 4 de marzo de 2022, expediente 53.376.
8
El Consejo de Estado en casos similares se ha pronunciado en igual sentido, ver sentencias: del
17 de marzo de 2010, expediente 36.838, del 9 de junio de 2010, expediente 19.283, y del 14 de
mayo de 2014, expediente 31.469.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 3 de marzo de 2023, expediente 58.301, M.P. José Roberto Sáchica Méndez, decisión
reiterada el 24 de abril de 2023, expediente 54.823, M.P. María Adriana Marín.
10
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
o profesional en derecho, (...) y título de formación avanzada o de posgrado en áreas
relacionadas con las funciones del cargo”; y (iii) que las equivalencias del artículo 8
del Decreto Ley 273 de 2000 eran aplicables, siempre que el empleador así lo
dispusiera, pero ello no se pactó en el manual de funciones de la entidad y, por
ende, el juez de la causa no debía advertir esa norma.
En el recurso de apelación, la parte actora señaló (i) que se dictó un auto de mejor
proveer, pero no se corrió traslado de los documentos aportados por la Auditoría
General de la República y se valoraron en perjuicio suyo; (ii) que el señor Guillermo
Hernández Riveros cumplía con los requisitos para ocupar el cargo; y (iii) que no se
tuvieron en cuenta las equivalencias previstas en el Decreto Ley 273 de 2000.
Lo anterior demuestra que la parte actora se limitó a repetir tal cual los argumentos
consignados en la demanda, sin tener en cuenta que esos fueron abordados por el
tribunal de primera instancia y que lo que le correspondía, de conformidad con el
artículo 350 del CPC, era cuestionar las conclusiones de hecho y de derecho a las
que arribó el a quo para negar las súplicas de la demanda instaurada, en razón de
esas presuntas falencias desacertadas.
A juicio de la Sala, no se efectuó una debida sustentación material en lo que atañe
a esos argumentos de la apelación que pretendían atacar la negativa de las
pretensiones10, lo que impone dejar incólume la providencia impugnada sobre tales
puntos.
No ocurre lo mismo con el cargo referente al desacierto del Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de avalar que la
Auditoría General de la República no motivara el acto administrativo que declaró
insubsistente el nombramiento del accionante, porque la parte demandante sí
fundamentó su descontento con lo planteado por el a quo, que consideró que no se
incurrió en error jurisdiccional, comoquiera que se aplicó la jurisprudencia vigente y
vinculante del Consejo de Estado, que para ese momento apuntaba a que no era
obligatorio motivar el acto cuestionado.
10
La Sala ha discurrido: “la carga de sustentación del recurso de apelación no se satisface con la
simple manifestación de inconformidad contra la providencia recurrida ni tampoco con la solicitud
genérica de que se revoque, sino que, se reitera, es necesario discutir los argumentos que fueron
esgrimidos para arribar a la decisión cuestionada, carga que corresponde de manera exclusiva al
recurrente”. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 4 de marzo de 2022, expediente 53.376, M.P. José Roberto Sáchica
Méndez).
11
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
De esta manera, la competencia de la Sala se circunscribe a verificar si se
ocasionaron daños antijurídicos, en vista de que en la sentencia del 27 de agosto
de 2009 se definió que la Resolución 257 del 28 de abril de 2005 no debía motivarse.
5. Análisis de fondo
5.1. Hechos probados
La Subsección relacionará los hechos que se encuentran probados y que son
pertinentes para resolver el cuestionamiento promovido:
• En Resolución 016 del 20 de enero de 2004, la Auditoría General de la República
nombró provisionalmente al señor Guillermo Hernández Riveros en el cargo de
profesional especializado, grado III, de la Gerencia Seccional II (fl. 2 del c. de c.2).
• Mediante Resolución 257 del 28 de abril de 2005, la entidad declaró insubsistente
el nombramiento mencionado a partir del 2 de mayo de ese año (fls. 5 – 6 del c.2).
• El actor instauró demanda de nulidad y restablecimiento contra la Auditoría
General de la República para que se declarara la nulidad del acto administrativo de
retiro y, como consecuencia, se le pagaran los emolumentos laborales dejados de
percibir, aunado a que se ordenara su reintegro. Lo anterior, por cuanto ocupaba un
cargo de carrera administrativa en provisionalidad y era obligatorio motivar la
insubsistencia (fls. 6 – 12 del c.2).
• Por medio de sentencia del 6 de agosto de 2008, el Juzgado 16 Administrativo de
Bogotá accedió a las súplicas invocadas, porque definió que la Ley 909 de 2004
previó la obligación de motivar el acto enjuiciado. Hizo un recuento de las líneas
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, a fin
de especificar que acogía la de este último órgano judicial, direccionada a que los
actos de insubsistencia de nombramientos provisionales en cargos de carrera
debían ser motivados, ya que, de lo contrario, se incurría en violación de las normas
en las que debía fundarse (fls. 13 – 26 del c.2).
• En sentencia del 27 de agosto de 2009, la Subsección C de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, negó las pretensiones elevadas, con apoyo en las siguientes
consideraciones (fls. 27 – 39 del c.2):
Al respecto la Sala precisa:
12
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Según lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación y del Consejo de Estado,
para gozar de los derechos y prerrogativas que otorga el sistema de la carrera
administrativa, es indispensable el ingreso al cargo que pertenezca a dicha categoría,
una vez superadas las etapas propias del concurso de méritos.
En el caso de autos se encuentra acreditado en relación con la vinculación
laboral del demandante lo siguiente:
El señor Guillermo Hernández Riveros se desempeñó con carácter de supernumerario
en el cargo de Profesional Especializado Grado 03, de la planta global de la Auditoría
General de la República, desde el 20 de noviembre de 2003 hasta el 19 de enero de
2004, cargo para el cual fue nombrado en virtud de la Resolución No. 715 de 2003 (…).
Posteriormente el actor fue nombrado provisionalmente en el cargo de Profesional
Especializado, Grado 03, de la Gerencia Seccional II, de la planta global de la citada
entidad mediante la Resolución No. 016 de 2004. Del mismo tomó posesión el 26 de
enero de 2004, según se desprende del Acta No. 765 (…).
Reposa copia de la Resolución No. 251 de 20 de abril de 2005, por la cual se declaró
insubsistente el nombramiento del actor en el cargo de Profesional Especializado Grado
03, de la Gerencia Seccional II, a partir del 2 de mayo de 2005.
De igual manera aparece la comunicación del 16 de octubre de 2001, por medio de la
cual la directora de talento humano le informó de la decisión vertida en el acto
administrativo anterior (…).
Conforme lo señalado, la Sala advierte que para la fecha del retiro del servicio el
demandante no ostentaba derechos de carrera administrativa, ya que fue nombrado en
provisionalidad para desempeñar el cargo de Profesional Especializado Grado 03, sin
mediar concurso de méritos.
En esta perspectiva es claro que al actor no le está dado invocar la aplicación de las
disposiciones normativas que consagran las causales y el procedimiento para el retiro de
los empleados que pertenecen al sistema de la carrera, pues ha quedado establecido
que no ostentaba privilegios y prerrogativas inherentes a ella.
Lo anteriormente expuesto permite concluir que los planteamientos del actor no podían
ser fundamento para acceder a las pretensiones, pues la situación de encontrarse
desempeñando un cargo que, considerado de carrera administrativa, no confiere por sí
misma los derechos de estabilidad propios de este sistema, aspecto este sobre el cual
la parte activa centró sus argumentos.
Así las cosas es claro que el análisis del A quo resulta desenfocado, pues pese a
encontrarse acreditado con el acervo probatorio que el accionante no estaba
escalafonado en el cargo de Profesional Especializado Grado 03, terminó aplicando
disposiciones que regulan el retiro del servicio de los empleados de carrera sin armonizar
el contenido del parágrafo segundo del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 con las
previsiones de los artículos 27 y siguientes del Título V de dicho estatuto, relativo a
ingreso y ascenso a “empleos” de carrera; es claro para la Sala que al ser el demandante
un empleado en provisionalidad, el nominador podía hacer uso de su facultad
discrecional para proceder a su desvinculación y si los argumentos del extremo activo
sobre la violación normativa, incompetencia y falta de motivación hubieran estado
referidos al ejercicio de dicha facultad, resultaba entonces procedente centrar el análisis
de legalidad sobre tales aspectos.
El segundo cargo de violación lo hace consistir el actor en la supuesta violación de lo
previsto en el artículo 36 del C.C.A., pues a su juicio la entidad demandada ordenó el
retiro de un excelente y experimentado empleado, de acuerdo con su hoja de vida en la
que puede constatarse que contaba con experiencia de 17 años en diferentes entidades
oficiales, amplia formación académica, múltiples capacitaciones en seminarios y ningún
reparo, objeción o requerimiento escrito en relación con su desempeño laboral.
La causal aludida exigía de la parte actora la carga probatoria de demostrar no sólo el
excelente desempeño en sus labores y la experiencia mencionada, sino además el
supuesto básico de contar con la formación académica mínima requerida para el ejercicio
del empleo, situación que no se dio, quedando por el contrario en evidencia con el
material probatorio recaudado, la omisión en el cumplimiento de las exigencias
académicas correspondientes al cargo.
En efecto, se observa a folios 150 a 156 del cuaderno principal, documental que contiene
el acápite pertinente del manual de funciones de la Auditoría General de la República
(Resolución orgánica 014 del 27 de agosto de 2002), vigente para la época de ingreso
del actor, que los requisitos académicos para el desempeño de Profesional Especializado
Grado 03 en el área de Gerencia Seccional, corresponden a “Título de formación
universitaria o profesional en derecho, economía, contaduría, finanzas, administración
pública, financiera o de empresas, ingeniería industrial, de sistemas, o civil, arquitectura
y psicología y zootecnia y título de formación avanzada o de posgrado en áreas
relacionadas con las funciones del cargo”, sin que se contemple equivalencia alguna
respecto de tales exigencias.
13
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Por su parte, de la hoja de vida del demandante se extracta que aquel acredita formación
profesional de abogado y certificados de cursos y diplomados relacionados con
operaciones de seguridad y procedimientos de inteligencia, pero no cuenta con título de
formación avanzada o postgrado en un área relacionada con las funciones del cargo,
aspecto este que fue planteado en la contestación de la demanda y en el recurso de
apelación.
Conforme lo anterior es claro que el accionante no cumple a cabalidad los requisitos de
formación académica exigidos en el manual de funciones para el desempeño del cargo
de Profesional Especializado Grado 03, circunstancia que en criterio de la Sala impide
desde todo punto de vista la prosperidad de los cargos de nulidad formulados.
Conforme lo anterior es claro que el accionante no cumple a cabalidad los requisitos de
formación académica exigidos en el manual de funciones para el desempeño del cargo
de Profesional Especializado Grado 03, circunstancia que en criterio de la Sala impide
desde todo punto de vista la prosperidad de los cargos de nulidad formulados.
Según lo ha precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado “La designación que hace
la administración de quien no reúne los requisitos constituye no sólo una situación
irregular en que incurre la administración, dada la prohibición legal de efectuar esta clase
de nombramientos, sino que comporta una clara afrenta a los fines del servicio que no
puede ser sometido al desempeño de quien no ha alcanzado los requerimientos
académicos y de experiencia que la función encomendada dispone (...) No puede
inferirse un desmejoramiento en la prestación del servicio respecto de una persona que
no acreditó el cumplimiento de los requisitos mínimos para el ejercicio del cargo,
supuesto que legitimaba su permanencia en el servicio”.
Se resalta, los lineamientos expuestos permiten concluir que no es procedente acceder
a las pretensiones de la demanda y en esas condiciones deberá mantenerse incólume
la presunción de legalidad que cobija al acto administrativo demandado.
• Los señores Ana Yalima Pardo Flórez, Guillermo Alejandro y Jaime Hernando
Hernández Pardo declararon que el demandante soportó afectaciones morales y
económicas por la desvinculación laboral y por la providencia de segunda instancia
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (fls. 168 – 173 del c.1).
• Se aportó copia trasladada del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho 2006-00062, demandante: Jairo Tovar Garcés, demandado: Distrito Capital
de Bogotá, el cual terminó con sentencia del 6 de mayo de 2010, proferida por la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Sobre el particular, se estimó (fls. 435 – 460 del c. 3):
(…) Corolario de lo anterior, es que el cargo ocupado por el actor era de carrera
administrativa, y como en el expediente no se encuentra prueba alguna que
permita inferir la aprobación de un concurso de méritos por parte del actor para
acceder a dicho cargo, fácilmente se colige que su vinculación era en
provisionalidad.
(…) Con esta consagración legal, no hay duda que la nueva norma llena el vacío
legal que existía en vigencia de la Ley 443 de 1998, mismo que provocó dos
interpretaciones disímiles entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional,
mientras que el primero con serias razones dijo que tales actos no requieren
motivación expresa puesto que se presume el motivo de buen servicio e interés
general; la Corte Constitucional, en sede de tutela, encontró obligante la
motivación expresa en aras de garantizar el debido proceso y el derecho de
defensa conforme al artículo 29 constitucional.
En conclusión, de la lectura de la norma transcrita, se colige sin mayor esfuerzo
que la ley dispuso que el retiro de los empleados que ejercen cargos de carrera
y en dicha expresión están comprendidos los de propiedad y los de
provisionalidad, deben ser motivados, pues la norma no distingue entre quienes
superaron el concurso de méritos y se encuentran inscritos en el escalafón de
14
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
carrera administrativa y los que sólo se encuentran vinculados en forma
temporal, por haber sido vinculados en provisionalidad.
Y respecto de la obligación de motivación expresa, la Corte Constitucional en
reiterada jurisprudencia había señalado su justificación. En sentencia 1-1112
de 2008, el máximo Tribunal Constitucional dijo:
(…) Bajo esta orientación sobre la obligación que hoy es legal, encuentra la Sala
entonces, que la ausencia de motivación expresa, restringe el ejercicio del
derecho de defensa del actor acerca de los motivos específicos de buen servicio
que tuviere la entidad para su retiro, además de vulnerar lo dispuesto
claramente por la Ley 909 de 2004.
5.2. Daño antijurídico
El daño es el primer elemento que se debe observar y solo ante su acreditación hay
lugar a analizar la posibilidad de imputación del mismo al Estado11. Así, a efectos
de que sea indemnizable, requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo,
esta Sección del Consejo de Estado12 ha establecido que resulta imprescindible
acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o detrimento cuya
reparación se reclama: (i) que el daño sea antijurídico, esto es, que la persona no
tiene el deber jurídico de soportarlo, “se excluyen las decisiones que se mueven en
la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas
de los hechos o derechos”13.; (ii) que lesione un derecho, bien o interés protegido
por el ordenamiento legal; y (iii) que el daño sea cierto, es decir, que se puede
apreciar material y jurídicamente y, por ende, no se limita a una mera conjetura y
que, además, debe ser personal.
En el caso examinado, la parte actora manifestó que los daños reclamados le fueron
ocasionados por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, mediante fallo del 27 de agosto de 2009, toda vez que revocó la
sentencia de primera instancia del Juzgado 16 Administrativo de Bogotá y negó las
pretensiones de la demanda, pero la Subsección considera, como bien definió el a
quo, que el señor Guillermo Hernández Riveros no soportó algún daño antijurídico
susceptible de reparación, en atención a lo que se expone seguidamente:
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 16 de julio de 2015, expediente 28.389, M.P. Hernán Andrade Rincón. La Subsección,
de forma pacífica, ha reiterado el criterio antes expuesto. Al respecto se pueden consultar las
siguientes decisiones: del 10 de noviembre de 2017, expediente 38.824; del 10 de noviembre de
2017, expediente 50.451; del 23 de octubre de 2017, expediente 42.121; del 14 de septiembre de
2017, expediente 44.260; del 19 de julio de 2017, expediente 43.447; del 26 de abril de 2017,
expediente 39.321, entre otras.
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, expediente 16.516,
M.P. Enrique Gil Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del
expediente No. 24.633, M.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencia del 24 de octubre de
2017, expediente 32.985, entre otras.
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 27 de
abril de 2006, expediente 14.837 y 23 de abril de 2008, expediente 16.271. Reiterada por la
Subsección A, en sentencia del 1° de marzo de 2018, expediente 52.097, y por la Subsección C, en
sentencia del 7 de mayo de 2018, expediente 40.610. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
15
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
La Auditoría General de la República, por medio de acto administrativo no motivado,
declaró insubsistente el nombramiento del actor, quien ocupaba en provisionalidad
el cargo de profesional especializado, grado III, de la Gerencia Seccional II.
La Sala parte por subrayar que la motivación es un elemento del acto administrativo
que se puede encontrar en el texto de la decisión o en los antecedentes que le
dieron origen14. Si la ley dispone que la motivación debe estar explícita en el
contenido de un acto, ésta constituye un requisito de validez y, por tal motivo, su
ausencia lo vicia de nulidad por el incumplimiento de uno de sus presupuestos
formales, esto es, por expedición irregular (artículo 84 CCA, retomado por el artículo
137 CPACA).
Ahora bien, el artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968 disponía que la autoridad
nominadora podía declarar insubsistente un nombramiento en provisionalidad, sin
motivar el respectivo acto administrativo, pero se debía dejar constancia del hecho
y de las causas que lo ocasionaron en la hoja de vida. La Corte Constitucional
declaró exequible esa norma, al considerar que, a pesar de que no se exigía que la
motivación del retiro quedara en el acto administrativo, el hecho de expresar las
razones en la hoja de vida evitaba que el acto fuera arbitrario o caprichoso15.
Luego, el artículo 107 del Decreto reglamentario 1950 de 1973 estableció que se
podía declarar insubsistente un nombramiento ordinario (empleos de libre
nombramiento y remoción) o provisionales, sin motivar el acto administrativo, de
acuerdo con la facultad discrecional del Gobierno de nombrar y remover libremente
a sus empleados. La Sección Segunda del Consejo de Estado estudió una demanda
de nulidad contra la expresión “provisional” y manifestó que la situación de las
personas nombradas en provisionalidad se equipara a la de los de libre
nombramiento y remoción, porque en ambos casos, el nombramiento se efectúa en
ejercicio de la facultad discrecional del nominador16. Entonces, el retiro de los
empleados provisionales podía surtirse, según la sentencia17, mediante acto de
insubsistencia que formalmente no requería motivación, de acuerdo con el artículo
14
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 17 de febrero de 2000, expediente 5694. Esta
providencia se puede consultar en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-
2017 Sección Primera, Bogotá, Imprenta Nacional, 2018, páginas. 27-28.
15
Corte Constitucional, sentencia C-734 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
16
Esta explicación se puede leer de la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, del 12 de marzo de 2009, expediente 5374-05, M.P.
Rafael Vergara Quintero, que indica “(…) obedece a que, tanto el acto por el cual se retira del servicio
por insubsistencia a un empleado de libre nombramiento y remoción, como el que desempeña un
cargo en provisionalidad son de la misma naturaleza, es decir, se presume que son expedidos en
aras del buen servicio público, presunción que es susceptible de ser desvirtuada en sede
jurisdiccional, aduciendo y probando por el interesado, que motivo determinante es diferente al buen
servicio”.
17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 5 de febrero de 2004, expediente 105-02, Tarsicio Cáceres Toro.
16
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
26 del Decreto Ley 2400 de 1968, norma reglamentada por el artículo 107 del
Decreto 1950 de 197318. En últimas, se sostuvo que el retiro del servicio de los
empleados provisionales, al no gozar de fuero de estabilidad, se podía disponer a
través de acto de insubsistencia, sin motivación.
Posteriormente, el artículo 24 de la Ley 909 de 2004 limitó los nombramientos
provisionales y privilegió el encargo para la provisión de los empleos de carrera
mientras se surtía el proceso de selección. Además, el legislador estipuló que la
competencia para el retiro de los empleos de carrera (algunos provistos en
provisionalidad) es reglada y se debe realizar mediante acto motivado, de
conformidad con el parágrafo 2° del artículo 41. En consonancia, el artículo 9 del
Decreto reglamentario 1227 de 2005 consagró que, en casos de vacancias
temporales de empleos de carrera, se podían proveer por medio de nombramiento
provisional cuando no fuera posible agotar el encargo de servidores públicos de
carrera. El nominador podría dar por terminado estos nombramientos provisionales,
antes de cumplirse el término de duración, “por resolución motivada”, en atención al
artículo 10 del decreto reglamentario.
Esta última norma supuso un cambio sustancial en relación con el régimen anterior,
al establecer una condición más favorable para los empleados provisionales, ya que
hubo un tránsito del retiro discrecional al retiro motivado; sin embargo, las altas
cortes no tenían un criterio definido y pacífico en relación con la forma de retiro de
los empleados nombrados en provisionalidad.
Por su parte, la Corte Constitucional, en sede de revisión de tutela, siempre calificó
que el nombramiento en provisionalidad gozaba de una estabilidad relativa, de ahí
que el acto de insubsistencia debía ser motivado en aras de garantizar el debido
proceso, la defensa y la estabilidad laboral del afectado19.
Esa postura contrastaba con la del Consejo de Estado, pues, inclusive, a pesar de
las nuevas previsiones de la Ley 909 de 2004, la Sección Segunda, hasta el 2010,
sostuvo que el acto administrativo de desvinculación del empleado provisional no
requería motivación y solo tenía como excepción que el nombramiento provisional
se diera por terminado antes de cumplirse el término, de acuerdo con el artículo 10
del Decreto 1227 de 2005, así se desprende de la sentencia del 4 de agosto de
201020. Un mes después, la Sala Plena de la Sección Segunda recogió el anterior
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 12 de
febrero de 2004, expediente 3016-01, Ana Margarita Olaya Forero.
19
Corte Constitucional, sentencia T-800 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-610 de 2003, M.P.
Alfredo Beltrán Sierra, T-087 de 17 de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 4 de
agosto de 2010, expediente 0319-08.
17
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
criterio y señaló que los retiros del servicio de empleados nombrados en
provisionalidad, después de la entrada en vigencia de la Ley 909 de 2004, debían
motivarse21, lo que dio lugar a que ese juicio por fin se armonizara con lo expuesto
en la sentencia SU-917 de 2010 de la Corte Constitucional22.
En el caso concreto, la providencia en la que se decidió no confirmar la nulidad de
la Resolución 257 del 28 de abril de 2005 fue emitida el 27 de agosto de 2009, es
decir, cuando estaba en vigencia la Ley 909 de 2004, pero no existía claridad sobre
el alcance de la norma frente al deber de motivar el acto de desvinculación de los
empleados en provisionalidad. Para ese momento se contaba con dos posiciones
jurisprudenciales opuestas frente al mismo problema jurídico y, por ello, esta
Corporación, el 23 de septiembre de 2010 (11 meses después de ese fallo) unificó
su criterio, en el sentido de que el acto de insubsistencia siempre debía motivarse.
Ante este panorama, conviene traer a colación la jurisprudencia de la Sección,
según la cual en algunas oportunidades el juez dispone de una “única decisión
correcta” para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, en otros
escenarios, pueden existir distintas decisiones razonables, por manera que, en este
tipo de casos, solamente existirá responsabilidad del Estado cuando las
providencias carecen de una justificación o argumentación coherente, jurídicamente
atendible, que las provea de aceptabilidad. Esto se ha sostenido:
[E]n torno a la responsabilidad directa del Estado por el hecho de los jueces,
debe partir del reconocimiento de los límites del razonamiento jurídico y, en
consecuencia, de que no frente a todos los problemas jurídicos será posible
identificar una única respuesta o solución correcta. De hecho, el denominado
‘principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa’ de los
enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá,
en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así.
De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la
existencia de varias soluciones razonables -en cuanto correctamente
justificadas- pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal
consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión
de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la
configuración de éste ha de tener en cuenta que, en relación con un mismo
punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de Derecho,
todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces,
solo las decisiones carentes de este último elemento -una justificación o
argumentación jurídicamente atendible- pueden considerarse incursas en error
judicial.
(…) Por tanto, solo las decisiones judiciales que -sin necesidad de que
constituyan una vía de hecho, que determinaría la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales- resulten contrarias a Derecho por carecer
de una justificación coherente, razonable, jurídicamente atendible, que las
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de
septiembre de 2010, expediente 0883-08, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-917 del 16 de noviembre de 2010, M.P Jorge Iván Palacio
Palacio.
18
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
provea de aceptabilidad, pueden ser válidamente catalogadas como incursas
en error jurisdiccional (…)23.
De la lectura de la decisión atacada salta a la vista, aun cuando expresamente no
se dijo, que el criterio aplicado para resolver la litis correspondió al de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, autoridad que decantó que un nombramiento en
provisionalidad como el del actor se equipara a un empleo de libre nombramiento y
remoción, mas no a uno carrera, porque no se accedía a éste por medio de un
concurso de méritos, luego no se encontraba inscrito en carrera administrativa, es
decir, no estaba escalafonado y, por consiguiente, el acto de desvinculación no
requería motivación.
En esa línea, contrario a lo expuesto por el actor, se tiene que el juez de la nulidad
recurrió a un criterio jurisprudencial, que no era unificado, pero sí avalaba su
determinación, porque estaba soportado en una interpretación jurídica razonable de
las normas que regulaban la materia –Ley 909 de 2004– construida por el máximo
órgano de cierre de la jurisdicción.
Sobre la importancia del precedente judicial y su obligatoria aplicación por parte de
los jueces de inferior jerarquía, la Subsección se ha pronunciado:
[E]l precedente judicial es de dos tipos: i) el horizontal, que incluye las
decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y ii) el vertical, que
está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en
especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto
por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial,
de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una
facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento.
No obstante, la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es
absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la
actividad judicial. Por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial
puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior
jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las
razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la
carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad24.
De esta manera, la Sala deduce que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que resolvió el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a través de la
sentencia del 27 de agosto de 2009, realizó una interpretación coherente del
23
Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007; expediente 15.576. Reiterada por la Subsección
A, en sentencia del 13 de mayo de 2015, expediente 33.911, M.P. Hernán Andrade Rincón, del 19
de junio de 2020, expediente 50.496, M.P. María Adriana Marín, del 23 de abril de 2021, expediente
65.634, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 11 de abril de 2019, M.P. María Adriana Marín, expediente 43.501.
19
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
material probatorio que obraba en el expediente y acorde con la interpretación
jurídica del Consejo de Estado a las normas que regían el asunto para el momento
de los hechos, la cual, de conformidad con la propia Corte Constitucional, debía ser
cumplida como juez de inferior jerarquía. En un asunto semejante, la Sala reflexionó:
(…) a partir de la sentencia del 23 de septiembre de 2010, el Consejo de Estado
ha considerado que la motivación del acto de retiro del servicio de empleados
nombrados en provisionalidad, cuya desvinculación ocurra luego de entrada en
vigencia de la Ley 909 de 2004, se justifica en atención a que, de acuerdo con
el parágrafo 2º del artículo 41 de esta ley, la competencia para el retiro de los
empleos de carrera, es reglada; esto es, dicho retiro solo es procedente de
conformidad con las causales consagradas en la Constitución Política y la ley,
y el acto administrativo que así lo disponga debe ser motivado, de tal manera
que la discrecionalidad del nominador sólo se predica respecto del retiro en
empleos de libre nombramiento y remoción, la cual se efectuará mediante acto
no motivado.
(…) La Sala concluye que en el sub lite, ante la inexistencia del error judicial
alegado, no se configuró un daño antijurídico, porque, a pesar de que se negó
la nulidad del acto administrativo que declaró la insubsistencia del
nombramiento y el reconocimiento de los emolumentos dejados de percibir, lo
cierto es que la decisión se ajustó a las normas y jurisprudencia vigente para la
época en la que el Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja y el Tribunal
Administrativo de Boyacá resolvieron la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho interpuesta por la señora Estela Silva de Medina25.
De otra parte, es menester precisar que no se puede reprochar la no aplicación del
criterio de la Corte Constitucional, cuando esa misma autoridad en la sentencia SU-
917 de 2010 expresó “no resulta extraño que dos jurisdicciones hayan elaborado, a
lo largo de los años, unas líneas jurisprudenciales distintas sobre un mismo tema.
Tal fenómeno suele explicarse por la razón histórica que determinó el surgimiento
de la jurisdicción de lo contencioso administrativo: la defensa del principio de
legalidad”. Asimismo, indicó que, bajo dicha perspectiva, “no existe responsabilidad
alguna de los jueces administrativos por la elaboración de una jurisprudencia
constante sobre un determinado punto de derecho”.
No está de más destacar que el razonamiento aquí expuesto se ha replicado en
recientes pronunciamientos por las diferentes Subsecciones de la Sección Tercera
de esta Corporación para absolver, en sede de repetición, a los nominadores que
expedían dichos actos no motivados con posterioridad a la entrada en vigencia de
la Ley 909 de 200426, situación que refuerza aún más que no cabe reproche contra
la autoridad judicial que respaldaba esa premisa.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del23 de abril de 2021, expediente 65.634, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
26
A manera de ejemplo, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de febrero de 2022, expediente
67.534, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 4 de mayo de 2022, expediente
50.053, M.P. Fredy Ibarra Martínez. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, sentencias del 26 de abril de 2019 y 28 de noviembre de 2022,
expedientes 50.695 y 48.182, M.P. Guillermo Sánchez Luque.
20
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
También hay que decir que una providencia judicial no comporta automáticamente
un daño por negar las pretensiones de quien demanda, porque el derecho de iniciar
un proceso y promover un pronunciamiento del juez no implica que la decisión que
corresponda deba ser favorable a sus pretensiones, como tampoco pueden
convertirse las demandas de error judicial en una instancia adicional para insistir en
las peticiones elevadas en un proceso ya concluido27.
Para cerrar el análisis, la Sala no puede pasar por alto que, aunque en un caso
semejante la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda, tras acoger la postura de
la Corte Constitucional, lo cierto es que de ello no puede derivarse un yerro, porque,
en primer lugar, esa situación es ajena y escapa del objeto de análisis propuesto,
en segundo término, se profirió 9 meses después de que se dictó la providencia que
ahora se controvierte y, por último, era aceptable que rectificara su posición, dada
la disparidad de criterios.
En las circunstancias descritas, se concluye que el demandante no sufrió un daño
antijurídico, en tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las súplicas
de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, de acuerdo con los
parámetros jurisprudenciales de la Corporación sobre las normas aplicables al caso,
por lo que se impone confirmar la sentencia impugnada.
6. Costas
Dado que no se evidencia temeridad ni mala fe en la actuación de las partes, la Sala
se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
27
Esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita ante el juez de lo contencioso
administrativo no tiene -ni puede tener- la vocación de constituirse en una instancia adicional a las
tramitadas dentro del cauce procesal en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional,
pues el juicio al que conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto
la intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a las providencias judiciales a las cuales se endilga
la producción de un daño antijurídico. Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes
providencias de esta Subsección: sentencias del 17 de noviembre de 2011, expediente 22.982; del
6 de junio de 2012, expediente 24.690; del 27 de junio de 2013, expediente 28.189; del 29 de enero
de 2014, expediente 28.215; del 12 de febrero de 2014, expediente 28.428; del 28 de agosto de
2014, expediente 29.540; del 1° de octubre de 2014, expediente 27.862; del 12 de febrero de 2015,
expediente 28.482, todas con ponencia del Dr. Hernán Andrade Rincón. Reiteradas por la
Subsección en sentencias del 23 de octubre de 2017, expediente 49.493, del 19 de junio de 2020,
expediente 50.496, del 18 de septiembre de 2023, expediente 63.225.
21
Radicación número: 25000-23-26-000-2011-01255-01 (67.094)
Actor: GUILLERMO HERNÁNDEZ RIVEROS
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 3 de febrero de 2021, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO. Sin condena en costas
TERCERO. En firme la presente providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad
y autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
22
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